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Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Tiempo Este miércoles 27 de septiembre, Colombia vivió una movilización en apoyo al Gobierno del presidente Gustavo Petro y las reformas que actualmente se están debatiendo en el Congreso de la República. Desde las calles de Bogotá hasta los rincones más remotos del país, miles de ciudadanos se unieron en una jornada de protesta pacífica para expresar su respaldo a las políticas y cambios propuestos por el mandatario. El epicentro de esta manifestación fue la emblemática Plaza de Bolívar de Bogotá, donde se congregaron aproximadamente 30 mil personas de todas las edades y trasfondos. No obstante, la magnitud de la marcha trascendió los límites de la capital, llegando a ciudades y regiones de Colombia que abarcan desde el Cauca hasta la Guajira. La consigna de la marcha, “Nos Movemos por la Vida”, subrayó el compromiso de los manifestantes con las reformas y políticas impulsadas por el Gobierno, las cuales, según el Gobierno, buscan mejorar la calidad de vida de los colombianos y promover la justicia social en el país. La diversidad de participantes en la marcha demostró el amplio apoyo que ha generado el presidente Petro en diferentes sectores de la sociedad. Uno de los aspectos más notables de esta manifestación fue la presencia de aproximadamente 14,000 indígenas de diversas regiones de Colombia, incluyendo el Cauca, La Guajira, El Catatumbo, Amazonas y Putumayo. Su participación en la marcha marcó un poderoso respaldo a las políticas gubernamentales en lo que respecta a los derechos indígenas y la equidad social. Los líderes indígenas hablaron con pasión sobre la necesidad de preservar sus culturas y territorios ancestrales. El presidente Gustavo Petro, al dirigirse a la multitud reunida en la plaza de Bolívar, expresó su agradecimiento por la impresionante movilización y destacó la importancia de la transformación para preservar la vida en la tierra. Además, hizo énfasis en las reformas en curso, como la reforma a la salud, laboral, educativa y pensional, asegurando que estas medidas estaban diseñadas para mejorar la vida de los ciudadanos. Petro explicó que la reforma a la salud tenía como objetivo principal garantizar que todos los colombianos tuvieran acceso a un tratamiento médico adecuado, sin importar su ubicación geográfica. Subrayó la importancia de asegurar que la atención médica esté disponible para todos los ciudadanos, independientemente de dónde vivan. En relación con la reforma laboral, el presidente insistió en la necesidad de transformar la sociedad para erradicar la explotación y el acoso en el lugar de trabajo. Abogó por un país más justo e igualitario en el que se respeten los derechos de los trabajadores. En cuanto a la reforma educativa, el primer mandatario señaló que su objetivo era permitir que los jóvenes colombianos tuvieran acceso a la educación superior y que esta se convirtiera en un derecho fundamental en lugar de un privilegio. Afirmó que esto impulsaría la productividad y la inteligencia de la sociedad colombiana en las décadas venideras. El presidente también se refirió a la reforma pensional, argumentando que el proyecto buscaba proporcionar a las personas mayores una vida digna, garantizando que tuvieran acceso a alimentos, vivienda y una pensión que les permitiera vivir con dignidad. Además de las reformas mencionadas, Petro anunció la presentación de una nueva reforma relacionada con los servicios públicos en Colombia. Destacó la importancia de asegurarse de que las tarifas de los servicios públicos fueran justas y asequibles para todos los ciudadanos, evitando que beneficiaran únicamente a unos pocos empresarios. La manifestación también contó con la presencia de Gustavo Bolívar, quien es candidato a la Alcaldía de Bogotá. Bolívar se unió a la marcha para expresar su apoyo al Gobierno de Petro y a las reformas propuestas. A pesar de las críticas y la controversia en torno a su participación, el candidato afirmó que asistía en calidad de ciudadano y que su presencia no tenía fines políticos en esta marcha. Sin embargo, la presencia de figuras políticas en la manifestación generó preocupación en la oposición y en la Procuraduría General de la Nación, que temían que las marchas se estuvieran utilizando con fines políticos. La controversia se centró en el uso de recursos públicos para financiar un evento que, según la oposición, podría favorecer la candidatura de Bolívar a la Alcaldía de Bogotá. Por su parte, el expresidente Andrés Pastrana fue uno de los críticos más vehementes de la manifestación, acusando al presidente Petro de utilizar recursos públicos para promover intereses políticos. La controversia sobre el uso de recursos públicos y su posible influencia en las elecciones locales sigue siendo un tema candente en la política colombiana. Cabe resaltar que durante el día en diversas ciudades de Colombia, se pudo observar una gran diversidad de participantes y puntos de concentración. En Cali, una multitud de alrededor de 3.800 personas se unió a la marcha convocada por el presidente Gustavo Petro en apoyo a sus políticas y reformas. El recorrido, que comenzó en la glorieta de la avenida Estación, culminó en la Plaza de San Francisco después de atravesar las principales calles de la ciudad. Afortunadamente, el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, informó que la jornada se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes que afectaran el orden público, brindando tranquilidad a los ciudadanos que habían expresado preocupaciones sobre la seguridad. En otras ciudades como Medellín y Sincelejo, las calles también se llenaron de manifestantes que mostraron su apoyo al Gobierno de Gustavo Petro. En Medellín, las personas se movilizaron por la Calle de La Playa en dirección al parque de Las Luces. La convocatoria en Sincelejo también atrajo a numerosos ciudadanos que se expresaron en apoyo a las políticas propuestas por el presidente. Además de estas ciudades, en todo el país se llevaron a cabo concentraciones en diversos puntos, desde la frontera entre Brasil y Colombia en Amazonas hasta la ciudad de Cúcuta en el norte. Estas manifestaciones reflejan la diversidad geográfica y la amplitud de apoyo que ha generado el presidente Petro en todo el país. A pesar de las diferencias políticas y sociales, las manifestaciones en su mayoría transcurrieron de manera pacífica. Por esta razón, la marcha de este 27 de septiembre fue una demostración masiva de apoyo a las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro. A pesar de las críticas y controversias, la manifestación se desarrolló de manera pacífica y unió a ciudadanos de todo el país en un llamado a favor del cambio y la justicia social en Colombia. El debate sobre el uso de recursos públicos y su impacto en las elecciones locales continúa siendo un tema relevante en la arena política colombiana.

Por: La Línea de Paz, Seguridad y DDHH. Fuente: Semana Durante los diez (10) meses que van del calendario electoral (29 de octubre de 2022- 29 de agosto 2023), la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) registró 175 hechos de violencia político electoral que han dejado un saldo de 219 víctimas únicas. El Valle del Cauca se ubica en el segundo lugar, detrás de Antioquia, como uno de los departamentos con más hechos. Hasta la fecha de corte, se han presentado 15 hechos con 15 víctimas únicas en los siguientes municipios: Tuluá (4); Jamundí (2); Yumbo (1); Buenaventura (1); Bugalagrande (1); Guadalajara de Buga (1); Cali(1); Florida (1); Obando (1) y Pradera (1). El panorama electoral en Tuluá, con 10 candidatos inscritos para la Alcaldía y con más de 100 candidatos al Concejo, hoy está marcado por el incremento de la violencia político electoral, que puede ser definida como aquella que se ejerce contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral. En Colombia la violencia históricamente ha sido, y es, un mecanismo más de la competencia electoral. La Oficina de Tuluá, el terror municipal Tradicionalmente, Tuluá ha sido un municipio en donde la violencia ha sido protagonista por la presencia de los grupos armados ilegales y el aumento y fortalecimiento de las bandas criminales locales. Sin embargo, este último fenómeno es el que tiene una mayor influencia en el recrudecimiento de la violencia actual. Un claro ejemplo de esto es la autodenominada “Oficina de Tuluá”, anteriormente conocida como “La Inmaculada”, grupo que surgió hace 15 años en el barrio La Inmaculada con el negocio del microtráfico. Con los años, su expansión se fue materializando con la extorsión y el sicariato a pequeños comerciantes de las distintas plazas de mercado y, tiempo después, con el temor ya impuesto en el municipio, este grupo logró expandirse un poco más, hasta el punto de acaparar toda la comercialización de la canasta familiar en las plazas de mercado. De un tiempo para acá, la banda criminal ha aparecido en el radar del país por distintas amenazas, atentados y homicidios que ha venido realizando. El pasado 06 de junio de 2023, a distintos periodistas les llegó un presunto panfleto amenazante para su divulgación, el cual declaraba como objetivo militar a todas las personas que estuvieran haciendo campaña política al exalcalde y actualmente candidato a la Alcaldía por el Partido Conservador, Gustavo Vélez. Fuente: Semana Horas después, el candidato denunció que recibió un ataque armado contra una de sus oficinas.En imágenes se puede evidenciar cómo dos sujetos con armas de largo alcance disparan contra la oficina del candidato. Según la W Radio , el candidato afirmó que el vehículo donde huyeron los perpetradores fue encontrado abandonado y en su interior fue hallado un presunto panfleto amenazante. Fuente: Semana Por otro lado, el 13 de junio de 2023 se produjo el atentado y homicidio del precandidato al Concejo, Andrés Forero Valderrama.El hecho ocurrió en la plazoleta de comidas de un centro comercial del municipio, hombres armados ingresaron al recinto y dispararon en contra de Alejandro Forero, quien resultó herido.De inmediato fue llevado al centro de salud por uno de sus escoltas. Sin embargo, los sicarios siguieron el vehículo, lo interceptaron y nuevamente dispararon. En la persecución también resultaron heridos el conductor del taxi en el que iba Forero y el escolta, adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP).A través de un presunto panfleto, el grupo delictivo “La Oficina” aseguró que estuvo detrás del hecho que dejó un muerto y tres heridos. Fuente:W Radio Otros hechos de violencia política Ahora bien, otros dos hechos de violencia política electoral se han presentado en el municipio, en los cuales la “Oficina de Tuluá” no ha tenido participación alguna. Por un lado, el 18 de junio de 2023 circuló un presunto panfleto compartido por el Frente Adán Izquierdo, denominado como parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas, disidencias de Iván Mordisco, amenazando al actual alcalde, Jhon Jairo Gómez Aguirre. El presunto panfleto invitaba a no votar en las elecciones regionales por ninguno de los candidatos del sector político que represente la alcaldía de Jhon Jairo Gómez. Fuente: Infobae Así mismo, el 15 de agosto de 2023 circuló otro presunto panfleto amenazante compartido por las Autodefensas Unidas de Colombia, el panfleto mencionaba como objetivo militar a varias personas, entre ellas al concejal de Tuluá para el periodo 2020-2023, Carlos Arturo Londoño. Fuente: Fundación Paz & Reconciliación Los últimos hechos de violencia política electoral que se han presentado de cara a los comicios electorales, han sacudido y despertado la preocupación del Gobierno Nacional, por tal motivo en los últimos meses se han venido haciendo Consejos de Seguridad para buscar la posible solución de poder contrarrestar la crisis en la que actualmente está inmersa Tuluá. Según datos del SIEDCO y de la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), para el primer semestre del año 2023 se presentaron en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, un total de 134 casos de amenazas que, en comparación con 295 del mismo periodo en el 2022, implicó una disminución del 120%. En cuanto a la extorsión, se presentaron 45 casos en 2023, mientras que en 2022 la cifra fue de 66 casos para el mismo periodo, es decir, hubo una disminución del 46,6%. Para el caso de los homicidios, se presentaron 72 casos en 2023, mientras que en 2022 se presentaron 61, es decir, se registró un incremento del 18%. Finalmente, en este periodo se registraron 454 casos de hurto a personas, mientras que en 2022 la cifra fue de 464, lo que se traduce en una leve reducción del 2,2%. La confrontación criminal y el panorama electoral Es importante recalcar que a raíz de las intimidaciones y los hostigamientos por parte de la “Oficina de Tuluá” empezaron a surgir nuevas bandas criminales que buscan hacerle un contrapeso a “La Oficina”, generando aún más hechos de violencia. Una de esas bandas criminales son los autodenominados “Cancerberos”, banda criminal que se dio a conocer por amenazar a varios periodistas y medios de comunicación del municipio para hacer circular varios panfletos en los cuales declaraban como objeto militar a todas las personas que colaboraran con la Oficina, y quienes además, según La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), se atribuyeron el atentado contra los Juzgados de Tuluá el pasado 13 de septiembre. Por este último acto se presentó un gran debate debido a que para la Rama Judicial no existen las garantías necesarias para adelantar los comicios, incluso, El Tribunal Superior de Buga se pronunció indicando que: “Dadas las circunstancias narradas, pongo en su conocimiento la imposibilidad para esta Corporación de designar comisiones escrutadoras y claveros para las elecciones del 29 de octubre de 2023 en la referida municipalidad, pues ello implicaría poner en grave riesgo y peligro la vida e integridad de los funcionarios y empleados judiciales, y dificultará la realización del aludido escrutinio”. Frente a esto, el secretario de seguridad del Valle, Camilo Murcia, indicó que el pasado viernes 15 de septiembre la Gobernación del Valle junto con la cúpula del Ejército y la Policía del departamento se trasladaron a Tuluá para ofrecer seguridad a los jueces y además garantizar las elecciones del 29 de octubre. Si bien es necesario que se tomen en cuenta las garantías necesarias para poder llevar los comicios electorales, por otro lado también es preocupante el mensaje: que no se designen funcionarios y empleados judiciales por temas de seguridad, debido a que la presencia de la Rama Judicial genera un balance de legalidad y credibilidad en los escrutinios. Ahora bien, pese a que la violencia siempre ha estado inmersa en la historia de Tuluá y con la presencia de grupos armados ilegales y las bandas criminales ejerciendo su control territorial, desde inicios de las década de los 2000 es un municipio en el cual más de la mitad de la población que está habilitada para votar, acostumbra a participar en elecciones. Según cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en las últimas elecciones legislativas y presidenciales de 2022, casi el 56% de la población de Tuluá salió a ejercer su derecho al voto. Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil Siguiendo lo anterior, pese a que las últimas elecciones se han podido hacer en medio de las distintas dificultades, es evidente que faltando menos de dos meses para los comicios, existe una gran preocupación por el aumento exponencial de la violencia.Por tal motivo, desde Pares se hace un llamado a todos las instituciones respectivas para que brinden las debidas garantías electorales para que la población y los candidatos de Tuluá puedan ejercer sus derechos políticos.

