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Por: Katerin Erazo, Periodista La situación de orden público en el sur de Bolívar ha alcanzado niveles alarmantes debido a la intensificación de las disputas entre grupos armados ilegales. La población civil se encuentra atrapada en un escenario de violencia que no solo ha generado desplazamientos forzados, sino que ha impuesto confinamientos mediante tácticas de intimidación extrema, como la instalación de cilindros bomba. La Secretaría de Seguridad de Bolívar confirmó que cuatro corregimientos de la región se encuentran bajo confinamiento debido a la presencia de estos artefactos explosivos. Uno de los casos más críticos ocurre en Altos de la Brisa, zona rural de Santa Rosa del Sur, donde estos dispositivos son colocados al anochecer para restringir la movilidad de los habitantes y retirados en la mañana siguiente. A esta crisis se suman las afectaciones en los corregimientos de El Tomate, en Santa Rosa del Sur, y Minguillo y Mina Piojó, en Montecristo, donde el temor a los ataques impide a las comunidades desarrollar sus actividades diarias con normalidad. Ante este panorama, el secretario de Seguridad de Bolívar, Manuel Berrío, ha solicitado una respuesta clara por parte del Gobierno Nacional para definir estrategias que frenen la expansión de estos grupos armados. Mientras tanto, en la zona rural de Morales, organizaciones locales denunciaron los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las disidencias de las FARC, junto con el ELN, lo que ha obligado a decenas de familias a huir. Además, los tiroteos han causado daños en viviendas y en la única institución educativa del área, dejando a los niños sin acceso a la educación por temor a nuevos ataques. La comunidad, sumida en la incertidumbre, espera una intervención estatal efectiva que garantice su seguridad y derechos fundamentales. Pero la crisis de seguridad no se limita a Bolívar. En el Valle del Cauca, el municipio de Palmira enfrenta una situación similar debido a la presencia del frente ‘Adán Izquierdo’ del Estado Mayor Central de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’. Tras combates con el Ejército Nacional en la zona rural del corregimiento de Tenjo, las autoridades advirtieron sobre el grave riesgo de reclutamiento forzado de menores, una táctica recurrente de estos grupos armados en los territorios bajo su control. El personero de Palmira, William Espinoza, denunció que la población campesina, los líderes sociales y comerciantes también están en riesgo de desplazamientos masivos y confinamientos forzados. Previamente, en el corregimiento de Potrerillo, se registraron actos de amedrentamiento como la marcación de viviendas con siglas alusivas a las disidencias, un método utilizado para infundir miedo y demostrar control territorial. Ante esta crisis de seguridad en ambos departamentos, las autoridades locales exigen al Gobierno Nacional una respuesta contundente que priorice el fortalecimiento de la fuerza pública y una articulación efectiva entre las entidades nacionales, departamentales y municipales. La intermitencia en la presencia de las tropas facilita el reacomodamiento de los grupos ilegales, lo que agrava el panorama y deja a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad. La población civil sigue esperando soluciones concretas mientras la violencia avanza, dejando a su paso desplazamiento, confinamiento y una crisis humanitaria que urge ser atendida.

Por: Paola Marín Nuevamente el sur de Bolívar se encuentra en el ojo de los medios de comunicación, a pesar de que, desde hace varios años, diversas organizaciones sociales, de DDHH e instituciones vienen alertando sobre la urgencia humanitaria que vive la región en el marco de la disputa entre el Clan del Golfo, el ELN y el EMC. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, para el 2025, en la región y más puntualmente en los municipios de Cantagallo, Santa Rosa del Sur y Montecristo, se han presentado cuatro desplazamientos forzados masivos, cinco poblaciones confinadas, homicidios selectivos, amenazas a líderes y lideresas sociales, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y el aumento del uso de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados. (Defensoria del pueblo, 2025) El sur de Bolívar ha sido históricamente una zona de gran importancia debido a su ubicación geoestratégica y su riqueza en recursos naturales. Desde la década de 1980, el ELN consolidó su presencia en la región, estableciendo un área de retaguardia en la Serranía de San Lucas. Este territorio le proporcionó no solo un refugio seguro, sino también una base de operaciones desde la cual podía expandir su control sobre actividades económicas ilícitas, como la minería ilegal y el narcotráfico. (Rutas del Conflicto, 2021) El control del ELN en esta región se fortaleció debido a varios factores. En primer lugar, la limitada presencia del Estado permitió que esta guerrilla reemplazara sus funciones en algunos aspectos, como la mediación de conflictos comunitarios y la regulación de la economía minera. Además, el territorio ofrece un corredor estratégico que conecta el Catatumbo con el Darién y la frontera con Venezuela, facilitando el movimiento de combatientes, armas y recursos. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el tránsito entre los municipios de Tiquisio Norosí, Barranco de Loba y Altos del Rosario comparten dos características: la primera, hacen parte de los municipios con mayor producción de oro en el departamento de Bolívar; y la segunda, en ellos existen importantes corredores naturales de movilidad, que dejan entrever conexiones intrarregionales que comunican con los departamentos de Norte de Santander, Cesar, Sucre y Córdoba, corredor estratégico para adelantar actividades ilegales ligadas al narcotráfico, tal como se refleja en la AT 003-2024. Tomado de Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana 003-2024. Con el tiempo, la presencia del ELN en el sur de Bolívar se convirtió en un factor determinante en la configuración del conflicto armado en la región. Aunque la guerrilla logró establecer una influencia significativa en la minería, su control fue desafiado por la llegada de nuevos actores, en particular el Clan del Golfo, lo que ha generado una intensificación de las disputas armadas y en consecuencia la crisis humanitaria creciente. La guerra por el oro El sur de Bolívar es una de las regiones con mayor producción de oro en Colombia, especialmente en la Serranía de San Lucas, que es el tercer punto con mayor producción de oro ilegal en el país. Y de acuerdo con la UNODC, el 99 % de EVOA (Explotación de Oro de Aluvión) en tierra detectada en esta categoría se encuentra en la Serranía de San Lucas (5.744 ha). Esta riqueza ha convertido al oro en un recurso clave para la financiación de los grupos armados, al punto de que en la última década la minería ha superado incluso al narcotráfico como principal fuente de ingresos en la zona. (Vorágine, 2024). Históricamente, el ELN ha controlado parte de esta economía extractiva, imponiendo impuestos a los mineros legales e ilegales y regulando la explotación del recurso. Sin embargo, desde 2019, el Clan del Golfo ha intensificado su expansión en la región con el objetivo de tomar el control de las minas. Su estrategia ha sido avanzar desde varios puntos, cercando la Serranía de San Lucas y desplazando al ELN de algunas áreas estratégicas. Para los años 2023 y 2024, la Defensoría del Pueblo a través del SAT (Sistema de Alertas Tempranas) publico la AT 034-2023 y la AT 003-2024 para el departamento de Bolívar, las cuales advierten sobre escenarios de riesgo relacionados con la coexistencia de los tres actores armados en el territorio. El conflicto por el oro ha tenido graves consecuencias para la población. La disputa entre grupos armados ha llevado a un aumento en las extorsiones, el reclutamiento forzado y los desplazamientos masivos. De acuerdo con la AT 003-2024, en zonas mineras es obligatorio el impuesto al oro, el cual se traduce en el pago de extorsiones por impuestos a las extracciones mineras auríferas. Además, la minería ilegal ha generado graves impactos ambientales, incluyendo la contaminación de fuentes hídricas por mercurio y cianuro, y la destrucción de ecosistemas por el uso de maquinaria pesada. Un factor adicional en la disputa por el oro es el control de las rutas de exportación. El sur de Bolívar es un corredor clave para el transporte de minerales hacia Venezuela, lo que ha llevado a especulaciones sobre la posible intención del Clan del Golfo de monopolizar tanto la explotación como la comercialización del oro en y desde esta región. ¿Cómo se asegura el control de los grupos armados en la región? El Clan del Golfo, ha logrado expandir significativamente su influencia en el sur de Bolívar. Su presencia en la región se consolidó tras la captura de su máximo líder, alias “Otoniel”, en 2021. Desde entonces, la organización ha desplegado una estrategia agresiva de expansión que ha puesto en jaque a sus rivales. El control del Clan del Golfo en el sur de Bolívar se basa en tres estrategias principales; en primer lugar, ha logrado cercar la Serranía de San Lucas con la instalación de retenes ilegales y el hostigamiento a las comunidades. En varias zonas ha desplazado al ELN y al Frente 37 del Estado Mayor Central (EMC), que hasta el momento mantenían alianzas para combatir al Clan del Golfo, consolidando su dominio sobre las rutas estratégica. (Fundación Paz & Reconciliación, 2023). En segundo lugar, además de la minería ilegal, el Clan ha fortalecido su control sobre el narcotráfico, imponiendo impuestos a los cultivos de coca y cobrando extorsiones a los productores. De acuerdo con un funcionario estatal, se estima que la minería ilegal en la región genera hasta 100.000 millones de pesos mensuales, una cifra que convierte al control de esta actividad en una prioridad para cualquier grupo armado. (Colombia +20, 2024). Y, en tercer lugar, el Clan del Golfo ha impuesto su autoridad a través de la violencia y la intimidación. Se han registrado casos de asesinatos selectivos contra líderes sociales, extorsiones y restricciones a la movilidad de la población. Muestra de ello, es que tan solo para el 2024, de acuerdo con el Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA), se presentaron 7 asesinatos a líderes sociales en el departamento de Bolívar, la mayoría provenientes de la región. La estrategia de asesinatos selectivos ha sido utilizada como un mecanismo de control territorial y social por parte de los grupos armados, quienes buscan debilitar los liderazgos comunitarios y sembrar el miedo en la población. A casi un año de su asesinato, se recuerda el homicidio de Narciso Beleño, un reconocido líder social y agrominero, ocurrido el 21 de abril del 2024. Beleño, quien había participado activamente en el Comité Nacional de Participación para los diálogos con el ELN, fue asesinado por un sicario tan solo una semana después de asistir a una reunión en la que expuso la difícil situación de la región. Su homicidio refleja el patrón sistemático de eliminación de líderes que desafían el control de los grupos armados o buscan visibilizar la crisis humanitaria que afecta a las comunidades. Aunque la investigación sobre su asesinato no ha sido concluyente. De acuerdo con Vorágine, varios testimonios presentados a la Fiscalía señalan a José Castro (oficial retirado), como presunto responsable de la muerte de Narciso, quien, además, seria comandante del Frente Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo. (Vorágine, 2024) A pesar del aumento de la presencia militar en la región, la intervención del Estado ha sido insuficiente para frenar la expansión del Clan. Según denuncias de la Defensoría del Pueblo y organizaciones locales, hay indicios de connivencia entre sectores de la Fuerza Pública y el Clan del Golfo, lo que ha permitido que esta organización se continúe fortaleciendo su control sobre la zona. Esto es constantemente reiterado por el ELN, en diversas zonas del país, como Arauca, Norte de Santander y Chocó. (Infobae, 2025) Finalmente, la emergencia humanitaria en el sur de Bolívar ha alcanzado niveles críticos debido a la intensificación de los combates entre el Clan del Golfo, el ELN y el Estado Mayor Central (EMC). Miles de personas han sido desplazadas forzosamente, con comunidades enteras confinadas entre el fuego cruzado y la presencia de minas antipersonal. Sin embargo, es claro que la emergencia humanitaria no puede ser atendida, sin poner atención a las condiciones estructurales que hacen de esta región, un escenario de disputa para los grupos armados Referencias Colombia +20. (2024). Así se vive la guerra por el oro entre el Clan del Golfo y ELN en sur de Bolívar . Obtenido de https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/guerra-entre-clan-del-golfo-y-eln-por-el-oro-y-mineria-en-el-sur-de-bolivar-que-pasa-en-esa-region/ Defensoría del pueblo. (2024). Alerta Temprana N° 003-2024 . Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/003-24.pdf Defensoria del pueblo. (2025). Defensoría del Pueblo alerta sobre crisis humanitaria en el sur de Bolívar . Obtenido de https://www.defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-del-pueblo-alerta-sobre-crisis-humanitaria-en-el-sur-de-bol%C3%ADvar Fundación Paz & Reconciliación. (2023). El sur de Bolívar bajo el acecho de los fusiles . Obtenido de https://www.pares.com.co/post/el-sur-de-bol%C3%ADvar-bajo-el-acecho-de-los-fusiles Infobae. (2025). Líder del ELN denunció que “las Fuerzas Militares no hacen nada para combatir al Clan del Golfo en el Chocó” . Obtenido de https://www.infobae.com/colombia/2025/02/19/lider-del-eln-denuncio-que-las-fuerzas-militares-no-hacen-nada-para-combatir-al-clan-del-golfo-en-el-choco/ Rutas del Conflicto. (2021). La violencia . Obtenido de https://rutasdelconflicto.com/especiales/conflicto-continua/sur-bolivar/violencia.html UNODC. (2022). Colombia Explotación de oro de aluvión Evidencias a partir de percepción remota 2021 . Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/ https://www.unodc.org/documents/colombia/2022/Junio/Informe_Colombia_Explotacion_de_Oro_de_Aluvion_Evidencias_a_Partir_de_Percepcion_Remota_2021_SP_.pdf Vorágine. (2024). Homicidios, amenazas, desplazamiento: las guerras del oro en el sur de Bolívar . Obtenido de https://voragine.co/historias/reportaje/homicidios-amenazas-desplazamiento-las-guerras-del-oro-en-el-sur-de-bolivar/ Vorágine. (2024). Las pruebas contra un coronel (r) del Ejército que habría ordenado el asesinato del líder Narciso Beleño . Obtenido de https://voragine.co/historias/investigacion/las-pruebas-contra-un-coronel-r-del-ejercito-que-habria-ordenado-el-asesinato-del-lider-narciso-beleno/

