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Por: Redacción Pares En la librería Lerner de la calle 93 y ante un escenario lleno, León Valencia y Laura Bonilla, los líderes de la investigación sobre el balance de los primeros dos años de la Paz Total, el programa bandera del gobierno Petro, presentaron el libro ¿Plomo es lo que viene?, escrito por investigadores de la fundación Paz y Reconciliación como Francisco Daza, Isaac Morales, Nicolás León, Mauricio Valencia, Paola Marín, entre otros, y publicado bajo el sello editorian Random House.   La moderadora fue la periodista Camila Zuluaga. En el ambiente de la conversación flotó el fantasma de una oportunidad perdida. León Valencia contó que, a comienzos de las negociaciones de paz viajó a La Habana porque quería ver en las caras de los delegados del ELN sus verdaderas intenciones y había voluntad. Valencia y su grupo la Corriente de Renovación Socialista, hicieron la paz con el gobierno en 1993 y se convirtió en la última facción del ELN en hacerla. Así que de negociaciones el politólogo sabe.   “Se tenía una oportunidad única, la de hacer la paz con el primer gobierno de izquierda elegido democráticamente. Pero el ELN se maneja a veces con los principios de una secta y cuando hay fanatismo es muy dificil ser racional”. Afirmó Valencia quien recalcó que el modelo y los objetivos de la guerra de estos grupos, tanto los de las disidencias FARC como el ELN está lejos de ser los que alguna vez enarbolaron en los años ochenta y noventa los grandes grupos insurgentes “El objetivo de ellos no es tomarse Bogotá, cercar la capital como alguna vez lo hizo el Mono Jojoy. Ellos lo que buscan es resistir en pequeños territorios”. Laura Bonilla a su vez afirmó que según lo que se ha podido comprobar desde el tanque de pensamiento de Paz y Reconciliación es que el nivel de crecimiento del ELN y de los otros grupos armados es el mismo sin o con negociación. “Aún no hemos podido entender como Gentil Duarte, quien se fue al monte en el 2016 con 20 hombres y armas de corto alcance, aparece después del gobierno de Iván Duque con un ejército y armado hasta los dientes ¿Quién los financió? ¿Cómo hicieron?” La investigadora además pidió a la sociedad estar preparada para lo que se viene sobre todo en el 2026 “La Fuerza Pública, siempre en el contexto de los derechos humanos, debe recuperar otra vez el territorio”.   Uno de los problemas que tuvo Petro a la hora de negociar fue, para León Valencia “ir a ofrecerle a los grupos armados”. Si las FARC se sentaron a negociar con el gobierno de Santos fue porque Uribe, militarmente y con recursos norteamericanos provenientes del Plan Colombia, les dio duro. Igual Valencia y a pesar de que el libro se escribió mucho antes de la ofensiva del ELN en el Catatumbo que está generando una crisis humanitaria que afecta a 77 mil personas, es optimista. “Se han bajado los indicadores de violencia y hoy en día es abrumadora la diferencia entre efectivos del ejército y los grupos ilegales”. Para Bonilla se debe hacer una reestructuración de las Fuerzas Armadas y sacar a la policía del ministerio de defensa “La violencia se está generando es por los enfrentamientos entre los grupos ilegales, no hay ataques a la fuerza del Estado. Será un reto para las Fuerzas Armadas saber como se mete en ese conflicto sin generar alteraciones entre la población”.   La conversación, que duró noventa minutos, terminó entre aplausos y con una larga fila de lectores que buscaban que sus autores estamparan sus firmas en la primera hoja en blanca del libro. Lo que llamó la atención es que la mayoría del público eran jóvenes menores de 30 años.

Por: Paola Andrea Marín Molano El pasado 3 de febrero, se dio conocer la reanudación de la mesa de diálogo socio jurídico, con el grupo armado más grande del país, el Ejército Gaitanista de Colombia o mejor conocido como el Clan del Golfo. Aunque la negociación no ha podido salir de un estado “gestacional”, tras puntos críticos como el Paro Armado del 2022 [1] , protagonizado por este grupo, o el bombardeo ejecutado por las FFMM en el municipio de Cáceres (Antioquia) en el cual fueron dados de baja cuatro integrantes de este grupo [2] . Desde pues casi dos años de la suspensión del cese al fuego con este grupo en marzo del 2023, pareciese que este nuevo espacio de negociación podría oxigenar la política de Paz Total, la cual, no salió bien librada tras el Consejo de Ministros en donde el ministro de Defensa y la ministra de Justicia, hicieron hincapié en la necesidad de replantear esta política expresando la dificultad de su implementación. ¿Por qué es importante negociar con el Clan del Golfo? Para el año 2024, de acuerdo con el monitoreo de presencia armada realizado por PARES [3] , se identificó que este grupo tenía presencia en 316 municipios, distribuidos en 24 departamentos del país. En comparación con el 2023, en donde se registró presencia en 270 municipios, este aumento en un 17%. Es decir, es uno de los grupos con más capacidad de expansión, teniendo en cuenta que grupos como el ELN, aumento su presencia en un 7%, o el EMC antes de las rupturas en su interior  tenía un porcentaje de crecimiento del 25%, con relación al mismo periodo. Su capacidad de expansión responde, en gran medida a su consolidación como un “holding criminal”, debido a que su estructura delictiva podría compararse a un holding empresarial. En donde sus actividades no solo son dirigidas al control de rentas ilícitas, sino que responden a una diversificación, gestionada y coordinada con diversos grupos delincuenciales, los cuales actúan en un nivel de “subcontratación”. Sin embargo, en regiones como el Caribe Colombiano, ya no actúan a través de la “subcontratación” con otros grupos, sino a través de la participación directa en las fases criminales o a través de alianzas estratégicas. Frente a este punto, autores como Reynell Badillo y Luis Fernando Trejos, han logrado caracterizar forma de operar en esta región. [1] La experiencia y trayecto de sus mandos, muchos pertenecientes a grupos como las AUC o reductos de grupos paramilitares, les ha permitido arraigarse territorialmente, infiltrando diferentes niveles el orden institucional, generando articulaciones con sectores políticos y gobiernos locales, como ocurre en subregiones como el Bajo Cauca Antioqueño y el Sur de Córdoba en donde, por ejemplo, se ha reportado financiación a campañas de alcaldías y alianzas con diversos sectores políticos. [2] De igual forma, su “portafolio de economías ilegales es variado. Este va desde el control de la comercialización de medicamentos, madera, licor, minería ilegal, lavado de activos, extorsión, el secuestro y el trafico de migrantes, las cuales se regulan a través de la amenaza del uso de la violencia o la violencia en sí misma. De ahí, que el jefe negociador de gobierno, Álvaro Jiménez, resalte que en el marco del dialogo socio jurídico, se trabajaran temas relacionados con el sometimiento a la justicia y la salida de las economías ilegales, como el narcotráfico, la minería, y el tráfico de personas migrantes y el control de las rutas en el Darién siendo este último, crucial, teniendo en cuenta el contexto de migración