Por: Isaac Morales, Coordinador Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana Foto tomada de: Diario Occidente Cuerpos desmembrados, acciones sicariales, atentados contra empresas privadas, asesinato de funcionarios de la alcaldía, amenazas a jueces, periodistas y candidatos locales, censura de varios medios de comunicación y un incremento del 18% en los homicidios durante el primer semestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del 2022, son parte del desalentador panorama de la seguridad ciudadana que se vive en Tuluá, un municipio de la región central del departamento del Valle del Cauca con menos de 250.000 habitantes. Esta compleja situación de inseguridad y violencia se ha venido acentuando durante los últimos meses y deja de manifiesto la inoperancia de las autoridades locales y departamentales en razón del mantenimiento del orden público, la seguridad y la convivencia. Ahora bien, este tipo de hechos son perpetrados por actores delincuenciales que han venido consolidando su presencia y poderío criminal en el municipio, “La Oficina de Tuluá” o “La Inmaculada”, llamada así por el barrio donde surgió hace más de una década, es quizá el principal protagonista de este estallido criminal, controlando negocios ilegales como el microtráfico, la extorsión e incluso incursionando en negocios legales y con pretensiones políticas, permeando esferas del gobierno municipal. La Oficina se ha consolidado en la organización que, como ellos mismo lo refieren en un comunicado, “ejerce control territorial y orden” en este municipio del Valle. El otro protagonista de esta escena criminal sería la organización “Los Cancerberos, Grupo Armado en Defensa de la Ciudadanía Tulueña”, como se presentan en sus panfletos. Al parecer tienen una disputa frontal con “La Oficina” y aseguran estar alejados de las acciones delincuenciales que esta última sí realiza. En su “Comunicado Público No. 7”, fechado el pasado 21 de septiembre, en el que además de amenazar directamente a políticos, abogados, fiscales y jueces con nombres propios, “Los Cancerbero”s señalan que “…nuestro grupo no roba, no extorsiona, no pide, no exige, no trafica, como lo hacen las ratas hp de la oficina, nosotros somos un grupo armado patrocinado por comerciantes ricos, por esta razón si algún comerciante es extorsionado en nuestro nombre denuncie ante las autoridades que tendrán nuestro respaldo”. Es decir, se presentan como un grupo paramilitar de nivel local con vocación de “protección” ante la amenaza de “La Oficina”. A este grupo -“Los Cancerberos”- se les atribuye la amenaza a siete periodistas del municipio, alerta que encendió la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), recordando que en los últimos dos años han registrado seis amenazas, un exilio y un asesinato en Tuluá; poniendo en riesgo el libre ejercicio de la prensa y dejando en medio de la confrontación a los comunicadores. Panfleto del 21 de septiembre Para completar todo este panorama violento en el casco urbano del municipio, se suma la presencia de disidencias de las FARC en zona rural de Tuluá, específicamente la columna Adán Izquierdo del Estado Mayor Central, que realizó un hostigamiento a la subestación de Policía en el corregimiento de El Barragán el pasado mes de agosto. Más recientemente, el pasado 22 de septiembre, se registraron fuertes enfrentamientos entre las disidencias y la fuerza pública en el sector de Iberia Alta, en el corregimiento La Marina. Sin duda la situación en Tuluá es alarmante y pareciera que a la primera autoridad de policía del municipio, su alcalde John Jairo Gómez Aguirre, le importara muy poco. Aunque públicamente mantiene una postura de atacar a “La Oficina”, lo cierto es que aún no se notan acciones concretas para mermar los hechos de violencia e inseguridad, se han realizado varios consejos de seguridad que quedan en propuestas cortas de militarización y mayor presencia de fuerza pública, pero no se evidencian avances en investigación criminal y judicial que permitan la identificación y desarticulación de estas organizaciones delincuenciales que mantienen en zozobra a Tuluá. Todo esto se agrava de cara a las próximas elecciones locales que se desarrollarán en un mes, pues parece que no existen garantías de participación política y existe un alto riesgo electoral. En este sentido es preciso que el Gobierno Nacional y las autoridades competentes, de Policía y Fiscalía lleguen a intervenir de manera integral este contexto violento, investigando reales responsabilidades y pretensiones de estos grupos por el control territorial, así como la posible complicidad con actores políticos y económicos de esta zona del Valle, atendiendo al carácter geográficamente estratégico de Tuluá como un punto de encuentro entre el puerto de Buenaventura, el Eje Cafetero y el centro del país, rutas tradicionalmente asociadas al tráfico de drogas. Tuluá tiene todas las características necesarias para convertirse en un nuevo laboratorio de Paz Urbana en el marco de los procesos de acercamiento con organizaciones y bandas delincuenciales dentro de la idea de Paz Total que se encuentra liderando el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, así como se ha dado en Quibdó, Buenaventura y en el Valle de Aburrá, lo que podría significar un alivio para la ciudadanía tulueña, pues la situación, como se evidencia, es bastante preocupante.

I nvestigación: Línea Paz, Seguridad y DDHH. Redacción, Graficación y Edición: Equipo de Comunicaciones Por primera vez un General de la República, el Mayor General (R) Henry William Torres Escalante, aceptó máxima responsabilidad en casos de “falsos positivos” como Comandante de la Brigada XVI que opera en el Casanare y que estuvo involucrada en crímenes de lesa humanidad entre 2005 y 2008. En este texto ofrecemos una radiografía de la pirámide de mando de la Brigada XVI, de la que Torres Escalante era la punta sobre otros 20 militares que comparecieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en septiembre. Los testimonios de estos militares en una audiencia en Yopal dan cuenta de la práctica sistemática de asesinatos extrajudiciales en Casanare entre 2005 y 2008. Sin embargo, la Brigada XVI no fue la única que participó en la ejecución de los “falsos positivos”, ni Casanare la única región donde se produjeron estos incidentes entre 2005 y 2008. Tampoco Torres Escalante era la punta más alta de una pirámide de mando que sigue subiendo por encima suyo hacia la Comandancia de las Divisiones el Ejército, Comandantes Generales, al Estado Mayor Conjunto y hasta la Comandancia de las Fuerzas Militares. La JEP ha identificado un total de 6.402 casos de “falsos positivos” en Colombia. ¿Quién dio la orden? La audiencia de reconocimiento en Yopal La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llevó a cabo una audiencia de reconocimiento de verdad en Yopal, Casanare, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre, en el marco del Macro Caso de Investigación 03 de “falsos positivos”. El objetivo de esta audiencia fue esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros del Ejército Colombiano entre enero de 2005 y diciembre de 2008 en el departamento del Casanare. Durante estos tres días, 21 miembros del Ejército que pertenecieron a la Brigada XVI, un funcionario del desaparecido DAS y dos civiles, se presentaron ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP y públicamente reconocieron su responsabilidad en la desaparición y asesinato de aproximadamente 303 personas en eventos de ejecuciones extrajudiciales: asesinatos de civiles presentados como guerrilleros dados de baja en combate. Esta audiencia fue catalogada como “histórica” por la magistratura, ya que por primera vez un General de la República, el Mayor General (R) Henry William Torres Escalante, aceptó máxima responsabilidad en los asesinatos investigados por la Sala de Reconocimiento del tribunal especial. Y lo hizo al frente de 116 víctimas, que después de varios procesos previos de reparación se presentaron con el objetivo de conocer la verdad y cuestionar a aquellos que fueron responsables material e intelectualmente de la pérdida de sus seres queridos. A pesar de que bajo el mando de Torres Escalante como comandante de la Brigada XVI del Ejército Nacional se encontraban los otros 20 exmilitares que comparecieron ante la JEP en Yopal, el exlíder arremetió en sus declaraciones contra sus mandos militares superiores, especialmente contra el entonces Comandante del Ejército (2006-2008), General (R) Mario Montoya, alegando que las presiones ejercidas por estos influyeron en la perpetración de los homicidios. Sostuvo que las demandas implacables de sus superiores por resultados operacionales a toda costa llevaron a algunos miembros de la brigada a cometer acciones atroces sin considerar las consecuencias éticas y legales. La pirámide de mando en el Casanare Torres Escalante era simplemente otro eslabón en la compleja estructura de mando del Ejército, un nivel más en una pirámide de la que él no era la punta, pero sí un mando superior frente a los otros 20 militares que comparecieron ante la JEP en Casanare. Entender la pirámide de mando es esencial para comprender el fenómeno de los “falsos positivos”. En el Gráfico No. 1 dibujamos una parte de la pirámide, la Brigada XVI, coronada por Torres Escalante, y compuesta por los otros 20 militares involucrados en el caso. Haga clic en los recuadros para ver las personas que ocuparon los mandos en aquella época (si está desde su celular, úselo de manera horizontal a la hora de navegar el gráfico para verlo más grande): Gráfico No. 1. Comparecientes Brigada XVI - Ejército Nacional 2005-2008 Elaborado por: Línea Seguridad y Convivencia Ciudadana El Gráfico No. 1 representa la estructura jerárquica y organizativa de la Brigada XVI del Ejército Nacional entre 2005 y 2008. Esta Brigada formó parte de la Cuarta División del Ejército hasta 2009, cuando se creó la Octava División y pasó a formar parte de ella. Esta Brigada se ubica en Yopal y opera en el departamento del Casanare y cuatro municipios del departamento de Boyacá. Estaba conformada por cinco batallones, el Grupo de Montado No. 16 “Guías de Casanare” y el Grupo Gaula Militar Casanare, todos bajo la orden de Torres Escalante, por unidad de mando. De estos grupos, fueron dos los implicados en los casos de falsos positivos: el Grupo Gaula Militar Casanare y el Batallón de Infantería No. 44 “Ramón Nonato Pérez”. El Grupo Gaula Militar Casanare es importante porque se dedicaba principalmente a actividades de inteligencia y prevención del secuestro y la extorsión, por lo que resulta sorprendente que este Grupo tenga un número significativo de víctimas en casos de falsos positivos. Por su parte, el Batallón de Infantería No. 44 incluía unidades como el Grupo Especial Caníbal, la Sección Segunda de Inteligencia del Batallón y los Batallones de Contraguerrilla 29 y 65. Estos grupos específicamente se destacaron en las audiencias debido a su participación directa en los casos investigados por la JEP. En el Gráfico No. 1 se pueden observar los generales, comandantes, coroneles, mayores, capitanes, tenientes, sargentos segundos, cabos primeros y soldados profesionales que comparecieron ante la JEP y que hacían parte del Grupo Gaula Militar Casanare. Están dispuestos de izquierda a derecha siguiendo la cadena de mando. Además, se presentan los coroneles, mayores, capitanes, tenientes, sargentos, sargentos primeros, sargentos segundos y cabos segundos del Batallón de Infantería No. 44 “Ramón Nonato Pérez”, reflejando su posición en la jerarquía militar. En resumen, el Gráfico No. 1 proporciona una visión detallada de la estructura organizativa de la Brigada XVI. Consecuentemente, presentamos la estructura jerárquica del área de operaciones del Ejército Nacional. La Tabla No. 1 se encuentra dividida en tres apartados: los comandos, que se refiere a la unidad militar en cuestión; la descripción de la unidad militar, en la que se describe su alcance y objetivos; y el rango de mando, que hace referencia a los puestos del escalafón militar que suelen ocupar el comando de las unidades. Tabla No. 1. Rango Jerárquico Operativo Militar Elaborado por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares) En la Tabla No. 2 se muestra la estructura jerárquica del Ejército Nacional. Para la construcción de esta tabla se tuvieron en cuenta variables como la jerarquía militar, el grado de clasificación, la descripción del rango y los escalafones que lo componen. Tabla No. 2. Escalafón Jerárquico Militar Elaborado por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fundación Paz & Reconciliación (Pares) Declaraciones de los exmilitares: una confesión del horror Dentro de las múltiples declaraciones en Yopal, destacó la del Mayor General (R) Henry William Torres Escalante, quien como excomandante de la Brigada XVI entre diciembre de 2005 y junio de 2008 aceptó ser el líder de una estructura criminal que perpetró falsos positivos. A pesar de no admitir haber dado órdenes directas para llevar a cabo estos actos violentos, asumió con vergüenza la carga de responsabilidad que conllevaba su posición en la organización. También reconoció haber participado en un acto de fraude a la justicia al sobornar al Teniente (R) Marco Fabián García Céspedes, antiguo Comandante del Grupo Delta 6 del Batallón de Infantería No. 44, con una suma de 45 millones de pesos para que cambiara algunas acusaciones en su contra. Curiosamente, justificó su acción como un intento de hacer que García Céspedes “dijera la verdad”, alegando que sus anteriores declaraciones eran falsas. Esta revelación suscitó controversia, ya que Torres Escalante trató de camuflar el soborno como “ayuda”, lo que plantea interrogantes