Por: Redacción Pares Juan Sebastián Aguilar le había hecho varias veces el quite a la guadaña de la muerte. El 19 de octubre del 2023 resistió a un ataque sicarial mientras su chofer intentaba sacarlo de uno de esos trancones de hora pico en Bogotá. Ese primer ataque fue orquestado por el reconocido esmeraldero Pedro Orejas, quien buscaba sacarlo del negocio. Unas semanas después un grupo de hombres fuertemente armados asaltó su negocio, Esmeraldas Santa Rosa S.A -empresa que tenía al lado de su socio de toda la vida, el poderoso esmeraldero Jesús Hernando Sánchez- llevándose una millonaria suma en joyas. Repeler este tipo de ataques había sido parte de su vida. Había entrado al negocio de la mano de su mentor, Victor Carranza, de quien fue el jefe de su esquema de seguridad.   La guerra verde la llamaban. Las primeras esmeraldas encontradas en América datan de hace quinientos años. En la búsqueda de El Dorado los conquistadores iban por todo lo que brillara. Sin embargo no fue hasta la década de los ochenta del siglo XX cuando se desató la Guerra por las esmeraldas con toda su furia. Según Insight Crime en la década del ochenta murieron cerca de 6.000 persona en la disputa de las minas y del comercio de estas piedras. El Zar era Carranza, lo seguían en la línea de importancia y poder Hernándo Sánchez y Pedro Rincón Castillo, conocido por su alias de “Pedro Orejas” quien fue capturado y en este momento paga cárcel en los Estados Unidos. A sus 58 años Juan Sebastián Aguilar estaba en la tercera línea de importancia y poder. Iba a seguir ascendiendo de la mano de su socio, Hernándo Sánchez, pero el 7 de agosto del 2024 la muerte lo alcanzó.   Mientras estaba en su casa en un apartado conjunto residencial ubicado en Usaquén un hombre lo apuntaba con su mira. El disparo del fusil le atravesó el pecho. El asesino salió huyendo por las montañas bogotanas con un caballo. Según se pudo comprobar el francotirador estuvo durante días apostado a cerca de un kilómetro de la mansión donde vivía el esmeraldero. A Aguilar le decían Pedro Pechuga y su empresa iba viento en popa. La había fundado junto a Sánchez en 1994 en la zona esmeraldera de Maripi en Boyacá y, treinta años después de su creación, ya incluso ostentaba negocios con el Estado colombiano. Según publicó el diario El Espectador tenía contratos con Ingeominas y además brindaba protección a otros esmeralderos a través de otra de sus empresas, Seguridad Oriental LTDA.   Petrit Baquero, reconocido periodista quien se encuentra escribiendo un libro titulado La nueva guerra verde, ha afirmado que el asesinato de Aguilar no se trataría de un ajuste de cuentas entre esmeralderos sino una guerra de mafiosos. El Tiempo, en su última edición dominical, dio más pistas sobre lo sucedido.   Este diario tuvo acceso a unos audios en donde se escucha a alias Otoniel, jefe máximo del Clan del Golfo, hoy detenido en los Estados Unidos, hablando en noviembre del 2021 -cinco meses antes de su extradición- sobre estos esmeralderos “En Bogotá quedaron otros que hay también que bregarles a hacer lo más pronto posible. Es el viejo Hernándo Sánchez y Boyaco Sinaloa. Entonces, también toca organizar , a ver como se hacen las vueltas, a ver cómo se acaba de organizar esa zona del Llano y Bogotá”. Cuando “Otoniel” habla de “Boyaco Sinaloa” se refiere a Dionisio Vera quien se encuentra en Guayaquil desaparecido desde el pasado 26 de febrero. Es uno de los duros dentro de la guerra verde, es conocido también con el apodo del Flaco Vera y estuvo preso 11 años en Estados Unidos, vinculado a la estructura de Daniel “Loco” Barrera, uno de los capos del Cartel del norte del Valle.   En las grabaciones de Otoniel también aparece el nombre de Pedro Pechuga y de otro esmeraldero llamado Julio Lozano Pirateque a quien también el Clan del Golfo lo tiene en la mira.   Algunos esmeralderos están intentando llegar al gobierno nacional para entregar tierras a campesinos en Boyacá y así intentar mitigar una nueva guerra verde que está en ciernes y que tendría como protagonista a un temible actor: El Clan del Golfo.

Por: Paola Marín El pasado 31 de marzo, se dio a conocer el Decreto 0356 del 27 de marzo de 2025 a través del cual se fijan responsabilidades en el procedimiento para la recepción, registro, control y destrucción del material de guerra del Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley-Comuneros del Sur . Desde la firma del Acuerdo de Paz del 2016, este podría ser, uno de los mayores avances, en lo que respecta a procesos de paz, en tanto genera un mecanismo claro de tránsito de grupos armados a la vida civil. El proceso se encuentra inscrito dentro de la política de "paz total" como política de Estado, definida por la Ley 2272 de 2022, la cual se establece como medio para la superación del conflicto armado. En este contexto, el procedimiento de dejación de armas es realmente relevante, porque de los tableros de la paz que se llevan realizando hasta el momento, ningún otro grupo armado, había aceptado la entrega o la destrucción de armas, sobre todo, por el impacto simbólico sobre lo que podría entenderse como “rendimiento”. Sin embargo, más allá de esto, este gesto es el reflejo del compromiso del grupo armado para con el proceso de paz. Cuando hablamos de procesos de paz, tendemos a olvidar que son muchas las experiencias en el mundo y que a pesar de que ninguna ha sido 100% exitosa, estas han sido determinantes en la superación de conflictos. De acuerdo con el Instituto para la Formación en Operaciones de Paz, la destrucción controlada y verificable del material bélico constituye una de las fases más sensibles del proceso de desarme, y su implementación adecuada ha sido determinante en diversos contextos internacionales para fortalecer la confianza entre las partes, consolidar el cese de hostilidades y avanzar hacia escenarios de paz. En el caso colombiano, el Decreto 0356 de 2025 establece con claridad los lineamientos para llevar a cabo esta etapa con el grupo Comuneros del Sur, delimitando las responsabilidades de la Fuerza Pública, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP-OEA) y el Ministerio de Defensa, asegurando una ejecución técnica y transparente del procedimiento (Presidencia de la República de Colombia, 2025). A nivel comparado, las experiencias en países como Costa de Marfil, Burundi, Liberia o Sierra Leona muestran que la destrucción física del armamento entregado tiene un valor funcional y simbólico. Simbólicamente, representa la ruptura del paradigma del uso de la violencia armada como mecanismo de mediación política o social; funcionalmente, impide la posible reutilización de las armas por parte de actores disidentes o bandas criminales, lo cual ha sido una fuente de recaída en conflictos en procesos fallidos. (Steenken, 2017). En estos contextos, la verificación internacional, la participación comunitaria y la transparencia del inventario armamentístico son elementos claves. Por ejemplo, en el caso de la Operación de las Naciones Unidas en Côte d’Ivoire (ONUCI), se implementó un protocolo estricto de recolección, destrucción y documentación del material de guerra, lo que permitió demostrar avances concretos del proceso, generar legitimidad ante la ciudadanía y limitar la circulación de armas ligeras que suelen ser recicladas en conflictos posteriores (Peace Operations Training Institute, 2017). Similarmente, en Burundi, el DDR (Desarme, desmovilización y reintegración) incluyó acciones simbólicas como la “llama de la paz”, en la que se incineraron armas frente a las comunidades, como medida de reparación y confianza. La no destrucción efectiva de armamento, por el contrario, ha generado efectos adversos en procesos como el de Angola o Liberia, donde las armas entregadas fueron posteriormente desviadas al mercado ilegal o reutilizadas por facciones que reanudaron las hostilidades. De ahí que los expertos en operaciones de paz y DDR consideren que el desarme debe estar acompañado de protocolos estrictos de destrucción, trazabilidad del inventario, y, sobre todo, de acuerdos verificables con respaldo político y técnico (Steenken, 2017). En el contexto colombiano, el caso de Comuneros del Sur parece incorporar estas lecciones: la inclusión de la MAPP-OEA, el diseño de un protocolo específico suscrito en el Acuerdo Número 4, y la publicación de un decreto presidencial para asignar responsabilidades claras son señales de que se está apostando por una práctica técnica e institucionalizada del desarme. Esto no solo busca reducir la amenaza armada, sino también consolidar una narrativa de reconciliación en un territorio como Nariño, donde la legitimidad del Estado ha sido históricamente cuestionada. Puntualmente, el Decreto 0356 asigna responsabilidades específicas a diversas entidades del Estado colombiano. Por su parte la Fuerza Pública es la encargada directa de ejecutar el procedimiento, mientras que el Ministerio de Defensa Nacional emite las directrices técnicas pertinentes. Asimismo, el decreto prevé la participación de la Procuraduría General de la Nación como ente vigilante de la legalidad del proceso, en cumplimiento de sus funciones constitucionales. Cabe destacar el papel fundamental de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), que acompañara la recepción y verificación del material bélico entregado. Esta inclusión de una instancia internacional de verificación responde tanto a estándares del Derecho Internacional Humanitario como a criterios de confianza pública y legitimidad del proceso, conforme lo estipulan la Ley 418 de 1997 y la Ley 2272 de 2022. El decreto también estipula que las actividades deben estar financiadas por el Fondo de Programas Especiales para la Paz (FONDOPAZ) y el Ministerio de Defensa, garantizando así su sostenibilidad operativa (Ley 418, 1997; Decreto 0356, 2025). Todo lo anterior, ha sido resultado de la creación y el funcionamiento de la Mesa para la Co-Construcción de Paz Territorial en Nariño. Esta instancia de diálogo está inscrita en el marco legal de las "regiones de paz" autorizadas por el artículo 88 de la Ley 418 de 1997, adicionado por la Ley 2272 de 2022, y fue formalmente reconocida mediante la Resolución Presidencial 369 del 13 de septiembre de 2024. La Mesa ha funcionado como un espacio participativo que ha reunido al Gobierno nacional, autoridades locales, comunidades del territorio y representantes del grupo armado de Comuneros del Sur. Su agenda de trabajo ha girado en torno a la transformación territorial, entendida como la superación de economías ilegales y la consolidación de condiciones estructurales para la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible. Este enfoque reconoce la interdependencia entre la seguridad humana, la justicia social y la institucionalidad democrática, y propone una paz arraigada en las realidades locales del suroccidente colombiano (Ley 2272, 2022; Decreto 0356, 2025). La Mesa para la Co-Construcción de Paz Territorial en Nariño no solo ha permitido avanzar en aspectos operativos como la dejación de armas, sino que ha abierto caminos para que las comunidades de Nariño sean protagonistas de una paz con justicia territorial, en la cual la voz de las víctimas, líderes sociales y organizaciones locales adquiere un rol vinculante en la redefinición del orden político y social del departamento. Finalmente, es importante destacar que el proceso de recepción, registro, control y destrucción del material de guerra entregado por Comuneros del Sur tiene una duración definida de tres meses contados a partir de la publicación del Decreto 0356 de 2025, concluyendo así el 27 de junio de este año. Esta delimitación temporal no solo introduce un componente de urgencia técnica, sino que también permite articular el desarme como un paso inicial dentro de una agenda más amplia de construcción de paz territorial. Parece que estamos en un punto, donde la Mesa para la Co-Construcción de Paz Territorial en Nariño ha trascendido la dimensión humanitaria de otras mesas de negociación o dialogo, poniendo la lupa en el foco militar del desarme y abriendo espacios de diálogo sobre mecanismos de justicia transicional, estrategias para el desminado humanitario y, en general, la reparación integral del tejido social afectado por el conflicto. Así, se han conformado cinco grupos de trabajo que abordan temas clave como el retorno seguro de pobladores desplazados, la atención diferenciada a niños y niñas en condición de reclutamiento, el tratamiento humanitario de los casos de desaparición forzada, el fortalecimiento de las autoridades étnicas y comunitarias, y el trabajo integral contra minas antipersonal, que ya venía siendo adelantado en la región. Referencias. Ley 418 de 1997. Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones . Diario Oficial No. 43.148. Ley 2272 de 2022. Por medio de la cual se prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de 1997 . Diario Oficial No. 52.203. Peace Operations Training Institute. (2017). Desarme, desmovilización y reintegración (DDR): descripción general práctica  (2.ª ed.). Cornelis Steenken. Williamsburg, VA: Peace Operations Training Institute. Presidencia de la República de Colombia. (2025). Decreto 0356 del 27 de marzo de 2025. Por el cual se fijan responsabilidades en el procedimiento para la recepción, registro, control y destrucción del material de guerra del Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley-Comuneros del Sur .

