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Por: Nicolás León - Investigador Nacional Santiago Medina – Asistente de Investigación Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana La Oficina es la estructura delincuencial más importante del Valle de Aburrá, y una de las más conocidas a nivel nacional debido a su amplia trayectoria criminal. En los años recientes, esta estructura ha ganado un lugar protagónico en la opinión pública por su participación en el proyecto de Paz Urbana del gobierno de Gustavo Petro, que busca generar diálogos con grupos delincuenciales en las principales ciudades del país, con el objetivo de reducir los índices de criminalidad y violencia. En este contexto, se ha mencionado que es la estructura que articula la mayor parte del crimen organizado en el Valle de Aburrá, que subordina y articula a una multiplicidad de grupos y combos, llegando a tener presencia y capacidad de control en una gran parte de Medellín y Bello, y otros municipios como Itagüí y Envigado. Ante esto, vale la pena profundizar en aspectos como su historia, la estructura y el funcionamiento de La Oficina, con el fin de esclarecer la verdadera magnitud de esta estructura, y la forma en la que opera y hace presencia en la capital de Antioquia y su área metropolitana.     Breve historia de La Oficina del Valle de Aburrá   A partir de un informe de la Fundación Pares, llamado “La Tenebrosa Radiografía de las Oficinas de Cobro en Medellín”, se puede reconstruir la trayectoria histórica que ha tenido esta estructura criminal. Comenzó siendo una oficina de cobro al servicio del Cartel de Medellín de Pablo Escobar en los años 80, denominada ‘Oficina de Envigado’ debido a que su centro de operaciones se encontraba en este municipio al sur del Valle de Aburrá. Sus funciones consistían principalmente en cobrar deudas y recaudos ligados a las economías ilícitas, así como de extorsiones o ‘vacunas’ en sectores específicos. Debido a la gran capacidad de influencia que adquirió el Cartel de Medellín, y la relevancia que empezó a ganar su Oficina de Envigado, esta logró penetrar a la institucionalidad, llegando incluso a mimetizarse en despachos de tránsito para acceder a matrículas y pases de conducción, generando una situación en la que “la institución le era favorable al crimen” (Pares, 2018, p. 20). En los años 90, tras la muerte de Pablo Escobar y el declive del Cartel de Medellín, pasó a ser liderada por Diego Murillo, alias 'Don Berna', quien fuera comandante del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, convirtiéndose posteriormente en un brazo de esta estructura paramilitar. La Oficina de Envigado se articuló con las dinámicas del paramilitarismo, pero se mantuvo en las lógicas específicas del crimen organizado en el Valle de Aburrá, enfocándose en los cobros y la extorsiones. En el inicio de los 2000 se da el proceso de la ‘Donbernabilidad’, que consistió en una consolidación de la hegemonía de alias ‘Don Berna’ sobre las actividades criminales en Medellín y el Valle de Aburrá, llegando a tener la capacidad de dirimir las disputas violentas entre actores ilegales, y de reducir drásticamente las estadísticas de homicidios, con miras en participar favorablemente de los diálogos de paz entre el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe y las estructuras paramilitares pertenecientes a las AUC para su desmovilización. Este proceso evidenció los altos niveles de control e influencia a los que llegó ‘Don Berna’ y la Oficina de Envigado. En el año 2008 con la extradición de ‘Don Berna’ -junto con otros jefes paramilitares-, la Oficina de Envigado comenzó a sufrir rupturas internas, principalmente por la toma del mando, así como enfrentamientos con otras estructuras, que vieron en la ausencia de ‘Don Berna’ un vacío de poder que podían ocupar. En este periodo se dio un recrudecimiento de la violencia en el Valle de Aburrá, y una reconfiguración de las dinámicas criminales (Pares, 2018). Desde la década de 2010, la estructura comenzó a cambiar su dinámica de funcionamiento. Su nombre pasaría a ser solo ‘La Oficina’, y figuras como la de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’, y José Leonardo Muñoz, alias ‘Douglas’, empezaron a posicionarse como los principales líderes, que mantenían tensiones internas, generando así dos grandes frentes. Comenzó a dejar de ser una única organización con una estructura definida, y se convirtió en una especie de cuerpo colegiado que articularía una multiplicidad de grupos y ‘combos’ atomizados en todo el Valle de Aburrá, que seguían funcionando como oficinas de cobro, además de incursionar en otras actividades delictivas como el hurto, el secuestro y el microtráfico. Esta trayectoria histórica, en medio de un contexto de conflicto armado e influencia del narcotráfico, llevó a gestar la consolidación de una forma de operación basada en la coordinación y articulación de múltiples grupos de diferentes niveles territoriales, lo que la llevó a convertirse en la principal estructura delincuencial del Valle de Aburrá.   Radiografía de la Oficina.   La estructura de cuerpo colegiado, o confederación criminal, como se le ha llegado a denominar, implica la configuración de una red conformada por múltiples grupos delincuenciales y que, a pesar de tener mandos independientes cada uno, se mantiene un funcionamiento piramidal. Esto se da debido al grado de jerarquía que han alcanzado los dos principales líderes, ‘Tom’ y ‘Douglas’, considerados como ‘Patrones’. Desde estas posiciones jerárquicas, se articulan y coordinan las acciones de grupos delincuenciales (GDO) que operan a nivel territorial de manera autónoma entre sí. Estos, a su vez, se disgregan hacia abajo a niveles comunales y barriales, a través de ‘combos’ o pandillas, también denominados grupos de delincuencia común organizada (GDCO), mediante una figura de subcontratación.   Así, La Oficina logra una capacidad de articulación que va desde los niveles más altos, estableciendo alianzas con carteles mexicanos para actividades de narcotráfico , hasta los más bajos, controlando el microtráfico, las extorsiones e incluso los hurtos. Es decir, tienen la capacidad de articular las dinámicas transnacionales con el entorno local e incluso barrial de la actividad criminal. Por otro lado, el carácter colegiado de la organización, así como el hecho de que existen dos grandes líneas articuladas a sus dos principales jefes, hace que dentro que las distintas estructuras reunidas en La Oficina mantengan relaciones tensas entre sí, en algunos casos generando disputas violentas por el territorio y las rentas ilícitas, como por ejemplo las ocurridas en 2019 en las comunas de Robledo, San Javier y Candelaria, que tendrían su raíz por disputas entre Los Pesebreros, de alias ‘Carlos Pesebre’, y los Chatas de alias ‘Tom’, con la participación de otras estructuras más pequeñas que hacían presencia en el territorio. Según investigaciones, se ha podido establecer cuáles estructuras hacen parte de la línea de ‘Tom’, y cuáles de la línea de ‘Douglas’. Los Chatas, Caicedo, Doce de Octubre, Pedregal y La Milagrosa, serían cercanos a ‘Tom’, mientras que La Terraza, Los Pesebreros, La Silla, Altos de Aranjuez, San Pablo, La Unión y Trianón, serían cercanos a ‘Douglas’ ( El Colombiano, 2023 ). Además de estas, que serían estructuras más grandes y con mayores capacidades, existen una multiplicidad de estructuras más pequeñas, que responden a las lógicas de La Oficina y de los grupos que se articulan a ella, aunque es difícil establecer a qué bando se alinean, debido a la falta de información. Estructuras como Los Triana, El Mesa, Los Mondongueros, que tienen una gran capacidad de influencia en el Valle de Aburrá, serían independientes a La Oficina, aunque parecen tener relaciones pacíficas, mientras que con otras como La Sierra y Los Pachelly, presuntamente aliadas con el Clan del Golfo, mantiene disputas. Según datos de la alcaldía de Medellín, expuestos por CNN en 2023 , esta organización criminal la componen al menos 3.600 personas y 39 Grupos de Delincuencia Común Organizados (GDCO). Sin embargo, estas cifras podrían incrementarse si se tienen en cuenta las redes criminales que articulan a los grupos delincuenciales con los combos y pandillas a través de la subcontratación. En este sentido, se entiende que, según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, las estructuras que integran las mesas de diálogo sociojurídico del proceso de paz urbana, de las cuales la mayoría hacen parte de La Oficina, estarían conformadas por entre 12.000 y 14.000 miembros.   