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Por: Nicolás Hernández, Investigador Nacional Línea Paz, Seguridad y DDHH. Con la llegada del exjefe de las AUC Hernán Giraldo, se generó una gran zozobra frente a la posibilidad de darse una nueva ola de violencia en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores. ¿Quién es este personaje y por qué generó tanto temor su regreso al país?, ¿qué vínculos posee este con las estructuras al margen de la ley que operan en la Sierra Nevada actualmente? Hernán Giraldo Serna procede de San Bartolomé, Caldas, un pueblo ubicado al interior del país. En 1969 llegó a Santa Marta (Verdad Abierta, 2010). Su trayectoria y afinidad por las labores del campo, explican su llegada a la Sierra Nevada, dedicándose inicialmente a la recolección de café. Su vocación emprendedora lo llevó a buscar nuevas alternativas de ingreso económico; es así como incursiona en el mercado de la extracción de madera. Para ese entonces ya la zona donde realizaba su actividad económica estaba permeada por cultivos ilícitos; lo que lo llevó a inmiscuirse en el mundo del narcotráfico y el crimen organizado, como una forma de mantener territorio y poder. Para la década de los 70, la violencia en Santa Marta se encontraba en uno de sus momentos más críticos, al punto que ultimaron a un hermano de Giraldo, lo que llevó a que este, con otros grupos de colonos, tomaran las armas para brindar “protección” a los comerciantes del mercado de Santa Marta y cultivadores de marihuana de la Sierra Nevada. De acuerdo con la cronología anterior, y bajo la premisa de manejar gente de confianza, involucra a su hermano, José Freddy Giraldo Serna, quien fue asesinado en 1977 en pleno mercado público a manos de asaltantes de campesinos, situación que lo motivó a integrarse a otros grupos de autodefensas existentes  bajo la denominación de “Chamizos”, que actuaban en complicidad con el F2 (posterior DAS), acentuado su radio de acción en el casco urbano de Santa Marta, dedicándose a asesinatos selectivos y al cobro de extorsiones a los comerciantes de la ciudad (el Heraldo 2021). En ese contexto, “Los Chamizos” llegaron a infundir temor, por mucho tiempo fueron amos y señores de este espacio geográfico, pero para mediado de los 80 se empezó a dar una guerra con las FARC por el control de esta área, que era de gran importancia para el narcotráfico. Lo que significó un enfrentamiento con las FARC y un posterior conflicto interno con otros grupos de autodefensas en la región. Para 1995, bajo el liderazgo de Hernán Giraldo, se crean oficialmente las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira, su principal fuente de financiación provenía del narcotráfico, pues se ubicaban en un punto estratégico de la geografía colombiana. Esto llamó la atención de otro grupo paramilitar, las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), y es en este punto cuando Carlos Castaño, Rodrigo Tovar Pupo alias “Jorge 40” y Salvatore Mancuso, empezaron una guerra sangrienta por el poder de esta área. Finalmente, Giraldo y su gente terminan subyugados por el poder del bloque norte de las AUC, a cargo de “Jorge 40”, y es así como estas pasan a ser un frente minoritario de las AUC conocido como “Resistencia Tayrona”. Siguiendo la secuencia temporal, a mediados del año 2003 se dan los acuerdos de paz de “Santafé de Ralito” con el Gobierno Nacional, donde estos grupos llegan a un consenso de entregar las armas y pagar una condena de 8 años de prisión, pero ante la evidencia de sus actos delictivos como asesinatos selectivos y extorsiones, el Gobierno Nacional toma la decisión de extraditar a Giraldo en 2008. El 25 de enero de 2021, más de 12 años después, Giraldo volvió al país, actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Itagüí donde hoy cumple condena por múltiples delitos. De acuerdo con su perfil, las actividades ilegales hicieron de Giraldo un personaje muy sui generi, por sus excentricidades, capacidad para infundir terror, así como su abuso sistemático a menores de edad, por lo que se le conoce más de medio centenar de hijos. Su familia estuvo vinculada a las actividades ilícitas, muchos de estos hijos y algunos sobrinos hoy día siguen el legado de su padre y tío en el ámbito delincuencial, hay varios tras las rejas y otros están sumergidos en las estructuras criminales que operan actualmente en Santa Marta y la Sierra Nevada, bajo las toldas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (Pachencas), donde una hija y un sobrino en los últimos 5 años llegaron a estar en la máxima jerarquía de este grupo delincuencial. Ahora bien, se nota cómo la familia Giraldo ha sembrado el terror en la Sierra Nevada de Santa Marta por décadas y donde hoy día se encuentran amparados en estructuras criminales como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Pachencas). Este grupo es heredero de la cadena delincuencial de Hernán Giraldo y del ya fallecido “Chucho Mercancía”. Esta cadena criminal sigue la línea familiar, representada principalmente por los siguientes actores: Hernán Giraldo Ocho, alias “Rambo”, este había entregado las armas con su padre, pero para 2009 fue detenido pues al parecer había seguido delinquiendo y tenía una anotación por porte ilegal de arma y además era señalado de ser el cabecilla de “Los Nevados”: “En operativo del CTI y el Ejército, Fuerza de Tarea Conjunta del Magdalena, fue capturado en Guachaca, corregimiento de Santa Marta, Hernán Giraldo Ochoa, alias ‘Rambo’, segundo al mando de la banda criminal ‘Los Nevados’”(Fiscalía 2009). Deimer Patiño Giraldo, alias “80”, al igual que Amparo Giraldo alias “Daniela”, llegó a convertirse en máximo líder de “Los Pachencas”, este le da una reestructuración al grupo, colocándole como nombre oficial Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Patiño Giraldo fue ultimado en junio de 2020 en un operativo de la Policía, lo que dejó al grupo sin un liderazgo definido para esta época. Mario Giraldo fue un sobrino de Hernán Giraldo y mano derecha de “Chucho Mercancía”, los dos fueron abatidos en enfrentamientos con las autoridades. “Se comenta que “Chucho Mercancía” recibía órdenes de Hernán Giraldo, quien fue máximo jefe de “Los Pachencas”, este provenía de la estructura criminal anteriormente mencionada, Jesús María Aguirre, alias ‘Chucho Mercancía’, líder del grupo criminal Los Pachencas surgió tras la desmovilización en 2006 de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, y declarado recientemente objetivo militar de primer orden” (Vanguardia – 2019). Gladys Giraldo, alias “La Paraca”, y Shirley Carolina Giraldo alias “La Encuestadora, fueron detenidas conjuntamente el día 19 de noviembre de 2019 por estar vinculadas con la estructura delincuencial de “Los Pachencas”, dueños del microtráfico de drogas y quienes serían los responsables de decenas de crímenes en la capital del Magdalena. Daniel Giraldo Contreras, alias “el grillo”, se encuentra detenido desde el año 2010, este tuvo varios choques con su hermano Hernán Giraldo para el año 2008, pues su hermano no respetó la orden jerárquica que había heredado dentro del clan familiar. Se comenta que en la actualidad ha tenido problemas con otro de sus hermanos, lo que ha segregado al clan familiar en dos bandos, esto es con Alberto Giraldo, pues cada uno se llevó consigo familiares que estuvieran aliados a sus conductas criminales; sin embargo, esa separación llevó a que los herederos del padre Hernán Giraldo no conformaran un ejército, sino que se mataran entre ellos por el dominio del negocio criminal. Rubén Giraldo es uno de los sobrinos que tuvo mayor representatividad en las estructuras delincuenciales, ya que se alió con alias “La silla”, un poderoso narcotraficante del caribe colombiano. Rubén fue capturado para el año 2013. También figuran otros sobrinos con anotaciones delincuenciales como Nadier Giraldo, Alberto Giraldo alias “Beto”, Aldemar Giraldo, Gustavo Giraldo alias “Gustavito”, Robinson Giraldo, Anderson Giraldo, Daniel David Giraldo. Vemos cómo la familia Giraldo ha sembrado el terror en la Sierra Nevada de Santa Marta por décadas, estos amparados en estructuras criminales como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (Pachencas). Este grupo es heredero de la cadena delincuencial de Hernán Giraldo y del ya fallecido “Chucho Mercancía”. Otro personaje importante proveniente de la organización de Giraldo es Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias “cara e’ muñeca”, este en la actualidad es uno de los más buscado en el departamento del Magdalena como lo indica la Policía Nacional (Foto No. 1) y cuyo dominio se ejerce principalmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, comprendiendo así los 3 departamentos en la que se ubica, donde sus principales fuentes de financiación son el narcotráfico y la extorsión. Foto No. 1 Foto: cuenta de Twitter de la Policía de Santa Marta El día 26 de septiembre del presente año se vivió un hecho que marcó la historia de este grupo, pues le solicitó de manera oficial, mediante un comunicado (Foto No. 2), al presidente de la República, ser parte de la política de Paz Total que busca implementar con las organizaciones delincuenciales del país. Esta es la viabilidad que ven muchos miembros de grupos armados para reincorporarse a la vida civil. Foto No. 2 En la actualidad los diálogos con grupos subversivos y las organizaciones delincuenciales más significativas del país generan una amplia expectativa, ya que sin duda podría resultar en la disminución de la violencia en general; así como en la violencia doméstica en las ciudades, especialmente en sectores que actualmente están sitiados por grupos al margen de la ley. El diálogo actual es muy complejo, porque el desmonte de la violencia está mediado por el control de las rutas del narcotráfico, el comercio ilegal de las armas y todo lo que representa la economía criminal. Ahora bien, a pesar de la complicada situación antes mencionada, las conversaciones con los grupos armados van por buen camino, el mismo día de la posesión de Gustavo Petro como presidente de República, diferentes organizaciones criminales enviaron cartas en las que manifestaban su voluntad de paz y apertura al diálogo; incluso organizaciones delincuenciales de largo aliento y de fuerte impacto en varias partes del país, como “La Oficina”, que ha operado en Medellín y el Valle de Aburrá desde la década de los 80 hasta la actualidad. Es así como la idea de Paz Total podría convertirse en una opción para acabar de raíz el nefasto legado de Hernán Giraldo hoy aún vivo en la esencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Referencias: Fiscalía General de la nación. Capturan a alias ‘Rambo’, hijo de Giraldo Serna (2009). En: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/capturan-a-alias-rambo-hijo-de-giraldo-serna/ Judiciales El Heraldo. Así construyó Hernán Giraldo su leyenda criminal (2021). En: https://www.elheraldo.co/judicial/asi-construyo-hernan-giraldo-su-leyenda-criminal-786168 Verdad abierta. Los años de Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta, (2010). En: https://verdadabierta.com/los-anos-de-hernan-giraldo-en-la-sierra-nevada-de-santa-marta/ Ayúdenos a identificar a los delincuentes más buscados por @PoliciaStaMarta . Hasta 300 millones de recompensa. En: https://twitter.com/PoliciaStaMarta/status/1533846708441997313/photo/1 Fue abatido ‘chucho mercancía’, el jefe de Los Pachenca (2019). En: https://www.vanguardia.com/colombia/fue-abatido-chucho-mercancia-el-jefe-de-los-pachenca-yn1087562