y la inasistencia y acción contestaría frente a la población migrante por parte del gobierno de Donald Trump. Así, dejar a este actor fuera de la política de paz total, ha traído una serie de obstáculos, especialmente en lo que respecta, a la dispersión de la disputa territorial con otras organizaciones armadas, lo cual ha dejado un grave impacto humanitario en zonas de confrontación, tales como la cuenca media del Rio San Juan en Chocó, que por más de 3 años se ha visto afectada por paros armados, la mayoría decretados por el ELN, desplazamientos forzados y confinamientos; o más recientemente en la zona minera de la Serranía de San Lucas, el Alto Caribona y El Guamocó en municipios como   Cantagallo, Santa Rosa del Sur y Montecristo; en el Sur de Bolívar, donde desde mitad del 2024, no cesan las acciones armadas por parte del Clan del Golfo, el ELN y el EMBF, o Estado Mayor de los Bloques, facción disidente liderada por “Calarcá”  ¿Qué esperar de este escenario de dialogo? Dado el contexto actual y el tiempo restante del gobierno, el escenario de diálogo con el Clan del Golfo no podrá materializarse en un proceso de desmantelamiento oficial de sus estructuras. Sin embargo, lo que sí es posible es la configuración de un espacio de concertación territorial, donde se avance en acuerdos parciales que mitiguen la violencia en zonas de alta conflictividad. En este sentido, el gobierno podría enfocar sus esfuerzos en fortalecer mecanismos de diálogo regionales, con participación de comunidades, organizaciones sociales y gobiernos locales, lo que permitiría una aproximación más pragmática a la reducción de las hostilidades y al control de la expansión territorial del grupo. Esto no solo facilitaría la creación de condiciones para una eventual desmovilización, sino que también permitiría evaluar con mayor precisión la capacidad del Clan del Golfo para cumplir compromisos y generar confianza en el proceso. Claro que, para este punto, será crucial tener el panorama claro de quienes serán los jefes negociadores, teniendo en cuenta el arraigo y la capacidad de acción de sus líderes regionales. Además, el seguimiento al cese al fuego y a los mecanismos de verificación será fundamental para darle credibilidad a este esfuerzo. Sobre todo, cuando los escenarios de ruptura del cese al fuego se han dado en el marco de los paros armados, como el del Bajo Cauca. La experiencia de los últimos intentos de tregua con el Clan del Golfo ha demostrado que, sin un monitoreo riguroso, la suspensión de acciones armadas puede convertirse en una estrategia del grupo para reorganizarse y expandirse territorialmente. En este sentido, la veeduría y la participación de organizaciones de derechos humanos y el uso de herramientas tecnológicas para la supervisión del terreno, como las que se esperaban realizar en el marco de la georeferenciación de los diálogos regionales con las disidencias de “Calarcá”, serán clave para evaluar la implementación real de los acuerdos y evitar que se repita la falta de control observada en experiencias previas. Finalmente, este escenario de diálogo debe considerar que la transformación del Clan del Golfo no puede abordarse únicamente desde un enfoque jurídico o militar, sino que requiere una comprensión de sus dinámicas económicas y sociales. Su arraigo en las economías ilegales y sus conexiones con actores políticos y empresariales demandan un enfoque integral que no solo contemple mecanismos de sometimiento a la justicia, sino también estrategias para el desmantelamiento de sus redes financieras y la recuperación del control estatal en los territorios que domina. Así, aunque en los próximos 18 meses no se logre una desmovilización definitiva, sí es posible establecer un modelo de intervención territorial que siente las bases para un proceso de paz más estructurado, evitando que el Clan del Golfo siga operando como el actor armado con mayor influencia en el país. [1] Ver: https://www.elespectador.com/judicial/clan-del-golfo-que-hubo-detras-del-paro-armado/ [2] Ver: https://www.swissinfo.ch/spa/cuatro-muertos-en-primer-bombardeo-de-petro-contra-clan-del-golfo-en-colombia/88560395 [3] Ver: https://www.pares.com.co/plomo-es-lo-que-viene [4]  Ver: https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-de-la-paz/las-gobernanzas-armadas-del-caribe-colombiano/ [5]  Ver: https://cambiocolombia.com/puntos-de-vista/el-alcalde-que-financio-al-clan-del-golfo

Por: Redacción Pares La frontera entre Colombia y Venezuela es larga y porosa. Es dificil, en algunos puntos, afirmar donde está una demarcación limítrofe. Se han venido instalando versiones que comprobarían la supuesta protección que brinda el gobierno de Venezuela a los líderes del ELN. Se dice que alias Pablito vive y controla el estado Apure, que incluso se habría usado Venezuela para trasladar cuatro mil hombres, desde Arauca, para iniciar la ofensiva en el Catatumbo que hoy deja a más de 70 mil personas damnificadas. Incluso se habla de inteferencia en elecciones, de presiones al electorado por parte del ELN para apoyar a candidatos chavistas Estas versiones ponen en entredicho al gobierno de Maduro que viene siendo el garante de las conversaciones de paz entre el gobierno y el ELN. Lo que es inobjetable es que hay evidencia de que esta guerrilla se ha transformado en una agrupación binacional.   En Cúcuta, por poner un ejemplo, el ELN controlaba, hasta la apertura de la frontera en septiembre del 2022, los pasos fronterizos, las trochas por donde se sigue realizando buena parte del contrabando entre los dos países. De acuerdo con Insight Crime hasta el 2023 el ELN tenía, en territorio venezolano, 1000 hombres en armas.   Lo cierto es que el gobierno de Maduro cada vez se siente más incómodo con que lo asocien con el ELN. Desde el 2023, cuando el presidente aún era el demócrata Joe Biden, los chavistas se han intentado desmarcar con el ELN. Desde abril de ese año se tienen pruebas de que el ejército venezolano ha realizado actividades conjuntas con el colombiano para combatir al ELN. Por eso jefes de la guerrilla ya no se sienten tan cómodos en Caracas y antes de que se rompieran definitivamente las negociaciones venían pidiendo un cambio de sede.   Pero el peor golpe que le propinó el gobierno venezolano al ELN y sobre todo a Antonio García, jefe del Comando Central, ocurriría en marzo del 2023. Fue en Lagunillas, estado Mérida. Allí se reportó que la Guardia Venezolana había asesinado “a cuatro integrantes de un grupo irregular”. Uno de ellos era hijo del comandante guerrillero. Fue el hijo de una mujer que conoció en el municipio de Pamplona en 1979. Era una estudiante de odontología que lo dejó todo para irse con Antonio García al monte. Entre campamento y campamento tienen un hijo. Están con él en la selva hasta que el niño cumple 12 años. A esa edad lo sacan del área de conflicto e intentan darle, a distancia, una vida normal. Pero el hijo de Antonio García igual terminó enrolado con grupos al margen de la ley.   La guardia venezolana venía siguiendo al grupo al que pertenecía desde febrero del 2023. Los identificaron como los Tancol, siglas que traducen “Terroristas, Armados, Narcotraficantes colombianos”. Un mes duraron tras la pista hasta que los abatieron. En el lugar encontraron un caudal de material de guerra.   