sobre sus motivaciones y ética. Además, el excomandante de la Brigada XVI admitió su responsabilidad en otro acto controversial: impedir que el ex Coronel (R) Henry Acosta Pardo del Batallón de Infantería No. 44, se sometiera a un polígrafo enviado por la Cuarta División. Este obstáculo, según su confesión, surgió a raíz de su ego y soberbia, ya que no le habían notificado previamente sobre la prueba. Sin embargo, muchos testimonios de la audiencia dieron cuenta de la práctica sistemática de asesinatos extrajudiciales en Casanare entre 2005 y 2008: El Sargento Retirado Faiber Alberto Amaya Ruiz, antiguo Comandante del Grupo Delta 4, se sinceró sobre los eventos que llevaron al señalamiento y trágico asesinato de Jair Tarache Cruz, un joven menor de edad indefenso, en el sombrío abril de 2006. Faiber rememora a Jair como una persona sencilla y humilde, cuyo único “pecado” fue haber sido estigmatizado por los miembros de la fuerza pública. Por otro lado, el Teniente Retirado Marco Fabián García Céspedes, ex Comandante del Grupo Delta 6, quien comandó diversos grupos especiales de la Brigada XVI, admitió haberse extraviado en una convicción errónea de hacer lo correcto ante sus superiores, mientras cerraba los ojos y los oídos al dolor que afligía a innumerables personas. En su confesión, se vislumbra el remordimiento de quien reconoce su participación en acciones con consecuencias nefastas. La historia se torna aún más sombría en el relato de Edwin Leonardo Toro Ramírez, Teniente Retirado y excomandante del Grupo Delta 5, así como miembro del Gaula Casanare. Este hombre recuerda con pesar cómo algunos soldados, incluido él mismo, se negaron inicialmente a seguir órdenes de asesinato, pero cómo luego él mismo puso fin a la vida de Jair Tarache Cruz. El Sargento (R) Wilson Burgos, ex Comandante del Pelotón Cobra 2; Grupo Especial Arpía; Grupo Guerrero 3, del Batallón de Infantería No. 44, con la carga de la verdad sobre sus hombros, contó su parte de la historia. Ante la magistrada Catalina Díaz se le cuestionó sobre por qué dispararon a personas en estado de indefensión. Su respuesta fue cruda y despiadada: lo hizo con pleno conocimiento, con el único propósito de ganar cinco días de permiso y obtener condecoraciones, además de la posibilidad de viajar al extranjero. La estigmatización fue la semilla de la tragedia, llevando a los soldados del Batallón de Infantería No. 44 a seleccionar a sus víctimas entre personas vulnerables e indefensas, dividiendo a la población en una dicotomía cruel entre “gente de bien” y “bandidos”. El Coronel Retirado Marcolino Jiménez expresó ante la JEP que las órdenes que recibían provenían del General (R) Montoya a través de programas radiales. Las palabras crueles como “carrotancados de sangre” y la orden de “saquen los muertos de la nevera” retumbaron en su memoria. La sombra del Montoya se extiende sobre estos relatos, ya que la JEP lo imputó por crímenes de guerra y lesa humanidad. Jhon Suancha, quien fuera Teniente del Grupo Militar Gaula Militar Casanare, arrojó luz sobre otro lado de la tragedia al mencionar al General (R) Carlos Arturo Suárez Bustamante, a quien señaló como el “padre de la omisión” en los falsos positivos. A pesar de conocer las denuncias, Suárez Bustamante continuó solicitando bajas, perpetuando el horror. También se levantaron acusaciones contra el Juez Penal Militar Guerra Chinchía, cuyas irregularidades llevaron a la JEP a considerar una compulsa de copias a la Fiscalía. Estos testimonios revelan la profundidad de la complicidad en el encubrimiento de estos crímenes. Jaime Alberto Rivera, exjefe de la Unidad de Inteligencia del Gaula Casanare reconoció que sus acciones contribuyeron al asesinato de 59 personas. Su confesión, cargada de culpa, se manifiesta en la devolución de una medalla de condecoración que recibió del Gaula como un amargo premio. Además da cuenta de que este fenómeno no se trató únicamente de asesinatos de personas indefensas, sino que también existió todo un aparato de inteligencia al interior del Ejército que planeaba, de manera deliberada, estos hechos. El Mayor Retirado Gustavo Enrique Soto Bracamonte, señalado por varios comparecientes como uno de los responsables de los falsos positivos en Casanare durante su comandancia del Gaula en esa región entre 2006 y 2007, relató las constantes presiones por resultados y cómo el General (R) Torres Escalante le mostraba un tablero acrílico que llevaba el conteo de bajas. Además, reveló la existencia de un grupo de oficiales y suboficiales que calificó como “expertos para dar bajas”, un título aterrador que evoca la oscuridad de aquellos días. Soto Bracamonte también reconoció su culpa en los casos de las víctimas Zubieta Hernández y Ríos Rodríguez, quienes fueron asesinados e incinerados en la vereda La Graciela, de Aguazul, Casanare. El ocultamiento de las identidades de las víctimas era un macabro patrón que utilizaban los militares para mantener la impunidad. El Soldado Retirado Alexánder González Almario reveló cómo, siguiendo órdenes de sus comandantes, destruían los documentos de las personas que habían asesinado para evitar su identificación. Otros testimonios sugieren que incluso alteraban la escena del crimen, vistiendo a las víctimas con ropa diferente y colocándoles armas en las manos, para hacerlas pasar por guerrilleros y justificar sus acciones. El Cabo Primero Retirado Gélver Pérez García asumió la responsabilidad de haber participado en el asesinato de al menos 31 personas. Su confesión fue desgarradora, ya que admitió haber aprehendido, asesinado y torturado a personas inocentes como parte de una práctica sistemática. El Teniente Retirado Jhon Alexánder Suancha Florián también relató cómo fue transformado en una “máquina de guerra” en Casanare. Su testimonio reflejó la deshumanización a la que se vieron sometidos algunos miembros de las fuerzas armadas quienes, bajo la presión de los generales, perdieron su empatía y sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. En sus palabras, Suancha también aludió a la influencia de los generales que visitaban los centros de reclusión, presionando a los soldados y silenciando las voces disidentes. El Cabo Segundo (R) Leandro Eliécer Moná compartió la tragedia de haber ofrecido un aventón a un campesino sin saber que su gesto benevolente sería su condena a muerte. Sus palabras son un recordatorio angustiante de que las víctimas eran personas inocentes que perdieron la vida de manera injusta y cruel. Asesinaron 303 personas Las declaraciones de los exmilitares arrojaron luz sobre la magnitud de los horrores cometidos. Confesaron haber asesinado a 303 personas en 218 eventos diferentes en Casanare, Boyacá, Meta y Arauca. Admitieron haber presionado a sus subordinados para lograr resultados operacionales a toda costa, despreciando la vida de las víctimas inocentes. Algunos incluso sobornaron a compañeros de armas para cambiar sus testimonios y encubrir la verdad. Las presiones para alcanzar resultados y la falta de escrúpulos en la presentación de informes de combate llevaron a la creación de una macabra estadística que los militares llamaron “carrotancados de sangre” y “litros de sangre”, haciendo referencia a las personas asesinadas. Estas revelaciones dejaron claro que la violencia indiscriminada y la falta de rendición de cuentas se habían apoderado de la Brigada XVI y, posiblemente, de otras unidades militares en todo el territorio nacional. La JEP investiga también Antioquia, Norte de Santander, Costa Caribe, Huila y Meta por casos de “falsos positivos” La Brigada XVI no fue la única que participó en la ejecución de los “falsos positivos”, ni Casanare la única región donde se produjeron estos incidentes entre 2005 y 2008. Es relevante tener en cuenta que otras brigadas tales como las Brigadas IV, VII, IX, X y XXX, también están siendo investigadas por la JEP en casos de “falsos positivos” durante dicho lapso de tiempo. El Gráfico No. 2 da cuenta de las estructuras del Ejército Nacional investigadas por “falsos positivos” en la JEP, haga clic en los recuadros para ampliar la información: Gráfico No. 2. Estructura Ejército Colombiano en relación a casos de falsos positivos 2005 - 2008 Elaborado por: Línea Seguridad y Convivencia Ciudadana La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) actualmente está investigando regiones como Antioquia, Norte de Santander, Costa Caribe, Huila y Meta en las que presuntamente hubo casos de “falsos positivos”, dentro de las cuales se destacan las siguientes: Costa Caribe (División I) : en esta división se encuentra la Décima Brigada del Ejército. Dentro de esta Brigada, el Batallón de Artillería No. 2, conocido como "La Popa", fue objeto de investigación. El mando de este Batallón estuvo a cargo del Coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, seguido por el Coronel Juan Carlos Figueroa Suárez. Norte de Santander (División II) : en esta región, la Brigada XXX del Ejército tuvo un papel relevante. Su Comandante fue el Brigadier General Paulino Coronado Gámez, y dentro de esta Brigada se encuentra el Batallón de Infantería No. 15 y la Brigada Móvil No. 15, comandada por el Coronel Santiago Herrera Fajardo. Antioquia (División I y luego División VII) : la Brigada de Antioquia estuvo inicialmente anclada a la División I, pero en 2015 se creó la División VII, y la Brigada IV pasó a estar bajo su jurisdicción. Es importante destacar que los casos de “falsos positivos” involucraron a la Brigada IV mientras estuvo en ambas divisiones. El Comandante de la Brigada IV fue el General Mario Montoya Uribe. En particular, el Batallón de Infantería No. 4, bajo el mando del Teniente Coronel Julio Alberto Rivera Carballo, luego de Iván Darío Pineda Recuero, quien estuvo implicado en estos eventos. Meta (División IV - Brigada VII) : en la región del Meta, específicamente en la Brigada VII, el Batallón de Infantería No. 21, conocido como "Batallón Pantano Vargas", fue objeto de investigación. Durante aquél tiempo, tres comandantes estuvieron al mando: Héctor Alejandro Cabuya de León, Néstor Sánchez Aguirre y Jairo Martín Sandoval Moncayo. Estas brigadas, dentro de sus respectivas divisiones, jugaron un papel en los eventos relacionados con “falsos positivos” durante los años investigados por la JEP. Torres Escalante no era la punta de la pirámide: ¿quién dio la orden? ¿Quién estaba en el mismo nivel que Torres Escalante en la pirámide de mando del Ejército Nacional entre 2005 y 2006? Algunos comandantes de brigadas investigadas por la JEP en casos de falsos positivos, que podríamos reconocer como “compañeros de piso” de la pirámide de mando junto a Torres Escalante, fueron: Coronel Jaime Alfonso Lasprilla, Comandante de la IX Brigada en el Huila entre 2006 y 2007; General William Pérez Lasprilla, Comandante de la IX Brigada en el Huila entre 2007 y 2008; Mayor General Mario Montoya Uribe, Comandante de la IV Brigada del Ejército entre 2002 y 2003; Brigadier General Paulino Coronado Gámez, Comandante de la Brigada XXX entre 2006 y 2008i. Encima de ellos en la pirámide, como Comandantes de las Divisiones, estaban: Brigadier General Justo Eliseo Peña como Comandante de la División I entre 2005 y 2007; Brigadier General Carlos Ovidio Saavedra como Comandante de la División II entre diciembre de 2004 y noviembre de 2007; Brigadier General Hernando Pérez Molina como Comandante de la División III en 2005; Luis Antonio Coronado León como Comandante de la División IV en 2005; General Gustavo Matamoros como Comandante de la División V entre 2006 y 2007; Jairo Erazo como Comandante de la División V entre 2007 y 2009; Brigadier General Carlos Suárez Bustamante Comandante División V en 2005; Luis Alberto Ardila Silva como Comandante de la División VI también en 2005; y en la División VII el Brigadier General Óscar González Peña en 2005. Por encima de los Comandantes de las Divisiones mencionadas se destacaban figuras importantes en la jerarquía militar y política de Colombia durante ese período como Reinaldo Castellanos, quien ocupó el cargo de Comandante del Ejército entre 2005 y 2006, seguido por Mario Montoya Uribe, quien lo desempeñó desde 2006 hasta 2008, ambos investigados por la JEP. Más arriba en la cadena de mando se encontraban Freddy Padilla León, quien sirvió como Jefe del Estado Mayor Conjunto de 2003 a 2006, y David René Moreno, que ocupó el mismo cargo en 2007. Más arriba en la pirámide se situaban el Comandante General de las Fuerzas Militares, Carlos Alberto Ovalle, en el período de 2005 a 2007, y nuevamente Freddy Padilla Léon entre 2007 y 2010, los dos investigados por la JEP. Es relevante mencionar que, durante el año 2005, el ministro de Defensa fue Jorge Alberto Uribe Echavarría, quien estuvo en funciones hasta el 19 de julio. Luego asumió el cargo Camilo Ospina Bernal, quien ejerció como ministro de Defensa desde 2005 hasta 2006. Posteriormente, la responsabilidad recayó en Juan Manuel Santos Calderón, quien ocupó el cargo desde 2006 hasta 2009. Durante este periodo (2005-2008), caracterizado por un incremento en los casos de falsos positivos, Álvaro Uribe Vélez ocupó la Presidencia de la República de Colombia. Según los hallazgos de la investigación llevada a cabo por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del Macro Caso 03, se han identificado un total de 6.402 casos de falsos positivos en Colombia. **** Vea las tres audiencias completas del caso Casanare, aquí: 18 de septiembre: https://www.youtube.com/watch?v=efeJV8Q4CwE 19 de septiembre: https://www.youtube.com/watch?v=fHVMPnXbj88 20 de septiembre: https://www.youtube.com/watch?v=i1WWWhIL7_Y i Sobre los Comandantes de las Brigadas VII y X no se encontró información en los documentos publicados por la JEP ni en medios de comunicación.

