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Por: Katerin Erazo. Periodista El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ordenó la suspensión temporal de trámites ambientales en la región del Catatumbo, el área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González (Cesar) debido a la grave situación de orden público. La medida se enmarca dentro del Estado de Conmoción Interior decretado el pasado 24 de enero de 2025, en respuesta a la crisis de seguridad y desplazamientos forzados en la zona. El Decreto 0116 de 2025 establece que, mientras persistan las condiciones actuales, no se otorgarán nuevas licencias, permisos, concesiones ni autorizaciones para proyectos, obras o actividades. El objetivo es evitar posibles impactos ambientales hasta que las entidades responsables puedan retomar sus labores en la región. Los enfrentamientos entre grupos armados han afectado gravemente la operatividad de organismos como la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), dificultando el monitoreo y control ambiental en estos territorios. En el Parque Nacional Natural Catatumbo-Barí, las actividades dentro del área protegida han quedado suspendidas. Asimismo, por razones de seguridad, los funcionarios de CORPONOR han limitado sus desplazamientos en la región, lo que ha restringido aún más la supervisión de los ecosistemas. El decreto advierte que la falta de vigilancia en estos espacios podría agravar la deforestación y otros daños ambientales, particularmente en zonas donde operan actividades ilegales como la minería y los cultivos ilícitos. Sin la presencia de las autoridades, el riesgo de deterioro ecológico aumenta considerablemente. Para mitigar el impacto económico y ambiental de la crisis, el Gobierno estableció un mecanismo de trámite abreviado para proyectos dirigidos a la recuperación ambiental, social y económica. Este procedimiento permitirá reducir en un 66% los tiempos de aprobación, facilitando la reactivación de condiciones básicas sin afectar los estándares de protección ambiental. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, explicó que "el decreto busca proteger áreas altamente sensibles de biodiversidad en la subregión del Catatumbo, especialmente porque en este momento, por efecto del conflicto armado, las autoridades ambientales tuvieron que salir de la zona". Además, enfatizó que la medida no comprometerá los estándares de control ambiental ni los derechos de contradicción y publicidad sobre las actuaciones de las autoridades. De acuerdo con información del medio de comunicación El Espectador , el departamento de Norte de Santander registra pérdidas que ya alcanzan los $58.465 millones. Los sectores más afectados incluyen: Sector palmicultor : $23.265 millones Hortofrutícola : $16.000 millones Explotación de minas y canteras : $10.000 millones Comercio : $7.400 millones Transporte y logística : $1.800 millones Según Olger López, secretario de Desarrollo Económico de Norte de Santander, la crisis ha impactado también la producción de café y carbón, este último con una caída del 60%. En cuanto al aceite de palma, la reducción oscila entre el 40% y 50%. Además, más de 900 negocios han cerrado, con pérdidas que superan los $7.000 millones y miles de empleos desaparecidos. López agregó que la agroindustria palmicultora, según reportes de Fedepalma, ha sufrido una disminución del 65% en el transporte de fruta a los centros de acopio, acumulando pérdidas de más de $15.000 millones y afectando a cerca de 14.000 empleos. El Ministerio de Ambiente enfatizó que, una vez finalice el Estado de Conmoción Interior, previsto por 90 días, las autoridades ambientales tendrán tres meses para evaluar las condiciones ecológicas del Catatumbo y definir las acciones a seguir. Vencido este plazo, se reanudarán los trámites suspendidos, garantizando el debido proceso de los solicitantes. La ministra Muhamad también destacó que "en momentos de conflicto armado en la historia del país, muchas veces se ha utilizado esta situación por parte de actores ilegales para presionar a autoridades ambientales en la expedición de trámites". Por ello, el Gobierno ha tomado medidas para proteger a los funcionarios y asegurar la capacidad de control ambiental en la región. Finalmente, Muhamad advirtió que los daños ambientales derivados del conflicto pueden constituir crímenes de guerra según el Derecho Internacional Humanitario y delitos ambientales en la normatividad colombiana. "Estaremos atentos a las situaciones del conflicto que afecten a la naturaleza para actuar en consecuencia", puntualizó. Con esta medida, el Gobierno busca mitigar el impacto ambiental del conflicto y garantizar la conservación de ecosistemas estratégicos. "Es fundamental dejar a la naturaleza fuera del conflicto. Debemos hacer paz con la naturaleza", concluyó la ministra.

Por: Katerin Erazo, Periodista La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 12 antiguos miembros de las extintas FARC-EP. Los imputados formaban parte del Comando Conjunto de Occidente, conocido desde 2012 como el Bloque Occidental, y otros frentes y compañías móviles como el Frente 6º, la Columna Móvil Miller Perdomo, y las Compañías Móviles Alonso Cortés, Ambrosio González y Simón Rodríguez. Este proceso forma parte del Caso 05, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, regiones que han sido escenario de numerosos hechos violentos desde la época del conflicto armado. En total, más de 200.000 víctimas han sido acreditadas ante la JEP, y 138 organizaciones han aportado testimonios al proceso. Las imputaciones se basan en la investigación de más de 5.000 hechos violentos ocurridos en municipios como Santander de Quilichao, Suárez, Toribío y Palmira, entre otros, y que incluyen crímenes de lesa humanidad como asesinatos, desplazamiento forzado, persecución y otros actos inhumanos. También se atribuyen crímenes de guerra como homicidios, ejecuciones sin juicio previo, el reclutamiento de menores de edad, y el uso de minas antipersonal, así como ataques contra la población civil. Como parte del proceso, los excombatientes han entregado documentos de aporte a la verdad y han realizado actos restaurativos frente a representantes de las víctimas, reconociendo el sufrimiento causado por sus acciones. Entre los imputados se encuentran figuras como Pablo Catatumbo, Francisco González, y otros comandantes de frentes y compañías claves en las estructuras de las FARC-EP. Este caso marca un paso importante en la justicia transicional en Colombia, buscando esclarecer los hechos ocurridos en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado, y promoviendo el reconocimiento y la reparación de las víctimas. En el segundo Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 05, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) amplió su investigación sobre las conductas de 7 estructuras de las FARC-EP que operaron en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. Las estructuras bajo examen incluyen el Comando Conjunto de Occidente (Bloque Occidental desde 2012), el Bloque Móvil Arturo Ruiz, el Frente 6º, la Columna Móvil Miller Perdomo, y las Compañías Móviles Alonso Cortés, Ambrosio González y Simón Rodríguez. Esta investigación abarcó una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado, en la que las dinámicas territoriales, con la presencia de guerrillas como el ELN, estructuras paramilitares y la fuerza pública, influyeron directamente en las violaciones a los derechos humanos. Las FARC-EP, al igual que otros grupos armados, disputaban estos territorios estratégicos, lo que les llevó a crear estructuras militares que, en su búsqueda de poder, desconocieron los derechos fundamentales de la población civil. En este contexto, se identificaron patrones de violencia sistemática, que incluyeron ataques a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como graves afectaciones a la naturaleza, la cultura y los territorios ancestrales. Entre los principales crímenes imputados a los excomandantes de las FARC-EP, se encuentran