Con base en el seguimiento que se ha hecho desde la Línea de Convivencia y seguridad Ciudadana de la Fundación Pares, se podría afirmar que La Oficina tiene influencia en las Comunas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 de Bello. Comunas 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16 de Medellín, y en el municipio de Itagüí.   En síntesis   La Oficina se ha posicionado como un actor fundamental para entender la configuración de la dinámica delincuencial del Valle de Aburrá. Este actor influye en la composición del mapa criminal de la región, la fortaleza de las gobernanzas criminales en los niveles locales y microterritoriales, y la utilización de repertorios de violencia en clave de disputas y alianzas por el control de las economías ilícitas.   En este sentido, por su trayectoria criminal, fue y continúa siendo el principal actor criminal en la región. Actualmente, cuenta con una capacidad de articulación y organización que permite conectar desde los niveles transnacionales del crimen, hasta los niveles barriales. De esta manera, es una organización criminal que se ha adaptado con éxito a las dinámicas del crimen y la violencia, lo que le ha permitido la supervivencia y hegemonía del entorno urbano del Valle de Aburrá. Gracias a esta alta capacidad adaptativa actualmente se ha venido configurando como un actor estratégico para el desarrollo y articulación con el Crimen Organizado Transnacional.   A pesar de esto, La Oficina no debe asumirse como un actor homogéneo. Es clave entender su organización a partir de las alianzas con otros grupos locales y la subordinación de combos barriales; es esta estructura descentralizada la que les ha permitido mantener un nivel de consolidación de gobernanzas criminales en los niveles microterritoriales, como también lo que ha generado disputas y fragmentación en su estructura. Del mismo modo, las conflictividades internas también se representan en los líderes y cabecillas de la organización, lo que da cuenta de la alta complejidad para definir su estructura, sus miembros y la cadena de operación que permite su funcionamiento.   Dada la relevancia de este grupo en las dinámicas del crimen en el Valle de Aburrá, los escenarios de conversaciones de paz urbana (de los que hace parte La Oficina en este momento) son de suma relevancia para la región. Sin embargo, por las mismas complejidades al interior de su organización, es un desafío llegar a un acuerdo que cobije a todos los miembros que se le atribuyen, en particular, a los que operan y dinamizan sus actividades en el nivel barrial. El escenario se complejiza aún más considerando la ausencia de un marco jurídico que delimite las expectativas de este proceso de diálogo.   Por esta razón es necesario hacer un diagnóstico acotado a la trayectoria y capacidad criminal de esta estructura. Dicho diagnóstico permite acotar las expectativas de futuros acuerdos en el marco de la paz urbana, como también prever los escenarios de riesgo del éxito o fracaso que devenga de estos diálogos.   Referencias   -   Fundación Paz y Reconciliación (2018). La Tenebrosa Radiografía de las Oficinas de Cobro en Medellín. https://e7c20b27-21c2-4f2b-9c38-a1a16422794e.usrfiles.com/ugd/e7c20b_96698da48cbb42a581daebe698024730.pdf -   Matta, N.R. (2023). Cómo opera “La Oficina”, máquina de guerra que ahora pide paz. Periódico El Colombiano, consultado el 29 de abril de 2023. https://www.elcolombiano.com/colombia/la-oficina-la-maquina-de-guerra-que-ahora-pide-paz-AG20157340 -   Matta, N.R. (2023). ¿Quién es quién en el crimen organizado del Valle de Aburrá? Periódico El Colombiano, consultado el 29 de abril de 2023. https://www.elcolombiano.com/colombia/estos-son-17-cabecillas-bandas-crimen-organizado-paz-total-medellin-JG21720779 -   Velásquez, M (2023). Dejar de "torturar, desaparecer y asesinar", el compromiso por la paz de grupos delincuenciales de Medellín, según el gobierno. Diario CNN en Español, consultado el 29 de abril de 2023. https://cnnespanol.cnn.com/2023/01/27/paz-total-bandas-delincuenciales-medellin-colombia-crimen-organizado-orix/#:~:text=La%20prensa%20local%20reporta,Terraza%2C%20Robledo%2C%20La%20Sierra

Por: Redacción Pares En el último informe de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación, se hizo un balance del comportamiento delictivo en Colombia durante el 2023. Los delitos que han aumentado son el hurto, la extorsión y el secuestro. El homicidio se mantiene en una meseta y aumentó un poco más allá del 1% este aumento se dio en los últimos 4 años. Esto se explica, según este informe que presentaremos a continuación, por la consolidación de algunos grupos en lugares como el Valle de Aburrá donde el control de La Oficina es total, incluso en el caso de Itagui los homicidios bajaron a un 45%. Si ya no se tiene con qué disputarse el territorio ¿Para qué se mata? Lo mismo pasa en Quibdó, uno de los lugares del país en donde el homicidio ha bajado dramáticamente, en parte gracias a la Paz Urbana a la que han decidido escuchar. En Chocó mandan dos bandas, los Locos Yam y los Mexicanos. Desde julio del 2023 han decidido sentarse a hablar con el gobierno nacional llegando a algunos acuerdos desde que se instaló una mesa de negociación el 18 de agosto del 2023. Al evento asistieron La Diócesis de Istmina, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la MAPP-OEA, la Gobernación de Chocó, la Alcaldía de Quibdó y representantes de Noruega, Suecia y España. Desde los acercamientos entre gobierno y estas bandas, que arrancó en diciembre del 2022, se presentaron índices de que las cosas iban por buen camino, como que en Quibdó se redujera en un 54% los homicidios. Pero, además de esto, el hecho de que no hayan disputas territoriales con otras bandas por la consolidación de bandas como los Mexicanos y los Locos Yam, podría ser también una razón de la reducción. Los mexicanos están conformados por jóvenes chocoanos, ya sean indígenas o afrocolombianos, víctimas del conflicto armado en Colombia, sin oportunidades, arrasados por la vida. En un comunicado donde explicaban sus orígenes los mexicanos afirman “Desde muy niños nos convirtieron en los actores principales de una guerra absurda que no tuvimos por qué vivir”. Hasta el momento de la negociación con el gobierno los mexicanos tenían una estructura con 300 jóvenes que controlaban la extorsión en 192 barrios de la capital de Chocó. Chocó ha sido uno de los lugares de Colombia más martirizados del país por culpa de la desigualdad. Según el Dane el 66.7% de la población vive en situación de pobreza. Esto explicaría porque también los Locos Yam se consideren, más que víctimas, victimarios. Según el diario El Espectador “algunos de sus integrantes provienen del Medio Atrato, Bajo Atrato y San Juan, muchos de ellos llegaron a Quibdó a causa de desplazamientos forzados por el conflicto armado interno del país. Al llegar a la capital chocoana, no encontraron oportunidades para salir adelante y según ellos, esto los llevó a ser presa fácil de la delincuencia” La instalación de la mesa en Quibdó sirvió para conocer más de cerca a ambas bandas. Sobre los Locos Yam se conoció, a través de un video que enviaron, su visión sobre lo que esperaban para Chocó: “Me imagino un Chocó sin fronteras, sin barreras invisibles y que todos pongamos nuestro granito de arena, no solo nosotros sino todo, así podemos lograr la paz”. En el siguiente balance de seguridad explican un poco más a fondo las razones por las que en Chochó los homicidios están bajando. Aunque, según esta cifra, no hay muchas razones para echar las campañas al vuelo:

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Universal Trabajar en una cárcel es difícil, pero en Colombia puede ser un trabajo donde se pierda la vida. Durante los últimos dos años el nivel de violencia en las amenazas y acciones contra funcionarios del INPEC ha crecido de manera exponencial. Desde el 2023 se dieron las primeras voces de alarma. En ese momento el ministerio de justicia declaró la emergencia carcelaria. En apenas dos meses ya se llevaban registradas cinco atentados y 10 amenazas contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Buena parte de la extorsión en este país se realiza desde las cárceles. Algunos líderes de estas bandas criminales, como el Negro Ober de los Rastrojos Costeños, han grabado amenazas a comerciantes en Soledad Atlántico advirtiéndoles que si no cumplen con sus exigencias los matarán. En la Tramacúa, en Valledupar, está alias Pipe, el temible cabecilla de la Banda la Inmaculada en Tuluá. En marzo del 2024 apareció un pasquín en donde se afirmaba lo siguiente: “Estamos dirigiéndonos a ustedes dragoneantes del Inpec, cuadros de mando, director de Palogordo, director regional, presidentes de sindicatos. Les damos 24 horas para que se haga el traslado de nuestro hermano que se encuentra recluido. De lo contrario iniciaremos un plan pistola hasta que se haga el traslado” Después se comprobó que no sólo pedían el traslado de alias Pipe sino también de otro de los duros de la organización encerrados en esa cárcel, se trata de Andrés Hernández Salazar, alias “Care gallo” quien ha sembrado el terror en el Quindío. Las amenazas se deben al aumento de intensidad en los operativos contra La Oficina de Tuluá donde están presos sus cabecillas. En la cárcel de Girón, donde están presos los cabecillas de la Inmaculada hay temor. En un programa de Alerta Santanderes el dragoneante Sánchez Banderas se desahogó y habló claramente sobre la angustia que les da el abandono y la desprotección estatal en la que viven: “Lo que nos preocupa es que se hagan efectivas estas amenazas porque lo que quieren es presionar el traslado de esta persona privada de la libertad, dan 24 horas, es decir hasta el día de hoy, o si no somos su objetivo tanto los presidentes del Sindicato, directivos, cuadros de mando, entonces es bastante preocupante, porque esta es la prueba reina al igual que otras oportunidades, que efectivamente no tenemos garantías para ejercer nuestra profesión estamos abandonados, no tenemos acompañamiento de parte de la Policía Nacional ni el Ejército”. El ministro de Justicia Nestor Osuna ha implementado algunas medidas como seguros de vida a funcionarios del INPEC y recursos económicos adicionales para fortalecer la seguridad en las principales cárceles del país. Estos recursos se destinarán a la adquisición de tecnologías más modernas y efectivas, como inhibidores y sistemas de seguridad contemporáneos. Pero estos por ahora están lejos de ser suficientes. El dragoneante Johan Pardo, líder del Sindicato de la OSP, ha salido de manera valiente a varios medios de comunicación como Cable Noticias a expresar sus preocupaciones. Para él estas medidas están lejos de ofrecerles unas garantías: “La declaración de emergencia carcelaria no ha correspondido frente a las expectativas que generó. Se espera más medidas reales e inmediatas por ejemplo frente al seguro de vida, prima de riesgo y la pensión de alto riesgo de los trabajadores del inpec, temas sobre los cuales seguimos esperando medidas”. La violencia contra funcionarios del INPEC llegó a la cárcel modelo de Bogotá. En la noche del pasado jueves 9 de mayo del 2024 se realizaron tres disparos en la parte externa del establecimiento carcelario que impactaron en la pared. También se dejaron tres aterradores panfletos amenazando al director de la cárcel y a su familia: “De parte de Pedro Pluma del patio cuarto para el director, que si vuelve a meter requisa para el patio le mato a la familia. Para que vean que yo si tengo poder y si me trasladan le mato a la familia”. Hasta el momento no se tiene conocimiento de quien es Pedro Pluma. En próximas entregas ahondaremos en detalles. Lo cierto es que los funcionarios del INPEC temen por sus vidas en varias cárceles del país. Se necesita una intervención frontal y directa del gobierno nacional.

Por: Redacción Pares La policía llevaba meses acorralando a los muchachos. Primero mataron a Jesús León, un estudiante de odontología, quien era conocido por su trabajo en Bienestar Universitario, que protestaba sobre la carrera 30 el 7 de octubre de 1983. Lo acusaron de haber pertenecido a un grupo guerrillero. La reacción de los estudiantes fue, unos meses después, el 16 de mayo de 1984, encapucharse y quemar un bus dentro de la Plaza Che. La reacción del rector fue permitir que la policía entrara y les diera bala a los estudiantes. De ese horror se cumplen cuarenta años. Nadie podrá olvidar este día. Nadie contó los muertos. Días antes de estos hechos ya se venían presentando hechos que ponían en alerta a la comunidad universitaria. Uno de ellos fue el asesinato el 9 de mayo de 1984 del líder estudiantil Jesús Chucho León, en Cali. Al principio dijeron que lo habían asesinado dizque por robarle la moto. Nada de esto es cierto. En la autopsia que se le hizo al cuerpo del joven quedó evidenciada la tortura que le hicieron antes de asesinarlo. Ya se habían presentado acoso, provocaciones, como la ocupación en septiembre de 1982 de las residencias estudiantiles y que permanecieron ocupadas de manera ilegal hasta la semana santa de 1984. En cada tropel a los policías se les empezó a hacer fácil acosar y disparar sobre estudiantes. Así también mataron a Yesid, un estudiante de arqueología. El día que quemaron el bus en la Plaza, después de la una de la tarde, después del estallido de una papa creada por los estudiantes, la Fuerza Pública, incluidos los policías de civil, se tomaron la universidad nacional y empezaron a reprimir. El rector, Fernando Sánchez Torres, afirmaron que hicieron un rastreo y que no encontraron muertos pero los estudiantes si vieron todo el horror. Asesinados a mansalva, rematados en el piso. Pisoteados por la bota militar. Se cumplen 40 años en los que la verdad ha intentado salir a flote pero la han ahogado impunemente. Después de ese suceso la universidad duró cerrada durante 11 meses. Cuando se reabrió la universidad los servicios de Bienestar Universitario, que le permitió a tantos estudiantes que no tenían nada pudieran comer, desapareció, así como también desapareció las residencias universitarias. Hay una investigación de archivos el Búho de la Universidad Nacional cuyos resultados fueron publicados en su momento por el diario El Espectador. El número de estudiantes detenidos y posteriormente torturados, incluso adentro del plantel, fue de 80. En marzo del 2021 un grupo de estudiantes le entregó a la Comisión de la verdad una investigación sobre este fatídico día. En ella se explica la transformación que venía teniendo la universidad quien pasó de ser un centro de estudios para clases privilegiadas en los años sesenta, a recibir a estudiantes de provincias, pertenecientes a estratos bajos. Esto politizó la universidad y produjo una intensidad en los paros como se vio en el año 1976 cuando hubo una activa protesta por el cierre de las residencias universitarias, o las continuas protestas que hubo en la universidad en contra de las políticas represivas del gobierno Turbay entre 1978 y 1982. Esa activación del pensamiento crítico universitario fue ripostado por los gobiernos con toda su brutalidad. La universidad no olvida. Cuarenta años después está sumida en una crisis institucional. Prácticamente hicieron un golpe de estado los administrativos para imponer como rector a un funcionario que es rechazado por la comunidad estudiantil. Esto generó un paro que ya lleva dos meses y ya hay rumores de cancelación de semestre. La elección de Ismael Peña no tiene contento a nadie, ni siquiera a trabajadores de la universidad que se sumaron al paro. La coyuntura, la conmemoración de los cuarenta años del mas violento ataque de la policía a la comunidad universitaria, hará que los estudiantes salgan  a la calle en este día. Se harán sentir con toda su fuerza.