Por: Dennis Arley Huffington, Investigador Territorial Oficina Pares Pacífico El Valle del Cauca se ha convertido en un departamento de ciudades intermedias con graves problemas de seguridad. Asistimos a un cóctel de violencia generado por grupos pos FARC, los denominados ‘baby narcos’ y viejos capos de los extintos carteles que retornaron al país. Todos estos estarían detrás de masacres, descuartizamientos y eventos de sicariato que se vienen presentando en distintos municipios del departamento, en especial: Buenaventura, Tuluá, Cartago, Cali y Buga. Las consecuencias de la violencia En los últimos cuatro años se registraron 11 masacres en el departamento del Valle del Cauca. De los cuales seis fueron en el centro del departamento, principalmente en el municipio de Buga, dejando 42 personas asesinadas, de los cuales más de la mitad de las víctimas fueron jóvenes (26 en total). Sobre estos casos se identifican dos patrones, el primero, es que se da en lugares apartados, como fincas en medio de reuniones sociales o celebraciones, y que, de acuerdo a las autoridades, son motivados por rentas extorsivas que los propietarios de las fincas o empresarios de la región se niegan a pagar. También hay masacres que han ocurrido en lugares públicos, en las que sujetos armados arremeten contra un grupo de personas y emprenden la huida. Según lo establecido, son motivadas por retaliaciones o disputas entre integrantes o colaboradores de grupos delictivos, estas se han registrado principalmente en el norte del departamento. En cuanto a homicidios, en el año 2021 hubo un pico en este tipo de delitos letales debido a las rupturas entre alianzas criminales en ciudades como Buenaventura, Tuluá y Cartago, que desencadenaron constantes enfrentamientos en los barrios de estos municipios y asesinatos selectivos entre integrantes de los grupos delincuenciales. Gráfico No. 1 Elaboración: Oficina Pares Pacífico. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Policía Nacional (2022) En comparación al año pasado, los homicidios tuvieron una disminución significativa durante los primeros 6 meses de 2022. De acuerdo con la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca "hay una reducción del 3% en lo que corresponde al homicidio en el departamento del Valle del Cauca, a nivel general. Así mismo, una reducción del 22% en lo que corresponde a homicidios en cascos urbanos, principalmente en ciudades como Palmira, Cartago, Tuluá, Buenaventura y Cali”, en comparación al mismo periodo del año anterior. La disminución obedece a la intervención de las acciones de la fuerza pública en contra de los grupos delincuenciales, según reporta la Secretaría. En este año se desarticularon 56 grupos delincuenciales organizados y se realizaron 156 capturas estratégicas, de las cuales 18 corresponden a los cabecillas más buscados del departamento del Valle del Cauca. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y la fuerza pública, existe una atomización del poder armado, de la que deviene la violencia que hoy vive el departamento. El crimen organizado se ha tomado las ciudades y cada vez ejerce un mayor control ilegal sobre la población civil y continúan los ajustes de cuenta entre los grupos, por lo que el departamento del Valle del Cauca sigue siendo de los más violentos del país. En el primer semestre van 1.291 homicidios en todo el departamento, casi que duplicando la tasa nacional que se encuentra en 15,25 por cada 100.000 habitantes. Las guerras del mundo criminal La situación actual en el Valle del Cauca tiene sus orígenes en 2018, cuando viejos capos del narcotráfico de inicios de siglo cumplieron sus condenas en los Estados Unidos y retornaron al país, algunos de ellos, con la intención de retomar el control criminal en el departamento. No obstante, se encontraron con un férreo obstáculo: los ‘baby narcos’, herederos de las grandes estructuras del narcotráfico que hoy controlan bandas y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) en las ciudades. Esto desencadenó una guerra que cuatro años después continúa y parece no tener fin, protagonizada por grupos como Los Flacos, La Oficina de Tuluá, Los Shottas y Los Espartanos en diferentes ciudades. Cartago En Cartago el mundo criminal lo dominan ‘Los Flacos’, quienes actualmente encarnan una guerra interna a muerte entre miembros de la misma familia que ha puesto en vilo a las autoridades. Esta agrupación comenzó como una pequeña banda conformada por los hermanos Montoya Serna, pero rápidamente logró expandirse por casi todos los municipios del norte del Valle, Risaralda y Quindío, pero donde mayormente se concentra es en el municipio de Cartago. Desde el año pasado se desencadenó una división interna, de un lado un sector liderado por Jhon Freddy Montoya Serna y el otro por Alexánder Serna Giraldo, alias ‘Primo’, quien en 2019 fue candidato a la alcaldía de Obando. Esta disputa, principalmente por el control del microtráfico, dejó 70 muertos el año pasado, mientras que, hasta julio de este año, la cifra asciende a 48. Los Flacos tiene una estrecha relación criminal con La Cordillera (de Pereira), además, debido a la pugna interna, han forjado pactos con reductos de clanes narcotraficantes de la región. El sector liderado por John Freddy hizo una alianza criminal con el clan Henao Montoya; mientras que alias primo se alió con Martín Emilio Sánchez Valencia, también conocido como alias ‘Indio’. Por lo que la disputa armada se ha intensificado y trasladado a otros municipios del norte del Valle. Tuluá En este municipio del centro del Valle el terror lo produce la ‘Oficina de Tuluá’, hasta hace poco conocida como ‘La Inmaculada’, este GDO ha logrado hacerse con el control criminal de la ciudad agrupando diferentes combos y pequeñas agrupaciones en una sola organización. Se inició como el brazo armado de ‘Los Comba’ y ‘Los Rastrojos’ hasta llegar a controlar el microtráfico y demás economías ilícitas en la ciudad. Liderada por Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe’, se caracteriza por su alto grado de violencia letal contra grupos rivales como La Cruz, La Canosa o Los Séptimo (todos reducidos por las autoridades, pero siguen operando en algunos barrios y con víctimas civiles). La ‘Oficina de Tuluá’ es la principal responsable de la muerte de 56 reclusos en la cárcel de Tuluá, que dejó el incendio provocado por enfrentamientos entre reclusos asociados a ‘Los Caleños’ por el expendio de drogas dentro y fuera de la cárcel. A pesar de controlar la mayoría del microtráfico en la ciudad, su principal fuente de ingreso son las extorsiones o rentas extorsivas. Instauraron lo que las autoridades han denominado el ‘cartel del huevo’, que consisten en extorsionar a finqueros, grandes comerciantes y empresas avícolas de la zona, quienes deben pagar una renta por la producción, distribución y comercialización de este producto, lo que ha llevado a un costo exagerado del huevo, llegando a costar hasta $20.000 pesos el panal. No es el único producto de la canasta familiar afectado por esta modalidad criminal, iniciaron con cebolla larga entre 2018 y 2019; ampliaron la extorsión a estos comerciantes con productos como cilantro y tubérculos. Hasta julio de este año se han registrado 61 homicidios en la ciudad y de acuerdo a la administración municipal, entre el 90 % y el 95 % de los homicidios está ligado al microtráfico y la renta extorsiva. En Tuluá se ha instaurado una ley del silencio, a pesar de que se conoce el alto grado extorsivo que padece la población, ante las autoridades solo se impusieron 51 denuncias por extorsión. Empresarios y ciudadanía que es víctima de este delito no denuncian y se ven forzados a pagar las vacunas por temor a represalias puesto que quienes se nieguen a pagar o denunciar son asesinados, como el caso del reconocido comerciante Elkin Restrepo, quien días antes de su asesinato había denunciado ser objeto de amenazas por negarse a pagar una extorsión. Buenaventura En Buenaventura los enfrentamientos y homicidios selectivos no han parado desde el 30 de diciembre de 2020, cuando el conocido grupo ‘La Local’ decidió dar por terminado el pacto criminal entre ‘babys narcos’ que lo dirigían, dividirse en dos y enfrentarse a muerte. El año 2021 tuvo un pico en la violencia que dejó 193 personas asesinadas, la mayoría jóvenes y más de mil desplazados internos. A pesar de que ambas agrupaciones han manifestado querer hacer la paz y acogerse a la propuesta del Gobierno Nacional, en lo corrido de este año, van 86 homicidios, casi todos relacionados con ajuste de cuentas entre Shottas y Espartanos. ‘Los Shottas’ son un GDO de Buenaventura que extiende su accionar criminal hasta la capital del departamento (Cali). Esta agrupación, en cabeza de Diego Bustamante, alias ‘Diego Optra’, nace de la división de la antigua banda la Local, la cual controlaba toda la actividad criminal de la ciudad hasta finales de 2020 cuando se fragmentó por pugnas internas entre sus antiguos socios. Este grupo quedó con el dominio territorial en todos los barrios de la comuna 12 de Buenaventura (con excepción del Caldas); en la comuna 11 controlan el corredor de la antigua vía al mar (Vía Río Dagua), hasta el Corregimiento de San Marcos, pasando por Sabaletas, Zacarías y Dagua, zona rural de Buenaventura, y se disputan la comuna en los barrios Cascajal, Los Pinos, Colón y Antonio Nariño de la comuna 11 y Juan XXIII, San Francisco, San Luis y el Kennedy de la comuna 7. A inicios del año 2021 predominaba su dominio territorial en las comunas 7 y 8, sin embargo, para finales de ese mismo año habían perdido parte del control en barrios como San Luis, San Francisco, Juan XXIII (de la comuna 7), Bellavista, Rockefeller, el Modelo, Pampalinda y Olímpico (Comuna 8). Lo mismo ocurrió en la zona rural, en la antigua vía al mar, su presencia se limitó hasta Dagua, mientras que en Córdoba y San Cipriano, se redujo considerablemente su influencia criminal. ‘Los Espartanos' es comandada por Jorge Isaac Campas, alias ‘Mapaya’. Controlan exclusivamente todas las comunas y barrios que hacen parte de la Isla Cascajal, donde se encuentran las instalaciones portuarias; del continente están ubicados en las comunas 5, que comunica a la isla con el continente. Además, también están en las comunas 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En zona rural marítima se ha constatado presencia en Bazán Bocana y Juanchaco. De los grupos que surgieron a partir de la división de La Local, fue el que quedó con mayor influencia criminal en el casco urbano. Hay un patrón de comportamiento criminal por parte de los grupos delincuenciales de estas ciudades, a pesar de que no se conoce relacionamientos entre sí. La forma de control social se da a través de dominar los productos de la canasta familiar y restricciones en los barrios. Los sueldos de sus integrantes los consiguen con las extorsiones. A pesar de ser grupos urbanos, muchas veces denominados como simples bandas, se conoce que los agrupan numerosos integrantes y portan armas de guerra que son utilizadas contra sus contrincantes. Su principal actividad delictiva es el microtráfico, por lo que el control de calles y barrios enteros es esencial para la comercialización de la droga.