las tomas guerrilleras a varios municipios, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, y el desplazamiento forzado de miles de personas. Las dinámicas de violencia no solo impactaron a la población civil, sino también a la estructura social, cultural y económica de las comunidades. A través de estos actos, las FARC-EP buscaron consolidar su control territorial y, en algunos casos, persiguieron una "justicia" paralela, afectando profundamente la autonomía de las comunidades. Uno de los patrones más graves fue el uso de minas antipersonal, que no solo afectó a la fuerza pública, sino que también dejó a comunidades enteras sin acceso a recursos vitales como la educación, la atención médica y el transporte. De igual forma, el reclutamiento forzoso de menores, especialmente indígenas y afrocolombianos, fue una práctica recurrente entre las estructuras guerrilleras, lo que también causó un quiebre en las costumbres y tradiciones de estos pueblos. La JEP ha documentado cómo la guerra en esta región fue una de las más complejas, debido a la multiplicidad de actores armados involucrados, y cómo sus efectos devastadores se sintieron especialmente en los territorios étnicos y campesinos. La imputación de estos crímenes subraya la magnitud del sufrimiento humano y las secuelas del conflicto en estas comunidades, destacando que las consecuencias siguen presentes en la vida de los sobrevivientes y en las generaciones posteriores. El conflicto armado ha dejado huellas profundas en las comunidades étnicas de Colombia, afectando de manera particular a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Estos grupos han enfrentado una serie de violaciones a sus derechos fundamentales, que van desde el despojo de tierras y la ocupación de lugares sagrados hasta la amenaza y asesinato de líderes comunitarios, en especial los médicos tradicionales. La violencia no solo ha implicado desplazamiento y confinamiento, sino también el uso de minas antipersona, que ha afectado tanto a los territorios como a las estructuras sociales y culturales de estas comunidades. Este contexto de violencia no es nuevo, sino que forma parte de un continuum histórico de agresiones que se remontan a la llegada de los conquistadores europeos. Sin embargo, no culminó con la independencia, sino que se prolongó a lo largo de las guerras civiles y del conflicto armado contemporáneo. De acuerdo con las víctimas acreditadas en el Caso 05, los pueblos Nasa han relatado cómo estos patrones de violencia han causado serias desarmonías en sus territorios, afectando no solo el bienestar físico, sino también el espiritual y cultural, con impactos significativos en la vida comunitaria. La relación sagrada con la tierra, uno de los pilares fundamentales para los pueblos indígenas, fue severamente alterada. Muchos territorios, anteriormente destinados a la agricultura y la subsistencia, quedaron abandonados y no pudieron ser cultivados. Los ciclos agrícolas esenciales fueron interrumpidos, y las tierras que deberían haber servido para el trabajo espiritual y de protección se vieron dañadas. Además, la intervención de actores armados alteró la estructura social, provocando rupturas familiares y comunidades desestructuradas. Por otro lado, las comunidades afrodescendientes y campesinas también han enfrentado severas consecuencias, tanto a nivel individual como colectivo. La estigmatización de sus territorios como “zonas rojas” dificultó enormemente sus posibilidades de mantener sus actividades económicas legítimas. Además, enfrentaron desplazamientos masivos y una progresiva desaparición de sus ritos y prácticas culturales, afectando gravemente sus valores ancestrales y su conexión con la tierra. La situación de las mujeres y personas con orientación sexual diversa fue aún más compleja, pues la violencia exacerbó las brechas de género preexistentes y afectó sus roles dentro de las comunidades, obligándolas a abandonar sus hogares y enfrentarse a nuevas formas de maltrato en territorios ajenos. A pesar de la magnitud de las afectaciones, las comunidades han demostrado una enorme capacidad de resistencia y resiliencia. A través de procesos restaurativos y colaboraciones interinstitucionales, se están llevando a cabo esfuerzos para reconstruir el tejido social y sanar las heridas del conflicto. La restauración de las justicias propias, el apoyo en proyectos de tierras, salud y educación, y la reconciliación con la Naturaleza son parte de las iniciativas en marcha. En octubre de 2024, se realizó un acto restaurativo en el Río Cauca, en el marco de la COP16, con el fin de sanar las heridas del territorio. El proceso judicial continúa su curso, y los miembros de las Farc-EP tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y las conductas imputadas. En caso de que acepten su responsabilidad, se convocará una Audiencia de Reconocimiento de Verdad, con el objetivo de garantizar que los derechos de las víctimas sean respetados, al mismo tiempo que se define la situación jurídica de los responsables. Si los comparecientes rechazan su responsabilidad, sus casos serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

Por: Katerin Erazo, Periodista La Defensoría del Pueblo ha emitido una Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 002 del 2025 de inminencia por el aumento del riesgo de vulneración de derechos humanos en los municipios de Pradera y Florida, en el sur del Valle del Cauca. La institución, liderada por la defensora Iris Marín, señala que la escalada de violencia en la región está directamente relacionada con la disputa territorial entre facciones de grupos armados ilegales. Según el informe, las disidencias de Iván Mordisco, representadas por los frentes Adán Izquierdo y Dagoberto Ramos, continúan su proceso de consolidación en la zona. Al mismo tiempo, el Frente 57, conocido como Yair Bermúdez, ha emprendido una expansión hacia el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca. Esta situación ha generado una intensificación de las disputas armadas, lo que pone en grave riesgo a la población civil. Entre las principales amenazas identificadas por la Defensoría están los homicidios selectivos, desplazamientos forzados y amenazas contra la comunidad. Particularmente vulnerables son las comunidades campesinas e indígenas, así como los líderes sociales y los firmantes del Acuerdo de Paz. Además, la alerta resalta el riesgo diferenciado que enfrentan mujeres, adolescentes y niños en este contexto de violencia. Los datos recopilados por la Defensoría evidencian el deterioro de la seguridad en la región. Solo en Pradera, durante el 2024, se registraron 53 homicidios, de los cuales 27 ocurrieron en zonas rurales, donde la presencia de estos grupos es más marcada. En los primeros días de 2025, se han reportado cuatro homicidios adicionales, lo que confirma la preocupante tendencia de violencia en la zona. Además de la violencia directa, el informe señala prácticas como el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, principalmente en comunidades campesinas, y la manipulación de ataques entre grupos armados mediante el uso de falsos brazaletes, lo que incrementa la incertidumbre y el temor entre los habitantes. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha instado a varias entidades gubernamentales a tomar medidas urgentes. Entre ellas, solicita al Ministerio del Interior coordinar una respuesta rápida y al Ministerio de Defensa fortalecer la seguridad en la región. Asimismo, hace un llamado a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y otros organismos para implementar acciones humanitarias y judiciales que ayuden a mitigar la crisis. El panorama en Pradera y Florida refleja la persistencia del conflicto armado en Colombia y la urgente necesidad de medidas integrales que protejan a la población civil. La Defensoría enfatiza que, sin una intervención efectiva, la crisis humanitaria podría agravarse, dejando a las comunidades atrapadas en un escenario de violencia que amenaza su seguridad y derechos fundamentales.