Por: Katerin Erazo, Periodista En lo corrido del año, la Fundación Paz & Reconciliación ha venido publicando diferentes notas que tienen que ver con la coyuntura del país. Estas notas han sido realizadas por las diferentes líneas de investigación de la Fundación: Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos; Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana; Línea Democracia y Gobernabilidad; Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil; y Línea de Género. En este artículo retomaremos las cinco notas más vistas en el portal web de la Fundación, las cuales son: Nuevo Director de la Policía Nacional, Mayor General Henry Armando Sanabria Cely; ¿Quién es el nuevo comandante del Comando Coordinador de Occidente?; Diálogos Regionales Vinculantes; Esta ha sido la agenda de Francia Márquez en las últimas tres semanas; y ¿Quién es Gabriela Posso, la alta consejera para las juventudes? 1 . ¿Quién es el nuevo comandante del Comando Coordinador de Occidente?, por Francisco Daza, Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos Esta nota del 10 de febrero cuenta la sucesión que se dio entre alias “Jhonier”, comandante del Comando Coordinador de Occidente (CCO), y alias “Mayimbú”, luego de que muriera “Jhonier” el 24 de enero. Francisco Daza enfoca su análisis en el departamento del Cauca, en donde el CCO tiene alta presencia, y se pregunta por lo que podría pasar luego de la muerte de “Jhonier” y la toma del mando por parte de “Mayimbú”. El artículo también perfila a “Mayimbú”, criminal que estuvo vinculado a los grupos armados desde que tenía 12 años, pero a partir de sus 15 años operó en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. Lea la nota aquí . 2. Diálogos Regionales Vinculantes , por Ernesto Medrano, Línea Democracia y Gobernabilidad En esta nota, el asistente de investigación de Pares, Ernesto Medrano, explica detalladamente lo que son los Diálogo Regionales Vinculantes, los cuales el Gobierno planteó como un instrumento de planeación fundamentado en la escucha activa, con el fin de construir el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Cuenta que representantes del Ejecutio escucharían a más de 40 subregiones del país para recoger peticiones enmarcadas en los cinco ejes transformacionales planteados por el nuevo gobierno. La nota también reconstruye diversas experiencias de interlocución ciudadana que se han tenido en el país en gobiernos anteriores, como el de Uribe Vélez, Santos y Duque; comparándolas con la propuesta del gobierno actual. Lea la nota aquí. 3. Nuevo Director de la Policía Nacional, Mayor General Henry Armando Sanabria Cely ; por Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana Esta nota publicada el 23 de agosto, tenía como fin dar a conocer con más detalles sobre el nombramiento del Mayor General Henry Armando Sanabria Cely, de 51 años, como nuevo Director de la Policía Nacional. Esto en el marco de la designación de la nueva cúpula de la fuerza pública del en ese momento recién llegado gobierno Petro. En este sentido, el artículo menciona el mensaje claro que el gobierno del Pacto Histórico quiso dar dentro de las instituciones militares y armadas, principalmente en el Ejército Nacional, de fortalecer las relaciones entre la sociedad civil y las autoridades. Dentro del escrito, la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares también habló sobre los perfiles que entraron a la entidad, resaltando el nombramiento de la primera mujer en un cargo directivo dentro de la Policía Nacional. Lea la nota aquí. 4. Esta ha sido la agenda de Francia Márquez en las últimas tres semanas , por María Victoria Ramírez El 29 de septiembre fue publicada esta nota en la que se habla sobre lo que habían sido las actividades más relevantes de la vicepresidenta Francia Márquez a semanas de las elecciones. Esto en respuesta a un ambiente de incertidumbre que se generó en diferentes medios de comunicación alrededor de las actividades de Márquez. María Victoria Ramírez cuenta que la agenda de la vicepresidenta se había centrado en reunirse con diversas instancias y recorrer múltiples zonas del país. Cuenta de la participación de Márquez en los Diálogos Regionales Vinculantes y su gestión y preocupación por el diseño del Ministerio de la Igualdad. También menciona que la vicepresidenta había tenido que enfrentar ataques racistas, y que había expresado que “el racismo es algo que lastima a quien lo padece, es algo que duele. Uno no espera que lo comparen con un animal, y los animales tienen derechos también. Uno espera que lo traten como a un ser humano. Nosotros somos seres humanos y por nuestro color de piel no pueden expropiar nuestra condición humana para definir qué es lo que somos”. Lea la nota aquí. 5. ¿Quién es Gabriela Posso, la alta consejera para las juventudes? , por Miguel Ángel Rubio Ospina, Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil El objetivo principal de esta nota fue visibilizar el perfil de Gabriela Posso, quien lideró el proceso político de Gustavo Petro en el Valle de Cauca y quien fue reconocida por el mandatario mediante su nombramiento como la Alta Consejera para las Juventudes. El artículo cuenta que Posso pudo acompañar el primer Diálogo Regional Vinculante que se llevó a cabo en la ciudad de Cali. Gabriela Posso fue la coordinadora del empalme de Juventud, donde identificó falencias y algunas fortalezas sobre las juventudes colombianas. Actualmente la Alta Consejera trabaja en el tema de la reforma de estatuto de juventudes. Se mencionan las cinco líneas de trabajo en la nueva Alta Consejería para las Juventudes, que son: Paz Total y derechos humanos; Juventud movilizada y participativa por el poder popular; Juventud movilizada por la justicia social y cierre de brechas con enfoques diferenciales; Juventud movilizada en la producción, la reindustrialización, el trabajo digno y la transformación energética; y Juventud movilizada por la educación y la sociedad del conocimiento. Dentro de este escrito, Rubio menciona que se espera que esta activista realice una buena gestión, asegurando de que sabrá responder a las necesidades de los jóvenes en todo el país. Lea la nota aquí.

Por: Redacción Pares 2022 fue un año bastante agitado para Colombia, no solo por la tensionante coyuntura electoral, sino por el avance de la violencia en diferentes territorios del país, producto del resultado de cuatro años del gobierno de Duque, que ni trabajó por la paz ni fue capaz de controlar el fortalecimiento de las estructuras armadas ilegales. Esto, sumado a problemáticas ambientales, de seguridad urbana, género, étnicos, casos de corrupción, etc., hacen de Colombia un país que exige la investigación social y el análisis de la realidad para contribuir a la construcción de un país en paz, con una democracia fuerte, respetuosa de los derechos humanos y del Estado social de derecho. Justamente este ejercicio de lectura, análisis e interpretación de la realidad colombiana es una de las labores de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares). De manera constante, Pares publica informes investigativos sobre sobre los hechos más importantes en materia social y política en el país, con todo el rigor y profundidad que necesita un país tan complejo. Durante 2022 publicamos 38 informes sobre los temas más complejos. Aquí un resumen de los cinco informes más consultados por nuestros lectores en este año: 1. Plomo es lo que hay: violencia y seguridad en tiempos de Duque Publicado el 08 de abril, este informe de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos, hace un balance sobre la situación de violencia y seguridad en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, especialmente desde el inicio del periodo presidencial de Iván Duque en 2018. El informe cuenta con cifras de desplazamiento forzado, confinamiento, desaparición forzada, minas antipersonal, masacres, asesinatos de líderes y lideresas, así como asesinatos de firmantes de paz, entre otras. También un recorrido por los grupos armados más importantes y fortalecidos durante el gobierno Duque, así como un seguimiento a los resultados de las operaciones de la Fuerza Pública. 2. Los clanes que apoyan a Federico Gutiérrez Pares hizo seguimiento a los candidatos presidenciales en 2022. El 02 de mayo publicó un informe breve sobre los clanes políticos que apoyaban a Federico Gutiérrez durante la campaña, esto porque Gutiérrez se vendía como un candidato anticorrupción, pero más de 10 clanes políticos poderosos a lo largo del país habían expresado su simpatía y apoyo al candidato de la derecha. El informe presenta a estos clanes, junto a pruebas que probaban que el apoyo al candidato iba más allá de una simple simpatía no pedida. Este informe fue realizado por la Línea Democracia y Gobernabilidad de Pares. 3. Los cuestionamientos de Rodolfo Hernández También de autoría de la Línea Democracia y Gobernabilidad, el 07 de junio, ad portas de la segunda vuelta presidencial, Pares publicó este informe sobre los casos de corrupción que rodean al excandidato Rodolfo Hernández, quien se vendía, también, como el candidato anticorrupción: “no robar, no mentir, no traicionar”, era su slogan de campaña. En este informe se hizo seguimiento a los presuntos señalamientos de volteo de tierras que recaen sobre Hernández, sus promesas políticas incumplidas, la irresponsabilidad con sus obras civiles, algunas irregularidades en contratos estatales, un caso por corrupción abierto y 22 investigaciones en la Procuraduría. 4. Juventud y violencia: el posconflicto en Buenaventura Este informe de la Oficina Pacífico de Pares hace un análisis de la situación de violencia en Buenaventura, centrando el análisis en el impacto sobre la población joven de este distrito portuario. Se encontró que Desde el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021, Buenaventura registró 58.395 víctimas por algún tipo de hecho victimizante, de estas, 23.156 son jóvenes, el 39,7%. Durante este periodo, se registraron 50.849 casos de desplazamiento, 2.636 amenazas, 168 casos de desaparición forzada, 3.374 casos de confinamiento forzado, 576 homicidios, entre otros, en Buenaventura. 5. Delincuencia organizada en áreas metropolitanas La línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares investigó el crimen organizado en las grandes ciudades. Específicamente en cinco aglomeraciones urbanas que reúnen dinámicas de violencia y delincuencia que merecían la atención de los investigadores. El análisis se centró en tres áreas metropolitanas legalmente constituidas (Valle de Aburrá, Barranquilla y Cúcuta) y dos aglomeraciones no formalmente constituidas cuyas entidades territoriales se eligen en función de fronteras inmediatas o compartidas (Cali y Bogotá). Este informe publicado el 28 de febrero, presentó un seguimiento del comportamiento de los delitos relacionados con las actividades criminales en cada una de las entidades territoriales priorizadas, así como una caracterización de las principales organizaciones que tenían presencia e incidencia en las mismas.

