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Por: Katerin Erazo , Periodista En el municipio de Argelia, Cauca, se enfrentó a una situación alarmante de violencia. Este 23 de enero, una motobomba explotó en pleno casco urbano, dejando cinco personas heridas, entre ellas tres civiles y dos militares. Según informó el general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, el atentado ocurrió mientras una patrulla escoltaba dinero recaudado por el Banco Agrario. “Seguramente pensaban que los soldados transportaban estas sumas de dinero”, afirmó Mejía, subrayando la posible motivación del ataque. Sin embargo, este atentado no es un hecho aislado, sino parte de un contexto más amplio y alarmante que refleja la disputa entre diversos actores armados en el departamento del Cauca. Una fuente anónima de la región explicó que tres grandes grupos tienen presencia en esta zona: la Segunda Marquetalia, la estructura Carlos Patiño y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Cada uno de estos grupos mantiene dinámicas de control territorial, alimentadas por economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, lo que agrava las condiciones de vida de las comunidades locales. La Segunda Marquetalia, particularmente su estructura conocida como Diomer Cortés, opera desde el corregimiento de Sinaí hacia zonas rurales del municipio. En contraste, la Carlos Patiño tiene una fuerte presencia en El Plateado y el cañón del Micay, lugares que han sido epicentro de recientes enfrentamientos y ataques. Además, el ELN, aunque con menos protagonismo en esta región específica, se ha relacionado con alianzas temporales para contrarrestar el poder de la Carlos Patiño. Según la fuente, hace aproximadamente seis meses se especulaba sobre una colaboración entre la Segunda Marquetalia y el ELN para enfrentar a la Carlos Patiño, aunque estos acuerdos son frágiles y responden principalmente a intereses estratégicos. La llegada de la institucionalidad al corregimiento de El Plateado podría modificar estas dinámicas, pero hasta el momento, la situación sigue siendo crítica. El atentado con la motobomba, ubicado en un barrio cercano a un centro de salud, deja entrever una estrategia sin objetivos políticos claros, según la fuente. "Colocar una bomba cerca de un puesto de salud demuestra que estos grupos no tienen una visión política de sus acciones, buscan generar terror y distraer a la fuerza pública frente a otras actividades que seguramente ocurren en zonas de tránsito estratégico del municipio", afirmó. Asimismo, se destaca que la Carlos Patiño tiene vínculos directos con el narcotráfico, cobrando impuestos relacionados con la siembra de cultivos ilícitos y controlando actividades de minería ilegal. Estos recursos fortalecen sus estructuras armadas y perpetúan el ciclo de violencia en la región. Por otro lado, aunque la Segunda Marquetalia se presenta como un grupo con una orientación política más definida, sus acciones también están influenciadas por las economías ilícitas que predominan en el Cauca. El conflicto en el Cauca no solo se traduce en enfrentamientos armados, sino también en un impacto profundo en la vida de las comunidades. La fuente explicó que la normalización de la violencia y la narcocultura han creado un entorno en el que muchos jóvenes ven en los grupos armados una alternativa de vida. “Es difícil esperar que un niño o un joven no se unan a estas estructuras si es lo único que ven y lo único que tienen a su alcance”, aseguró. El reclutamiento juvenil no siempre se da bajo coacción. En muchos casos, los jóvenes son atraídos por los recursos que estos grupos les ofrecen, como motocicletas, teléfonos celulares o dinero para mantener un estilo de vida relacionado con la narcocultura. Estas dinámicas están profundamente arraigadas, ya que, en algunas familias, la vinculación a los grupos armados ha pasado de generación en generación. Según la fuente, la solución al conflicto en el Cauca debe ir más allá de las intervenciones militares. Es fundamental garantizar inversión social, económica y estructural por parte del Estado, pero también implementar estrategias de prevención y apoyo psicosocial en las comunidades más afectadas. “Es necesario blindar a las nuevas generaciones con alternativas de vida diferentes, que les permitan soñar y construir un futuro lejos de la violencia”, añadió la fuente. El desafío de transformar la realidad del Cauca es monumental. La presencia histórica del narcotráfico, las disputas territoriales entre los grupos armados y la falta de oportunidades para las comunidades rurales crean un círculo vicioso difícil de romper. Sin embargo, abordar estas problemáticas de manera integral podría marcar el inicio de un camino hacia la paz y la estabilidad en una región que lleva décadas sumida en el conflicto.