Por: Redacción Pares La denuncia la hizo el concejal uribista Daniel Briceño en la red social X. Según Briceño se gastarían cerca de 4.000 millones de pesos para el concierto de la esperanza, que se realizará en la Plaza de Bolívar el próximo 2 de marzo, mientras el país vive una crisis fiscal en buena parte generada por la bajada del pulgar que le pegaron al prespuesto presentado por Gustavo Petro en el Congreso. Incluso  RTVC, la entidad dirigida por Hollman Morris que está organizando el evento, sufrió un recorte prespuestal este año de 100 mil millones de pesos que afectó sensiblemente su perrilla.   Además de esto hay una crisis humanitaria en el Catatumbo debido a la ofensiva del ELN que ha generado la salida de más de 50 mil personas de esa región del país desde el pasado 16 de enero. Briceño desglosó de esta manera el monto que se gastará durante este evento que será completamente gratuito. Se afirma que Residente cobrará $2.185.000.000, el resto se gastaría en el montaje del evento. Esta producción está a cargo de la firma Evenpro entretenimiento, cuyo representante legal es Alfredo Villaveces, un empresario que ha traído al país a íconos del Rock como Paul McCartney, Iron Maiden, los Rolling Stones, entre otras leyendas. Villaveces ya había sido contratado por el gerente de RTVC en julio del 2024, fecha en la que se realizó un concierto encontra de los ataques de Israel a Palestina.   El reconocido empresario ha negado que Residente se gane 500 mil dólares. Esta información, divulgada por Briceño y copiada por algunos medios de comunicación, es imprecisa. Así lo aclara el propio Alfredo Villaveces “Es una falacia salir a decir que Residente se gana 500 mil dólares” El monto total de lo que valen 37 tiquetes, hoteles, viáticos, visas es ese, el de medio millón de dólares. Para Residente directamente irían a parar 300 mil dólares.   Briceño no ha sido el único concejal que se ha quejado por lo que muchos llaman un despilfarro en una época de vacas flacas. Jesús David Araque afirmó a través de redes sociales que Petro y Hollman Morris le están pagando a Residente, según los datos que maneja el concejal, 2.185 millones de pesos y lo compara con los tres días que vale Rock al parque, que, trayendo 29 bandas internacionales, 9 bandas nacionales y 20 bandas distritales.   La molestia que ha causado en Bogotá la presentación de Residente se explica por el aplazamiento de recursos para la primera línea de metro, el Regiotram de Occidente y el Transmilenio por la calle 13. Hollman Morris esta semana fue entrevistado por la W Radio y se le cuestionó lo que muchos consideran un despilfarro. Lejos de reconocer que esto es un gasto indebido de los recursos se defendió afirmando que el concierto se trata de una inversión: “Dentro de los recursos asignados, sin afectar la misionalidad del sistema de medios públicos, como lo hicimos el año pasado, ya veníamos proyectando este concierto. El momento... sí, pero no podemos seguir paralizando la misión y las funciones de la entidad. Ya nos hicieron un recorte y, afortunadamente, haciendo sumas y restas, pudimos sacar adelante un concierto que habíamos prometido y con un artista de esta categoría”.   En noviembre del 2024 en el Movistar Arena el cantante puertoriqueño se presentó y la boleta más barata costaba los 200 mil pesos. Esto le permitiría a miles de bogotanos que jamás han podido ver a uno de los artistas más importantes de Latinoamérica disfrutarlo. Según Morris la manera en la que representaría una inversión este evento es por posicionamiento de marca. Para el director de RTVC esto le generó al gobierno en el 2024 19 mil millones de pesos, algo que hasta el momento no se ha podido comprobar.   En una época de austeridad no hay diferencia si se gastaron 300 mil dólares o 500 mil en una fiesta, cualquiera podría afirmar que estos recursos deberían utilizarse para atenuar, por ejemplo, la crisis humanitaria en el Catatumbo. Pero si el convenio se había realizado desde hacía meses y si además se está dando una información imprecisa, sería importante aclararlo.