Por: Katerin Erazo, periodista Las autoridades capturaron en Bogotá a 10 personas que presuntamente harían parte de una banda multicriminal, de origen venezolano, quienes habrían participado en el asesinato de nueve personas que han aparecido en las calles de la ciudad con signos de tortura y metidas en bolsas. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en medio de una rueda de prensa, mencionó que estas personas pertenecen al grupo “Los Maracuchos”, el cual delinque en barrios del centro de la ciudad y estaría en riña con “El Tren de Aragua” por el control del microtráfico. A estas personas también se les incautaron teléfonos, armas y estupefacientes, que serían material de investigación contra “Los Maracuchos”. La mandataria local mencionó que se radicó en la Cancillería de Colombia una solicitud al gobierno venezolano para que se penalice a los cabecillas del “Tren de Aragua” y que también emitieron una circular azul de Interpol para que se capture, en el país vecino, a cinco delincuentes pertenecientes a “Los Maracuchos” que huyeron a Venezuela. Ante la ola de asesinatos que se ha presentado últimamente en Bogotá y en el resto del país, Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), mencionó que Colombia, en los últimos años, ha venido entrando a una de las peores crisis de seguridad y violencia que ha tenido desde la firma del Acuerdo de Paz, ola de violencia que se ha visto reflejada en la expansión de las distintas organizaciones delincuenciales de distintos niveles de alcance, entre ellas las más conocidas como el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC y otras organizaciones más locales, las cuales se han fortalecido por la ineficiencia de la gestión del anterior mandatario, Iván Duque. Este aumento de la violencia se ha hecho sentir fuertemente en Bogotá, en donde la reciente ola de asesinatos ha impactado a una opinión pública acostumbrada a escuchar de asesinatos y masacres en los territorios alejados de la capital colombiana. Nada más en la madrugada del pasado sábado 10 de septiembre, en el sector El Mochuelo de la localidad de Ciudad Bolívar, las autoridades colombianas encontraron dos cuerpos de mujeres sin vida y en la Autopista Norte, a la altura de la calle 220, también fue hallado otro cuerpo. Esto se suma a una larga serie de cuerpos hallados sin vida que se han registrado en los últimos días, los cuales sufrieron signos de violencia. Según algunas versiones, estas últimas dos mujeres encontradas tendrían aproximadamente entre 30 y 35 años edad, y habrían sido abusadas sexualmente y posteriormente asesinadas con varios impactos de arma de fuego, aunque el director de la Policía Nacional, General Henry Sanabria, detalló en una conferencia de prensa que el cuerpo hallado en la Autopista Norte tenía signos de asfixia mecánica. La alcaldesa de Bogotá había anunciado el 06 de septiembre la creación de un grupo contra el multicrimen para combatir esta ola de inseguridad en la ciudad. López también habría mencionado que una de las bandas implicadas en estos crímenes es “El Tren de Aragua”, de Venezuela. Por esa razón, pidió al país vecino aislar a los jefes de esta organización que están presos en el centro penitenciario Tocorón. El Tren de Aragua, que toma su nombre de ese estado venezolano, inicialmente estaba en la zona de frontera en donde controlan las trochas y los negocios ilícitos, luego apareció en la capital (Bogotá) en donde se disputa el control del microtráfico con criminales locales. Isaac Morales también mencionó que estas organizaciones lo que hacen es enfrentarse entre ellas mismas, lo que determina los niveles de violencia y la gravedad de los hechos que están sucediendo actualmente. El director de la policía mencionó que a esa banda delincuencial se le atribuyen varios homicidios relacionados con el narcotráfico, pero también el tráfico de migrantes, de personas y prostitución de menores. Las autoridades tienen individualizados varios de sus integrantes e identificados a otros. Gracias al apoyo de la Fiscalía han logrado ubicar, a partir de medios técnicos y de la colaboración ciudadana, casas donde se han realizado los homicidios de algunas de estas personas. Según el coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares, las víctimas de estos grupos normalmente son víctimas de extorsión, afectadas por otras organizaciones y que terminan metidas en estas diputas entre las estructuras criminales. Morales menciona que hay una instrumentación grande de población venezolana en estos casos, una población vulnerable por su situación socioeconómica, pues de los 23 cuerpos que se han hallado en Bogotá, por lo menos 7 han sido venezolanos.

Por: Línea Paz, Seguridad y DDHH. Una de las grandes transformaciones del sector defensa propuesto por el nuevo gobierno de Gustavo Petro tiene que ver con la reforma a la Policía. Con el cuestionable manejo del Paro Nacional de 2021 y las recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos, como la CIDH y la ONU; la reforma a la doctrina militar de la Policía se posicionó en la agenda pública como un tema urgente para el país. Desde los primeros días de agosto se comenzaron a generar acciones en ese sentido. La salida de algunos funcionarios de la institución, el nombramiento de las nuevas directivas y la transformación del ESMAD; son las primeras pinceladas de lo que sería la reforma a la Policía Nacional liderada por el nuevo gobierno. A pesar de esto, aún no está claro cómo desde el gobierno Petro se va a realizar dicha reforma. Vale la pena mencionar que meses antes de la posesión se planteó la posibilidad de crear un nuevo Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia, considerando lo fundamental que es abordar el periodo de posconflicto desde una perspectiva de seguridad humana. Sin embargo, a la fecha no asoma ningún proyecto de ley en ese sentido ante el Congreso. Pero, ¿por qué reformar a la Policía? El Paro Nacional y las recomendaciones de los organismos internacionales Para nadie es un secreto que durante el Paro Nacional de 2019 y 2021, la Policía Nacional cometió violaciones a los DD.HH. Homicidios, delitos sexuales, mutilaciones oculares, torturas, secuestros y desapariciones son algunos de los crímenes que se les sindican a miembros de la institución en el marco de la movilización social. Como resultado de las múltiples violaciones documentadas y de la solicitud de diversas organizaciones sociales y sectores políticos, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas (ONU), enviaron misiones de verificación a Colombia para evaluar la situación de DD.HH. durante el paro. Las recomendaciones de ambos organismos apuntan al mismo sentido: sacar del Ministerio de Defensa a la Policía Nacional para que pase a ser dirigido por un orden civil y no militar. Particularmente, la CIDH sugiere la transformación de la aplicación de los protocolos que, en muchos casos, son violatorios de los DD.HH. El uso de la figura de traslado por protección que no aplica en el marco de una protesta social, la estigmatización asociada al género y la etnia, que provoca una potencial vulneración a las mujeres, personas de identidad diversa y pertenecientes a comunidades étnicas, así como la criminalización de la movilización por parte de altos funcionarios; son las principales críticas de la CIDH al manejo del Paro Nacional por parte del gobierno de Iván Duque. En ese sentido, recomendó al Estado colombiano generar una serie de transformaciones en la doctrina de la Policía, que permita un manejo más adecuado de las protestas, que no vulnere los derechos de los y las ciudadanas del país y que cambie los protocolos de uso de las armas para la dispersión. El anterior gobierno hizo caso omiso a dichas recomendaciones y sancionó dos leyes que reformaron parcialmente la carrera de Policía. La primera es la Ley 2179 del 30 de diciembre de 2021, que tiene por objeto crear la categoría de Patrulleros en la Policía Nacional y establecer las normas relacionadas con su régimen especial de carrera. Además, dicta disposiciones a los estudiantes y personal uniformado en servicio activo, relacionadas con la profesionalización para el servicio de policía y desarrollo policial con enfoque en derechos humanos y otras vinculadas con la modificación de normas de carrera, las distinciones para el personal de Patrulleros del Nivel Ejecutivo y el bienestar del personal. La segunda es la Ley 2196 del 18 de enero de 2022, la cual crea el Estatuto Disciplinario Policial, con el que se busca modificar los procedimientos y sanciones a los miembros de la Policía cuando haya vulneración de los derechos humanos, así como fortalecer la participación ciudadana. Si bien, esta ley establece un compendio de principios e integración normativa frente al Código Penal, Código Penal Militar y el Código de Procedimiento Penal; su alcance es meramente disciplinario. De manera adicional, mediante el Decreto 113 de 2022, se crea una nueva estructura orgánica de la Policía Nacional, adicionando tres jefaturas para el servicio: 1. Desarrollo Humano, 2. Servicio de Policía y 3. Administración de Recursos. Con estos cambios, se hizo énfasis en adecuar y mejorar las condiciones laborales del personal activo uniformado y en establecer cambios administrativos que incluyan un enfoque de DD.HH. Sin embargo, lejos de separar a la Policía del Ministerio de Defensa, las reglamentaciones que se realizaron en este periodo buscan transformar la gestión al interior de la institución, más no la doctrina. Una preocupación frente a esto surge por parte del gobierno de Estados Unidos que donó 8 millones de dólares para la realización de esta reforma. Dicha donación se dio de la siguiente manera: a) 2,7 millones USD para apoyar al Alto Comisionado de Paz para el “desarrollo y ejecución de módulos de entrenamiento en derechos humanos para la fuerza pública, fortalecimiento de capacidad para jueces disciplinarios policiales en derechos humanos, desarrollo de plan trimestral de derechos humanos para la policía, apoyo al observatorio de derechos humanos de la policía” (US Embassy, 2022). b) 1,5 millones USD para la creación de un Centro de Acreditación y Estándares Policiales, que desarrolle “módulos prioritarios, programas de certificación en derechos humanos y el apropiado uso de la fuerza” (ibíd.). c) 2,6 millones USD para la resiliencia, diversidad y uso apropiado de la fuerza que fortalezca el “entrenamiento y equipo para técnicas de resiliencia policial, entrenamiento e infraestructura para el ensayo de estrategias de diálogo y uso apropiado de la fuerza, y expansión de infraestructura en academias rurales con el fin aumentar la diversidad del plantel de la policía” (Ibíd.). d) Y finalmente 1,3 millones USD que apunte a la transparencia y responsabilidad con la “implementación de un nuevo sistema de manejo de casos de la inspección general de la policía con el fin de acelerar procesos disciplinarios y entrenamiento legal y en derechos humanos para los funcionarios de la inspección general de la policía” (Ibíd.). Cabe señalar que las reformas del gobierno Duque no apuntaron a lo señalado por la embajada del país norteamericano, por lo que no se tiene claridad sobre qué sucedió con el dinero donado por el gobierno de EE.UU. En consecuencia, el reto de implementar dichas transformaciones profundas propuestas por la CIDH, la ONU y la Embajada de EE.UU., quedaron pendientes para el nuevo gobierno. Referencias CIDH. (2021). Observaciones y recomendaciones Visita: Junio 2021 Visita de trabajo a Colombia. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_cidh_Colombia_spA.pdf ONU. (2021). Paro Nacional 2021: Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia. Disponible en: https://www.hchr.org.co/documentos/el-paro-nacional-2021-lecciones-aprendidas-para-el-ejercicio-del-derecho-de-reunion-pacifica-en-colombia/ U.S Embassy Bogotá. (2022) EE. UU. anuncia donación de usd 8 millones para apoyar la transformación de la policía nacional. Disponible en: https://co.usembassy.gov/es/ee-uu-anuncia-donacion-de-usd-8-millones-para-apoyar-la-transformacion-de-la-policia-nacional/#:~:text=El%208%20de%20febrero%20de,la%20formaci%C3%B3n%20en%20materia%20de

