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Por: Katerin Erazo Fotos tomadas de: El Nuevo Siglo Ante la creciente ola de robos y atracos que han sacudido a la capital colombiana en las últimas semanas, el concejal Oscar Ramírez Vahos elevó una propuesta controvertida: militarizar las calles de Bogotá con la intervención de la Policía Militar. Esta medida, según Ramírez Vahos, es crucial para contrarrestar las acciones delictivas y devolver la seguridad a los ciudadanos de la ciudad. El concejal Ramírez Vahos argumentó que la situación de inseguridad en Bogotá ha alcanzado niveles alarmantes, con un aumento significativo en delitos como el hurto a personas y los asaltos masivos en establecimientos comerciales. En declaraciones recientes a medios locales, el cabildante enfatizó la necesidad de tomar medidas drásticas para enfrentar esta problemática. "En el marco del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, resulta imperativo que el alcalde Galán solicite al presidente la intervención y asistencia de la Policía Militar para que haga presencia y brinde el acompañamiento necesario para garantizar acciones contundentes que logren recuperar la seguridad en Bogotá", expresó Ramírez Vahos. El cabildante hizo referencia a una encuesta realizada en la que ocho de cada diez personas se mostraron a favor de la militarización de la ciudad. Además, señaló cifras preocupantes sobre el aumento de delitos como la extorsión, el hurto a personas, que calcula un 8% más de casos y los homicidios con un 5%, lo que refleja una situación de inseguridad real y no solo una percepción. Sin embargo, datos proporcionados por la Alcaldía de Bogotá, indican una reducción en el número de casos delictivos para el mes de enero. Según el informe presentado por el alcalde Carlos Fernando Galán el pasado 2 de febrero, los datos sugieren una tendencia alentadora en cuanto a la disminución de varios delitos en Bogotá durante el mes de enero. Con respecto al mismo período del año anterior, se registró una notable reducción del 23% en los casos de homicidio, un descenso del 20% en los incidentes de hurto a personas y una marcada disminución del 31% en los robos de teléfonos celulares. Sin embargo, el indicador más destacado fue el delito de hurto a establecimientos comerciales, el cual experimentó una significativa caída del 65% en comparación con el año anterior. En contraste, las últimas semanas han sido testigos de una preocupante serie de asaltos masivos en establecimientos gastronómicos de la capital. En un lapso corto de tiempo, se han denunciado al menos tres incidentes significativos. El primero de ellos tuvo lugar en la reconocida panadería Masa, donde tanto clientes como empleados fueron sorprendidos por la irrupción de delincuentes que perpetraron el robo. Posteriormente, otro incidente similar ocurrió en un popular local de hamburguesas ubicado en Usaquén, conocido como Pecado Capital, donde comensales fueron víctimas de la misma modalidad delictiva. Además, se reportó un hurto en una cervecería del sector de Corferias, identificada como BBC, donde individuos armados ingresaron al establecimiento y llevaron a cabo un atraco de magnitud. Por esta razón, el concejal destacó que la presencia de la Policía Militar en las calles no solo contribuirá a disuadir a los delincuentes, sino que también mejorará la percepción de seguridad entre los ciudadanos, quienes actualmente se sienten vulnerables incluso en lugares públicos. Según Isaac Morales, coordinador de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), la militarización siempre ha sido considerada como la opción más inmediata y popular. Esto se debe a que muchas personas tienden a percibir que brinda una mayor seguridad al ver a militares y policías en las calles. Sin embargo, en realidad, no constituye una solución efectiva para abordar los problemas subyacentes. Morales enfatiza que militarizar no es una solución ideal para enfrentar fenómenos de este tipo, ya que requieren enfoques diferentes. Morales señaló que la situación ha sido similar en los últimos tiempos, aunque quizás haya empeorado ligeramente, pero no de manera significativa. Las situaciones de inseguridad en la ciudad siempre han sido complejas y persistentes. No obstante, existen causas estructurales más profundas que contribuyen a la expansión de la delincuencia, como las condiciones de vulnerabilidad, la pobreza y el traslado del conflicto del ámbito rural al urbano. Esto ha generado nuevas configuraciones de grupos delincuenciales que buscan controlar territorios y actividades económicas ilícitas como el narcotráfico y la extorsión. Esta dinámica aumenta la presencia de la delincuencia en ciudades como Bogotá. El coordinador de la Línea de Seguridad de Pares también mencionó que uno de los factores que ha contribuido al aumento de la delincuencia en Bogotá es la falta de presencia policial. Siempre ha existido un déficit de agentes de policía por cada 100.000 habitantes, especialmente en ciudades como Bogotá. La ausencia de acciones de control y disuasión fortalece aún más la delincuencia en la ciudad. Finalmente Isaac Morales concluyó que las alternativas deben centrarse en el fortalecimiento de la acción policial, ya que esta fuerza cuenta con un mandato constitucional para abordar estas situaciones. Es necesario mejorar las capacidades policiales en áreas como el control y el patrullaje, adoptando un enfoque de prevención para evitar una mayor presencia de organizaciones delincuenciales y la comisión de delitos. No existe una fórmula mágica para resolver el problema de convivencia y seguridad ciudadana, pero es crucial adaptar las soluciones a los contextos específicos. Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, reconoció la gravedad de la situación e informó que se están coordinando acciones con las autoridades pertinentes para abordar el problema de manera integral. Según datos de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), en el año 2023 se registraron un total de 1,626 casos de extorsión en Bogotá. Dentro del departamento de Cundinamarca, los municipios reportaron las siguientes cifras: Sopó con 3 casos, Cota con 5, Cajicá con 10, Madrid con 15, Soacha con 72, Funza con 11, Mosquera con 16, Chía con 16, Sibaté con 4 y La Calera con 1. Mientras tanto, los ciudadanos de Bogotá siguen preocupados por la presunta escalada de violencia y delitos en la ciudad, esperando que las autoridades tomen medidas efectivas para garantizar su seguridad y bienestar en las calles. Espere pronto el informe de extorción de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana, que proporcionara un balance más detallado sobre estos delitos.

