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Por: Angélica Atehortúa y Santiago Medina. Asistentes de investigación. El 29 de septiembre Sofía Delgado salió de la casa de su abuela en el corregimiento de Villagorgona, Valle del Cauca, y se dirigió a una tienda de mascotas para comprar un shampoo para su perro. Llegó a su destino alrededor del mediodía y al ingresar al establecimiento, el hombre encargado, no la dejaría salir nunca más. Brayan Campo, un hombre de 32 años, intentó convencer a Sofía de adentrarse más en el lugar a cambio de unos collares para su mascota, pero ella, al percatarse de que algo estaba mal con esa sugerencia, intentó escapar del local, pero Campo no se lo permitió, cerrando el establecimiento y golpeándola hasta dejarla inconsciente. Una hora después, regresó a donde había dejado a la menor y acabó con su vida. Luego llevó su cuerpo a un cañaduzal de la vía que comunica a los municipios de Candelaria y Florencia. El cuerpo desmembrado de Sofía Delgado fue encontrado el 17 de octubre, luego de llevar días declarada como desaparecida. 24 horas después de ser encontrada y luego de un operativo conjunto entre la Sijín y la Policía Nacional, Brayan Campo aceptó su culpabilidad del delito de homicidio y le dio detalles al Juez sobre el asesinato de Sofía. Sin embargo, Campo aseguró que no había abusado a la menor, lo cual ha sido puesto en duda por una parte de la opinión pública, pues en el 2018 fue acusado por el delito de acto sexual abusivo con una menor de 14 años, pero quedó en libertad por vencimiento de términos. Además, en el lugar de los hechos las autoridades se encontraron rastros de sangre, y algunas prendas de ropa, los cuales luego de una prueba de ADN se confirmó que pertenecían a Sofía . Al momento de la investigación, se reveló que Brayan Campo había intentado secuestrar a otra menor en su tienda de mascotas el mes anterior, sin embargo, esta logró escapar. Una familiar de la menor por medio de sus redes sociales manifestó la situación que había vivido la niña y que, además, se habían comunicado directamente con la Sijín, pero la entidad no habría tomado medidas oportunas. Actualmente , Brayan Campo podría enfrentar una condena de hasta 50 años de prisión por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, y ocultamiento, alteración y destrucción de material probatorio. También se sospecha de la complicidad de su pareja Evelyn Julieth Rodas, que, aunque Campo declaró que ella no tenía conocimiento del delito, sigue siendo investigada. La violencia de género y el riesgo de niñas y adolescentes. El caso de Sofía evidencia nuevamente la realidad de las niñas y mujeres en Colombia, y demuestra que la violencia sexual y los feminicidios no son casos aislados que se presentan esporádicamente, sino que son un fenómeno estructural que ha aumentado de manera significativa y ha profundizado la inseguridad que viven las mujeres en su día a día. El interés mediático y la reacción de los y las ciudadanas respecto a este acontecimiento, ha permitido poner sobre la mesa la discusión frente a los casos de violencia sexual y feminicidios, y a resaltar la importancia que debe tener el trasladar los delitos referentes a las violencias basadas en género no solo al debate público, sino a las acciones concretas por parte de las instituciones Como ha sido expuesto por la Fundación Pares en el informe ‘Vivir Sin Miedo’ ( 2024 ), el feminicidio es un delito que persiste en las cifras, pero que además presenta complejidades en cuanto a los datos estadísticos y la unificación de las cifras de diferentes fuentes de información, lo cual propicia dificultades para la realización de diagnósticos e incluso puede profundizar la invisibilización de este tipo de violencia. Cabe resaltar que, si bien las menores de edad no representan la mayoría de las víctimas, sí se puede evidenciar una cantidad preocupante de feminicidios en estas edades. Además, en este informe también se evidencia como otras violencias basadas en género, como los delitos sexuales, afectan principalmente a niñas y adolescentes, y las elevadas cifras en los casos lo configuran como una grave problemática para la seguridad de las menores, para lo cual, hasta ahora, no parecen existir estrategias  eficaces que mitiguen este tipo de violencias. Casos de delitos sexuales en Colombia por género y grupo etario de la víctima en 2024. La necesidad de acciones efectivas A pesar de la oleada mediática que provocó el asesinato de Sofía Delgado, es necesario que esto se convierta en un llamado urgente para abordar los imaginarios y las estructuras patriarcales que permiten que lo femenino siga siendo un elemento subordinado frente a lo masculino, que hace que proliferen espacios en donde la violencia de género se manifieste de manera reiterada. Más aún, es necesario encaminar estrategias que protejan a las niñas y adolescentes, quienes se están convirtiendo en una población de riesgo ante un auge de la violencia machista y patriarcal. Esto también implica acciones efectivas en cuanto al sistema de justicia, para evitar situaciones como la de Brayan Campo, quien ya había sido acusado de ejercer este tipo de violencia y no jue juzgado con celeridad, aumentando la impunidad, la revictimización y por consiguiente la persistencia de los riesgos que históricamente ha sufrido las niñas y las mujeres. La seguridad y convivencia no pueden abordarse sin otorgar mayor relevancia a la protección de los derechos de las mujeres y de los niños, niñas y adolescentes. Es esencial que las ciudadanas sean escuchadas, protegidas y atendidas de forma inmediata cuando su integridad esté en riesgo, y más aún si son menores, pues sus situaciones son más propensas a no ser denunciadas y, por lo tanto, a ser invisibilizadas. Las violencias basadas en género y la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes son temas que deben ser tratados con urgencia, y su discusión debe integrarse de manera estructural dentro de los asuntos de carácter estatal.