Con esta muerte la confianza del líder guerrillero y del COCE en el gobierno venezolano terminó por resquebrajarse. Ahora, que el presidente es Donald Trump y las exigencias del gobierno norteamericano con los gobiernos para combatir el terrorismo, harán que la brecha entre el ELN y el gobierno venezolano sean aún más profundas.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Valle del Cauca enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes debido al fortalecimiento de grupos armados ilegales que han extendido su dominio en varias regiones del departamento. La Defensoría del Pueblo ha emitido múltiples alertas tempranas para advertir sobre la grave situación, la más reciente fechada el 28 de enero de 2025, en la que se señala una disputa territorial entre facciones disidentes de las FARC en los municipios de Florida y Pradera. El enfrentamiento involucra al Frente Adán Izquierdo y al Frente Dagoberto Ramos, que operan en la región, contra el Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, una estructura naciente que desde 2023 busca expandirse en la cordillera central, abarcando no solo el Valle del Cauca sino también el norte del Cauca. Esta pugna ha generado desplazamientos forzados, asesinatos de campesinos y líderes indígenas, además del reclutamiento de menores de edad. Según datos del Ejército Nacional, en el último año se ha logrado rescatar a 34 niños y adolescentes de estos grupos armados, siendo el caso más reciente el de un joven que logró escapar del Frente 57 y se entregó voluntariamente con armamento y equipos de comunicación. La situación en Florida y Pradera no es un caso aislado. En casi todo el departamento hay presencia de estructuras ilegales que buscan el control de economías ilícitas, recurriendo a extorsión, homicidios selectivos y restricciones a la movilidad de la población. Municipios como Cartago, Ansermanuevo y El Águila se encuentran bajo alerta de ‘Inminencia’ debido a la disputa entre el grupo criminal ‘Los Flacos’ y otras organizaciones ligadas al narcotráfico, lo que ha derivado en un incremento de atentados y asesinatos. Por su parte, en Dagua y Buenaventura, la situación también es crítica. Allí, la Columna Móvil Jaime Martínez, una disidencia de las FARC, mantiene enfrentamientos con la Fuerza Pública, desatando una ola de violencia que afecta a la población civil. En la zona limítrofe entre Valle y Chocó, el Clan del Golfo y el ELN protagonizan una disputa territorial que ha intensificado la crisis humanitaria en la región. El analista y exconsejero de paz, Fabio Cardozo, atribuye este panorama al incumplimiento en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Para él, la falta de apoyo gubernamental llevó a que muchos excombatientes volvieran a tomar las armas, pero esta vez con un enfoque más ligado a la explotación de economías ilícitas como la extorsión y el narcotráfico. Las autoridades locales han manifestado su preocupación ante la escalada del conflicto. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reconoció que la expansión de estos grupos ha sobrepasado las previsiones de seguridad, como ocurrió recientemente en Riofrío, donde se encontraron motos-bomba cerca de una institución educativa. La mandataria ha solicitado mayor respaldo del Gobierno Nacional para fortalecer la capacidad operativa del Ejército y la Policía, enfatizando la necesidad de más helicópteros y recursos para combatir la minería ilegal, una de las principales fuentes de financiación de estos grupos. Ante esta crisis, el Ejército ha anunciado la instalación de un nuevo batallón en el corredor entre Sevilla y Bugalagrande, así como la habilitación de un batallón de alta montaña en Tuluá, con el objetivo de frenar la expansión de los grupos armados y recuperar la seguridad en la región. No obstante, la incertidumbre sigue latente entre la población, que día a día enfrenta los estragos de un conflicto que parece lejos de resolverse.

Por: Redacción Pares  Con la crisis humanitaria del Catatumbo y las que están estallando en Chocó, el Bajo Cauca y el norte del Cauca, no hay dudas que la Paz Total está en cuidados intensivos. En Buenaventura, aunque los Shottas renovaron hace una semana sus intenciones de paz, la calma es tensa y en lo que va del 2025 ya se han registrado 17 muertos. En el Valle de Aburrá si se ha visto un histórico descenso de homicidios que no se veía desde los años de Pablo Escobar.     Pero el tronco de la negociación, lo más importante, es lograr la paz con el ELN. Desde el pasado 3 de agosto del 2024, cuando no se renovó el cese al fuego, la confrontación se ha puesto color de hormiga. La movilización de 4 mil hombres desde Arauca hasta el Catatumbo, generó una crisis humanitaria que no se veía en esa región desde la época paramilitar. Otra de las razones de la ruptura con el Comando Central del ELN fue la posición del actual Comisionado de Paz, Otty Patiño, de darle la oportunidad al grupo Comandos del Sur de Nariño, que es una escisión del ELN, de sentarse a la mesa de negociación. Con otro de los grupos con los que se estaba negociando era con Comandos de Frontera, una de las disidencias de las FARC. Justamente en la noche del miercoles 12 de febrero se anunciaría el final del tercer ciclo de negociación con la  Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una estructura disidente  de la organización criminal  Segunda Marquetalia. en un auditorio del Hotel Marriot. Pero hubo un inconveniente.    Trece hombres del CTI irrumpieron en el auditorio del Hotel Marriot Courtyard de Bogotá. A pesar de tener suspendida su orden de captura por ser negociador de Comandos Frontera, el CTI hizo efectiva una circular roja de la Interpol que justificaría la decisión de la Fiscalía de detener al cabecilla Geovanny Andrés Rojas, alias La Araña. Otty Patiño, quien estaba en el evento, habló de entrampamiento, una palabra que no se escuchaba desde la época en que el entonces Fiscal Nestor Humberto Martínez ordenó la detención de Jesús Santrich.     La explicación que dio el CTI sobre esta decisión fue la siguiente: “En atención a una notificación roja de Interpol, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), equipo de apoyo transnacional SIU,  retuvieron en Bogotá a Geovany Andrés Rojas, quien es requerido por una Corte del Distrito Sur de California (Estados Unidos) por cargos relacionados con tráfico de estupefacientes.  La solicitud precisa que esta persona, en su condición de cabecilla del grupo autodenominado Comandos de la Frontera, estaría involucrada en posible envío reciente de cocaína a los Estados Unidos”.    La palabra clave que tiene este comunicado es la de “reciente” ya que esto podría enredarle su situación y poner de paso en cuidados intensivos la ya golpeada Paz Total. Walter Mendoza, jefe de la delegación de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, afirmó que esto constituía un golpe mortal a los diálogos de paz con esa estructura. Si se llega a comprobar que alias La Araña del Comando Fronteras estaba delinquiendo recientemente, nada lo salvaría de pagar por este delito.

