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Por: Luis Eduardo Celis Semana del 10 al 16 de abril 1. El presidente Gustavo Petro instaló el Consejo Nacional de Paz, la instancia más plural y diversa para discutir sobre la política de Paz Total. En el discurso de instalación colocó un tema muy importante que hay que tener presente para el proceso de diálogos, negociaciones y construcción de un acuerdo de paz con el ELN: el Estado Colombiano no tiene recursos para reparar el amplio universo de víctimas que han dejado las múltiples violencias, al igual que no tiene recursos para comprar las tierras en las magnitudes que se requiere, ni para los futuros acuerdos de paz. Propuso que se debata sobre esta situación de ausencia de recursos, afirmando que no se puede decir mentiras frente a temas tan delicados. Ese planteamiento del presidente Petro genera un referente muy importante para el proceso con el ELN, que va a requerir importantes recursos y se debe organizar, ojalá, en una sesión del Consejo Nacional de Paz un intercambio sobre la financiación de la política de Paz Total en general y en particular sobre los recursos para el acuerdo a construir con el ELN. Aquí se puede escuchar toda la intervención del presidente Gustavo Petro en la instalación del Consejo Nacional de Paz. 2. Hubo sesión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en esa sesión el representante Especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, afirmó en relación con el proceso de diálogos y negociaciones entre el Gobierno Colombiano y el ELN: 3. José Félix Lafaurie dio una entrevista a la Revista Semana en la que se refirió a las negociaciones en curso con el ELN y critica las actuaciones del ELN, que considera que en nada contribuyen a crear un buen ambiente para este proceso de paz: https://www.semana.com/politica/articulo/jose-felix-lafaurie-negociador-del-gobierno-petro-con-el-eln-se-destapa-y-dice-que-lo-que-ha-hecho-este-grupo-criminal-ha-sido-demencial/202347/ 4. El expresidente Iván Duque en declaraciones a Caracol Radio, afirmo que el ELN “es un grupo anárquico, donde no hay una cabeza de mando, ‘Gabino’ está prácticamente desahuciado, ‘Antonio García’ está en Venezuela, ‘Pablito’ hace lo que se le da la gana, los Frentes operan descentralizados, tienen el Comando Central, tienen todas esas instancias que los hacen prácticamente incapaces de tomar decisiones que sean ejecutadas por toda la estructura de mando, pero además siguen en actividades terroristas de manera permanente, los diecisiete meses que negociaron con el presidente Santos, mataron cien personas, cuatrocientos hechos de terrorismo y más de diez secuestrados. En el gobierno nuestro cuando mandaban cartas con otros gobernantes de Latinoamérica, hablando de paz, no les dio sino por poner una bomba en una escuela de formación de la policía, donde asesinaron vilmente a veintidós jóvenes. Yo creo que al ELN no se le puede seguir dando más gabelas, donde se sientan a la mesa y se les permite actos de terrorismo, yo creo que al ELN hay que mantenerlo en una presión militar fuerte y yo creo que la única manera de desentrabar la actitud bélica, criminal del ELN, es dando de baja a alias ‘Pablito’, y dando de baja a alias ‘Antonio García, mientras esos dos sujetos estén allí, serán siempre saboteadores de cualquier acuerdo de paz". Aquí se pueden escuchar las declaraciones del expresidente Iván Duque: 5. Antes las declaraciones del expresidente Iván Duque, el senador Iván Cepeda, integrante del equipo de gobierno para los diálogos con el ELN, dio declaraciones a la Caracol Radio en este sentido: "tras los señalamientos en #6AM de Iván Duque al manejo del proceso de paz, el senador Iván Cepeda respondió diciendo que el expresidente no es la persona adecuada para hablar del Acuerdo porque en su gobierno se duplicó el ELN y dejó varios problemas para el país". 6. En la semana reportada, el ELN colocó banderas en varias ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Barrancabermeja, Cúcuta. Aquí una nota periodística sobre los hechos en Medellín: 7. Alias “Iván Mordisco”, líder de las disidencias autodenominadas Estado Mayor Central de las FARC, hizo un llamado a parar las hostilidades entre los grupos armados ilegales: https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/disidencia-estado-mayor-central-propone-al-eln-parar-enfrentamientos-759779 8. El ELN denunció que el Gobierno Nacional no facilitó casa por cárcel a siete presos políticos de esa organización que se encuentran en estado terminal, como lo contemplaba el “Acuerdo parcial de atención de emergencias en el marco de las acciones y dinámicas humanitarias”, firmado en la mesa de diálogos y que debía cumplirse el 31 de diciembre de 2022. También dijo que el pasado 11 de abril falleció Nelson Enrique Acevedo Durán, militante del ELN, después de estar varios meses en estado vegetativo, debido a la negligencia para atenderlo tras sufrir un preinfarto: https://www.colombiainforma.info/eln-denuncio-que-gobierno-no-cumplio-con-los-alivios-humanitarios/ Agradecer a todas las instituciones y personas que a nivel de Colombia y de la Comunidad Internacional, trabajan para que este proceso de paz se desarrolle y sea exitoso.

Por: Katerin Erazo, Periodista El comercio en Colombia se ha vuelto una actividad cada vez más riesgosa debido al aumento de la delincuencia. En este contexto, el respaldo de La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios ( Fenalco ) Bogotá al gremio de comerciantes con salvoconducto ha generado polémica por su postura respecto al uso de armas de fuego. Según Fenalco en Bogotá, los comerciantes que cuentan con salvoconducto deberían tener el derecho de portar armas de fuego, como medida de defensa ante posibles robos o agresiones. Esta postura ha generado reacciones encontradas en la sociedad y ha avivado el debate sobre el uso de armas de fuego como medida de protección. Mientras algunos apoyan esta medida, otros la consideran peligrosa y creen que puede aumentar la violencia en las calles. Además, es importante tener en cuenta que el uso de armas de fuego por parte de civiles puede tener consecuencias graves e irreversibles, tanto para los propios comerciantes como para los posibles agresores. Ante la controversia generada, Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, aclaró a Pares que su entidad no está solicitando que se arme a los comerciantes, ya que, según él, esta noticia ha sido tergiversada en los titulares. En su lugar, Orrego explicó que realizaron una encuesta a los comerciantes para conocer su percepción sobre la seguridad, tanto en su lugar de trabajo como en su residencia, y les preguntaron si tenían alguna idea para mejorar la situación de seguridad en la ciudad. Según Orrego, recibieron diversas respuestas, entre las que destacan la militarización, un trabajo coordinado entre el ejército y la policía, la agilización del proceso de judicialización para evitar la liberación inmediata de los capturados, y levantar la restricción al porte de armas con salvoconducto. Orrego mencionó que muchos comerciantes han comprado legalmente un arma en Indumil, una empresa estatal encargada de la fabricación, importación y comercialización de armas, municiones y explosivos. Sin embargo, el director de Fenalco indicó que antes de considerar la medida de permitir el porte de armas a los comerciantes, se deben cumplir ciertas condiciones. Estas incluyen la realización de cursos de manejo de armas, así como exámenes psicofísicos para demostrar que son personas aptas, sin antecedentes y con una necesidad puntual de portar un arma. En una entrevista con el medio de comunicación  RCN , el director de Fenalco explicó que de acuerdo con la encuesta, el 64% de los comerciantes no se siente seguro en su lugar de trabajo, mientras que el 30% ha sido víctima de robo en los últimos cuatro meses. Además, el 80% de los encuestados cree que la seguridad ha empeorado durante ese mismo período de tiempo. Según cifras de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), a nivel nacional se presentaron 17.815 hurtos a personas con arma de fuego (de 85.380) en lo corrido de 2023. Ver: ( Balance anual de seguridad y convivencia ciudadana ) Frente a la encuesta hecha por la entidad gremial, Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, considera que si el Gobierno ya ha realizado un estudio al respecto, debería permitir que los comerciantes porten armas legalmente. Según él, esto sería una incomodidad para los delincuentes, ya que actualmente trabajan con la certeza de que los comerciantes están desarmados. Orrego sugiere que, si una persona tiene un arma legal y cuenta con el permiso correspondiente, debería poder portarla en su establecimiento comercial. De esta manera, sería más difícil para los delincuentes entrar y cometer sus “fechorías”, lo que los haría pensar dos veces antes de hacerlo. Andrés Felipe Cardona Orozco, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales, mencionó a Pares que la responsabilidad de combatir estos fenómenos recae en la policía y en el correcto funcionamiento del sistema judicial. Aunque se ha trabajado en estas áreas, la respuesta parece insuficiente frente al creciente problema de seguridad, y la propuesta de Fenalco, según Cardona, demuestra la necesidad de considerar otras alternativas para mitigar o reducir el problema. Por tanto, Andrés Felipe Cardona resaltó que la propuesta no solo busca tranquilizar a los comerciantes, sino también al público en general. Sin embargo, él mencionó que el porte de armas debe estar sujeto a una vigilancia rigurosa en cuanto a sus condiciones de uso y la vigencia de los salvoconductos. Además, que es necesario establecer mejores canales de interacción entre los comerciantes y la policía para hacer frente al problema. Por su parte, Isaac Morales , coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares, considera que permitir el porte de armas legal para los comerciantes no sería una solución real al problema de la inseguridad en la ciudad. Morales afirma que esta propuesta es reactiva y no aborda las raíces del problema, y que recurrir a la lógica de “solucionarlo todo a punta de bala” no es una solución a largo plazo. En cambio, Morales cree que se deben explorar otros mecanismos para proteger las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana en la capital. Morales destacó que, en su opinión, la propuesta no tendría viabilidad, ya que sería inconstitucional. Según él, hay un principio constitucional que no permite que en Colombia los ciudadanos porten armas. Por lo tanto, según él, sería difícil plantear una iniciativa de este tipo y, en caso de que se presentara, se podría generar una situación problemática, porque la gente podría tomar la justicia por su cuenta, lo que podría llevar a más escenarios de violencia y pérdida de vidas. Andrés Felipe Cardona Orozco mencionó que, con relación al tema del porte y uso de armas en establecimientos comerciales, se puede observar el ejemplo más claro en Estados Unidos, donde, bajo la Segunda Enmienda, se permite el porte de armas para los ciudadanos. Sin embargo, para Cardona, el problema en Estados Unidos radica en que los requisitos para la adquisición de armas no parecen ser suficientes ni estar totalmente exigidos, sumado a la venta sin restricción de armamento de grado militar, como fusiles de asalto. Más allá de lo anterior, Cardona señaló que la posibilidad de portar un arma en Estados Unidos se ha visto como un elemento disuasorio frente al crimen. Finalmente, Isaac Morales planteó que ya existe diversas estrategias para abordar la problemática de la inseguridad. Entre ellas, destacó los frentes de seguridad en los barrios, el enfoque comunitario de la policía y el fortalecimiento de las instancias de los inspectores de policía en las zonas rurales. Asimismo, resaltó la importancia de fortalecer la interlocución entre las redes de comerciantes y la policía, así como con las autoridades civiles, como la secretaría de seguridad, la secretaría de Gobierno y las alcaldías locales. En este sentido, Morales hizo énfasis en la necesidad de reforzar los mecanismos existentes para encontrar soluciones más puntuales y concretas al problema de la inseguridad.