Por: Redacción Pares Uno de los temas de la semana ha sido el asesinato del joven Juan Felipe Ríncón, hijo del inspector de la policía. El crimen se ha visto envuelto en un manto de misterio. Al parecer se trató de un caso de linchamiento por parte de la comunidad después de que supuestamente el joven intentara seducir a una niña de nueve años. Aunque ya está detenido el hermano de la menor, Andrés Camilo Sotelo Torres, hay versiones que afirman que quien terminó asesinando al joven fue su propio escoltar en un torpe intento por defenderlo.   A estos rumores salió Dina Morales, madre del joven asesinado quien afirmó lo siguiente: Hay medios que han malinterpretado toda esta situación como algo que no es.  No pueden decir nada sobre lo que pasó porque quienes están investigando no han terminado el proceso.  Hay que esperar a que salgan los veredictos”. A pesar de las escabrosas versiones que existen alrededor del crímen, no hay investigaciones concluyentes sobre el mismo. La Fiscalía tiene chats en donde el joven no habría quedado bien parado.   La señora Morales tuvo la valentía de salir de frente en un video en donde afirma lo siguiente: “Realmente lo que tengo completamente claro es la tranquilidad que tengo de haber educado y criado un hombre como él  y mientras no haya elementos probatorios, el resto solo son especulaciones e hipótesis”   Desde el pasado domingo se ha cubierto la noticia sin que existan pruebas concluyentes sobre lo que pasó. La pregunta que ronda el hecho es la siguiente: ¿por qué razones el hijo de un general tenía una escolta privada? Los hechos ocurrieron en el barrio Quiroga sobre las 11 de la mañana del pasado domingo. El hermano de la menor, quien ha sido el único detenido por este crimen, lanzó una fuerte acusación contra el escolta. En declaraciones hechas a Caracol Radio esto dijo el joven: “La verdad yo soy inocente, a mí me están acusando de algo que yo no soy culpable. La evidencias, los videos, todo está. Me están tratando de incriminar en algo que yo no fui.  En las cámaras de los videos se nota cuando se desarma el arma, inclusive se le entregó al CTI,  mostrando que era un arma de balines. Pero la Policía todo lo está cambiando”. Los homicidios por los que está siendo acusado Soteldo son el de homicidio doloso agravado y fabricación y porte de armas. Soteldo afirmó que el arma que disparó contra el joven asesinado es el escolta y lanzó una muy seria acusación: se están manipulando las pruebas.   Se espera que en los próximos días se entreguen pruebas concluyentes en este caso.

Por: Laura Bonilla - Subdirectora de Pares En 2024, Colombia vivió un año dinámico y desafiante, marcado por intensos cambios y debates. Aunque la economía mostró señales de recuperación, alcanzando el reconocimiento de The Economist  como la sexta economía de mayor crecimiento, el país enfrentó grandes retos en temas de seguridad urbana, acuerdos políticos y corrupción. La política de paz se mantuvo en discusión a través de múltiples mesas de diálogo, mientras que las movilizaciones sociales, como las indígenas y el movimiento juvenil, destacaron las demandas insatisfechas de diversos sectores de la sociedad. Otros aspectos relevantes del año incluyeron el avance de la transición energética, que se convirtió en un tema estratégico para el futuro del país, junto con la realización de una exitosa COP16 que posicionó a Colombia en la agenda climática internacional. Sin embargo, estos logros convivieron con una crisis ministerial y con un escenario político marcado por escándalos de corrupción y un presidente particularmente activo en redes sociales. La Fundación PARES amplió su enfoque de análisis en 2024, incorporando temáticas emergentes como las políticas culturales, las movilizaciones sociales y la descentralización, además de seguir los debates tradicionales sobre paz, seguridad, economía y política. Durante el año, también se recuperaron temas antes olvidados en la opinión pública, como la seguridad urbana y la lucha contra la corrupción. Como cierre del año, la Fundación destaca doce hechos clave que resumen lo acontecido, con la intención de aportar insumos para la construcción de un 2025 más seguro, justo e incluyente, enfocado en la protección de los derechos humanos y en la consolidación de una sociedad más equitativa. Lea aquí el balance completo:

Por: Max Yuri Gil Ramírez Director Instituto de Estudios Políticos-Universidad de Antioquia   El pasado 31 de diciembre cuatro personas fueron asesinadas en Medellín. Andreina García García, de 50 años, integrante de la población LGTBI fue asesinada con arma cortopunzante; David Esteban Rodríguez Loaiza, de 32 años fue víctima de ataque con arma de fuego; Julián Andrés Cano, habitante de calle de 41 años, fue asesinado igualmente con arma de fuego y finalmente, Enderson Jesús Bravo Asuage, de nacionalidad venezolano, de 21 años, fue asesinado con arma cortopunzante.   Estos 4 casos en las últimas 24 horas del 2024, constituyen una excepción, dado el histórico descenso de los homicidios en la ciudad durante el año que acaba de terminar, que se ha venido consolidando de manera tendencial en los últimos 15 años y que al establecer una tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en 11.8, significa un comportamiento en esta materia que no se tenía en Medellín desde hace más de 6 décadas.   Medellín culmina el 2024 con 319 homicidios, 59 casos menos que el 2023, una disminución del 16%. Por sexo, las víctimas son 290 hombres (91% del total), y 28 mujeres (9%), en 17 de los casos se presume que fueron feminicidios. Las principales posibles causas son: por determinar 97 (30.5% del total), por estructuras criminales 82 (26%) y por convivencia 79 (25%). Llama la atención que los casos de homicidios asociados a violencia de género pasaron de 14 en 2023 a 21 en 2024, un incremento del 50%.   Con respecto al arma utilizada, con arma de fuego se cometieron 156 homicidios (49% del total), con arma blanca 110 (34.5%) y 24 con arma contundente (7.5%). Finalmente, como es habitual, la comuna Candelaria (centro de la ciudad) fue la más mortal, con 71 casos (22% del total) seguida por Castilla con 25 casos (8%) y tercera, Robledo con 21 (6.6%).   Sobre el éxito de este récord histórico de descenso de los homicidios, se lo han atribuido tanto el alcalde de la ciudad Federico Gutiérrez, como algunos voceros de las estructuras de violencia organizada que actúan en la ciudad, las cuales actualmente se encuentran en proceso de diálogos en el marco de la política de pacificación impulsada por el gobierno nacional y que se conoce como ¨Paz Total¨.   Probablemente esto sea el resultado de una sumatoria de factores, en los que confluyen acciones sostenidas en el tiempo desde diferentes sectores de la sociedad de Medellín, las políticas de seguridad y lucha contra algunos delitos prioritarios, y sin duda, el aporte del control ilegal que realizan las estructuras de violencia sobre una buena parte del territorio de la ciudad, especialmente en las zonas más populosas.   Una de las principales características de Medellín es que a pesar de la violencia homicida tan intensa sostenida durante décadas, se ha mantenido y consolidado en la ciudad una amplia y diversa variedad de expresiones sociales, que van desde las organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, grupos deportivos y culturales, iglesias, medios de comunicación, academia y fundaciones empresariales que han desarrollado procesos de construcción de paz en lo territorial y que se han convertido en un baluarte fundamental para la defensa de la vida.   También la ciudad cuenta con un acumulado de varias décadas de acción institucional, de políticas públicas de seguridad y de experiencia de lucha contra el delito y la criminalidad. Esto, entre otras cosas, ha producido que no haya en la ciudad ni un solo rincón en el cual no haya presencia institucional, oferta social de la administración distrital, y también, que, sin ninguna duda, no existe ningún territorio vedado para la presencia de la fuerza pública.   Pero algo que nadie puede desconocer es que al tiempo, esta presencia integral de la institucionalidad, convive de manera simultánea y no antagónica, con un orden cotidiano instaurado por los grupos de delincuencia organizada, quienes en la práctica funcionan como un pseudo estado que regula la vida cotidiana de la población, gestiona recursos públicos, son fuente de empleo, y algo fundamental, inciden en la constitución de las relaciones de convivencia en los barrios. Para esto, desde hace algunos años, han desarrollado una forma de dominación en la cual el uso de la violencia homicida ha disminuido y se encuentra fuertemente regulado, prefiriendo apelar a otras formas de victimización para la regulación, como las amenazas y el desplazamiento intraurbano, y en algunos casos también, a la desaparición forzada.   Lo que hay en la ciudad entonces es un orden social de dos caras, en el que conviven simultáneamente sin mayores contradicciones, legalidad e ilegalidad, institucionalidad y criminalidad, y como resultado de una suerte de confluencia de intereses, hay un de los homicidios que todos buscan apropiarse y capitalizar. Puede que el resultado sea útil para algunos actores en la ciudad, pero es terrible que sea el producto de un orden que termina legitimando la criminalidad, debilita la institucionalidad pública democrática y condena a millones de personas a vivir bajo el arbitrio de grupos armados que cuando quieren, eliminan, lesionan, desaparecen o intimidan a cualquier persona que signifique un desafío a sus normas autoritarias.