Por: Redacción Pares Foto tomada del: El Tiempo Alba Lucía Reyes el 4 de agosto del 2014 tenía que viajar a Cali. Lo hacía por negocios. Pero no quería viajar. Su hijo, Sergio Urrego, pasaba por un momento complicado. Tenía 16 años y un futuro prominente. Sergio era una rara avis. Había leído por lo menos 250 libros, había escrito kilómetros de reflexiones, le gustaba el rock y se consideraba ateo, anarquista y gay. Un pecado en un país como Colombia. Las últimas semanas habían sido devastadoras para el joven. Desde siempre fue crítico con el colegio donde estudiaba, el Gimnasio Castillo Campestre. Cuestionaba sus métodos y la gota que rebasó la copa fue el haber protestado por el precio impuesto a uno de sus uniformes de gala. Los profesores lo tenían en la mira. Sergio se había enamorado de uno de sus compañeros de pupitre, Danilo Pinzón. Una vez una amiga los retó a que se dieran un beso. Lo hicieron, ella les tomó la foto. Un profesor la descubrió, armó un escándalo, los citó a donde la sicóloga, Ivon Andrea Cheque Acosta, quien le exigió a Sergio y a Danilo salir del closet a la brava, hablar con sus papás, hacer público la relación que fue catalogado por el colegio como un “gesto obsceno”. Esto fue a comienzos de julio del 2014. Alba Lucía Reyes y Roger Urrego escucharon a su hijo. Siempre se sintieron orgullosos de él. Los papás de Danilo fueron citados al colegio. La rectora, Amanda Azuzena Castillo, los arrinconó. Tendrían que denunciar a Sergio como un abusador. Si no lo enlodaban era posible que Danilo no se graduara. El Gimnasio Castillo Campestre quería darle una lección a un joven que sabía demasiado, que conocía sus derechos y que no se dejaba quebrar con nada. Y lo quebraron. Las conversaciones entre Sergio y su mamá se intensificaron. Sergio empezó a sufrir una migraña constante. Quería graduarte a como diera lugar. Tenía 16 años y los ojos puestos en un futuro fuera de un país que él no acababa de entender. Quería irse a Australia, a estudiar ingeniería ambiental. Un intercambio de un año. Pero estaba esa preocupación constante transformada en una migraña que le taladraba la cabeza. El 13 de agosto del 2014 Sergio decide presentar el ICFES. En ese momento ya el acoso en el colegio era insostenible. Al matoneo de buena parte de los seiscientos alumnos del Gimnasio Castilla estaba la decisión de una rectora de impedir que un joven bueno se graduara. En julio Alba Lucía y su hijo pusieron una queja en la secretaría de educación pero las ruedas de la máquina del Estado siempre se mueven con lentitud. El 14 en la mañana Alba Lucía viajó a Cali. En la noche se devolvía. A las 7:15 p.m, mientras esperaba en el aeropuerto Bonilla Aragón su regreso, Alba Lucía habló con su hijo. La última frase que le dijo él fue que necesitaba descansar, que el dolor de cabeza era intenso. Ella apagó el celular. Cuando lo encendió ya el avión había aterrizado en Bogotá. Tenía varios mensajes. Uno de ellos de una amiga de Sergio. El joven estaba en la Shaio, cuando Alba Lucía llegó vio la policía, el CTI, y supo la noticia, Sergio, su hijo, el enfebrecido lector de cuentos de Edgar Allan Poe tomó la decisión de lanzarse desde la plazoleta del Centro Comercial Titan. El mundo se abrió para ella. A los pocos días llegaron los resultados del ICFES. El de Sergio venía acompañado de este mensaje “Felicitaciones, usted acaba de ser admitido en el programa de Ser Pilo Paga”. Era el mejor puntaje del colegio que tanto lo despreció y el 10 mejor del país.  La frustración se sumaba al dolor de haberlo perdido porque ella quería que todos supieran la actitud del colegio con Sergio, la falta de humanidad de unas directivas que le cerraron todos los caminos a un espíritu libre, ya sabio a tan corta edad. Fue a tribunales, a juzgados a denunciar y la mayoría de veces se burlaban de ella. Les parecía exótico que Sergio tuviera esa orientación sexual. Ella buscaba algo histórico, que por primera vez en Latinoamérica se emitiera una condena por un caso de discriminación ante una orientación sexual diversa. Con argumentos fue demostrando, durante siete años, que su hijo había sido víctima de la homofobia de las directivas del colegio. Un testimonio ayudó a que se hiciera justicia. El martes 20 de abril del 2021 Danilo Rendón se presentó junto a sus padres y contó, ante el juzgado 43 de conocimiento de Bogotá, su verdad: “Jamás les dije a mis padres que fui víctima de acoso sexual, por parte de Sergio Urrego o alguien más y jamás presenté alguna prueba sobre esos hechos. Las palabras de acoso sexual vinieron a entrar al panorama, tiempo después en un derecho de petición que fue entregado por la rectora a mis padres para que ellos, radicaran y poder continuar con mi proceso de escolarización”. El 20 de mayo del 2021 el tribunal de Bogotá confirmó la condena de ocho años y ocho meses a Amanda Azucena Castillo, rectora del Gimnasio Castillo Campestre por actos de discriminación, una condena única en Colombia y en el continente. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 700.000 personas mueren por suicidio cada año, lo que corresponde a una muerte cada 40 segundos y que casi el 77% de todos los suicidios mundiales ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Desde que la OMS declaró al COVID-19 como una pandemia en marzo de 2020, más individuos experimentan pérdida, sufrimiento y estrés. En Colombia el suicidio es la segunda causa de muerte para los jóvenes. Entre enero y julio del 2023 se quitaron la vida 1.810 personas. Para Sebastián Solano, coordinador del área de jóvenes de la fundación Paz y Reconicliación el suicidio de jóvenes podría tener 3 causas: Acoso y violencia de diferentes tipos de entornos, escolares, laborales y familiares, problemas relacionados con la salud mental, la influencia de las redes y medios de comunicación. Alba Lucía Reyes ha intentado seguir adelante a pesar de lo difícil que puede ser continuar. Creo una fundación que lleva el nombre de su hijo y se ha convertido en un símbolo de la defensa de los derechos de los jóvenes acosados por su condición sexual. El espíritu de Sergio Urrego, al menos por esta causa, sigue vivo.

Por: Línea de Paz, Seguridad y DDHH. Foto tomada de: X A primeras horas de la mañana los medios de comunicación nacional hablaron de un atraco en el restaurante La Bagatelle, al costado occidental del Parque de la 93. En redes sociales se recordó los atracos a establecimientos que viene sacudiendo a toda la ciudad. Poco a poco se fueron esclareciendo los hechos. Se trató, según la hipótesis inicial, de un ataque sicarial contra el empresario Hernán Roberto Franco Charry quien murió de manera instantánea. Según lo han dado a conocer él era hermano del ex director de la DIAN Óscar Franco Charry quien renunció a su cargo en el 2009. Franco Charry trabajaba en una empresa de consultoría y a esa hora tenía una cita para presentar una auditoria en donde pondría en conocimiento las irregularidades que había encontrado en una empresa sobre la que aún no hay mucha información. El empresario murió mientras era trasladado. Un video del incidente ha sido difundido, mostrando a dos individuos que aparentemente son escoltas, persiguiendo a un sujeto que intentaba huir. La persecución culmina con el individuo cayendo al suelo tras un disparo. Existen múltiples vídeos sobre lo sucedido, fueron difundidos, en su mayoría, a través de X. Un video capturado por un testigo revela que al menos uno de los agresores se vio obligado a escapar a pie. Por otro lado, dos delincuentes lograron evadirse en una Pulsar NS 200, desencadenando una persecución en la zona norte de la capital. Los casos de sicariato están aumentando en Bogotá, algunos de estos casos han sido: En la noche del 12 de febrero del 2024, en Teusaquillo,  un hombre fue asesinado por sicarios que se desplazaban en moto, ocurrió en el sector Class Roma. El hombre cuenta con identidad reservada. Se describe que fue atendido en la Clínica Nueva Roma, sin embargo, éste falleció como resultado de la gravedad de sus heridas. En la nota se confirma que el sicariato continúa siendo la modalidad predominante de los actos violentos en Bogotá. Dos individuos en Usaquén entraron a un asadero de pollos y dispararon a un hombre. Los sospechosos huyeron después del incidente y su ubicación es desconocida. La policía llegó al lugar para investigar el asesinato y está revisando las grabaciones de seguridad para encontrar a los responsables y esclarecer el hecho. En el barrio Villas de Granada en Bogotá, en Engativá, sobre la media noche, hombres armados dispararon a un vehículo, asesinando a dos de las tres personas en su interior. El incidente provocó un choque con un taxi y se cree que fue un sicariato. Las víctimas fueron identificadas como Andrés Prieto, de 31 años, y Abigail Guerra, una modelo de 21 años de San Jacinto (Bolívar). Viajaban en un Hyundai Accent GL, modelo 2005, con placa BRE-664. Las autoridades sugieren que el ataque pudo haber sido un ajuste de cuentas, ya que Prieto tenía antecedentes judiciales.  