Por: Redacción Pares Foto tomada del: El Espectador La semana pasada se respiraba miedo entre los funcionarios del INPEC que trabajan La Modelo de Bogotá. Circulaba un pasquín en donde se amenazaba de la peor forma al sargento retirado Elmer Fernández, quien, hasta este jueves 16 de mayo, día en el que fue asesinado, fue el director de esa cárcel: “De parte de Pedro Pluma del patio cuarto para el director, que si vuelve a meter requisa para el patio le mato a la familia. Para que vean que yo si tengo poder y si me trasladan le mato a la familia”. En la noche del 9 de mayo se produjeron tres disparos que salieron de la parte externa del establecimiento carcelario y se estrellaron contra la pared. Quedaba clara que la amenaza fácilmente podría pasar a los hechos. Al otro día de estos hechos, la fundación PARES alcanzó a hablar con el dragoneante Johan Pardo quien trabaja en La Modelo. Con preocupación veía que las medidas tomadas por el ministro Néstor Osuna, a raíz de las amenazas que venían sufriendo en cárceles como ésta donde trabajaba o La Tramacúa eran insuficientes. Hoy jueves, 16 de mayo, se comprobó de la peor manera que esta prevención era real.  Se empezó a escuchar hablar de represalias desde la semana pasada cuando las directivas de La Modelo empezaron a hacer requisas contra La Oficina de Tuluá, conocida también como La Inmaculada.  Las primeras investigaciones apuntan a que el tal Pedro Pluma pertenecería a este grupo delincuencial. La Inmaculada se dio a conocer en el país el pasado 10 de febrero. Ese día decidieron atacar con todo a la oficina de Tránsito de la ciudad. Primero asesinaron al agente César Augusto Hernández, quien en ese momento se encontraba en la sala de su casa. Luego fueron contra otro agente, Johny Castaño. Cobijados por la impunidad, incineraron en plena vía pública a nueve vehículos y un supermercado. Todo esto era la represalia por haber sido capturado uno de sus líderes, Mauricio Marín Silva, alias Nacho quien había caído un día antes, el nueve de febrero, en la vereda Guayabal en Tuluá. Su traslado a una cárcel desató la ira de la Inmaculada. Desde cárceles como La Tramacúa y la misma Modelo, bandas como la Inmaculada o los Rastrojos manejan la extorsión a placer. Desde el 2022, cuando apareció el Negro Ober, líder de los Rastrojos Costeños, amenazando con matar a comerciantes del Atlántico, como represalia después de que fuera detenida su esposa, se sabe del poder que tienen estas bandas dentro de la cárcel. Tal y como lo dice el investigador Nicolás León, de la línea de Convivencia y Seguridad ciudadana de la Fundación Paz y Reconciliación, después de la muerte del director de La Modelo: “Esta es una pequeña muestra de la crisis carcelaria. Los centros de reclusión y carcelarios no son espacios de resocialización. Al día de hoy son espacios dinamizadores del crimen organizado.” Las amenazas son una constante. En marzo de este año en la cárcel de la Tramacúa, en donde está encerrado alias Pipe, otro de los líderes de La Inmaculada, circuló este pasquín: “Estamos dirigiéndonos a ustedes dragoneantes del Inpec, cuadros de mando, director de Palogordo, director regional, presidentes de sindicatos. Les damos 24 horas para que se haga el traslado de nuestro hermano que se encuentra recluido. De lo contrario iniciaremos un plan pistola hasta que se haga el traslado”. Después se comprobó que no sólo pedían el traslado de alias Pipe sino también de otro de los duros de la organización encerrados en esa cárcel, se trata de Andrés Hernández Salazar, alias “Care gallo” quien ha sembrado el terror en el Quindío.   Las amenazas se deben al aumento de intensidad en los operativos contra La Oficina de Tuluá donde están presos sus cabecillas. En la cárcel de Girón, donde están presos los cabecillas de la Inmaculada hay temor. En un programa de Alerta Santanderes el dragoneante Sánchez Banderas se desahogó y habló claramente sobre la angustia que les da el abandono y la desprotección estatal en la que viven: “Lo que nos preocupa es que se hagan efectivas estas amenazas porque lo que quieren es presionar el traslado de esta persona privada de la libertad, dan 24 horas, es decir hasta el día de hoy, o si no somos su objetivo tanto los presidentes del Sindicato, directivos, cuadros de mando, entonces es bastante preocupante, porque esta es la prueba reina al igual que otras oportunidades, que efectivamente no tenemos garantías para ejercer nuestra profesión estamos abandonados, no tenemos acompañamiento de parte de la Policía Nacional ni el Ejército”. El director de La Modelo se encontraba en un carro del INPEC en el sector de Barrios Unidos al norte de Bogotá. El ministro Osuna lanzó un escueto comunicado: “lamento ser portador de una terrible noticia, acaba de ser asesinado el coronel (r) Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo, de Bogotá, cuando iba en su carro en la carrera 30 con calle 80 en la ciudad de Bogotá". Además decretó la emergencia carcelaria por la situación que se vive en el país: En apenas dos meses ya se llevaban registradas cinco atentados y 10 amenazas contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Las investigaciones sobre quien pudo estar detrás de este asesinato están en curso.

Por: María Valentina Ortiz Prada, Nicolás Andrés Bohorquéz, Iván Gallo En las cárceles de la Modelo de Bucaramanga y Palogordo de Girón, los guardias en las garitas observan con frecuencia una escena peculiar: dos hombres llegan en moto, el parrillero se baja y, como si de un beisbolista se tratase, lanza algo que parece una naranja. De hecho, técnicamente, sí es una naranja. Estas ‘pelotas’ están hechas de cáscara de naranja secas envueltas en cintas; no existe un material más barato y eficaz para amortiguar el contenido de estas pelotas. Dentro, pueden encontrarse bolsas de cocaína, moños de marihuana, chips o celulares. El INPEC teme que grupos con un alcance transnacional, como el Clan del Golfo o el Tren de Aragua, manejen o sostengan alguna relación con estas complejas redes de abastecimiento que se conforman a través de una línea de labores, que incluye desde los ‘campaneros’, hasta quienes lanzan las pelotas. Desde las garitas, los guardias no pueden hacer nada: a los funcionarios del INPEC solo les atañe lo que sucede en los muros del centro penitenciario, la facultad de detención frente a cualquier cosa que salga del entorno perimetral es de la Policía Nacional. Los “peloteros” son sólo una pieza dentro de una estructura criminal organizada, no un grupo en sí. Esta estructura involucra toda una cadena de producción que va desde la persona que envuelve y embala las pelotas, hasta quienes las reciben dentro de las cárceles. No se trata de individuos que actúan al azar, sino de un mercado sistematizado cuyo modo de operación responde a una motivación económica. Sin embargo, podría argumentarse que, de cierta manera, este conjunto carece de un mando jerárquico convencional. Su naturaleza operativa se basa en la subcontratación para disponer de tareas del sistema productivo criminal. Este modelo permite flexibilidad y reduce la exposición de los líderes a la acción policial, al tiempo que asegura un flujo constante de suministros hacia las cárceles. La tecnificación de estos métodos de abastecimiento ilegales ha llevado a un salto en las entregas, a las artesanales bolas forradas hechas con cáscaras de naranja se han sumado artefactos tecnológicos como drones y hasta entregas con palomas. Como mencionó una funcionaria de la cárcel de Palogordo en una entrevista con PARES, la cual reservamos su identidad por seguridad: “Esto no lo hace cualquier chirrete”. Una vez el paquete está dentro, se captura a la persona que lo recibe y se realiza el procedimiento con la policía judicial. Muchas veces no se puede determinar quién es el principal responsable y solo se logra decomisar la mercancía. Sin duda, para que estos insumos se manejen dentro de la cárcel, no solo se requiere la acción de los "peloteros"; debe haber una voluntad por parte de algunos guardias o funcionarios para que esto fluya en los patios. El pasado 16 de mayo, vimos lo que pueden hacer las agrupaciones criminales ante funcionarios del INPEC que no se someten a sus exigencias, con el asesinato del director de La Modelo. "Por lo general, al agente del INPEC que decomisa o al director que ordena una investigación penal, le llueven amenazas". Por otro lado, vale la pena pensar sobre la posición de quienes se encuentran dentro de los centros penitenciarios, ya que son estos quienes solicitan las mercancías. Por tal razón, no sería descabellado suponer que ellos también podrían estar implicados en la coordinación de las actividades ilegales, siendo aún miembros operantes de las estructuras criminales dentro de las cárceles que articulan el ingreso de insumos ilegales con otros delitos como la extorsión y las amenazas. La extorsión es el delito que más ha crecido en Colombia en el último año, y la mayoría de estos hechos delictivos se perpetran desde dentro de las cárceles. No necesitan otra arma que los celulares; a través de llamadas, acorralan a comerciantes y civiles para obtener las sumas que requieren. Videos como los difundidos del Negro Ober, líder de los Rastrojos Costeños, en los que amenaza con asesinar comerciantes en represalia por el arresto de su pareja, llevaron a las autoridades a tomar medidas