Por: Katerin Erazo, Periodista  El tercer ciclo de negociaciones  entre el Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano concluyó con avances clave en el proceso de sometimiento de este grupo armado. Durante la jornada, ambas delegaciones acordaron fortalecer el plan de sustitución de cultivos ilícitos en Nariño, una iniciativa que, aunque fue pactada en diciembre, sigue en fase de articulación con las comunidades.  Además, se establecieron garantías de seguridad para el desarrollo del proceso y se definió la creación de subcomisiones que abordarán los obstáculos jurídicos que enfrentan estas conversaciones. Uno de los principales desafíos es que los integrantes de este grupo, conformado por excombatientes de las FARC que desertaron tras la firma del Acuerdo de Paz, no pueden acogerse a los beneficios de la justicia transicional.  Ante esta realidad, el jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, aseguró que la búsqueda de una solución jurídica para el sometimiento deberá seguir un camino sociopolítico, lo que podría incluir un eventual cese al fuego. En este sentido, no descartó la posibilidad de emplear mecanismos de la Ley de Justicia y Paz, aunque enfatizó que para ello sería necesario un ajuste legislativo que amplíe el marco normativo actual.  Sobre la posibilidad de una tregua, se estableció la conformación de una comisión técnica que tendrá la tarea de diseñar los protocolos para un eventual cese al fuego bilateral. Walter Mendoza, delegado de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, manifestó que el grupo está dispuesto a avanzar en un tránsito de la lucha armada a la política, siempre que existan garantías jurídicas para su proceso. Sin embargo, evitó confirmar si ese paso se daría antes de 2026.  Este grupo insurgente, que surgió tras la fragmentación de la Segunda Marquetalia, está integrado por estructuras como la ‘Coordinadora Guerrillera del Pacífico’ y los ‘Comandos de la Frontera’. Mientras los primeros operan en Nariño y Cauca y tienen antecedentes con el Frente 29 de las antiguas FARC, los segundos surgieron de una alianza entre disidencias y actores ligados al narcotráfico en el Putumayo. Ambas estructuras rompieron con la Segunda Marquetalia en noviembre pasado, anunciando su intención de continuar negociaciones con el Gobierno.  Con el respaldo de la comunidad internacional, las negociaciones avanzan en medio de múltiples desafíos. Aunque las partes han manifestado voluntad de diálogo, el éxito del proceso dependerá de la capacidad de encontrar mecanismos jurídicos viables y de la implementación de acuerdos que respondan a las demandas de las comunidades afectadas por la violencia en las regiones donde opera este grupo armado.  Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Seguridad y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), señaló que uno de los principales desafíos jurídicos en el proceso de sometimiento de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano radica en la reincidencia de sus integrantes en la lucha armada. Al haber firmado el Acuerdo de Paz de 2016 y posteriormente retomado las armas, estos excombatientes quedaron excluidos de los beneficios de la justicia transicional y están sujetos a la justicia ordinaria.   Según Marín, uno de los mayores retos en estos procesos es la falta de una base jurídica sólida que defina con claridad la metodología para su sometimiento. Aunque se han planteado rutas y mecanismos legales, aún no existe un marco definitivo que respalde el proceso de manera estructurada.  En cuanto al papel de la Ley de Justicia y Paz, Marín explicó que esta norma constituye un referente fundamental para los procesos de sometimiento, al igual que la justicia transicional a cargo de la JEP, la cual se basa en parte en este marco legal. No obstante, advirtió que los tiempos legislativos para ajustar la normativa dentro del actual gobierno son limitados, lo que dificultaría su aprobación en el Congreso. Esta situación no solo afecta las negociaciones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, sino también otros diálogos en curso con distintos grupos armados.  Respecto a la implementación de un cese al fuego, la investigadora destacó que uno de los mayores desafíos es la georreferenciación y ubicación precisa de las tropas de los grupos negociadores. La falta de claridad en este aspecto ha derivado en enfrentamientos entre organizaciones armadas y ha limitado la capacidad de acción del Ejército en situaciones humanitarias. Para que un eventual cese al fuego sea efectivo, será necesario establecer nuevas estrategias que permitan al Ejército proteger a la población civil y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento de los acuerdos. En este sentido, el mecanismo de verificación, junto con organizaciones nacionales e internacionales, jugaría un papel clave en la supervisión y reducción de los niveles de violencia contra la sociedad civil.  Por otro lado, Marín enfatizó la importancia de reconocer el rol de las organizaciones y comunidades en los territorios afectados por el conflicto. Durante años, estas han tenido que negociar y mediar con los grupos armados como parte de su estrategia de supervivencia. En regiones como Nariño y Cauca, organizaciones como el CRIC han desempeñado un papel fundamental en la exigencia del cumplimiento de acuerdos territoriales.   En este contexto, además de garantizar un espacio de participación para estas organizaciones, es crucial que existan mecanismos de protección para sus integrantes. Esto es especialmente relevante en departamentos como el Cauca, donde numerosos líderes del CRIC han sido víctimas de violencia en los últimos años.