Por: Luis Eduardo Celis El 12 de diciembre terminó el primer ciclo de diálogos y negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN. Las partes anunciaron que avanzaron en retomar el proceso de negociación, estableciendo los mecanismos para el funcionamiento de la mesa. También definieron los países garantes y acompañantes, avanzaron en los ajustes que han considerado pertinentes a la agenda construida entre 2014 y 2016 entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero. Aún no se anuncia el texto definitivo, que al parecer está en consultas. Gobierno y ELN anunciaron medidas humanitarias por desarrollarse de común acuerdo. Las partes establecieron que el próximo ciclo se desarrollará en México. Aquí se puede ver la presentación de lo avanzado en el primer ciclo. 4. El presidente Gustavo Petro, el 31 de diciembre a las 10:45 pm, montó en su cuenta de Twitter el anuncio de un cese bilateral en términos de "hemos acordado", lo cual tuvo favorables reacciones nacionales e internacionales. 5. El ELN hizo público un comunicado en la mañana del 03 de enero firmado por su Comando Central, en el que afirma: "La Delegación de Diálogos del ELN no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de Cese el Fuego Bilateral, por tanto aún no existe ningún acuerdo en esa materia." 6. El mismo 3 de enero, ante el comunicado del ELN, Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno, sacó un pronunciamiento. 7. Las declaraciones del ELN generaron polémica en el país. Ante esta situación, el Gobierno anunció la suspensión del decreto de cese bilateral con el ELN y manifestó su interés de que este tema se discuta en el próximo ciclo de diálogos y negociaciones. Aquí se puede ver el pronunciamiento del Gobierno en voz del ministro del Interior, Alfonso Prada. 8. Otty Patiño afirma, en entrevista con el diario El Espectador , que no hay crisis en el proceso con el ELN. 9. El presidente Gustavo Petro viaja a Caracas el viernes 06 de enero, donde se reúne con el presidente Nicolas Maduro y se reafirma el apoyo del Gobierno Venezolano al cese bilateral y a la política de Paz Total. 10. Hay rumores que no será posible el segundo ciclo en México, los cuales son desmentidos por el Alto Comisionado de Paz. 11. Antonio García criticó el comportamiento de la Fuerza Pública durante el cese unilateral declarado por el ELN. 12. El lunes 09 de enero, el Comando Central del ELN hace un segundo pronunciamiento sobre el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro acerca del cese bilateral, lo tituló: Imposiciones unilaterales, atentan contra los diálogos , y en él afirma: "Tras las declaraciones unilaterales del presidente Petro sobre el cese al fuego, presentadas como un acuerdo de la Mesa, esta entró en una crisis que está por resolverse, como lo expresa esta declaración del Comando Central". Aquí se puede consultar el pronunciamiento del ELN. 13. El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció sobre el proceso de paz con el ELN y la participación del Gobierno Venezolano. 14. El Gobierno Colombiano ha solicitado al ELN una reunión extraordinaria, antes del segundo ciclo. Agradecemos a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la comunidad internacional trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Isaac Morales, Coordinador Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana La Paz Total se ha convertido en la principal bandera política del gobierno de Gustavo Petro. Al menos en los primeros 5 meses de su mandato, este ha sido un tema que aparece a diario en la agenda de noticias nacionales, desde el mismo proceso legislativo para darle un marco legal inicial con la reforma a la Ley de Orden Público, hasta los avances que ha tenido el acercamiento con el ELN en la ya establecida mesa de negociaciones. Sin embargo, poco se conoce sobre el otro gran componente de la Paz Total, el sometimiento de otro tipo de organizaciones delincuenciales de tinte menos político y más criminal, como el Clan del Golfo (AGC, como se hacen llamar) o las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, entre otros que según el Gobierno suman más de 10 en la manifestada voluntad de paz. Ahora bien, un nuevo pilar de esta Paz Total se develó con un comunicado oficial que presentó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, estamento en cabeza de Danilo Rueda, el pasado 24 de enero, en el que se habla sobre el proceso de “Paz Urbana en Medellín” y es precisamente este nuevo elemento el que llega a nutrir el proyecto político de Paz Total. Sobre esto vale la pena abordar inicialmente dos aspectos fundamentales, el primero, el hecho de que este tipo de acercamientos se esté dando en Medellín, uno de los puntos más complejos en materia de seguridad del país, una ciudad con una tradición y una historia de violencia desbocada desde la época de los grandes cárteles de la droga que operaban en suelo antioqueño y luego tocada por una reconfiguración criminal tras el proceso de desmovilización de las AUC. Muchos de los grupos y organizaciones delincuenciales que hacen presencia hoy en Medellín y en los 10 municipios del Valle de Aburrá tienen o han tenido líderes herederos de este extinto grupo paramilitar, como Carlos Mesa, alias “Tom”, o el mismo Diego Fernando Murillo, también conocido como “Don Berna”; esta lamentable tradición se veía reflejada en los altos índices de homicidio, desapariciones, secuestros, torturas e incluso en la aparición de cuerpos desmembrados en municipios como Bello. A pesar de todo esto, Medellín ha tenido una suerte de transformación y sus indicadores han mejorado. Por ejemplo si se comparan los casos de homicidio en 2009, que superaban la barrera de los 2.100 casos, a los cerca de 380 que se registraron en 2022, aunque representando un leve incremento frente a los 300 casos de 2021. Hay que señalar que la gran mayoría de las manifestaciones de violencia e inseguridad en Medellín están asociadas al control de organizaciones delincuenciales organizadas que tienen una fuerte presencia en esta zona. Es aquí donde surge el segundo punto relevante de esta revisión: los actores. Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) hemos hecho el seguimiento a la presencia de estas organizaciones en el Valle de Aburrá y en el inventario han estado presente dos grandes estructuras, en primer lugar “La Oficina”, que en sus inicios prestaba servicios de cobro y mediaba entre los conflictos de los narcotraficantes, que luego se configuró en una especie de cónclave criminal en el que jefes de estructuras delincuenciales se ponían de acuerdo para mantener un control armónico de sus negocios ilegales. Hoy esta organización funciona como una suerte de confederación de bandas, combos y grupos delincuenciales, manteniendo alianzas y soportando influencias en negocios legales e ilegales para garantizar sus rentas criminales. Por otra parte se cuenta la presencia del Clan del Golfo, que tiene una vocación orientada al narcotráfico, desde la producción hasta su comercialización nacional e internacional; así las cosas, cada uno de estos grupos posee una estructura particular, mientras que “La Oficina” coordina la criminalidad en el Valle de Aburrá en forma de red, más que como una estructura jerárquica con un “Capo” principal, por su lado, el “Clan del Golfo” ha establecido alianzas directas y concretas con organizaciones de Bello y Medellín. En Medellín y el Valle de Aburrá se podrían contabilizar entre 350 y 450 organizaciones delincuenciales que tienen algún grado de influencia y operación criminal; por mencionar algunos, en la capital de Antioquia se identifican GDO (Grupo Delincuencial Organizado) como ‘Robledo’ (también conocidos como ‘Los Pesebreros’), ‘Los Triana’, ‘La Terraza’, ‘La Sierra’, ‘El Mesa’ y ‘Caicedo’, así como otros GDCO (Grupo Delincuencial Común Organizado), algunos activos y otros debilitados, como ‘Los Mondongueros’, ‘Los Machacos’, ‘La Agonía’, ‘Los Chivos’, ‘El Coco’ y ‘Los Conejos’. Aunque no es claro con cuáles de estos grupos se estarían generando acercamientos, seguramente varios en mención entrarían a este sometimiento. La pregunta que surge es: ¿qué significa la idea de Paz Urbana? Como lo menciona el comunicado en cuestión, sin ser atrevidos y esperando un poco más de claridad por parte del Gobierno y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, podría decirse que se trataría de buscar un sometimiento negociado con estas organizaciones delincuenciales que tienen mayor presencia en las grandes ciudades, con una vocación criminal de control de los mercados y negocios ilegales de carácter urbano. Este sometimiento estaría orientado a disminuir las expresiones de violencia propias de estas, como las desapariciones, homicidios, hurtos, extorsiones, las disputas por el control territorial, entre otras manifestaciones del repertorio criminal propio de estos grupos; lograr acuerdos de entrega de armas, dineros e incluso verdad para las víctimas. Digo negociado porque seguramente se brindarán beneficios que el marco constitucional y legal que el sometimiento individual o colectivo permita, como una rebaja de penas, tal como se dio en el proceso de Justicia y Paz o el acuerdo con las FARC. Aunque este tipo de avances se deben celebrar como pasos hacia la consolidación de unas condiciones mínimas de seguridad para la ciudadanía en general y la protección de la vida y la integridad en el territorio nacional, que además se verían reflejados en la disminución de delitos de alto impacto, surgen también muchas dudas e incertidumbres frente a esta idea de Paz Urbana, partiendo de la relevancia que estos grupos tienen con relación a economías y mercados criminales como el microtráfico o el narcomenudeo, así como la comercialización ilegal de armas, celulares, autopartes e incluso la trata de personas. ¿Estarían dispuestos a abandonar estos negocios? y ¿cómo se garantizaría que no sean cooptados por nuevas expresiones de delincuencia que decidan no someterse a la justicia? Sin duda, los retos y desafíos en el devenir de la Paz Urbana serán muchos y aunque es clave que las fases iniciales de sometimiento sean herméticas, el Gobierno debe brindar más luces y mayor claridad a la sociedad civil para que no se generen falsas noticias ni especulaciones sobre estos procesos, pues la percepción de la ciudadanía en materia de seguridad es de las variables más volubles y complejas.

Por: Katerin Erazo, Periodista Barranquilla llegó a una cifra preliminar de 30 homicidios en lo que va este año, cinco más que en enero del año pasado. Los últimos homicidios reportados ocurrieron el pasado 29 de enero, cuando se registró una masacre en el barrio El Santuario, en donde cuatro personas fueron asesinadas por hombres que llegaron en moto a un establecimiento en el que las víctimas se encontraban viendo un partido. Además de los cuatro muertos resultaron heridas seis personas quienes fueron trasladadas a un centro médico. Los cuatro hombres asesinados fueron identificados como el policía Reinaldo Javier Orozco Picalúa, Hanner Andrés Guevara, Ever José Lizama Melgarejo y Ronald José Zabala Sarmiento. En respuesta a esta masacre las autoridades realizaron un consejo extraordinario de seguridad en el que el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dijo que este hecho tendría que ver con una disputa por una ruta de cobradiarios entre bandas delincuenciales. Posteriormente, la Policía Metropolitana empezó a recibir un refuerzo de 1.700 hombres con el fin de evitar hechos violentos como este, además, la administración distrital informó que solicitó apoyo a la Presidencia para combatir la delincuencia en la ciudad. Por esta razón, pidieron acompañamiento del ministro de Defensa y del fiscal general. Para Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), lo que está pasando en Barranquilla está relacionado con ajustes de cuentas entre organizaciones delincuenciales, las cuales estarían subcontratando a otras organizaciones más pequeñas para ejecutar el control de las economías ilícitas, extorsionando y asesinando, lo que ha generado fuertes tensiones por al interior de las estructuras. Cabe añadir que este hecho se suma a los múltiples homicidios que se han presentado no solo en este año, sino también en el pasado. Recordemos que en octubre de 2022 hubo un intercambio de disparos que dejó a dos personas muertas, y en septiembre de ese mismo año hubo una masacre en la que seis personas fueron asesinadas a tiros. Por esta razón se cuestiona si a la administración del alcalde Pumarejo le ha quedado grande la situación de seguridad en Barranquilla, pues, según Isaac Morales, cada vez que ocurren este tipo de masacres el alcalde cita un consejo de seguridad luego del cual no hay resultados concretos, “sobre las investigaciones que deberían estar orientadas a la inteligencia y contrainteligencia de estos grupos delincuenciales organizados en Barranquilla”, dice Morales. Janiel Melamed, doctor en Seguridad Internacional y director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, le dijo a Pares que el mayor desafío para la seguridad ciudadana en esta ciudad gira alrededor de la complejidad de entender las diversas modalidades de actuación de estas estructuras criminales, dado que algunas tienen mayor connotación a nivel subregional. “Es importante destacar que esto requiere de la armoniosa articulación con las capacidades de apoyo desde el nivel central, especialmente en materia de investigación y judicialización”, puntualizó Melamed. Barranquilla es uno de los puntos geográficamente estratégicos más importantes de la Costa Caribe para las economías ilegales. El coordinador de seguridad de Pares mencionó que durante los últimos años han surgido nuevas organizaciones delincuenciales que están intentando apoderarse de los mercados ilegales de esta región. En este territorio se registra gran presencia de organizaciones ilegales como Los Rastrojos Costeños , Los Costeños y el Clan del Golfo. Cabe añadir que las localidades más complejas de Barranquilla son: Metropolitana, Sur oriente y Sur occidente, esto debido a que los grupos ilegales hacen una mayor presencia allí. Finalmente, Arturo García Medrano, ex personero distrital, abogado y analista en temas de violencia urbana y criminalidad, le dijo a Pares que la situación que vive el Atlántico es producto de un proceso histórico, debido a la evolución de la criminalidad violenta que no ha cesado en más de 40 años. García mencionó que estos hechos violentos muy probablemente no van a parar, ya que hay numerosas micro organizaciones posicionadas en el territorio, tanto en barrios como en municipios, las cuales en estos momentos muchas ni siquiera están del todo mapeadas por las autoridades. Por tal motivo, el panorama que ve García no es el mejor para este año.