Por: Redacción Pares Desde la Línea Jóvenes en Riesgo y Participación Juvenil de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), hemos estado siempre prestos como tribuna de expresión periodística libre a reconocer las voces y las expresiones diversas de la sociedad colombiana. Esta vez hemos cedido el espacio para publicar una carta al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, escrita por Yolanda Henao, madre de Héctor Fabio Morales, joven asesinado el 07 de mayo de 2021 en las inmediaciones del Museo de Arte de Pereira, en el marco del Estallido Social, crimen hasta ahora impune y con el cual la entidad a cargo ha mostrado incompetencia y desinterés en esclarecer. Esta carta fue leída por Yolanda Henao en acto público el pasado 06 de mayo en la plazoleta de la Gobernación de Risaralda. Pereira, 26 de abril de 2023 Señor: FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO Fiscal General de la Nación de la República de Colombia E. S. D. Respetado Doctor Barbosa, Como víctima y madre me dirijo a usted para pedirle justicia y verdad en el caso de mi hijo Héctor Fabio Morales Henao. Junto con mi Abogado, el doctor Diego Alejandro Martínez, quien me ha acompañado como representante de víctimas, hemos insistido, por medio de múltiples recursos jurídicos, en que la Fiscalía garantice mis derechos esclareciendo los hechos y circunstancias en que fue asesinado mi hijo permitiéndome el acceso a la verdad y que lleve a cabo la imputación contra los responsables de la muerte de mi hijo. Sin embargo, han transcurrido 2 años desde la fecha de este lamentable crimen y continúo a la espera de respuestas por parte de las autoridades estatales, especialmente la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía no ha presentado resultados de ningún tipo. Es una situación lamentable. Mi hijo fue asesinado el 7 de mayo de 2021 frente al Museo de Arte de la ciudad de Pereira, en el marco de las manifestaciones sociales por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Los perpetradores del crimen continúan impunes y la actuación lenta y negligente de la Fiscalía prolonga el profundo dolor que representa la pérdida de un hijo. Es triste y desconsolador que, en un Estado Social de Derecho, como víctima, tenga que reclamar justicia al Fiscal General de la Nación porque su entidad no ha resuelto el caso de mi hijo. El Estado Colombiano se ufana de proteger la vida y la integridad, sin embargo, continúa invisibilizando a las personas a quienes se nos han arrebatado estos derechos. Mantengo la fe y la esperanza de que algún día podré tener justicia y verdad; pero algunas veces me invade la incertidumbre, pues a pesar de contar con elementos materiales probatorios suficientes, incluyendo grabaciones de video del día de los hechos, no se ha avanzado en la investigación de una manera satisfactoria y los criminales que le quitaron la vida a mi hijo siguen en las calles sin ser capturados. Dentro del proceso de investigación se me han vulnerado los derechos al acceso a la administración de justicia, al debido proceso y a la verdad, como se evidencia con el relato de los siguientes hechos: Han sido modificados los fiscales encargados del caso en múltiples ocasiones, lo cual ha obstaculizado la investigación. Además, dicha multiplicidad de autoridades no ha garantizado avances representativos de la fase investigativa, ni el inicio de la etapa de imputación; Solicité copia de los vídeos del asesinato de mi hijo y la Fiscalía me entrego un CD vacío; Mi representante ha solicitado en varias ocasiones la reasignación del caso a la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía por la demora en la investigación y falta de claridad dentro del proceso. La primera solicitud fue resuelta por un funcionario que no tenía competencia para resolver dicha petición y la respuesta de la Fiscalía ha sido negativa. De acuerdo con lo anterior, no he contado con garantías para el esclarecimiento del asesinato de mi hijo y he sido revictimizada. Por eso le solicito su intervención, señor Fiscal, con el clamor de una madre que sólo desea justicia y verdad, para que existan verdaderos avances en el caso y se pueda esclarecer lo sucedido, que no haya impunidad y que las disposiciones constitucionales sobre los derechos a la vida y la integridad no resulten solo palabras idealistas, sino que ustedes, como órgano investigativo e independiente, como funcionarios del Estado colombiano, realmente garanticen los principios fundantes que el constituyente planteó y que la sociedad colombiana implora y necesita. Tal como lo expuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de la visita que realizó a Colombia en el año 2021, el Estado colombiano debe garantizar la protección de la libertad de expresión, la democracia, la vida y el Estado de Derecho. La Comisión reconoció los bajos niveles de confianza de las víctimas y la ciudadanía en las instituciones estatales, debido, entre otros factores, a la grave impunidad que hoy continuamos viviendo. Soy víctima de la violencia perpetrada contra los manifestantes en el paro nacional del 2021, de la estigmatización y de la intolerancia, soy víctima de las represalias que los delincuentes asumieron en contra de mi hijo por ejercer su derecho a expresarse libremente, soy víctima de la represión y el autoritarismo que ha permanecido en el tiempo en un Estado que durante años ha permitido la violencia y ha sido partícipe y cómplice. Y como yo, hay muchas madres que continúan exigiendo visibilización y reparación por parte del Estado, y que han resistido durante años, trabajando incansablemente para que las autoridades investiguen de manera contundente y comprometida los crímenes gravísimos que sucedieron en el paro nacional y que el Estado enfoque sus esfuerzos de manera imparcial, reconociendo la pérdida de tantas vidas. Confío en que su despacho tome cartas en el asunto, como si fuera usted o un familiar el que estuviera en esta misma situación. Atentamente, RUTH YOLANDA HENAO VELEZ

Por: Línea Paz, Seguridad y DDHH. En abril el presidente Gustavo Petro anunció la salida del General Henry Sanabria del cargo de director general de la Policía Nacional y nombró como su reemplazo al Mayor General retirado William René Salamanca, quien tomó posesión del cargo oficialmente el pasado 09 de mayo. Alrededor de este nombramiento han surgido interrogantes como cuál será el rumbo que tomará la Policía y cómo afrontará los retos que tiene en el actual contexto nacional. William René Salamanca tiene más de 30 años de experiencia en la Policía Nacional y cuenta con una amplia hoja de vida. Es profesional en administración de empresas y administración policial, especialista en Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado y la Universidad de Columbia en Nueva York, y magíster en Seguridad Pública. Adelantó el Curso Integral de Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra de Colombia, y es estudiante del Centro Hemisférico de Defensa en Washington D.C., específicamente en estudios sobre lucha contra el terrorismo, manejo de crisis y liderazgo. Entró en la Policía Nacional en 1985 y durante su carrera desempeñó los cargos de director de Tránsito y Transporte, director de Protección y Servicios Especiales, comandante de la Región de Policía No. 4, agregado policial en los Estados Unidos, oficial de enlace en el Congreso de la República, comandante de Distrito en Santander y Edecan Presidencial. En cuanto a sus cargos importantes dentro de la institución se resaltan el de director de Seguridad Ciudadana, que ejerció entre 2018 y 2019, y el de director de la Inspección General, entre 2019 y 2020. En este último cargo lideró una investigación sobre una posible falsificación por parte de algunos oficiales de la Policía para acreditar horas de vuelo. Además, se ha evidenciado que, en este último cargo, el número de expedientes que llegaron a la Fiscalía sobre policías con posibles nexos con el narcotráfico tuvo un incremento considerable, resaltándose el hecho de que este tipo de casos normalmente se tomaban como situaciones de negligencia y no como delitos ( El Espectador, junio de 2022 ), por lo que allí el oficial comenzó a mostrar sus posiciones frente a la corrupción interna en la Policía. Fue en este contexto en el que su nombre empezó a posicionarse en la opinión pública, especialmente cuando en una de sus investigaciones se vio involucrado el nombre del entonces director general de la Policía, Óscar Atehortúa. La investigación en su contra tenía que ver con una extralimitación en sus funciones y una presunta participación en tráfico de influencias mientras dirigía el Fondo Rotatorio de la Policía, entre 2014 y 2015, específicamente por irregularidades en la construcción de las viviendas fiscales para policías ‘CENOP’. Esta investigación y el consecuente choque que generó entre Atehortúa y Salamanca, sería la razón por la cuál este último habría sido retirado del cargo de Inspector General por órdenes del primero, ( Infobae, noviembre de 2020 ) y no se descarta que, posteriormente, esto haya influido en su retiro de la institución. Su relación con el presidente Petro En entrevista con la periodista Vicky Dávila para la Revista Semana, el 13 de mayo, Salamanca comentó que conoció a Gustavo Petro en su etapa como representante a la cámara, cuando era teniente coronel y oficial de enlace en el Congreso, y que más adelante establecieron interlocución y algunas articulaciones en temas de infancia y adolescencia cuando Petro era alcalde de Bogotá. En esta misma entrevista confesó haber votado por el actual presidente debido a que consideró que el país necesitaba un cambio político y que encontró en Gustavo Petro una posibilidad para esta necesidad. Los acercamientos entre ambos se hicieron explícitos cuando, en 2022, Salamanca lideró el equipo de empalme para el sector defensa del recién elegido presidente Petro, empezando a evidenciar además una relación de confianza que sería muy importante para las aspiraciones del entrante gobierno, pensando también en una posible renovación de las cúpulas policiales y militares. Lo anterior fue ratificado el pasado 12 de abril, cuando el presidente Petro comunicó la salida de Henry Sanabria como director general, quien habría estado envuelto en duras polémicas debido a sus marcadas posturas católicas dentro de la Policía, llegando a ser señalado por algunos sectores políticos y de la opinión pública como homófobo, machista y ultrarreligioso ( El País, abril de 2023 ). Salamanca, por lo tanto, recibiría nuevamente la confianza de Petro, esta vez para retornar a la Policía y asumir su dirección general, con todos los retos que ello implica, principalmente en cuanto a la recuperación de la confianza en la institución por parte de la sociedad civil, y a afrontar las problemáticas de seguridad por las que atraviesa el país. Los lineamientos para su dirección Salamanca, en su discurso de posesión, mostró la concordancia de sus posturas con el enfoque de seguridad humana que ha adoptado el actual gobierno, y enfatizó en su compromiso por llevar a cabo los objetivos de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana presentada recientemente por el Ministerio de Defensa. Mencionó que su trabajo se fundamentará en los principios de humanismo, profesionalismo, honestidad e innovación, siendo el primero de estos el que más resalta. En este mismo discurso habló de la reingeniería de la que serán objeto los CAI para articularlos más con las comunidades, de la lucha contra la extorsión, y del fortalecimiento del Sistema Integrado de Seguridad Rural. También habló del fortalecimiento de la lucha contra el narcotráfico y los ciberdelitos, el papel de la cooperación internacional para lograr estos objetivos y las mejoras en el bienestar y las condiciones de vida de las personas integrantes de la institución. Por otro lado, y volviendo a la entrevista que dio a Semana, habló sobre la posible salida de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, para lo cual mencionó que incentivará la participación de la academia, las reservas y la sociedad civil para analizar el momento oportuno en el que se podría dar esta salida a otro ministerio, poniendo como principio el cuidado de la institución. También mencionó que el ESMAD, ahora llamado UNDMO (Unidad de diálogo y mantenimiento del orden), se mantendrá y será objeto de una transformación y un reentrenamiento permanente. Además, a propósito de las polémicas protagonizadas por el anterior director de la Policía, mencionó que es católico, pero que va a defender la libertad de culto y de expresión en la Policía, y que respetará los temas privados de las personas miembros de la institución, aunque no dejará de promover la unidad de la familia como núcleo fundamental de la sociedad colombiana. Una postura conciliadora En la entrevista antes mencionada, mostró una posición cauta y prudente frente a determinadas preguntas que le realizaba la periodista Vicky Dávila, como en el tema de la legalización de las drogas, la retención de agentes del ESMAD por parte de comunidades campesinas en San Vicente del Caguán, el tema de la primera línea o el supuesto complot que se generó internamente para su salida de la institución. Ante este tipo de temas mostró una posición precavida y conciliadora, reafirmando sus posturas, pero manteniéndose en la línea del actual gobierno, sin intención de realizar afirmaciones comprometedoras o polémicas, Lo anterior sería coherente con el contexto en el que asume el cargo de director general, debido a la compleja situación de seguridad en la que se encuentra el país, en la que el presidente Petro está apostando por la implementación de la política de Paz Total, sumado a la situación institucional de la Policía, tanto externamente frente a la falta de confianza que existe por parte de algunos sectores de la sociedad civil, como internamente en cuanto a los temas de corrupción y las disputas políticas que se dan en la institución. Salamanca parece no querer dar pasos en falso y tomar las riendas de la Policía Nacional de manera responsable y en concordancia con las directrices del gobierno. Se podría considerar que su nombramiento implica un cambio en las dinámicas de la Policía, en primer lugar porque retorna a la institución por petición del presidente, lo cual dejaría entrever una confianza mayor a la que podría haber con los oficiales que actualmente se encuentran en carrera, y además se posiciona como un referente debido a su experiencia y su hoja de vida; y por otro lado, porque sus posturas, con un carácter más conciliador y, como él mismo lo llama, humanista, parecen permitir un rango distinto y más amplio de maniobra para la Policía y, asimismo, la posibilidad de materializar con mayor eficacia los objetivos del Gobierno Nacional en cuanto a temas de seguridad y defensa, específicamente en lo que respecta al proyecto de Paz Total.