Por: Redacción Pares  En una carta dirigida al Alto Comisionado Otty Patiño, Hebert Veloza, excomandante del Bloque Calima de las AUC, renunció a su cargo como gestor de paz. En la carta HH afirmó que ese cargo no aporta acciones adicionales a su compromiso con la verdad. Eso sí, afirmó que sigue en su lucha por dar la verdad de el horror que él generó.    Porque pocos comandantes paramilitares fueron tan crueles como él.  José Ever Veloza en este momento tiene 56 años. Es tolimense pero trabajó como raspachín en el Guaviare. Fue de esos paras que primero militaron en las FARC. Ejerció varios oficios entre los que se cuentan el de taxista. En 1994 aterriza en Turbo. Entra a las AUC por cuenta de Vicente Castaño. Sufre atentados por parte de las FARC. Muestra la rudeza que pedían los paramilitares. En 1996 lo ascienden y es comandante del Bloque Bananeros. Su labor fue la de “limpiar” el Urabá de comunistas, de guerrilleros, siempre con la ayuda de la fuerza pública como él mismo ha confesado en las audiencias que ha dado en Justicia y Paz. El resultado son las más de 1.200 muertes que provocó, muchos asesinados directamente de su mano. Ese nivel de frialdad, de determinación a la hora de matar hizo que Vicente Castaño, después de ver lo que podía ser capaz de hacer en Urabá, le encomendó la misión de apropiarse, con el Bloque Calima, del Puerto de Buenaventura. Lo que generó cuando llegó, en el año 2000, es la misma guerra que aun se ve y se traduce en la disputa territorial de bandas como los Shottas y los Espartanos. Allí hizo una fortuna cobrando cincuenta dólares por kilo.    Con el Bloque Calima H.H dejó estelas de horror como la que produjo la masacre del Naya en donde, entre el 10 y el 12 de abril del 2001, asesinaron a 27 personas. Algunas de las víctimas fueron niños. Veloza se desmovilizó con 452 de sus hombres. En las audiencias de Justicia y Paz ha sido uno de los comandantes paramilitares que ha estado más dispuesto a contar la verdad. Su testimonio será fundamental para conocer hasta el fondo la verdad de lo que sucedió con Chiquita Brands y su apoyo a grupos paramilitares en Colombia, un caso del que muchos quieren que no se sepa nada.    En su momento la decisión del presidente Petro de nombrarlo gestor de paz le trajo una tormenta política. Otros comandantes, culpables de atrocidades parecidas como Salvatore Mancuso, también consiguieron beneficios a partir de su decisión de trabajar como gestor de paz. Las razones que esgrime HH pone en entredicho la utilidad de un cargo al que aún no se le ha evaluado bien la eficacia de sus funciones.

Por: Iván Gallo  - Editor de Contenido No hay nada que celebrar. Más de 70 mil personas han sido afectadas en el Catatumbo en el último mes. En el Chocó y el Bajo Cauca las crisis están a punto de estallar. La prensa nacional lo pone en sus titulares: la Paz Total ha fracasado. Ha quedado instalado en el inconsciente colectivo la sensación de que nunca hemos estado peor. Y si. Si que hemos estado peor. En los años noventa las FARC estuvieron a punto de tomarse el país.    Encuentro un titular de una colección de revistas Semana viejas: “Bogotá sitiada”. La revista es de octubre de 1996. En el subtitulo se dan detalles de la situación: “ Más de 1.200 guerrilleros de una docena de frentes asoman por los cerros de la capital del país, en desarrollo de un aterrador plan estratégico”. Entre julio y septiembre de ese año la guerrilla realizó, en las goteras de la capital, 18 ataques. El saldo fue de 17 uniformados muertos y 22 heridos. En 1994 se realizó la toma al municipio de la Calera y en 1995 se contaron 42 ataques en zonas aledañas a Bogotá. El cerco se iba cerrando.     El presidente era Ernesto Samper. Hacía maromas para poder sobrellevar su gobierno después de que su rival, Andrés Pastrana, revelara, después de perder las elecciones, que el candidato liberal había sido financiado por el Cartel de Cali. Llegaron las desertificaciones de parte de los Estados Unidos, las estigmatizaciones y un enfrentamiento con una élite siempre reacia a hacer el cambio. Esa situación de debilidad la aprovecharon las guerrillas.    En los noventa la insurgencia tenía como objetivo máximo llegar a Bogotá y tomarse el poder. Treinta años después la situación ha cambiado. Las guerrillas ya no sueñan con la capital. Lo único que buscan es resistir en las regiones que controlan. Ni siquiera preparan enfrentamientos concretos contra la fuerza pública. Se limitan a cuidar el terreno ganado y a luchar entre ellos. Pero en 1996 lograron sitiar a Bogotá.    El 4 de septiembre de ese año un mortero, enviado por hombres del Mono Jojoy, cayó muy cerca de la escuela de artillería del ejército ubicado en Usme. Las Farc tenían un plan llamado “Toma de Santa Fe de Bogotá” que tenía proyectado ejecutarse antes de diciembre de 1996. El entonces coronel de la policía de Bogotá, Alonso Arango, sacó un mapa de la capital y de cundinamarca, fue poniendo las fichas en él y los medios se dieron cuenta que la situación en la capital podría ser tan dramática como la que se vivía en Cúcuta o Mitú. La toma de Bogotá podría ser un hecho.     Después del bombardeo a Casa Verde, que se llevó a cabo en 1990 y que significó para las FARC una nueva traición por parte del establecimiento a su voluntad de paz, la guerrilla cambió de estrategia y le pusieron todos sus esfuerzos a la confrontación. Pasaron de tener 48 a 60 frentes. En la VIII conferencia realizada en 1993 las FARC se propuso tomarse el poder en tres años. En Cundinamarca nada más estaban ocho frentes y una red urbana de cien hombres que controlaban el Mono Jojoy y el ex senador Julián Gallo. Según esa vieja publicación de Semana las FARC controlaban los siguientes sectores de Bogotá: Ciudad Bolívar, Altos de Cazucá, Fontibón, Soacha. Las milicias hacían su trabajo de terror.     La guerrilla creció, a punta de extorsiones, secuestros y narcotráfico, de manera dramática en los años noventa. Pasaron de tener cerca de 22 mil hombres y contar con un capital de 200 millones de dólares.     La creación y fortalecimiento de grupos paramilitares aupados por el establecimiento terminaría por convertir el conflicto colombiano en una hidra de mil cabezas. Las FARC obligaron al gobierno de Pastrana, en 1998, a establecer una zona de distención en San Vicente del Caguan en donde el Estado colombiano practicamente aceptaba su derrota. El Plan Colombia serviría después para irlos mermando. Pero la guerra se recrudecía. Como escribió León Valencia, esto era un incendio que se ha venido apagando y lo que quedan son sólo algunos leños prendidos.    Si, no hay nada que celebrar, pero, según lo ha demostrado la fundación Paz y Reconciliación, el grado de crecimiento de los grupos armados es el mismo con o sin negociaciones de paz al menos en los últimos años. Es claro que hemos estado peor y que las crisis que se viven en regiones como el Catatumbo no son completamente productos de una política de paz. Todo conflicto debe llegar, con firmeza, a la zona de la negociación. La paz nunca es la peor de las opciones. Acá hubo un momento en donde la guerra casi nos hace perder Bogotá. Está prohibido olvidarlo.