Por: Línea Convivencia y Seguridad Ciudadana La seguridad ciudadana a nivel urbano se ha posicionado como uno de los temas más importantes, tanto en las agendas locales como en las del nivel nacional durante los últimos años; tuvo especial relevancia en el marco de las elecciones de alcaldes y gobernadores durante el 2023, año que estuvo marcado por una tendencia al aumento en delitos como el homicidio, la extorsión y el hurto ( Pares, 2024a ). Las nuevas administraciones locales y departamentales que iniciaron en 2024 se encontraron frente a importantes retos en materia de seguridad en las ciudades, relacionados, por un lado, con la consolidación de organizaciones delincuenciales y el aumento en las cifras de delitos de alto impacto, y por otro, en la proliferación de problemáticas asociadas a la convivencia, en especial las violencias basadas en género y la violencia intrafamiliar. Por esto, si bien las nuevas administraciones han tenido poco tiempo de respuesta ante las problemáticas de seguridad, y sus Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PISCC) tienen poco tiempo de haber sido formulados, vale la pena hacer una revisión general de lo que ha sido el año 2024 en términos de seguridad y convivencia urbana a nivel nacional. Los delitos en cifras: El año 2023 cerró con un comportamiento en las cifras delictivas que generaban advertencias de cara al nuevo año y las nuevas administraciones. El delito de alto impacto con el crecimiento en cifras más preocupante durante 2023 fue la extorsión, presentando una tendencia al incremento que continuó hasta 2024, y hacia octubre de este año se registró un aumento del 20%, evidenciando la persistencia de esta problemática a nivel nacional y una preocupante tendencia al aumento. Los municipios que más denuncias de extorsión registraron durante 2024 son Bogotá, Medellín, Barranquilla, Villavicencio y Cali. De estos, el caso más preocupante es el de Bogotá, con un aumento en las cifras de un 79% al mes de octubre, comparado con el mismo periodo de 2023, esto en un contexto en el que organizaciones como el Tren de Aragua, Satanás y Los Camilos son algunos de los principales responsables de la dinamización de este delito, que afecta principalmente a comerciantes. Con respecto otras ciudades, se considera preocupante la situación de Quibdó y Villavicencio, pues se posicionan como las ciudades capitales con una mayor tasa de extorsión por cada cien mil habitantes en 2024. Quibdó tuvo un aumento en las cifras de un 20% con respecto al año anterior, y tiene una tasa de 234,2, convirtiéndose en la más alta del país; por su parte, Villavicencio registró un alarmante aumento del 102% en los casos, y tiene una tasa de 73,2. También se puede mencionar el caso de Barranquilla con una tasa de 59,7, y los municipios de Tuluá, Soledad y Buenaventura con 55,2, 48,1 y 48,2 respectivamente. En estos lugares es posible identificar actores criminales claves para entender la problemática de la extorsión a nivel local, como Los Costeños y Los Pepes en Barranquilla y Soledad, Los Mexicanos y Los Zetas en Quibdó, La Inmaculada en Tuluá y grupos subcontratados por el Clan del Golfo en Villavicencio. Ante esta situación, vale la pena aclarar que un aumento en el número de casos de extorsión podría deberse a un aumento en los niveles de denuncia, y esto podría ser respuesta de la implementación de estrategias por parte de las autoridades para motivar la denuncia y fortalecer canales seguros. Sin embargo, como se ha mencionado en anteriores informes de la Fundación Pares ( 2024b ) la extorsión parece estar consolidándose como una de las actividades ilícitas más rentables, y al mismo tiempo como un mecanismo de control social efectivo por parte de las organizaciones delincuenciales, lo cual ha llevado a que en muchos casos esta práctica se normalice, y en otros, que se genere temor a denunciarla, debido a las represalias que las organizaciones puedan tomar. Por esto, se considera necesario generar alerta sobre el comportamiento de las cifras, planteando la posibilidad de que estas efectivamente reflejen un aumento en la comisión del delito. En cuanto al homicidio, que se configura como uno de los indicadores más importantes para medir los niveles de violencia e inseguridad, se tiene que hasta octubre del 2024 se presentó una leve reducción del 2% en los casos a nivel nacional con respecto al año anterior, con diferencias más evidentes en meses como junio y julio, aunque en general las cifras mantienen las mismas tendencias. Los municipios con más casos registrados son Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, Cúcuta, Soledad y Santa Marta, de las cuales solamente se registró una disminución en Cali y Medellín, mientras que en el resto se evidencia una tendencia al aumento. En la ciudad de Bogotá el incremento de homicidios hasta el mes de octubre fue del 11%, en un año marcado por la violencia asociada a la delincuencia organizada, con múltiples casos de sicariato e incluso atentados con explosivos. Para el caso de Barranquilla y Soledad, se registra un aumento en los casos del 30% el 16% respectivamente, en el contexto de un conflicto que ya suma varios años entre Los Costeños y Los Pepes, en el que cada vez se ve más involucrado el Clan del Golfo. Por su parte en Cúcuta, se registra un aumento del 7%, siendo protagonistas organizaciones como AK47, Los Porras y Los Manzaneros, que mantienen un fuerte conflicto asociado a las disputas por el control del microtráfico y la extorsión. También vale la pena mencionar casos de municipios con altas tasas de homicidio por cada cien mil habitantes en 2024, como Santander de Quilichao en Cauca con una tasa de 115,5, Quibdó con 99,8, Cartago con 82, y Barrancabermeja y Jamundí, ambos con una tasa de 68. Si bien el comportamiento de las cifras de homicidios es afectado por otros factores asociados a problemáticas de convivencia como la intolerancia y las riñas, la dinámica delincuencial y las lógicas de disputas entre organizaciones se están convirtiendo uno de los factores de riesgo más importantes en el aumento de la violencia en las ciudades, sobre todo teniendo en cuenta que el 75% de los casos registrados en 2024 se perpetró con armas de fuego. El panorama anterior se ve afectado también por un importante aumento del 35% a nivel nacional en las denuncias por amenaza, siendo Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena las ciudades con más casos registrados en 2024, teniendo que todas registran un incremento constante en lo corrido del año. De estas, Barranquilla es la ciudad en la que más aumentaron los casos con un 66%, seguido de Medellín con 54%, Bogotá con 49% Cali con 32% y Cartagena con 24%. Este aumento en las cifras de