Por: Katerin Erazo, Periodista Las estructuras criminales 'Los Mexicanos', 'Locos Yam', 'RPS', 'Los Z' y 'Revolución Cabi', que adelantan conversaciones con el Gobierno Nacional en el marco de la política de Paz Total, anunciaron la extensión de su cese al fuego hasta el 31 de marzo de este año 2025. La decisión surge tras un balance realizado por la mesa de diálogo, en el que se destacan los logros alcanzados y las dificultades persistentes desde la instalación del espacio en agosto de 2023. Uno de los principales logros ha sido la reducción de enfrentamientos entre las cinco bandas criminales que operan en la ciudad, lo que ha traído una sensación de mayor seguridad en los barrios afectados por la violencia. Según el informe, tras un mes del cese multilateral, se constató la ausencia de combates directos entre estos grupos, lo que contribuyó a la disminución de homicidios, robos y extorsiones en varias zonas. De hecho, en el último trimestre del año pasado, la tasa de homicidios en Quibdó se redujo en un 56 %, marcando un hito en términos de seguridad en la región. Sin embargo, el panorama sigue siendo complejo. A pesar de la reducción en la violencia urbana, el total de homicidios en 2024 superó el del año anterior, con un aumento del 32,6 %, debido en gran parte a la ofensiva del Clan del Golfo. Este grupo armado ha intensificado sus acciones para consolidar su control en sectores estratégicos de la ciudad, lo que ha generado un nuevo foco de inseguridad. Según denunciaron, esta organización ilegal continúa incrementando las hostilidades y se niega a entrar en procesos de negociación. Además, acusaron a miembros de la Policía de presuntamente colaborar con el AGC, señalando la existencia de videos que evidenciarían esta relación. Líderes sociales y expertos advierten que, si el Clan del Golfo logra tomar posiciones clave cercanas al río Atrato, podría consolidar su dominio sobre economías ilícitas y rutas de tráfico, desestabilizando aún más la región En su pronunciamiento, los grupos armados también hicieron un llamado al Gobierno Nacional, la Gobernación del Chocó y la Alcaldía de Quibdó para que fortalezcan la inversión en la región. Argumentaron que sin recursos y programas de desarrollo es difícil sostener un proceso de paz duradero. Mencionaron como ejemplo el caso de Nariño, donde según ellos se han implementado proyectos que en Chocó aún no han sido viabilizados. Finalmente, agradecieron el acompañamiento de organismos internacionales y de la Iglesia en el seguimiento al proceso de diálogo. En particular, resaltaron el papel de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA), la Dócesis de Quibdó y la Misión de Verificación de la ONU en su labor de observación y mediación. Por otro lado, uno de los pendientes más urgentes sigue siendo la violencia de género. A pesar de los esfuerzos en la mesa de diálogo, las mujeres continúan en situación de vulnerabilidad y demandan mayores acciones para su protección. Además, la extorsión sigue siendo una práctica vigente en algunos sectores, aunque se ha registrado una disminución en los casos reportados tras los compromisos adquiridos por las bandas en el marco del proceso. La población civil, por su parte, sigue exigiendo una mayor presencia del Estado y la implementación de programas sociales que permitan consolidar la paz en el territorio. Líderes comunitarios advierten que, aunque se han logrado avances en la reducción de la violencia, la falta de oportunidades y la débil institucionalidad siguen siendo factores que amenazan la estabilidad lograda hasta ahora. En este contexto, la continuidad del diálogo y la presión para que el Clan del Golfo se sume a la tregua son aspectos clave para el futuro de Quibdó. Según Nicolás León, investigador de la Línea Paz, Seguridad y Derechos Humanos, de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el proceso de paz urbana en Chocó ha enfrentado numerosos altibajos. El año pasado representó un periodo particularmente complejo en materia de seguridad, tanto para Quibdó como para el departamento en general, lo que impactó significativamente en la mesa de diálogos. Hacia finales de año, se buscó revitalizar el espacio de negociación, logrando que las bandas firmaran un compromiso para cesar la extorsión. El inicio de este año estuvo marcado por la noticia de la extensión de la tregua, un avance crucial para garantizar la continuidad del proceso y sentar las bases de los primeros acuerdos, cuyos efectos, según el investigador, deberían empezar a percibirse en la población y en la consolidación de la pacificación. No obstante, Nicolas León destaca que el panorama sigue siendo complejo debido a la presencia de un actor de gran poder, el Clan del Golfo, que busca cooptar el territorio de Quibdó. Esta situación pone en riesgo la sostenibilidad del cese al fuego y la consolidación de los diálogos, especialmente porque dicha estructura no ha mostrado interés en sumarse a la negociación y, por el contrario, ha reforzado su presencia en los barrios de la capital chocoana. Frente a este escenario, León destaca que cuando un grupo armado logra consolidar el control territorial, es común que busque influir en espacios institucionales, lo que podría incluir fuerzas del orden, fiscalías y otras entidades del Estado. La llegada del Clan del Golfo al corredor norte de Quibdó el año pasado refuerza esta preocupación, pues su presencia ha sido contundente y su intención es consolidar su dominio en la zona. Ante esta realidad, considera fundamental que el Estado acerque la mesa de diálogos a las comunidades, organizaciones sociales y actores locales que han sido marginados del proceso. La participación activa de estos sectores no solo garantizaría mayor legitimidad, sino que permitiría una construcción más efectiva de paz, como se ha observado en otros territorios como el Valle de Aburrá y, en cierta medida, en Buenaventura. Además, para generar confianza y credibilidad, el investigador de Pares señala que es esencial que este año se traduzcan los compromisos en hechos concretos, pasando de una fase de pacificación a una de construcción efectiva de paz. Finalmente, León advierte que la actual ofensiva del Clan del Golfo redefine el panorama del proceso de paz urbana en Quibdó, agregando nuevos desafíos para la implementación de los acuerdos. Sin un mayor involucramiento de la comunidad y sin estrategias que frenen la expansión de este grupo armado, garantizar la estabilidad territorial se tornará cada vez más complejo. Mientras se mantiene el cese al fuego en Quibdó, el Gobierno Nacional ha exigido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) detener los ataques contra la población civil en Catatumbo. La delegación de paz del Ejecutivo señaló que la guerrilla debe asumir su responsabilidad en el desplazamiento de decenas de miles de personas y cesar las hostilidades en la región. Esta declaración surgió tras los pronunciamientos de Eliécer Chamorro Acosta, alias 'Antonio García', quien atribuyó la crisis humanitaria en Catatumbo a las decisiones del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, el Gobierno rechazó esta versión y reiteró su compromiso con la protección de la población civil, instando al ELN a cesar sus operaciones armadas en la región. Catatumbo sigue siendo un territorio altamente disputado debido a su ubicación estratégica y riqueza en recursos naturales. La creciente influencia del Frente 33 de las disidencias de las FARC ha intensificado los enfrentamientos con el ELN, exacerbando la crisis humanitaria y generando nuevos desafíos para la paz en la región.