como la Operación Dominó, con redadas y requisas en las celdas. Esto desató la ira de delincuentes como Pedro Pluma del Patio 4D de la Modelo, quien amenazó con matar al director de ese penal y a su familia si las redadas continuaban. Por eso en noviembre de 2023 se habilitó en Palogordo el pabellón de máxima de seguridad en donde albergan a delincuentes como Digno Palomino Rodríguez, alias El Viejo, ex comandante de los Costeños, Otón Alfredo Peralta, líder extorsivo de Los Costeños, Jesús Olivares Guzmán, mano derecha del temible Negro Ober. Hasta diciembre estaba en ese lugar uno de los peces gordos de la extorsión en el país, José Manuel Vera Sulbarán, mejor conocido como Satanás. Además, 13 de enero del 2024 salió de la cárcel de Girón un audio en donde este criminal amenazaba con hacer un “baño de sangre” con los comerciantes bogotanos si no se ponían al día con sus dos principales cobradores, alias Moisés y alias Pedro. Sin embargo, en Palogordo, al igual que en otros seis establecimientos penitenciarios donde se está llevando a cabo la Operación Dominó, las amenazas a los funcionarios han aumentado. Gracias a estos operativos, se han identificado modalidades de crimen como el “Multicrimen” del Clan del Golfo, que financia el envío de drogas a Venezuela, Perú y México. En esta modalidad también participa el Tren de Aragua, que se ha subdivido en clanes como el de Satanás. Además, La Inmaculada y las disidencias de las FARC, junto con el ELN, son algunas de las culebras con las que deben lidiar en Palogordo y otras cárceles. “Nosotros para ellos somos trabas en ese proceso. Cuando hacemos la operación Dominó los aislamos en patios sin comunicación alguna y eso los enfurecen y nos amenazan con denunciarnos porque le estamos coartando el derecho a la comunicación”. Otra de las grandes preocupaciones del INPEC es la instrumentalización de las cárceles, los grupos delincuenciales usan los centros penitenciarios como medios para presionar políticamente al gobierno en las negociaciones que avanzan en el marco de la Paz Total con estos grupos. Los funcionarios quedan expuestos entre la lucha que cada vez más escala en violencia entre los grupos delincuenciales y el gobierno. “Uno vive todos los días con una incertidumbre. Estar en una cárcel es como estar en un país pequeño”. En la cárcel de Palogordo se vive los rigores del Plan Pistola.  La situación, como se ha visto en otras partes del país, es cada vez más insostenible.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: Infobae y Red+Noticias Desde comienzos de mayo la tensión en la cárcel Modelo de Bogotá se podía cortar con un cuchillo. Las amenazas se hacían sentir ante cada requisa, cada aislamiento. Se sabía que el mayor foco de extorsión en el país sucedía en las cárceles. Según el último informe de la fundación Paz y Reconciliación En Colombia la extorsión creció entre el 2022 y el 2023 un 7.9%. Pasó de 9.791 a 10.560 casos en un solo año. El modo predilecto para efectuarlo es a través de la llamada telefónica con 4.513 casos, los cobros directos con un 26% y las redes sociales con un 14.3% completan las modalidades de extorsión. Cabe resaltar que el 40% de las extorsiones se realizan en el país desde centros carcelarios. Desde la Fundación advertimos sobre las amenazas que venía sufriendo el entonces director de La Modelo, Elmer Fernandez, asesinado el pasado 16 de mayo en el norte de Bogotá. Una semana antes de estos hechos había circulado un panfleto advirtiéndole al sargento retirado que, si proseguía con las requisas y traslados de patios a reclusos, lo matarían a él y a su familia. Incluso se realizaron disparos dentro del penal para que se tuviera claro que estaban hablando en serio. Después de la muerte de Fernández asumió la dirección del centro carcelario su subdirector, el coronel Oscar Alejandro Tovar. Pero el viernes en horas de la tarde se presentó un motín dentro del penal, lo que obligó a la renuncia de Tovar. Así que la dirección cayó a cargo de una mujer, se trata de Nancy del Socorro Pérez, quien hasta ese viernes oficiaba como la mayor de prisiones del cuerpo de custodia y vigilancia. Pérez nació hace 58 años en Medellín de los cuales 38 años se los ha entregado en cuerpo y alma al INPEC. A pesar de lo difícil de la coyuntura que está pasando La Modelo, no es la primera vez que lidia con un problema de estas dimensiones. Ha estado al frente de la cárcel La Picaleña de Ibagué. Tiene título de abogada y se ha especializado en derechos humanos y competencias ciudadanas. No le temblará el pulso a la hora de endurecer medidas contra gente tan peligrosa como Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, jefe de la Inmaculada, la temible banda que se apoderó de esa ciudad del valle el pasado 10 de febrero, asesinando a dos agentes de tránsito, quemando nueve vehículos y un supermercado. En el patio 4 de La Modelo también está Pedro Nel Caro, alias Pedro Pluma, quien fue el hombre que había amenazado previamente al anterior director de La Modelo. En las últimas horas Pipe Tuluá denunció que la circular que venía difundiéndose a través de redes sociales en donde La Inmaculada decretaba plan pistola contra funcionarios del INPEC, era falsa. También se ha revelado como fue el plan para asesinar a Elmer Fernández. El funcionario, que apenas completaba 42 días en el cargo, iba camino hacia su residencia cuando los sicarios que iban en una moto le dispararon en una sola oportunidad. Con esto tuvieron para asesinarlo. Al parecer dos motocicletas estuvieron implicadas en estos hechos. Una iba adelante “marcando el camino”. Se habría usado una Pulsar color verde para cometer el homicidio. Mientras tanto la emergencia carcelaria continúa en todo el país.

Por: Redacción Pares Fotos tomadas de: El Espectador y El Colombiano Un mes después de su captura, Juan Castro Estupiñan, mejor conocido como Matamba, se fugó de la cárcel La Picota. Era uno de los jefes más buscados de la banda Cordillera Sur, uno de los brazos del Cartel del Golfo que más plata les llevaba a esta organización criminal a punta de narcotráfico. Tenían dos formas de sacar la droga del país hasta Europa, una, a través de las importaciones de productos que se dan en el Urabá y la otra a través de lanchas rápidas. A “Matamba” se le siguió durante cuatro años. Se le había visto en algunos videos en un concierto, celebrando echando balas al aire la llegada de algún cargamento de droga a un puerto europeo. Lo que más llamaba la atención es que, en esos videos, se veía custodiado por hombres vestidos de camuflados. Las investigaciones apuntaban a que había un alto oficial del ejército que tendría que estar ayudando a este narco en la logística y también reclutando hombres de las fuerzas armadas para que jugaran doble. La caída de una mujer llamada La Mona y de un celular evidenció esta colaboración y pudo develar el hombre del oficial que cuidaba al capo. Se trataba de Robinson González del Rio, coronel retirado del ejército. En el celular quedaba claro la ayuda que le prestaba a “Matamba” informándole sobre operativos contra él, cuidándole la espalda e incluso ayudándole a reclutar hombres y a entrenarlos. No era la primera vez que Gonzalez del Rio era noticia por sus crímenes. En el 2015 aceptó su responsabilidad en el asesinato de 32 personas entre ellos 2 menores de edad. 14 de estos casos formaban parte de los falsos positivos. Los hechos ocurrieron entre el 2007 y el 2008 cuando el coronel se encontraba al frente del Gaula de Antioquia y tiempo después en el batallón de contraguerrilla mártires de Puerres. Los mal llamados falsos positivos fue una práctica que se dio en el ejército durante los años de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe. El premiar a los soldados y comandantes de tropa a partir de las bajas en combate fue la motivación de oficiales y tropa de hacer pasar como guerrilleros a civiles. González del Río fue el primer oficial del ejército en someterse a la JEP. El Coronel iba a ser condenado a 40 años de cárcel pero por su supuesta colaboración a la justicia esta pena se rebajó a la mitad. “Matamba” no necesitó un intrincado plan para fugarse de la cárcel. Salió simplemente por la puerta vestido de guardia. Sólo hasta en la mañana del día siguiente los funcionarios de la cárcel se dieron cuenta de su fuga. Se habló después de un soborno de 2.000 millones de pesos repartidos entre la policía y funcionarios del INPEC para permitir su escape.  El poder de este capo se cimentó en ocupar los espacios dejados por Gentil Duarte, ex comandante de las disidencias FARC después de su muerte. Esas zonas son tres, Policarpa, Leyva y el Rosario en Nariño. Desde allí sacaba la coca que exportaba. Estas zonas fueron recuperadas y controladas por hombres entrenados por miembros del ejército en activo y por el propio Robinson González del Río. Esta alianza con la banda Cordillera Sur implicaría incluso a generales del ejército, pero la investigación se estancó. Dos meses después de su fuga Matamba fue asesinado. Se ha manejado una versión de que la policía lo ultimó para que éste no hablara y contara sus verdades. En cuanto al Coronel González del Río, después de este escándalo, la JEP decidió este martes 28 de mayo expulsarlo del tribunal. La razón de su expulsión fue su probada colaboración con la banda de Matamba. En este documento queda consignada su expulsión.