amenazas puede responder a múltiples factores, pero sin duda plantea alertas sobre riesgos en el aumento de las dinámicas de violencia a nivel urbano, en el que personas líderes y lideresas sociales y comunitarias, y defensores de derechos humanos pueden tener un grado más alto de vulnerabilidad. La delincuencia organizada Como se ha mencionado, el aumento en algunos delitos de alto impacto, y en general en los riesgos de desencadenamiento de escenarios violentos en los principales centros urbanos del país, tiene como un factor principal el papel que juegan los grupos delincuenciales organizados, en el marco del control territorial y de las rentas ilícitas. Desde la Fundación Pares se ha podido evidenciar una tendencia a la consolidación en términos organizativos y logísticos por parte de estos grupos, que en algunos casos termina desencadenando disputas y profundizando la situación de inseguridad en las ciudades. Una muestra del grado de consolidación y el nivel de incidencia que han llegado a adquirir algunos grupos delincuenciales, es la problemática de seguridad que atraviesan los guardianes y funcionarios del INPEC a nivel nacional actualmente, quienes han sido víctimas sistemáticas de amenazas y atentados. Esta situación ha dejado un saldo de alrededor de 17 funcionarios de esta institución asesinados en los últimos 2 años, así como múltiples panfletos amenazantes y atentados. Grupos como La Inmaculada de Tuluá, Muerte a Guardianes Opresores (MAGO), Los Rastrojos Costeños de Barranquilla, Satanás de Bogotá e incluso el Clan del Golfo, han sido señalados de realizar amenazas y ordenar ‘Planes Pistola’ en contra de funcionaros del INPEC. Esto como represalia ante operativos como la ‘Operación Dominó’ que buscan contrarrestar las actividades ilícitas en los principales centros penitenciarios del país, mediante requisas, aislamientos y traslados de reclusos, todo esto en un contexto en el que las cárceles se han convertido en centros dinamizadores de delitos como la extorsión, desde los cuales los cabecillas de las organizaciones continúan coordinando sus actividades. En este panorama de la delincuencia organizada se puede observar un escenario de diversificación de las economías ilícitas, y también una reconfiguración de las dinámicas de la violencia en el país, en el que entran en juego organizaciones criminales consolidadas a nivel local, ligadas principalmente al microtráfico y la extorsión; actores armados como el Clan del Golfo y en cierta medida el ELN y las disidencias de las FARC, que buscan extender sus redes de influencia y sus capacidades de control territorial a nivel nacional; y también actores criminales con un carácter transnacional como los carteles mexicanos de narcotráfico. Violencias basadas en Género Otra de las problemáticas que marcó la situación de convivencia y seguridad en el país en 2024, especialmente para las mujeres, fueron las violencias basadas en género, expresadas a través de delitos como el feminicidio y la violencia intrafamiliar. Según el Observatorio de Feminicidios Colombia del centro de investigación Republicanas Populares, hasta octubre del 2024 se ha registrado un total de 745 casos de feminicidio a nivel nacional, de los cuales en 72 casos las víctimas fueron mujeres afrodescendientes, y en 18 casos las víctimas fueron mujeres trans. Estas cifras, comparadas con los 447 casos registrados en el mismo periodo del año 2023, evidencian un preocupante aumento del 50%, profundizando un escenario de advertencia, que se venía planteando desde el inicio del actual gobierno con la declaración de emergencia nacional por violencia de género, pero que no parece haber provocado reacciones oportunas y efectivas. A partir de estos datos, se tiene que Antioquia es el departamento con más casos, seguido de Bogotá, Atlántico, Valle, Cauca, Norte de Santander, Santander, Bolívar, Magdalena y Tolima, y las principales afectadas son las mujeres jóvenes, de entre 20 y 29 años. Otro de los delitos que expresa la situación de violencias basadas en género en el país es la violencia intrafamiliar, ya que es un tipo de violencia que afecta principalmente y de manera diferenciada a las mujeres ( Fundación Pares, 2024c ). Según datos del SIEDCO, el 74,1% de las víctimas de violencia intrafamiliar en 2024 fueron mujeres, en un año en el que se registró un importante aumento del 42% en los casos de violencia intrafamiliar en comparación al periodo de enero a octubre de 2022, siendo Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Soacha las ciudades con la mayor concentración de casos.   Referencias Fundación Paz & Reconciliación (2024a). Balance anual. Convivencia y seguridad ciudadana 2023. Disponible en https://www.pares.com.co/post/desalentador-panorama-se-dispararon-el-secuestro-el-hurto-y-la-extorsi%C3%B3n-en-2023-balance-de-convi Fundación Paz & Reconciliación (2024b). Radiografía de la extorsión: el principal desafío de la seguridad ciudadana. Disponible en https://www.pares.com.co/post/radiografia-de-la-extorsion-en-colombia Fundación Paz & Reconciliación (2024c). Vivir sin Miedo. Informe de Violencias Basadas en Género. Disponible en https://www.pares.com.co/post/la-violencia-contra-la-mujer-sigue-disparada-en-colombia-informe-vivir-sin-miedo

Por: Nicolás León de la línea Paz, Seguridad y Derechos Humanos de la fundación Pares Desde hace varios años, la dinámica criminal en Santa Marta ha estado marcada por la presencia de dos grandes grupos: Los Pachenca (o Autodefensas Conquistadoras de la Sierra – ACSN)y el Clan del Golfo (autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia – EGC). Estas estructuras se disputan el control de economías ilegales, como el narcotráfico, la extorsión y el contrabando, manteniendo una hegemonía compartida sobre la ciudad y sus alrededores. Sin embargo, en los últimos días ha surgido la aparente presencia de un nuevo grupo delincuencial que estaría intentando disputar el control en ciertas zonas de la ciudad. Desde entonces los casos de homicidios y amenazas atribuidos a este grupo han venido en aumento. En este panorama ¿es posible hablar de la existencia de un nuevo grupo armado en la ciudad? ¿Cuáles serían las consecuencias de esta aparición? ¿Qué se puede esperar ante los recientes hechos de violencia en la ciudad? A continuación les contamos. Santa Marta: hegemonía criminal compartida La presencia de grupos delictivos y grupos armados está marcada por una larga trayectoria de ciclos de violencia y actividades criminales en la ciudad. Como lo afirmamos en nuestro último informe , las expresiones de violencia son producto de la sucesión de disputas y rencillas de vieja data que, al verse atravesadas por fenómenos como el paramilitarismo, el narcotráfico