Por: Redacción Pares Sobre las 10:55 de la noche una explosión levantó a los vecinos de Villa del Rosario. El peaje de este lugar, que es el primero que se ve después de cruzar la frontera con Venezuela, fue volado en mil pedazos. Fue la primera de, por lo menos, diez explosiones que estremecieron la noche y sacaron a más de un cucuteño de la cama. La segunda detonación se escuchó al cabo de unos minutos después. Era el intento por parte de hombres armados de tomarse el CAI de Villa del Rosario que también fue destruido. Este CAI está ubicado en un lugar emblemático, frente al Templo Histórico, las ruinas de la antigua catedral, una de las pocas estructuras que quedó en pie después del devastador terremoto de finales del siglo XIX.   Las explosiones se escucharon en buena parte de la ciudad. A través de redes sociales ciudadanos se preguntaban ¿Qué estaba pasando? Es que a los intensos tiroteos en partes vitales para el tráfico como el anillo víal a la altura de Villa Silvania, se sumaba el continuo sobrevuelo de helicópteros del ejército. Ciudadanos subían a redes sociales videos en donde se veía a camionetas con placas venezolanas moverse por el municipio de La Parada, el primero que se ve cuando se entra desde Venezuela, con hombres fuertemente armados haciendo disparos.   Hasta el momento no se han dado cifras exactas de a cuanto ascienden los destrozos materiales ni si hay pérdidas humanas. Lo que si queda es la resurrección de los malos recuerdos. En Cúcuta el ELN a principios de la década del noventa ejerció control en la ciudad. La respuesta de los grupos paramilitares fue cruel y dejó monumentos al odio como los harto mencionados hornos crematorios de la población de Juan Frío. Pero lo que sucedió en la madrugada de este 20 de febrero no tiene antecedentes. La ciudad estuvo sitiada.   Aún ningún grupo armado se ha atribuido los ataques. Pero, como viene la mano, con el Catatumbo en llamas desde el pasado 16 de enero, todos los focos apuntan al ELN. Uno de los policías que sobrevivió al ataque en la localidad de La Parada afirma que los hombres que realizaron este ataque llevaban algo puesto en la cabeza y hace la forma con sus manos de una túnica. En un trino Andrey Avendaño, el duro del EMC, cuestionó a Antonio García, comandante del ELN y le preguntó que qué está haciendo con los bultos de dinero que le están llegando, que si con eso está contratando “mercenarios para masacrar al pueblo”.   El ataque a Cúcuta y Villa del Rosario se suma a la situación delicada que se vive en regiones como el Chocó quien ha sido sacudida esta semana por un paro armado decretado por el ELN. Conforme pasen las horas vamos a tener mayores detalles sobre lo que sucedió en Cúcuta.

Por: Santiago Medina, asistente de investigación Ximena Riaño, pasante Línea de Paz, Seguridad y Derechos Humanos Foto: https://www.elcolombiano.com/ En medio de las complejidades que presenta actualmente el proyecto de Paz Total desarrollado por el gobierno de Gustavo Petro, el proceso de paz urbana adelantado en el Valle de Aburrá se ha mantenido estable. Recientemente, se ha logrado extender el plan piloto de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá que busca la reducción de las confrontaciones entre los grupos y la extorsión en barrios específicos de la ciudad. Por esto, vale la pena preguntarse ¿Cómo ha sido el proceso para llegar a este punto y cuál es el panorama que puede tener hacia el futuro? El desarrollo del proceso La paz urbana en el Valle de Aburrá inicia de manera formal con la instalación del “Espacio Dialógico para la Paz y la Reconciliación Urbana en Medellín”, que tuvo lugar el 2 de junio del 2023 en la Cárcel La Paz de Itagüí, en el marco del proyecto de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro. En la instalación de la mesa se encontraban alias ‘Douglas’ y Alias ‘Tom’ como cabecillas del grupo La Oficina, la estructura criminal más importante del Valle de Aburrá,  junto a alias ‘Albert’, líder de Los Pachelly, y otros 10 voceros de organizaciones que, según la oficina del comisionado de paz, representaban alrededor del 90% de todo el crimen organizado del área metropolitana. A pesar de los reveses que surgieron a partir del cambio de Alto Comisionado de Paz a finales de 2023, la mesa se mantuvo estable durante el 2024, siendo un proceso de paz urbano significativamente abierto hacia la sociedad civil y los medios de comunicación, en comparación a las otras mesas de paz urbana, que mantenían un mayor hermetismo. Como muestra de eso, el 15 de octubre de ese año se anunció la hoja de ruta para la participación de la sociedad civil en el proceso, reconociendo a las comunidades como actores clave que pudieran tener un papel protagónico en  la construcción de paz en la ciudad, además de la inclusión diferencial de la población víctima del conflicto, mujeres, población LGBTIQ+ e integrantes de comunidades étnicas. En esta hoja de ruta se plantearon tres espacios para la participación de la sociedad civil: las asambleas autoconvocadas por la paz urbana, de carácter más territorial y autónomo; el Espacio Asambleario de la sociedad civil, a través del cual se recogerán las reflexiones y propuestas de las asambleas; y el Comité de Impulso, que mantendrá encuentros constantes de diálogo y seguimiento al proceso junto con la delegación del Gobierno. Además, se postularon los ejes para el desarrollo del proceso, los cuales fueron: la identificación de violencias urbanas en los territorios, el diálogo social para la equidad, la verdad para la reconciliación y no repetición, la creación de nuevas economías, el desmonte de las estructuras armadas ilegales y las garantías de seguridad para quienes se acojan a la justicia. La publicación de la hoja de ruta, sumado a la ausencia de altos índices de violencia a causa de enfrentamientos entre las estructuras sentadas en la mesa, permitió