Por otra parte, hay indicios de que las dos víctimas se dirigieron al mencionado vecindario con el propósito de reclamar tusi y un arma de fuego. Es posible que hayan sido amenazados por las personas encargadas de entregar dichos artículos, sugiriendo que la orden para asesinarlos podría haber provenido de la prisión La Modelo. Guerra perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que Prieto fue trasladado a un centro médico. En el barrio Santa Matilde, en Puente Aranda, después de las 9:00 de la noche, un hombre fue atacado por dos individuos en una motocicleta mientras salía de un local comercial. Los atacantes dispararon a la víctima y luego huyeron rápidamente. Algunos vecinos y comerciantes locales llamaron a los servicios de emergencia e intentaron ayudar al hombre herido, que fue llevado de urgencia al Centro Policlínico del Olaya. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, el hombre murió poco después. Las autoridades están investigando el incidente y aún no tienen una hipótesis sólida sobre lo sucedido. En esa misma localidad un sicario atacó a un comerciante que estaba con su pareja en las calles del barrio Ciudad Montes en el sureste de Bogotá. El sicario, vestido con casco y chaqueta, disparó varias veces al comerciante. Una cámara captó el incidente en el que se ve al comerciante saliendo de una tienda de frutas y verduras con una mujer. De la misma manera, se evidencia que un hombre los observaba desde la distancia; inicialmente dudó y luego se acercó a ellos, sacó su arma y disparó al comerciante, quien intentó huir, pero recibió un disparo en la cabeza y cayó al suelo. Posterior a ello, recibió al menos dos disparos más en la cabeza. Según las redes sociales, la víctima tenía alrededor de 50 años. Hay especulaciones de que la mujer podría haber sido cómplice del crimen, ya que se la vio observando al sicario antes de que se cometiera el crimen. En Ciudad Bolívar nn hombre de 35 años fue asesinado en público en Ciudad Bolívar. La víctima, que había estado viviendo en el área cerca de un mes y trabajaba en un lavadero de autos en Santa Librada, fue atacada y murió por múltiples disparos. El coronel Germán Gómez de la Policía de Bogotá proporcionó detalles sobre el incidente. Según él, todas las pertenencias de la víctima fueron encontradas en la escena, lo que descarta la posibilidad de un robo. Las primeras investigaciones sugieren que este asesinato podría estar relacionado con un ajuste de cuentas en lugar de un robo. Según Isaac Morales, Coordinador de la línea de Seguridad y Convivencia ciudadana, “El sicariato se impuso en los noventa, pero actualmente es como un servicio que prestan ciertas personas para ajustar cuentas, ya sea para que asesinen a extorsionados o al que ordenen. Se había quitado de la agenda pública el sicariato, sigue siendo esa lógica de efectuar cobros”.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Caracol A comienzos de los años noventa el poeta Víctor Gaviria publicó un libro que retrató el gran problema de ser joven de una comuna en Medellín: El pelaíto que no duró nada. La perversa guerra que Pablo Escobar le declaró al Estado impuso un cambio de moral: por una moto y unos Nike yo mato al que me diga, Patrón. El primer gran caso de sicariato en Bogotá ocurrió el 30 de abril de 1984. El ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, había tenido el coraje de quitarle el velo a Pablo Escobar Gaviria, poderoso narco que se logró infiltrar en el Congreso como suplente de un Representante a la Cámara. Una vez desenmascarado el capo decidió vengarse. Esa noche de abril, mientras viajaba en su Mercedes Benz blanco, dos sicarios lo interceptaron. El que manejaba la moto Yamaha se llamaba Byron de Jesús Vásquez, el parrillero, el que disparó, era Iván Darío Guisado. Este último fue baleado por la policía, Vásquez se salvó, fue encarcelado y perdonado por los papás del ministro asesinado. Desde entonces Sicario fue una palabra que empezó a estar en el foco de la opinión pública Oficinas que ponían en ciudades como Medellín, Envigado o Tulúa y que se encargaban de borrar del mapa enemigos, gente que no pagaba o gente a la que le debían. El conflicto, a finales de los noventa, volvió a centrarse en el campo. Las masacres, desmembramientos, despojos, desapariciones y otros horrores de la avanzada paramilitar eclipsaron al sicariato. El pasado miércoles 21 de febrero, en el costado occidental del Parque de la 93, fue asesinado Roberto Franco Charry, quien estaba listo para presentar una auditoria sobre malos manejos de una cadena de supermercados. La escena del asesinato y la posterior reacción de personas que estaban armadas en el parque se volvieron virales. Según últimas informaciones desde noviembre del 2023 Charry venía denunciando amenazas de muerte en su contra. Aún no se sabe si éstas tenían que ver con su oficio de auditor. La situación en Bogotá ha hecho que reaparezca la palabra sicario con todas sus derivaciones e implicaciones. A esto se suma la extorsión, los atracos colectivos, el caos. Uno de los sicarios más temidos en Bogotá fue puesto preso el 3 de noviembre del 2023. Se trata de José Manuel Vera, “Satanás”, señalado de efectuar 50 extorsiones [MOU1]   y varios asesinatos. Su nombre está asociado al Tren de Aragua. Dichas extorsiones se realizarían desde cárceles como La Picota y La Modelo en Bogotá. Al que se rehusara pagar “Satanás” ordenaba ataques sicariales u otro tipo de atentados con armas de fuego. Las extorsiones es otro de los latigazos que está recibiendo Bogotá. Bandas como los Satanas han sido intervenidas por la Policía Nacional desde las cárceles donde operan. En uno de los allanamientos fue encontrado un erizo blanco que tenían de mascota, una especie que no se da en Colombia y que necesariamente trajeron de afuera. Para Isaac Morales, coordinador de la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana, esta ola de violencia que asalta a Bogotá ha vuelto a poner en la opinión pública la palabra sicario y sus consecuencias, así mismo considera que es necesaria una reacción inmediata por parte de la administración distrital para reforzar acciones de control y prevención. Ahora bien, todos estos episodios de violencia e inseguridad han acentuado la preocupación de la ciudadanía en general y especialmente de las autoridades civiles y policiales; muchos ciudadanos de a pie se preguntan ¿cuál es la causa de este estallido de inseguridad? Y si bien no existe una unica respuesta, lo cierto es que se suman una gran cantidad de factores que pueden dar cuenta de ello, en primer lugar las condiciones de vulnerabilidad y precariedad en ciertas clases sociales en ciertas zonas de la ciudad, el desgaste institucional, los vacios de control, la deficiencia en el pie de fuerza policial en Bogotá y la reconfiguración del delito que da lugar a nuevas manifestaciones de violencia en la cotidianidad.