Por: María Juliana Jiménez, Investigadora Nacional Línea Paz, Seguridad y DDHH. Después del largo periodo de cierres y regulaciones del espacio público debido a la pandemia de Covid-19, retomar definitivamente el uso de este ha sido un importante reto para los bogotanos y la administración de la ciudad: la gestión de la alcaldía frente a los problemas de movilidad, infraestructura, informalidad laboral, orden público y contaminación son asuntos que tienden a estar bajo escrutinio constante. No obstante, el auge de inseguridad se ha consolidado como el principal reto a atender, y los medios de comunicación no dejan de referenciar casos de hurto en las calles y en el transporte público, estafas, atracos, extorsiones, entre otros hechos que impactan directamente en la percepción de seguridad de la población. Ahora bien, este no es solo un tema de percepción, y así lo ha reconocido la administración local desde octubre del 2021 : el comportamiento de los delitos de alto impacto (cuya medición depende del número de denuncias que tienden a ser muy bajas) presenta un escenario preocupante para el periodo 2021-2022 según SIEDCO, pues hubo un aumento significativo de lesiones personales (141%), amenazas (92,7%) y hurtos (30%), mientras que los homicidios y la extorsión tuvieron tendencias decrecientes . Coherente con estas cifras, se tiene que tan solo el 25,9% de los bogotanos se siente seguro en la ciudad y, adicionalmente, el 43% de las personas que fueron víctimas de algún delito no recurren a ninguna entidad para solucionar sus necesidades de justicia. Lo anterior según la encuesta más reciente de percepción ciudadana de Bogotá cómo vamos. Entre grupos delincuenciales y grupos armados organizados Paralelamente, las nuevas prioridades de seguridad del Gobierno Nacional —orientadas a consolidar procesos de sometimiento con grupos delincuenciales y procesos de negociación con las guerrillas— han dado un vuelco al comportamiento de estos grupos en diversas regiones del país. Al respecto, si bien se han priorizado los procesos de construcción de Paz Urbana en territorios con problemáticas más erosionadas que Bogotá (como Buenaventura, Quibdó, Cali, Medellín y Cúcuta), la realidad de la capital no es alentadora. Por un lado, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) mantiene un mapeo a más de diez grupos delincuenciales consolidados en Bogotá que oscilan desde pequeñas estructuras de alcance local, hasta organizaciones complejas que afectan a toda el área metropolitana o que incluso tienen incidencia transnacional (como el Tren de Aragua). Estos grupos gozan en algunas zonas de la ciudad de control territorial y rentas ilegales de estupefacientes y armas. Por otro lado, en las zonas rurales de la ciudad (especialmente en Sumapaz), la alcaldesa Claudia López ha reconocido la presencia de disidencias de las FARC, y en abril del presente año se prendieron las alertas por la supuesta refundación del frente 53 de las FARC en este territorio ; coherente con la alerta temprana 010 de 2021 hecha por la Defensoría del Pueblo sobre posible reclutamiento de menores de edad en la capital, la cual fue referenciada constantemente por la institución durante el 2022. Cartel de las disidencias de las FARC en Bogotá. Fuente: Twitter @luciabastidasu Políticas distritales vs. Políticas nacionales Sobre la responsabilidad de las administraciones distrital y nacional para hacer frente a la situación de la capital, hay varios factores para tener en cuenta: - El desfase temporal entre las elecciones regionales y las elecciones de Presidencia y Congreso implica que todas las administraciones locales convivan con dos planes nacionales de desarrollo. Por tanto, la administración de turno atravesó no solamente los bruscos cambios administrativos por la pandemia de Covid-19, sino también el gran cambio en el espectro político del Gobierno Nacional, pasando de la derecha tradicional a la materialización de una izquierda sin precedentes para el país. - Tanto Claudia López como Gustavo Petro han mantenido relaciones ambivalentes con la fuerza pública. Sobre la alcaldesa, 070 hace un pertinente mapeo que da cuenta de una relación conflictiva al inicio de su administración (que giraba en torno a la gestión de las protestas y la obediencia de la policía hacia la mandataria) que migró a un esfuerzo por lograr relaciones más amenas al hacer parte de cursos de capacitación de la policía y nombrar secretario a un general en retiro de la misma institución. Por su parte, el primer mandatario llegó al poder con las promesas de acabar con el ESMAD y el servicio militar obligatorio, además de un discurso que movilizaba una postura en contra del accionar de las fuerzas militares en el marco del conflicto armado y la necesidad de transformar de fondo a la Policía Nacional. Sin embargo, en el desarrollo de su política de Paz Total, la relación con la fuerza pública es esencial para materializar los procesos de sometimiento a la justicia de los grupos delincuenciales organizados, lograr presencia estatal en los territorios apartados y la persecución de todos los grupos que no harán parte de la Paz Total. Así, su mayor interés tiene que ver con mostrar un pie de fuerza consolidado y estable que funcione de respaldo a su gran agenda de paz. - Es ideal que los planes de acción que establezcan las administraciones locales sean complementarios a los objetivos que establezcan los gobiernos nacionales. Sin embargo, la nueva política de Seguridad, Defensa, Convivencia y Justicia —junto con el Plan Nacional de Desarrollo— mantiene un enfoque territorial que prioriza las zonas rurales que han sido históricamente desatendidas por el Estado, por lo cual no se ha ponderado la Paz Urbana en la capital. Ante este escenario, es claro que a la administración local le ha costado ajustarse al hilo conductor nacional, mientras que se mantiene como uno de los epicentros de fenómenos como la migración venezolana, el aumento de la densidad demográfica, la urbanización informal y la movilización social. Estos factores llevan a que la materialización de las estrategias de seguridad en la capital sean accidentadas: mientras que el ejecutivo tacha de inaceptables algunos de los casos que se viralizan , la alcaldesa critica al Gobierno Nacional sobre la distribución de la fuerza pública en la capital (al haber redistribuido a 1.300 uniformados de Bogotá en otros territorios priorizados a nivel nacional) e, inclusive, propone la creación de una policía propia de la capital bogotana para hacer frente a la situación. Sin embargo, concejales de Bogotá mantienen una fuerte veeduría a la alcaldía y señalan que la situación de inseguridad de la ciudad representa incluso un “retroceso de décadas” , y resaltan que la inseguridad es un asunto que ha colmado la agenda distrital desde el fin del periodo de pandemia. Entretanto, la realidad para los bogotanos es que la administración de turno solo cuenta con seis meses más de gobierno, y son muy pocas las soluciones de contención ante una problemática que ya se percibe como desbordada. Discurso de seguridad como oportunidad política Ante este escenario, la crisis de inseguridad, más allá de ser una prioridad evidente para la administración y un martirio para la ciudadanía, es una oportunidad política para los candidatos a las elecciones que se aproximan en octubre; las propuestas en materia de seguridad serán determinantes para movilizar votos. Sin embargo, las candidaturas mejor consolidadas hasta el momento (Rodrigo Lara, Carlos Carrillo, Juan Daniel Oviedo y María Fernanda Rojas) no han dado pistas de soluciones de fondo, sino que se han concentrado en la enunciación de los retos de la ciudad —especialmente en materia de movilidad—, la recolección de firmas para avalar sus candidaturas o las disputas internas de sus mismos partidos. De forma paralela, los medios nacionales se han enfocado en seguir la pista al Gobierno Nacional entre sus procesos de construcción de paz, las reformas estructurales que ha presentado al Congreso y la agenda diplomática del ejecutivo. Por tanto, los bogotanos —que están muy acostumbrados a las largas esperas— tendrán que esperar una vez más para vislumbrar posibles caminos a seguir para lograr una ciudad más segura y garante de derechos para los ciudadanos.