y las gobernanzas armadas, no solo han venido en una espiral ascendente de violencia sino también ha permitido la sofisticación del crimen. Hoy, los herederos de dichas confrontaciones son dos grupos: las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo. Los primeros tienen control sobre la parte alta de la Sierra Nevada, el corregimiento de Bonda y sectores importantes de la zona sur de la ciudad de Santa Marta. Los segundos, tienen presencia en las zonas medias y bajas de la Sierra en el municipio de Ciénaga y La Guajira, y en la zona de Gaira en Santa Marta. Adicionalmente, subcontratan organizaciones delincuenciales de carácter local, a través de las cuales han tenido disputas por el control de otros sectores y mercados de la ciudad, con particular interés en el Puerto Marítimo, la Troncal Caribe y la Sierra Nevada, sectores que de por sí implicarían un control casi completo de la ciudad. Esta repartición del territorio les ha permitido tener un control compartido (y a la vez disputado) sobre los mercados de la ilegalidad y el flujo de mercancías ilícitas. De acuerdo con informes de la Policía, las ACSN controlan el 70% del mercado de cocaína que se consume en la ciudad (Pares, 2024). Esto implica, además, que las organizaciones delincuenciales de carácter local no puedan funcionar de manera independiente a estos dos grupos. Del mismo modo, es altamente improbable la llegada de organizaciones delincuenciales externas, como el caso de grupos transnacionales que se han interesado por operar en las ciudades del Caribe, como también la aparición de nuevos actores criminales que lleguen a desestabilizar el mapa criminal ya consolidado en la ciudad. En este sentido ¿cómo entender la aparición del grupo ‘Muerte’? y ¿Cuáles serían sus implicaciones en la dinámica delictiva de la ciudad? Grupo La Muerte ¿fachada o fractura interna? En días recientes, se ha difundido un comunicado del grupo armado “La Muerte” en el que amenazaban a consumidores de droga, ladrones y “alteradores del orden público”. En tal sentido, la aparición de este grupo ha estado acompañada de una serie de homicidios selectivos en la ciudad, generando incertidumbre y una percepción de un nuevo ciclo de violencia. Aunque parece haber un consenso con que el origen de este grupo está relacionado con Los Pachenca, los motivos de su conformación se diferencian. Tanto la Alcaldía el Secretario de Seguridad, Gustavo Berdugo , como el Comandante de Policía Metropolitana, Jorge Bernal,  afirman que “La Muerte” es un grupo a disposición de las ACSN, estos últimos al estar en un proceso exploratorio de diálogos de paz con el Gobierno Nacional, habrían creado este grupo como fachada para aumentar el control territorial sin afectar la continuidad del proceso Esta hipótesis, sin embargo, no fue la primera en salir a la luz. El 26 de enero se conoció sobre el asesinato de Jesús Manuel Gutiérrez Morales alias “Manuel Candela”, presunto integrante de las ACSN, junto a su cuerpo una nota firmada por “La Muerte” que alertaba: “ no estamos jugando ”. Paradójicamente, las investigaciones preliminares de este hecho habrían atribuido los hechos a un “ajuste de cuentas” al interior de la organización criminal, presunción que, a juzgar por los pronunciamientos reciente, habría sido descartada. Imagen tomada de: Diario La Libertad No obstante, de acuerdo con fuentes de la región el grupo “La Muerte” es producto de una ruptura interna entre Fredy Castillo alias “Pinocho” y Carmen Evelio Castillo alias “Muñeca”, máximos cabecillas de la organización. “Muñeca”, enviado a prisión en junio del año pasado, habría tenido diferencias con su hermano “Pinocho”, relacionadas con la ejecución de casos de homicidios, estas diferencias habrían escalado con rapidez y derivado en la división de dos líneas de mando opuestas: la línea de Pinocho, mantiene el poder militar y el dominio sobre las operaciones criminales en zonas montañosas y urbanas, mientras que la línea de Muñeca que desde su Bogotá lideraría la disputa por el control del microtráfico, extorsión y otras economías en zonas del oriente de la ciudad. En este sentido, las zonas en las que se han llevado a cabo los homicidios y en las que se han difundido los panfletos amenazantes como los barrios Garagoa, 11 de noviembre, 20 de octubre de la Comuna 6 o el Corregimiento Bonda de la ciudad. Zonas donde las ACSN ejercen control territorial y una fuerte gobernanza armada, que entraría a ser disputada por la facción comandada por Muñeca. Por el momento los hechos de violencia se han extendido a zonas como Albania (La Guajira) en donde se presentó el asesinato de tres jóvenes y Ciénaga donde también se han registrado hechos de violencia sicarial. Más preocupante aún, esta fractura interna podría generar una seguidilla de actos de venganza pueden prolongarse indefinidamente, creando una espiral de violencia con una gravedad mucho mayor de la que hasta el momento ha sido planteada por la Alcaldía. A manera de cierre La violencia homicida reciente en Santa Marta es sintomática de una reconfiguración interna de la estructura criminal Los Pachenca. Esta situación alerta sobre la posibilidad de que la ciudad quede atrapada en una nueva ola de violencia alimentado por la lucha por el control de las rentas ilegales. Más grave aún, la fragmentación del poder criminal abre la puerta a un ciclo, en el quecada ataque desencadena una serie de venganzas que genere una oleada de violencia aún mayor. En este sentido, a la espera de las represalias por parte de las ACSN, la violencia no da señales de detención. Por su parte, otros actores criminales, como el Clan del Golfo, no han dado respuesta a los recientes hechos de violencia, sin embargo, por el largo historial de violencia entre ambas agrupaciones es esperable que busquen aprovechar las fracturas internas de Los Pachenca para fortalecer su presencia en la región. El debilitamiento de esta estructura podría derivar en un reordenamiento del mapa criminal y podría decantar el conflicto hacia uno u otro bando. Entretanto la población civil continúa siendo el principal centro de afectación. Ciertamente, los recientes hechos sabotean toda intención de pacificación y diálogo entre esta organización y el Gobierno Nacional y ponen en entredicho la voluntad de paz de los representantes de las ACSN. Los hechos de violencia reciente son apenas el principio de un proceso de reconfiguración criminal que podría sumir en una ola de violencia a la ciudad. Urgen medidas de contingencia articuladas entre la Alcaldía de Santa Marta (que ha optado por la militarización) y el Gobierno Nacional (que brilla por su ausencia) para no multiplicar situaciones de riesgo humanitario que se viven en otras zonas del país.