Por: Francisco Daza - Coordinador de la Línea Paz, Seguridad y Derechos Humano Foto tomada de: El Nuevo Siglo A la compleja situación de violencia y seguridad que se viene presentando en la subregión del Catatumbo en Norte de Santander se suman otros escenarios de disputa armada de forma simultánea en otras partes del país.  El mes de febrero inicia con el llamado que hace la defensoría del pueblo a través de la alerta temprana de inminencia 002 de 2025  sobre el escenario de riesgo en los municipios de Pradera y Florida, en el Valle del Cauca, por cuenta de la confrontación armada entre facciones de las disidencias de las Farc que dejan múltiples escenarios de riesgo para la población de estos municipios [1] .   Por un lado, se encuentra las Columnas Adán Izquierdo y Dagoberto Ramos, por el otro, el Frente 57 Yair Bermúdez, las primeras, haciendo parte del Estado Mayor Central con presencia en el suroccidente colombiano a través de los Bloques Occidental Jacobo Arenas (BOJA) e Isaías Pardo teniendo como epicentro de su presencia y accionar el departamento del Cauca, mientras que el segundo, hace su aparición de forma más reciente en el suroccidente del país como disidencia del EMC concentrando sus acciones en el Norte del Cauca y como lo señala la alerta, en el departamento del Valle [2] .   Esta confrontación tiene orígenes recientes y se da en el marco del proceso de expansión territorial del EMC en el suroccidente del país desde el departamento del Cauca permitiéndole consolidar su presencia en departamentos como Nariño, municipios fronterizos entre Cauca, Huila y Tolima y parte del departamento del Valle del Cauca.   El escenario de riesgo que se enuncia en la alerta temprana se suma a un contexto más amplio de acciones armadas que se desarrolla en el suroccidente del país. Por un lado, en el departamento del Cauca el Estado Mayor Central a través de las diferentes estructuras que integran el BOJA mantiene una disputa armada con la alianza que hay entre el ELN y la Segunda Marquetalia. En el departamento del Valle del Cauca el contexto de criminalidad organizada lo encabezan grupos locales como la Inmaculada, que opera en Tuluá, y acciones adelantadas por el Frente Jaime Martínez en el municipio de Jamundí como el atentado con motobomba que realizó a mediados del año pasado.   Por otro lado, en Buenaventura, a pesar de que el proceso de paz urbana mantiene la tregua entre Shottas y Espartanos, se mantiene el desarrollo de economías ilegales concentradas en el cobro de extorsiones y contrabando. Ante este complejo escenario de seguridad que vive el departamento del Valle del Cauca al que se suma lo recientemente alertado por la defensoría del Pueblo, la gobernadora de ese departamento, Dilian Francisco Toro expuso recientemente en la W que no quiere que haya “otro Catatumbo” en su departamento, haciendo alusión a la crisis humanitaria que se vive actualmente en esa subregión de Norte de Santander por cuenta de la oleada de violencia perpetrada por el ELN y que se ha prolongado por más de dos semanas.   Desde el año pasado, se han implementado estrategias para abordar la consolidación territorial de grupos armados en el suroccidente de Colombia, como la Operación Perseo en el departamento del Cauca. Sin embargo, persisten focos de conflicto que no han sido gestionados de manera efectiva por el Estado en esta región del país. Estos siendo en parte, resultado de la compleja fragmentación de los grupos armados en esta y otras zonas, que generan nuevos escenarios de confrontación armada no previstos y fuera del desarrollo de los diferentes procesos de negociación que se vienen adelantando en el marco de la implementación de la política de paz total. El panorama de seguridad en el suroccidente del país refleja la persistencia y reconfiguración de los actores armados, cuyas disputas por el control territorial pueden generar mayores impactos humanitarios en departamentos como Cauca y Valle del Cauca. La alerta temprana de la Defensoría del Pueblo subraya la urgencia de una respuesta estatal más efectiva que aborde no solo la confrontación entre grupos armados, sino también el impacto de las economías ilegales sobre las comunidades. Si bien se han implementado operativos y acciones para garantizar la seguridad de algunas zonas del departamento del Cauca, la falta de una estrategia integral que combine el control territorial por parte del Estado colombiano con soluciones sociales y económicas pone en riesgo la estabilidad de esta región de Colombia y evidencia los desafíos y grietas que debe enfrentar la política de paz total en este año.           [1] La alerta expone riesgos tales como asesinatos selectivos, confinamientos, desplazamientos forzados, entre otros, así como exposición a hurtos y cobro de extorsiones. [2] Ver https://www.semana.com/nacion/cali/articulo/este-es-el-nuevo-frente-de-las-disidencias-de-las-farc-que-llego-al-norte-del-cauca-es-comandando-por-un-sanguinario-que-asesino-a-varios-cabecillas-para-llegar-al-poder/202400/

Por: Katerin Erazo, Periodista El bloqueo en la vía que conecta Melgar con Bogotá fue levantado por los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, quienes exigían el cumplimiento de los compromisos pactados con el Estado. Tras varios días de manifestaciones, los reincorporados lograron establecer una mesa de trabajo con el Ministerio del Interior, programada para el jueves 6 de febrero, donde esperan obtener respuestas concretas del Gobierno Nacional. La protesta , liderada por el Frente Nacional de Paz, surgió como respuesta a lo que consideran un incumplimiento sistemático de los Acuerdos firmados en La Habana. Según Jairo Bernal, vocero de los manifestantes, las instituciones encargadas de la implementación han puesto trabas que han impedido avances significativos en materia de subsidios y garantías para su reincorporación. “Ya somos 4.000 firmantes afectados, 200 de los cuales estamos aquí y no nos moveremos hasta que nos den soluciones reales”, afirmó en una entrevista radial. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se pronunció a través de su cuenta de X, señalando que ha mantenido comunicación con uno de los voceros de la protesta, conocido como "Donald", y que se han gestionado ayudas humanitarias para los manifestantes mientras esperan la reunión con el Gobierno. Además, aseguró que su administración estará atenta a la evolución de la situación, especialmente en el punto de Boquerón, donde también se reportaron  bloqueos intermitentes en la vía Girardot-Bogotá. El desarrollo de la mesa de trabajo será clave para definir el futuro de esta movilización. Los firmantes de paz buscan que el Gobierno Nacional garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz y establezca soluciones que permitan su plena reincorporación a la vida civil. Mientras tanto, advierten que, si no hay avances concretos, podrían retomar las manifestaciones. Por otro lado, el expresidente Juan Manuel Santos se pronunció recientemente sobre los obstáculos que enfrenta la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC. En una entrevista con el medio de comunicación CNN en español , señaló que, aunque se han registrado avances, persisten dificultades que impiden el cumplimiento total de lo pactado. Su declaración coincide con la protesta que realizaron los firmantes de paz en la vía Melgar-Bogotá, quienes exigen respuestas concretas del Gobierno Nacional. Santos enfatizó la importancia de la articulación entre el Gobierno y las instituciones del Estado para garantizar la reincorporación efectiva de los excombatientes y el desarrollo de las regiones más afectadas por el conflicto. Advirtió que la falta de voluntad política o de acciones concretas podría poner en riesgo los avances logrados en la construcción de la paz.