Por: Katerin Erazo, Periodista En un esfuerzo por enfrentar los crecientes desafíos en materia de seguridad en Bogotá, la alcaldesa de la capital, Claudia López, ha aceptado la propuesta del ministro de Defensa, Iván Velázquez, para llevar a cabo un consejo de seguridad nación-distrito la próxima semana. Dicha propuesta la aceptó luego de haber liderado un encuentro que tuvo lugar este 27 de julio y contó con la asistencia de autoridades, incluyendo la comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Sandra Hernández, el comandante de la Décima Tercera Brigada del Ejército, general Rodolfo Morales, y el secretario Distrital de Seguridad y Convivencia, Óscar Gómez Heredia. El objetivo principal del consejo de seguridad fue abordar la problemática del hurto y el atraco en la capital colombiana, buscando diseñar estrategias locales efectivas para combatir estos delitos y mejorar la seguridad en la ciudad. Durante la reunión, la alcaldesa Claudia López manifestó su firme determinación de poner fin a la criminalidad en Bogotá. En un llamado al presidente Gustavo Petro, lo invitó a liderar y participar activamente en este consejo de seguridad, aportando así su respaldo y recursos para fortalecer las capacidades operativas de la Policía Metropolitana y hacer frente a los desafíos de seguridad en la ciudad. “Quisiera pedirle al señor presidente de la República que nos acompañe en ese Consejo de Seguridad y que lo presida. Necesitamos con urgencia que el señor presidente disponga de mayor personal y capacidad que podamos tener en la ciudad de Bogotá, para que brinde instrucciones específicas y órdenes concretas que respalden los planes que tenemos en la Metropolitana”, enfatizó López. La comandante de la Policía Metropolitana, general Sandra Hernández, anunció la puesta en marcha de un Comando Élite, el cual será respaldado por tecnología avanzada y una unidad de reacción bancaria con presencia tanto aérea como terrestre en lugares estratégicos de la ciudad. Esta iniciativa busca optimizar las operaciones policiales y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas. Además, la general Hernández destacó el compromiso de la Policía Nacional al destinar más de 500 agentes especializados para reforzar la presencia en Bogotá y trabajar en estrecha colaboración con la Policía Metropolitana, bajo la dirección de la Alcaldía Mayor. La alcaldesa López hizo especial énfasis en el trabajo realizado por los funcionarios para reducir el hurto en el sistema de transporte público, logrando una disminución del 19% en los índices de hurto a los usuarios, especialmente a las mujeres. En este sentido, llamó a los comandos TransMilenio a implementar nuevas estrategias para garantizar la seguridad de los ciudadanos en el transporte masivo. Según Isaac Morales, coordinador de la Línea de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), es crucial tener en cuenta que los consejos de seguridad son instancias de coordinación que las autoridades territoriales establecen para analizar situaciones y buscar soluciones. Estas reuniones involucran la participación de diversas entidades con el objetivo de comprender los contextos y abordar los problemas. Sin embargo, Morales destaca que el problema radica en que muchas veces estos consejos extraordinarios se quedan únicamente en discusiones sin lograr resolver problemas concretos. En su opinión, es fundamental que la administración distrital responda a la crisis de seguridad a través de esta figura, pero es igualmente importante tomar acciones concretas, ya que, de lo contrario, se convertirían en meros gestos simbólicos sin resultados reales. Morales también resaltó que el aumento de la inseguridad en la capital puede atribuirse a diversas causas, dependiendo del enfoque que se analice. Existen causas estructurales relacionadas con las consecuencias de la pandemia, como la persistente complejidad en el acceso a necesidades básicas insatisfechas, lo cual puede afectar la seguridad ciudadana en algunas ocasiones. Sin embargo, el coordinador de la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares considera que la respuesta principal a la crisis de seguridad actual está vinculada al crecimiento y proliferación de grupos y organizaciones delincuenciales en la capital. Estos grupos buscan cooptar economías ilícitas, como el hurto de celulares, bicicletas y personas, así como el control de los mercados de microtráfico. Esta expansión de su presencia les permite ejercer un control territorial a través de acciones delictivas y actividades ilícitas para obtener poder. Además, otra razón que puede estar intensificando la crisis de seguridad es la falta de una judicialización efectiva. A pesar de los esfuerzos por capturar a los delincuentes, si la justicia los deja en libertad al día siguiente, se crea un ciclo que no resuelve el problema de fondo. Cabe recordar que la Línea de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Pares publicó el balance anual de convivencia y seguridad ciudadana, ofreciendo un análisis general de la seguridad en las principales zonas urbanas del país. Los datos presentados en este informe corresponden al periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y provienen del Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional. Algunas cifras relevantes por delitos de alto impacto y resultados operativos a nivel nacional que destaca el informe son: Homicidios: Se registraron 13,543 casos en 2022, lo que representa un aumento del 1.3% en comparación con el año anterior. Lesiones personales: Hubo 110,358 casos reportados en 2022, aumentando en un 4.7% respecto a 2021. Hurto a personas: Se contabilizaron 352,483 casos en 2022, experimentando un aumento significativo del 29%. El 38.5% de estos hurtos ocurrieron con el uso de armas de fuego. Hurto a residencias: Se registraron 33,686 casos en 2022, lo que representa un aumento del 6.7% en comparación con 2021. La mayoría de estos robos a residencias ocurrieron a las 0 horas. Amenazas: Se reportaron 86,241 casos en 2022, mostrando un preocupante aumento del 63.7%. Los municipios de Pitalito, Girardot, Barrancabermeja y Jamundí tuvieron la mayor incidencia de casos por cada cien mil habitantes. Extorsión: Hubo 8,632 casos en 2022, aumentando en un 10.6% en comparación con 2021. El 46% de estos casos se realizaron mediante llamadas telefónicas. Capturas: Se realizaron 187,024 capturas en 2022, mostrando un aumento del 2.6% respecto al año anterior. Los delitos con más capturas fueron: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (48,315 capturas), hurto a personas (22,049 capturas) y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego (14,995 capturas). Incautación de estupefacientes: Se incautaron 722 toneladas en 2022, representando un aumento del 1%. La marihuana y la cocaína representaron el 90% de las incautaciones. Incautación de armas de fuego: Se incautaron 16,430 armas en 2022, un aumento del 11.5% en comparación con 2021. Los revólveres (14,851 incautaciones) y las pistolas (11,849 incautaciones) fueron las armas más confiscadas. Finalmente, Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares, resaltó que los consejos de seguridad no son necesariamente la solución definitiva a los problemas, sino más bien una instancia para exponer y vincular responsables en busca de posibles soluciones. Sin embargo, no siempre se obtienen resultados concretos en estas reuniones. Morales explicó que las soluciones concretas deben provenir del poder de policía de la alcaldesa, como primera autoridad territorial y comandante civil de la Fuerza Pública, así como del alcance que debe tener el presidente en el control de la seguridad en la ciudad. En este sentido, mencionó que han invitado al presidente a participar en el consejo de seguridad para lograr acciones más concretas. Asimismo, el coordinador destacó que los problemas no se resuelven únicamente mediante discusiones, sino mediante la implementación de acciones reales y significativas. Entre las posibles soluciones, se pueden considerar el fortalecimiento de la presencia policial, el incremento de las acciones de inteligencia y contrainteligencia, así como la implementación de campañas de prevención y el fortalecimiento de los canales de denuncia.

Por: Katerin Erazo, Periodista El abuso policial sigue siendo una preocupación apremiante en nuestra sociedad. A pesar de los esfuerzos realizados para mejorar la actuación policial y la rendición de cuentas, este flagelo persiste, generando indignación y preocupación entre la población. Los recientes incidentes registrados han despertado el debate sobre la transparencia en los procesos de investigación y judicialización que involucran a las fuerzas de seguridad en Colombia. Estos casos han puesto de relieve la urgente necesidad de fortalecer los protocolos de formación y capacitación policial, con el fin de garantizar el respeto a los derechos humanos y prevenir el uso excesivo de la fuerza. En la mañana del pasado domingo 11 de junio, en el barrio Cazucá de Soacha, se desencadenó una confrontación violenta entre un grupo de jóvenes y una unidad policial del cuadrante, dejando como resultado la trágica muerte de Fabián Perdomo, un adolescente de tan solo 14 años. Los hechos, registrados en videos captados por vecinos del lugar, han suscitado indignación y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Según el reporte oficial, el enfrentamiento tuvo inicio aproximadamente a las 6:45 de la mañana, cuando un grupo de hombres atacó a varios uniformados que patrullaban la zona. En respuesta a la agresión, uno de los policías aparece en los videos mostrando un cuchillo en un aparente intento de amedrentar al grupo. Sin embargo, la situación se tornó más caótica cuando se escucharon disparos y gritos, sumando a el pánico de los residentes del sector. Fabián Perdomo se encontraba en el lugar de los hechos y del enfrentamiento, ya que había salido a la panadería en el momento del incidente. Las imágenes lo muestran como una víctima colateral del enfrentamiento, que sin participar activamente sufrió la violencia de los hechos. Los testimonios de los patrulleros indican que tres de ellos resultaron lesionados durante el altercado: uno con arma corto punzante, otro con arma de fuego tipo traumática y una patrullera con múltiples golpes. La investigación del caso está en manos de la Fiscalía, la cual busca determinar cuál fue el proyectil de arma de fuego que impactó mortalmente a Fabián Perdomo. En otro caso de presunto abuso de autoridad, ocurrió el mes pasado en la ciudad de Cartagena. Los hechos ocurrieron en la avenida “El Consulado”, a la altura del Conjunto Residencial “Los Ejecutivos”, involucrando a uniformados de la Policía Metropolitana. Los afectados aseguran que fueron sometidos a un trato injusto y violento por parte de los agentes, generando indignación en la comunidad. Todo comenzó cuando una patrulla se aproximó al conductor y la acompañante de una motocicleta que transitaba por la zona. Los ciudadanos afirmaron tener todos los papeles en regla, sin embargo, los uniformados insistieron en llevarse la motocicleta sin una explicación válida aparente. Ante la negativa del conductor de ceder su vehículo, la situación se tornó tensa y descontrolada. Según testimonios de los afectados, los policías sacaron sus armas de dotación y les ordenaron levantar las manos, acusándolos de estar involucrados en actividades criminales, específicamente “sicariato”. La acompañante del joven conductor denunció que, en medio del forcejeo, los uniformados lo tiraron violentamente al suelo, aumentando el nivel de violencia y abuso percibido por los ciudadanos. En un giro inesperado, agentes del Departamento de Tránsito y Transporte (DATT) llegaron al lugar alegando que la motocicleta circulaba sin la placa visible. La situación se volvió aún más tensa y descontrolada, generando daños materiales en el área y aumentando la indignación de la ciudadanía. La versión de la Policía Metropolitana de Cartagena informó que la patrulla actuó en respuesta a la información recibida sobre una motocicleta con características similares a la de uno de los presuntos responsables de un sicariato registrado en el mercado de Bazurto. Esta información habría desencadenado una acción de persecución que, según los ciudadanos afectados, se salió de control y terminó en un trato violento y abusivo hacia ellos. Este incidente avivó el debate sobre el respeto a los derechos ciudadanos y el uso adecuado de la fuerza por parte de la Policía. La ciudadanía exige una investigación exhaustiva y transparente para esclarecer lo sucedido y establecer responsabilidades. Además, reiteran la importancia de que los procedimientos internos de la institución sean fortalecidos y orientados hacia una actuación policial responsable y respetuosa de los derechos humanos. Ante estos casos y muchos otros que se han registrado no solo este año, Isaac Morales, coordinador de la Línea Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) enfatizó en la necesidad de transparencia para los procesos de investigación y judicialización de la policía, particularmente cuando se trata de abuso policial. Morales señaló que la justicia penal militar, que tiene jurisdicción sobre casos policiales, puede limitar la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que es crucial que estos procesos sean claros y accesibles para la ciudadanía. Respecto a la prevención del abuso policial, Isaac Morales destacó la importancia de fortalecer los procesos de formación y capacitación policial en derechos humanos. Además, señaló que, en muchos casos, la formación es insuficiente y no se enfoca adecuadamente en respetar los derechos de los ciudadanos. También instó a reforzar los procedimientos y protocolos internos de la policía para garantizar un actuar más responsable y consciente. El año 2021 quedó marcado en la memoria colectiva de los Colombianos, debido a una serie de manifestaciones que cambiaron el rumbo del país. Desde el 28 de abril hasta el 27 de mayo, miles de personas tomaron las calles para expresar su descontento frente a la reforma tributaria propuesta por el Gobierno de Iván Duque. Lo que inicialmente fue una protesta pacífica se vio ensombrecida por una represión policial sin precedentes. La represión policial durante ese período fue abrumadora y devastadora. Trágicamente, 43 personas perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad. El intento de aplicar una reforma tributaria que afectaría principalmente a las personas de ingresos medios y bajos desencadenó una ola de indignación y solidaridad en toda la nación. Sin embargo, en lugar de escuchar y entender las preocupaciones de la ciudadanía, las autoridades respondieron presuntamente con violencia. La brutalidad policial no se detuvo allí. En tan solo un mes, se registraron 3.405 presuntos casos de abuso policial y 1.445 detenciones arbitrarias, dejando a más de mil personas con heridas y marcas físicas por la violencia ejercida por quienes deberían protegerlas. Es especialmente inquietante que 47 personas sufrieran heridas en los ojos debido a la agresión policial, lo que refleja una represión desproporcionada y peligrosa. La situación continuó significativamente en el año siguiente, pues según el reporte de Temblores ONG sobre la violencia policial en 2022, se registraron 341 presuntos casos de violencia policial que afectaron al menos a 552 personas. Cada uno de estos casos pudo haber involucrado múltiples formas de violencia, como agresiones físicas durante detenciones arbitrarias o actos de violencia sexual. Además, es importante tener en cuenta que un solo caso puede afectar a más de una víctima, lo que muestra la magnitud y la gravedad del problema. Las cifras también revelan una disparidad preocupante en cuanto a la distribución geográfica de estos incidentes. Bogotá fue la ciudad más afectada, con 160 casos registrados, seguida por los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. Es alarmante que Bogotá también tenga el mayor número de hechos de violencia policial por millón de habitantes, lo que indica una situación especialmente compleja y delicada en la capital del país. Teniendo en cuenta dichas cifras, Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares hizo énfasis en que a pesar de que los avances institucionales en la transformación de la policía son reconocidos, así sea un solo caso de abuso policial puede restar importancia a todos los avances realizados. Por tal motivo, es importante seguir trabajando para que este tipo de casos no se presenten y la ciudadanía realmente pueda estar tranquila con los procesos que llevan a cabo las autoridades. Con esto se puede evidenciar que la violencia policial es un problema que persiste en Colombia, y es responsabilidad de todos los sectores de la sociedad trabajar en conjunto para abordar este tema y buscar soluciones que respeten los derechos humanos y garanticen la seguridad y protección de todos los ciudadanos. Es necesario que las instituciones y las autoridades asuman su responsabilidad de manera transparente y efectiva, garantizando la rendición de cuentas por los actos de violencia cometidos por parte de los agentes de seguridad.