Por: Nicolás León Rodríguez, Investigador Nacional Línea Paz, Seguridad y DDHH. Foto tomada de: Pixabay “Más pie de fuerza y prevención del delito, los ejes para mejorar la seguridad en Bogotá”, afirmó el presidente Gustavo Petro durante el Consejo de Seguridad que se realizó en la localidad de Kennedy el pasado 28 de septiembre. La principal conclusión del consejo fue el reforzamiento de las labores de vigilancia y control para la contención y confrontación de la criminalidad por parte de la Policía Nacional. Es decir, el reforzamiento policivo para enfrentar la inseguridad en la capital. El consejo de seguridad El evento tuvo como eje central la proposición e implementación de alternativas orientadas al mejoramiento de las condiciones de seguridad en la capital del país. En este sentido, la Alcaldía Mayor, con el apoyo del Gobierno Nacional, logró llegar a una serie de acuerdos enfocados al fortalecimiento de la Policía Metropolitana de Bogotá y de sus estrategias para combatir el crimen. Contó con la participaron de figuras como Laura Sarabia, directora de Prosperidad Social; Ana Catalina Cano, ministra de Defensa (e); Luis Fernando Velasco, ministro del Interior; William Salamanca, director general de la Policía Nacional; Óscar Gómez Heredia, secretario de Seguridad; Sandra Patricia Hernández Garzón, comandante de la Policía de Bogotá; Gustavo Petro, presidente; y Claudia López, alcaldesa; entre otros. Este consejo de seguridad es el primer en el que logran coincidir el presidente de la República y la alcaldesa Mayor de Bogotá. El desarrollo del evento se dio luego de algunos llamados que ha hecho la alcaldesa frente a la responsabilidad del Gobierno Nacional en la asignación del pie de fuerza en la ciudad, así como de otras rencillas que han mantenido los dos mandatarios. El consejo de Kennedy, además, es el primero de una serie de eventos que el presidente tendrá en la capital en el marco de la estrategia “Gobierno con el Pueblo”. Las estrategias del consejo de seguridad se centraron en el aumento del pie de fuerza en la capital para mejorar la seguridad. Desde la Policía Nacional se anunció el despliegue de entre 2.200 y 2.500 uniformados para reforzar la seguridad en varias áreas, incluyendo la DIJIN, el GAULA y la Policía de Carabineros. Asimismo, se identificaron 60 puntos críticos en la ciudad, especialmente en las localidades de Bosa, Engativá, Kennedy, Suba, Usaquén y Chapinero. Este aumento del personal se desarrollará enviando a los uniformados que realizan labores administrativas de vuelta a las calles. De igual manera, el despacho del director de la Policía, General William Salamanca, se trasladará a la Metropolitana de Bogotá, en donde además hará recorridos por los Comandos de Atención Inmediata priorizados por el Distrito. También se desplegarán helicópteros y drones para patrullar la ciudad, de igual forma se enfatizará el monitoreo de personal de inteligencia durante 24 horas del día en los corredores de entrada y salida de Bogotá. También se planea una toma de las estaciones de Transmilenio para combatir el hurto y el acoso sexual, de esta manera, se espera contar con agentes de la Policía infiltrados en las estaciones, dispuestos a identificar a los responsables de la consecución de hechos delictivos. El consejo de seguridad, entonces, deja dos grandes conclusiones referentes al modelo de seguridad que tendrá la ciudad en, por lo menos, los tres meses restantes de mandato de Claudia López. Por un lado, una serie de acciones dirigidas a mejorar la operatividad de la Policía, en las que entra el aumento de pie de fuerza, el fortalecimiento de inteligencia, el fortalecimiento de los dispositivos de vigilancia, etc. Por otro, una serie de acciones orientadas a mejorar la percepción de seguridad en la capital, dentro de las que se podría incluir la presencia del comandante de la Policía en las localidades. La Policía Metropolitana se convertirá en el eje central para la prevención, atención y acción de las condiciones de seguridad en Bogotá. Antecedentes Las medidas tomadas en el consejo de seguridad se integran una serie de medidas que venían siendo adelantadas por parte de la Alcaldía de Bogotá durante el presente semestre del año. El 03 de julio, se puso en marcha la implementación del “ Plan Bogotá 60 ”, este plan busca abordar la problemática de seguridad en la ciudad y se enfoca en barrios donde se concentran altos índices de delincuencia; el 47% de estos barrios se encuentra en zonas de las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar, Santa Fe y Engativá. Cuenta con la participación de 1.000 policías, 300 servidores de la Secretaría de Seguridad y 76 fiscales especializados. Estos equipos esperan llevar a cabo 1.904 intervenciones mensuales enfocadas en la prevención y el control del crimen . Sus acciones van desde combatir las rentas criminales hasta promover la denuncia, el desarme ciudadano, la revisión de antecedentes y la vinculación del sector privado a las redes ciudadanas, entre otras medidas. Además del Plan Bogotá 60 se han implementado siete comandos especializados, el Comando Élite y el Grupo de Reacción Bancaria para mejorar la seguridad en la ciudad. También se busca identificar y golpear a 46 grupos delincuenciales, incluyendo 12 estructuras multicriminales con incidencia en los sectores afectados. De igual manera, en el marco de implementación de este plan, se han articulado otras estrategias que apuntan a mejorar la convivencia y seguridad de la ciudad. La estrategia " Cerremos la Puerta del Delito ", por ejemplo, busca prevenir y desincentivar la actividad de los mercados criminales relacionados con el hurto de celulares y autopartes de vehículos en la ciudad, siendo su objetivo principal unir a la ciudadanía y a la Policía para evitar la comisión de delitos. También la estrategia “ Hora CUIDAdana ”, con la que se pretende tener intervenciones sorpresa en lugares problemáticos de alto impacto, reportados por la ciudadanía. Estos lugares son señalados por ocultar actividades delictivas detrás de fachadas de comercios convencionales, como la venta de sustancias psicoactivas, ruido excesivo o la comercialización de licor adulterado. Hora de rendir cuentas A poco más de dos meses de terminar el mandato, la alcaldesa Claudia López ha hecho mayor énfasis en los llamados por generar y mostrar resultados. En este sentido, desde la página de la Alcaldía de Bogotá se ha montado una plataforma en la que se arrojan resultados preliminares sobre los impactos del desarrollo de las estrategias planteadas. En contravía, la percepción ciudadana de la seguridad continúa siendo significativamente baja, lo que indicaría que la ciudadanía no nota la gestión que se ha desarrollado. Aterrizando las cifras, la Alcaldía afirma que las acciones conjuntas entre el Distrito y varios organismos han llevado a la desarticulación de más de 550 bandas delictivas, la captura de más de 101.000 individuos, la incautación de más de 600.000 armas y una disminución significativa en 8 de los 12 delitos de alto impacto en Bogotá . Asimismo, se ha aumentado el número de cámaras de vigilancia instaladas de 6.152 a 8.778, y se han activado 1.582 Frentes de Seguridad en la ciudad. En términos de inversión, se han destinado 1 billón 200 mil millones de los impuestos de Bogotá a seguridad, justicia y convivencia en la ciudad. Además, se han invertido 48 mil millones en dotación , que incluye patrullas, chalecos, motocicletas, drones y otras herramientas tecnológicas para fortalecer las capacidades de la fuerza policial. Y en términos de infraestructura, se ha hecho entrega del nuevo Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, el Centro Integral de Justicia Campo Verde, y la Casa Juvenil Restaurativa La Victoria. También se han establecido 6 Casas de Justicia, 7 de las cuales cuentan con una ruta de atención integral para mujeres, y se han mejorado las instalaciones de seguridad y justicia en la ciudad. En contraste, como se anunció, según la encuesta de percepción ciudadana “ Bogotá Cómo Vamos ”, se observa que tan solo el 25,9% de los encuestados se sienten seguros en la ciudad. Del mismo modo, la encuestadora “ Cifras y Conceptos ” en su más reciente informe indicó que en lo relacionado con la gestión de la seguridad en la ciudad Bogotá tan solo cuenta con 34 puntos de aprobación. En este sentido, valdría la pena preguntarse si necesariamente un aumento del pie de fuerza y de las herramientas policivas se traduzcan en un aumento de la percepción de seguridad en la ciudadanía. Hacia dónde va la seguridad en Bogotá La gestión de la seguridad de la alcaldía de Claudia López ha estado atravesada por la marcada fricción en su relación con: i) la Policía Nacional, especialmente al inicio de su mandato y agravada por los hechos ocurridos en el marco de las jornadas de protesta del 08 y 09 de septiembre de 2019, como también del Paro Nacional de 2020; ii) el Gobierno Nacional en cabeza de Gustavo Petro, con quien ha tenido varios puntos de desencuentro, pero en el que la seguridad ha sido uno de los focos durante el último año. Estas tensiones han dado lugar a que el tema de la seguridad se centre casi que exclusivamente en el papel y capacidad de la Policía Metropolitana de Bogotá. Particularmente en lo relativo a la ampliación del pie de fuerza de la Policía y de la necesidad de mostrar resultados operativos eficientes. Consecuentemente, las respuestas han estado dirigidas en su mayoría hacia el fortalecimiento de la Policía en sus diferentes dimensiones. Es decir, al acercamiento de la gestión de la seguridad desde una perspectiva mayoritariamente policiva. Esto se hace más evidente a menos de tres meses para que termine su mandato, ya que urge la necesidad de mostrar resultados en la disminución de delitos y la mejora de indicadores de seguridad. Es cuestionable el largo tiempo que tardó la Alcaldía en mostrar una orientación de la seguridad que dé claridad sobre la acción operativa de la Policía y de las demás instituciones encargadas de su gestión. En este sentido, si bien puede terminar mostrando resultados positivos las medidas tomadas en el último semestre, es prudente preguntarse cuál es la viabilidad de sostener estas medidas en el tiempo, es decir, si obedecen a un grupo de soluciones que buscan mantenerse en la ciudad con una relativa permanencia o si son medidas reactivas enfocadas en apaciguar la coyuntura política. En la misma línea, a manera de dar apertura al debate, vale la pena preguntarse ¿cuál es el legado que la alcaldesa Claudia López dejará a la ciudad en materia de seguridad durante los siguientes años? Por el momento, la orientación de la seguridad en la ciudad ya parece tener un rumbo definido, por lo menos en lo que queda del año. De la mano de figuras como el General(r) Óscar Gómez Heredia (actual secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia) y de la General Sandra Patricia Hernández (actual comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá), la gestión de la seguridad se dirigirá al fortalecimiento de la acción operativa policial y a llevar a Bogotá a estar 2.600 metros más cerca de la Policía.