Por: Redacción Pares Visualizaciones: Liliana Espitia Foto tomada de: Infobae Las noticias se suceden una a otra. Atracos, asesinatos, balaceras, extorsiones en Bogotá. Algunos, como el alcalde Carlos Fernando Galán, pueden decir que esto no es más que precepción de inseguridad, que las cifras muestran que hay menos hechos delictivos que hace un año. Pero el elefante está en la sala y es imposible y esquizoide no verlo. La línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación identificó cincuenta organizaciones moviéndose en la capital. De estos tres pertenecen a Grupos Armados Organizados, GAO, que incluyen columnas de disidencias FARC como el Estado Mayor Central, columnas urbanas del ELN y el Clan del Golfo que controla buena parte del microtráfico en la capital. Se pudieron identificar además once Grupos Delictivos Organizados entre los más peligrosos están los Satanás, quien desde la cárcel aplican la estrategia de chantajear a comerciantes a partir de llamadas a celulares y el Tren de Aragua, una organización transnacional que arrancó en Venezuela con Hector “el Niño” Guerrero Torres, quien delinquía en la ciudad de Maracay  y una vez fue capturado fue llevado al centro penitenciario de Aragua, también llamado Torocón, en donde escapó en el 2012, pero allí conoció y pudo establecer la red que hoy azota al continente. El grueso de la delincuencia está concentrado en 41 pandillas que desarrollan actividades por barrios específicos. En este mapa de Bogotá encontrará cómo está la situación de inseguridad por barrios en este momento:

Por: Redacción Pares En el 2023 un video llenó de pánico a los comerciantes del Atlántico. El Negro Ober, cabecilla de los Rastrojos Costeños amenazaba, desde su celda en la cárcel Palogordo en Girón Santander, con asesinar a los dueños de tiendas como represalia por la captura de su novia, Yulieth Vanesa Gutiérrez. Ober Ricardo Martínez Gutierrez, quien fue detenido en el 2020, llevaba un porro de marihuana en la mano y lo fumaba copiosamente. Desde la cárcel extorsionaba, fumaba marihuana y amenazaba. Su traslado a la cárcel de Cómbita no cambió en nada el panorama de la extorsión en el Atlántico. Según el senador Ariel Ávila el 90% del comercio en Soledad, municipio vecino de Barranquilla, paga extorsión. Según Radiografía de la extorsión en Colombia, el último informe de la línea de Seguridad y Convivencia ciudadana, el 40% de la extorsión en el país se lleva a cabo en las cárceles en el país. Esta es una modalidad muy bien el Tren de Aragua. Basta con recordar que sus inicios, la década pasada, se dieron en una prisión, donde pagaba condena uno de sus fundadores, “Niño” Guerrero. En Bogotá en octubre del 2023 se dio un golpe contra la estructura de los “Satanas” haciendo una intervención en La Picota y se encontró material importante que evidenciaba la presión que ejercen sobre comerciantes, bicitaxistas y trabajadoras sexuales. 2.430 celulares y 10.158 de sus accesorios fueron incautados en las cárceles del país según este informe. Este es un recorrido por las 7 cárceles donde más se extorsiona en el país. 1. Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Mínima Seguridad de Bogotá ‘La Picota’. 2. Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Dorada, Caldas. 3. Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad de Girón, Santander. 4. Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad de Popayán, Cauca. 5. Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué Picaleña, Tolima. 6. Cárcel y Penitenciaria con Alta y Media Seguridad La Paz, Itagüí, Antioquia. 7. Cárcel y Penitenciaria con Alta y Mediana Seguridad El Barne, Cómbita, Boyacá. Para enterarse en detalle de la situación los invitamos a leer el siguiente informe:

Por: María Valentina Ortiz Prada Asistente de Investigación Línea de Paz,Seguridad y DDHH. El inicio de año fue violento con las mujeres. Así lo confirmó la Procuraduría General de la Nación (2024) en el boletín 108: se registraron más de veinte víctimas mortales (únicamente) en el mes de enero. Las estadísticas proporcionadas por el órgano de control revelaron que once de estos crímenes fueron cometidos, presuntamente , por su pareja o expareja sentimental. Esta cifra, sumada a las 848 alertas emitidas en el año 2023 por la amenaza de feminicidio, destacan el constante riesgo que prevalece para la seguridad de las mujeres.   El 22 de enero, el escenario mediático se vio colmado con el nombre de Diana Carolina Serna , una de las once mujeres que forman parte de esa estadística. A Diana la asesinaron, trágicamente, en la vía pública, en Suárez, Valle del Cauca, a plena luz del día. Este suceso ocurrió momentos después de que ella tomase la decisión de poner fin a la relación que sostenía con su agresor. Curiosamente, este hecho tuvo lugar exactamente un año después del asesinato de Valentina Trespalacios , también víctima de la violencia machista.   En el transcurso del último año, se conocieron también los casos de Erika Aporte , una mujer de 26 años asesinada por su expareja en una cafetería del Centro Comercial Unicentro en Bogotá; Luz Mery Tristán , excampeona mundial de patinaje, presuntamente asesinada por su expareja en su lugar de residencia en Cali; Isabella Mesa Sánchez, una joven de 19 años asesinada por su pareja sentimental en Medellín; Estefany Pulido , una mujer de 40 años, asesinada por su expareja en un establecimiento comercial de Bucaramanga; Claudia Janeth Agudelo , una mujer de 31 años de edad asesinada por su esposo y padre de dos hijas al interior de su vivienda familiar en Bogotá; Laura Isabel Lopera , una joven de 19 años, presuntamente asesinada en Medellín por su pareja sentimental, un hombre canadiense que se encuentra prófugo de la justicia.  Estos casos se suman a los 360 casos reportados en el país durante 2023.   Existe un común denominador adicional a las relaciones interpersonales que sostenían las víctimas con los agresores: éstos últimos presentaban anotaciones judiciales, por un lado, o antecedentes comportamentales misóginos, por el otro. Esto invita a cuestionar eficacia de las medidas de prevención y protección en los casos de Violencias Basadas en Género (VBG). De la misma manera, indica la urgencia de abordar, no solo las consecuencias de estos actos violentos, sino también sus raíces profundas en patrones socioculturales y estructuras que perpetúan la desigualdad de género.   Los móviles del feminicidio   Según Segato (2016), en el ámbito doméstico, el recurso a la agresión implica la suspensión de cualquier dimensión personal en el vínculo, abriendo paso a una estructura genérica e impersonal del género y su imperativo de dominación. Esto significa que la violencia subyacente, manifestada en el feminicidio, tiene uno de sus fundamentos en un tipo de mandato de sometimiento, donde la masculinidad como atributo emerge como una característica fundamental.  En suma, los móviles personales guardan una estrecha relación con el control, el poder, la venganza, los celos y demás elementos semejantes. En la misma línea, la percepción del cuerpo femenino como propiedad se expresa como una manifestación de poder; en las configuraciones sociales patriarcales, el cuerpo de las mujeres representa un espacio de conquista.   Bajo estos preceptos, los casos de feminicidio tienden a asociarse, atenuarse e incluso justificarse en función de la cercanía del agresor con la víctima. Estas interpretaciones conectan el feminicidio con los mal llamados "crímenes pasionales" o, desde la perspectiva penal, con la ‘ira e intenso dolor’ , argumentos que desvían la atención y la responsabilidad hacia el agresor, resaltando las "motivaciones” detrás del acto en sí mismo. De manera similar, cuando se relaciona al agresor con algún tipo de psicopatía o se le etiqueta con alguna enfermedad mental, se convierte en un mecanismo para intentar comprender o explicar las razones causales que condujeron al feminicidio.   