Por: Isaac Morales, Coordinador Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana Fotos tomadas de: Caracol Radio y El País El 29 de octubre Colombia volverá a las urnas para elegir nuevos gobernadores, alcaldes, ediles, concejales y diputados, y en esta contienda muchas han sido las posturas y promesas de campaña que le apuntan a temas que preocupan a la ciudadanía. La seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia ha sido una de las principales. Recientemente, siete de los nueve candidatos a la Alcaldía Mayor de Bogotá se encontraron en un debate organizado por la Revista Semana; estuvieron Jorge Luis Vargas (Partido Cambio Radical), Diego Molano Aponte (Reconstruyamos Bogotá), Juan Daniel Oviedo (Con Toda por Bogotá), Carlos Fernando Galán (Partido Nuevo Liberalismo), Jorge Enrique Robledo (Partido Político Dignidad & Compromiso), Rodrigo Lara Restrepo (Lara Demócrata) y Gustavo Bolívar Moreno (Pacto Histórico Bogotá), en este debate no se les vio a Nicolás Ramos Barbosa (Más Acciones Menos Rostros) ni a Rafael Alfonso Quintero Mora (Movimiento Alianza Democrática Amplia). Precisamente el primer bloque de preguntas estuvo relacionado con la situación de seguridad en la capital del país, haciendo alusión a los atracos constantes, los homicidios, la inseguridad en el sistema Transmilenio, la violencia contra las mujeres, entre muchos otros fenómenos del día a día que afectan la convivencia en la ciudad. Tanto es así que según la última encuesta de “Bogotá cómo vamos”, menos del 27% de las personas consultadas en la entrega del 2022 se sienten seguras en la ciudad y, según esta misma encuesta, la mayor preocupación tiene que ver con los atracos callejeros que se han vuelto cada vez más común en las diferentes zonas de la ciudad. Ahora bien, ¿qué proponen los candidatos en esta materia? Las intervenciones iniciaron con las ideas que buscan implementar para mejorar esta situación. El General Vargas, que no dejó de resaltar su experiencia y los 38 años de servicio en la Policía Nacional (que por cierto estuvo apoyando el proceso de transformación institucional como Director General de la Institución), sugiere desarrollar un plan de choque que básicamente incluiría el aumento de pie de fuerza, sacar a los policías de las oficinas a la calle, realizar allanamientos y bloqueos; lo denomina él mismo como una “acción decisiva orientada por el alcalde”. Diego Molano, el ministro de Defensa de Iván Duque, que en su momento más accidentado propuso construir un “protestódromo” para que se concentren los manifestantes (una propuesta que fue una burla completa), sugiere tres propuestas concretas: 1) construir una megacárcel para perseguir a todas las personas que delincan y enfatiza en deportar a los venezolanos que cometen delitos, 2) desmantelar las 220 bandas que operan en Bogotá, haciendo un trabajo en cada barrio, pero no profundiza cómo, y 3) recuperar parques y colegios. Oviedo sugiere un plan de 100 días para recuperar los indicadores de seguridad, buscará instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) en las localidades más afectadas con trabajo diario y acciones efectivas contra los delincuentes y con el uso de inteligencia (policial), con el propósito de identificar quiénes son y dónde están esos objetivos de alto valor dentro de las cadenas criminales; sugiere el aumento de inversiones en tecnología y equipos de videovigilancia. Además, Oviedo es el único que menciona otros elementos que se deben tener en cuenta para la gestión de la seguridad, como lo son la convivencia y la reconciliación, especialmente en el sistema de transporte y entre policía y jóvenes. Por su parte Galán se va directamente en contra de la política de seguridad de Claudia López, afirma que es un completo fracaso, sugiere la idea de cambiar el enfoque enfrentando las bandas de forma distinta, pone el ejemplo de los hurtos como mercado ilegal, señala que un ladrón es solo un eslabón; buscará enfocar esfuerzos en investigación criminal e inteligencia, propone utilizar la tecnología de mejor manera, para detectar situaciones de riesgo y reaccionar de manera inmediata. Robledo, en la misma línea del General Vargas, inicia proponiendo la idea de aumentar el pie de fuerza en número de policías, y que es necesario llevar la mayor cantidad de policías a las calles; además, hace una reflexión sobre las causas estructurales, haciendo referencia a la “descomposición social” que vive Bogotá, mencionando que en Bogotá viven cerca de 3,5 millones de personas en pobreza, y finalmente advierte que trabajar por la seguridad en medio del hambre es demagogia y que los cambios se deben dar en las condiciones sociales. Lara inicia su discurso hablando de la inseguridad como una gran injusticia en la sociedad, porque afecta a los más débiles; afirma que en su alcaldía no habrá una sola zona vedada para el ejercicio legítimo de la autoridad, posteriormente hace una lectura sobre la consolidación de estructuras criminales dedicadas al “narcotráfico-terrorista” que están llegando a Bogotá, debido (según él) a la negligencia y desidia de la alcaldesa y de los gobiernos anteriores, afirma que en su alcaldía va a doblegar criminales con inversión en tecnología. Bolívar, muy en la lógica de Robledo, habla de atacar las causas y no las consecuencias. Plantea un “menú de choque” en el que incluye construir 60 nuevos CAI, 15 por año, luego menciona la cifra de 16.575 policías, de los cuales solo hacen presencia 6.400 en las calles (aunque no confirma la fuente de este dato), los demás en otras funciones administrativa. Sugiere reforzar la ciberseguridad debido a la tendencia global a la inteligencia artificial e inmediatamente sugiere la instalación cámaras que permitan la identificación facial en todos lugares públicos de la ciudad para identificar personas que están siendo buscados por la Policía. Además propone dividir a Bogotá cuatro zonas, con un responsable en cabeza de un “militar de alto rango” (esto pudo ser un lapsus, pues en lo concreto esta eventual comandancia no podría estar en manos de un militar). En general estos son los puntos que soltaron los candidatos en dicho espacio, sin embargo es preciso remitirse a los programas de gobierno de cada uno, donde seguramente profundizan estas ideas. Sin embargo, es evidente que gana el discurso y la criticadera, y se ven pocas (no nulas) acciones concretas que permitan lograr resultados óptimos y acordes a las necesidades de la ciudad: llenar la ciudad de cámaras no sirve para nada si no se les monitorea, o ¿de dónde piensan sacar más policías? Cuando un alcalde no tiene mayor incidencia en los mecanismos de incorporación en la institución, esto debería estar en completa alineación con las acciones del Gobierno Nacional y aterrizado a las capacidades de la Policía. En general estuvieron ausentes la convivencia y la prevención, entendidos estos como factores fundamentales de la gestión territorial de la seguridad.