Por: Redacción Pares Cada día la cifra de desplazados que llegan a Cúcuta aumentan. En la madrugada de este viernes 24 de enero este número superó los 40 mil. A la llegada constante de inmigrantes venezolanos que cruzan la frontera, reventados por las políticas de Nicolás Maduro, se debe sumar ahora la llegada de campesinos que huyen de la ofensiva del ELN en el Catatumbo. En Cúcuta hasta los taxistas están colaborando en la emergencia trasladando sin costo alguno a los desplazados al estadio General Santander, el sitio donde se están congregando los que huyen.   Ni siquiera los 7 mínimos humanitarios que se han establecido desde el año 2020 a través de Mesas Humanitarias, se han respetado. La actitud violenta contra los firmantes de paz ha provocado el asesinato de siete de ellos y que decenas tengan que dejar todo debido a las amenazas. El ELN los ha buscado casa por casas los ha sacado de ellas a culatazos y algunos no aparecen. Esto es un evidente crímen de guerra.   El presidente Petro, después de relatos tan escalofriantes como el del asesinato de Miguel Angel López, el sepulturero de la ciudad de Tibú, quien cometió el pecado de recoger los cuerpos que el accionar de los violentos había dejado, decidió suspender la mesa de negociación, que estaba a días de reanudarse en Caracas, y además reactivó las órdenes de captura de 31 intragrantes de este grupo armado algunos con peso como Antonio García -quien formaba parte de la mesa de negociación con el gobierno- Pablo Beltrán, Gabino, Aureliano Carbonell. Estos comandantes habían sido beneficiados con el levantamiento de sus capturas debido a sentarse a dialogar con el gobierno. Debido a su poca voluntad de diálogo la fiscalia no tuvo otro camino que reanudar esa búsqueda.   Alias Pablito, comandante del frente Domingo Laín en Arauca, lleva más de cuarenta años liderando crímenes como el asesinato de monseñor Jaramillo en 1989 en ese departamento. El único pecado que cometió el prelado fue cuestionar el accionar de esta guerrilla. Además estuvo detrás del atentado en la Escuela de Cadetes que dejó 22 personas muertas. A él se le atribuyen los desmanes y el horror que ha caracterizado desde el pasado 16 de enero la ofensiva del ELN en ese territorio. Por estos crímenes de guerra, el desprecio a los mínimos humanitarios que ha mantenido a la población, la que decidió quedarse, confinada, la persecución contra firmantes de paz, son nuevos crímenes que podrían agregarse a su ya largo prontuario.   Pablito no sería el único al que se le imputarán nuevos delitos por lo sucedido en el Catatumbo. Según lo dicho por Luz Adriana Camargo, Fiscal general de la nación, algunos miembros del COCE, que incluso forman parte de la mesa de negociación, podrían aumentar sus ya abultados expedientes criminales después de lo que sigue sucediendo en Catatumbo. El ELN, en varios comunicados, se han intentado limpiar las manos de sangre excusandose en que ellos lo que están haciendo es defendiendose del frente 33 de las ex FARC, las EMB que en esta zona están al mando de Andrey Avendaño. Las autoridades no han podido comprobar lo anterior.   Con el pasó de las horas la situación se ahonda en el horror.

Por: Redacción Pares En los últimos veinte años, desde los debates de la parapolítica, cuando Petro era senador y Uribe presidente, el enfrentamiento político que capta el foco mediático es el que han asumido estos dos personajes. El nuevo escenario de batalla es la escombrera. En octubre del 2002 Alvaro Uribe ordenó recuperar la comuna 13 de Medellín, que estaba infestada, según él, de milicias FARC. El ejército contó en ese momento con ayuda del Bloque Cacique Nutibara de las AUC. Fueron tres dias que dejaron decenas de muertos y desaparecidos. Durante nueve meses el que mandaba en ese lugar era alias Don Berna. En declaraciones públicas el ex comandante paramilitar ha afirmado que en la Escombrera no sólo enterraron cuerpos sino que era un lugar de ejecución. Uribe siempre negó esto y casi que calificó las afirmaciones de las madres de las víctimas de la Operación Orion como delirantes.   La JEP descubrió en diciembre pasado, cuatro cuerpos. Esta semana determinaron que la fecha de muerte de los mismos eran de esa época y, lo peor, es que habían pruebas de que habían recibido tiros de gracia, es decir, sí habían sido ejecutados. La Unidad de Búsqueda ha registrado, sólo en la Comuna 13, a 502 personas dadas como desaparecidas. Buena parte de ese número ocurrió en la época en la que los paramilitares eran la ley.   Gustavo Petro afirmó hace unas semanas que la Escombrera era una de las fosas comunes más grandes del país. Culpó directamente a Alvaro Uribe de estos hechos. En su cuenta de X el actual presidente afirmó lo siguiente: “Queda demostrado que en la comuna XIII de Medellín, en la operación Orión, ordenada por el jefe del estado de entonces y su ministra de defensa, desaparecieron forzosamente y asesinaron civiles indefensos.  Luego entregaron la zona al bloque paramilitar y este torturó y desapareció a centenares de jóvenes antioqueños ”   Petro no se quedó en esto y criticó la manera en la que la Seguridad Democrática enfrentaba a los violentos. Era apagar un incendio con gasolina. Sacar al ELN y las FARC que efectivamente si tenían milicias en la Comuna 13 con paramilitares era cambiarle el color al horror sin pretender destruirlo, erradicarlo. “La guerra de los traquetos no deja sino muerte”   Dos décadas después de los hechos Uribe sigue defendiendo con ardentía la Operación Orion, sigue negando los hechos que habrían ocurrido en la Escombrera. Además retó a Petro a que lo denunciara si tenía pruebas de su accionar en la Operación Orión. Petro no se qúedó callado y le dijo a Uribe que él ya lo había denunciado, lo hizo hace 20 años, justo cuando sucedía todo: “yo ya hice mi denuncia expresidente Uribe. No tiene que retarme.  