Por: Santiago Medina Ramos, Asistente de Investigación Línea Paz, Seguridad y DDHH. Foto tomada de: La Haus y Noticias Caracol Desde el pasado 05 de octubre el nombre del grupo delincuencial “La Cordillera” ha vuelto a estar en el foco de la opinión pública y de las autoridades, tras la publicación, por parte la Revista RAYA y RTVC Noticias, de un informe en el que revelaron los presuntos nexos que, según una investigación de la Fiscalía, tendría el empresario César Augusto Giraldo, alias “Calzones”, con esta estructura que opera en el departamento de Risaralda. “La Cordillera” ya había sido el centro de la opinión pública en el mes de mayo del 2022, cuando el entonces candidato a la presidencia Gustavo Petro advirtió que este grupo tenía un plan para atentar contra su vida; así como también en el año 2021, cuando fue señalada de ser responsable del asesinato del estudiante Lucas Villa, en el contexto del Paro Nacional. En medio de este contexto en el que “La Cordillera” aparece como protagonista, y en el que se menciona desde empresarios como “Calzones” hasta exjefes paramilitares como alias “Macaco”, vale la pena hacer una revisión histórica de la manera en la que esta estructura ha construido y mantenido su capacidad de influencia y control en el Área Metropolitana de Pereira, y qué implicaciones tiene esto en términos de seguridad para la capital del departamento de Risaralda. Este grupo delincuencial lleva casi dos décadas operando en la ciudad de Pereira y los municipios de Dosquebradas y La Virginia, en Risaralda, y se ha dedicado fundamentalmente al negocio del tráfico de estupefacientes, al sicariato y a la extorsión. Juan Miguel Álvarez (2013) en su libro Balas por encargo. Vida y muerte de los sicarios en Colombia , narra cómo se empezó a consolidar el negocio de las ollas de microtráfico en Pereira a inicios de los años 2000, a manos de los hermanos Herrera Arrubla, miembros del Frente Capital de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que operaban en el denominado Cartucho en Bogotá, y se trasladaron a la capital risaraldense tras la intervención en dicho sector por parte del entonces alcalde Enrique Peñalosa. Allí comenzaron a establecer una red de microtráfico que empezó a ser conocida como “Cordillera”. La hegemonía de los hermanos Herrera Arrubla empezaría a ser disputada en el año 2005, tras la desmovilización del Frente Héroes y Mártires de Guática, perteneciente al Bloque Central Bolívar de las AUC, comandado por Carlos Mario Jiménez alias “Macaco”, uno de los principales líderes de esta estructura paramilitar. Según Álvarez, tras la desmovilización de este Frente, “Macaco” ordenaría a sus hombres movilizarse a la ciudad de Pereira y comenzar a establecer ahí un monopolio sobre las actividades ilegales. Como menciona Marulanda (2013) en su artículo sobre las ollas en Pereira, el Área Metropolitana de Pereira empezó a generar un alto interés para los narcotraficantes de Medellín y Cali por sus posibilidades de inversión, pero, como menciona Álvarez, fue “Macaco” quien logró hacerse terreno a través de la violencia y quedarse con el negocio de que antes dominaban los hermanos Herrera Arrubla, contribuyendo a que capturaran a dos de ellos y asesinando a uno. “Macaco”, junto con otros paramilitares desmovilizados como Jacinto Nicolás Fuentes alias “don Leo”, Héctor Duque Ceballos alias “Monoteto”, y José Fabián Guzmán alias “Niño Fabián”, mantuvieron el nombre de “Cordillera” y empezaron a un proceso de expansión de las ollas de microtráfico. Esto perduraría por lo menos hasta el año 2008, en el que “Macaco” fue capturado y posteriormente extraditado a los Estados Unidos, dejando como coordinadores a hombres como “don Leo” y “Niño Fabián”, que terminarían teniendo divisiones internas. Según Marulanda (2013), se empezaría a configurar un declive de “La Cordillera” como organización hegemónica en la zona del Área Metropolitana de Pereira, y otros grupos como “Los Rastrojos” y “Los Urabeños” empezarían a incursionar en las economías ilícitas, evidenciando un proceso de atomización de estas actividades, así como un aumento en las dinámicas de violencia armada. Tras esta división, en la que “don Leo” dio un paso al costado para desplazarse al sur de Bolívar y comandar un grupo paramilitar allí , fue “Niño Fabián” quien asumió como uno de los principales jefes para posteriormente ordenar el asesinato de “Monoteto” , quien fuera hasta entonces la principal ficha de “Macaco”, y así quedarse con el liderazgo completo. “Niño Fabián” sería el máximo cabecilla, acompañado de hombres como alias “Casandra” y alias “Don Omar”, hasta el año 2011 en el que fue capturado e imputado por la Fiscalía, tras lo cual Bernardo Campo alias “Berny” asumiría el liderazgo de la estructura, hasta que se entregó a las autoridades en 2015 con la intención de colaborar. Obed Maldonado alias “Tres Caras ”, y Ferney Vélez alias “Garra” serían los sucesores de “Berny”, sin embargo, fue capturados en los años 2015 y 2016 respectivamente. Estas capturas, que no permitieron que la estructura tuviera un mando sólido y estable en el tiempo, hicieron considerar a las autoridades que había sido completamente desarticulada. Sin embargo, a pesar de estos golpes, “La Cordillera” fue producto de reorganizaciones y siguió operando , en medio de otras estructuras delincuenciales en la ciudad, al mando de cabecillas como alias “Gordo Ariel” desde el 2017, evidenciando la dificultad de combatir y mermar su capacidad de influencia y control en el Área Metropolitana. Los operativos de las autoridades contra esta estructura continuaron, propinando golpes, como la captura en 2018 de alias “Chirri ”, un mando medio que operaba en el barrio Cuba y en el municipio de La Virgina, así como la captura de 12 miembros pertenecientes a una banda subcontratada llamada “La Franquicia ” en 2019, y la de 4 hombres más encargados de la extorsión y el cobro ‘gota a gota’ en el año 2020. Ahora bien, como se mencionó anteriormente, en el año 2021 el nombre de “La Cordillera” empezó a escucharse en la opinión pública a nivel nacional, debido a que se les empezó a relacionar directamente con el asesinato del líder estudiantil de la Universidad Tecnológica de Pereira Lucas Villa, en medio de una movilización desarrollada en el contexto del Paro Nacional de ese año, lo cual habría sido planeado con antelación con el objetivo de generar temor y evitar los bloqueos por parte de los manifestantes. Al parecer sería Andrés Felipe Mejía Elejalde alias “La P”, jefe de una banda de microtráfico y sicariato subcontratada por “La Cordillera”, el encargado de ejecutar este plan ( El Espectador, 2022 ), evidenciando la capacidad de subcontratación y de control territorial que tiene esta estructura. Pero fue en 2022 cuando se empezó a evidenciar la magnitud de sus capacidades, en el momento en el que el hoy presidente Gustavo Petro, en ese entonces candidato, anunció por medio de un comunicado que cancelaría su gira de campaña por el Eje Cafetero, debido a que tenía conocimiento de un plan por parte de “La Cordillera ” para atentar en contra de su vida. Si bien en su momento estas acusaciones fueron desmeritadas por la Fiscalía, que mencionó que no tenía conocimiento de dicho plan, sí puso el foco sobre esta organización, y sobre algunos nombres vinculados a ella, como el del empresario César Augusto Giraldo, conocido como “Calzones”. Ahora, tras la mencionada publicación de la Revista RAYA y RTVC Noticias , en la que se revela un organigrama de “La Cordillera” hecho por la Fiscalía, que posiciona a “Calzones” en la primera línea de mando de la estructura, se ha empezado a preguntar por los nexos que existen entre esta organización y sectores empresariales y políticos de la ciudad y del departamento, y que le permitirían no sólo mantener las rentas ilegales del narcotráfico y la extorsión, sino también llegar tener la capacidad de asesinar a un candidato a la Presidencia. Como evidencian RAYA y RTVC, “Calzones” es un conocido militante del Centro Democrático de Risaralda que ha sido visto en múltiples ocasiones con importantes miembros del partido, incluido el expresidente Álvaro Uribe, y constantemente ha apoyado candidaturas de este. Como menciona Cecilia Orozco en su columna de opinión , esto sería una grave ecuación que combina a la política (en este caso de derecha) con el mundo criminal, que podría incluso interferir en las investigaciones, y hasta poner en duda la transparencia de instituciones como la Fiscalía. Cabe mencionar también que Carlos Maya, alcalde de Pereira, reconoció haber tenido contacto con “Calzones ” durante el Paro de 2021, pues sabía que este era un hombre cercano al Centro Democrático, por lo que pidió su ayuda para comunicarse con el entonces presidente Iván Duque y su ministro de Defensa Diego Molano, con el fin de recibir apoyo de Fuerza Pública en el marco de las situaciones violentas presentadas en la ciudad durante las manifestaciones. Teniendo en cuenta los presuntos nexos de “Calzones” con “La Cordillera”, estas dinámicas políticas se pueden ver seriamente cuestionadas, sobre todo por casos como el de Lucas Villa. Por otro lado, pocos días después de la publicación del informe de la Revista RAYA, se presentó un atentado sicarial en el sector de Maraya, en Pereira, en el cual fue asesinado Bernardo Campo alias “Berny”, que como se mencionó anteriormente, fue cabecilla de “La Cordillera” hasta que se entregó y negoció su condena a cambio de información para la Fiscalía; también fue asesinado Diego Fernando Ramírez alias “Osama”, quien haría parte de la estructura actualmente. Las hipótesis señalan que se trataría de una venganza por parte de “La Cordillera”, lo cual cobra sentido en el contexto de las acusaciones contra “Calzones” y por el hecho de que “Berny” fue colaborador de la justicia, sin embargo, aún no se han esclarecido los motivos del atentado. Actualmente “La Cordillera” estaría liderada por alias “Diego Pereira”, y en el organigrama revelado por RAYA, además del nombre de “Calzones”, se mencionan otros como “Marulo”, “Gordo Eleazar”, “Don Gildardo”, “Mono Tafur”, e incluso a antiguos cabecillas como “Niño Fabián”, “Garra”, “Tres Caras”, “Leo”, e incluso el mismo “Berny”. Aparece también el nombre de Carlos Mario Jiménez alias “Macaco” como cofundador de la organización y como un cabecilla principal, sin embargo, la Fiscalía ha anunciado que “Macaco” ya no está vinculado a este caso , y él mismo ha dicho que no está relacionado con él y que tiene intenciones de aportar a la Paz Total y dar declaraciones ante la JEP, por lo que existen incongruencias en las investigaciones que generan dudas sobre su participación. A partir de esta revisión, se puede considerar que el hecho de que “La Cordillera” sea liderada por una persona con tanta capacidad de influencia política como “Calzones”, sumado a los cuestionamientos que se han hecho hacia los entes investigativos como la Fiscalía por su poca diligencia (e incluso negligencia) a la hora de esclarecer estos hechos, genera preocupaciones sobre la capacidad de influencia que pueda llegar a tener esta estructura, ya no sólo en las rentas del narcotráfico, sino también en lo relacionado con el ámbito político. Marulanda (2013) menciona que las denominadas ollas, más que puntos físicos donde se distribuyen los estupefacientes, se configuran como redes más complejas de relaciones, que incluyen no sólo lo económico, sino también lo político y lo social, que permiten a las estructuras delincuenciales como “La Cordillera”, generar y asegurar control territorial, fuentes de financiación e incluso capital político a través de la cooptación de cargos burocráticos. Esto, para el caso de Pereira, se configuraría como una problemática estructural debido a la ya evidenciada historia de incursión que ha tenido el paramilitarismo y el narcotráfico en la ciudad, lo que ha generado también problemas de violencia armada. Se considera relevante plantear esto, pues las discusiones alrededor de la seguridad en la ciudad de Pereira y su área metropolitana ya no se limitarían solo a las dinámicas de las economías ilícitas como las ollas del microtráfico y las actividades extorsivas, sino que empieza a plantear la posibilidad de la existencia de redes de corrupción más grandes, que incluyen a sectores políticos y empresariales ligados al mundo de la criminalidad. Esto supondría un reto para las autoridades de la ciudad, sobre todo teniendo en cuenta que “La Cordillera” ha sido objeto de numerosos operativos en los que han sido capturados sus principales cabecillas, y aún así se ha mantenido vigente y activa, mostrando además una importante capacidad de acción y control territorial. Esto debería ser asumido con una mayor rigurosidad por parte de instituciones como la Policía, y sobre todo la Fiscalía, que se ha visto envuelta en polémicas debido a las constantes tensiones que parecen tener un carácter político con el Gobierno Nacional, y ha desestimado las serias acusaciones que han hecho contra “La Cordillera” y sus presuntos miembros, mientras esta se posiciona como una problemática compleja para la seguridad de la ciudad y su área metropolitana, y que, como se ha visto, puede llegar a tener repercusiones de alcance Nacional. Referencias Álvarez, J. M. (2013) Balas por encargo. Vida y muerte de los sicarios en Colombia. Bogotá: Rey Naranjo Editores “Calzones”, el poderoso aliado de Uribe es un narco para la Fiscalía. (2022, diciembre 17). Revista RAYA. Disponible en https://revistaraya.com/calzones-el-poderoso-aliado-de-uribe-es-un-narco-para-la-fiscalia.html Caso Lucas Villa: las pruebas contra organización criminal La Cordillera. (2022, diciembre 17). El Espectador. https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/lucas-villa-organizacion-criminal-de-pereira-la-cordillera-habria-ordenado-su-asesinato-en-el-viaducto/ Marulanda Gómez, L. F. (2013). ‘La liminalidad de las ‘ollas’: relaciones entre la ilegalidad y la legalidad en el mercado de drogas ilícitas de la ciudad de Pereira’. En: Virajes, Vol. 15, No. 2. Manizales: Universidad de Caldas.