Por: Línea Paz, Seguridad y DDHH. La seguridad y convivencia ciudadana durante el gobierno de Iván Duque deja un balance preocupante . De acuerdo con el seguimiento realizado por Pares, son tres los puntos que representan el mayor reto en materia de seguridad para el nuevo gobierno. En primer lugar, las medidas de prevención del delito resultaron ser poco efectivas en los últimos cuatro años. Se observa una tendencia a la recuperación de los índices de los delitos de alto impacto frente al periodo anterior a la pandemia, las cifras registradas en 2021 y en lo que va de 2022 dan cuenta de un aceleramiento en las dinámicas de la violencia que hacen parte de los repertorios de la delincuencia común y organizada en todo el país. En segundo lugar, los mecanismos de resolución pacífica de conflictos no han disminuido los impactos de la pandemia en la convivencia ciudadana. Luego del confinamiento, el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMS) registra un incremento alarmante de los casos de comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad, tipificados en el artículo 27 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC). Este incremento fue del 59% en 2021 respecto al 2020, como se observa en el siguiente gráfico. Gráfico No. 1 Elaboración: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: RNMC. Entre enero y marzo de 2022 se registraron 190.164 casos de este comportamiento, siendo el porte de armas y las riñas las conductas más sancionadas (ver Gráfico No. 2). Este dato llama la atención debido a que representa una alerta en términos de la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana, ya que es un potencial dinamizador de las conductas violentas que deben ser atendidas por la Policía Nacional y que requieren de un debido tratamiento por parte de sus funcionarios. Gráfico No. 2 Elaboración: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: RNMC. En tercer lugar, la disputa por las rentas ilegales y la reconfiguración de la delincuencia organizada ha impacto en gran medida la seguridad en el país. Particularmente después de la pandemia, los hechos violentos derivados de dichas disputas en las conurbaciones urbanas y los ejercicios de control territorial en zonas urbanas, rurales y de frontera, ponen en evidencia la limitada capacidad de gestionar la seguridad desde las entidades territoriales y representan un gran desafío para la Policía. Este panorama constituye otro reto que debe afrontar el nuevo gobierno en términos de la gestión de la seguridad y convivencia ciudadana, y en consecuencia las autoridades de Policía en los municipios del país. Esto, debido a que las transformaciones en la Policía no sólo deben apuntar a atender las recomendaciones de los organismos internacionales, sino a garantizar efectivamente la seguridad a nivel nacional y local. La pérdida de confianza en la institución A raíz de las violaciones al D.I.H., los casos de corrupción y la crisis de seguridad, en Colombia se presenta un grado de desconfianza en la institución sin precedentes. La relación entre las y los ciudadanos con los funcionarios de la Policía es tensa en muchos contextos. Una muestra de esto es el gran número de sanciones impuestas por comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades (artículo 35 del CNSCC). Según el RNMC, en los primeros tres meses del presente año estos comportamientos registran 29.411 comparendos. De ese total, el 55% corresponden a incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía (numeral 2 del art. 35 del CNSCC), mientras que el 30% al irrespeto hacia las autoridades de Policía (numeral 1). El porcentaje restante hace referencia a los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 [1] del Código, como se observa en la siguiente imagen. Gráfico No. 3 Elaboración: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: RNMC. Si bien es necesario aclarar que estas sanciones son impuestas a discreción de los miembros de la Policía ante una situación que afecta la convivencia ciudadana, son un indicador de las problemáticas que existe frente al relacionamiento entre la ciudadanía y la Policía. Otro indicador de desconfianza tiene que ver con la cifra oculta de no denuncia de los delitos. Según la última encuesta de victimización del DANE, el porcentaje de personas que no denuncian los delitos de los que fueron víctimas ante ninguna autoridad fue del 72,9% en 2020 a nivel nacional, 69,8% para cabeceras municipales y 86,1% en centros poblados y rural disperso (DANE, 2021) (ver Gráfico No. 4). Gráfico No. 4 Las razones por las que la ciudadanía no denunció los hechos victimizantes que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana durante ese periodo fueron: 1. porque las autoridades no hacen nada, 2. porque no confían en la administración de justicia, 3. porque consideraron que no era necesario, y 4. otras [2] (Ibíd.) (ver Gráfico No. 5). Gráfico No. 5 A pesar de que la encuesta hace referencia al conjunto de entidades que gestionan la seguridad y administran la justicia, pone en evidencia el alto grado de desconfianza que existe ante las autoridades. Considerando que la Policía es una institución que recepciona las denuncias de los delitos de alto impacto en cada municipio del país, este dato no es menor. Hasta aquí se han presentado los principales retos para el entrante gobierno de Gustavo Petro, los cuales ponen en evidencia algunas de las transformaciones que son necesarias efectuar en materia de seguridad y que impactan a la Policía Nacional. Ahora y con motivo de comprender el rol que tendrá la institución en los próximos cuatro años, se analizará el enfoque de seguridad humana propuesto, y las transformaciones que hasta la fecha ha llevado a cabo el presidente Petro. Referencias Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2021). Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC). Disponible en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/convivencia/2020/Bol_ECSC_2020.pdf [1] Los numerales del artículo 35 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana son: 1. Irrespetar a las autoridades de Policía; 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía; 3. Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de Policía; 4. Negarse a dar información veraz sobre lugar de residencia, domicilio y actividad a las autoridades de Policía cuando estas lo requieran en procedimientos de Policía; 5. Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una medida o la utilización de un medio de Policía; 6. Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias que representen peligro a las autoridades de Policía; y 7. Utilizar inadecuadamente el sistema de número único de seguridad y emergencia. Disponible en: https://leyes.co/codigo_nacional_de_policia/35.htm#:~:text=Las%20autoridades%20y%20en%20particular,de%20que%20no%20sea%20as%C3%AD. [2] Otra razón agrupa: Existían muchos tramites o estos eran demorados, faltaban pruebas de hecho, no conocía el proceso de denuncia, lo(a) amenazaron, miedo a represalias, un familiar, amigo(a) o conocido(a) estuvo entre los delincuentes, las autoridades le recomendaron no denunciar, el problema se solucionó o el daño fue reparado y otro. Ver en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/convivencia/2020/Bol_ECSC_2020.pdf

Por: Línea Paz, Seguridad y DDHH. El enfoque de seguridad humana y la Paz Total El enfoque de Seguridad Humana es un elemento fundamental para la reforma de la Policía. Como lo ha señalado el actual presidente, dicho enfoque propone hacer énfasis en el respeto de los DD.HH., priorizando la vida como objetivo primordial de la seguridad. En esta medida, la adopción del mismo en la gestión de la seguridad se alinea con la propuesta de justicia restaurativa y paz total. La Asamblea General de la ONU, mediante la Resolución 66/290 de 2012 señala que la seguridad humana es “un enfoque que ayuda a los Estados Miembros a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos”. Del mismo modo exige “respuestas centradas en las personas, exhaustivas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención” (ONU, 2011). En este sentido, cambia la perspectiva con respecto al crimen y la violencia, pasando de un enfoque punitivo que criminaliza el delito, a otro que pretende actuar en las causas que lo originan. De esta manera, la seguridad humana renuncia a un accionar exclusivamente militar y pretende desplegar acciones para articularse con el conjunto de la institucionalidad del Estado. Para el presidente Petro es necesario que “se identifique que las causas del crimen son múltiples, no es una, son múltiples, muchísimas tienen que ver con las circunstancias sociales en las que se desarrolla una población” (Petro, G., 20 de agosto de 2022, discurso de posesión Cúpula Militar). En lo referente a la Policía Nacional, la seguridad humana necesariamente pasa por eliminar la doctrina del enemigo interno que, según el mandatario, es la que ha justificado el hostigamiento a la sociedad. Se trata de un redimensionamiento de la institución en el que se recupere el carácter civil del cuerpo policial, por tanto, de redefinir sus funciones y prioridades (Plan de Gobierno, p. 44). Dicho enfoque tiene impactos en la presentación de los resultados operativos que hasta ahora han medido la gestión de la Policía, ya que, como lo señala el presidente “la seguridad humana cambia el objetivo, la esencia de lo que se ha hecho en esta materia”. Por lo tanto, se busca transformar la medición de los resultados, no ya por el número de bajas, sino por “el aumento de la vida” (Petro, G., 20 de agosto de 2022, discurso de posesión Cúpula Militar). Si bien el nuevo mandatario ha señalado en sus intervenciones la importancia de este enfoque en la reforma a la Policía y en la garantía de una Paz Total, persisten muchas dudas frente a cómo se adoptará la seguridad humana en la gestión territorial de la seguridad. En una reciente declaración, el actual ministro del Interior, Alfonso Prada, señala que una de las directrices en este sentido apunta a otorgar la función de Jefes de Orden Público a los alcaldes del país (Blu Radio,2022). Actualmente existe una desconexión entre las comandancias de Policía en los municipios y las alcaldías. Esto debido a que la gestión de la seguridad recae en gran medida en la Policía y a que las líneas de