Por: Nicolás León Rodríguez, Investigador Nacional Línea Paz, Seguridad y DDHH. Foto tomada de: Xataka El pasado 22 de agosto la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) presentaron el “Plan Choque Seguridad 360”, una estrategia que busca la articulación entre Policía Nacional, Fuerzas Militares y autoridades político-administrativas para contrarrestar los delitos de mayor impacto y reforzar la seguridad en los territorios. Este plan tendrá una duración inicial de cinco meses y pretende generar resultados notorios en la reducción de los delitos de alto impacto social. Este Plan busca la coordinación de autoridades del nivel nacional con el nivel local, principalmente de entidades como Fiscalía, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Ministerio de Justica con las Administraciones Municipales o Distritales con el fin de contar con los recursos humanos, tecnológicos y logísticos de la Fuerza Pública para la mitigación de las afectaciones de la seguridad y la convivencia . El Plan Choque se enfoca en cuatro ejes fundamentales: 1) la seguridad ciudadana, rural y urbana; 2) la investigación criminal, 3) la inteligencia y 4) la contrainteligencia. De esta manera, busca el diseño y focalización de estrategias orientadas a mejorar los índices de seguridad a través del aumento de la presencia y eficacia de las fuerzas de seguridad . Del mismo modo, el plan está dirigido a fortalecer la integración ciudadana con los procesos de denuncia y llamado a la Policía con el fin de contrarrestar y/o desactivar las dinámicas criminales, fortaleciendo el lazo con la comunidad y el esfuerzo institucional. Según el ministro de Defensa Iván Velázquez : “(...)tiene como propósito que los mandatarios locales y la comunidad se vinculen para abordar los riesgos sociales, según las características del territorio y las particularidades de la problemática, con lo cual se hará un despliegue de unidades de todas las dependencias de la Policía Nacional, con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación (…)” Este Plan busca dar resultados contundentes en la reducción de delitos de alto impacto, por lo que se priorizan delitos como los homicidios, el tráfico local de estupefacientes, la extorsión y el hurto en todas sus modalidades. Para el director general de la Policía, William Salamanca: “Este plan es una respuesta integral a los sentidos reclamos de la sociedad, el cual lideraremos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y las autoridades locales y departamentales”. La aplicación del plan prioriza las ciudades pertenecientes a Asocapitales (las 32 ciudades capitales de los 32 departamentos del país) y Asointermedias (integrada por 65 ciudades intermedias que suman, aproximadamente 10 millones de habitantes), teniendo como principales objetivos: Afectación de finanzas criminales y rompimiento de las cadenas del delito. Mejorar la contundencia productividad y capacidad de respuesta rápida de la fuerza pública. Fortalecer y consolidar el tejido social y comunitario. Reducción de los delitos de alto impacto social. Estrategias Las estrategias hacen referencia al conjunto de acción orientadas a garantizar los objetivos trazados. En este contexto, hace referencia a la armonización de los actores e instituciones que estructuran el plan de seguridad, es decir, la articulación entre instancias del gobierno, territorio y población en pro de un funcionamiento armónico y el cumplimiento de propósitos comunes. El Plan Choque entonces se compone de un conjunto de acciones operativas, preventivas y de investigación criminal. Entre algunas de las estrategias que han predominado en la aplicación del plan se destacan: el desarrollo de megaoperativos policiales, especialmente de allanamiento y captura para golpear organizaciones criminales; el fortalecimiento de medidas correctivas, es decir, la imposición de comparendo por razones que afectan la convivencia en la ciudad, en donde se focaliza el porte y tenencia de armas de fuego y elementos cortopunzantes; puestos de control ubicados en puntos neurálgicos con altos índices de criminalidad (ya sea por delitos de alto impacto y/o por la construcción de cadenas de mercados ilegales); la articulación con el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes; socialización de volantes de los más buscados por la Policía; campañas de pedagogía y educación orientadas a la prevención del delito; la estructuración del plan “Vecinos del CAI” para el fortalecimiento de las denuncias ciudadanas y la resolución pacífica de conflictos, entre otros. Como se mencionó con anterioridad, las estrategias deben alinearse al contexto, necesidades y riesgos específico del territorio y la población que lo cohabitan. De esta manera, además de las estrategias expuestas (que hasta el momento han predominado la ejecución del plan), también se despliegan una multiplicidad de medidas orientas a las amenazas propias del contexto local de cada municipio. Como ejemplo de estas estrategias en Sahagún, Córdoba (territorio con altas tasas de hurto a automotores, residencias y comercio), se vienen estructurando “comandos situacionales” que buscan adelantar planes de registro y control enfocado hacia el registro de vehículo y trabajos de inteligencia en los sectores residencial, comercial y financiero. Primeros resultados Como parte de las estrategias, la Policía Nacional trazó una meta inicial para el cumplimiento de los objetivos planteados que contempla 513 operaciones a nivel nacional: 363 dirigidas a combatir el hurto, 85 contra el homicidio, 51 contra la extorsión y 14 contra el secuestro. Estas operaciones se han dado de manera diferenciada según las necesidades de cada territorio, así la Policía ha venido rindiendo los resultados iniciales del plan a las autoridades territoriales. Los resultados que se presentan a continuación son resultados preliminares, publicados posterior al 22 de agosto, es decir, apenas en los primeros días de aplicación del plan. Dentro de las tres ciudades más grandes del país, Medellín y Cali han sido las primeras en mostrar resultados. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá confirmó la captura de 279 personas apenas en los primeros días de ejecución del plan , según el comandante de Policía del Valle de Aburrá, General Rossemberg Novoa, estas capturas están orientadas a la diminución de los delitos de alto impacto y la afectación de cabecillas y delincuentes relacionados con grupos delincuenciales. Por su parte, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali reportó la captura de 80 personas y la realización de 25 diligencias de allanamiento, operativos que permitieron la desarticulación de dos grupos de delincuencia común (GDCO) en las comunas 15 y 20 . Hasta la fecha, la Policía Metropolitana de Bogotá no ha mostrado cifras preliminares. Otras ciudades capitales también han venido entregando resultados. En la Costa Caribe, Barranquilla reportó 266 capturas relacionadas con casos de homicidio, incautación de armas de fuego y flagrancia, asimismo, afirmaron la incorporación de 400 nuevos efectivos de la Policía a partir del mes de octubre . Por su parte, en Cartagena se reportaron 112 capturas y la imposición de 1371 comparendos por infracciones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 815 de estos comparendos por el porte de armas y elementos cortopunzantes . Finalmente, otras ciudades como Bucaramanga, Cúcuta, Tunja, Neiva e Ibagué también han publicado resultados, en su mayoría, relacionados con la captura de delincuentes en flagrancia, incautación de estupefacientes, armas de fuego y cortopunzantes, y acciones de pedagógicas orientadas a la prevención de delitos de alto impacto. ¿Funcionará el Plan Choque? El Plan Choque Seguridad 360 se presenta como un enfoque estratégico para abordar los desafíos de seguridad en diversos municipios. La importancia radica en su capacidad para unir fuerzas entre la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y las autoridades locales, promoviendo una colaboración efectiva en la lucha contra los delitos de alto impacto. Este ha mostrado resultados iniciales que indicarían un fortalecimiento de la presencia y eficacia de las fuerzas de seguridad en diferentes ciudades del país. El Plan se da en un contexto en el que urge la desarticulación y desactivación de las disputas entre grupos delincuenciales armados. La Paz Total necesita de métodos y estrategias que involucren a la Fuerza Pública que permitan transitar hacia el desescalamiento de la violencia, sobre todo, en un contexto de aumento de percepción de inseguridad y aumento de afectaciones humanitarias. En este sentido, la capacidad y acciones militares y de policía son necesarias. Aún más, en el contexto del desarrollo de elecciones regionales y los riesgos en los procesos electorales que tienen algunas ciudades capitales. Según la Alerta 030 de la Defensoría del Pueblo , ciudades como Medellín, Barranquilla, Tunja, Valledupar, Montería, Riohacha, Santa Marta, Pereira Ibagué y Cali presentan un riesgo alto de afectación al proceso electoral, mientras que Cúcuta, Neiva y Quibdó tienen un riesgo extremo. Sin embargo, la cuantificación de los resultados operativos y presencia militar o policial no puede convertirse en el criterio de éxito de la estrategia, como hasta el momento lo vienen reflejando los resultados entregados. La garantía de seguridad ciudadana no puede depender de estrategias de militarización y aumentos del pie de fuerza, sobre todo, teniendo como base el proyecto de Paz Total y la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana que priorizan las acciones preventivas enfocadas a atacar las causas estructurales de la violencia e inseguridad. En este sentido, es fundamental establecer estrategias de evaluación y seguimiento que midan efectivamente el impacto del plan en los territorios y que se articulen, a su vez, con la política del gobierno. El Plan Choque debe adaptarse de manera efectiva a las particularidades de cada territorio. Cada municipio enfrenta desafíos específicos en términos de seguridad, de esta manera, el éxito del plan depende de su capacidad para personalizar sus estrategias y medidas en respuesta a estas particularidades, como también del compromiso de las autoridades locales y nacionales en sostener la participación ciudadana como un eje transversal para la intervención.

Por: Santiago Medina Ramos, Asistente de Investigación Línea Paz, Seguridad y DDHH. Foto tomada de: Comité Olímpico Colombiano El fin de semana del 08 al 11 de septiembre se desarrollará la conocida “fecha de clásicos” del fútbol profesional colombiano, en la que se disputarán encuentros entre los equipos que mantienen rivalidades en sus respectivas ciudades, destacándose los de Bogotá, con Santa Fe y Millonarios; Medellín, con Atlético Nacional e Independiente Medellín; y Cali, con América y Deportivo Cali. Estos, entre otros partidos, no sólo destacan en lo futbolístico, sino también en el ámbito de la seguridad y la convivencia ciudadana, puesto que algunas dinámicas ligadas al fútbol y sus aficionados, específicamente a las barras organizadas, pueden generar escenarios de conflicto y situaciones de violencia que afecten negativamente la seguridad e incluso ponen en riesgo la integridad y la vida de las personas que asisten a estos encuentros, no sólo alrededor de los estadios, sino también en otros puntos de las ciudades, haciendo que el espectáculo del fútbol trascienda de lo meramente deportivo y se convierta en un problema de seguridad pública. Antecedentes de violencia Para evidenciar las situaciones provocadas por el desarrollo de algunos partidos en el fútbol colombiano que afectan a la seguridad y la convivencia, basta con remontarse al primer semestre del 2023. En el marco de la primera “fecha de clásicos” del año, disputada entre el 25 y el 28 de marzo, el “clásico caleño” entre América y Deportivo Cali se vio afectado por hechos de violencia entre hinchas, antes y durante el encuentro, y por casos de hurto , tanto en las inmediaciones del estadio Palmaseca del Deportivo Cali -ubicado en Palmira- como en la ciudad de Cali, situaciones que al parecer habían sido advertidas previamente a través de redes sociales. Poco más de un mes después, entre el 29 y el 30 de abril, por la fecha 17 del torneo colombiano se disputó nuevamente el “clásico caleño” -esta vez con América oficiando como local-, al cual se sumó la disputa del “clásico paisa” entre Independiente Medellín y Atlético Nacional en la ciudad de Medellín. Para el caso de Cali, el preámbulo del partido se desarrolló con situaciones de violencia, específicamente de agresiones con armas blancas, entre hinchas de ambos equipos que tuvieron como resultado varios heridos. Para el caso de Medellín se presentaron riñas entre ambas hinchadas posterior a la culminación del encuentro, que dejaron como saldo a dos personas fallecidas -pertenecientes a las barras de Nacional y Medellín respectivamente- producto de heridas por arma blanca, y al menos 14 lesionadas. Una semana después, el 07 de mayo, las situaciones de violencia por parte de hinchas se darían en la ciudad de Bogotá, en el marco del desarrollo del “clásico capitalino” entre Santa Fe y Millonarios, donde serían capturadas dos personas por protagonizar actos de agresión física contra otros asistentes al encuentro. A esto cabe agregarle algunas situaciones protagonizadas por barras organizadas en las que se han dado invasiones a los campos de juego, intentos de agresiones a jugadores y otros miembros de los equipos, y enfrentamientos con la fuerza pública que han dejado como resultado personas lesionadas y daños materiales. Entre los más relevantes se encuentra lo sucedido el 16 de abril al interior del estadio Atanasio Girardot en Medellín, con fuertes disturbios protagonizados por miembros de la barra de Atlético Nacional previo a un partido contra el América, o la invasión al campo de juego por parte de hinchas del Once Caldas el 18 de abril en el estadio Palogrande de la ciudad de Manizales, ambas producto del descontento de algunos hinchas con las situaciones de sus clubes. Lo anteriormente descrito se suma a una extensa lista de situaciones de violencia y disturbios que se dan en el marco del desarrollo de partidos de fútbol en las principales ciudades del país, y que han venido en aumento en los últimos meses. Esto ha hecho que se posicione como un tema importante a la hora de hablar de seguridad y convivencia, debido al alcance que puede llegar a tener el fútbol como espectáculo, y a las consecuencias que conllevan los niveles de violencia que se dan alrededor de este. ¿Cómo funciona la seguridad en los estadios? El Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana , en su artículo 62, establece la forma en la que se maneja la seguridad en actividades que impliquen aglomeración de público: La seguridad interna y externa en las actividades que involucran aglomeraciones de público complejas, será responsabilidad de los organizadores, quienes deberán contratarla con empresas de vigilancia y seguridad privada y/o empresa de logística legalmente constituidas. El servicio de seguridad será prestado desde el montaje o preparación de la actividad hasta su reacondicionamiento. Esto no quiere decir que la policía no realice acompañamiento dentro y fuera de los estadios, pero sí implica que la responsabilidad de mantener las condiciones de seguridad en los partidos recae principalmente en los organizadores. En este mismo artículo se menciona que la Policía Nacional podrá