Por: Redacción Pares El día de la madre en Colombia suele ser el día más violento del año. Según cifras de la policía metropolitana durante el 2023 se registraron 12 homicidios, 308 lesiones por riñas y 255 casos de violencia intrafamiliar. El consumo de alcohol exacerba la brutalidad y, entre los hombres, los celos y el machismo. Un ejemplo de esto fue lo que ocurrió el 14 de mayo del 2023, pleno día de la madre,   en el centro comercial Unicentro al norte de Bogotá. Christian Camilo Rincón Díaz, empleado de una empresa de seguridad, ingresó al Domyno´s que está ubicado en el primero piso del centro comercial. Allí buscó a su novia, Erika Lugo, una joven de 26 que trabajaba en la pizzería. Ella tenía miedo. Las amenazas y los episodios de violencia se repetían en los últimos tiempos. La conversación, realizada en un local de Juan Valdez fue aumentando de tono. Después empezó una balacera. Luego de dispararle a la joven Christian Camilo se pegó un tiro en la sien. Las imágenes quedaron registradas en el celular de los clientes. Un año después mayo del 2024 vuelve a ser un mes violento para las mujeres. En sólo veinte cuatro horas han ocurrido dos feminicidios. El primero ocurrió, otra vez, en un centro comercial, el Santa Fe. Un hombre llamado Iván José de la Rosa entró al centro comercial Santa Fe. Buscó a su ex pareja, Steffany Barranco Oquendo, quien trabajaba en un almacén Imusa en ese lugar. Después de insultarla a los gritos la hirió de muerte con un objeto cortopunzante. El hombre intentó matarse pero fracasó en el intento y hoy está custodiado por la policía, y deberá responder por este crimen. La relación cumplía 10 años pero Barranco, candada del maltrato, quiso separarse. Pero no pudo. No tuvo esa opción. Era madre de dos niños. Unas pocas horas después, el 30 de mayo del 2024, Natalia Vásquez Amaya, 31 años, madre de un niño, caminaba frente a su casa en la localidad de Suba cuando su ex pareja empezó a atacarla, dos familiares intentaron defenderla pero también resultaron heridos. Después de asesinarla el hombre entra a la residencia y allí dentro se quita la vida. Mientras ocurría este asesinato en Suba, se efectuaba un plantó frente al centro comercial Santa Fe repudiando estos hechos. El hijo de la pareja, de apenas tres años, se encontraba en la casa cuando ocurrió el crimen. La Secretaría de la Mujer rechazó estos crímenes ocurridos en menos de veinte cuatro horas: "Repudiamos y rechazamos otra muerte violenta de una mujer, esto no se puede seguir repitiendo. Desde nuestra Entidad estamos trabajando para implementar estrategias urgentes de prevención y atención de las violencias contra las mujeres para que estos hechos no se repitan". Hay hechos preocupantes en torno a estos tres casos. Según mostró la revista Cambio las cifras de feminicidios en Bogotá no coinciden. La Procuraduría afirma que se han registrado seis casos en lo que va del 2024. La secretaría de la Mujer afirma que son tres. Según el Observatorio de feminicidios en Colombia 4.183 mujeres han sido asesinadas desde el 2017 hasta la fecha. En el año 2015 se aprobó la c que tipificó el delito de feminicidio en Colombia. Violada, torturada y brutalmente asesinada por un compañero de estudio, el 24 de mayo del 2012, su caso conmocionó al país. La joven madre duró desangrándose durante horas en el Parque Nacional, lugar donde ocurrió el crimen. Por la incompetencia de funcionarios de la Secretaría de Salud, el Estado fue condenado por este crimen. Colombia, como tantos otros países del mundo, no es un país seguro para las mujeres.

Por: Katerin Erazo, Periodista El Gobierno Nacional de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez y el ministro de Justicia Néstor Osuna, firmó la Ley 2356 de 2024. Esta nueva legislación marca un hito en la lucha contra el feminicidio en el país al eliminar beneficios penales y endurecer las medidas para los condenados y detenidos por este delito. La Ley 2356, que entra en vigor de inmediato, tiene como objetivo principal garantizar que las penas por feminicidio sean cumplidas en su totalidad en centros penitenciarios, sin posibilidad de beneficios o subrogados penales. Esta iniciativa legislativa surge en respuesta a la creciente preocupación por la violencia de género y el alarmante aumento de feminicidios en Colombia. La Ley 2356 de 2024 consta de cuatro artículos esenciales. El primer artículo modifica el segundo inciso del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, también conocido como el Código Penal. Esta modificación establece que el feminicidio se excluye de beneficios penales como la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria. Esto significa que las personas condenadas por feminicidio no podrán acceder a ninguna forma de reducción o alteración de su pena, excepto en casos de colaboración regulados por la ley. El segundo artículo modifica el artículo 314 de la Ley 906 de 2004, el Código de Procedimiento Penal, indicando que no se permitirá la sustitución de la detención preventiva en un establecimiento carcelario por detención domiciliaria para aquellos acusados de feminicidio. Esta medida se aplica tanto a los condenados como a los imputados que están bajo detención preventiva, asegurando que cumplan su detención en centros penitenciarios. El tercer artículo modifica el artículo 38G del Código Penal, el cual normalmente permite que una persona cumpla la pena en su lugar de residencia tras haber cumplido la mitad de su condena y bajo ciertas condiciones. Sin embargo, la nueva ley excluye específicamente a los condenados por feminicidio de esta posibilidad, obligándolos a cumplir toda su pena en prisión. Finalmente, el cuarto artículo de la ley establece que esta normativa entra en vigor desde el momento de su promulgación, asegurando una aplicación inmediata y sin dilaciones. Según datos de la Procuraduría General de la Nación, entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2024, se registraron 90 feminicidios en Colombia. De estos, en 61 casos los agresores fueron presuntamente parejas o exparejas de las víctimas. Las estadísticas subrayan la gravedad de la situación, con Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Atlántico y Bogotá siendo los departamentos con mayor incidencia. Un caso que ejemplifica la urgencia de esta ley es el reciente feminicidio de Stefanny Barranco, quien fue asesinada por su expareja en el Centro Comercial Santafé de Bogotá. Este y otros casos recientes resaltan la extensión de la violencia de género más allá del ámbito familiar, afectando a las mujeres en sus lugares de trabajo y espacios públicos. La procuradora general, Margarita Cabello, expresó su preocupación ante la alarmante cifra de feminicidios, destacando que "dieciocho mujeres por mes han sido asesinadas presuntamente por sus parejas o exparejas sentimentales en lo que va del año". Esta situación refleja una problemática sistemática que requiere medidas contundentes y eficaces. La aprobación de la Ley 2356 ha sido recibida con aplausos por diversos sectores que abogan por los derechos de las mujeres. Carol Rojas, analista del Observatorio de Feminicidios Colombia, señaló que esta ley representa un paso crucial hacia la protección de las mujeres y la erradicación de la violencia de género. "Es fundamental que la sociedad entienda que los feminicidios no son problemas personales, sino un riesgo para la vida de todas las mujeres", afirmó Rojas. Por su parte, las congresistas de la Comisión para la Equidad de la Mujer han reiterado la necesidad de implementar políticas y programas que promuevan la equidad de género y eduquen sobre la no violencia. Además, han solicitado a la Fiscalía General de la Nación y demás autoridades competentes llevar a cabo investigaciones rigurosas y brindar apoyo a las mujeres y familias afectadas. Cabe destacar el informe de la Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), titulado "Vivir sin miedo: informe de violencias basadas en género 2022-2023", publicado el pasado 7 de marzo, que