Por: Redacción Pares En Arauca la tierra es bella pero también es agreste, como su historia. A comienzos de los años sesenta, durante una fallida Reforma Agraria impulsada por el entonces presidente Guillermo León Valencia, llegaron los primeros colonos. Se encontraron con la frustración de no ser el paraíso que esperaban. Pero transformaron el territorio, lo amoldaron a sus necesidades, hoy nadie duda de su belleza, pero tampoco se puede negar sus conflictos. En Arauca es difícil vivir, sobre todo si se es mujer. Por eso, la Fundación Pares, FOIDH ,Civil Rihts Defenders y Meridiano 70 realizarán este jueves 5 de febrero el conversatorio Arauca, la tierra de las mujeres de Bambú, buscando darle visibilidad a las voces que los violentos quieren callar: mujeres lideresas, mujeres lesbianas, mujeres trans, mujeres migrantes que han tenido que sufrir las violencias propias de un territorio históricamente patriarcal. Lejos de doblegarse están más fuertes que nunca, hay resistencia,  para la Filbo en el  año 2023 se realiza el lanzamiento de  Frontera Común,  ejercicio liderado por Civil Rihts Defenders , un libro que recoge testimonios de mujeres en puntos claves de la frontera con Venezuela. Uno de los capítulos se llama La tierra de las mujeres de Bambú , escrito por la investigadora Alexandra D’ Alleman, que recoge las luchas feministas en un territorio golpeado por la guerra y en donde se ha podido sobrevivir gracias a la lucha emprendida por organizaciones sociales.  D’Alleman convivió con distintas organizaciones de sociedad civil en Arauca y en cada relato se siente la fuerza que han tenido que asumir las luchadoras feministas en este departamento. Una frase que puede resumir la belleza del libro puede ser esta: “ Las mujeres somos como esa fibra de bambú : una la puede intentar doblar, romper, pero no se puede, somos así de resilientes”. Al evento asistirán organizaciones, comprometidas con la defensa del medio ambiente, líderes que se han expresado a través de manifestaciones artísticas como la fotografía, el video, la literatura, y se espera poder tener la oportunidad de establecer un diálogo sobre lo que no se habla: las afectaciones que han tenido desde hace más de cincuenta años de conflicto en esta región los cuerpos y las vidas de las mujeres araucanas. Volver a un libro como Frontera Común, en estos momentos en donde el incendio de la guerra se ha prendido en regiones como el Catatumbo, el Valle y el Norte del Cauca, es más que oportuno. En Arauca se respira una calma chicha. Ya se ha visto demasiado para adelantarse a los caprichos de la historia. Si bien siempre es oportuno hablar de la lucha feminista en medio de la guerra, la coyuntura hace que este tema sea obligatorio para todos. A continuación publicaremos el capítulo La tierra de las mujeres de Bambú:

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos Cuarenta y un años después de su muerte Jaime Bateman sigue siendo tendencia en redes sociales. La historia lo ha bendecido: es un inmortal. En el caótico consejo de ministros que por orden del presidente fue televisado en cadena nacional y que nada más en redes sociales fue visto por un millón de personas Petro trajo al líder de la organización a la que perteneció a la mesa, al comparar a Armando Benedetti con Bateman. Inmediatamente el debate estalló y los más jóvenes se preguntaban por este nombre inglés que escondía a un caribeño mamador de gallo, disciplinado y a la vez implacable.   Una de las biografías más completas jamás hechas en Colombia la escribió Dario Villamizar y es sobre Bateman. El samario, nacido en 1940, quería que este país, donde la desigualdad era la norma, pudiera tener más equidad. Apoyó en varios mitines al cura Camilo Torres e incluso terminó dándose trompadas con la policía para proteger a quien su muerte convertiría en uno de los santos de la revolución latinoamericana.  La posiblidad de que un proyecto político de cambio llegara por las urnas se negó cuando el 19 de abril de 1970 le robaron de frente las elecciones a la ANAPO, el partido político creado por el general Rojas Pinilla. Después de un apagón quedó decretado que el ganador era un hijo del establecimiento: Misael Pastrana. Ese desencanto lo llevó a militar las filas de las FARC pero tanto estalinismo lo reventó. Así que en 1975, después de una intensa y creativa campaña de expectativa, en donde aparecía a diario en el Tiempo el anuncio ¿Parásitos? Ya viene M-19,  el grupo apareció dando uno de sus golpes espectaculares y cargados de simbolismo: el robo de la espada de Bolívar.   Los grupos se parecen a sus líderes y Bateman tal vez fue el primer socialbacano de la historia de este país. Gabriel García Márquez, desde la revista Alternativa, secundado por Enrique Santos, escribía panegíricos sobre el nuevo Bolívar. Mientras tanto él no se daba tanta importancia. Aparecía incluso en los viernes represivos de la época de Julio César Turbay y su estatuto de seguridad en lugares como el Goce Pagano, a ir a conversar con Juan Manuel Roca en la barra o alguno de los intelectuales que hacían sus tertulias en medio de la música de Eddie Palmieri o Santos Colón.   Ese aire de invencibilidad, de saber que nunca lo iban a agarrar no se lo dio la violencia sino la bacanería. Como lo recuerda en un perfil escrito hace más de una década en El Espectador Erick Camargo, era su red de amigos, su simpatía, más que un escudo de hombres armados, lo que lo protegía de todo mal y peligro. Es que no fue un bandido, fue un verdadero revolucionario.   Se movía con agilidad a pesar de que a los ocho años en su natal Santa Marta una camioneta lo atropelló. Durante años siguió terapias, incluso lo mandaron a clínicas en Moscú para ver si mejoraba pero siempre tuvo su caminado particular. Era un conversador tan encantador que Fidel Castro lo calificó de “Revolucionario único” después de estar todo un fin de semana con él nadando en Playa Girón. Le sacó chispas al ejército después de realizar la operación Ballena Azul, que consistió en robarle al ejército más de tres mil armas el 31 de octubre de 1978 en pleno Cantón Norte. Nunca pudieron aprovecharlas. El ejército desató a sus perros de guerra y la represión fue brutal, de macana y cachiporra. Muchos inocentes fueron torturados, otros asesinados, traumatizados y desaparecidos.   Otro golpe cargado de simbolismo fue la toma de la Embajada de República Dominicana en Bogotá. El país conoció a comandantes guerrilleros tan carismáticos como alias La Chiqui. Desde ese momento muchos estudiantes y la sociedad en general empezó a sentir la fiebre del EME. La personalidad de Bateman era magnética. Tanto que, cuando llegó a la presidencia Belisario Betancur y su voluntad de paz empezaron a establecerse puentes directos entre la insurgencia y el establecimiento. Se hablaba entonces de “El sancocho nacional”. En el proyecto revolucionario de Bateman cabían todos los estamentos. El 23 de abril de 1983 se concertó una cita en Panamá entre Bateman y el gobierno Betancur. Al líder del M-19 partió hacia su destino a pesar de las condiciones climáticas que le desaconsejaban volar. En la transmisión radial de la avioneta alcanza a escucharse la angustia del piloto. Habló con Panamá hasta que se perdió contacto.   Durante nueve meses se busco en plena selva del Darién la avioneta. El país estaba en vilo. Se llegó a hablar que el sector más radical de las fuerzas armadas estaba en contra del diálogo y de Bateman y que podrían haberlo desaparecido. Todos los rumores se acallaron cuando el 21 de febrero de 1984 encontraron sus restos.   Treinta y ocho años después el sueño de Bateman se haría realidad, uno de sus hombres, Gustavo Petro Urrego, fue elegido por vía democrática presidente de Colombia. Se demostraba que por la vía democrática la lucha también se puede.