Lo hice en el año 2003 en la plenaria de la Cámara de Representantes, y presenté las pruebas: un testigo presencial, herido, que escapó  de la muerte y vio cómo agentes del CTI de la Fiscalía de Luis Camilo Osorio asesinaron a jóvenes que arrojaban en el lugar en donde yacía mi testigo herido: la escombrera”.Las ondas de las acusaciones de Petro tocaron hasta su ex ministra de defensa de la época, Marta Lucía Ramírez, ya que la acusó de haberle entrega control militar, mientras ejercía su ministerio, a los paramilitares.   Arranca otro capítulo en una confrontación que parece no tener fin: la pelea Uribe vs Petro.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Semana Desde el pasado 16 de enero 4.000 hombres del ELN arrancaron una ofensiva contra el antiguo Frente 33 de las FARC que en la zona del Catatumbo está encabezado por Andrey Avendaño. Las operaciones del ELN están a cargo del temible comandante Pablito, con más de 40 años de experiencia en esta guerrilla y quien desde comienzos de este siglo tira las cuerdas del Domingo Laín, el frente más poderoso de esa guerrilla ejerciendo poder en Arauca desde los años ochenta. El ELN es el principal responsable de la muerte de más de 100 personas y el desplazamiento de otras 42 mil que han tenido que refugiarse en Cúcuta, durante los ataques que empezaron el 16 de enero, a escasos días de que se reanudaran los diálogos de paz en Caracas. El presidente Gustavo Petro, debido a la gravedad de la ofensiva y la poca consideración con los civiles, además de la búsqueda, secuestro y posterior asesinato de siete firmandes paz, decidió levantarse de la mesa, viajar hasta Tibú y prometer una contraofensiva.   Pero además de la fuerza el gobierno está intentando también la disuasión a los combatientes para que dejen la lucha armada. Por eso ha prometido varios incentivos para todo aquel guerrillero, que pertenezca a uno de los frentes de Pablito, decida entregar sus armas. “ Este gobierno le entrega el poder a los jóvenes para vivir, para crear, para bailar y para construir un mundo mejor”. El icentivo sería universidad gratuita para que el joven ex combatiente, una vez reinsertado a la sociedad, tenga posibilidades de crecer y un trabajo social remunerado. Además él mandatario afirmó lo siguiente: “Todo joven de las fuerzas del odio que deje las armas, recibirá de mi mismo, la entrada gratuita a la universidad y al trabajo social. Los jóvenes que en estos dos últimos años de secundiaria en las zonas excluidas de Colombia en conflicto pueden ingresar desde ya al trabajo social remunerado y al estudio de educación superior”.   Aún no se sabe si esta oferta también estará en la mesa en otros frentes. Pablito ha demostrado su crueldad desde hace décadas. En 1989 fue el responsable del asesinato del obispo de Arauca y en enero del 2019 dinamitó otra posibilidad de paz con el gobierno del entonces presidente Iván Duque después de ser el cerebro del atentado de la escuela de cadetes General Santander en Bogotá en donde murieron 22 personas.   Ante la situación en el Catatumbo el papa Francisco desde el Vaticano se pronunció afirmando que sirve de cerca el conflicto y la emergencia humanitaria y en Bogotá se llevó a cabo este domingo 26 de enero una marcha multitudinaria en rechazo a la violencia generada en está región. Aún no hay indicadores para determinar qué tan efectiva puede ser esta propuesta del gobierno para todo aquel joven combatiente que decida cambiar su vida.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Comando Central del ELN, liderado por Antonio García, reafirmó hoy lunes su rechazo a cualquier política de paz que implique rendición o sometimiento, en un comunicado difundido en redes sociales. La guerrilla responsabilizó a la prensa y al Gobierno de intentar satanizarlos, negando su implicación en actos contra la población civil en el Catatumbo, región donde recientes enfrentamientos dejaron al menos 41 muertos, incluidos tres menores de edad, y generaron el desplazamiento de más de 47.000 personas. El grupo insurgente afirmó que sus acciones en el Catatumbo se dirigieron exclusivamente contra disidentes de las extintas FARC, a quienes acusaron de estar armados y bajo mando militar para ejecutar operaciones contra el ELN y las comunidades locales. Sin embargo, el grupo evitó pronunciarse sobre las víctimas civiles y los desplazados generados por los enfrentamientos. En su mensaje, el ELN arremetió contra la política de paz del Gobierno de Gustavo Petro, señalando que esta ha otorgado "estatus político" a grupos paramilitares y permitido su coordinación con las fuerzas armadas en un supuesto plan contrainsurgente. Según este grupo armado, este plan incluye operaciones en regiones como Cauca, Arauca, Chocó y Catatumbo, donde acusan una presunta alianza entre militares, el Estado y disidentes de las FARC para debilitarlos. El ELN también rechazó las declaraciones del presidente Petro sobre el supuesto traslado de tropas del grupo guerrillero desde Arauca hacia el Catatumbo, calificando estas afirmaciones como "noticias falsas" difundidas por la inteligencia militar para manipular la realidad y vincular a Venezuela en los conflictos internos de Colombia. La escalada de violencia en el Catatumbo y las declaraciones cruzadas entre el ELN y el Gobierno ponen en evidencia los retos que enfrenta el país en su búsqueda de una paz duradera, mientras las comunidades afectadas continúan siendo las principales víctimas del conflicto armado.