que el proceso cerrara el 2024 con un fortalecimiento de su legitimidad y estabilidad. Sin embargo, seguían existiendo dudas al no ser claro cuál será el piso jurídico que tendrá el proceso de sometimiento a la justicia por parte de las estructuras criminales. Además, a pesar de la estabilidad y la confianza construida en la mesa, hasta ese momento no se tenían mecanismos de verificación para garantizar el cumplimiento de los compromisos acordados, principalmente en términos de economías ilícitas. De la estabilidad a los hechos En medio de este panorama, se planteó la necesidad de materializar la estabilidad del proceso a través de la reducción de las expresiones de violencia y criminalidad, y para esto se puso en marcha el Piloto de Paz Urbana en Medellín y Valle de Aburrá. Este Piloto se implementó entre el 19 de diciembre del 2024 y el 19 de enero de 2025 en 25 barrios de Medellín (específicamente en la comuna Aranjuez) y Bello (en las comunas 4,5,6 y 7), donde las estructuras mantienen una presencia hegemónica. Su principal objetivo fue aplicar y hacer seguimiento a los compromisos logrados en los diálogos  a nivel territorial, entre los cuales se encontraba la reducción de homicidios, de extorsión, de delitos de explotación sexual y de tráfico de drogas. Como resultados de este piloto se valoró la importancia de hacer seguimiento a este proceso, y se mencionaron las dificultades que hubo para este fin, entre las que se encontró la falta de recursos económicos, el poco tiempo de implementación, el acceso a información institucional y el subregistro existente en la denuncia de hechos de violencia. Frente al comportamiento de la extorsión, se hizo énfasis en el nivel de naturalización y normalización que tienen las actividades extorsivas en la ciudad. Si bien se pudo registrar una disminución general de los casos de extorsión, también se presentaron casos en donde personas realizaron pagos por servicios de seguridad y por ‘cuotas navideñas’ por tener temor a posibles represalias. Asimismo, la extorsión persistió en algunos barrios a través de otros métodos distintos, lo cual es sintomático de la alta capacidad de regulación económica y social que tienen las estructuras y, por lo tanto, del nivel de consolidación de la gobernanza criminal en los barrios referidos. También se mencionó la necesidad de ampliar la cobertura y la temporalidad del piloto, establecer fases de implementación progresiva, generar articulación con la institucionalidad y la sociedad civil, fortalecer los mecanismos de monitoreo, y mejorar los canales de denuncia anónima. En este sentido, se anunció la extensión por tres meses más del plan piloto de paz urbana en los barrios priorizados. Otra de las conclusiones mencionadas fue que la implementación del piloto tuvo un impacto positivo en la percepción de las comunidades sobre la seguridad, lo cual podría funcionar como una forma seguir fortaleciendo la legitimidad de la mesa de diálogo por parte de la sociedad civil, y al mismo tiempo, generar razones concretas para que se dé el cumplimiento de los compromisos generados por la mesa. ¿Qué pasará ahora? El proceso de paz urbana del Valle de Aburrá ha venido demostrando el nivel de consolidación y estabilidad que ha construido desde su instalación, tanto desde la composición y el desarrollo de la mesa de diálogo, como más recientemente desde acciones concretas aplicadas a nivel territorial. La disposición de los voceros en el espacio, el nivel de confianza conseguido, la apertura a la participación de la sociedad civil y la puesta en marcha de estrategias para la reducción de la violencia y la criminalidad en los barrios de la ciudad, son algunos de los aspectos positivos que se pueden evidenciar del proceso hasta ahora. El reciente anuncio de la inclusión de Diego Murillo alias ‘Don Berna’ -recluido en Estados Unidos- a la delegación de las estructuras criminales, sumado al traslado de José Leonardo Muñoz alias ‘Douglas’ -líder de La Oficina y La Terraza- desde La Picota a la cárcel de Itagüí, podría aportar a dinamizar las conversaciones en la mesa, y hacer que la incidencia que tengan los acuerdos a nivel territorial sea mayor, debido a la influencia y el peso que tienen estas figuras sobre la dinámica criminal de la ciudad. Sin embargo, el proceso se enfrenta algunos retos, de cara a la recta final del gobierno de Gustavo Petro, como los son la negativa de apoyo por parte de la actual alcaldía y gobernación, las dificultades metodológicas para la implementación los compromisos en los territorios, la persistencia de problemáticas sociales y económicas que contribuyen a la consolidación de la criminalidad a nivel barrial en los municipios, o la ausencia de un piso jurídico claro para el sometimiento de los miembros de las organizaciones criminales Sobre esto último, la senadora Isabel Zuleta indicó en el evento de presentación del informe que es fundamental considerar un proceso que trascienda el sistema carcelario punitivista, pues este no ha permitido resolver las problemáticas que han propiciado los conflictos, para lo cual se menciona la necesidad de la acción del Estado para aportar a la transformación de las condiciones económicas y sociales que propician la persistencia del crimen, generando una lectura más estructural y a su vez más compleja de la problemática, pero que sigue sin responder a interrogantes sobre cómo se daría el proceso de desarticulación y sometimiento de las estructuras.   Es necesario reflexionar que, mientras más avanza el desarrollo de la mesa, más se acerca el momento de pensar en aspectos fundamentales para el proceso como las formas en las que va a avanzar en el desescalamiento de las gobernanzas armadas en los barrios, y cómo se desarrollará el sometimiento a la justicia, junto con los mecanismos para evitar la reestructuración o la cooptación de los espacios por parte de otras.