En términos de Segato (2016), quienes perpetran este tipo de delitos no solo tienen conocimiento del hecho, sino que también lo llevan a cabo como un acto de disciplinamiento social en contra de la mujer. En consecuencia, es fundamental resaltar que el feminicidio debe ser analizado desde una perspectiva política, considerando la noción de poder asociada a la masculinidad que se manifiesta a través de la agresión contra la vida e integridad de las mujeres.   Ahora bien, existen también los móviles no personales , entendidos como aquellos que no están vinculados a circunstancias o relaciones específicas entre el agresor y la víctima, sino que corresponden a una lógica de violencia sistemática en contra de las mujeres. Algunos ejemplos incluyen la disputa territorial, el reclutamiento forzado, la violencia sexual, la expresión de odio, la reproducción de estereotipos, entre otras cosas.   Es óptimo, para este apartado, recordar a Michel Dayana Gonzáles, menor de quince años cuya muerte denota un “deseo de destrucción de la identidad”. Según lo expresado por Botero Ruge, la horrorosa circunstancia de encontrar a la menor desmembrada de múltiples contendores de basura evidencia un profundo menosprecio hacia su cuerpo y su dignidad, la cual fue reducida al mínimo. Botero Ruge (2023) señala que, en casos como este, la mujer no es reconocida como un ser humano sujeto de derechos, sino como un objeto susceptible de ser “comprado, vendido, destruido y, en últimas, desmembrado” (Ruge. M.B. 2023, 11 de diciembre).   No obstante, más allá de la diferenciación entre la proximidad de la víctima con su agresor, al igual que en los casos motivados por los móviles personales, esto permita dar cuenta de cómo la violencia feminicida se convierte en un elemento de castigo en contra de las mujeres que desafían o cuestionan el modelo hegemónico de la masculinidad.     Queremos vivir sin miedo   Todo indica que la violencia de género no cesa en Colombia. Según el informe más reciente publicado por la Fundación Paz y Reconciliación, en un día, se reportan casi dos casos de feminicidios, 213 víctimas mujeres de violencia intrafamiliar y, al menos, 64 casos de violencia sexual.   Actualmente, nos enfrentamos a una Emergencia Nacional por Violencias Basadas en Género (VBG), evidenciando la necesidad latente de realizar esfuerzos por garantizar la plena libertad de las mujeres. La urgencia de abordar esta problemática es innegable, por lo que es crucial adoptar medidas efectivas para erradicar la violencia de género en todas sus formas. Resulta imperativo reconocer el feminicidio como un fenómeno cimentado en la estructura jerárquica social, un problema sistemático que deben abordar el Estado y la sociedad en su conjunto.   Es, cada vez más evidente, que deseamos vivir sin miedo. La necesidad de un cambio profundo en la sociedad se manifiesta de manera inequívoca, exigiendo un compromiso conjunto para construir un entorno seguro y libre de violencia para todas las mujeres.   *Para una lectura más completa de los datos de VBG consulte el informe “Vivir sin Miedo. Referencias bibliográficas ·       Procuraduría General de la Nación (2024) “Violento comienzo de año para las mujeres en el país. Procuraduría pide acciones ante elevadas cifras de violencia intrafamiliar y feminicidios”. Consultado en: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/violento-comienzo-para-mujeres-procuraduria-pide-acciones-ante-elevadas-cifras-violencia-intrafamiliar.aspx#:~:text=Procuraduría%20pide%20acciones%20ante%20elevadas%20cifras%20de%20violencia%20intrafamiliar%20y%20feminicidios,-Page%20Image&text=-%20Más%20de%2020%20mujeres%20fueron,casos%20eran%20menores%20de%20edad . ·      Segato, R.L. (2016). La Guerra Contra las Mujeres. Editorial: Traficantes de Sueños. Consultado en: https://traficantes.net/libros/la-guerra-contra-las-mujeres ·      Ruge, M. B. (2023, 11 de diciembre). Tomado de: Solorza, D. V. (2023, 11 de diciembre). Caso Michel Dayana: “el desmembramiento denota el desprecio por su cuerpo y su vida”. ELESPECTADOR.COM . https://www.elespectador.com/genero-y-diversidad/las-igualadas/caso-michel-dayana-el-desmembramiento-denota-el-desprecio-por-su-cuerpo-y-su-vida/ ·      Fundación Paz y Reconciliación, PARES. Informe Violencias Basadas en Género 2022-2023 (2024). Consultado de: https://www.pares.com.co/post/vivir-sin-miedo-informe-de-violencias-basadas-en-género-2022-2023

Por: Brandon Adrián Acuña y Santiago Medina Asistentes de Investigación de la Línea Paz, Seguridad y DDHH. Foto tomada de: El Espectador La extorsión se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de las organizaciones delincuenciales en Colombia, así como una de las prácticas criminales que más afecta a las comunidades, especialmente a comerciantes, tenderos y transportadores. Este delito ha registrado una tendencia al incremento durante los últimos años, siendo las grandes ciudades los sitios donde más se puede evidenciar su consolidación e impacto. (Pares, 2024) Una de las principales estrategias usadas por las autoridades, en medio de sus esfuerzos por desarticular a las organizaciones delincuenciales y combatir la extorsión, ha sido realizar capturas de mandos medios y altos, siendo uno de los casos más recientes la captura de dos presuntos cabecillas de la banda Satanás , lo cual se ha calificado como un importante golpe en contra de la extorsión en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, esta estrategia no estaría cumpliendo su objetivo, pues la reclusión de los cabecillas de las organizaciones delincuenciales parece estar trasladando sus centros de operación a las cárceles del país. De acuerdo con un estimado de la Procuraduría General de la Nación, el 41% del delito desde las cárceles refiere a actividades extorsivas . Esto, parece evidenciar que, lejos de ser instituciones que aporten a la solución de la problemática ligada a la extorsión, las cárceles se están convirtiendo en centros dinamizadores del delito, propiciado por los altos índices de hacinamiento, corrupción y las dificultades existentes para el mantenimiento del control y las regulaciones en su interior. Según una investigación de Juan Gómez Hecht (2014), las cárceles se convierten en lugares propicios para continuar delinquiendo, toda vez que facilitan el mantenimiento del control sobre las operaciones externas y, al mismo tiempo, permiten el posicionamiento de las organizaciones criminales como figuras de autoridad o de poder que producen y reproducen reglas propias y patrones culturales dentro de los establecimientos. En este sentido, las cárceles se han convertido en centros dinamizadores de la extorsión en todo el país. ¿Quiénes están detrás? Desde la Fundación Paz & Reconciliación, se ha podido identificar algunos de los cabecillas de las organizaciones delincuenciales que operan en las principales ciudades del país, encontrando patrones en sus dinámicas de funcionamiento, principalmente en lo referente al delito de extorsión y su dinamización. Para esto, se ha desarrollado un mapa interactivo en el que se podrá consultar los nombres de estos cabecillas y sus perfiles. En Bogotá se pueden destacar nombres como el de Michael Brayan Reyes, alias ‘Brayan 38’, quien sería uno de los principales cabecillas del Tren de Aragua en la ciudad, y actualmente se encuentra recluido en la Cárcel El Bosque en Barranquilla. Por otro lado, se encuentra José Manuel Vera, alias ‘Satanás’, líder de la banda Satanás, quien se encontraba recluido en la cárcel de Girón, en Santander, y recientemente fue trasladado a la cárcel La Tramacúa en Valledupar. También se ha identificado a Néstor Aguirre, alias ‘Camilo’, líder de la banda Los Camilos. Para el caso de Barranquilla se destaca a Óber Ricardo Martínez Gutiérrez, alias “Negro Óber”, quién es cabecilla principal de los Rastrojos Costeños y se encuentra recluido en la cárcel La Picota, así como a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, líder de Los Costeños, recluido en la cárcel de Palmira. Por otro lado, en la ciudad de Cúcuta se identifican nombres como el de Evert Carreño Corredor alias “Porras”, líder de la banda Porras o Familia, así como el de Jhoswar Saúl Hernández Sanabria alias ‘Saúl’, líder de la banda AK-47, quien actualmente se encuentra prófugo. Así mismo, en el Valle de Aburrá se encuentran nombres de peso en el mundo criminal, como Gustavo Adolfo Pérez alias ‘Montañero’, cabecilla de ‘El Mesa’, Freyner Ramírez García alias 'Carlos Pesebre' y Julián Jiménez Monsalve alias ‘Machete’, cabecillas de Los Pesebreros, Elkin Triana alias ‘El Patrón’, cabecilla de Los Triana, y Francisco Mazo Pulgarín alias 'Pocho', cabecilla de Los Pachelly, entre otros. La anterior lista puede ser complementada con nombres de líderes de estructuras delincuenciales de ciudades como Cali, Tuluá, Buenaventura, Ibagué o Bucaramanga. Esta información indica que de los 10 principales GDO que operan en las ciudades, al menos 9 cuentan con uno de sus cabecillas en los centros de reclusión (Pares, 2024), pero, más importante aún, lo que hay que resaltar es que todos tienen algo en común, y es que han sido señalados de presuntamente continuar coordinando y liderando actividades delictivas, especialmente de extorsión, desde sus lugares de reclusión. Esto lo realizan principalmente a través de llamas telefónicas, así como mensajes y audios enviados a través de WhatsApp, burlando los controles y las medidas de seguridad existentes en las cárceles.   