Por: Nicolás León, Asistente de Investigación Línea Paz, Seguridad y DDHH. Durante el último año el sistema de transporte público Transmilenio ha sufrido un deterioro en lo relativo a la seguridad y convivencia. Según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justica (SCJ) los hurtos a personas al interior del sistema pasaron de 2.859 casos denunciados en 2021 a 6.733 casos en 2022, lo que se traduce en un incremento del 135%. Como se verá a continuación, Transmilenio ha pasado a ser uno de los focos de los debates en torno a la seguridad y convivencia en Bogotá. Especialmente, portavoces del Gobierno Distrital han situado la problemática en torno a los colados. Por esta razón es prudente analizar la manera en la que se ha desenvuelto las estrategias y acciones emprendidas para enfrentar y mitigar la inseguridad de este medio de transporte. La situación actual Según las estadísticas de la Secretaría de SCJ, el hurto a celulares pasó de 1.968 casos en 2021 a 4.696 casos en 2022, representando un incremento del 138%. De 808 capturas que se hicieron al interior del sistema entre enero y noviembre de 2022, el 90% estuvieron relacionadas con hurto a la ciudadanía (Parra, 2022). Diversos expertos están de acuerdo en que uno de los factores que facilitan el accionar delincuencial en los sistemas de transporte público es la operación logística de los buses. Según Andrés Nieto, ex subsecretario de seguridad, la lenta circulación de las rutas y tiempos de espera prolongados en las estaciones crean un entorno proclive para los delincuentes. Por ejemplo, en horarios de hora pico en los que el flujo de personas aumenta, las estaciones terminan siendo un escenario ideal para modalidades de hurto como el atraco a mano armado o el cosquilleo. Otro factor (y en el que más énfasis ha hecho el Gobierno Distrital) tiene que ver con los “colados”. Según un estudio del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia (2022), la evasión del pasaje de Transmilenio pasó de 16,7% en 2019 a 29,6% en 2022. El Gobierno Distrital enfatiza en el problema de los colados bajo dos argumentos: primero, un argumento económico, que afirma que la sostenibilidad financiera de Transmilenio es imposible con una tasa de colados que, no solo es alta, sino que parece seguir en aumento. Según el mismo estudio del IEU (2022), las cifras de evasión de pasajes se traducen en pérdidas cercanas a los 10.600 millones de pesos semanales. Segundo, relacionado con la seguridad y convivencia, que el control sobre las personas que ingresan y permanecen en la estación es muy poco, llevando a que el mal uso del sistema se haya ido convirtiendo en la norma general de los usuarios, lo que se traduce en un aumento de los índices de criminalidad y un desmejoramiento de los servicios (Forero, 2022). En este sentido, los “colados” se han convertido en uno de los focos de atención de la seguridad en Transmilenio y por esta razón las acciones y estrategias del Gobierno Distrital han estado dirigidas principalmente a evitar la evasión del pasaje de Transmilenio. Acciones y estrategias Para responder a lo anterior, Transmilenio diseñó, y empezó a ejecutar en mayo de 2019, el Plan Estratégico Antievasión que se compone de cuatro pilares: “prevención, cultura ciudadana, incidencia y corresponsabilidad; monitoreo y caracterización de la evasión; fortalecimiento de la infraestructura; y fiscalización” (IEU, 2022). Hasta el momento, lo anterior se ha reflejado en tres tipos de acciones: i) proyectos de pedagogía y socialización, en los que se quiere reforzar la llamada “cultura ciudadana”; ii) proyectos de infraestructura, específicamente de infraestructura “anticolados”; y iii) aumento del pie de fuerza de la policía en las estaciones. Pedagogía y Cultura Ciudadana Según el proyecto Cultura ciudadana en el sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S.A , de la Secretaría Distrital de Planeación (2019), la cultura ciudadana tiene el objetivo de generar buenas prácticas de respeto y solidaridad entre usuarios, así como la valoración y apropiación del sistema. Para lograrlo se proponen la ejecución de acciones enfocadas en la comunicación, la enseñanza y la promoción de la cultura ciudadana en el Transmilenio. De manera clara y directa, busca impactar positivamente la convivencia de los ciudadanos en el sistema de transporte. El proyecto, sin embargo, puede resultar ambiguo, considerando que dentro de las acciones que puedan “generar buenas prácticas de respeto, valoración y apropiación del sistema” pueden entrar un sinnúmero de acciones llenas de buenas intenciones, pero no necesariamente efectivas para mejorar la convivencia. Se ha evidenciado, por ejemplo, un aumento del número de gestores de convivencia que se encargan de apoyar la seguridad y control de acceso a las estaciones; también se ha visto otro tipo de acompañamiento en las estaciones que básicamente se trata de performances con los que aprueban o desaprueban las conductas de los usuarios en el sistema. Personajes como “el Combo Violeta”, “el Abuelo Toño”, “el Equipo T", “la Doctora C”, se han justificado bajo el discurso de la “cultura ciudadana”. En este punto, y luego de tres años de aprobación del proyecto, parece prudente hacer un balance sobre la eficacia e impacto de este tipo de medidas para el mejoramiento de la convivencia ciudadana que se pregunte sobre las expectativas y limitaciones del cada vez más confuso concepto de “cultura ciudadana”. Infraestructura En las últimas semanas el Concejo de Bogotá aprobó en plenaria un proyecto para construir estrategias que afronten la evasión del pasaje por parte de los usuarios. El proyecto tiene dos puntos fundamentales: el primero, la posibilidad de pagar las multas por evasión del pasaje con actividades pedagógicas y de trabajo social; el segundo, la instalación de nuevos sistemas de seguridad anti colados, específicamente de torniquetes de una altura de piso a techo. El proyecto, además, establece un lapso de máximo seis meses para que el Distrito implemente las medidas aprobadas. Sobre la instalación de las puertas “anticolados”, ya se ha avanzado en la instalación de estas en las estaciones priorizadas por el Distrito, algunos postes “anticolados” puesto en los separadores y la instalación de 1.318 cámaras de video vigilancia en lo corrido del 2022. Imagen de RCN Radio. 11 de enero de 2023 Imagen Noticias Uno. 19 de diciembre de 2022 Imagen de transmilenio.gov.co. 13 de agosto de 2018. Este tipo de proyectos preparan a la ciudadanía para el cambio de imagen que tendrían las estaciones de Transmilenio. La tendencia parece inclinarse a construir espacios más cerrados y con barreras de acceso cada vez más acentuadas, lo que, de entrada, facilitaría el control del acceso de las personas, pero podría traer otro tipo de problemas, por ejemplo, la dificultad de acceso de personas con movilidad limitada o, de manera general, la dificultad de apropiación de un espacio con un entorno de este tipo. Según lo acordado en el Concejo, para la implementación de estas estrategias el distrito deberá presentar un informe semestral en el que se evidencia el cumplimiento del proyecto y un balance sobre el mismo, por lo que habrá que prestar atención a la forma en la que puedan evolucionar este tipo de estrategias. Aumento de pie de fuerza Para el subcomandante de la Policía de Transmilenio, una de las estrategias para evitar casos de robo y otros delitos es aumentar el pie de fuerza en horas y lugares críticos. En este sentido, la Policía ha sacado una lista de 50 puntos críticos del Sistema Integrado de Transporte Público , compuesto por las estaciones que más casos de denuncias registran. Esto, sumado a la información de los horarios en los que se presentan mayor flujo de personas, han sido los fundamentos para aumentar el número de policías. Así, “500 hombres prestarán servicio diario en la operación de Transmilenio”, declaró el subcomandante, con la posibilidad de que pueda aumentar. Por ejemplo, a inicios del año como respuesta a las manifestaciones por el aumento del pasaje, la Policía Metropolitana llegó a disponer de más de mil uniformados en las estaciones. Durante 2022 se registró un aumento del 82% en capturas en flagrancia en hechos relacionados con Transmilenio. En contraste, la percepción de impunidad continúa siendo alta y ha llevado a portavoces a solicitar ampliar este tipo de estrategias, por ejemplo, implementado comisarías móviles que faciliten el procesamiento de la evasión como un delito. Observaciones finales En suma, las acciones y estrategias por parte de la Alcaldía se traducen en una serie de medidas que fluctúan entre la coerción y la pedagogía. Las medidas pedagógicas por sí solas parecen ser insuficientes para las necesidades del sistema, lo que hace que la balanza se incline hacia un enfoque predominantemente coercitivo de la seguridad, principalmente en el aumento de la presencia de fuerza pública y el discurso contra la impunidad. Para buscar resultados algo esperanzadores es necesario vincular las diversas estrategias con el conjunto de necesidades en torno a la seguridad urbana de toda la ciudad. Esto se traduciría, por ejemplo, en articular esfuerzos con el desescalamiento de las de la violencia urbana desde las capacidades propias de la institución policial, o también a las formas de renovar la imagen negativa de la Policía Metropolitana. De manera paralela, a pesar de que han existido esfuerzos institucionales por garantizar la óptima prestación del servicio y la generación de un entorno sano, pareciese que las medidas son insuficientes. Por tal razón, el Gobierno Distrital se decanta por la búsqueda de soluciones y narrativas que privilegian el reforzamiento del aparato policial y el fin de la impunidad. Referencias Bibliográficas - Alcaldía Mayor de Bogotá, Distrito Capital (2019). Cultura ciudadana en el Sistema de Transporte Público gestionado por Transmilenio S. A. Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/87_262_empresa_de_transporte_del_tercer_milenio_-_transmilenio_sa.pdf - Colprensa (2023). Esta es la alternativa para controlar a los colados en TransMilenio. Revista Cambio https://cambiocolombia.com/pais/esta-es-la-alternativa-para-controlar-los-colados-en-transmilenio - Cuatro años después, TransMiCable suma 29,6 millones de validaciones (2022). Infobae https://www.infobae.com/america/colombia/2022/12/30/cuatro-anos-despues-transmicable-suma-296-millones-de-validaciones/ Estas son las estaciones de TransMilenio más peligrosas en Bogotá: habrá refuerzos en seguridad (2023). Infobae https://www.infobae.com/america/colombia/2023/01/05/estas-son-las-estaciones-de-transmilenio-mas-peligrosas-en-bogota-habra-refuerzos-en-seguridad/ - Malaver, C. (2022) En TransMiCable no hay robos ni colados ¿Cuál es la clave del éxito?. Periódico El Tiempo https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-en-transmicable-de-ciudad-bolivar-no-hay-robos-por-que-720985 Parra, J.C. (2022). Seguridad en TransMilenio: más de 800 capturados en 2022 por diferentes delitos. Portal Bogotá.gov https://bogota.gov.co/mi-ciudad/seguridad/en-2022-808-personas-fueron-capturadas-delinquiendo-en-transmilenio - Redacción Portafolio (2023). ¡Ojo! Estas son las 50 estaciones de TransMilenio más peligrosas. Portafolio https://www.portafolio.co/economia/transmilenio-las-50-estaciones-mas-peligrosas-en-bogota-576516 - Ramírez, O. (2023). Opinión: ¿Quién le pone freno a los problemas de Transmilenio? Periódico El Espectador https://www.elespectador.com/bogota/opinion-quien-le-pone-freno-a-los-problemas-de-transmilenio/ Sánchez, C. & Medina, M. (2022). Entre el 2019 y el 2022, la evasión en el pago de Transmilenio pasó del 16.7% al 29.6%. Instituto de Estudios Urbanos http://ieu.unal.edu.co/en/medios/noticias-del-ieu/item/entre-el-2019-y-el-2022-la-evasion-en-el-pago-de-transmilenio-paso-del-16-7-al-29-6#:~:text=up%2Dcoming%20events-,Entre%20el%202019%20y%20el%202022%2C%20la%20evasi%C3%B3n%20en%20el,pas%C3%B3%20del%2016.7%25%20al%2029.6%25 Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia (2022). BOLETÍN MENSUAL DE INDICADORES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. Oficina de Análisis de Información y Estudios Estratégicos https://scj.gov.co/sites/default/files/documentos_oaiee/Reporte_bogota_2022_11.pdf Toro, J (2022). TransMilenio, en crisis por la inseguridad y los colados: ¿cómo se puede salvar? Periódico El Tiempo https://www.eltiempo.com/bogota/como-puede-mejorar-la-seguridad-en-transmilenio-segun-expertos-710159

Por: Laura Daniela Silva Solano, Asistente de Investigación Línea Paz, Seguridad y DDHH. Según un informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) , entre 2012 y 2019, 1.954 niñas, niños y adolescentes ingresaron al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos por ser víctimas de explotación sexual1 comercial en el país, siendo el 85% de los casos niñas y adolescentes mujeres. Una de las causas asociadas a la explotación sexual, como lo afirma la UNODC , implica el abordaje de los flujos migratorios en los cuales convergen grupos ilegales que controlan actividades delictivas como la trata de personas y la explotación sexual. Este enfoque de análisis permite evidenciar que los flujos migratorios dados en contextos de precariedad, incrementan la vulnerabilidad de las personas migrantes que, frente a la falta de documentación legal y dificultades en el acceso a la salud, educación y empleo, recurren a ofrecer servicios sexuales para poder sobrevivir. Otras causas subyacentes asociadas con la explotación sexual en Colombia están relacionadas con la violencia intrafamiliar, el trabajo infantil, el abuso de alcohol o estupefacientes por parte de cuidadores o familiares, e incluso algunos casos se remiten al mismo núcleo familiar de la víctima. En efecto, los menores de edad han sido las víctimas preferentes de los explotadores sexuales debido a que, en primer lugar, se plantean relacionas asimétricas de poder basadas en el género y, segundo, porque son más vulnerables a la manipulación económica, la intimidación, amenazas y chantajes por parte del explotador. Ejemplo de lo anterior es el caso que ocurrió en las playas de La Boquilla, en Cartagena, donde dos hermanas de 15 y 17 años eran explotadas sexualmente por su madre , quien ofrecía servicios sexuales a turistas. La magnitud de esta problemática afecta considerablemente la convivencia y seguridad en las ciudades en tanto que las prácticas de explotación sexual perturban el entorno social, pero además se articulan con otros mercados ilegales como el narcomenudeo. Como lo indica la UNODC , en efecto, existe una cadena de valor de tráfico de estupefacientes y la oferta de servicios sexuales de menores, en la medida en la que se ofrece la droga al turista, pero también al proxeneta que busca a través de esta generar una dependencia por parte de personas en explotación. En este contexto resulta importante revisar las ciudades con mayores casos de explotación sexual. Según el ICBF , en el último reporte con datos públicos disponibles, entre enero y julio de 2021 se abrieron 227 procesos de protección para niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, de los cuales 86% tienen entre 12 y 17 años y se presentan específicamente en Bogotá (15.9%), Antioquia (14,5%), Caldas (11%), Valle del Cauca (9.2%) y Bolívar (5.2%)- (ICBF,2021). Bogotá La Fundación Renacer ha realizado un estudio sobre la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes en la ciudad de Bogotá en el que se han podido precisar las modalidades de explotación a las que están expuestas las víctimas, entre las cuales se encuentran: explotación sexual, trata de personas con fines sexuales y pornografía infantil. En la mayoría de los casos las víctimas reportan haber estado con extranjeros en contextos de turismo sexual en los que el consumo de sustancias psicoactivas se convierte en elemento transversal a esta problemática. Además de esto, otra práctica preocupante que se desarrolla en algunas localidades se basa en asumir el cuerpo de las mujeres como un elemento de control territorial por parte de diferentes grupos, práctica sustentada por la existencia de fronteras imaginarias en los barrios. Fuente: Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y Juventud (IDIPRON). Infografía ESCNNA Medellín Según el diagnóstico y recomendaciones para la erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) en Medellín en la administración municipal 2020-2023, realizado por la Mesa Contra la ESCNNA y la Universidad de Antioquia, las prácticas de explotación sexual a menores más denunciados en la ciudad son: pornografía, demanda de explotación sexual y utilización de medios digitales para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. Este informe destaca una situación crítica con respecto a la explotación sexual comercial de niñas “vírgenes” entre los 12 y 14 años por parte de bandas criminales que, a pesar de no registrar cifras concretas, en una encuesta realizada por la Mesa Contra la ESCNNA se logró determinar que por lo menos el 75% de los/as encuestados refirieron haber escuchado sobre esta práctica. De acuerdo con la información aportada por el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (SIEDCO), las comunas con mayor ocurrencia de casos para el periodo 2015-2019 son: La Candelaria, Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires y Castilla. Cartagena La labor de monitoreo de campo que ha realizado la Fundación Renacer ha permitido identificar que la modalidad de ESCNNA más recurrente en la ciudad de Cartagena es el turismo sexual, siendo Bocagrande, Laguito, Boquilla, Castillo Grande y el Centro Histórico, los sectores que presentan mayores casos de ESCNNA. A pesar de ser una ciudad que para el año 2011 presentó 650 casos de victimización de menores de 18 años relacionados con comercio sexual, se puede observar que la información sobre este delito es limitada y no se encuentra actualizada. Así lo ha expresado también el ex viceministro de Turismo , Ricardo Galindo, quien asegura que, a pesar de los esfuerzos para la prevención de este flagelo, el total de denuncias por este tipo de delitos en el marco de actividades turísticas es muy bajo, lo cual no se ajusta a la realidad y evidencia dos problemas importantes: un alto subregistro y una falta de acción por parte de las personas para denunciar. Algunas consideraciones finales Estos datos además de revelar la magnitud del problema señalan la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención a través de procesos de sensibilización, formación y acompañamiento para atender casos de ESCNNA en las ciudades. La explotación sexual comercial es un delito que requiere de intervención del Estado, no solo desde una visión amplia sobre el crimen, sino también desde una perspectiva de salud pública, debido al alto riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual al que están expuestos los niños, niñas y adolescentes implicados. En este sentido, resulta importante el abordaje de la explotación sexual por parte de las autoridades y entidades públicas, partiendo desde la identificación de zonas de riesgo en las ciudades que permitan determinar de manera más específica las modalidades en las que las redes de criminalidad operan y se articulan con la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Como lo menciona el IDIPRON , es esencial el trabajo en conjunto con todos los actores sociales del territorio para poder implementar una hoja de ruta que permita prevenir y erradicar la ESCNNA las ciudades. Con base en el abordaje de ciudades presentado sobre Medellín, Bogotá y Cartagena, cabe resaltar que en la actualidad se han venido posicionado las Violencias Basadas en Género (VBG) como un asunto prioritario en la agenda pública, en el marco de la participación de grupos de presión, así como organizaciones feministas que buscan profundizar en el debate sobre la explotación sexual como un asunto ligado a elementos culturales e imaginarios colectivos sobre el cuerpo de las mujeres y niños. Luego, es importante que las autoridades actúen con celeridad y que esta discusión pueda materializarse en programas y proyectos que además de contribuir en procesos formativos para la desnaturalización de la ESCNNA, permitan brindar mayores garantías para la protección y restitución de derechos, así como la implementación de rutas de atención integral efectivas para mitigar los riesgos asociados este tipo de violencia sexual.