ingresar a las actividades, en este caso partidos, por iniciativa propia y bajo cualquier circunstancia con el fin de dar cumplimiento a sus funciones, pero se hace especial énfasis en que esto se haga en casos excepcionales de riesgo a la convivencia y la seguridad. Ahora bien, para el caso de las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali, la organización logística en temas de seguridad depende del partido y de su importancia a nivel competitivo, su nivel de concurrencia esperado y los precedentes establecidos por las hinchadas en encuentros anteriores. Es por esto que en partidos con menores niveles de importancia y concurrencia, el control del ingreso al estadio y el mantenimiento de las condiciones de seguridad tanto dentro como fuera de este, puede ser brindada plenamente por empresas privadas de logística o seguridad. Sin embargo, para los “clásicos” o partidos de alto riesgo, normalmente se tienen consideraciones de seguridad especiales y generan ambientes de atención máxima por parte de las autoridades. Además, existen instancias como la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, reglamentada por la Ley 1270 de 2009 , y de la cual derivan las Comisiones Locales, o la Mesa de Concertación Nacional del Barrismo Social, así como programas como Goles en Paz 2.0, a través de los cuales se propende por la interlocución entre los distintos actores que inciden en las dinámicas de seguridad alrededor del fútbol, tales como miembros de los gobiernos, la fuerza pública, las autoridades del fútbol, los representantes de los equipos, las empresas privadas y las barras organizadas, con el fin de generar estrategias conjuntas para evitar las situaciones de violencia y promover la convivencia pacífica en el marco de estos encuentros deportivos. Los partidos de fútbol son un tema de seguridad pública Es por esto que la presencia de la fuerza pública para los encuentros de fútbol se ha vuelto indispensable, más aún en el caso de los “clásicos”, para los que se despliegan rigurosos dispositivos de seguridad en los que se requiere la presencia de entre 700 hasta 1.200 uniformados de la Policía Nacional, incluidos agentes del Gaula, de la SIJIN y de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), así como la instalación de Puestos de Mando Unificados (PMU) para supervisar las situaciones en inmediaciones de los estadios, lo cual se traduce en una importante inversión en capacidad logística, de vigilancia y atención por parte de las administraciones y las autoridades de cada ciudad. Por ejemplo, para la final del torneo colombiano, disputada el 24 de junio en Bogotá entre Millonarios y Atlético Nacional, la Policía Metropolitana y la Alcaldía Mayor desplegaron un operativo con más de 1.300 uniformados para el estadio El Campín, debido a la concurrencia del evento y la rivalidad existente entre las hinchadas de ambos equipos, lo cual planteaba posibles escenarios de conflicto. Ante esta situación, el propio director de la Policía, General William Salamanca, ha mencionado que disponer de tal número de uniformados para un evento deportivo implica menos policías patrullando otros puntos de la ciudad. Esto ha generado incluso posturas que consideran que la Policía no debería encargarse de la seguridad en los estadios, y que debería ser relegada a los organizadores como establece el CNSCC. Frente a esto cabe resaltar que los escenarios de conflicto no sólo se dan en inmediaciones de los estadios, sino también en puntos de la ciudad donde otros hinchas observan los eventos, tal como se evidenció con los casos de algunas confrontaciones que hubo entre hinchas en localidades como Bosa tras culminar el encuentro de la final del torneo. Por esto, un encuentro de fútbol con un grado de importancia -y de riesgo- tan alto como un “clásico”, hace que las implicaciones de seguridad se extiendan a prácticamente toda una ciudad, y produce que las responsabilidades de mantener la seguridad alrededor de los partidos recaigan principalmente en las autoridades municipales o distritales y se relegue a los organizadores y las empresas privadas de logística a ámbitos específicos que no abarcan la totalidad de la problemática. Prevención y reacción Las complejas situaciones de seguridad que se derivan del desarrollo de partidos de fútbol implican la puesta en marcha de las capacidades tanto de prevención como de reacción de las distintas instancias y autoridades. En cuanto a la prevención es necesario tener en cuenta las instancias de concertación entre barras organizadas, puesto que es allí donde se encuentra la raíz de la problemática que asocia al fútbol con la violencia. A este respecto, el defensor del pueblo Carlos Camargo ha resaltado la importancia de poner en marcha espacios que se encuentran inactivos, como la Mesa de Concertación Nacional del Barrismo Social, específicamente debido a lo ocurrido el 16 de abril en el Atanasio Girardot que enfrentó a barras de Atlético Nacional con la fuerza pública. Asimismo, se ha hecho énfasis en el fortalecimiento de los espacios impulsados por los gobiernos locales, como las Comisiones Locales para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, o las reuniones en el marco del programa Goles en Paz en Bogotá. Estos, si bien son producto de procesos prolongados en el tiempo, continúan teniendo dificultades a la hora de generar estrategias y compromisos, principalmente por la posición que mantienen algunas barras organizadas que afirman que los problemas relacionados con el orden público son producto de acciones individuales de algunos de sus miembros, los cuales no representan a la totalidad de la organización, y para lo cual insisten en su individualización y sanción correspondiente. Esto termina generando conflictos debido a que en algunos casos las autoridades tanto judiciales como deportivas responsabilizan a las barras en su conjunto, e incluso a sus líderes por instar a cometer actos de violencia de manera colectiva, generando tensiones entre barras, directivas de clubes y autoridades. En cuanto a la reacción, han sido reiteradas las posiciones de rechazo por parte de las administraciones locales en cabeza de los alcaldes, como en los casos de Daniel Quintero en Medellín y Jorge Iván Ospina en Cali, que van encaminadas a fomentar la identificación y captura de las personas que protagonicen actos de violencia en estos contextos, y la ejecución de las respectivas sanciones, que van desde la prohibición de su ingreso a escenarios deportivos hasta su judicialización e iniciación de procesos penales. Estas acciones han sido constantes, pero no parecen verse reflejadas en una capacidad de persuasión suficiente para disminuir casos de violencia y disturbios alrededor de los estadios. Lo anterior evidencia un panorama complejo debido a la multiplicidad de actores presentes, a las posturas diversas que mantiene cada uno, a la dificultad que puede llegar a tener el consolidar espacios de concertación y asumir responsabilidades y compromisos, y a los gastos en términos logísticos y de recursos que implica mantener la seguridad y la convivencia en paz en el marco de algunos encuentros de fútbol colombiano. A pesar de que no se considera un tema fundamental en las discusiones sobre seguridad en las principales ciudades del país, especialmente en un contexto preelectoral como el que se encuentran en este momento, el no prestar más atención a esta problemática y dejar en un segundo plano las discusiones alrededor de esta podría contribuir a perpetuar un problema que sigue cobrando vidas, dejando lesionados y daños materiales, y generando situaciones de inseguridad para la ciudadanía en general.

Por: Katerin Erazo, Periodista Fotos tomadas de: Este 09 y 10 de septiembre marcan el tercer aniversario de uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de la capital colombiana: la represión policial de las protestas que estallaron en septiembre de 2020. Un informe independiente entregado en 2021 a la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, calificó estos eventos como una “masacre” que dejó un saldo de 14 fallecidos, revelando un uso “desproporcionado” de la violencia por parte de la policía colombiana. Además, se recuerda nuevamenteel caso emblemático de Dilan Cruz, cuya muerte a manos de un oficial de policía durante una protesta generó una ola de indignación y desencadenó una serie de investigaciones. La “masacre” de 2020: represión y violencia desproporcionada Los días 09 y 10 de septiembre de 2020, Bogotá se vio sumida en el caos cuando multitudes de manifestantes se lanzaron a las calles en protesta por el asesinato de Javier Ordóñez, de 43 años, a manos de dos policías. Un video que registró el brutal castigo infligido a Ordóñez a manos de los oficiales desató la indignación y llevó a miles de personas a expresar su rabia. Sin embargo, lo que comenzó como una manifestación legítima pronto se convirtió en un episodio de violencia descontrolada (Ver: Bogotá amaneció de luto: la masacre del #9S ). Según un informe independiente respaldado “metodológicamente” por Naciones Unidas, la policía colombiana respondió con una “violencia desproporcionada” contra los manifestantes, especialmente en los sectores populares de la ciudad. Carlos Negret, exdefensor del pueblo y relator de la investigación, afirmó que los oficiales se ensañaron contra las personas más vulnerables de Bogotá, creyendo que podrían cometer abusos sin consecuencias. El resultado fue devastador. Catorce personas murieron, de las cuales once perdieron la vida debido al “uso ilícito de la fuerza” por parte de la policía. Además, más de 300 civiles resultaron heridos, junto con 216 uniformados, y 76 puestos policiales fueron destruidos. El informe también documentó casos de “violencia” dirigida hacia los agentes de policía. Este informe, publicado en 2021 por la Alcaldía de Bogotá y respaldado por las Naciones Unidas, consta de 182 páginas que confirman que lo que ocurrió en esos días fue una “masacre” perpetrada por la seguridad nacional contra los ciudadanos en los barrios de bajos recursos. Según Isaac Morales, coordinador de la Línea de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), se reconoce el proceso de reforma y transformación policial que la institución ha experimentado en los últimos cuatro o cinco años. Se ha observado un esfuerzo o, al menos, una intención en esta dirección. Sin embargo, el coordinador señaló que no se han logrado avances significativos o concretos en la transformación y reforma de la policía, más allá de cambios superficiales, como los ocurridos en el UNDEMO o el cambio de uniforme policial, entre otros aspectos. En este contexto, Pares ha destacado de manera recurrente la destitución de varios generales por parte del presidente, lo cual ha generado cierta desestabilización dentro de la institución y no necesariamente se alinea con la lógica de la reforma. En cuanto a la rendición de cuentas, se critica que la policía se encuentra bajo la jurisdicción del fuero penal militar, lo que implica que los procesos de investigación judicial y la supervisión de las acciones de la fuerza pública también se aplican a la policía. Esto resulta en un acceso limitado a la información y a la rendición de cuentas que no es de dominio público, lo que dificulta que la Línea, en su rol de sociedad civil u organización, pueda verificar y supervisar adecuadamente estas cuestiones. Dilan Cruz: un caso emblemático Sin embargo, la represión policial y la violencia no se limitaron a 2020. A finales de 2019, durante una protesta, el capitán de la Policía Manuel Cubillos disparó a Dilan Cruz, un joven estudiante. El incidente fue grabado por varios testigos y conmovió a Colombia. Dilan Cruz fue llevado a un centro médico, pero debido a la gravedad de sus heridas, falleció dos días después del impacto. La necropsia confirmó que murió a causa de un “trauma craneoencefálico penetrante” causado por munición de impacto, lo que calificó su muerte como un homicidio. Cuatro años después de su muerte , las investigaciones sobre el caso de Dilan Cruz siguen en curso. En un desarrollo significativo, Forensic Architecture, un grupo de investigación multidisciplinario, realizó un peritazgo científico y tecnológico en el que reconstruyeron el crimen. Utilizaron programas de análisis, imágenes y videos para crear un modelo en tercera dimensión que mostraba la secuencia del hecho. Según el informe de Forensic Architecture, el capitán Manuel Cubillos, que estaba en el lugar de los hechos, apuntó y siguió a Dilan Cruz antes de disparar. Esto contradice la versión del capitán Cubillos, quien afirmó que un movimiento imprevisto de Dilan lo llevó a interponerse en la línea de fuego del proyectil. La Procuraduría General de la Nación dictó pliego de cargos contra el oficial Cubillos por su presunta responsabilidad en la muerte del joven. Se le acusa de no haber tenido el cuidado necesario al accionar su arma, lo que resultó en la fatal herida en la cabeza de Dilan. La expectativa por esta nueva información ha generado un interés renovado en el caso, y los familiares de la víctima, así como los colectivos estudiantiles, esperan que se haga justicia en memoria de Dilan Cruz. Isaac Morales enfatizó que esta investigación concluye que el disparo se efectuó con la intención de causar la muerte. Desde el principio, desde que se dieron a conocer los primeros videos de la muerte de Dilan, se podía percibir cierto grado de malicia o intención en la manera en que el capitán apuntó el arma. Es importante destacar que se trata de armas que, técnicamente, no deberían ser letales, pero que sí pueden causar graves daños, como se evidenció en varios casos de personas que perdieron sus ojos y sufrieron heridas graves. Morales explicó que estos resultados son significativos en la determinación de la responsabilidad del capitán en este caso. En su opinión, existen pruebas suficientes y material probatorio que respaldan la idea de que realmente tiene una responsabilidad en los acontecimientos. No obstante, subrayó la importancia de que un tercero corrobore estos hallazgos para que la investigación tenga aún más credibilidad y peso. Sin embargo, Isaac Morales consideró que es importante reconocer los esfuerzos realizados por la institución. En este sentido, destacó la creación del Observatorio de Violación de Derechos Humanos, una iniciativa que opera internamente y está directamente vinculada a la Oficina de Planeación y la Dirección General. Sin embargo, señaló que los resultados de este observatorio y el seguimiento de las violaciones de derechos humanos por parte de la institución no son ampliamente conocidos. La principal recomendación que hace el coordinador de la Línea de Pares es que el proceso se vuelva más transparente y que se fomente una participación activa de la sociedad civil y las organizaciones encargadas de supervisar las acciones de la policía, entre otras responsabilidades. Para él, la combinación de transparencia y participación ciudadana representa un paso fundamental que sería importante implementar en aras de una mayor claridad y rendición de cuentas. Finalmente, los informes independientes y las investigaciones multidisciplinarias buscan arrojar luz sobre la verdad detrás de estos eventos y garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones. A medida que Colombia reflexiona sobre estos trágicos acontecimientos en su historia reciente, la búsqueda de justicia y la promoción de los derechos humanos continúan siendo temas de máxima importancia en la sociedad colombiana.