Sumado a esto, se han identificado patrones de funcionamiento de estas organizaciones, en las que los cabecillas recluidos delegan liderazgos sobre sus hombres de confianza en las calles, mientras continúan dando órdenes desde sus lugares de reclusión. Cuando los nuevos cabecillas son identificados y capturados por las autoridades, estos buscan seguir coordinando las actividades ilegales desde la cárcel, a la par que delegan nuevos líderes afuera, continuando con el ciclo. Por este motivo, se pone en duda la efectividad que pueda tener la captura y reclusión de los cabecillas de las organizaciones delincuenciales en busca de su desarticulación, y se considera necesario abordar la problemática de la extorsión, así como de la delincuencia organizada en las cárceles, de manera distinta. ¿Qué hacer ante esta problemática? Uno de los mecanismos implementado recientemente por las autoridades colombianas para contrarrestar el fenómeno de la delincuencia desde las cárceles es la denominada “Operación Dominó” , la cual consiste en trasladar de manera periódica a distintos centros de reclusión de alta seguridad a los líderes de las organizaciones delincuenciales señalados de seguir delinquiendo desde la cárcel, esto, con el fin de evitar su comunicación con el exterior y consolidar su control y vigilancia personal. Esta operación ha sido puesta en práctica recientemente con alias ‘Satanás’, y se espera que sea aplicada también sobre otros delincuentes como alias ‘Negro Óber’, sin embargo, es una medida bastante nueva, y aún es difícil establecer cuál es el impacto para evitar que se prolifere la comisión de delitos desde las cárceles, especialmente porque se aplicaría con los principales cabecillas, dejando de lado a los demás eslabones existentes en las cadenas de mando delincuenciales. Ante esto, desde la Defensoría del Pueblo se ha señalado la necesidad de complementar la ‘Operación Dominó’ con una inversión presupuestal por parte del Gobierno Nacional para la adquisición de inhibidores de señal de dispositivos móviles más modernos, que use tecnología 4G y 5G, que permitan anular las comunicaciones de los reclusos dentro de los centros carcelarios. Al respecto se sabe que, a la fecha existen 22 inhibidores, de los cuales solo 2 se encuentran funcionando. Por tanto, cabe preguntarse por qué los demás inhibidores no están funcionando, y si esto sería responsabilidad de las autoridades carcelarias, teniendo en cuenta el historial de corrupción que tiene la institución encargada de la seguridad (INPEC). Otra estrategia, sugerida por la Procuraduría, es la instalación de una “Unidad Judicial Exclusiva Especializada e Interinstitucional” con el propósito de focalizar un grupo que se encargue exclusivamente de abordar el delito de la extorsión carcelaria. Al mismo tiempo, sugiere vincular esta unidad con demás autoridades como la Fiscalía General de la Nación y la Dijín, para trabajar articuladamente y hacer eficiente la lucha contra este delito. Esto podría responder a la inoperancia e ineficacia que han evidenciado dichas instituciones al trabajar individualmente. Concluyendo Actualmente, los establecimientos carcelarios se encuentran en estado de emergencia, ocasionado por el hacinamiento y la erosión de las condiciones de seguridad y control en su interior. Esta situación ha llevado a demandar respuestas por parte del Estado, no obstante, es evidente que estas no han acabado con el problema de raíz. Por tanto, resulta imperante insistir en la búsqueda de una respuesta integral que aborde la crisis desde distintas perspectivas, de manera estructural, como la lucha contra la extorsión y la solución a la crisis carcelaria en sí misma. Al respecto, el ya mencionado Juan Gómez Hecht (2014, p 159) sugiere que “las autoridades estatales deben abordar el fenómeno de las extorsiones estratégicamente y no reactivamente (…) También implica el dilucidar cómo articular opciones que puedan ser comprendidas e implementadas”. Esto llevaría a orientar políticas públicas que no solo combatan la extorsión desde las cárceles, sino que también aborden otros aspectos estructurales que le configuran y le perpetúan en el tiempo. Es a través de un enfoque estructural y coordinado que se podrá enfrentar de manera eficiente la extorsión carcelaria en Colombia y la crisis asociada a los centros penitenciarios. Esto implica también indagar más profundamente sobre cómo se configuran las dinámicas de funcionamiento de las organizaciones criminales que permiten su eficiencia y consolidación dentro de los centros carcelarios, y suponen constantemente retos para la capacidad de respuesta de instituciones como el INPEC, el GAULA, la Dijín y la Fiscalía. Ante esto, es necesario abordar la dinámica de la corrupción y las falencias en el control y la vigilancia dentro de los principales centros carcelarios y penitenciarios del país. Es necesario poner bajo la lupa la reforma al sistema carcelario que se ha propuesto en el Congreso de la República, en la que se plantea una propuesta de humanización de los centros penitenciarios, la solución a las problemáticas de hacinamiento y vulneración a los derechos humanos, así como la recuperación de su intención resocializadora.     REFERENCIAS Hecht, J. R. G. (2014). El Crimen Organizado en las Cárceles: Las Extorsiones desde los Centros Penales en El Salvador (2008-2009). Revista Policía y Seguridad Pública , 131-171. https://doi.org/10.5377/rpsp.v3i1.1333 Radiografía de la extorsión en Colombia . (2024, 4 marzo). PARES. https://www.pares.com.co/post/radiografia-de-la-extorsion-en-colombia

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Canal Capital El profesor y ex rector del Rosario Hans Peter Knudsen habló el pasado miércoles 17 de abril con el entonces rector del Rosario Alejandro Cheyne que, si se quería empezarle a buscar una salida real a la crisis en la que está sumida la universidad, él estaba en la obligación de dar un paso al costado. Knudsen no estaba solo, lo acompañaban otros reconocidos ex rectores. Le dejaron claro que el interés de ellos era proteger la universidad y que se abstendrían de meterse en temas financieros o de gobernanza que en este momento agobian al Rosario. “Se ha perdido la confianza y la capacidad de liderar” le dejaron claro en la visita. Sin embargo Cheyne respondió, aplomado, que agradecía la reflexión pero les confesó que entre sus planes inmediatos no estaba el de renunciar. Producto de esta reunión los ex rectores emitieron un comunicado en donde explicaban la conveniencia de una renuncia de Cheyne. Todo cambió en 24 horas. En la tarde del jueves 18 de abril la Consiliatura de la Universidad del Rosario anunció el despido de Cheyne. Con esta decisión la crisis de la universidad toca fondo. Colombia empezó a saber de la situación desde el pasado 12 de abril cuando el Ministerio de Educación anunció que empezaría una investigación por