mando están centralizadas en las direcciones nacionales y regionales de esta institución. Por lo tanto, dar funciones a los mandatarios locales como jefes del orden público permite dotarlos de la autoridad necesaria para que puedan disponer de las acciones de la Policía en materia de prevención y operación. Esto representa un gran reto, ya que modificar las líneas de mando puede generar molestias al interior de la Policía. Como se mencionó, la reforma a la Policía es uno de los factores que compone la fórmula de la Paz Total, pero esta no viene sola. La justicia restaurativa propuesta por el ministro de Justicia, Nestór Osuna, plantea un abordaje de los conflictos asociados a la seguridad y convivencia ciudadana a través del diálogo entre víctima y victimario, así como de las penas alternativas de aquellos delitos denominados “menores”. Esta transformación en la gestión de los conflictos implica dejar de lado el discurso punitivista de “el que la hace la paga”, para abordar una perspectiva de seguridad que se adecúe al contexto, atendiendo de manera integral e interseccional a la ciudadanía. Esta apuesta puede ser muy ambiciosa ante el contexto actual en el que el uso de la violencia como mecanismo de solución de conflictos es persistente. El incremento en los delitos de alto impacto, así como el aumento de las riñas y el porte armas, indican un contexto de seguridad deteriorado que requiere de acciones urgentes para hacerle frente. Por lo tanto, la adopción del enfoque de seguridad humana exige celeridad y efectividad. A pesar de estas propuestas, la realidad es que la reforma a la Policía ha generado bastante ruido al interior de la institución, provocando especulaciones sobre cual será su rol en los siguientes cuatro años y la disposición que tendrán los uniformados de acatar las ordenes del ejecutivo. Frente a esto, solo queda esperar que dichas transformaciones rindan frutos en términos de la seguridad en el país. El cambio de cúpula Una situación que ha generado molestias tiene que ver con el cambio de la cúpula, la salida de más de 21 generales ha tenido reacciones a favor y en contra. Según el monitoreo realizado por la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares, algunos de estos funcionarios retirados de sus cargos habrían cometido faltas graves (que incluso constituyen delitos), dentro de las que se encuentran casos de corrupción, favores a organizaciones delincuenciales e incluso violaciones a los DD.HH. Con la selección de los nuevos directores, el gobierno de Gustavo Petro busca dar un mensaje de prioridad de la perspectiva de DD.HH. al interior de la institución. Por primera vez, dos mujeres ejercerán cargos directivos dentro de la institución; estas son la Brigadier General(a) Yackeline Navarro Ordóñez, como la nueva subdirectora general de la Policía; y la Coronel Olga Patricia Salazar Sánchez, que asumirá la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN). Sin embargo, con estos nombramientos la línea de mando sufrió algunos cambios que pueden ser problemáticos, ya que no prioriza la jerarquía militar, sino la organizacional. Esto hace parte de las directrices del nuevo enfoque de seguridad humana y busca garantizar la adopción de las perspectivas de DD.HH. más allá del principio de autoridad. A los ojos algunos de los miembros de la Policía, esto demuestra un desconocimiento de la institución y puede provocar futuras disputas que afecten el cumplimiento de algunas funciones. Lo cierto es que, como toda transformación, provoca resistencias. Referencias Naciones Unidas. (2011). El enfoque de la seguridad humana desde tres estudios de caso / Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Instituto Interamericano de derechos humanos. Disponible en: https://www.iidh.ed.cr/multic/UserFiles/Biblioteca/IIDHSeguridad/11_2011/d31ae043-1976-4d83-86e9-35323eef3393.pdf Gobierno de Colombia. (2022). Plan de Gobierno 2022 - 2016. Disponible en: https://gustavopetro.co/descarga-programa-de-gobierno/ Blu Radio. (2022). “Queremos dotar de funciones a los alcaldes para que sean jefes del orden público”: MinInterior. Disponible en: https://www.bluradio.com/nacion/queremos-dotar-de-funciones-a-los-alcaldes-para-que-sean-jefes-del-orden-publico-mininterior-pr30

Por: Isaac Morales, Coordinador Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana Mucho se ha hablado de la necesidad de realizar cambios estructurales al interior de la Policía Nacional, como darle a la institución policial un enfoque más claro de derechos humanos, pensar en un servicio de policía de cara a las necesidades del barrio o de la comunidad y hacerla más cercana a la ciudadanía. Incluso ha estado en la agenda la necesidad de sacar a la Policía del Ministerio de Defensa y pasarla al Ministerio del Interior o crear un nuevo ministerio, que para el nuevo Gobierno del presidente Petro se llamaría Ministerio de la Paz, la Seguridad y la Convivencia; sin embargo, esto seguramente no será un proceso fácil ni que se vaya a dar de la noche a la mañana, más si se tiene en cuenta la naturaleza de la Policía Nacional de Colombia, que si bien se reconoce como un cuerpo armado de naturaleza civil, se ha caracterizado por ser una fuerza muy militarista debido al contexto colombiano enmarcado en las dinámicas del conflicto armado interno que ha vivido el país. Quizá uno de los cambios más notorios recientemente conocidos, tiene que ver con el nuevo uniforme, pasando de un verde camuflado a un azul turquesa muy al estilo de las policías europeas. Sin duda un cambio que puede dar cuenta del inicio de una nueva era en la policía, pero que también corre el riesgo de convertirse en un simple cambio estético, de forma, pero nada de fondo. Recientemente también se conoció el rebautizo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), ahora denominada Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO). Según el director general de la Policía, General Henry Sanabria, la nueva unidad de diálogo contará con dos componentes fundamentales: primero un Dispositivo Especializado de Intervención (DEI) y segundo un Dispositivo Básico de Acompañamiento (DBA). El DEI será algo así como la primera línea de esta nueva unidad y tendrá contacto directo con la ciudadanía que se manifieste, buscando impedir cualquier daño o alteración, por otro lado el DBA se encargará de moderar el diálogo con la ciudadanía y si identifica que alguien provoca o pretende causar algún daño lo asilará. Junto a esta nueva estructura de organización de la UNDMO, se conoció también la nueva imagen de cascos y tanquetas, unos blancos o azules y otros negros, en general detalles estéticos. Un poco más de fondo trae consigo el instructivo 009 de la Dirección General y la Oficina de Planeación de la Policía Nacional, firmado por el General Sanabria el pasado 25 de septiembre de 2022, en el que se dictan lineamientos institucionales para el restablecimiento del orden, señalando fundamentos jurídicos y directrices para adelantar procedimientos policiales en 11 escenarios particulares: 1. Manifestación Pública. 2. Huelga. 3. Perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial. 4. Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. 5. Enfrentamiento entre barras organizadas de hinchas de futbol. 6. Asonadas. 7. Erradicación de cultivos ilícitos. 8. Explotación ilícita de yacimientos mineros. 9. Riñas colectivas. 10. Motines en establecimientos carcelarios o penitenciarios. 11. Usurpación de inmuebles o tierras. Al parecer este instructivo aplica para la Policía en general y en particular toca a la UNDMO. En algunos de estos escenarios descarga las primeras responsabilidades de actuación a la fuerza disponible, que básicamente se trata de los uniformados que están en servicio y deben atender al llamado de su comandante para reaccionar. Según este instructivo están llamados a generar el diálogo y a acompañar a las autoridades político administrativas o al ministerio público donde se presenten estos hechos. Quizá lo más novedoso de este documento rector de la institución tiene que ver con el procedimiento frente a las manifestaciones públicas, en el que se señala que el acompañamiento y la presencia de la Policía se debe dar de manera “discreta”, no abriendo ni cerrando la movilización, tampoco marchando junto a los manifestantes, esto según, para no generar manifestaciones de odio. Otro aspecto relevante es que recalca que si la movilización esta compuesta por jóvenes entre los 15 y 24 años será en primera medida la fuerza disponible la encargada de intervenir y sólo cuando el nivel de agresividad sea muy alto podrá actuar la UNDMO; esto quizá en consonancia con la necesidad de protección de los derechos fundamentales de las personas menores de edad, sin embargo parece un poco complejo determinar la edad de los manifestantes en determinado momento. Este documento también deja algunas dudas con relación a otros escenarios en los que se cita a la UNDMO, en lo que tiene que ver con la erradicación de cultivos ilícitos y con la explotación ilícita de yacimientos mineros, pues la Policía Nacional cuenta con especialidades destinadas a estos fenómenos que afectan la seguridad en estos escenarios como la Dirección Antinarcóticos, los EMCAR (Escuadrones Móviles de Carabineros) o la misma Dirección de Carabineros y Protección Ambiental; que por cierto son expresiones concretas de una vocación militar en la policía, estas especialidades deberían ser responsabilidades directas de las Fuerzas Militares y en particular del Ejército Nacional, pero eso puede ser otra discusión. En concreto, la mayoría de policías en el mundo cuentan con unidades, especialidades o comandos destinados al control y disuasión de manifestaciones y protestas sociales, y en su mayoría también han registrado escenas de abuso de poder y violación de derechos humanos, como se vio recientemente en Chile, Francia, Estados Unidos o en Hong Kong. En el caso particular colombiano, el llamado desde la sociedad civil, organizaciones sociales e incluso organismos internacionales se ha orientado en dirigir a la policía y a su fuerza de control de movilizaciones hacia un camino de la protección de los derechos humanos y fundamentales, reconociendo con criterio humano en el marco legal y operativo cuándo hacer uso de la fuerza. En la memoria de los y las colombianas quedaron los abusos cometidos por el ESMAD en las movilizaciones de 2019, en las ocurridas durante el aislamiento en 2020 y las posteriores en 2021, cuando se registraron violaciones sexuales, retenciones ilegales y mutilaciones oculares, que por cierto han quedado mayormente impunes. Si bien se ha notado un esfuerzo institucional por parte de la Policía Nacional en adelantar procesos de modernización y transformación, estos deben dar cuenta de cambios estructurales, fortaleciendo la formación de los uniformados y haciendo énfasis en la necesidad de un servicio que vea a la ciudadanía como actores relevantes de completo respeto primando la protección de los derechos humanos. Hacer cambios de colores o de nombre no sirve de nada si no se hacen cambios de fondo, cualificando a las personas que a diario son la representación del estado para mediar y resolver los problemas de convivencia que se generan en las calles del país.