Por: Valeria Torres, Asistente de Investigación Línea Paz, Seguridad y DDHH. Foto tomada de: Alcaldía de Cali Seguridad: el eje central de la carrera por la Alcaldía de Cali La carrera por la Alcaldía de Cali cuenta con al menos 13 candidatos que se disputarán el próximo 29 de octubre el cargo como primera autoridad de la ciudad. En esta disputa se han planteado las diversas promesas y sturas respecto a temas cruciales que reclaman la atención de la ciudadanía, entre los cuales destaca el problema de la seguridad, que se ha vuelto uno de los temas centrales del debate, y un aspecto primario en el desarrollo de las distintas campañas. Diagnóstico Actualmente la capital del Valle del Cauca presenta un panorama de seguridad complejo marcado por el incremento en las cifras de delitos. El seguimiento realizado desde la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), con base en los datos del SIEDCO, permite evidenciar que el hurto a personas fue el delito que reportó un mayor número de casos en la ciudad, alcanzando un total de 12.692 en el primer semestre de 2023, lo cual, constituye un aumento del 24,9% si se compara con el mismo semestre del año pasado. Otros delitos de alto impacto también reportaron cifras considerables, que, en su mayoría, incrementaron respecto al año pasado; la extorsión, por ejemplo, alcanzó los 259 casos en el primer semestre de este año, aumentando en un 103,9% respecto al primer semestre del 2022, cuando se registraron 127. En cuanto a los casos de homicidio, se obtuvo una cifra de 507 casos para el primer semestre de 2022 en comparación con los 505 presentados en el mismo semestre de 2023, lo cual, representa una reducción solamente de 2 casos para este año, equivalente al 0,4%. Elementos particulares como la ubicación geoestratégica de la ciudad, caracterizada por su cercanía al puerto de Buenaventura, y la zona rural que la conecta con una cadena montañosa, la convierten en un lugar propicio para el desarrollo de actividades ilícitas por parte de grupos armados. Se han identificado algunos de este tipo como el Clan del Golfo, específicamente a través de las subestructuras ‘Pacífico’ y ‘Baudó’; el ELN; y la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. De tal manera, en el marco del accionar criminal de estos grupos por el control territorial, el desarrollo de las economías ilegales y el ajuste de cuentas, se genera un escenario de violencia, al que se suma la delincuencia organizada, con grupos como ‘Los Paisas’, ‘Los Iluminaty’, ‘Los Potrero’, ‘La Tercera’, ‘África’, ‘Los del Alto’, ‘Los Panda’, ‘La 40’ y ‘El Platanal’, que ocasionan un deterioro en la seguridad de la población caleña. Cabe resaltar que, así como se dan disputas entre las distintas estructuras delincuenciales, también se establecen lazos y alianzas criminales que se extienden, incluso, a otras ciudades que hacen parte del área metropolitana como Palmira, Yumbo, Jamundí, Candelaria y Buenaventura, creando redes de violencia más grandes que se traducen en inseguridad para la población. Este panorama explicaría entonces la alta percepción de inseguridad que tienen los caleños. De hecho, la Encuesta de Percepción Ciudadana realizada por “Cali Cómo Vamos ” en el año 2022, muestra que el 44% de las personas encuestadas señaló no sentirse segura en la ciudad y el 18% indicó ser víctima de algún delito. Por otro lado, en la Encuesta de Seguridad y Convivencia Ciudadana realizada por el DANE para el año 2022, entre los meses de septiembre y noviembre, la ciudad obtuvo el porcentaje de percepción de inseguridad más alto (84,1%), ocupando así el primer lugar a nivel nacional. Según la misma encuesta de Cali Cómo Vamos, la seguridad se encuentra dentro del top 10 de los temas a los que la ciudadanía considera se les debe prestar una mayor atención desde la administración local. Esto, sumado a la alta percepción de inseguridad, podría ser un factor para explicar el grado de desaprobación que existe por parte de los habitantes de la ciudad hacia la gestión del actual alcalde Jorge Iván Ospina, que alcanza un 54%. Propuestas Teniendo en cuenta este contexto, las propuestas respecto al mejoramiento de la seguridad son de especial interés para los ciudadanos y, por ende, para los candidatos, quienes han abordado esta problemática como un eje central de sus campañas, dando relevancia a las medidas y estrategias que emplearían para combatir este fenómeno. De los 12 aspirantes se tendrán en cuenta para este análisis, aquellos que lideran la intención de voto: Uno de estos candidatos es Roberto Ortiz , quien actualmente lleva la delantera en las encuestas. Ortiz propone la creación de un Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana (Sisec), que contará con tecnología avanzada como drones, alarmas, y cámaras de inteligencia artificial para identificar en tiempo real la comisión de delitos y la identidad de aquellas personas y estructuras dedicadas al multicrimen. Además, plantea la suscripción y capacitación de 1.000 nuevos efectivos policiales y afirma que creará el Banco de las Oportunidades, mediante el cual facilitará recursos a la ciudadanía a cero tasa de interés como una estrategia para liberarles de grupos criminales que se dedican al préstamo de dinero. Sin embargo, el candidato no explica la manera en la que llevará a cabo esta propuesta, ni los medios y fuentes de financiación que empleará. Otros candidatos como Alejandro Eder y Diana Rojas , si bien aluden en sus programas de gobierno a aspectos importantes para la gestión de la seguridad como la convivencia, la reconciliación y la prevención, plantean también en sus discursos estrategias con enfoque militarista, como lo son la presencia del Ejército dentro de la ciudad para apoyar a la Policía en tareas puntuales encaminadas a la lucha contra las organizaciones criminales. Eder, sin embargo, no descarta totalmente la militarización para Cali, y señala que si es necesario, se hará. En esa línea se encontraba también Jaime Arizabaleta, quien finalmente desistió de su candidatura, pero en su momento señaló que militarizaría toda la ciudad. Wilson Ruiz, por su parte, señala que su prioridad será “devolverles la seguridad a los caleños” y, para ello, propone crear un plan de seguridad que incluye como estrategia el incremento en el número de uniformados en las calles, además de la dotación de equipos tecnológicos para hacer frente a la delincuencia. La candidata Miyerlandi Torres , se mantiene en la misma línea de Eder y Rojas al contemplar aspectos importantes como la convivencia y la prevención, por ejemplo, apuntando al fortalecimiento en las capacitaciones de la Policía Metropolitana en derechos humanos, también le apunta al uso de la tecnología para el monitoreo ciudadano y la predicción del delito, acompañada de un aumento de efectivos de la Policía especializados en el combate al crimen. Reflexiones La revisión de los programas y propuestas que se hizo en este artículo, aunque no contiene la totalidad de planes y estrategias contemplados por los candidatos, sí permite observar que predomina un modelo de seguridad punitivo orientado al aumento en el pie de fuerza pública, aspecto que difiere del discurso que mantiene el Gobierno Nacional en temas de seguridad, quien ha hecho énfasis en una gestión civilista con un enfoque de seguridad humana. Sobre todo, se diferencia de aquellas estrategias que apuntan a la militarización como un mecanismo para la seguridad pública, cuyo principal riesgo es oprimir a quien se está protegiendo, además de estar relacionada con el abuso de los derechos humanos. Ante este panorama, llama la atención especialmente que los ciudadanos parecen estar de acuerdo con propuestas en esa línea. De hecho, en la encuesta mencionada anteriormente de percepción ciudadana de Cali Cómo Vamos, el 77% de los encuestados votó por la opción “Más presencia de Policía” como alternativa para mejorar la seguridad de la ciudad, lo que podría indicar que se inclinarían por un mandato de este tipo, orientado al incremento de fuerza pública como garantía de seguridad. En suma, el escenario descrito deja en evidencia, por un lado, una situación de inseguridad que va en aumento caracterizada por el incremento en las cifras de delitos y el accionar de las estructuras criminales que libran sus disputas en las calles de la ciudad y, por otro lado, un escenario político que marca una tendencia hacia un modelo policivo en el manejo de los asuntos de seguridad pública. Lo cierto es que quien asuma la administración de la ciudad por el próximo periodo enfrentará múltiples retos tanto a nivel local como departamental y nacional, en tanto que deberá trabajar con estas instancias de gobierno para lograr la armonización de políticas que ayuden a contrarrestar los niveles de criminalidad y violencia.