destaca una preocupante escalada en la violencia de género en Colombia. El informe no solo subraya la necesidad de medidas legales efectivas, sino también una transformación profunda de las actitudes y prácticas sociales que perpetúan la desigualdad de género. Según el documento, en 2023 se emitieron 84 alertas desde Medicina Legal por agresiones de violencia intrafamiliar, y 848 alertas por amenazas de feminicidio. Estas cifras reflejan un creciente riesgo para la seguridad de las mujeres, especialmente aquellas entre 18 y 59 años, quienes representaron el 88% de los casos de feminicidio en 2023. Bogotá lidera el lamentable ranking de feminicidios con 149 casos en 2023, un incremento del 31.8% respecto a 2022. Le siguen Valle del Cauca con 82 casos y Antioquia con 73. Sin embargo, la lentitud judicial es alarmante: el 54% de los casos están en fase de indagación, el 8.6% en fase de investigación, el 47.3% en juicio y solo el 7.3% en ejecución de penas, fomentando así un entorno de impunidad. La falta de unificación de datos sobre feminicidios es otro gran desafío señalado por el informe. Esta deficiencia impide una comprensión completa y precisa de la situación, dificultando la implementación de soluciones efectivas. En dicho informe de Pares se recuerda que la administración del presidente Gustavo Petro introdujo iniciativas como el Ministerio de la Igualdad y la Patrulla Púrpura, pero aún no existen indicadores claros sobre su eficacia. Por lo tanto, el informe de la Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana de Pares es un llamado urgente a la acción. Es imperativo que las autoridades tomen medidas concretas para no solo fortalecer el marco legal, sino también cambiar las prácticas y actitudes que perpetúan la violencia de género. La seguridad y el bienestar de las mujeres en Colombia dependen de ello. La Ley 2356 de 2024 podría ser una respuesta necesaria y urgente a la crisis de feminicidios en Colombia. Al eliminar los beneficios penales para los condenados por este delito, el gobierno busca garantizar que las penas se cumplan íntegramente en centros penitenciarios, enviando un mensaje claro de cero tolerancia hacia la violencia de género. Esta normativa podría representar un paso significativo hacia la justicia y la protección de las mujeres en Colombia, aunque queda mucho por hacer para erradicar completamente esta problemática. Recordamos que en Colombia existen líneas de ayuda para víctimas de violencia de género. La línea 155 es un número telefónico gratuito disponible las 24 horas del día, que ofrece orientación psicosocial y jurídica, así como asistencia en la presentación de denuncias. La Línea Púrpura, habilitada por la Alcaldía de Bogotá, también proporciona atención especializada para mujeres en situaciones de emergencia. Línea Púrpura Distrital: El servicio es gratuito y funciona las 24 horas, los 7 días de la semana. Se puede contactar marcando el número 018000112137, enviando un mensaje al WhatsApp 300 755 1846 o escribiendo al correo lpurpura@sdmujer.gov.co . Profamilia: Se puede acudir a cualquiera de las clínicas de Profamilia a nivel nacional para recibir apoyo e iniciar la ruta de atención integral. Fiscalías: Se puede presentar la denuncia de forma verbal o escrita en los Centros de Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales de la Fiscalía o en las Unidades de Reacción Inmediata (URI).

Por: Nicolás Bohórquez -Asistente de Investigación Línea CONSECI Hace unos días empezó a circular un video donde aparecen 4 hombres fuertemente armados, autoidentificados como parte de la “Delincuencia organizada”, amenazan a alias “Piraña” y a “Gordo Poporro”, miembros de la banda “Los del Sur”, además estos hombres sugieren que se enfrentarán a cualquier grupo criminal que busque delinquir en la ciudad de Bucaramanga. La declaración de guerra de “Manchado” El 19 de septiembre el coronel Savín Andrade, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó a los medios que el hombre que aparece hablando en el video es, presuntamente, alias “Manchado” ex cabecilla de “Los Manchados” grupo delictivo desarticulado en 2021 que se encargaba de transportar cocaína desde el Sur de Bolívar hasta Bucaramanga. Uno de los clientes de “Los Manchados” en su momento eran precisamente “Poporro” y su banda. Para el 23 de septiembre comenzarían a circular panfletos donde el Tren de Aragua junto a alias “Manchado” amenazan de muerte a supuestos vendedores de drogas que no quisieron colaborar con la organización, sin embargo, la Policía señaló a Vanguardia Liberal que se trataría de un panfleto falso para generar temor en la población [1] . Lo que no se puede desestimar, es que este parece ser el comienzo de una nueva etapa de fortalecimiento y reorganización territorial de los Grupos de Delincuencia Organizados en Bucaramanga que ya venía mostrando señales.   La reciente oleada de homicidios. Una serie de homicidios durante septiembre puso en alerta a los bumangueses, la retaliación entre “Los del Sur” y la banda de alias “Chorizo” deja al menos 5 víctimas en el Área Metropolitana de Bucaramanga, dos familiares de “Chorizo” fueron asesinados a inicios del mes y tres presuntos miembros de su banda fueron asesinados entre el 13 y el 21 de septiembre. A esto se le suman dos casos recientes en Bucaramanga que comparten el mismo móvil, el ajuste de cuentas. Uno ocurrido el 19 de septiembre en el barrio Pablo Sexto y el otro el 25 de septiembre en el barrio Ricaurte donde estaría involucrado alias “Mello” quién controla el microtráfico de la zona.   Así va el 2024 según los datos. El panorama de sicariatos prende las alarmas sobre el homicidio en Bucaramanga, este no ha logrado ser reducido efectivamente con las estrategias actuales y, por el contrario, viene en aumento. Según datos del SIEDCO, entre enero y agosto de 2023 se presentaron 75 homicidios en Bucaramanga, mientras que durante el mismo periodo en 2024 van 86 homicidios lo que quiere decir que estos han aumentado en un 14.6% durante este año. Esta tendencia de aumento en los homicidios parece responder a la oleada de sicariatos fruto de los nuevos enfrentamientos entre Grupos de Delincuencia Organizada por el control de los territorios urbanos y que se viene viendo al menos desde el mes de mayo. Fuente: SIEDCO. Elaboración Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Sin embargo, este no es el único dato preocupante. Entre enero y agosto de 2023 se presentaron 44 casos de extorsión en Bucaramanga, mientras que durante el mismo periodo en 2024 van 55 casos lo que quiere decir que esta ha aumentado en un 25%. El aumento en las extorsiones parece ser la consecuencia directa de la nueva etapa de que están experimentando estos grupos, su crecimiento les requiere controlar nuevas rentas más allá del microtráfico y la extorsión termina siendo una de las principales maneras como estos grupos logran financiarse. Fuente: SIEDCO. Elaboración Línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Bucaramanga y el control de rutas La delincuencia organizada y los grupos criminales transnacionales reconocen la importancia estratégica de Bucaramanga para sus estructuras, la ciudad a la larga se convierte en el paso que conecta la zona de frontera, el centro y el norte del país, es decir, se constituye en un punto que deben asegurar para mantener el negocio del tráfico de drogas, la principal renta con la que se financian estos grupos. El panorama actual se configura como un escenario de riesgo de un posible recrudecimiento de la guerra entre bandas por el control territorial y de las rentas. La banda “Los de San Rafa” de alias “Pichi”, quién está libre desde hace algunos meses, lleva por lo menos desde hace 3 años una guerra por mantener el control del microtráfico en Bucaramanga. En 2021 se fueron contra “Los del Sur” la banda del ya mencionado “Poporro”, lo que resultó con su exilio en México hasta su captura en enero del presente año. Entre 2022 y 2023 se enfrentaron a grupos residuales y emergentes que querían aprovechar para quedarse con una parte del negocio, de aquí llama la atención el caso de “Cocacolo” ex mano derecha de “Pichi” quién tras salir de la cárcel en 2022 formó su propio grupo. La estrategia contra “Cocacolo” fue la misma que están usando contra “Chorizo”, ir en contra de la familia. Su pareja sentimental y su cuñada fueron asesinadas en 2023, finalmente “Cocacolo” fue asesinado en abril del presente año [2] , este crimen que apunta aún más hacia “Los de San Rafa” quienes están comprometidos en eliminar cualquier posible competencia. La actual guerra contra “Chorizo” y la llegada de “Manchado” son la continuación de este proceso de fortalecimiento y expansión de los Grupos de Delincuencia Organizada que con el pasar del tiempo viene agudizándose a pesar de las capturas de cabecillas de las estructuras.   