Por: Redacción Pares Foto: nacionpaisa.com Desde hace cuarenta años Saravena parece estar atrapado en un loop. Tomen un periódico de finales de los años ochenta y seguro encontrarán un titular en donde se lee algún ataque a esa ciudad. La ausencia de estado y la presencia del ELN han sido una combinación nefasta. Pues en la noche de este jueves 20 de febrero se registró un ataque con explosivos a una estación de policía en este municipio de Arauca. Lo que hasta ahora se sabe es que dos hombres que se movilizaban en una moto arrojaron una granada contra la sede de la policía. Se registró un uniformado herido. A los hechos ocurridos en Saravena se suma la denuncia de haberse atacado otra estación de policía en Fortul con dos granadas.   En las últimas horas el ELN, quien conmemoraba las fechas de las muertes de dos de sus íconos, Domingo Laín y Camilo Torres, ha atacado no sólo en Arauca sino que en la noche del 19 de febrero doce artefactos explotaron en Cúcuta y su área metropolitana. El saldo fue la destrucción del peaje de Villa del Rosario que conecta a Colombia con Venezuela. Dentro de la ciudad fronteriza hay molestia con el presidente porque, más de 24 horas después, Petro no le ha dedicado un solo mensaje a lo que sucedió en Cúcuta, una situación completamente atípica así el ELN haya tenido presencia en esta ciudad desde los años ochenta. En Cúcuta rigió este jueves toque de queda, a pesar de eso recibió la visita del expresidente Álvaro Uribe.   En el occidente del país las disidencias FARC atacaron Popayán y el Cauca. Pero la tensión sigue en Arauca. Este jueves 20 de febrero denunció el secuestro de dos soldados profesionales que se encontraban fuera de servicio y vestidos de civil en el momento en el que los secuestraron. Estaban usando un bus de servicio público. El ELN estaría detrás de ese secuestro. Los nombres de los soldados son José Miguel Ruiz Cabrera y Misael Lugo Diaz. Los militares hacían parte del plan moral y bienestar de Anesar. El ejército calificó estos hechos como una violación al derecho internacional humanitario.   Pero ahí no terminó una nefasta semana en Arauca. En combates que se vivieron el 17 de febrero contra el frente Che Guevara del ELN, fueron asesinados dos soldados y otros cuatro resultaron heridos. Los hechos son materia de investigación ya que se podría haber tratado de un caso de fuego amigo.   Los leños de la guerra siguen prendidos en Colombia.

Por: Iván Gallo Foto tomada de: Medellín Antiguo En 1890 Medellín tenía cuarenta mil habitantes. En las noches no había mucho qué hacer. Lo más bonito que podía tener la ciudad eran las mansiones de José María Amador y Tulio Ospina, reconocidos hombres de empresa. A veces llegaba una compañía de zarzuela o se realizaban unas corridas de toros para romper eso que llamó Tomás Carrasquilla como “el limbo de la monotonía”. Poco a poco llegaba la modernidad y también lo prohibido. En 1893, según el historiador Jorge Mario Betancur Gómez, apareció la primera estadística de criminalidad que se conoce en Antioquia. Entre 1889 y 1893 fueron asesinadas en ese departamento. La mal llamada “gente de bien” fue alejándose de la zona pantanosa, llena de enfermedades donde sería edificado en 1894 el barrio Guayaquil. Por ese año fueron llegando mendigos, aventureros y comerciantes que se asentaron en “ese lugar infecto”. Sobre el nombre del barrio, aclara el escritor Manuel Mejía Vallejo en uno de sus escritos, que tenía que ver con las condiciones insalubres que recordaba a una ciudad ecuatoriana, Guayaquil, que por esa época sufría una epidemia de fiebre amarilla “¿No conocían este Guayaquil? Así se llama el barrio porque fue un pantanero de zancudos, rumbaban las fiebres como en un tiempo en esa ciudá de los Ecuadores”. Todo lo que estaba mal se remitía a Guayaquil. Allí la gente sacaba sus vasijas llenas de excrementos y, como no había alcantarillado, simplemente sacaban sus miserias a la calle, específicamente en las cunetas. En relatos de la época se cuentan que, en edificios de cuatro plantas, habían vecinos que veía como el techo se les iba poniendo negro: había personas que no sacaban la mierda a la calle y, simplemente, la dejaban rebosar en sus pisos, filtrando la privacidad de los vecinos que vivían en la planta de abajo. Eran lugares donde la enfermedad, el trago, el juego y el placer sexual se mezclaban. En los primeros meses de 1899 aparecieron en Guayaquil lo que los vecinos llamarían, de manera despectiva “los primeros travestis”. En el periódico Novedades, en 1910, hay una primera referencia sobre ellos: “En estatuaria femenil, los viernes y martes salen a mostrar ciertas formas corporales, propias de una deformidad antropoforme, unos muchachos que escandalizaron a señoras y señores camino al mercado”. Con los mal llamados travestis aparecerían las primeras prostitutas. Siempre existió en las administraciones municipales la hipocresía de ocultar lo que ellos consideran feo, contranatura, depravado. Por más que intentaran llevarse de sus calles a las mujeres que se paraban en las esquinas, siempre aparecían ahí para escándalo de las mujeres casadas según lo ordenaba el sacramento y de los hombres que se tapaban la cara con sus manos abriendo con sigilo sus dedos. Ninguna campaña policial o eclesiástica sirvió para algo. En Guayaquil eran tan comunes las prostitutas en la calle como las peleas a cuchillo entre sus visitantes, los borrachos cantando canciones viejas o la propia mierda. Según el libro Moscas de todos los colores, historia del barrio Guayaquil de Medellín 1894-1934, hubo alcaldes que quisieron prohibir la prostitución a punta de ley. Uno de ellos fue Alfonso Ballesteros quien firmó un decreto contra las pianolas “sitios de diversiones nocturnas, de libaciones eternas y caricias vulgares. De verificarse nuevos escándalos en estos establecimientos, ordenó un arresto de cinco días para las mujeres públicas de esos lugares”. El vicio, tal y como lo escribió Mejía Vallejo, rezumaba en las calles de Guayaquil: “La calle, las luces, las cantinas, los traganíqueles... El vicio va agarrando, y lo pior, uno se envicia al vicio, le hace falta seguir arrastrao”. Las leyes eran celosas con las prostitutas. Afortunadamente sólo eran letra muerta. La ley no les permitía a estas mujeres poseer casas cercas a templos, colegios o plazas de mercado. A pesar de estos cuidados Medellín, hace cien años, vivió una verdadera plaga de sífilis y gonorrea. Los esposos, que con devoción comulgaban en la misa del domingo, transmitían las enfermedades a sus fieles esposas. Hubo una campaña a comienzos de la década del veinte para obligar a las prostitutas a hacerse exámenes en profilácticos. Ninguna fue por voluntad propia, tuvo que intervenir la policía y ellas supieron defenderse de ese ultraje a punta de dentelladas y arañazos. La sociedad, sabiendo que había perdido su pelea contra las buenas costumbres, exigió, al menos, que la prostitución se reglamentara y que no saliera del barrio Guayaquil, al amparo de sus casas amplias convertidas en conventillos. Desde principios del siglo XX se pedía que las prostitutas se alejaran de los barrios donde vivían los ciudadanos de bien. El 7 de octubre de 1898, en el periódico Las Novedades, salió esta súplica: “Allá donde el rumor de las aguas y los vendavales de las vecinas selvas impidan escuchar a las personas honradas el ruido siniestro causado por el aleteo y los picotazos de los buitres de la orgía sobre el cadáver de la moral cristiana”. Ya en los años treinta Guayaquil era conocido como el barrio de la prostitución. Allá iba el papá con su hijo, esperando iniciarlo en el tortuoso camino del machismo, los soldados sedientos de caricias y los maridos cansados de tanto rosario. Guayaquil fue el gueto donde vivieron ya entrados los años sesenta, cuando el oficio se dispersó por toda la ciudad. En los años ochenta del siglo XX planeación municipal ordenó derrumbar buena parte del barrio que hoy es conocido en la ciudad como El Hueco. La prostitución ha llegado a sitios antiguamente encopetados como el parque Lleras y Medellín, muy a pesar de la falsa moral de sus alcaldes, se ha convertido en el foco del turismo más aberrante de todos: el sexual, el que pervierte a niños y niñas para complacer a gringos obesos y viejos. Medellín se está transformando en su peor pesadilla.