Por: Katerin Erazo, Periodista En un suceso que marca un giro significativo en el conflicto armado en el Catatumbo, 104 integrantes de la estructura 33 de las disidencias de las FARC, incluyendo 20 menores de edad, se rindieron ante el Ejército Nacional tras una semana de intensos enfrentamientos. La rendición se produjo en la jurisdicción de Tibú, donde las tropas del Ejército mantenían operaciones en medio de una ofensiva liderada por el ELN. Los combatientes, cuyas edades oscilan entre los 14 y 28 años, decidieron entregarse al verse acorralados por la fuerza insurgente. Según las autoridades, este grupo utilizaba el reclutamiento forzado de menores como una de sus principales estrategias, un flagelo que sigue generando temor y sufrimiento en las comunidades de la región. En la operación, el Ejército incautó un impresionante arsenal que incluye 55 armas largas, 80 granadas de mortero, 300 minas antipersonales, una tonelada de explosivos y 20.327 municiones de diferentes calibres. Estas acciones, según el Ejército, impactan directamente la capacidad operativa de las disidencias y reducen los enfrentamientos que afectan a la población civil. Desde el 16 de enero, el ELN, bajo el liderazgo del comandante alias Pablito, intensificó su ofensiva en el Catatumbo contra el antiguo frente 33 de las FARC, liderado por Andrey Avendaño. Este ataque ha dejado más de 100 muertos y ha desplazado a 42.000 personas, quienes en su mayoría han buscado refugio en Cúcuta. La ofensiva del ELN coincide con la reanudación de los diálogos de paz en Caracas, los cuales fueron suspendidos por el presidente Gustavo Petro tras el secuestro y asesinato de siete excombatientes firmantes de paz. Desde Tibú, Petro prometió una contraofensiva militar para proteger a la población civil, al tiempo que ofreció incentivos para desmovilizar a los jóvenes combatientes, incluyendo acceso gratuito a la universidad y programas de trabajo social remunerado. Ver: ( Universidad gratis y trabajo pago: la estrategia del gobierno para quitarle jóvenes al comandante Pablito del ELN ) El Papa Francisco, desde el Vaticano, expresó su preocupación por la emergencia humanitaria en el Catatumbo y pidió a las partes poner fin a la violencia. En Bogotá, miles de ciudadanos marcharon el pasado domingo 26 de enero para rechazar los actos de violencia que han azotado a esta región del país. Sin embargo, las interrogantes persisten. Aunque la propuesta del gobierno busca ofrecer oportunidades reales para los jóvenes desmovilizados, su alcance y efectividad aún están por determinarse. Mientras tanto, el ELN continúa siendo un actor desafiante, con un historial de violencia que amenaza cualquier posibilidad de paz sostenible. El Catatumbo sigue siendo un epicentro del conflicto armado en Colombia, un territorio donde las promesas de reconciliación se enfrentan al arraigo de las dinámicas violentas y la ausencia histórica del Estado.

Por: Enlace territorial del Cauca y Paola Marín, investigadora nacional El Comando Coordinador de Occidente (CCO) ahora conocido como el Bloque Occidental Jacobo Arenas, subestructura perteneciente al Estado Mayor Central (EMC) al mando de “Iván Mordisco”, ha sufrido bajas importantes desde su consolidación, que han puesto a temblar a esta estructura. Entre ellas se resalta la baja de alias “Jhonier” y posteriormente la de Leyder Johany Noscué Bototo, alias “Mayimbú”.  (Fundación Paz y Reconciliación, 2022) Tras la muerte de alias “Mayimbu” en el año 2023, el liderazgo del Frente Carlos Patiño fue asumido por alias "Andrés Patiño" o "El Mocho", quien además era comandante del Bloque Occidental Jacobo Arenas y miembro del Secretariado Nacional del EMC. Con influencia en municipios del Cauca, lideró acciones como asesinatos selectivos, instalación de campos minados y la unificación de grupos disidentes en Cauca y Nariño bajo las órdenes de alias “Iván Mordisco”. Se le vincula con delitos como homicidio, desplazamiento forzado y reclutamiento de menores. Y era reconocido por ser uno de los hombres de confianza de alias “Mayimbú”, su rol fue clave para consolidar el control de rutas del narcotráfico y paso de armas. (Cambio, 2025). En noviembre de 2024, en medio de una operación de las Fuerzas Militares en el municipio de El Patía, Cauca, resultó en la muerte de alias “Pichirria”, mando medio del EMC y hombre de confianza de alias "El Mocho". “Pichirria” manejaba grandes sumas de dinero provenientes de actividades ilícitas como narcotráfico y extorsión, y coordinaba rutas de droga hacia el Pacífico. La operación, que destruyó una camioneta de alta gama utilizada por el disidente, representó un golpe significativo a las finanzas y operaciones de "El Mocho". Además, el hecho puso en evidencia tensiones internas en las disidencias y el ingreso del ELN al territorio, intensificando la disputa por corredores estratégicos para el narcotráfico. (El Tiempo, 2024). https://x.com/bloqueoccidente/status/1883968516329726425 ¿Quién es “El Mocho”? El 27 de enero de 2025, se dio a conocer la noticia de la muerte de alias "El Mocho” junto a otro disidente conocido como alias "El paisa" en un fallido atentado con explosivos. Según informes militares, ambos transportaban una camioneta bomba destinada a atacar el Batallón Camilo Torres Tenorio, ubicado en El Estrecho, Cauca. Sin embargo, al cambiar de ruta para evadir un control militar, los explosivos se activaron accidentalmente en el corregimiento de Las Brisas, causando su muerte. Este ataque fallido es parte de una escalada de violencia protagonizada por el EMC, tras la operación Perseo, que desplazó a los disidentes de El Plateado, en Argelia. (El País, 2025). Óscar Eduardo Sandoval, alias “El Mocho”, ingreso a las antiguas FARC, como integrante de la Columna Daniel Aldana, reconocido por su experiencia como explosivita y su rol en comunicaciones, por sus conocimientos en reparación de equipos. "El Mocho" era uno de los cabecillas más buscados, responsable de múltiples ataques contra la fuerza pública en el suroccidente del Cauca en municipios como Morales, Cajibío, El Tambo, Patía, Balboa y Argelia. ¿Qué sigue