Por: Redacción Pares Después de sufrir una de las peores semanas de su gobierno, en donde el aterrizaje de Armando Benedetti, la mala idea de transmitir en directo el Consejo de mInistros, y la cancelación, con pulla incluida, de Residente al concierto que tenía pactado el 2 de marzo, Petro encontró algo de paz gracias a la visita que tuvo del embajador de negocios de los Estados Unidos John Mcnamara, su visita es casi que el empujón que necesitaba Petro para consolidar una buena relación con un gobierno tan opuesto a su ideología como el de Donald Trump. En la agenda, que duró unas cuantas horas, se trató del tema central de esta crisis, la de los migrantes. El presidente le dejó claro la importancia que tendrá la dignidad devuelta a los expulsados.  El cargo de Mcnamara es el del embajador encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Colombia.   Según lo comunicó Petro este jueves 6 de febrero, la relación fue más que cordial. Le entregó un sombrero volteado del Zenú, hablaron de García Márquez y Petro además le mostro uno de los tesoros que tiene el palacio de nariño: las sotanas de Camilo Torres, el guerrillero asesinado en Combate hace casi sesenta años. ¿Por qué son tan importantes estas sotanas?.   Fue a una de sus amigos más cercanas, Leonor Muñoz, a quien Camilo Torres le regaló su sotana. Eran las cinco de la mañana y terminaba 1965. La decisión del sacerdote de dejar los hábitos e irse a luchar al monte estaba tomada. El hombre la sacó de su carro y se la entregó. Era más que una simple sotana, era la ropa de trabajo de una persona convencida de que se podía cambiar el país. Muñoz había conocido a Torres cuando este era el capellán de la facultad de sociología de la Universidad Nacional, cargo en el que duró entre 1959 -recién llegado de haber estudiado en Lovaina, Bélgica- y 1962. Ella era profesora de microbología y cuando podía iba a la misa. Así se conocieron. Se volvieron tan amigos que Torres la visitaba en la casa pero al papá de Leonor no le gustaba que a su casa “entraran hombres con faldas”, así que se la quitaba cada vez que iba. No le importaba, se volvieron muy amigos.   Desde la facultad de sociología Camilo repetía una frase con la que promulgaba el cambio en un país que ya estaba martirizado por la guerra: el amor eficaz. Era seguir a rajatabla lo que dice el evangelio: dale de comer al hambriento, de beber al sediento. Pero su labor pedagógica, de compromiso de defensa con el estudiantado no cayó bien entre sus superiores de la iglesia así que lo echaron. Fue Leonor Muñoz quien lo vio subiendo por la calle 34 con la cabeza baja. Venía llorando. Ella conducía su carro, le pitó y él entró en su auto. Ahí le contó: no podía seguir como sacerdote por orden de sus superiores. Lo pusieron a escoger “O la sotana o la revolución”. Así que dejó su sotana. A Leonor nunca le contó que se iba para la guerrilla. Cuando ella se enteró, como muchos de sus amigos, fue en la prensa. Y de la noche a la mañana se había convertido en la Universidad Nacional.   Sin embargo no fue la sotana que le dio a su amiga Leonor Muñoz la que Petro encontró hace unos días. En su cuenta de X explicó que, según estudios de Medicina Legal, comprobó que tiene en su poder la sotana de quien fue considerado en su momento el sacerdote más famoso del mundo: “Informo al pueblo Colombiano y latinoamericano, a la Iglesia Católica, y a todas y todos los luchadores sociales del mundo, que hemos confirmado científicamente en medicina legal, que la sotana guardada por un obrero desde la década de los sesenta, antes que el sacerdote Camilo Torres Restrepo partiera a la insurgencia del ELN y a su muerte, y entregada a mi, en semanas pasadas por el cuidador, es efectivamente la sotana del padre Camilo Torres Restrepo. Que su memoria viva en el recuerdo del pueblo de Colombia”.   Días antes el presidente había generado una controversia por anunciar su intención de nombrar patrimonio cultural nacional el sombrero de Pizarro, comandante máximo del M-19. Con la sotana de Camilo el incendio se intensificó aún más. Camilo Torres nació en una familia acomodada de Bogotá. Hijo de Isabel Restrepo, quien heredó una fortuna de su padre, Juan de la Cruz Gaviria, empresario paisa quien financió varias campañas militares liberales contra los conservadores durante la guerra de los mil días y del médico Calixto Torres, podría haber elegido cualquier destino de poder pero su vocación por ayudar a los demás lo llevó a ser sacerdote. Dejó súbitamente una vida de universitario rumbero, que tenía ciertas inquietudes sociales, para irse a Chiquinquirá a meterse en el convento de los dominicos. En plena estación de la sabana, su madre, Isabel, alcanzó a detenerlo, se lo llevó a rastras a su casa. Era impensado que en esa casa, en donde primaba la libertad de pensamiento, uno de sus hijos quisiera ponerse una sotana. Isabel había sufrido mucho por las costumbres anquilosadas de la sociedad bogotana. Había tenido el coraje de separarse de su primer esposo, el alemán Kart Werstendorp, con quien tuvo a su primer hija, Gerda, quien, a su vez, se convirtió en la primera mujer en ingresar en una facultad de medicina en Colombia. En el momento en el que Camilo tomó su súbita decisión, su papá Calixto estaba en un congreso de médicos en los Estados Unidos. Cuando llegó a Bogotá pudieron lograr un acuerdo. Camilo no se iría con los dominicos. Esta orden era famosa por sus condiciones de renuncia extrema, su radicalismo místico. Consiguieron un término medio: que se fuera al seminario del Chicó, una construcción de ladrillos rojos y amplios jardines que hoy sigue sorprendiendo a la gente que transita por la séptima a la altura del Chicó.   Su biógrafo, Walter Broderick, contaba que al principio le costaba horrores acostumbrarse a la sotana. No podía cerrar la interminable hilera de botones y por eso el cuello romano le quedaba torcido. Además se le enredaban las piernas en las faldas de paño negro “Y todo movimiento, aún el más sencillo, se le hacía complicado”. Se asombraba ver a sus compañeros con más experiencia en el seminario ver como podían correr, jugar fútbol con la sotana cuando él ni siquiera se podía mover.   En una semana ya la dominaba pero empezó una desazón que lo carcomía. El seminario era un búnker a donde las noticias y la actualidad no llegaban. Incluso ni se enteraron de la tarde aciaga donde fue asesinado Jorge Eliecer Gaitán. Adentro se hizo cercano de otro seminarista, Gustavo Pérez, con quien inició un círculo de estudio. Así, medio de manera clandestina, le sacaron tiempo a sus días para la lectura de la Rerum Novarum, la encíclica escrita por el papa León XIII a finales del siglo XIX. Era el comienzo de una actividad subversiva. Poco a poco se acercaban a ensayistas católicos expertos en materia socioeconómica. Cuando terminó sus estudios en el seminario, en 1952, sus padres querían que siguiera estudiando. Por eso estuvieron de acuerdo con que se fuera a Lovaina, en Bélgica, a estudiar sociología. Cuando regresó, en 1959, quiso estar cerca de los estudiantes de la Universidad Nacional y allí su pensamiento se transformó y se convirtió en uno de los íconos revolucionarios de Latinoamérica. Su sacrificio, que está a punto de cumplir sesenta años, sigue siendo analizado y a veces no comprendido. Son otros tiempos y la elección de tomar las armas para cambiar un destino ya luce anacrónico. Pero a Camilo Torres todos los caminos se los cerraron. El intento del presidente de mantener viva su imagen podría acercar a muchos jóvenes a un legado que debe perdurar: el de la lucha por una sociedad más igualitaria. La lucha por el amor eficaz no se debe apagar jamás.