Por: Nicolás León, Asistente de investigación Línea Paz, Seguridad y DDHH. El reciente acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) ha puesto sobre la mesa el debate en torno a la repartición desigual de la tierra en Colombia. En este sentido, algunas voces del Gobierno como también voces expertas han resaltado el acuerdo como un suceso histórico y trascendental para transitar hacia la paz en el país. El acuerdo se logró concretar después de una sucesión de hechos que han acontecido en los últimos meses, para mencionar algunos: la invasión de tierras rurales por parte de campesinos reclamantes en 17 departamentos del país y la respuesta amenazante de los ganadores y otros gremios saliendo a desfilar con grandes camionetas en los territorios rurales del Magdalena. Este escenario parecía proclive para un estallido de violencia rural similar a los acontecidos a comienzos de siglo con el paramilitarismo, sin embargo, poco a poco, parece haberse ido tranquilizando y, aunque con algunas dudas, parece poder llegar a buen puerto. Este artículo se divide en dos partes. En la primera parte se da un contexto general sobre las movilizaciones en torno a la tenencia de la tierra en el país. En la segunda parte se hace una aproximación al caso del departamento del Magdalena, teniendo como referencia las posibles consecuencias y desafíos que debe enfrentar el acuerdo circunscrito en términos de seguridad ciudadana. Lo primero por dejar claro es que a pesar de que el acuerdo precede a una serie de hechos coyunturales que posibilitaron el escenario político para la negociación, el eje central del acuerdo obedece a un acumulado de demandas y conflictos históricos de décadas atrás. Este acumulado ha dejado como resultado 13 millones de campesinos reclamantes de tierras, al país en el sexto puesto entre los más desiguales en tenencia de la tierra (donde el 1% de la población tiene el 90% de la tierra) (Censo Agropecuario, 2014) y, actualmente, el deber de darle tierra a 3 millones de personas y formalizar la vocación agrícola de 7 millones de personas (CINEP, 2022). Por este motivo, analizar las ocupaciones de predios como un proceso de largo plazo es una tarea necesaria. Según Duarte (2022), desde una perspectiva histórica es posible observar que las invasiones de predios venían en un aumento progresivo desde finales de la década de los 70 hasta llegar a su auge en el 1987. En la década de los 90 y 2000, estas ocupaciones fueron mínimas, y finalmente en 2016 se ha presentado un aumento sostenido que llega a su punto máximo en 2020, para finalmente tener un descenso sostenido entre 2020-2022. El fenómeno de ocupación de tierras entonces no puede verse reducido a lo acontecido en los últimos meses, ni siquiera a los últimos cuatro años, sino deben verse desde una perspectiva a largo plazo. De los 2.768 predios afectados por ocupaciones, apenas 16 han sido reportados desde junio de este año (mes de la elección del actual gobierno), de los cuales 5 ya fueron devueltos (Duarte, 2022). Esto obedece al decrecimiento sostenido que se ha dado desde 2020, año en el que se reportaron 39 casos de ocupación, 5 casos más que los reportados durante 2021 y 9 más de lo reportado hasta la fecha en 2022. Lo anterior, sin embargo, no quiere decir que no haya habido un aumento de las movilizaciones en torno a la tierra en el país. Desde la firma del Acuerdo de Paz, lo acontecido puede interpretarse como una segunda oleada de movilización (Duarte, 2022), la diferencia es que mientras la primera se dio en los territorios en las costas del Caribe en 2016, la actual se ha concentrado en el suroccidente del país, especialmente en el departamento del Cauca (que solo este año ha reportado 13 casos de invasión). Estas movilizaciones se articulan con la implementación del punto 1 del Acuerdo Final y la construcción de una Reforma Rural Integral (RRI) para saldar la deuda histórica de la tenencia desigual de la tierra. Para suplir las demandas de Acceso y Formalización de la tierra y, en general, para impulsar cualquier avance significativo de la RRI, es indispensable trazar acciones y estrategias claras relacionadas con el Catastro Multipropósito, los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR), el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) y el Subsidio Integral de Acceso a la Tierra (SIAT), ejes que actualmente no han superado las expectativas y se encuentran con retrasos en su implementación (CINEP, 2022). A pesar de ser un conflicto complejo, con raíces históricas de décadas atrás, es necesario recalcar que el actual gobierno parece tener una oportunidad única para conducirlo hacia una salida satisfactoria, sobre todo considerando el aparente fortalecimiento de la política de Paz Total en la que se ha circunscrito el reciente acuerdo. Aun así, no son minúsculos los desafíos que se imponen para poder cumplir con todo lo pactado, especialmente teniendo en cuenta que los intentos por solucionar los conflictos por la tenencia de la tierra en el país han terminado en ciclos de violencia aparentemente interminables. Por lo anterior, daremos un vistazo al caso del departamento del Magdalena, uno de los departamentos que ha estado en el centro de las luchas por la tenencia de la tierra, pero también de la violencia armada. Actualmente, aunque las condiciones parecen alinearse, el escenario no deja de ser turbulento cuando se piensa en una futura implementación de lo pactado. Magdalena En este apartado se hará un recuento sobre los principales hechos en materia de invasión a tierras que se han presentado desde que el gobierno Petro asumió la presidencia. Esto considerando el alto impacto mediático que han tenido los conflictos por invasiones de tierra en los últimos meses. Para tal fin se hace énfasis en el departamento del Magdalena, al ser uno de los focos históricos de los conflictos por la tenencia de la tierra, así como una de las regiones en las que las luchas por el control territorial se han transformado constantemente. A comienzos de agosto de este año empezaron a verse incrementos en los casos de invasiones de tierras en el norte del Cauca. Estos casos se fueron expandiendo a otras regiones de los departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Huila, Guainía, Vichada, Antioquia, Cesar y Atlántico. Según el defensor del pueblo, Carlos Camargo, existen dos intereses fundamentales que motivan este tipo de acciones. Primero el de comunidades reclamantes de tierras que exigen su derecho a la propiedad y optan por la ocupación de predios baldíos, improductivos o administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Segundo, ocupaciones ejercidas por poblaciones étnicas en el marco de la denominada “liberación de la madre tierra”, en la que ocupan territorios que consideran como parte de su ancestralidad étnica y cultural, estas últimas se concentran principalmente en los departamentos del Cauca y Vichada. En este sentido, este tipo de manifestaciones han sido impulsadas por comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. En el departamento del Cauca, que ha sido el epicentro de las actuales invasiones, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha sido el principal abanderado para presionar por el acceso a la tierra e impulsar la reforma agraria. Mientras tanto, en los otros departamentos del país, el liderazgo lo han tenido las comunidades campesinas y afrocolombianas que reclaman por la restitución de sus tierras usurpadas en el marco del conflicto armado interno. Iniciando septiembre, este tipo de alertas empezaron a hacer eco en el departamento de Magdalena. Los empresarios ganaderos y otros gremios de la zona denunciaban posibles intentos de invasiones ilegales a predios privados, argumentando que una serie de demarcaciones hechas en las cercas de sus terrenos serían los puntos delimitados para invadir la propiedad. A pesar de que estas denuncias no se pudieron corroborar, el gremio Fedegán organizó una gran caravana de camionetas que se movilizaron por las zonas del departamento en la que se preveían tales invasiones. Según el presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie, el objetivo era “enviar un mensaje a todas las regiones”, especialmente considerando que “detrás hay mafias, criminales, profesionales en oficio de invasión que identifican actores en la región que tienen algún nivel de contacto o partencia con grupos armados”. La movilización también tenía como propósito impulsar la creación de los llamados “grupos de reacción solidaria”, que es una forma de organizar a los ganaderos de la región para defender sus propiedades de manera articulada. La posible aparición de estos grupos hizo recordar el pasado oscuro de las Convivir y sus comprobados nexos con los grupos paramilitares de la región. Como contraparte, voces del Gobierno Nacional y departamental salieron a desmentir la veracidad de tales invasiones. La ministra de Agricultura, Cecilia López, ha denunciado que grupos de personas han promovido las invasiones en Magdalena por medio de documentos y firmas falsas con las que ofrecen tierras a los campesinos. De manera similar, Carlos Caicedo, gobernador de Magdalena, declaró que las supuestas ocupaciones obedecen a una estafa y que en el municipio del Plato (uno de los municipios con más alertas en el departamento) “no existe ni una sola hectárea de tierra ocupada”. De igual modo, según Duarte (2022), los departamentos de Valle (669 casos), Antioquia (397) y Cundinamarca (231) son los que mayor cantidad de predios ocupados tienen a 2022. Mientras tanto Cauca (54), Huila (49) y Magdalena (46) se ubican entre los departamentos que menos casos de ocupación presentan a 2022. Paradójicamente estos últimos son los que mayor atención de los medios han tenido en materia de ocupación de tierras, lo que podría explicarse por la conflictiva relación entre campesinos, indígenas y afrocolombianos de un lado; y los grandes gremios de la región (azucareros en el caso del Cauca y ganaderos en el caso de Magdalena). Es prudente recordar que el Magdalena ha sido uno de los focos de atención de las ocupaciones de tierras. Desde la década de los 60, en los que la Acnur empezó un proceso de colonización y ocupación de baldíos, pasando por la proliferación de estructuras paramilitares que desplazaron y masacraron a los campesinos reclamantes, hasta el día de hoy cuando los reclamantes campesinos se encuentran en un escenario de tensión con los gremios ganaderos de la región. Por este tipo de disputas, el Magdalena se ha convertido en uno de los departamentos en los que más personas reclamantes de tierra han sido blanco de amenazas contra su vida o integridad. Según la Unidad de Restitución de Tierras (URT), entre 2012 y 2017 se reportaron 213 hechos de amenazas en contra de personas reclamantes de tierra en el departamento: 34 de los casos en Santa Marta, 30 en Pivijay, 23 en Fundación, 22 en la Zona Bananera, 22 en Puebloviejo, 21 en Chibolo, 20 en Ciénaga y los otros 41 distribuidos en los demás municipios del departamento (Giraldo & Vargas, 2018). A lo anterior se le suma los reiterados intentos por estigmatizar a la población reclamante, lo que ha llevado a que la tensión se profundice en los últimos años sobre todo en el contexto de la implementación de procesos de restitución de tierras. A principios de 2016, en Sabanas de San Ángel (Magdalena), el exprocurador Alejandro Ordoñez, Fedegán y otros gremios regionales convocaron un evento que exacerbó las discusiones en torno a los segundos ocupantes y los procesos de restitución (CINEP, 2017). Este panorama desencadenó la consecución de hechos de violencia indirecta y encubierta, como las mencionadas amenazas a reclamantes o la presencia de estructuras armadas cercanas al pasado paramilitar que apoyan a los gremios ganaderos (CINEP, 2017). La aparición de estas estructuras en este conflicto no parece ser ajena al hecho de que la mayoría de amenazas reportadas se hayan concentrado en la ciudad de Santa Marta y los municipios colindantes. Esta zona, en los últimos años ha visto el aumento de Grupos de Delincuencia Organizada y Grupos Armados Organizados herederos de estructuras paramilitares, como lo son Los Pachelly, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y el Clan del Golfo. Aún más grave, en el mes de agosto circularon panfletos de los Pachenca (misma estructura de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada) declarando una posible guerra contra el Clan del Golfo por el control territorial de zonas como Ciénaga, Zona Bananera, Pueblo Viejo y Santa Marta. Lo anterior, se suma al sospechoso escenario de falsas invasiones de tierras e impulsa a pensar que, de fondo, lo que acontece es una disputa por el control territorial del departamento. Es menester del Gobierno determinar en qué medida las disputas entre grupos armados pueden estar involucrados en la orquestación de las invasiones y en qué medida se verían beneficiados en un escenario de conflicto entre gremios y campesinos. De igual forma, es necesario dejar en evidencia que, para el caso de Magdalena, impedir una futura proliferación del fenómeno paramilitar está estrechamente relacionado con el control de los GAO y GDO concentrados en los conglomerados urbanos del departamento. Ante este amplio panorama, es prudente preguntarse qué tipo de acciones se tomarán por parte del Gobierno para enfrentar tamaño conflicto. Si bien el acuerdo entre el Gobierno y Fedegán es un punto de partida importante para resolver los conflictos por la tenencia de la tierra, es pertinente preguntarse por la forma en la que se pretende implementar lo acordado. En el caso del Magdalena se trata de un escenario que exige respuestas en materia de seguridad que deben ser revisadas con especial cuidado, sobre todo, si no se quieren repetir errores del pasado en los que grupos armados vuelvan a acaparar y tomar control sobre los terrenos rurales. Hasta el momento parece evidente que el gobierno ha incentivado una salida dialogada con los diferentes actores armados y delincuenciales, resta ver si esta serie de medidas estarán acompañadas de otras que ataquen a este tipo de organizaciones o, por el contrario, si la salida negociada será suficiente para materializar lo pactado. REFERENCIAS: Castro Medina, O. & Guzmán, E. (19 de septiembre de 2022). Las invasiones de tierras, un problema viejo que se multiplica en Colombia. Swissinfo.ch . Consultado en https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-tierras_las-invasiones-de-tierras--un-problema-viejo-que-se-multiplica-en-colombia/47912662 CINEP & CERAC (2022). Informe regional de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en las 16 Zonas PDET. Bogotá D.C., Colombia, pp. 1-53. Consultado en https://www.cinep.org.co/informe-territorial/ CINEP & CERAC (2022). Undécimo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia. 