para el Bloque Occidental Jacobo Arenas? Aunque la muerte de “El Mocho”, marca un golpe significativo a la organización disidente, en medio de una ofensiva militar que busca recuperar el control territorial en Cauca, Valle y Nariño. El EMC parece que, adoptado la imagen de la Hidra de Lerna, a la que mientras se corta una cabeza, le nacen dos más. Por ahora, en cuanto a los posibles sucesores de alias “El Mocho”, se encuentra Iván Jacob Idrobo, conocido como alias “Marlon”, con una trayectoria destacada en este grupo armado, “Marlon” fue inicialmente condenado por rebelión y otros delitos, pero en 2017 se benefició de la amnistía otorgada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Sin embargo, se reincorporó a la lucha armada en 2019, bajo el mando de “Iván Mordisco”. “Marlon” fue nombrado cabecilla del Bloque Isaías Pardo del Estado Mayor Central (EMC) en 2024, con presencia en el centro y occidente del país, específicamente en Quindío, Tolima, Huila y Valle del Cauca. Su principal responsabilidad ha sido dinamizar el accionar delictivo mediante el narcotráfico y la violencia contra la población civil y la fuerza pública en varias regiones del Cauca, convirtiéndolo en una figura clave en las disidencias.  Por otro lado, se habla de Yhon Jairo Basto, conocido como alias “Cardona”. Es señalado como el responsable de varios homicidios selectivos y atentados en el Cauca, entre ellos el ataque en El Bordo, que dejó a un uniformado muerto y varios heridos. “Cardona” fue identificado como uno de los cabecillas del Frente Carlos Patiño, al cual se le atribuye la orden de ejecución de al menos once asesinatos en la región del Cauca. Su liderazgo se ha caracterizado por la violencia indiscriminada, y tras su captura en 2023, se reveló que también estaba involucrado en actividades relacionadas con el narcotráfico. A pesar de sus intentos de eludir la justicia, “Cardona” continúa siendo una figura clave en la disputa por el control territorial en el suroccidente del país. Finalmente, los rumores sobre posibles sucesores, además de mostrar la capacidad de adaptación de estos grupos, también deja ver los retos a los que se enfrenta el Gobierno Nacional a la hora de desmantelarlos. La muerte de líderes como alias “Mayimbú” y “El Mocho” representa golpes importantes, pero no definitivos, pues estas organizaciones funcionan bajo una lógica descentralizada, que les permite reorganizarse rápidamente y designar nuevos mandos. El funcionamiento del Bloque Occidental Jacobo Arenas, compuesto por la Columna Dagoberto Ramos, la Columna Móvil Jaime Martínez y el Frente Carlos Patiño, no se evidencia un liderazgo jerárquico entre estas estructuras. Es decir, las tres no coordinan de manera centralizada todas las acciones que realizan. En este sentido, en las zonas norte y oriente del Cauca se ha señalado que existe un trabajo conjunto entre la Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez. Sin embargo, hacia el sur del departamento, no es común escuchar que, por ejemplo, la retoma de la zona sur y el macizo caucano haya sido apoyada por estructuras diferentes al Frente Carlos Patiño. Este panorama sugiere que estas tres estructuras podrían coordinar algunas acciones específicas, pero no todo su accionar en su conjunto. Referencias Cambio. (2025). Autoridades verifican posible muerte de alias el Mocho, cabecilla de las disidencias en Cauca: trataba de activar explosivos contra el Ejército . Obtenido de https://cambiocolombia.com/conflicto-armado-en-colombia/autoridades-verifican-si-en-atentado-murio-alias-mocho-cabecilla-de El País. (2025). Alias El Mocho, uno de los líderes del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, murió cuando pretendía accionar una ‘camionetabomba’ contra el Ejército . Obtenido de https://www.elpais.com.co/judicial/alias-el-mocho-uno-de-los-lideres-del-frente-carlos-patino-de-las-disidencias-de-las-farc-murio-cuando-pretendia-accionar-una-camionetabomba-contra-el-ejercito-2757.html El Tiempo. (2024). Inteligencia militar identificó a disidente muerto en camioneta de alta gama que le movía hasta $ 8.000 millones en coca a el 'Mocho', jefe de las disidencias en Cauca . Obtenido de https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/inteligencia-militar-identifico-a-disidente-muerto-en-camioneta-de-alta-gama-que-le-movia-hasta-800-millones-en-coca-a-el-mocho-jefe-de-las-disidencias-en-cauca-3400733 Fundación Paz y Reconciliación. (2022). ¿Quién es el nuevo comandante del Comando Coordinador de Occidente?  Obtenido de https://www.pares.com.co/post/qui%C3%A9n-es-el-nuevo-comandante-del-comando-coordinador-de-occidente

Por: Francisco Daza - Coordinador de la Línea Paz , Seguridad y Derechos Humanos El 2025 recibe a la población colombiana con una oleada de violencia provocada por el ELN en la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander. Esta situación ha generado un impacto humanitario en su población que es inédito para los años posteriores a la firma del Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc-EP. En el boletín No. 6 de la gobernación de Norte de Santander, en el que se hace una balance de las afectaciones humanitarias del Catatumbo, se registra que, al 26 de enero de 2025 había 40 víctimas de homicidio, 12 firmantes de paz desaparecidos, 48.004 personas desplazadas, 25.011 personas confinadas y más de 19.000 personas ubicadas en alojamientos temporales.  