Por: Valeria Torres Parra, Asistente de investigación Línea Paz, Seguridad y DDHH. Foto tomada de: Media Commerce La semana pasada el presidente Gustavo Petro anunció la aprobación del nuevo Plan Anual de Inteligencia ; un instrumento creado por la Ley 1621 de 2013 , en el que se desarrollan los requerimientos y las prioridades establecidas por el Gobierno Nacional en materia de inteligencia y contrainteligencia. Es decir, los medios humanos o técnicos empleados por los organismos especializados del Estado para la protección de los derechos humanos y la prevención y combate de las amenazas externas e internas contra el país. Cabe resaltar que, aunque el documento todavía no es de conocimiento público, se espera que pronto sea publicado, pues ya se hizo el anuncio oficial de su aprobación. Según lo mencionado por el presidente, con este plan se pretende fortalecer las políticas de seguridad nacional en materia de criminalidad, para lo cual comprende aspectos como el incremento de recursos para reforzar el capital humano que se dedica a la protección de la población colombiana y su capacitación en áreas como matemáticas, crisis climática, las nuevas modalidades criminales internacionalizadas y la ciberseguridad; tema en el que el Gobierno ha hecho especial énfasis, y del que demandará mayores resultados. Esto último ha cobrado relevancia sobre todo en días recientes, tras el ataque cibernético en el que se vieron afectadas varias entidades del Estado , después de que la empresa IFX Networks, encargada de suministrarles los servicios de comunicaciones y tecnologías, fuera víctima de un hackeo masivo. Este hecho puso en evidencia la débil capacidad institucional para responder a este tipo de delitos, que representan una amenaza para la seguridad de los ciudadanos y para el Estado en general. Este suceso, además, propició un debate sobre la necesidad de fortalecer entidades, mecanismos y estrategias en materia digital para hacer frente al cibercrimen, pues, aún con la existencia de un marco jurídico y lineamientos de política pública en este campo, se siguen presentando delitos de este tipo. Dentro de los lineamientos jurídicos se identifican documentos como el Conpes 3701 expedido en el año 2011 , cuyo objetivo era fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar las amenazas en el ámbito cibernético; para ello se crearon algunas instituciones como el ColCERT (Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas), el CECIP (Centro Cibernético Policial), y el CCOCI (Comando Conjunto Cibernético). Otros instrumentos jurídicos y de política pública los constituyen, respectivamente, la Ley 1581 de 2012, en la que se establecen disposiciones para la protección de datos personales, al igual que el Conpes 2854 de 2016 sobre la Política Nacional de Seguridad Digital, posteriormente actualizado por el Conpes 3995 de 2020. Una de las razones que podría explicar la poca efectividad de los instrumentos o entidades que atienden la problemática de seguridad digital en el país es el poco presupuesto que se destina en temas de tecnología, comparado con los recursos que invierten otros países de América Latina en esta misma área . Esto convierte al país en un blanco fácil para cometer delitos informáticos, y lo demuestran los reiterados ataques cibernéticos de los que ha sido víctima. De hecho, el diario La República, citando al Foro Económico Mundial, señala que para el año 2022 los delitos cibernéticos en el país incrementaron en un 133% , y para el primer semestre de ese año el país ocupó el tercer lugar dentro de Latinoamérica en recibir más ciberataques . En este punto vale la pena hacer una claridad en cuanto a la definición de conceptos como la ciberseguridad y la ciberdefensa, ya que, aunque ambos guardan relación con los delitos informáticos, el primero alude a la capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo cibernético al que están expuestos los ciudadanos en áreas como transacciones financieras, protección a la información y propiedad intelectual; mientras que el segundo se orienta a prevenir y contrarrestar cualquier incidente o amenaza cibernética que afecte la soberanía nacional, como el uso de internet con fines terroristas, actos de espionaje y guerra cibernética (Cortés, 2015). En ambos casos el número de delitos ha incrementado. Entre los años 2021 y 2022 entidades como el DANE, la Aeronáutica Civil, y EPM fueron blanco de hackeos que afectaron su funcionamiento y, por tanto, la prestación de sus servicios. De igual manera, en este periodo de tiempo se produjo un incremento en el número de denuncias por parte de los ciudadanos por delitos o estafas cibernéticas , pasando de aproximadamente 11.200 casos en el primer año a 54.000 en el segundo. Uno de los factores que incidió en este hecho fue la pandemia del Covid-19, en tanto que el confinamiento condujo, de manera abrupta, a la migración a canales digitales, ocasionando que la ciudadanía estuviera más propensa a sufrir ataques cibernéticos. Ahora bien, los esfuerzos del Gobierno por incluir la esfera digital dentro de los asuntos de seguridad responden, por un lado, a la necesidad de modernizar y actualizar los mecanismos de protección del país, y, por otro lado, al fortalecimiento de su capacidad para combatir las nuevas multinacionales del crimen, quienes han evolucionado a niveles de criminalidad cada vez más difíciles de rastrear. Lo anterior, se enmarca entonces en lo planteado por la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana, con la que se pretende darle un giro al concepto tradicional de seguridad para darle paso a un nuevo enfoque holístico e integrador, basado en la seguridad humana, cuyo fundamento máximo es la protección de la vida y su plena realización. Una de las grandes apuestas para aterrizar dichos esfuerzos quedó plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el Gobierno, puntualmente en el artículo 113, donde se planteó la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Digital para que el país se actualizara en materia cibernética. Debido a que el Congreso no aprobó dicho Plan tal y como estaba, muchos artículos fueron modificados y otros eliminados, entre ellos, el que contemplaba la materialización de esta agencia. No obstante, el presidente y su gabinete han seguido insistiendo en ella, ante la reticencia de algunos congresistas, principalmente de la oposición, quienes señalan que dicha entidad, al estar planteada como un órgano adscrito a la presidencia, representa más bien una amenaza para la seguridad de las personas. En cualquier caso, la inclusión de estos temas en políticas y planes como el recién aprobado Plan de Inteligencia permite un mayor campo de acción para hacer frente a las amenazas y delitos informáticos, que se constituyen hoy en día como uno de los principales retos para el país en materia digital. Sin embargo, no deja de ser importante contar con una estrategia nacional y unificada que articule a todas las entidades del Estado, para que trabajen de manera armónica y coordinada en la lucha contra el cibercrimen. Además, esto también sería un paso importante para avanzar en la materialización del enfoque de seguridad humana al que le apunta el Gobierno. Lo cierto es que el mundo de hoy, cada día más interconectado y avanzando a pasos agigantados -sobre todo en el desarrollo tecnológico-, supone un gran número de retos y desafíos que requieren la transformación de los Estados para que estén en la capacidad de responder a ellos de una manera integral, que garantice la protección de todos los miembros de su territorio. Este tipo de estrategias están orientadas a dar respuestas a estos nuevos desafíos. Referencias Cortés Borrero, R. (Diciembre, 2015). Estado actual de la política pública de ciberseguridad y ciberdefensa en Colombia. Revista de Derecho, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías, 14. Universidad de los Andes (Colombia).

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: Alcaldía de bogotá Más de 150 jóvenes universitarios y bachilleres de diversas regiones del país se reunieron en Bogotá para participar en el diseño del Plan Nacional de Participación en el marco del proceso de paz entre el Gobierno nacional y el ELN, en un evento que reunió a jóvenes procedentes de diversas regiones, incluyendo las afectadas por la guerra, así como estudiantes de distintos niveles académicos. El objetivo: definir una metodología para convocar a la sociedad civil a sumarse a la construcción de la paz. Este evento contó con el apoyo del Comité Nacional de Participación (CNP), una instancia que ha sido fundamental para desarrollar encuentros nacionales y sectoriales destinados a recoger propuestas sobre cómo involucrar a diversas poblaciones en la construcción de la paz. El evento comenzó con la construcción de un mandala en homenaje a los líderes y lideresas estudiantiles afectadas por el conflicto, acompañado de expresiones culturales que buscaban fomentar un espacio de diálogo y un entorno seguro. Además, se prestó especial atención al apoyo psicosocial y emocional para los jóvenes asistentes, reconociendo la necesidad de brindar un espacio seguro y de contención emocional. El Encuentro Nacional de Estudiantes se llevó a cabo el 01 de noviembre con la presencia de destacadas personalidades, incluyendo el senador Iván Cepeda, delegado del Gobierno Nacional en la mesa de diálogos, y Aureliano Carbonell por parte de la delegación del ELN, quienes dieron la bienvenida a los representantes estudiantiles. También se contó con la participación de representantes de la Iglesia, instituciones acompañantes permanentes y delegados de las Naciones Unidas. Este evento brindó a los jóvenes la oportunidad de aportar con sus visiones y propuestas de cómo desean ser reflejados en el proceso de construcción de la paz. Sus experiencias y recomendaciones fueron fundamentales en el diseño de la metodología que se seguirá para la participación de la sociedad civil en el proceso de paz con el ELN. La primera fase de este proceso está programada para extenderse hasta febrero de 2024, momento en el cual se entregará un modelo de participación, el Plan Nacional de Participación, y sugerencias que serán presentadas en la Mesa de Diálogos de Paz. Cabe destacar que este evento no es el primero de su tipo en el marco de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN. Hasta la fecha se han desarrollado cinco encuentros con el acompañamiento del Comité Nacional de Participación, abarcando una amplia gama de sectores de la sociedad. Estos encuentros han permitido la articulación de diversas organizaciones a nivel nacional en busca de la paz. Finalmente, este fin de semana, entre hoy 03 de noviembre y el 05 de noviembre, se llevarán a cabo encuentros con campesinos y trabajadores formales e informales, continuando así el esfuerzo por involucrar a todos los sectores de la sociedad en la construcción de la paz en Colombia. Según Camila Fernández, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), los recientes acontecimientos han demostrado que el proceso de diseño de una metodología o mecanismo de participación, liderado por la mesa de diálogos encabezada por el Comité Nacional de Participación, ya está en marcha. Este paso es crucial para determinar cómo la sociedad civil podrá contribuir a la construcción del Acuerdo Nacional promovido tanto por el ELN como por el Gobierno Nacional. El Encuentro Nacional de Estudiantes y jóvenes que se llevó a cabo refleja los esfuerzos por incorporar perspectivas juveniles y dar voz a los jóvenes que han experimentado impactos específicos a causa del conflicto armado, como el reclutamiento y las limitadas oportunidades en sus trayectorias de vida, especialmente en las comunidades urbanas y populares. La apertura de un espacio donde la voz de los jóvenes tenga un papel destacado es un aspecto positivo en el proceso de paz actual y debería extenderse a más instancias que no se limiten a un solo encuentro. Para Fernández, estas oportunidades de participación juvenil deben abarcar todo el país y llevarse a cabo de manera regular para consolidar propuestas concretas que impulsen el proceso de paz y promuevan una participación más amplia de la juventud. Será interesante observar cómo todas estas voces que se han sumado al proceso de participación del ELN pueden contribuir a la consolidación de este modelo de participación en los próximos meses.