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Consultado en https://www.cinep.org.co/publi-files/PDFS/20190613C1_Evaluacion_de_politica_publica_Magdalena_Evaluacion_participativa.pdf López Bejarano, J. (30 de agosto de 2022). MinAgro rechazó invasiones de tierras y dijo que responsables serían investigados. La República . Consultado en https://www.larepublica.co/economia/minagricultura-rechazo-invasiones-de-tierras-responsables-podrian-ser-investigados-3436451 Redacción BLU Radio (22 de septiembre de 2022). “Con video de caravana de camionetas queremos enviar un mensaje": José Félix Lafaurie”. Blu Radio. Consultado en https://www.bluradio.com/nacion/con-video-de-caravana-de-camionetas-queremos-enviar-un-mensaje-jose-felix-lafaurie-pr30 Redacción Colombia (23 de septiembre de 2022). ¿Dónde están las invasiones de tierras en Colombia?. El Espectador . Consultado en https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/donde-estan-las-invasiones-de-tierras-en-colombia/ Urieles, R. (11 de agosto de 2022). 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Por: Karen Lozano, Asistente de Investigación Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana El microtráfico y narcomenudeo es el mercado ilegal del cual se valen las estructuras delincuenciales para poder distribuir y comercializar drogas a distintas comunas o barrios de las ciudades y municipios del país en pequeñas cantidades, esto con el fin de obtener grandes ganancias económicas. Según Ávila y Pérez (2012), como se citó en Londoño (2013), el narcomenudeo es uno de los principales potencializadores de inseguridad y violencia en las ciudades. De hecho, algunos expertos ven estos mercados como los principales generadores de la criminalidad urbana. A raíz de este mercado se derivan las disputas territoriales entre grupos delincuenciales, debido a que cada uno quiere tener control total sobre la zona en la que opera sin tener ningún tipo de competencia. El microtráfico en Colombia ha desatado una ola de homicidios e inseguridad que tiene en vilo a los ciudadanos. El panorama a nivel nacional con el fenómeno del microtráfico y el narcomenudeo es bastante preocupante, pues son muchas las estructuras delincuenciales que se han identificado como expendedoras de estupefacientes en muchas aglomeraciones y áreas metropolitanas, afectando la seguridad y convivencia. La Policía Nacional, en la realización de operativos, ha logrado golpear a varios grupos delictivos y en la mayoría de casos ha podido desmantelar a las estructuras o capturar a los cabecillas de las mismas. Según las estadísticas presentadas por el Ministerio de Justicia y del Derecho, a nivel nacional las incautaciones para 2022 han disminuido siendo 2021 el año en que se han presentado más operativos con respecto a estas, y siendo la marihuana la sustancia psicoactiva que más ha sido incautada, tal como se muestra en el siguiente gráfico: Gráfico No. 1. Incautaciones de marihuana Fuente: Ministerio de Justicia y del Derecho, 2022 Con respecto al microtráfico en la ciudad de Bogotá, según cifras de la Policía Nacional, la SIJIN y la DIJIN, entre 2021 y lo que va de 2022 se han incautado 5 toneladas de marihuana, 265 mil gramos de bazuco y 106 mil gramos de cocaína, convirtiendo la marihuana en la droga que más se vende y se consume en la aglomeración urbana. A corte de julio de 2022 las localidades en las que hubo operativos de incautaciones fueron: Kennedy (que presenta el mayor número de incautaciones, con un 45%), seguida de Santa Fe, Los Mártires, y Rafael Uribe. La SIJÍN señala que solo en Bogotá existen 131 puntos de expendio de drogas (El Tiempo, 2022). Estas cifras son bastante alarmantes, pues demuestra que este mercado ilegal se está fortaleciendo en toda la ciudad y las estructuras criminales van a seguir ejerciendo control sobre varios territorios, haciendo más compleja la tarea de acabar con el fenómeno del microtráfico que tanto le ha costado a los gobiernos por años. En cuanto a la disputa por territorios, esta se ha dado entre integrantes de las bandas a manera de riñas o tiroteos, tal como se vio con el caso del enfrentamiento a disparos que tuvo lugar el pasado 05 de octubre en la localidad de Ciudad Bolívar, según diversas versiones, los dos involucrados eran reconocidos por vender estupefacientes en esa localidad (BLU Radio, 2022). De acuerdo con lo anterior y para atender este fenómeno, el gobierno anterior implementó el denominado ‘Plan 100’, de la mano con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Fiscalía. El objeto de este programa era disminuir el microtráfico en todo el país y devolver la tranquilidad a los territorios (Asocapitales, 2021). Bajo este plan se han logrado desarticular varias estructuras u organizaciones criminales que se dedican al expendio de estupefacientes en toda la geografía nacional, logrando impactar de manera importante a este flagelo. Uno de los temas que más ha generado preocupación entre la comunidad y las autoridades frente a las disputas por territorios que son evidentes en varios centros urbanos del país, tiene que ver con los denominados “ajustes de cuentas” o sicariatos. En el último informe de violencia homicida realizado por la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (2022) en los últimos años se ha registrado una tendencia de incremento en cuanto a los homicidios ejemplarizantes en las zonas urbanas. Los homicidios ejemplarizantes son mecanismos de control social y territorial derivados de las disputas entre organizaciones delincuenciales por los mercados ilegales. En el presente año se registró una masacre en Bogotá, el caso de los cuerpos encontrados en una camioneta que estaba estacionada en el sector norte de la aglomeración urbana, para este hecho las autoridades descartaron que se tratara de un asesinato por hurto y aclararon que se podría tratar de un posible ajuste de cuentas (El Espectador, 2022). Ante este panorama, desde la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares se indica que las luchas entre estructuras criminales y la lucha a causa de los mercados ilegales han intensificado los homicidios ejemplarizantes durante 2021 y lo que va de 2022, esto provoca que los habitantes se sientan intranquilos e inseguros. Tolima Ahora bien, pasando al contexto departamental como estudio de caso, el Tolima no ha sido ajeno a la presencia de grupos delincuenciales que se dedican a la venta de estupefacientes. En lo corrido de 2022, en el departamento se han logrado legalizar capturas a integrantes y se han golpeado a estructuras delincuenciales completas, entre las estructuras desarticuladas se encuentran: Los Brothers; La Línea y La Escala, dedicadas al microtráfico. Ibagué La Ciudad Musical no ha sido ajena a la disputa de territorios causada por la venta de drogas. En el pasado mes de agosto, el alcalde Andrés Hurtado dio a conocer que en operaciones conjuntas con la Policía Nacional y la Fiscalía lograron la captura y desarticulación de las bandas denominadas, Los Tambores; Los Brothers; Los Master; Los del Cantor; Los Invasores; Los Caciques y Los Magos , esta última estructura, aparte de estar involucrada en la venta de drogas, también lo estaba en el hurto a comerciantes en Ibagué, Antioquia y Risaralda. Algunas de las capturas se ejecutaron bajo la operación ‘Implacables contra el delito’ de la Policía Metropolitana de Ibagué y el ‘Plan 100’ , ambas estrategias han ayudado a impactar las bandas de manera eficiente. Los balances presentados por las autoridades de la ciudad, en materia de seguridad, a corte de agosto del presente año, son los siguientes: de las 73 bandas desarticuladas en la ciudad, 33 fueron por microtráfico de estupefacientes y 20 por robo en todas las modalidades (Prensa Alcaldía de Ibagué, 2022). Otros municipios En municipios del norte del Tolima como Venadillo, Honda y Mariquita, las disputas por territorios no cesan, lo que causa gran preocupación entre sus coterráneos. El secretario del Interior del Tolima, Alexander Tovar, dio a conocer que las estructuras que operan en esos municipios se dedican a la distribución y venta de estupefacientes, razón por la cual las disputas por el territorio se hacen presentes. Seguido a esto, Tovar informó que el tema del microtráfico en Venadillo es un tema estructural, por este motivo se han realizado varios consejos de seguridad en los que se han podido adoptar medidas que mejoren la seguridad. Del mismo modo, en Honda el homicidio de un joven mecánico de 25 años estaría relacionado con la distribución de estupefacientes; en resultados operativos, en el marco del ‘Plan Mil contra el Microtráfico’, la policía logró capturar en flagrancia a dos sujetos de 25 años que se dedicaban a la distribución de droga, la incautación correspondió a 500 gramos de marihuana, 117 gramos de base de coca y 101 gramos de bazuco. El Espinal es un municipio que no se queda atrás, pues los hechos de inseguridad, sicariatos y delincuencia común están afectando gravemente a los espinalunos. En cuanto a los hechos de inseguridad, las autoridades señalan que están directamente relacionados con las disputas entre bandas delincuenciales, entre las que se destacan Los Caloches y Los Penagos, que han estado activas desde hace 20 años en el municipio. En el mes de septiembre se impartieron tres órdenes de captura para miembros de estas bandas que, además de estar involucrados en hechos de sicariatos, también lo estarían en acciones de microtráfico en distintos sectores del casco urbano. De la misma manera, en operativos de la SIJÍN, uniformados de la Estación de la Policía Nacional y la Fiscalía, se logró la captura de alias “Jose”, quien estaba encargado de distribuir estupefacientes en la zona urbana. A esta persona le fueron encontradas 77 bolsas plásticas transparentes que contenían 1.070 gramos de marihuana. Como se pudo evidenciar en este artículo, el microtráfico, principalmente la venta de marihuana, ha tomado fuerza en el país y el departamento del Tolima no ha sido ajeno, pues su ubicación geográfica ha permitido que este mercado ilegal haya logrado impactar de manera importante en sus municipios. Las disputas de control por el territorio van a seguir siendo frecuentes si no se fortalecen las capacidades institucionales en contra de las estructuras criminales, por esta razón se hace pertinente que desde el Gobierno Nacional comiencen a implementar estrategias para lograr contrarrestar estas situaciones y así brindar un ambiente de tranquilidad y sectores poblacionales más seguros. Referencias BLU Radio. (2022). Duelo a bala en Bogotá terminó con un muerto: enfrentamiento habría sido por venta de drogas . Consultado en https://www.bluradio.com/blu360/bogota/duelo-a-bala-en-bogota-termino-con-un-muerto-enfrentamiento-habria-sido-por-venta-de-drogas-rg10 Colmenares, D. (22 de febrero de 2021). Gobierno Nacional pone en marcha el “Plan 100 contra el microtráfico”. Consultado en https://www.asocapitales.co/nueva/2021/02/22/gobierno-nacional-pone-en-marcha-el-plan-100-contra-el-microtrafico/ El Tiempo. (2022). Se han incautado cinco toneladas de marihuana entre 2021 y 2022 en Bogotá. 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