los supuestas irregularidades y despidos injustificados de profesor y administrativos. Ese día ocurrió algo inusual: unos doscientos estudiantes protestaron frente al edificio Casur exigiendo la renuncia del rector. La ministra Aurora Vergara organizó una visita que se realizó el pasado lunes 15 de abril y que arrancó a las ocho de la mañana. La precaria situación económica empezó a evidenciarse cuando la construcción de la Torre 3 y laboratorios de ciencia se suspendieron abruptamente. El estudiantado quiso tener contacto directo con rectoría pero los puentes hacía él estaban caídos. De un momento a otro la Universidad dejó de tener intensidad en la frecuencia de salidas de campo y otras actividades académicas. Los estudiantes, además, querían cambios. La universidad, según ellos, necesitan de manera urgente una modernización. ¿Cuántas instituciones educativas en el país tienen 370 años de historia? En 1653 el arzobispo de Santa Fe, Fray Cristóbal de Torres, con licencia del Rey Felipe IV abrió sus puertas. Se inició con 15 estudiantes que recibían las siguientes clases: Teología, Jurisprudencia y Medicina, además de proporcionar una formación básica en Filosofía. En ese entonces se llamaba Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y su aporte a la historia del país se ve reflejada en la importancia que tuvo durante La Ilustración, acogiendo a figuras como José Celestino Mutis, el hombre que creó en América una identidad propia, que los alejaba de los españoles, gracias a la botánica. Mutis fundó en 1762 la primer cátedra de matemáticas modernas del claustro. Esa tradición la anquilosado. Hay códigos que no se rompen desde hace 3 siglos. Uno de ellos es el de la gobernanza, la influencia de la colegiatura, es decir del poder de decisión de los estudiantes, sigue prácticamente igual desde su fundación. Además, como está el modelo, un rector podría influir en quienes serían los colegiales designados y así asegurarse esos votos a la hora de una reelección. Por eso, desde que en el 2018 empezó la crisis, los estudiantes no pudieron hacer demasiado para que esta no se profundizara. Es que desde ese año empezó a mermar el número de estudiantes matriculados. Además se tomaron decisiones discutidas como los injustificados despidos de profesores como Arlene Tickner y el jurista Manuel Quinche. Tickner es una reconocida politóloga, con doctorado y con una experiencia de más de 30 años en relaciones internacionales. Entre sus distinciones está la de ser la Embajadora Permanente Alterna de Colombia ante la ONU en Nueva York. Quinche ha publicado varios libros y es un especialista en la acción de tutela. Knudsen no fue el único profesor que intentó hablar con el rector. Fueron repetidos los llamados de atención por parte de administrativos y el cuerpo docente por las decisiones. Además había un presunto conflicto de intereses ya que habría contratado a varios colegiales para respaldar su elección como rector. Cheyne puntualizaba, antes de ayer, que no estaba entre sus planes renunciar “En 1988 ingresé a la Universidad, es decir, he sido estudiante, profesor, pero más que eso, he dedicado más de 30 años a la educación superior. Soy economista y mi foco es la pedagogía”, dijo a Caracol Radio. Las cifras no lo acompañaban. La solvencia de la universidad estaba por debajo del uno por ciento y se encontraba, de frente, con profesores de larga trayectoria e influencia. Sobre la situación de la universidad el profesor Manuel José Restrepo, un experto en jurisprudencia, le dijo en una entrevista a Caracol Radio sobre la situación de los colegiales que determinaron la elección del rector: “es una clara transgresión del código de ética y buen gobierno de la Institución, que prohíbe que se den ese tipo de situaciones de conflicto de interés, donde se favorece con un beneficio a quien antes participó en la elección de quien tiene la capacidad de nominar”. El Rosario pasa horas críticas y tanto el estudiantado como los que se sienten ligados a la institución, creen que un primer paso a la salida era remover de su cargo a Cheyne. En eso coincide la gran mayoría de la comunidad rosarina.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Espectador El 1 de octubre del 2023 Nicolás Neira hubiera cumplido 34 años. Todos los sueños se truncaron cuando el agente del ESMAD Néstor Julio Rodríguez Rúa encabezó la golpiza que le propinaron él y siete de sus compañeros. Fue en la carrera séptima con calle 18. Contra la manifestación del 1 de mayo del 2005 el ESMAD desplegó toda su barbarie. A punta de gases lacrimógenos y perdigones hicieron retroceder la manifestación. Una bala disparada por el ESMAD entró en Nicolás quien tropezó y calló sobre el pavimento. Los agentes hicieron lo que suelen hacer con los que protestan: lo aplastó. Nicolás fue linchado. Cuando lo llevaron al CAMI de la Perseverancia ya no había mucho que hacer. Duró seis días en coma hasta que murió. En todo momento Yuri, su papá, lo acompañó en su calvario. Lo acompañó hasta que murió. Entonces, más que venganza, quiso justicia. Nicolás ni siquiera estaba protestando. Estaba en el lugar y el momento equivocado. Tenía 17 años y le gustaba leer. Se había encontrado con sus amigos para comprar libros usados en el centro cuando estalló la clásica protesta que acompaña los 1 de mayo, buscando la reivindicación laboral en un país que no entiende de derechos. El Colectivo José Alvear lo asesoró. Tenían que dejar claro que a su hijo lo había matado el ESMAD. El caso era tan contundente que al agente Rodríguez Rúa, por lo salvaje de la acción, lo condenaron dos veces. También fueron declarados culpables los agentes Nicolás Neira, Fabián Mauricio Infante y Julio César Torrijos que intentaron encubrir el asesinato asegurando que el joven se había golpeado después de tropezarse con un bolardo. Torrijos fue apresado en el 2017 por un caso que no tenía que ver con la muerte del joven, lo detuvieron por llevar un número considerable de droga. Para Yuri nada fue fácil. Desde el momento en el que emprendió la demanda contra el ESMAD fue apresado varias veces, perseguido, allanado. Incluso fue acusado de agredir un funcionario público cuando estos hechos nunca ocurrieron. Fue tanta la presión que no le quedó de otra que seguir el camino al que son obligados tantos hombres que quieren defender sus derechos: el exilio. Desde el 2011 vive en España. En ese año un Juzgado de Bogotá lo indemnizó con 160 millones de pesos por el asesinato de su hijo.  Pero las condenas de los agentes del ESMAD son demasiado poco para hacer justicia. Yuri quiere más. Yuri, por ejemplo, quiere que se procese y se condene a los agentes que participaron en la golpiza, estos son, hasta el momento, los que han identificado, Humberto Daza y Edgar Fontalvo. En noviembre del 2023 Yuri llegó a Colombia desde España. Los malos recuerdos permanecen intactos. Se ha propuesto no olvidar, igual ¿Quién puede olvidar el asesinato de un hijo? Está buscando algo histórico, pedir que la Fiscalía declare el asesinato de Nicolás Neira como un crimen de lesa humanidad. La Asociación Red de Defensores de Derechos Humanos presentó a finales del año pasado la solicitud al fiscal especializado en Derechos Humanos Samir Jiménez para clasificar el suceso no como algo aislado sino como un crimen de lesa humanidad, una práctica que se volvió común en el ESMAD y en la que morirían, durante el estallido social del 2021, 18 personas mientras se manifestaban. Durante las manifestaciones de ese 2021 murieron más de 40 personas por culpa del ESMAD La lucha de Yuri representa a cientos de familia que esperan, desde hace años, justicia.