Como era de esperarse, las acciones violentas del ELN tuvieron eco en la mesa de negociación con esta guerrilla. El presidente Gustavo Petro anunció la suspensión del este proceso, que buscaba revitalizarse a finales de enero tras múltiples crisis que habían dejado en puntos suspensivos la apertura del séptimo ciclo de negociación. Esto sin lugar a duda es un duro golpe para la política de paz total, que tras dos años de puesta en funcionamiento ha tenido, por un lado, la apertura de nuevos tableros de negociación durante el año 2024 pero por el otro, diferentes traspiés, desde el descrito acá en el proceso con el ELN hasta las divisiones internas que tuvo el Estado Mayor Central (EMC) y que abrió un nuevo escenario de confrontación armada no previsto por el gobierno nacional. A estos y otros antecedentes que han empañado la paz total y a lo que ocurre actualmente en la subregión del Catatumbo se suma que, de forma simultánea, se han presentado durante lo corrido de enero,  confrontaciones armadas en diferentes zonas del territorio nacional. En el monitoreo realizado por la Fundación Paz & Reconciliación encontramos que además de las acciones armadas del ELN en el Catatumbo, se han presentado, casi de forma simultánea al 22 de enero de 2025 al menos 14 combates que involucran a esta guerrilla y otros grupos armados organizados así como a la Fuerza Pública. La concentración de estos combates se da en zonas del territorio nacional en las que hay una consolidación territorial de los grupos armados durante los últimos años: el departamento de Arauca, bastión del ELN; el departamento del Cauca, epicentro de las acciones armadas del EMC a través del Bloque Occidental Jacobo Arenas; el Sur de Córdoba y Sur de Bolívar en donde el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia también conocido como Clan del Golfo se ha irradiado desde el Bajo Cauca Antioqueño; el departamento de Guaviare escenario del nuevo conflicto entre las facciones de alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá”; el departamento de Nariño, en el que la Segunda Marquetalia ha encontrado una base de operaciones en el suroccidente del país, el departamento de Valle del Cauca en dónde el EMC se ha posicionado a partir de su proceso de expansión desde el norte del departamento del Cauca y, finalmente, en el departamento de Magdalena, también nodo central de las operaciones de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en el caribe colombiano. La paz total tiene un 2025 crucial y cuesta arriba. Finalizando el primer mes del año, además de los confrontaciones armadas descritas se suma la oleada de violencia que viven varias regiones de Antioquia por cuenta del enfrentamiento entras las EGC y la alianza entre el Frente 36 y el ELN. También el suroccidente del país cierra el mes con los combates entre el Ejército Nacional y la Columna Móvil Franco Benavides en Nariño que ha dejado múltiples familias desplazadas a lo que se suma la muerte de alias “el Mocho”, comandante del Frente Carlos Patiño en el departamento del Cauca. En el horizonte de este panorama nacional de confrontación armada con el que inicia el 2025, se encuentran los desafíos propios de cada mesa de negociación con grupos armados, que complejizan mucho más la salida negociadas del conflicto que rodea el espíritu de la paz total. Este escenario es sin duda, la antesala del pulso político que inicia en 2025 en el marco del periodo preelectoral. Los avances y retrocesos de la paz total durante este año serán moneda de cambio para los réditos de sectores de gobierno y oposición para el 2026, en un contexto actual que está favoreciendo a estos y que alimenta gradualmente el mensaje de Plomo es lo que vino.

Por: Redacción Pares En el Plateado Cauca creían que los carnavales de Negros y Blancos podrían celebrarse en paz. Hace más de 30 años la guerrila de las FARC y luego los disidentes de la firma de paz, coparon un terreno que tendría que ser del estado. En noviembre del 2024 el gobierno Petro hizo presencia en la zona golpeando con rudeza las estructuras de Iván Mordisco que dominan la región. El carnaval más importante del sur del país es el de Negros y Blancos de Pasto. Sus carrozas, a comienzos de enero, deslumbran a todo el mundo. El Plateado ha replicado estas fiestas que han servido como una inyección anímica.   Pero todo volvió a salir mal en una región que parece estar condenada a sufrir las embestidas de los violentos. En la madrugada de este 28 de enero un carro bomba estalló cerca a donde se realizaba un concierto con el que se cerraba la festividad. Aunque sobre las 9 de la mañana de este 28 de enero no se habían reportado fallecidos si son múltiples los heridos y millonarias las pérdidas económicas. Sobre la medianoche empezó a informársele a la comunidad que había un carrobomba cerca al lugar en donde se realizaba un concierto. Esto permitió que se lograra efectuar una evacuación. Por eso las pérdidas no tuvieron el rigor de otros atentados anteriores.   Aunque aún no se sabe quien fue el autor del atentado todas las miradas se centran en la columna Jacobo Arenas del Estado Mayor de las disidencias de las FARC. Esto sería una retaliación por la muerte de su comandante, Andrés Patiño, alias El Mocho. La muerte, como lo contamos desde el portal Pares, se produjo después de que el comandante de la Jacobo Arenas intentara colocar un explosivo que atentaría contra el batallón Camilo Torres ubicado en la zona de El Estrecho, en Cauca. En ese fallido atentado, que era a su vez una respuesta a la operación Perseo, que es la ofensiva que está asumiendo el ejército contra las disidencias, cayó otro disidente conocido como “El Paisa”. El accidente se produjo después de que ambos alzados en armas decidieran cambiar la ruta para evadir un control del ejército.   La región ha sido azotada por cabecillas como alias Mayimbú quien hasta el año 2021 era el rey de lo que se conoce como el triángulo de la marihuana. La incapacidad que tuvo el Estado al final de gobierno Santos y en el cuatrenio en el que fue presidente Iván Duque para copar este territorio ha hecho que los grupos armados regresaran y con más fuerza después de que se desmovilizaran las FARC.   En Argelia las cosas venían tranquilas en enero. Pero  el carro bomba es sin duda una retaliación a las operaciones del ejército. Seguro las disputas territorias y la necesidad de volver a posicionar su accionar después de que se instalara en la zona la Operación Perseo cuyo resultado más notorio fue instalar una tensa calma que duró unos meses. Los enfrentamientos y la disputa territoria entre la Segunda Marquetalia y la Carlos Patiño que está relacionado con Iván Mordisco.   La población en el Plateado y en Argelia esperan es que el gobierno cumpla la promesa de poder vivir en paz después de más de treinta años de incertidumbre.