Por: Santiago Medina Ramos, Asistente de Investigación Línea Paz, Seguridad y DDHH. Los Frentes de Seguridad se han convertido en los últimos años en un mecanismo ampliamente adoptado por las comunidades de los barrios de la ciudad de Bogotá para abordar las problemáticas de seguridad, sobre todo en las localidades y sectores con los más altos índices de actividades delictivas y de percepción de inseguridad. En esta misma línea, los Frentes de Seguridad también han sido incluidos en las políticas y estrategias de seguridad y convivencia a nivel nacional y distrital, con la intención de ser reforzados y aumentados en número. La alcaldesa de la ciudad, Claudia López, ha instado en algunas ocasiones a las comunidades a hacer parte de los frentes de seguridad existentes, o a formar nuevos, con el fin de que participen activamente en la mejora de las condiciones de seguridad en sus barrios ( Infobae, 2021 ). En vista de lo anterior vale la pena revisar de dónde vienen los frentes de seguridad, cuál es su reglamentación, cómo se han incluido en la política pública y cuál ha sido su nivel de implementación en la ciudad de Bogotá, específicamente durante el mandato de Claudia López, de 2020 a 2022. ¿Qué son los Frentes de Seguridad? Los frentes de seguridad son organizaciones de carácter comunitario lideradas por la Policía Nacional y formadas de manera voluntaria por los habitantes de un barrio o sector específico, que tienen el objetivo de vincular directamente a las comunidades con las actividades dedicadas a garantizar la seguridad y mejorar la convivencia pacífica en sus territorios. Esta figura se encuentra reglamentada desde 1995 a partir de la Directiva Permanente 14 de la Policía Nacional ( Moreno Vanegas, 2021 ), la cual fue complementada y reiterada mediante el instructivo No. 213/DIROP-ASECI de 2002 y el No. 005 DISEC GRUPE de 2018 ( Márquez, 2020 ). Normalmente operan a través de canales de comunicación en los que participan miembros y líderes de la comunidad, coordinadores por cuadras y agentes de la Policía del Cuadrante al que pertenece el barrio o sector. A través de estos canales se alerta sobre actividades consideradas sospechosas y sobre afectaciones a la seguridad y la convivencia; también se establecen sistemas de alarmas y cámaras de vigilancia para contribuir a esta actividad. Se busca, en últimas, tanto la disuasión como la acción oportuna por parte de las autoridades. Presentes en la planeación y la política pública Desde su reglamentación, los frentes de seguridad han sido incluidos en los distintos planes, programas y proyectos en cuanto a seguridad y convivencia en todo el país, pero interesa identificar cómo han sido referenciados en las políticas nacional y de Bogotá de los últimos años. Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (MNVCC): este modelo se basa en la creación de unidades geográficas con características específicas (cuadrantes) a través de las cuales se determinan y organizan las actividades de la Policía Nacional a nivel territorial. Si bien aquí no se mencionan directamente a los frentes de seguridad, se resalta que el trabajo de la policía por cuadrantes debe estar articulado y coordinado con las comunidades, mencionando la figura de corresponsabilidad , que implica la responsabilidad compartida que tienen tanto las instituciones y la fuerza pública, como actores privados, cívicos y comunitarios en contribuir a la seguridad (Policía Nacional, 2014). Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana: en esta política formulada por el gobierno de Iván Duque (2018-2022) se tiene como principio rector la inclusión, que hace referencia a la participación de la ciudadanía en la contribución a la seguridad y la convivencia basada en la corresponsabilidad. A este respecto se menciona a la participación cívica como un punto clave, para lo cual, los Ministerios de Defensa y del Interior serán encargados de promover y fortalecer los frentes de seguridad ciudadana (Ministerio de Defensa Nacional, 2019a, p. 57). Política de Defensa y Seguridad: también del gobierno de Iván Duque, en la que se plantea la figura de una Red de Participación Cívica que funcionaría como un canal de comunicación directo y constante entre la ciudadanía y las autoridades para enfrentar la delincuencia, así como otras situaciones referentes a la seguridad y la convivencia (Ministerio de Defensa Nacional, 2019b, p. 58). Se menciona a los frentes de seguridad en cuanto a la posibilidad de que permitan articular a la Policía Nacional con las empresas de seguridad y vigilancia privada (p.61). Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia (PISCCJ) de Bogotá: formulado por la alcaldesa Claudia López para implementar en el periodo 2020-2023. En este plan no se hace referencia directa a los frentes de seguridad, sin embargo, existen algunos elementos que se podrían articular o complementar con estas organizaciones. Primero, se reitera la necesidad de la participación ciudadana en las acciones que se lleven a cabo en los territorios por parte de las instituciones y las autoridades. Se plantean los Planes Territoriales de Convivencia y Seguridad, que serían instrumentos para identificar zonas prioritarias y adelantar la articulación con las comunidades a la hora de generar intervenciones; para esto también se crea la figura de Grupos de ciudadanos comprometidos con la seguridad y la convivencia en la ciudad. También se menciona el programa Policía de Vecindario, que buscaría un mayor acercamiento entre la Policía Nacional y la ciudadanía, incorporando a esta última en actividades de planeación, ejecución y evaluación en materia de seguridad, basado en el MNVCC y con un enfoque preventivo (Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, 2020). Datos y cifras en Bogotá A pesar de que en el PISCCJ de Bogotá no se menciona directamente la creación o el fortalecimiento de frentes de seguridad, en los informes de seguimiento a la implementación de este plan sí se mencionan y se evidencian además algunas cifras sobre su evolución. En el informe de seguimiento del PISCCJ correspondiente al último trimestre de 2020, se menciona que, mediante el programa Policía de Vecindario, se fortalecieron varios frentes de seguridad con actividades de acompañamiento. En los informes trimestrales del año 2021 se menciona que se crearon 98 nuevos frentes de seguridad en la ciudad, se fortalecieron 453 frentes ya existentes, y se vinculó a 2993 personas a los mismos. Para el año 2022 se tienen informes de los primeros dos trimestres y en estos se registra la creación de 8 nuevos frentes, y el fortalecimiento de 200, vinculando a 1697 personas (Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, 2023). Esto demuestra que los frentes de seguridad han sido un punto central en la implementación del plan y en las estrategias de seguridad y convivencia de las instituciones distritales y la Policía Metropolitana. Según datos de la Dirección de Seguridad y Convivencia de la Policía Nacional, en Bogotá existían, a julio de 2022, 1234 frentes de seguridad activos, siendo la localidad de Kennedy la que más frentes tiene, con 227, seguida por Ciudad Bolívar con 119 y Fontibón con 109. Para el caso de Kennedy sería importante revisar el impacto que han tenido los frentes de seguridad desde su creación, principalmente debido a la existencia de puntos críticos de seguridad en la localidad como lo son la zona de Corabastos y barrios cercanos como Patio Bonito, Tintal y María Paz, donde grupos delincuenciales como ‘El Tren de Aragua’ desarrollan distintas actividades ilícitas, incluso con la complicidad de agentes de la Policía Nacional ( El Espectador, 2023 ). Elaborado por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Policía Nacional, 2021. Consideraciones finales Se puede evidenciar que la figura de los frentes de seguridad en la ciudad de Bogotá no sólo ha sido acogida por las comunidades que buscan soluciones a las problemáticas de seguridad, sino que también son una apuesta por parte de instancias institucionales y de la fuerza pública para intentar disminuir los índices de criminalidad en los barrios, buscando fortalecer la comunicación, la articulación y la coordinación entre la Policía y la ciudadanía. A este respecto, se hace necesario identificar y evaluar los impactos que han podido llegar a tener estos frentes en cuanto a la mejora, o no, de la seguridad y la convivencia en puntos críticos de la ciudad. Así mismo, sería importante analizar las formas en la que los frentes de seguridad crean relaciones entre la ciudadanía y la policía, y si estos poseen verdaderamente un carácter civil y comunitario, o si por el contrario su funcionamiento radica en últimas en las determinaciones de la Policía que, si bien es una institución de carácter civil, tiene un funcionamiento distinto al de las comunidades organizadas. También habría que preguntarse por los alcances y límites que tienen los frentes de seguridad en cuanto a las acciones que pueden o no realizar, a partir de la regulación existente, y hacer transversal la mirada desde la convivencia y la construcción del tejido social en los territorios, y no exclusivamente desde una mirada punitiva del mantenimiento de la seguridad ciudadana. Referencias Cuatro policías estaban al servicio del ‘Tren de Aragua’ en Kennedy (2023) El Espectador. En https://www.wradio.com.co/2023/02/06/cuatro-policias-estaban-al-servicio-del-tren-de-aragua-en-kennedy/ Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional (2021). Frentes de Seguridad Policía Nacional. En https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/Frentes-de-Seguridad-Polic-a-Nacional/cmxv-8tb9 Informes de Seguimiento y Evaluación PISCCJ de la Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia (2023). En https://scj.gov.co/es/transparencia/planeacion/pisccj/seguimiento-evaluacion Márquez, J. (2020). Los Frentes de Seguridad Local en Chapinero: un programa con potencial de implementación desaprovechado. Repositorio Institucional Pontificia Universidad Javeriana. Ministerio de Defensa Nacional (2019a). Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Diciembre de 2019. Ministerio de Defensa Nacional (2019b). Política de Defensa y Seguridad DPS para la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Enero de 2019. Moreno Vanegas, M. A. (2021). Frentes de seguridad y modelo de seguridad por cuadrantes. Un desafío en la localidad de Barrios Unidos. Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de relaciones internacionales, estrategia y seguridad. Bogotá, 2021. Policía Nacional. (2014). Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes MNVCC. Actualización 2.2. Bogotá. Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia (2020). Plan Integral de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia (PISCCJ) de Bogotá 2020-2024. Junio de 2020. Qué son los frentes de seguridad que Claudia López está invitando a formar (2021). Infobae. En https://www.infobae.com/america/colombia/2021/03/12/que-son-los-frentes-de-seguridad-que-claudia-lopez-esta-invitando-a-formar/

Por: Línea Paz, Seguridad y DDHH. Las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño se han caracterizado por ser zonas de amplia explotación minera, principalmente de oro. Esta particularidad ha configurado distintas dinámicas de extracción que pasan por minería legal, minería ancestral e informal, y también minería ilegal a gran escala. Esta última ha sido impulsada y controlado por el Clan del Golfo, actor armado dominante en estas regiones del país, el cual ha logrado consolidar su control territorial en distintas esferas de la vida económica, social y política ante una institucionalidad que no ha logrado garantizar los derechos de la población que habita el territorio. Este escenario ha propiciado un espacio en el que convergen la ilegalidad, la vulnerabilidad económica y la violencia armada. En este contexto, se viene adelantando el Paro Minero que, a dos semanas de su inicio, ha aumentado las tensiones entre la población, fuerza pública, Clan del Golfo, alcaldías, gobernaciones e incluso altos cargos del Gobierno Nacional. A continuación, se hace una recapitulación de registros de prensa que contribuyen a entender el conflicto en la región. Como antecedente a la situación actual, se tiene una primera mención al Paro Minero en septiembre de 2022. Para entonces, el medio HSB Noticias recogió el testimonio de Rubén Darío Gómez Cano, vocero de la Confederación Nacional de Mineros, quien afirmó: El punto de partida es lo que se presentó la semana pasada y antepasada, cuando las fuerzas operativas destruyeron una serie de dragas, minidragas y pequeñas balsas de mineros ancestrales y tradicionales en el marco de la supuesta minería ilegal y el Clan del Golfo en los municipios de El Bagre, Zaragoza y Caucasia (HSB Noticias, 24 de febrero de 2022). Lo anterior, con referencia a las operaciones de la fuerza pública en contra de la explotación aurífera a pequeña escala. Adicionalmente, el 19 del mismo mes, actores armados ya habían obligado la suspensión del transporte fluvial entre los municipios de Nechí y Zaragoza (Bajo Cauca), afectando también los corregimientos de Charcón, en el municipio de Anorí. Después de cuatro días de paro en ese momento, se logró llegar a un acuerdo para el levantamiento de los bloqueos. En la mesa de conversación instalada en Caucasia participaron funcionarios de la Defensoría del Pueblo, representantes del Ejército y la Policía Nacional, representantes del gobierno departamental en