Por: Alejandra Téllez, Asistente de Investigación Línea Paz, Seguridad y DDHH. Foto tomada de: Noticias RCN y Facebook: Policía Nacional El pasado 29 de octubre se realizaron las elecciones regionales en las que la ciudadanía escogió el próximo proyecto político que encabezará las alcaldías municipales. Las tres ciudades principales que tuvieron una gran brecha entre el primer y segundo lugar en las alcaldías fueron Medellín, Barranquilla y Bogotá. Los tres nuevos alcaldes electos de estas ciudades representan la voluntad de una gran mayoría frente al cumplimiento de su plan de gobierno. Nuestra pregunta es, con estos nuevos gobiernos, ¿hacia dónde va la seguridad en las ciudades? Con el fin de hacer un análisis más profundo hablamos con Jorge Mantilla, politólogo con doctorado en criminología, derecho y justicia e investigador en crimen organizado. Bogotá El panorama de inseguridad en la capital no es alentador. De enero a septiembre, el hurto a personas ha aumentado un 17,6% con respecto al año anterior, presentándose 16.478 casos más. Además, los homicidios han aumentado un 6,2% y el secuestro un 71,4%, según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional. Al mismo tiempo, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios , se han presentado en la capital 46 casos de feminicidio en lo que va del año. Añadiendo a lo anterior, la Defensoría del Pueblo ha emitido diferentes alertas frente al impacto negativo en Bogotá de actores armados no estatales del conflicto armado, como las AGC, ELN y disidencias de las FARC, también grupos criminales locales como “Los Paisas” o “Los Boyacos”, y por último actores de crimen transnacional como lo es el “Tren de Aragua”. Galán en su plan de gobierno tiene tres propuestas clave con las cuales pretende enfrentar la inseguridad en Bogotá. La primera de ellas es “Presencia institucional permanente y control territorial”, en la que se plantea realizar consejos de seguridad semanales en las zonas con mayor concentración de delitos, percepción de inseguridad y vulneración de derechos para las minorías. La existencia de un consejo de seguridad permitirá, por un lado, la evaluación constante de procesos en pro de la seguridad, identificando fortalezas y aspectos a mejorar en la consecución de las estrategias de seguridad. En concordancia con lo anterior, permitiría el seguimiento al cumplimiento de las alcaldías locales y las secretarias de apoyo frente a las metas de seguridad en sectores con altos problemas de seguridad y convivencia ciudadana. Jorge Mantilla expresa que hay dos desafíos importantes frente a esta propuesta, el primero de ellos es que pierda su relevancia, pues en gobiernos anteriores en los cuales se ha implantado esta estrategia la corta periodicidad limita la aplicación, implementación y evaluación, por lo que al final el consejo de seguridad termina siendo asistido por delegados y no por quienes se supone deben asistir. En segundo lugar, está el riesgo de que al ser semanales se convierta en consejos de análisis de noticias que se enfoque en saber los acontecimientos de la semana más no en cuestiones resolutivas. Por otro lado, el nuevo alcalde de Bogotá propone “tecnología para la seguridad”, implementará cámaras de reconocimiento facial en lugares estratégicos de la ciudad para fortalecer las labores de vigilancia, acompañado de la priorización de herramientas analíticas de datos para la investigación criminal predictiva. Esta herramienta lograría ser bastante útil y eficaz a la hora de identificar a quienes comenten los crímenes en la ciudad. Sin embargo, para su funcionamiento es necesario la existencia de una base de datos biométrica por parte de la Registraduría para lograr hacer un reconocimiento. Según Jorge Mantilla la evidencia internacional ha demostrado que las cámaras tienen impacto frente al control del delito, mas no en la prevención. Pues su funcionalidad está en la identificación de sospechosos o presuntos delincuentes. Todo lo anterior debe ir articulado con un modelo robusto y amplio frente a la prevención del delito que permita disminuir la inseguridad en la capital. El tercer punto es un nuevo modelo de aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana diseñado por localidad que tiene como objetivo la creación de un sistema propio frente a la aplicación del código para así descongestionar y resolver la falta de cobro de multas. Jorge Mantilla explica que más que diseñar un modelo por localidad, lo que va a existir es un modelo de gestión de contravenciones a nivel distrital que se aplique con altos grados de autonomía por parte de las alcaldías locales. Lo que permitirá reconocer las necesidades de cada sector como los son puntos calientes de conflictividad o localidades con aglomeraciones por conciertos y espectáculos. Para esto es necesario el fortalecimiento de gestores de convivencia que ayuden en la tarea de los inspectores. Galán también propone en este punto un aumento de inspectores de policía, reconociendo que una de las dificultades que tiene la policía es que son encargados de cumplir varias funciones a la vez, por lo que aumentar los inspectores y ponerles a estas labores en pro de mantener el orden o evitar conflictos ciudadanos le permitiría disminuir tareas a la policía para que estos puedan dedicarse con mayor intensidad en la lucha contra el crimen organizado o delitos de alto impacto. Barranquilla Barranquilla enfrenta distintas problemáticas en lo que se refiere a la seguridad. Frente a la extorsión, para el primer semestre del 2022, se registraron 69 casos, mientras que para el mismo periodo en 2023 hay 362 denuncias, teniendo un aumento significativo del 424%. Al mismo tiempo, el hurto a comercios ha aumentado un 14% presentándose 33 casos más con respecto al primer semestre del año anterior. Cabe recordar que en Barranquilla tienen presencia diversos actores delincuenciales que se disputan el control territorial y de rentas criminales, que trae como consecuencia escenarios violentos e inseguros. Cada día muchos barrios de la ciudad después de cierto horario se están convirtiendo en ‘sectores fantasmas’, es decir, la comunidad encerrada, atemorizada y las calles solas . Álex Char, en su plan de gobierno, propone crear una Secretaría Distrital de Seguridad y un Observatorio de Delincuencia Circunstancial. Jorge Mantilla expresa que una Secretaría de Seguridad sería fundamental para la ciudad, pues Barranquilla está atravesando por un fenómeno de extorsión exacerbado, por lo que sería importante contar con esas capacidades institucionales que puedan apalancar recursos que sirvan para implementar estrategias más sólidas para la prevención y control del delito, además está atravesada también por los impactos urbanos de la Paz Total y de las confrontaciones que se adelantan entre las las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o Los Pachencas y el Clan del Golfo en toda la Costa Caribe. En el mismo sentido, es necesario que dicha Secretaría sea de Seguridad, Convivencia y Justicia, para así poder solventar tres fenómenos diferenciados. Por otro lado, que esta Secretaría esté acompañada de la creación de un Observatorio de Delincuencia Circunstancial resulta bastante importante, pues, la investigación es un punto fundamental a la hora de realizar política pública, ya que se desarrolla basado en la evidencia y reconociendo qué, dónde, a quién, cómo y cuándo sucede. Para Mantilla es crucial que este observatorio tenga también características de un centro de información y análisis del delito con capacidad de brindar técnicas de evaluación de impacto para así tomar mejores decisiones. Igualmente, el Observatorio junto a la Secretaría permitirían recopilar, centralizar y coordinar información sobre seguridad y así tener mejor control sobre lo que pasa en la ciudad. Otra de las propuestas del nuevo alcalde de Barranquilla es que la Policía y la Fiscalía trabajen de la mano para poner en marcha una estrategia que permita hacer más ágil la judicialización de aquellos que comentan hurtos violentos, esto acompañado del diseño de intervenciones en torno al control del delito y la persecución penal. Esta propuesta contribuiría a mejorar de forma positiva la percepción de inseguridad, pues esto está relacionado con la impunidad y con cómo los ciudadanos se dan cuenta que muchos capturados terminen en libertad. De igual forma, agilizar la judicialización es un paso primordial para contrarrestar fenómenos de delincuencia organizada. Jorge Mantilla manifiesta que resultara crucial la forma en la que Álex Char logre articular esta propuesta a nivel nacional con el Sistema de Lucha Contra el Multicrimen, creado por la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana del Presidente Petro, y con la nueva política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales. Sobre todo en un contexto como el de Barranquilla, donde muchas de estas organizaciones son sucesoras del paramilitarismo. De igual forma, articular el trabajo de la Fiscalía y la Policía resulta bastante útil frente a la investigación criminal, agilizar procesos de inteligencia y anticiparse a fenómenos de delincuencia organizada. Por último, Álex Char pretende fortalecer las capacidades institucionales, aumentando el número de inspecciones de policía, dos de ellas con funcionamiento de 24 horas, acompañado de una modernización del centro de traslado por protección (CDP) para prestar servicios relacionados con la gestión de comparendos. Por un lado, Jorge Mantilla manifiesta que el funcionamiento de inspecciones de policía que sean 24 horas es fundamental para las ciudades, pues muchos conflictos ocurren en la noche. Esto también permitiría tener una aplicación de la justicia y la autoridad mucho más ágil, más cercana al ciudadano, que en últimas termina descongestionando la labor de la Policía. Igualmente, los inspectores de policía tienen funciones subsidiarias en las que brindan apoyo a Comisarías de Familia, permitiendo más agilidad en flagelos como la violencia intrafamiliar. Por otro lado dice Mantilla que el centro de traslado y protección termina siendo clave no solo para agilizar los comparendos, sino también para garantizar que los procedimientos sean más ágiles y a su vez que no haya personas detenidas más allá del tiempo legalmente permitido. Medellín En Medellín en cuanto al hurto en general de enero a septiembre del presente año se han presentado 30.543 casos teniendo un aumento del 7% con respecto al año anterior. Sin embargo, es el hurto a personas el que más ha aumentado, pues para el 2022 en este periodo se habrían registrado 2.220 casos menos, teniendo un aumento de 11% en el delito. Al mismo tiempo, la extorsión ha aumentado de forma alarmante en Medellín, pues entre enero y septiembre del 2022 se presentaron 297 casos, mientras que este año en el mismo periodo se han reportado 568 víctimas teniendo un aumento del 91%. Federico Gutiérrez busca aumentar la seguridad en Medellín, por esto propone una fuerza especializada contra la extorsión, desde la cual se crearían burbujas especiales de investigación que estén enfocadas en priorizar la identificación y publicación de las estructuras criminales que deben ser perseguidas por extorsión. Lo anterior acompañado de una ruta para la recepción de denuncias anónimas, colectivas e individuales, facilitando su persecución y evitando riesgos para quien denuncie. En primera medida, frente a esta propuesta, es importante aclarar que un alcalde no tiene la competencia para crear una fuerza especializada de la policía. De igual forma, esta figura ya existe, pues el Gaula es una fuerza especializada contra la extorsión y el secuestro. Sin embargo, lo que sí puede hacer el nuevo alcalde de Medellín es reforzar el Gaula a través del incremento del número de unidades disponibles o herramientas informáticas para prevenir y contener el delito. Por otro lado, fortalecer la denuncia permite a los ciudadanos alertar a la policía sin que esto represente un riesgo para su vida, generando también una mejor articulación entre los ciudadanos y la Policía, además intenta superar el subregistro de casos. Frente a la metodología de burbujas de investigación, Jorge Mantilla expresa que esta es una tecnología simple con bastante éxito, según el resultado de cuando fueron implementadas en el gobierno de Santos bajo el nombre de burbujas regionales, cuando la razón de ser de estas burbujas era cruzar la información, ya que muchas veces las investigaciones están de manera paralela en entidades investigadoras judiciales. Principalmente en Medellín esta propuesta suena como buena idea por el hecho de que existen estructuras delincuenciales en la ciudad con capacidad de transitar de un mercado a otro, como del microtráfico a la extorsión. Bajo la misma lógica, el nuevo alcalde de Medellín propone el uso de la tecnología para la seguridad enfocado en distintas acciones, la primera de ellas es más cámaras de seguridad y realizará alianzas con cámaras de sistemas privados. En segundo lugar, se implementará un sistema de alarmas comunitarias conectadas al 123, en zonas de alto riesgo delictivo. Y por último, se propone implementar en zonas comerciales un modelo de botones de reacción contra el hurto y la extorsión. Mantilla manifiesta que diferentes sistemas de alarmas comunitarias que se han realizado no han arrojado resultados alentadores, ya que en últimas la reacción de la policía depende en mayor medida de la disponibilidad y la disposición que del aviso de la comunidad. Por otro lado, la integración de cámaras sería bastante conveniente, sobre todo para reducir los niveles de impunidad, para agilizar los procesos de investigación y judicialización. Por último, se plantea construir un complejo metropolitano de seguridad ciudadana, en el cual se realizará la integración definitiva de todos los subsistemas de seguridad del distrito y del área metropolitana. Por lo que contará con un Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia. Esto podría traer múltiples beneficios en cuestiones de seguridad, pues existiría una coordinación eficiente, más rápida y efectiva entre los entes encargados de la seguridad y la justicia. Por otro lado, la integración de la inteligencia y la ciberseguridad en el sistema brinda a los operadores una visión más completa de la situación, lo que facilita la toma de decisiones informadas y estratégicas. Para concluir, resulta evidente que estas tres ciudades buscarán implementar un modelo del aumento de la seguridad enfocado en el incremento del pie de fuerza y las capacidades tecnológicas. Por lo anterior las acciones de la Policía estarán enfocadas a una predisposición del uso de la fuerza y lograr implicaciones penales. Su papel sería perseguir a quienes cometen los crímenes, en lugar de encontrar herramientas que prevengan los delitos. Implementar un enfoque reactivo implica atacar las amenazas a la seguridad, mientras que por el otro lado un enfoque preventivo está acompañado de un fortalecimiento de la cooperación ciudadana y la policía, encontrando y transformando aquellas situaciones que llevan a la criminalidad.