Por: Redacción Pares Una de los dirigentes con mayor popularidad en las regiones es el gobernador de Antioquia. Andrés Julián Rendón ha sabido canalizar el antipetrismo en una región con una fuerte tradición uribista. Sus intentos de separarse del gobierno nacional han ocupado titulares en todos los medios nacionales. Recuerden que el año pasado intentó hacer una vaca para que Antioquia tenga independencia presupuestal para poder concretar sus proyectos de infraestructura.   Inteligencia militar prendió las alarmas al afirmar que existía un plan para asesinarlo. Los señalados de estar detrás del atentado sería el bloque Magdalena Medio que no es otro más que el frente 18 de las disidencias FARC, con suficientes contactos en Medellín como para desarrollar un plan coordinado desde la capital de Antioquia. Sin embargo el propio líder de este frente 18, bautizado Ramón Ruiz fueron tajantes: “Negamos a cabalidad la falsa propaganda que se ha venido divulgando en cuanto al deseo y supuesto plan para asesinar al gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón” y reafirmaron su deseo de continuar en la senda de la paz total.   El Bloque del Magdalena Medio forma parte del EMC y tiene presencia en lugares claves del país como el Catatumbo y también en Antioquia, en donde se mueven los frentes 4,18 y 36. Miembros de estas agrupaciones que siguen sentados en la mesa de negociación fueron enfáticos en reafirmar que no existe tal plan.   En julio de 1989, tal vez el peor año en la historia de Colombia, fue asesinado, esta vez por error, el gobernador Antonio Roldán Betancur. Su nombre no aparecía en la libreta de Pablo Escobar donde guardaba celosamente los nombres de sus enemigos. Pero le había soltado la muerte al director de la policía de Antioquia, Valdemar Franklin Quintero, un hombre que a diferencia de otros oficiales de la institución jamás se vendió ante los constantes llamados de los hombres del Cartel de Medellín para corromperlo. Desde que Escobar le declaró la guerra al Estado, luego de que en 1984 asesinara al ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, uno de los éxitos de los delincuentes fue la capacidad que tenía para infiltrar a la inteligencia militar a punta de plata y plomo. A Quintero le había jurado matarlo. En ese afán los sicarios de Escobar designados para la misión, entre los que se contaba a John Jairo Velásquez Vásquez, mejor conocido como Popeye, confundió la caravana de Quintero con la del gobernador y activaron 100 kilos de dinamita. El gobernador murió al instante.   Trece años después ocurriría otra tragedia. El 21 de abril del 2002 el país -cuando no- se encontraba en una crisis profunda después de que naufragara de manera rotunda el proceso de paz del gobierno de Andrés Pastrana con las guerrillas de las FARC. Así que el entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa encabezó una marcha hasta el municipio de Correa que tenía como objetivo revivir los diálogos de paz. Lo cierto es que las FARC no respetaron nada, los secuestraron -el gobernador iba con su asesor de paz, Gilberto Echeverri Mejía- y ocho militares, los tuvieron en cautiverio durante un año hasta que el 5 de mayo de 2003, tras un fallido intento de rescate por parte del ejército nacional, Gaviria, Echeverri y los ocho militares, fueron ejecutados a punta de ráfagas de fusil por hombres de las FARC.   El país no quiere repetir un hecho parecido. Por eso, el comunicado del frente 18 de las disidencias FARC, desmintiendo un atentado no sólo le da alivio a la gente que rodea al gobernador Rendón sino a todo el país. Nadie quiere recordar las épocas más nefastas.

Por: Redacción Pares Con el correr de las horas se agrava la crisis humanitaria en el Catatumbo. El ELN, con un depliegue de 4.000 hombres, ha impuesto un régimen de terror en esa región de Colombia desde el pasado 15 de enero. Uno de los focos de violencia han sido los firmantes de paz. Justamente el pasado jueves 30 de enero los defensor de firmantes de paz se unieron en una multitudinaria marcha en Tibú acompañados del gremio de los profesores, pidiendo que pare ya la barbarie y que se devuelvan las condiciones de normalidad. Para muchos se trata de un deja vu: otra vez el espiral de la violencia los hace desandar los pasos de la década del noventa en donde miles de personas tuvieron que dejarlo todo para huir de la arremetida de los paramilitares. Hoy lo único que ha cambiado son los brazaletes de los que empuñan las armas.   Desde el 15 de enero se han hecho ampliamente conocidos videos en donde se ven a hombres del ELN buscar casa por casa firmantes de paz, sacarlos, desaparecerlos por unas horas y luego asesinarlos. Así aparecieron sin vida el 16 de enero los siguientes firmantes: Pedro Rodríguez Mejía, John Carlos Carvajalino, Albeiro Diaz Franco y Yurgen Martínez Delgado. En declaración pública entregada en la mañana de este 31 de enero la defensora del pueblo Iris Marín, en el marco de la audiencia de seguridad a excombatientes FARC, entregó datos sobre lo que les ha sucedido a los firmantes de paz que vivían en el Catatumbo: en las últimas semanas 166 han sido desplazados, 14 están desaparecidos, y al menos seis han sido asesinados.   Es que si la población civil ha tenido que soportar la ferocidad de un nuevo episodio de guerra liderado por el ELN, para los firmantes de paz la preocupación es todavía mayor ya que entienden que este es un golpe perpetrado directamente a ellos. A los firmantes los están matando. Desde el 2017 hasta este 2025 han sido asesinados 434 firmantes, una cifra que puede crecer por lo que está sucediendo en el Catatumbo. En lo que va corrido de enero ya se reportan 8 asesinatos de firmantes. En el 2024 se vivió una significativa disminusión de estos hechos ya que se reportaron 30, catorce menos que lo que sucedió en el 2023. En el 2019, durante la presidencia de Iván Duque, se registró el mayor número de firmantes asesinados con setenta y nueve.   El gobierno está poniendo todos los esfuerzos, desde los militares a los humanitarios, para salvaguardar a la población del Catatumbo y extreman medidas para proteger a los firmantes de paz ya que saben que el ELN los tiene como objetivo militar. Estos hechos son un grave atentado a la paz pasada y futura y hacen que el camino de la negociación se convierta en una trocha intransitable. En el Catatumbo los firmantes le han apostado duro a la paz. Es una de las zonas del país donde más hay indicios de sustitución de cultivos diferentes a la coca. El cacao, por ejemplo, estaba empezando a convertirse en toda una alternativa. Pero los hechos de violencia enlodan por completo cualquier iniciativa que invoque a la esperanza.