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: The New York Times Cuando Gustavo Petro anunció que este 1 de mayo se harían marchas para apoyar el gobierno, hubo centrales obreros a los que la noticia les cayó mal. Era una forma de apropiarse de las luchas que llevan más de un siglo gestándose. La pregunta siempre ronda sobre esta fecha, ¿Por qué se celebra el 1 de mayo el día del trabajo? Tenemos que trasladarnos a Chicago, a la fecha de 1886. La Revolución Industrial cambiaba para siempre el mundo. Se tecnificaron los medios de producción, se hacían los primeros esbozos de máquinas espléndidas como el aeronave, el automóvil. Sin embargo la Revolución Industrial no es necesariamente un paradigma de derechos laborales. El número de horas de trabajo era una salvajada. Es que una jornada podría alargarse hasta las 18 horas diarias sin descanso. Los sindicatos, los trabajadores que pertenecían a grupos anarquistas y socialistas, empezaron a pelear por sus derechos. Ese día salieron a la calle un número que hasta ese momento no se había visto: 35 mil personas exigiendo en las calles de Chicago su derecho a las horas libres, al descanso dominical. Hubo una fábrica en donde la protesta estalló, la de la planta de cosechadoras McCormick. En 1831 Curtis McCormick creó la máquina cosechadora, ese año realizó las primeras demostraciones. La historia de la agricultura cambiaría para siempre. Fue galardonado en todo el mundo por su invento, pero no se caracterizó por tratar muy bien a sus trabajadores. Los obreros de su fábrica siguieron en protestas mucho más allá del 3 de mayo. Ese día la policía se apostó al frente de la fábrica y disparó. Mató a dos trabajadores. Todo fue por culpa de los esquiroles. Un esquirol era un trabajador usado por la misma fábrica para romper las huelgas e incitar a regresar al trabajo a los que protestaban. La brutalidad policial arreció un día después. En la plaza de Haymarket se apostó una multitud. Era tan pacífica que hasta el mismísimo alcalde de Chicago llegó a la cita. Cuando la protesta se estaba dispersando apareció de la nada un escuadrón de la policía. Un individuo decidió lanzar un explosivo que cobró la vida de un agente. La respuesta de los uniformados no pudo ser más brutal: abrió fuego contra la multitud matando a cuatro personas y dejando heridos a 80. Agarraron a los sospechosos de siempre, 12 anarquistas. Los jueces no pudieron comprobar que los 12 detenidos tuvieron algo que ver con el lanzamiento de la bomba. Aún así condenaron a muerte a 8 anarquistas. Estos fueron  George Engel (50 años), Adolph Fischer (30 años), Albert Parsons (39 años), August Vincent Theodore Spies (31 años) y Louis Lingg (22 años). Todos salvo Parsons eran alemanes; Fischer, Parsons y Spies eran periodistas, mientras que Engel era tipógrafo y Lingg, carpintero. Como sucedió con el dia internacional de la mujer, la conmemoración del día del trabajo fue por una masacre. En Colombia también el abuso policial ha teñido la conmemoración del día del trabajo. El 1 de mayo del 2005 el joven Nicolás Neira, quien estaba en el centro de Bogotá con unos amigos comprando unos libros usados, fue sorprendido por ocho agentes del ESMAD que golpearon hasta matarlo. Su papá, Yuri Neira, tuvo que exiliarse a España porque la búsqueda de la justicia le hizo ganarse la persecución por parte de la policía. Casi veinte años después de su asesinato, Yuri quiere que el crimen de su hijo sea catalogado como de Lesa Humanidad.

Por: Línea Paz, Seguridad y DDHH. Foto tomada de: Hacemos memoria En el último informe de la línea de Seguridad de la Fundación Paz y reconciliación -que se publicará el próximo lunes- se hace un balance de lo que fue la seguridad en Colombia durante el 2023. Mientras el homicidio bajó un poco más del 1% -nada significativo para las necesidades urgentes- el hurto, la extorsión y el secuestro galopan. Sólo en el último año se presentaron 343 casos a nivel nacional. El más significativo de todos fue el de Luis Manuel Díaz. Mucho antes de que su hijo se convirtiera en uno de los futbolistas más famosos del mundo, Mané, como lo conocen, era una celebridad en Barracas, su pueblo en La Guajira, el mismo que ha tenido que convivir con los destrozos ambientales que genera la interminable mina del Cerrejón. Tenía una escuela de fútbol en donde intentaba conseguir alguien tan brillante como su hijo y, los fines de semana, se transformaba en un vallenatero de peso animando fiestas en ese lugar. Luis explotó en una Copa América indígena, fue contratado por Arturo Char en su equipo de segunda división el Barranquilla fútbol club y después fue ascendido al Junior de Barranquilla. Sus actuaciones lo llevaron al Porto de Portugal y luego al Liverpool en una transacción que superó los 70 millones de euros. Las condiciones de vida de los Díaz cambiar por completo. Durante años vivieron de la generosidad del abuelo paterno, contador público, y se acomodaron en una casa grande en el barrio Lleras de Barrancas. Su papá y su mamá, Cilenis Marulanda, no quisieron saber nada de cambiarse de ciudad ni cuando Lucho se fue a jugar a Barranquilla ni en Porto o Liverpool. En junio del 2023 cuando Díaz consiguió mejorar su contrato en ese equipo inglés ganando mensualmente 55 mil libras esterlinas, unos 274 millones de pesos. Lucho aprovechó para comprarles una casa a sus papás en Barrancas. Nunca iban a salir hasta que sucedió un hecho inesperado. El 28 de octubre del 2023 mientras tanqueaban su auto en una estación de gasolina Cilenis y Mané fueron secuestrados en su propia ciudad. Al cabo de las horas, después de que dejaran en libertad a la mamá del futbolista, se conoció que el ELN era el responsable. Inmediatamente se encendieron las alarmas. El gobierno y esa guerrilla estaban en el IV ciclo de negociación y habían pactado un cese al fuego. El ELN ha negociado con gobiernos colombianos desde 1975 y desde esa fechan han mostrado su piel dura. Para ellos secuestrar a alguien no era, hasta ese 28 de octubre del 2023, una acción que quebrantara el cese al fuego. Pero fue tal el repudio de la sociedad colombiana que Antonio García, uno de los jefes negociadores del ELN en La Habana, salió públicamente ha afirmar que condenaba este hecho. Via Telegram publicó el siguiente mensaje: “Fue un error la retención del padre de Luis Díaz realizada por el frente de Guerra Norte. Luis es un símbolo de Colombia y como tal lo sentimos en el Eln". Después se supo que hasta un amigo del papá del futbolista fue cómplice del secuestro. Esto demostraba la división que vive el ELN. El Comando Central al parecer no tenía conocimiento que el frente de Guerra Norte iba a ser un acción que fue portada de periódicos en todo el mundo. El secuestro no sólo puso de acuerdo a contradictores políticos como Paloma Valencia y Roy Barreras, que condenaban por el igual el papá de una de las glorias del deporte colombiano, sino que evidenciaba la fragmentación que vive este grupo desde hace tres décadas cuando la Corriente de Renovación Socialista decidió, con cerca de 1.000 hombres, deponer las armas contrario a lo que pensaba el Comando Central. Se sabe que en Arauca el Domingo Laín, con sus conexiones con el gobierno venezolano que le permiten acceder a ese territorio con comodidad, y el Frente Comuneros del Sur, quien ha establecido un diálogo directo con el gobierno sin la anuencia del Comando Central, evidencian que el ELN es una hidra con muchas cabezas. En ese momento Otty Patiño era el jefe negociador del gobierno con el ELN y declaró lo siguiente: “Como delegación del Gobierno Nacional para los diálogos de paz con el ELN, expresamos toda nuestra solidaridad con Luis Díaz, sus familiares, con todo el país y con los millones de seguidores del jugador en el mundo. Al ELN le exigimos poner en libertad en forma inmediata al señor Luis Manuel Díaz, y le ponemos de presente que es su entera responsabilidad garantizar su vida e integridad”. La única opción que tuvo el gobierno y el mismo Comando Central fue cesar cualquier práctica de secuestro, a eso se comprometió el 17 de diciembre del 2023, en el cierre del V ciclo de negociaciones Adicionalmente, el grupo armado se comprometió a suministrar información acerca de las personas que mantienen en cautiverio. El gobierno sigue apretando intentando, desde la mesa de negociación, que liberen a los colombianos que aún están secuestrados. Nada más en el 2023 el ELN secuestró a 110 personas. Este secuestro cambió la dinámica de negociación y endureció aún más la posición del gobierno. Fue un error que sigue pagando caro.