Por: Redacción Pares Desde el 7 de agosto del 2010 la enemistad entre Alvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos es la más profunda e intensa que ha vivido la política colombiana en este siglo. Para Uribe, Santos llegó a la presidencia ese año gracias a sus votos. Santos quiso gobernar de manera independiente, logró sentar en una mesa de negociación a las FARC, conseguir la paz con ese grupo insurgente y además mantener relaciones cordiales con Hugo Chávez hasta su muerte en marzo del 2013. En los ocho años que duró gobernando Santos Uribe fue su némesis, su más fiel contradictor. Propuso una narrativa para desprestigiarlo, la de castrochavista.   Este 10 de febrero Alvaro Uribe asistió por primera vez de manera presencial a los juzgados de Paloquemao en Bogotá a presentar su defensa por el juicio que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno. Un día antes el ex presidente Juan Manuel Santos grabó un video en donde respondió los recientes ataques que le ha hecho Uribe en un intento, segun Santos, de desviar la atención sobre el juicio que se le sigue “Todos entendemos la presión y el desespero que debe estar sintiendo por sus problemas con la justicia y espero que pueda salir bien librado con semejante lío.  Pero le ruego que no pretenda desviar la atención de su caso buscando peleas con calumnias y ataques infundados. Esa conocida estrategia no le va a servir y le hace un gran daño al país”   Uribe, a través de su red social más usada, X, respondió y usó uno de los nuevos adjetivos, acuñado por él mismo, con el que intenta desprestigiar a sus enemigos: el petrosantismo. “Este cínico de Santos, componente solapado del petrosantismo”. En los últimos días se le ha visto al expresidente de gira por el país. Estuvo en Valledupar donde se dejó ver en pantaloneta de baño mientras disfrutaba del río Guatapuría. Muchos se preguntaban ¿Por qué no podía asistir a su juicio de manera presencial y si poder estar en otros lugares del país?. Después de esto Uribe extendió aún más el insulto contra Santos   Tapó el asesinato de Álvaro Gómez. Se hizo perdonar el golpe de Estado que intentó dar con paramilitares y guerrillas. Coordinó la entrega de dineros de Odebrecht a su campaña. No quiso llevar al Congreso la ratificación del segundo Plan Colombia que él había empezado a negociar como ministro. Nos engañó posando como el gran enemigo del castrochavismo, después los utilizó para entregar el país a la Farc. Entregó a Colombia con 220 mil hectáreas de coca, cuando en 2012 había máximo 48 mil. Compró congresistas con los dineros corruptos (mermelada). Contrató al abogado Reyes, quien llegó a la Corte a ponerme preso. Quebró el orden constitucional con figuras como el  fast track,  el desconocimiento del plebiscito, etc.”   Uribe llegó a los juzgados de Paloquemao sobre las ocho de la mañana. La defensa de Uribe en cabeza del penalista Jaime Granados afirmó que lo que ha hecho la Fiscalía es “tergiversar los hechos”.   La noticia se encuentra en pleno desarrollo.

Por: Redacción Pares Ni la guerra ni el miedo cesan en el Catatumbo. El lunes 10 de febrero fue asesinado, en plena plaza central de Tibú fue asesinado un vendedor ambulante. En el barrio Villa Paz de esa ciudad fueron asesinadas otras dos personas. Según France 24, al 9 de febrero, los muertos en el Catatumbo habían aumentado a 56 y los desplazados a más de 54 mil. Los diálogos con el ELN, principal victimario en este hecho de violencia, están rotos. En el pasado fin de semana Gustavo Petro denunció que el cartel mexicano de Sinaloa es el jefe del ELN.   Y, a pesar de esto, aún continúa la esperanza. Según explicó Laura Cáceres Niño, secretaria de educación de Norte de Santander, ha presentado un balance de cómo los niños, gradualmente, están regresando a clases a pesar del ruido de los fusiles. El Catatumbo tiene 954 sedes educativas. De ellas 903 ya están prestando el servicio, 796 en modalidad presencial, 89 en virtualidad, 18 con trabajo híbrido. Los problemas de orden público mantienen cerradas a 51 escuelas. A pesar de esto no queda otro camino que aplaudir la valentía y decisión de profesores y estudiantes en el Catatumbo. Desde el pasado 16 de enero la región se encuentra en una angustiante situación después de que 4.000 hombres del ELN, la mayoría de ellos que llegaron desde Arauca, iniciaron una ofensiva contra el Frente 33 de las antiguas FARC que operan en ese lugar del país, estratégico por su posición geógrafica -es un corredor con Venezuela- Esto dejó, además, el asesinato de siete firmantes de paz que vivían en esta zona y la salida abrupta de centenares de ellos. La mayoría de las personas desplazadas del Catatumbo han arribado a la capital del departamento, Cúcuta.   En este momento se están atendiendo a 45.207 niños de los siguientes municipios: Convención, Hacarí, El Tarra, San Calixto, Teorama, Tibú, El Carmen, La Playa, Abrego y Sardinata. El gobierno ha repartido kits escolares y se espera que en los próximos días puedan regresar más niños a las clases. En el Catatumbo se espera que el Estado pueda recuperar su hegemonía y quitarles el territorio a los grupos armados. Mientras tanto Naciones Unidas anunció la asignación de 3.8 millones de dólares del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia. Estos recursos no irían sólo para las 77 mil personas que han sido afectadas, la mayoría de ellas han tenido que dejar todo para huir de la arremetida del ELN, sino que también llegarán a las más de 22 mil personas que siguen confinadas en la zona del conflicto.   La población aún guarda la esperanza de que el gobierno y el ELN puedan sentarse de nuevo, en futuro cercano, en una mesa de negociación.