Por: Línea Paz, Seguridad y DDHH. fotos tomadas de: Caracol Radio Cali En Cali el alcalde electo Alejandro Eder propone en cuanto a seguridad y convivencia el Plan Cali Segura, que plantea establecer una coordinación de las distintas agencias de seguridad como la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea, con el objetivo de desarticular a estructuras criminales y garantizar la seguridad en zonas estratégicas de la ciudad. Implica aumento de efectivos policiales en las calles. A este respecto menciona que no descarta la opción de militarización de puntos específicos de la ciudad. Otro punto principal en su propuesta de seguridad tiene que ver con la utilización y el mejoramiento de la tecnología para enfrentar la delincuencia, frente a lo que propone crear un sistema de cámaras operativo y moderno, con el apoyo de drones, conectado a un Centro de Comando, Cómputo, Control y Comunicaciones (C4). Por otro lado, asegura que estimulará la creación de frentes de seguridad entre autoridades, ciudadanía, sector privado y cooperación internacional articulados con el sistema de videovigilancia para combatir el hurto y la delincuencia a nivel de los barrios. También se plantea el fortalecimiento de la justicia con estrategias como la ampliación en la capacidad de las inspecciones de Policía y de las Casas de Justicia, la intervención de la infraestructura de justicia para reducir vulnerabilidades, ampliar capacidades y aplicar modelos de justicia restaurativa. Además, solicitar ante el gobierno central el aumento de fiscales especializados. En general, plantea implementar programas y estrategias orientadas a prevenir y controlar las expresiones de inseguridad y violencia urbana en la ciudad. Bucaramanga El programa de seguridad y convivencia propuesto por Jaime Andrés Beltrán, el alcalde electo de Bucaramanga, se basa en varias propuestas. Con el plan ‘Bucaramanga blindada’ pretende solucionar problemáticas ligadas a la migración, por lo que plantea establecer un trabajo concertado con instituciones de migración, control de mercancías, estupefacientes, familia, etc., para ‘blindar’ las fronteras de la ciudad y evitar el ingreso de la inseguridad y la ilegalidad. ‘Bucaramanga 911’ es un plan que busca generar una lucha frontal contra la delincuencia, a través de la creación de redes de información y denuncia, el apoyo de patrullas móviles, herramientas de identificación facial, registro videográfico y escuadrones especiales de apoyo aéreo con drones, entre otros, para aumentar la obtención de pruebas para la judicialización y evitar la impunidad. Otra propuesta que se convirtió en un lema del candidato electo, es ‘seré el primer policía de la ciudad’, que pretende posicionar la figura del alcalde como un líder en materia de seguridad, en donde también se contempla atacar las finanzas y los bienes de bandas criminales dedicadas al hurto, así como la desestimulación de la compra de productos hurtados. El programa ‘Zonas Seguras’ plantea fortalecer la presencia de la autoridad militar y de policía en el espacio público, así como promover la denuncia ciudadana para identificar y caracterizar zonas críticas. También se contempla la construcción de centros de reclusión transitoria para personas no condenadas, con el fin de tratar el hacinamiento, mediante asociaciones público-privadas. Finalmente, a través del programa ‘Casa segura’ plantea establecer lugares de resguardo para las mujeres, niños, niñas y adultos víctimas de violencia intrafamiliar, así como promover la identificación y caracterización de las víctimas y los barrios y comunas con altos índices de esta violencia, con el fin de avanzar en acompañamiento cívico, detección y atención temprana. Cúcuta Para tratar las problemáticas de seguridad y convivencia en Cúcuta, el alcalde electo Jorge Enrique Acevedo Peñaloza priorizará un aumento del número de cámaras de vigilancia, especialmente en las zonas críticas, estableciendo un circuito de videovigilancia permanente en conjunto con la Policía Nacional. También propone crear y fortalecer redes vecinales de seguridad, donde estén vinculados los líderes sociales, los líderes comunales y las reservas activas, así como sistemas de alarmas comunitarias, las cuales serán coordinadas por la Alcaldía de Cúcuta con ayuda de la Policía. Otra acción priorizada será la limpieza y recuperación del espacio público, especialmente parques, calles, zonas comunes y caños, con ayuda de las Juntas de Acción Comunal, así como al mejoramiento del alumbrado público. En cuanto a la labor de la Policía Nacional, propone fortalecer su capacidad operativa, así como su relacionamiento con la sociedad, con el fin de mejorar la confianza en la institución, para lo cual se movilizarán recursos para invertir en dotación e infraestructura. También, generar acciones de patrullaje y vigilancia conjunta entre el Ejército Nacional, a través de la Policía Militar, y la Policía Nacional, con el fin de neutralizar las estructuras delincuenciales que operan en zonas críticas de la ciudad. Esto permitirá aumentar el pie de fuerza, y fortalecer los trabajos de inteligencia y contrainteligencia para desarticular las estructuras delincuenciales, así como los focos de corrupción existentes en la Policía. Finalmente, propone crear un plan de recompensas para contribuir a la captura de los principales cabecillas de organizaciones delincuenciales, así como la captura de personas que cometieron delitos como feminicidios o violación.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: El Espectador El sábado 10 de febrero quedó claro en Tuluá el poder de la banda sicarial La Inmaculada. Imágenes de guerra quedaron en la retina del país esa noche. Siete taxis, dos carros particulares quemados, dos ataques a agentes de tránsito y un supermercado puesto en llamas fue un balance terrorífico para una ciudad sitiada por la violencia. El origen de la asonada fue la detención el pasado 9 de febrero de Mauricio Marín Silva, alias Nacho, capturado un día antes, el 9 de febrero. Nacho, era el segundo de la banda, enfocado en la extorsión de comerciantes en esa ciudad desde el año 2021. Así como en Barranquilla y la Costa Atlántica deben soportar el acoso de los Rastrojos Costeños, buena parte del comercio de Tuluá son azotados económicamente por La Inmaculada. La primera vez que escuchamos hablar sobre La Inmaculada fue en el 2015. Ese año Faustino Asprilla, el famoso ex futbolista, denunció públicamente a alias Pipe y alias Porrón, dos de sus líderes, de haber ido hasta su casa y pedirle dinero a cambio de respetarle la vida a él y a sus familiares. Desde entonces las autoridades empezaron a indagar sobre la banda. Descubrieron que otros dos elementos, conocidos por los alias de Oscar y Quiceno, cobraban entre $100 y $300 millones de pesos a contratistas de la alcaldía de Tuluá para poder hacer su trabaio.  El actual alcalde de esta ciudad, Gustavo AdolfoVélez, también estaba amenazado por la banda. Parte de la molestia de La Inmaculada con el mandatario es que, según fuentes cercanas a la oficina de Pares Pacífico “ellos manejaban tres secretarías en la administración pasada, entre ellos la de Tránsito”. Ésta sería una secretaría muy útil para ellos porque desde allí “ejercían vigilancia y control permanente a las movidas de la ciudad”. Otras de las secretarías que estarían bajo control serían Planeación y Hacienda. “En Hacienda obtenían la información de los propietarios de casas, fincas, lotes, etc, además de los comerciantes que movían más plata”. Uno a uno los golpes contra La Inmaculada se fueron sucediendo. En noviembre del 2023 cayeron “Oscar” y “Quiceno” tras varios meses de seguimiento. Pero el golpe que sacudió a la ciudad fue la reciente captura de Nacho. Él es hermano de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, quien, según El Espectador “se encuentra en la cárcel por los delitos de homicidio y concierto para delinquir”.  Nacho era buscado desde el año 2019. Incluso fue detenido pero dejado en libertad en diciembre del 2022. La captura de este delincuente se dio en torno a la estrategia “90 días contra el homicidio” desarrollado por la policía. La del pasado sábado no es la primera noche en donde Nacho ordenó la quema de vehículos. En marzo del 2023 La Inmaculada incineró un taxi, un furgón y varios carros partilares. El horror desatado el 10 de febrero venía acompañado de un panfleto que decía: “a partir del día de hoy tomaremos represalias por la trampa que hizo el Gobierno con nuestros líderes, los cuales piden sean escuchados y en un buen gesto de paz se les hizo entrega del mortero para mostrar la disposición que se tiene para llegar a fin con toda la problemática y llevar una tranquilidad en paz". La violencia en Tuluá no es cosa de ayer. En el año 2021, en artículo publicado por la oficina de Pares Pacífico llamado El crimen organizado se toma el Valle del Cauca, hacía referencia a la oleada de masacres que teñían de rojo municipios como Cartago y Tuluá. La violencia en el Valle tuvo su origen en el 2018 cuando viejos capos del narcotráfico de inicios de siglo cumplieron sus condenas en los Estados Unidos y retornaron al país, algunos de ellos, con la intención de retomar el control criminal en el departamento. No obstante, se encontraron con un férreo obstáculo: los ‘baby narcos’, herederos de las grandes estructuras del narcotráfico que hoy controlan bandas y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) en las ciudades”. Esto desencadenó una guerra que aún continúa. Los esfuerzos del gobierno de Gustavo Petro para sentar en la mesa a dos de las bandas que más terror causaban en el puerto de Buenaventura, Los Shottas y los Espartanos, han hecho que las cifras de violencia hayan bajado el año pasado. En Tuluá, en el 2021, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes llegó a ser de 57.26. La Inmaculada arrancó siendo el brazo armado de los Rastrojos y los Comba. A la hora de enfrentarse a sus enemigos territoriales, grupos como La Cruz, La Canosa y Los Séptimo, pueden llegar a ser implacables como la noche en la que ordenaron quemar a 56 reclusos en la cárcel de Tulua que pertenecían a la banda Los Caleños. Su pecado fue vender droga dentro de la Cárcel sin permiso de La Inmaculada. Según Dennis Harley Huffington, de la oficina de Paz y Reconciliación Pacífico, su principal ingreso no es el microtráfico sino las extorsiones: “Instauraron lo que las autoridades han denominado el ‘cartel del huevo’, que consisten en extorsionar a finqueros, grandes comerciantes y empresas avícolas de la zona, quienes deben pagar una renta por la producción, distribución y comercialización de este producto, lo que ha llevado a un costo exagerado del huevo, llegando a costar hasta $20.000 pesos el panal”. Además se han fijado en los vendedores de cebolla larga, cilantro y tubérculos. En Tuluá impera la ley del silencio. Por eso el país se aterró ante las imágenes dantescas del pasado sábado 10 de febrero pero en la ciudad todos saben quien manda. Pero esto probablemente cambiará en las próximas semanas debido a la visibilidad que ya tiene el flagelo de la extorsión en el Valle del Cauca. La Fundación Paz y Reconciliación, a través de su línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana, hará aún más visible el problema con la próxima entrega de su informe sobre Extorsión.

Por: Redacción Pares Bandas como Los Rastrojos costeños hace varios años se financian no con la droga ni los atracos sino directamente con la extorsión a comerciantes del área metropolitana de Barranquilla. Si se tiene una panadería o una tienda cualquiera en la capital del Atlántico es exponerse a que un día cualquiera aparezca un hombre, con un casco en la cabeza, pidiéndole una mensualidad a cambio de mantenerlo con vida. Los Rastrojos Costeños son los que mandan. Aparecieron con toda su fuerza en el 2013 cuando ordenaron durante 24 horas cerrar los establecimientos públicos para hacerse sentir. Ese año mataron a conductores de buses y taxis para demostrarle a sus dueños cómo iba la mano si no cedían a sus extorsiones. La Fundación Paz y Reconciliación ha investigado de cerca este fenómeno y ha identificado a los cabecillas que se lucran con él. En los próximos días lanzará un informe minucioso en donde se abordará el tema desde la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana. El 4 de abril del 2023 Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, fue capturado en Cúcuta y trasladado inmediatamente a la Cárcel de Palmira. A sus 43 años ya había pasada largas temporadas en prisiones como La Picota en Bogotá, la cárcel Doña Juana en La Dorada, e intentaba afincarse al otro lado de la frontera para escapar del brazo de la justicia. Su historial era extenso. Había ayudado a crear en el 2012 la banda Los Costeños, un remanente de los Rastrojos. Los Rastrojos Costeños es una división de los Rastrojos Vallunos, creados en el 2002 por Wilber Varela, alias Jabón, uno de los líderes del cartel del Norte del Valle. Él le dio la responsabilidad de armar y formar a esos hombres a Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo. Tenía como fin cuidar las rutas y los laboratorios de coca del capo. Intentaron desmovilizarse como Autodefensa pero el gobierno Uribe en el 2006 los bajó de ese bus. “Jabón” poco a poco fue perdiendo poder en este grupo. Terminaría asesinado por dos de sus hombres, Javier Antonio Calle Serna alias “Comba” y el propio Diego Rastrojo. Se fueron expandiendo hasta la frontera con Venezuela, Nariño y La Guajira. Bastaron unos años para que ellos, según Insight Crime, operaran en un tercio de los 32 departamentos de Colombia y contaran con 1.500 hombres. Entre los delitos de “Castor” o de “Dientes” como lo llamaban, estaba el de instrumentalizar a niños para cobrar extorsiones a transportadores y comerciantes informantes, traficar drogas y armas. Además, según la Fiscalía, era un asesino consumado. Tres crímenes pesaban sobre él. Uno había ocurrido en el 2018 y fue el desmembramiento de un integrante de los Costeños, acaso una retaliación, en donde incluso usaron una casa en Galapa Atlántico para picar y abandonar el cuerpo. El 18 de abril del 2019 habría dispuesto de un grupo de sicarios para efectuar un ataque armado en el barrio Villa María en Soledad. Su traslado a una cárcel, en donde está hace un año, no habría atajado sus crímenes. Díaz Collazos continuaría extorsionando a comerciantes desde la cárcel de Barranquilla. Él es considerado un cabecilla mayor dentro de la banda de Los Costeños. Sin embargo, el más temido de todos es Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, mejor conocido como el Negro Ober. Su nombre ha estado en el ojo de la opinión pública después de que en el 2023 amenazara con asesinar a los comerciantes de Barranquilla a través de un video hecho desde el lugar donde estaba recluido. Era una retaliación a la detención de su pareja sentimental por parte de la policía. Esto provocó un escándalo en el que se ordenó su traslado a la cárcel El Barne en Cómbita. El actual presidente del Senado, Iván Name, fue asociado a la banda Los Rastrojos Costeños después de que otro de sus miembros confesara que le habrían dado apoyo para llegar al Congreso a él y a su primo José David Name. Se trata de Juan Manuel Borré Barreto, alias Pistón. En el año 2015 a él y a su hermano Brayan Eduardo le imputaron 145 delitos. Pistón hizo parte del Bloque Córdoba de las AUC. Se desmovilizó en el 2008 y desde entonces ha pasado por varios grupos hasta formar parte de los Rastrojos Costeños en el 2013 a pesar de estar preso. Un año después en una declaración libre afirmó, sobre los primos Name , “pusimos a que la gente votara por ellos”. Borré Barreto permanece en la cárcel La Picaleña de Ibagué. En el año 2023 se comprobó que de desde ese lugar sigue extorsionando comerciantes después de que se descubriera una grabación intimidando a uno del área metropolitana de Barranquilla. En ellos el cabecilla de los Rastrojos Costeños le va diciendo a su víctima: “Buenos días, te voy a hablar a calzón pelado, te habla Borré mi hermano, vea, ahí me hiciste que me capturaran los pelaos, también me mandaste un recibo falso, ahí no refleja nada mi hermano, te estoy buscando…” Señalado como uno de los mayores despojadores de tierras en Atlántico y Córdoba, Omar Alexander Ladino Vargas, conocido como Portafolio, fue puesto tras las rejas en diciembre del 2023. Para quedarse con tierras tenía un equipo de abogados expertos en procesos de pertenencia y posesión. Además se acompañaba de grupos armados que terminaban la misión de dejar sin tierras a los campesinos. Alias Portafolio está involucrado en el despojo de la Finca Aroyo León en Puerto Colombia, Atlántico, y de la hacienda El Altillo en Baranoa, también Atlántico. Además es sindicado de participar en actividades derivadas de la extorsión. La lista que ha identificado PARES que siguen extorsionando desde las cárceles es Carlos Alberto Ortiz Blanco, alias “cachetes”, quien se ha centrado en la extorsión a gasolineras de Barranquilla, William Stiven Oyaga Campo, Sebastian Adrian Perez, ambos recluidos en la cárcel de El Bosque. A toda esta lista que siguen detenidos se suman Tio Guillo, quien fue puesto en libertad en el 2020, Mayra Alejandra Vera Duarte, conocida como La Mona, quien se encuentra libre, al igual que Roberto Carlos Vega Daza. En el informe de la Fundación que se publicará en los próximos días se verá que de poco o nada sirve que los miembros de esta organización criminal estén tras las rejas. Con un celular basta para que sigan extorsionando. Las cárceles del Atlántico se han convertido en centros dinamizadores de extorsión