cabeza del secretario de Seguridad y Justicia, Oswaldo Juan Zapata Luján, y el secretario de Minas, Jorge Jaramillo Pereira, así como voceros de los mineros artesanales. Los acuerdos quedaron plasmados en un documento de siete puntos en el que se acordó “la suspensión de operativos contra minidragas hasta que no se cree un protocolo que identifique y caracterice tecnología, máquinas y sustancias empleadas por los participantes de las protestas en sus labores mineras, y también que se propiciará un diálogo vinculante para lo que será la construcción de reformas al Código Minero” (RCN Radio, septiembre 2022). Imagen No. 1. Documento con los siete acuerdos entre el Gobierno y mineros del Bajo Cauca Antioqueño, septiembre 2022 Fuente: https://twitter.com/anibalgaviria/status/1573798365166534657/photo/1 Posterior a la firma del acuerdo, algunos mineros, inconformes con lo pactado, continuaron con los bloqueos de vías. Sin embargo, las protestas se apaciguaron rápidamente y no tuvieron un alcance mayor. En el siguiente gráfico se muestra la variación de casos de intervención de minas ilegales en las subregiones de San Jorge (Córdoba), Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño (Antioquia) de enero de 2022 a enero de 2023: Gráfico No. 1. Intervención de minas ilegales enero 2022 – enero 2023 Elaborado por: InfoVisible. Fuente: Ministerio de Defensa Se observa una disminución de casos abrupta entre septiembre-octubre que pudo estar relacionada con el desarrollo del paro minero y la firma de los acuerdos. Aun así, a partir de noviembre vuelven a incrementar los casos, mostrando una tendencia creciente que va hasta enero de este año. Estos hechos se distribuyeron de la siguiente manera: Mapa No. 1. Intervención de minas ilegales enero 2022 – enero 2023 Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Ministerio de Defensa También el mes de septiembre fue el que más casos de incautación de maquinaria amarilla por minería ilegal reportó, con un total de 109: Gráfico No. 2. Incautación de maquinaria amarilla por minería ilegal enero 2022 – enero 2023 Elaborado por: InfoVisible. Fuente: Ministerio de Defensa Mapa No. 2. Incautación de maquinaria amarilla por minería ilegal enero 2022 – enero 2023 Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: Ministerio de Defensa Estos hechos podrían estar relacionados con el descontento de los mineros artesanales y las retaliaciones de los grupos armados. De todas formas, hasta febrero de este año las acciones de protesta por parte de los mineros cesaron. El 11 de febrero de 2023, en el municipio de Nariño (Oriente Antioqueño), empezaron a circular mensajes en los que alias “Camilo”, cabecilla del grupo delincuencial Clan de Oriente, decretaba paro armado en el municipio. Según BluRadio , este paro “puede deberse a una retaliación, pues el día de ayer se destruyó una maquinaria con la que presuntamente el Clan de Oriente estaba realizando labores de minería ilegal en el río Samaná” (BluRadio, febrero 2023). La Policía desplegó un operativo en el municipio para garantizar el orden, de igual forma pidió a la población hacer caso omiso a estos mensajes. Por el momento, en esta región del departamento, el tema llegó hasta ahí. El 21 de febrero el gremio de pequeños y medianos mineros del Bajo Cauca y Sur de Córdoba envió un pliego de peticiones al Gobierno Nacional en el que exponían su punto de vista y lo que solicitaban para darle solución a la problemática presentada, y anunciaron que se prepararían para dar inicio al Paro Minero en el Bajo Cauca y Sur de Córdoba a partir del 02 de marzo. Imagen No. 2. Pliego de peticiones de pequeños y medianos mineros del Bajo Cauca y Sur de Córdoba al Gobierno Nacional, febrero 2023 Fuente: https://www.facebook.com/elbagre/posts/pfbid02tmjsa7ZdFXeknSbNcnoEvARbvBswe5kWmNvN7wnXSSKsU2TDKsUjh8DmQr35n2n7l El 25 de febrero 500 mineros informales restringieron la navegabilidad del río Nechí, evitando que la compañía Mineros Aluvial S.A. continuara con sus labores. Francisco Arrieta, vocero de la Mesa Minera del Río Nechí declaró lo siguiente : Lo que estamos pretendiendo nosotros es que nos devuelvan tierras trabajadas por la minería, trabajadas por la empresa, tierras ya degradadas, donde produjeron un impacto ambiental enorme. No queremos tierras nuevas o vírgenes, las que ya trabajaron. Ya restringimos la navegabilidad para que Mineros Aluvial no pueda continuar con sus labores (Caracol Radio, febrero 2023). A lo anterior se le sumaron las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, que luego de la realización de dos consejos de seguridad en el Bajo Cauca afirmó que las autoridades iban a seguir contrarrestando la minería ilegal. En el mismo sentido, la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, anunció la reactivación de operativos en contra de la minería, anunciando mayores controles por parte del Estado. La ministra dijo : No se puede aprovechar el acuerdo que se hizo durante el paro que hubo en esta región como excusa para destruir los bienes ambientales a través de esa minería. Haremos una oferta productiva seria, integral, territorial a todos esos mineros y los invitamos a hacer parte de la caracterización y formalización (Revista Semana, marzo 2023). Frente estos anuncios algunas alcaldías del Bajo Cauca tomaron medidas preventivas, como suspensión de las clases en los colegios. Además, en Caucasia se instaló un Puesto de Mando Unificado por la Vida dado que el municipio sería centro de manifestaciones, pues hasta allí se movilizaron pequeños y medianos mineros de los municipios de Zaragoza y El Bagre. El 02 de marzo en la vereda El Bagre, la Fuerza Pública desarticuló 39 minas informales que pertenecían a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo y le dejaba rentas de más de 1.500 millones de pesos cada mes. En este operativo fueron destruidas 70 dragas, dos excavadoras, 110 motobombas y otros elementos de actividad ilegal. Según el coronel Manuel Gonzáles , comandante de la Brigada 14 del Ejército “esas intervenciones son la causa del paro” (BluRadio, marzo 2023). Desde el 02 de marzo los municipios de Nechí, Segovia, Yolombó, Cáceres, Remedios, Zaragoza, El Bagre, Yalí, Tarazá, Caucasia y Vegachí, en Antioquia, se han visto afectados por los bloqueos. Los municipios La Apartada, Montelíbano, Puerto Libertador y el sector La Ye, de la región San Jorge (Sur de Córdoba), también se han unido a las protestas ya que, según uno de los manifestantes : El Sur de Córdoba también viene involucrado en temas de quema de maquinaria, porque no es desconocido que en la parte de Ayapel se hace minería, entonces los pequeños mineros están trabajando y el Estado en su forma indiscriminada llega con su Ejército y Policía quemando las dragas, mini-dragas (El Tiempo, marzo 2023). En los días siguientes, debido a los desmanes y disturbios que tuvieron lugar en algunos municipios, entre los que se vio afectada la infraestructura de la Alcaldía de Caucasia, el cierre de vías y demás, se decretó toque de queda y a su vez se declaró la alerta hospitalaria en los municipios de Caucasia, Tarazá y El Bagre. Desde el inicio del Paro Minero el Bajo Cauca y Sur de Córdoba, el gobernador de Antioquia y las autoridades han manifestado la injerencia del Clan del Golfo en las protestas. Frente a esto, este grupo armado ha emitido alrededor de cuatro comunicados en los que afirma no estar haciendo parte o estar presionando a los mineros a que protesten; sin embargo, se han conocido videos y denuncias en las que al parecer las comunidades estarían siendo víctimas de presión por parte de grupos armados. Mapa No. 3. Presencia del Clan del Golfo en Antioquia y Córdoba, en regiones afectadas por el Paro Minero Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES) La Región de Planeación y Gestión del Bajo Cauca RPG-BC, conformada principalmente por los seis alcaldes del Bajo Cauca, se pronunció en su momento haciendo un llamado al Gobierno Nacional para que hicieran presencia en el territorio. Además, el secretario del Interior de Córdoba, Jairo Baquero, afirmó que pobladores de Córdoba, Sucre y Bolívar apoyan el bloqueo de los mineros del Bajo Cauca. En Córdoba, como respuesta a los bloqueos, la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional instalaron un Comité de Orden Público Extraordinario, con el fin de articular operaciones para atender la seguridad en el territorio. La acción fue coordinada por la secretaria general de la Gobernación de Córdoba, Claudine Álvarez; al igual que el secretario del Interior, Jairo Baquero. De igual manera, se llevó a cabo un Consejo de Seguridad con un Puesto de Mando Unificado, el cual se mantiene activo desde la hora cero del bloqueo en las vías del Bajo Cauca Antioqueño y Alto San Jorge cordobés. De esta manera, las acciones de “bloqueos de accesos o vías en protestas” se ha distribuido de la siguiente manera: Gráfico No. 3. Bloqueos de accesos o vías en protestas agosto 2022 – marzo 2023 Elaborado por: InfoVisible. Fuente: seguimiento a prensa Mapa No. 4. Bloqueos de accesos o vías en protestas agosto 2022 – marzo 2023 Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación (Pares). Fuente: seguimiento a prensa De igual forma se evidencia un aumento en los casos de protestas y manifestaciones en las cuatro subregiones analizadas: Gráfico No. 4. Protestas y manifestaciones mayo 2022 – marzo 2023 Elaborado por: Infovisible. Fuente: seguimiento a prensa Mapa No. 5. Protestas y manifestaciones mayo 2022 – marzo 2023 Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación. Fuente: seguimiento a prensa En este contexto, el 08 de marzo de 2023 el presidente de la República envío una comisión especial para atender el Paro. La comisión estuvo liderada por los ministros y ministras del Interior, Defensa, Minas y Energías y Medio Ambiente, así como del director del Departamento Nacional de Planeación. En un comunicado de prensa publicado ese mismo día, desde la presidencia se rechazaron los hechos de violencia que se estaban dando en el contexto del paro y, adicionalmente, se propuso como primer punto de la agenda un plan de acción inmediata para atender humanitariamente a las poblaciones afectadas: Imagen No. 3. Comunicado de prensa de la Presidencia de la República sobre el Paro Minero Posteriormente, el día 09 de marzo, el Gobierno Nacional lanzó las propuestas del Distrito Minero y el Plan de Formalización para superar el Paro en Antioquia y como estrategia para hacer frente a la problemática histórica presentada en la subregión. Mientras se desarrollaban las mesas de conversación, sin evidentes soluciones al conflicto, miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional hicieron presencia en los distintos puntos donde se desarrollaban los bloqueos y llevaron a cabo operativos para desbloquear las vías de acceso y continuar con la destrucción de maquinaria aparentemente usada para la minería ilegal. Esto complicó aún más la situación de orden público, debido a que se presentaron disturbios y enfrentamientos con la fuerza pública por parte de manifestantes, principalmente en los municipios de Tarazá, Caucasia y Cáceres, lo que llevó al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, a decretar toque de queda durante los días 10 y 11 de marzo (Infobae, marzo 2023). Hasta ese momento, en el marco de estos hechos de violencia habrían muerto dos personas y 25 habrían resultado heridas, siendo el municipio de Tarazá uno de los más afectados por la situación de orden público, en donde se reportó en la noche del domingo 12 de marzo el incendio de un peaje por parte de hombres encapuchados (El País, marzo 2023). Durante este mismo día, pero en horas de la tarde, se realizó un consejo de seguridad en Montelíbano, al sur del departamento de Córdoba, en el que participaron el presidente Gustavo Petro, el ministro de Defensa Iván Velázquez, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, el alcalde de Caucasia, Jefferson Sarmiento, y los altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Tras el desarrollo de este consejo, el presidente Gustavo Petro, en una declaración pública, comunicó que, en primer lugar, las mesas de negociaciones se levantaron debido a las exigencias de detener los operativos en contra de las actividades mineras ilegales, lo cual aseguró que rechazaba. También agregó que, en el marco del Paro Minero, se han presentado situaciones de vulneración al Derecho Internacional Humanitario (DIH), como quema de ambulancias, confinamiento de la población civil, desabastecimiento y ataques a acueductos. Igualmente, reafirmó el rol de la fuerza pública en el territorio, asegurando que esta va a mantener su presencia y posiblemente va a aumentar el número de efectivos movilizados a la zona, que hasta el momento suman más de 10 mil. También aclaró la nueva estrategia para desmontar la minería ilegal: “habrá una línea de control a la maquinaria amarilla en Colombia para rastrear su uso legal. Se destruirá la gran maquinaria que se utiliza en los ríos de Colombia para la minería ilegal”. Finalmente, el mandatario comentó que habría serios indicios de la participación del Clan del Golfo como principal impulsor del Paro y como responsable de los hechos violentos ocurridos en este contexto, y que, de ser así, no habría voluntad de paz por parte de este grupo armado, por lo que al día siguiente desestimó la posibilidad de establecer negociaciones con el Clan del Golfo en el marco de la Paz Total, terminando de volatilizar el escenario del Paro en Antioquia.