Por: Redacción Pares Foto: infobae En el 2023 el entonces presidente iraní Ebrahim Raisi aterrizó en Caracas. Su apretón de manos con Nicolás Maduro le dio la vuelta al mundo. No fue el único pais de Latinoamérica al que visitó. Fue a los otros dos régimenes de este hemisferio que son catalogados como autocráticos. Los tres gobiernos que más dolor de cabeza le traen a Estados Unidos: Nicaragua, Cuba y Venezuela. La razón de la visita de Raisi era fortalecer esos lazos para “oponernos al imperialismo y al unilaterismo”. En los  tres años en los que fue presidente Raisi suscribió 26 convenios con el gobierno de Maduro. La especificación sobre el contenido de estos convenios fue super secreto.   Mucho ha cambiado entre las relaciones de Irán con Latinoamérica desde que Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales de 1998. En ese momento los persas apenas tenían presencia en sólo cinco países del continente, según lo recuerda la DW. Sin embargo todo cambió en veinte años. Según el Banco Mundial las exportaciones de Irán hacia Latinoamérica bordearon los 500 millones de dólares. Para ese año ya estaba anclado el canal en español el Hispantv que recibía ordenes desde Teherán y esa nación musulmana había abierto 80 centros culturales en América Latina. Chávez fue una puerta abierta para ese país y lo acercó a la Bolivia de Evo, la Ecuador de Correa y la Nicaragua sandinista. Fueron 16 los encuentros que sostuvo Chávez con el ex presidente Ahmadinejad, repartidos en 8 en Caracas y 8 en Teherán en los primeros 7 años de este siglo. Irán fue clave para fortalecer el ejército venezolano. Desde el año 2009 se reporta el envío de drones con tecnología de vanguardia que usa para defender su soberanía el país vecino.   La muerte de Chávez en el 2013 no impidió que la relación fluyera y Maduro ha sabido mantener el intercambio con los sucesivos presidentes. Según el diario La Tercera de Chile altos funcionarios iraníes tienen casas y terrenos en Venezuela y el gobierno de Maduro le ha ofrecido asilo político a miembros de la elite iraní en caso de que ocurra alguna crisis interna. En noviembre del 2024 el ministro de la defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, visitó el palacio de Miraflores y firmó un acuerdo de cooperación entre el Centro Nacional de Tecnología de Información y la empresa de desarrollo de datos modernos MDC, para ampliar el poder de la data y fortalecer la Inteligencia Artificial. La visita además sirvió para establecer una base de desarrollo de drones en la base aérea del Libertadoren donde, citando a La Tercera “Se llevarían a cabo entrenamientos para el personal militar de ese país”.   Los drones iraníes que llegaron a Venezuela son los Ansu-100, los Ansu 600 y el Zamora V1. Según el medio argentino Infobae la Guardia Revolucionaria de Irán ya contaría con gente establecida en Venezuela.   Desde 1978 Irán se proclamó como una república islámica después de que sacaran a la brava al Sha, cansados de los continuos abusos en los que se convirtió su monarquía, obsesionado con convertir a la brava a Irán en una nación moderna. La respuesta fue la ascensión del implacable Ayatola Jomeiní y desde hace 47 años este país vive preso de un régimen absolutamente intolerante con los derechos básicos de las minorías y en donde las mujeres han llevado la peor parte.   Esa ascendencia de Irán en Venezuela, sobre todo, desde el punto de vista militar, podría afectar la frontera con Colombia. El Catatumbo, que vive una crisis humanitaria en estos momentos, es víctima de una ofensiva del ELN. Cualquier fuerza exterior que entrara en este momento a este juego sería devastador para la región y desataría las alarmas de un histérico gobierno norteamericano. No hay pruebas de presencia iraní en la frontera colombo-venezolana.   Lo único cierto es que gracias a esa colaboración militar, cultural y económica, Venezuela es el único país de Latinoamérica que cuenta con drones artillados. Sin ser una potencia como China o Rusia, Irán se viene asentando en Latinoamérica desde los albores de este siglo, gracias a las puertas que le abrió Chávez a la nación islámica y que Maduro nunca cerró.

Por: Redacción Pares En Morales, Cauca, mandan las disidencias FARC. Allí nada se mueve sin que lo sepa Iván Mordisco, el es el comandante máximo de la Dagoberto Ramos. Tal y como lo tituló en un artículo la línea de Paz y Seguridad Ciudadana este bloque es la espina dorsal de las disidencias. Lo que ha sido constante en su historia son los ataques a la población civil. Cada vez que se mueve deja una estela de víctimas a su paso. Las muestras de paz que le ha pedido el gobierno han sido pocas. Desde el 2023 se han reportado, en los departamentos donde es más fuerte, Huila y el norte del Cauca, secuestros, asesinatos y estallidos de bombas. Según lo ha identificado esta fundación el objetivo principal de la Dagoberto Ramos es  p roteger y controlar los vastos campos de cultivos ilícitos, así como supervisar la producción de drogas en laboratorios clandestinos. Además, reclutan a menores en los resguardos indígenas bajo su control, perpetuando así su ciclo de violencia y reclutamiento forzado.   Ellos estuvieron detrás del asesinato de autoridades indígenas como Carmelina Yule en Toribío. El único pecado que cometió esta mayora fue intentar interceder para que cesara la violencia desatado por este grupo armado. Este asesinato terminó fraccionando lo que antes se conocía como el Estado Mayor Central. Otros comandantes de esta agrupación, como el caso de Calarcá y Andrey Avendaño, quienes tenían mayor voluntad de paz, optaron por abrirse de Iván Mordisco.   Por eso todas las miradas vuelven a apuntar a la Dagoberto Ramos después de que un ataque con explosivos dejara al menos 20 personas heridas en Morales Cauca. El frente Jaime Martínez serían los perpetradores del ataque Lo más aterrador de este ataque es que se ejecutó en las horas del mediodía, a pocos pasos de una institución educativa. Un niño de siete años resultó gravemente herido, al menos este era el saldo hasta este 24 de febrero a las cinco de la tarde.   Hablamos con Francisco Daza, coordinador de la línea de Paz y Seguridad Ciudadana de Pares quien afirmó que esta es una muestra de la magnitud de la ola de violencia que sacude el país. “En Morales opera la Dagoberto Ramos, en el Norte del Cauca el EMC ha venido resistiendo el embate de la Operación Perseo que se desató contra ellos desde el 2024. Esta es una muestra que tienen la facilidad de adelantar atentados en los municipios donde tiene presencia. Esto es un golpe a la población civil porque se dio cerca de una institución educativa. Esto vuelve a remarcar el ensañamiento contra menores de edad que ya vienen siendo víctimas de reclutamiento forzado y ahora de atendados terroritstas. El gran foco es que si bien venimos de una onda mediática humanitaria en el Catatumbo es importante prestarle atención a lo que pasa en otras partes del país como está pasando en el suroccidente colombiano que ha sido un foco de violencia en lo que ha sido la puesta en marcha de la política de la paz total”.   Los leños siguen encendidos en el país. Al Catatumbo y Arauca, con la arremetida del ELN, el EMC prende aún más el norte del Cauca.