El reto para el Plan Candado Al Plan Candado del alcalde Jaime Andrés Beltrán le faltan estrategias efectivas para combatir a los Grupos de Delincuencia Organizada que hacen presencia en la ciudad, pues hasta el momento, las dos etapas que se han presentado de este plan ofrecen soluciones de coyuntura, como la prohibición del parrillero en la medianoche, más no profundizan en acciones que combatan activamente estas estructuras y las rentas que los mantienen operantes. Parece que se está ignorando la naturaleza acéfala de estas estructuras donde aplica el “a rey muerto, rey puesto”, pues una captura no es sinónimo de desarticulación y contrario a lo que se pensaría, estos golpes pueden terminar por fortalecer la estructura o empeorar el problema al fragmentar los grupos criminales en bandas emergentes que naturalmente buscan quedarse con un pedazo del negocio.  Los homicidios no han logrado reducirse en este año y la ofensiva de “Los de San Rafa” está mostrando el fortalecimiento de este grupo que en su momento llegó a controlar hasta el 98% del microtráfico de Bucaramanga de la mano de “Pichi”, además, la llegada de “Manchado” debe movilizar esfuerzos en identificar a esta nueva estructura y sus posibles aliados del crimen transnacional. Aunque Jaime Andrés Beltrán negó la presencia del Tren de Aragua en Bucaramanga, la captura de 7 miembros de los AK-47 en julio [3] muestran el interés de grupos provenientes de Venezuela por entrar en la ciudad desde Cúcuta, lo que hace necesario que las labores de inteligencia se concentren en la identificación de estas estructuras y no solo en el monitoreo de su presencia, pues mediante estructuras aliadas en la ciudad es que ya se encuentran montando sus primeros negocios. La amenaza de la delincuencia organizada parece estar dejando de ser un fantasma en Bucaramanga y se está convirtiendo en uno de los principales de desafíos para garantizar la seguridad de la ciudad.   [1]   https://www.vanguardia.com/judicial/2024/09/24/circulan-panfletos-que-amenazan-a-vendedores-de-droga-en-bucaramanga-que-dicen-las-autoridades/ [2]   https://www.vanguardia.com/judicial/2024/04/22/detalles-del-homicidio-quien-mato-a-alias-cocacolo-los-de-pichi-o-los-de-poporro/ [3]   https://www.eltiempo.com/colombia/santander/ak-47-la-temida-banda-que-llego-de-venezuela-a-delinquir-en-bucaramanga-santander-estos-son-los-barrios-en-donde-opera-3362999

Por: Santiago Medina, Nicolás Bohórquez Asistentes de Investigación El día de ayer, 17 de octubre, se vivió nuevamente en el país una jornada marcada por la violencia contra funcionarios del INPEC. En horas de la mañana, se registró el asesinato de un dragoneante que se dirigía a iniciar su turno, quien recibió varios disparos desde una motocicleta justo frente a la cárcel Modelo de Bucaramanga. Horas más tarde, un vehículo de la institución que estaba realizando un traslado, fue emboscado con disparos de fusil en la vía entre Popayán y Cali, dejando un saldo de 2 funcionarios asesinados y otros 3 heridos. Estos no son hechos aislados, pues desde el año 2023 se ha venido alertando por parte de funcionarios y miembros de los sindicatos del INPEC las constantes amenazas y atentados de las que son víctimas, mostrando especial preocupación por la aparición de un grupo denominado MAGO (Muerte a Guardianes Opresores), encargado específicamente de atacar a los funcionarios de la institución como represalia a operativos dentro de las cárceles y traslados de cabecillas. Esta situación llevó a que en abril de este año se declarara emergencia carcelaria a nivel nacional como respuesta a la preocupante situación de riesgo que estaban enfrentando los funcionarios del INPEC y, posteriormente, en la Alerta Temprana 014-24  de la Defensoría del Pueblo se advertía el riesgo inminente a los funcionarios de la cárcel de alta y media seguridad de Palogordo en Girón y de la cárcel Modelo en Bucaramanga, dónde identificó a diversos grupos delincuenciales, como el ya mencionado MAGO, El Comando de Elite Urbano RPL (Respeto Privado de La Libertad), La Inmaculada y hasta el Clan del Golfo, quienes estarían detrás de las amenazas y atentados. A estos grupos, se puede sumar otros como Los Rastrojos Costeños, que opera en Barranquilla, o el Tren de Aragua y Satanás en Bogotá. Todos estos tienen una característica en común: sus principales cabecillas se encuentran recluídos en centros penitenciarios. Como se ha mencionado desde la Fundación Pares (2024)  en anteriores ocasiones, la actual dinámica carcelaria en Colombia está configurando un ambiente que propicia el desarrollo y fortalecimiento de la delincuencia organizada, y las cárceles, lejos de ser lugares que aporten al mejoramiento de la seguridad y la resocialización, se están convirtiendo en centros dinamizadores del crimen, en donde los líderes de los distintos grupos siguen coordinando las actividades ilegales, principalmente la extorsión. Debido a esto, se ha podido evidenciar que las amenazas y los denominados ‘Plan Pistola’ hacia guardianes del INPEC aumentaron tras el inicio de la Operación Dominó en julio de 2023, la cual justamente tiene el objetivo de prevenir las extorsiones y mantener el control en los establecimientos penitenciarios mediante el refuerzo de estrategias como requisas, aislamiento de reclusos y traslado de cabecillas. Desde entonces también se ha registrado un aumento en los ataques a los funcionarios de la institución. Óscar Robayo, presidente del sindicato UTP (Unión de Trabajadores Penitenciarios) indica en su cuenta de X que van “17 guardianes asesinados y varios atentados”, y dentro de los recientes ataques contra funcionarios del INPEC, cabe mencionar el asesinato del ex presidente de la UTP, Néstor Quevedo en el mes de abril, y el del director de la cárcel Modelo de Bogotá, Élmer Fernández en mayo. A pesar de la clara situación de crisis de seguridad que está afrontando el INPEC en el país, y de las reiteradas advertencias realizadas por distintas instituciones, aún sigue sin tomarse acciones efectivas que garanticen la protección de la vida de los funcionarios, quienes han pedido que se refuerce el acompañamiento de la Policía y el Ejército en el ejercicio de sus labores, además de garantizarles medidas de seguridad fuera de los centros penitenciarios. Se considera fundamental que se comiencen a enfocar esfuerzos en labores de inteligencia contra los grupos que repetidamente han amenazado y atacado a los funcionarios del INPEC, con el fin de adelantar medidas preventivas que garanticen su protección, y además acciones que contribuyan a la efectiva desarticulación de las estructuras, pues el solo hecho de recluir a sus integrantes no garantiza que estas dejen de operar. Además de esto, es necesario atender la crisis que afronta el sistema carcelario en el país, pues problemáticas como el hacinamiento, las malas condiciones laborales de guardianes del INPEC y la falta de infraestructura y tecnología para garantizar el control dentro de los centros penitenciarios, son factores que inciden directamente en el fortalecimiento de las organizaciones, y por consiguiente, en la situación de seguridad de los funcionarios de la institución.