Por: Redacción Pares Robert Durst tenía su hinchada. Le gustaban los medios. Cuando se enteró que HBO haría una serie sobre su vida, se animó. Había sido absuelto dos veces de la desaparición de su esposa, Kathleen McCormack Durst y de su mejor amiga Susan Berman. Y la verdad le hacía falta aparecer en televisión. La serie fue dirigida por Andrew Jarecki y se emitió en seis capítulos. Fue un éxito absoluto. Su último capítulo fue visto por 20 millones de personas y Bob, completamente sicópata, disfrutaba con el reconocimiento. En el documental, llamado The Jinx, se veía claramente cómo Durst había usado todo su poder para no ser condenado por tres muertes. Además de las dos mujeres asesinó y desmembró a un hombre. Este crimen incluso es confesado por él mismo. Pero se había embolsillado, a punta de dólares, a uno de los jurados en un juicio que se realizó en el 2003. En el 2015 Jarecki le tiende una trampa y él termina confesando. En la última entrevista se lleva por equivocación un micrófono de solapa al baño. Entonces, mientras abre la llave del lavamanos, murmura “Me atraparon, los maté a todos”. Esto se emitió en el último capítulo de la temporada y generó una conmoción en todo el país, sobre todo en Nueva York. Es que la familia Durst tiene poder. Robert nació el 12 de abril de 1943, en un pueblo cercano a Nueva York llamado Scarsdale. Era el primogénito del patriarca Seymour Durst, dueño de una inmobiliaria llamada National Debt Cock. El patrimonio de esta compañía está avaluado en 8.000 millones de dólares. El papá de Bob lo intentó introducir en el mundo inmobiliario pero era demasiado indomable. Sus hermanos no lo querían y no dudan en afirmar que siempre fue un monstruo. Su mamá se suicidó frente a sus ojos cuando tenía 6 años, lanzándose del tejado de su casa. A los 12 años lo vio un siquiatra y diagnosticó la enfermedad mental que padecía: “descomposición de la personalidad y posiblemente incluso esquizofrenia”. Durst y su amiga Susan, a quien asesinó en la noche vieja del 2000 Bob se casó con Kathleen MacCormack, una joven de clase media. Pronto ella se dio cuenta de su oscuridad. Despreciaba abiertamente a su familia por un asunto de clasismo, la golpeaba y eran constantes sus infidelidades. El 29 de enero de 1982 Kathy, quien era estudiante de medicina, desapareció. La versión de Durst siempre fue ambigua, gaseosa, contradictoria. Las amigas de Kathy intentaron hacer algo pero era tal su poder que al final le hizo el quite a la justicia. Había alguien que sabía todos sus secretos. Se llamaba Susan Berman. Era hija de un reconocido gánster de Las Vegas. Quedó documentado que Bob, a cambio de su silencio, le daba 20 mil dólares mensuales. El 31 de diciembre del año 2000 Susan amenazó a su amigo con revelar la verdad sobre lo que sucedió con su esposa. Bob decidió entonces entrar a su casa en Los Angeles y dispararle por la espalda. En la huida se refugió en un hotel en donde asesinó y descuartizó a un vecino de piso. Intentó deshacerse de los pedazos del cadáver en el mar. Fue detenido, encarcelado, llevado a juicio, confesó haber asesinado al hombre llamado Morris Black, a quien conoció en ese hotel de mala muerte en Gavelston, Texas. Fue llevado a juicio y, aunque confesó haber matado -de manera accidental, según su defensa- a Black, y haberlo descuartizado, fue dejado en libertad. Después se supo que había sobornado por lo menos a uno de los jurados. Una de las últimas imágenes de Durst antes de morir Jarecki, ante toda esta historia, hizo el documental, Durst, sediento de fama y convencido que su dinero lo hacía diferente a todos los mortales, accedió a dar entrevistas. La gente recordó el caso y además se dio cuenta de lo frágil que es la justicia en los Estados Unidos: si tienes recursos puedes hacer lo que quieras y ser invencible. Esa confianza terminó siendo su peor enemigo. Automáticamente terminó la primera temporada de The Jinx, la serie documental de HBO cuando la policía le echó el guante. Desde ese momento estuvo preso. Por fin se hizo justicia. Su defensa falló, y Durst se veía muy disminuido físicamente a sus 78 años. Fue condenado a cadena perpetua y en el 2022, por un cáncer de vejiga murió. La familia de Kathy se ha quedado esperando una reparación económica por parte de los multimillonarios familiares de Durst pero ni una disculpa pública han emitido. Al parecer ellos sabían la suerte que corrió la mujer a manos de su esposo. Los Durst siguen siendo los amos del sector inmobiliario en Nueva York.