Por: Redacción Pares A finales de diciembre, mientras el país se dejaba mecer por las fiestas de navidad, la JEP hacía pública un descubrimiento revelador: las madres del casi del centenar de desaparecidos que dejó la Operación Orion, en octubre del 2002, no estaban presas de un ataque esquizofrénico cuando afirmaron que muchos de sus hijos estaban sepultados en la Escombrera. Recién posesionado Alvaro Uribe como presidente ordenó a miembros del ejército, quienes aceptaron realizar una operación conjunta con el Bloque Nutibara de las AUC, la toma de la Comuna 13 de Medellín. Durante cuatro días duró el ataque. Como sucede en las historias del conflicto en Colombia fue la población civil la que más sufrió. Diferentes organizaciones de la sociedad civil les creyeron a las madres sobre lo que decían, La Escombrera era una fosa común. Se encontraron dos cuerpos  que correspondían a los años 2002 o 2003 lo que podría corraborar la teoría de que en ese lugar fueron ejecutados ciudadanos en los meses en los que las AUC tuvieron todo el control de esa comuna 13. Varias semanas después aparecieron dos cuerpos más que ya han sido completamente identificados.   La diligencia de la JEP, conjunto con los trabajos de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidos, dio frutos históricos: comprobaron que “las cuchas tenían razón” como reza el grafiti dejado cerca al Terminal del Norte en Medellín y que provocó la ira santa del alcalde de Medellín quien ordenó taparlo.   Pero en las últimas semanas ha saltado a la luz pública las chispas que ha producido dentro de la UBPD la actitud que ha tenido la JEP a la hora de dar a conocer los resultados obtenidos en esa búsqueda. La Unidad de Búsquedas ha expresado su molestia porque la JEP no ha respetado los protocolos establecidos llevando, por ejemplo, a periodistas al sitio donde está ocurriendo la exhumación de los cuerpos. Tal y como lo divulgaron en una nota en el diario El Espectador “El día de la rueda de prensa en La Escombrera, los periodistas estaban ubicados casi a un metro de donde estaban algunos restos óseos”. Es que la JEP debe garantizar que estos sitios permanezcan sin ser contaminados. No hay que olvidar que estas son escenas de crimen y deben ser protegidos.   Una de las abogadas que representa a las víctimas de La Escombrera expresó la molestia que ha causado la JEP por haber revelado la identidad de una de las víctimas a pesar del pedido que había expresado las familias de no hacerlo. María Victora Fallón, la abogada en cuestión, afirmó lo siguiente: “La Unidad de Búsqueda les cumplió.  La JEP haciendo caso omiso de esa solicitud, violando el derecho a la intimidad  reconocido en el art. 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos, publicó amplios detalles que permitirán en breve su identificación”.   Hay que aclarar que la JEP no ha revelado oficialmente los nombres pero si entregó detalles puntuales que permitirían la identificación de estos cuerpos. Las razones de ese recelo son perfectamente comprensibles ya que bastante han tenido que soportar la presión durante más de 20 años que se reflejan en amenazas concretas, intimidaciones y evitar a como de lugar el foco público. El anonimato será fundamental para seguir adelantando estas investigaciones que giran en torno a grupos de poderosos que participaron en la Operación Orion.   La UPBD  fue creada parahacer el trabajo operativo, técnico, son los que buscan a los cuerpos y la JEP lo único que debe hacer es otorgar una medida cautelar solicitada  a 16 sitios en el país entre los que estaba La Escombrera, esto debe generar un compromiso para no contaminar el sitio, para que Medellín brinde todas las garantías, los recursos para la protección del lugar. Este era un trabajo que ya se venía haciendo con las organizaciones. La JEP puede aportar con la medida cautelar pero esto no tiene nada que ver con la búsqueda de estas personas.    Esto no se debe politizar, esto es para aliviar el dolor de los familiares de las víctimas. La JEP tiene una misión y es adelantar macrocasos de guerrilla y fuerza pública. Pero la misión de la búsqueda es de la UPBD. En el caso puntual de la Escombrera se le pidió al magistrado Salazar que no fiera información sobre la identificación del cuerpo. Hay que recordar que Medicina Legal solo entregó algunas características del cuerpo, es que aún no ha terminado el examen perital.   La molestia de los familiares de víctimas tiene que ver exactamente es con el exceso de protagonismo que está asumiendo la JEP en un caso en donde no tiene tanta injerencia.