Por: Katerin Erazo, Periodista La situación de inseguridad en Barranquilla y el Atlántico es un tema que preocupa tanto a la ciudadanía como a las autoridades. En el debate de control político realizado el pasado 28 de marzo en el Congreso, el ministro de Defensa, Iván Velásquez anunció que se va a realizar un consejo de seguridad la próxima semana para abordar este asunto. El consejo de seguridad también tiene como propósito abordar las amenazas recibidas por algunos periodistas de El Heraldo , luego de que hombres armados ingresaran a las instalaciones del medio de comunicación con la intención de publicar una entrevista que habían realizado ellos mismos. Según se informa, estos hombres armados buscaban ser tenidos en cuenta en los diálogos de Paz Total liderados por el Gobierno de Gustavo Petro y exigieron que se entrevistara al líder de su estructura ilegal. Desde el año 2021, la situación de seguridad en Barranquilla se ha complicado debido a las disputas entre bandas criminales y organizaciones armadas que compiten por el control de las rentas ilegales y las rutas en esta zona. Entre las organizaciones involucradas en estas disputas en Barranquilla, se encuentran el Clan del Golfo, los Costeños y los Rastrojos Costeños. Además, se ha registrado recientemente la presencia de Los Pepes, que también está en conflicto con los Costeños. Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) considera que la situación en Barranquilla es preocupante en los últimos tres años debido a las acciones del crimen organizado y la delincuencia común, que se han agravado con el tiempo. Esto ha llevado a que Barranquilla sea considerado como uno de los puntos más complejos en materia de seguridad del país. El coordinador Isaac Morales señala que la situación de inseguridad en Barranquilla conlleva varios puntos a tener en cuenta. En primer lugar, destaca la intensa confrontación entre las organizaciones delictivas y criminales. En segundo lugar, menciona que hay un aumento significativo en los casos de extorsión, pero las amenazas han disminuido, lo cual resulta extraño para él, ya que ambos fenómenos suelen estar relacionados. Morales sugiere que posiblemente las personas no estén denunciando las amenazas, lo que dificulta la medición precisa del aumento de este tipo de situaciones. Según la Línea Convivencia y Seguridad de Pares, en 2021 el hurto a personas aumentó un 27%, mientras que la extorsión y las amenazas también experimentaron un aumento significativo del 38% y 110%, respectivamente. En 2022, estas tendencias preocupantes se agravaron aún más, con aumentos del 48% en el hurto a personas, 122% en la extorsión y 22% en las amenazas en comparación con el año anterior. Ver: (Balance anual de seguridad y convivencia ciudadana ). Esto refleja que la situación de inseguridad en el Atlántico es alarmante, lo que ha generado una percepción negativa en la ciudadanía. Según la Línea de Seguridad de Pares, en 2022 la percepción de inseguridad en Barranquilla superó el 64.3%, lo que es mucho más alto que el promedio nacional. Los hechos violentos suelen ser más frecuente en los barrios y zonas cercanas al río Magdalena. Esto se debe a que esta zona es utilizada para el tráfico de drogas y contrabando en general. El coordinador de la Línea ha destacado que Barranquilla es un punto clave en términos geográficos, ya que su cercanía con Santa Marta y Cartagena puede estar propiciando la propagación de acciones criminales hacia la costa caribe. Se han registrado varias masacres en diferentes lugares y fechas. Entre ellas, se encuentran las ocurridas en el barrio San José en mayo de 2022, en el puente de La Cordialidad con Circunvalar en julio de 2022, en el barrio Montes en agosto de 2022, en el barrio Las Flores en septiembre de 2022. En lo que va del año (2023), la línea de convivencia y seguridad ciudadana ha reportado un total de cinco masacres en el área metropolitana de Barranquilla. El 29 de enero se registró una masacre en el barrio El Santuario en Barranquilla, donde cuatro personas fueron asesinadas y seis resultaron heridas. El 7 de febrero se registró otra masacre en el barrio Primero de Mayo en Soledad, dejando tres personas muertas y tres heridas. El 19 de febrero, en el barrio San Vicente en Soledad, tres personas murieron y tres resultaron heridas. Además, el 14 de marzo se reportó otra masacre en el barrio Las Flores de Barranquilla, dejando un total de 18 personas muertas y 30 heridas. La última masacre registrada fue el 19 de marzo en el sector La Loma del barrio Villanueva en Barranquilla, donde cinco personas fueron asesinadas y 14 heridas. En total, en lo que va del año 2023, se han registrado 18 personas asesinadas y 30 heridas debido a estas masacres. La Línea ha explicado que después de la ocurrencia de masacres siempre se convoca un consejo de seguridad, donde se reúnen algunos líderes para debatir sobre la inseguridad y llegar a algunas conclusiones. Sin embargo, la Línea destaca que nunca se toma una acción preventiva por parte de la alcaldía después de estos consejos. Según la opinión de Isaac Morales, parece que los consejos de seguridad son meramente formales o protocolares y no se toman acciones efectivas en el fondo. Morales cree que si se convoca un nuevo consejo de seguridad, solo se ofrecerán nuevas recompensas para capturar a personas específicas, sin abordar las causas subyacentes de la inseguridad. Por lo tanto, el coordinador opina que este próximo consejo no solucionará el problema de fondo. El coordinador de la Línea de Convivencia y Seguridad de Pares recomienda que las autoridades locales de Barranquilla tomen medidas mucho más completas para abordar la situación actual. Entre estas medidas se incluiría el fortalecimiento de la inteligencia y contrainteligencia. Morales considera que es necesario hacer una revisión exhaustiva de la institucionalidad para identificar qué comandantes operativos en cada sector de la ciudad y municipios cercanos, como Soledad, están logrando resultados efectivos. Además, Isaac Morales señala que no se debe atribuir toda la responsabilidad de la seguridad a la policía, sino que también es necesario que la alcaldía y la gobernación estén al frente de este tema. Morales propone que se soliciten refuerzos a la Fiscalía en asuntos de investigación judicial y que se establezcan estrategias más orientadas a abordar el problema de la inseguridad en la ciudad. El coordinador enfatizó que aunque una gran parte de la inseguridad en Barranquilla y su área metropolitana es atribuible a los grupos armados, no se debe ignorar que también hay otras formas de delincuencia, como la delincuencia común o la delincuencia organizada a un nivel medio, que opera diariamente en las calles sin estar necesariamente vinculada a un grupo ilegal. Sin embargo, Morales destacó que los recientes hechos indican que existe un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales. Ante este panorama, resulta crucial que se adopten medidas concretas para hacer frente a estos hechos violentos. De lo contrario, la situación seguirá igual o incluso puede llegar a empeorar, según advierte Isaac Morales.

Por: Katerin Erazo, Periodista La Policía Nacional experimenta un importante cambio en su cúpula directiva. El general Henry Sanabria, quien se desempeñaba como director de la institución, dejó su cargo y será reemplazado por el general en retiro William Salamanca. El general Sanabria , con más de tres décadas de experiencia en la Policía Nacional, desempeñó roles clave en diversas áreas y regiones del país, como la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), la Escuela General Santander y la Dirección General de la Policía Nacional. Su experiencia también incluye tiempo en la Comandancia de la Metropolitana de Cartagena y la Dirección de Sanidad (Ver: Nuevo Director de la Policía Nacional, Mayor General Henry Armando Sanabria Cely ). Por su parte, el general Salamanca asume el reto de liderar la Policía Nacional en un momento crucial para el país. Su experiencia y trayectoria en la institución lo avalan para enfrentar los desafíos que se presentan, entre los que destacan la consolidación de la estrategia de seguridad ciudadana, la modernización de la institución y la mejora de la relación entre la policía con la comunidad. Además de ser administrador de empresas y administrador policial, Salamanca posee especializaciones en Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, así como una maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia y de la Universidad de Columbia en Nueva York. También ha completado una maestría en Seguridad Pública y ha sido alumno del Centro Hemisférico de Defensa en Washington D.C., donde profundizó sus estudios sobre lucha contra el terrorismo, manejo de crisis y liderazgo. Asimismo, Salamanca completó el Curso Integral de Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra de Colombia. El cambio en la cúpula de la Policía Nacional generó diversas. Algunos han destacado la gestión del general Sanabria, resaltando su compromiso con la seguridad ciudadana y su liderazgo en momentos difíciles para la institución. Otros, en cambio, criticaron su gestión, especialmente por los casos de abuso policial que se registraron en los últimos años. Isaac Morales, Coordinador de la Línea de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), señaló que, aunque se han escuchado varias hipótesis acerca de la salida del general Sanabria, no hay certeza alguna sobre los motivos detrás de esta decisión. Morales destacó que se han registrado varias cuestiones recientemente, como el tema de las posturas religiosas y la ideología católica que Sanabria ha manifestado desde su nombramiento. Según Morales, uno de los detonantes de su salida podría haber sido la entrevista que Sanabria concedió a la periodista Vicky Dávila, en la que se abordó el tema de la población de VIH dentro de la policía y la población LGBTQ+ dentro de la institución, expresando cierto sesgo de discriminación. Otra hipótesis relaciona su salida con su oposición a ciertos temas del Ministerio de Defensa y hacia el mismo presidente. El general Salamanca, por su parte, recibió el respaldo de líderes políticos y expertos en seguridad, quienes confían en su capacidad para liderar la Policía Nacional y enfrentar los desafíos que se presentan en materia de seguridad ciudadana. Se espera que su gestión esté marcada por una mayor cercanía con la comunidad, la implementación de nuevas estrategias para combatir la delincuencia y la modernización de la institución. La Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares espera que el General Salamanca fortalezca la articulación entre la fuerza, especialmente entre la policía y el Gobierno Nacional. Isaac Morales señaló que es probable que el General Salamanca enfrente varios desafíos, ya que reintegrar a un general retirado podría ser considerado una mala decisión del presidente, especialmente cuando existen otras opciones disponibles. En este sentido, es fundamental que el nuevo director de la Policía Nacional tenga una visión clara de los desafíos que se presentan y esté dispuesto a trabajar de manera conjunta con la sociedad civil, los expertos en seguridad y las autoridades políticas para construir una institución sólida y eficiente, capaz de garantizar la seguridad y la tranquilidad de los y las ciudadanas. Según el coordinador de la Línea de Seguridad de Pares, la policía enfrentará muchos cambios nuevamente, lo que es algo muy complejo dentro de la institución. Cada vez que hay un cambio de director, hay cambios internos, no solo de roles o personas, sino también de las mismas acciones al interior. Cada director trae una nueva visión de la policía, lo que implica cambios en procesos, retrasos en algunas actividades y ciertos temas que son de mayor interés para unos directores que para otros. Además, en el corto plazo, según Isaac Morales, hay que considerar el encargo del general Tito Castellanos, quien estará al mando mientras llega el general Salamanca. Esto pondrá a la institución en una suerte de “pausa” o estado de “congelamiento” en algunos temas, ya que habrá que esperar a conocer la visión del nuevo director de la policía. Morales también mencionó que no solo habrá cambios al interior de la institución, sino también hacia afuera, relacionados con la imagen de la policía ante la sociedad civil, la crisis de seguridad en las ciudades, el proceso de transformación institucional que viene desde hace tiempo y la reforma de la policía que se supone será un proceso dentro del Congreso. Por lo tanto, Morales destacó que se avecinan muchos desafíos y temas importantes que deberá abordar el nuevo director de esta institución.