Por: Por Juan Guillermo Sepúlveda A. [1] Los negociadores del gobierno no olviden, que deben desglosar el conflicto urbano de Medellín y su Área Metropolitana, sabiendo superar muy bien, Personas, Procesos y el Problema (Juan Pablo Lederach, 1985), y lo más importante que una cosa es Dinamarca y otra muy distinta Cundinamarca; una cosa es París (Francia) y otra muy distinta el barrio París (Bello); una cosa son los Peaky Blinders de Birmingham (Inglaterra) y otra muy distinta los Triana de Medellín (Colombia); y que una cosa es Chicago de Al capone y otra “Medallo” de Pablo Escobar; y,  que el libro guía de los “camisa blanca” es el Arte de la Guerra, de Sun Tzu. ¡ojo! La paz generacional   La paz es el propósito de cualquier proceso de paz, como su contenido lo indica, pero si queremos una paz que dure en el tiempo, sea incluyente y que sea una paz generacional, debemos buscar una paz positiva . “Se entiende la paz como un proceso, “una dinámica constante” (Lederach, 2000, p. 33), en el que se persigue lograr un nivel reducido de violencia y un nivel elevado de justicia social. Lo que nos lleva a incidir en la perspectiva de la paz positiva como un proceso dinámico (Trifu, 2018). La “paz negativa” es la ausencia de parar la guerra, la violencia los actos hostiles, el cese al fuego de las partes en confrontación, que se traduce en dejar de matar, extorsionar, ejercer control territorial, etc. En cambio, la “paz positiva”, es otro nivel de paz más avanzado,  va más allá de la ausencia de conflicto o cese al fuego, y se orienta hacia la reconciliación de las diferencias, la tranquilidad y la satisfacción (J. Galtung, 2003), y se traduce en brindar oportunidades a las  víctimas, victimarios y a la sociedad en general, en todos los desarrollos y seguridad humana, como salud, educación, empleo y oportunidades, que permitan el restablecimiento de derechos de todos, en especial de la población más vulnerable.   El concepto del acogimiento , viene del latín:  accolligĕre , de colligĕre 'recoger '. Significa: * Dicho de una persona: Admitir en su casa o compañía a alguien. * Servir de refugio o albergue a alguien. * Admitir, aceptar, aprobar. * Recibir con un sentimiento o manifestación especial la aparición de personas o de hechos. * Proteger, amparar. (Diccionario de la Real Academia de la Lengua).   Los procesos de paz, se caracterizan por la voluntariedad de las partes que los conforman, por lo que se inscriben en el área del acogimiento , a diferencia del sometimiento, que conlleva la coerción y la fuerza, que son conceptos antagónicos de la paz, y más cercano a la seguridad. El acogimiento es la esencia misma de la paz. De otro lado, no se entiende el acogimiento sin el concepto de justicia , pues las personas y/o grupos al margen de la ley, se acogen a la justicia de un Estado democrático, porque, ellos los que se acogen, han estado ejerciendo actos y actividades injustas (delictivas), provenientes de fenómenos multifacéticos que involucran aspectos éticos, sociales, políticos y económicos, además surgidas de relaciones de poder desiguales, discriminación, exclusión social, pobreza, corrupción, entre otros factores. (Reyes Mate, 2017). En Colombia cuando hablamos de una justicia que produzca paz, debemos buscar una justicia diferente a la justicia tradicional, retributiva y castigadora, pues la justicia penal tradicional, es injusta por la desigualdad que presenta para acceder a ella; por la parcialidad y sesgo a favor de ciertos grupos o intereses; porque las decisiones judiciales se fallan de forma inequitativa y parcializada y por la falta de reparación del daño a las víctimas y a la comunidad, lo que afecta la dignidad de las personas.  Además, porque dicha justicia no cumple con su misión resocializadora y reintegradora, a ofensores y víctimas (Sentencia T-762 de 2015). Aplicar esta justicia injusta, en un proceso de paz es defraudar a los que se acogen a la paz, pues vamos a reproducir en ellos, lo que queremos superar: la violencia, la victimización y la impunidad. Este nuevo paradigma incluye, ya no solo la atención al ofensor, desde la Criminología, sino a la víctima, emergiendo la victimología como nueva disciplina de interés, que tiene como prioridad principal al ser humano, a las víctimas, victimarios y al daño causado, donde éstos estén en capacidad de generar, desde el conflicto mismo, nuevas formas de respuesta al fenómeno social del delito, que permita tratarlo, no para regresar y permanecer en él, sino para reconocer y a partir de allí visualizar el futuro. El nuevo paradigma es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, es la justicia de la paz. La nueva cosmovisión de la Justicia en Colombia, es la Justicia Restaurativa, porque es una respuesta flexible, participativa y orientada a la resolución de problemas ante el comportamiento delictivo, que puede proporcionar un camino complementario o alternativo a la justicia. Puede mejorar el acceso a la justicia, especialmente para las víctimas del delito y las poblaciones vulnerables y marginadas, incluidas las situaciones de justicia transicional. (Handbook on RESTORATIVE JUSTICE PROGRAMMES SECOND EDITION. UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME CRIMINAL JUSTICE HANDBOOK SERIES. Vienna. 2020).   Naciones Unidas (2066) [2] , ha elaborado una declaración de principios para un código de ética en justicia restaurativa, que perfectamente encajan en procesos de paz. Veamos algunos de esos principios: Principios relacionados con los intereses de las partes (necesidades y derechos); en la que se recalca de la voluntariedad en los procesos y el derecho a estar bien informado; el respeto de los derechos civiles y la dignidad de las personas, entre otras. Principios relacionados con las partes que tienen pérdidas ; donde se recomienda tomarse en serio las necesidades y sentimientos de las personas; poder conocer lo que perdieron y activar los protocolos de compensación. Principios relacionados con los responsables de la pérdida ; quienes tienen derecho a un proceso judicial justo (incluyendo la presunción de inocencia en cualquier procedimiento legal posterior). Principios relacionados con los intereses de la comunidad y la sociedad local ; en la que se le da prioridad a la seguridad de la comunidad en general y a las víctimas en particular; se recomienda promover el respeto de la diversidad cultural; y la solidaridad social debe promoverse manteniendo la moral pública y el respeto por la ley. La Justicia Restaurativa es la esencia de los procesos de acogimiento que tengan como finalidad la paz social , pues la justicia restaurativa les devuelve el conflicto a las partes (Howard, Zehr, 2006); los infractores reconocen que han producido un daño y se hacen responsables y cuentan la verdad; reparan el daño causado, de manera real o simbólica, y prometen no repetir los actos que han dañado a la comunidad. Lo anterior, les posibilita avanzar hacia la reconciliación y reintegración social. Justicia responsable, es el buen resultado de la justicia restaurativa. Los procesos de acogimiento que se desarrollen dentro de la justicia restaurativa, permiten avanzar en una justicia responsable (John Rawls, 1971), que se basa en el papel y la responsabilidad ética del sistema de justicia en la sociedad, re-instalando así, el rol central de la teorización sobre la justicia en las ciencias sociales.  La justicia responsable se puede presentar en la "pirámide de justicia responsable" representada en una jerarquía de respuestas ante el comportamiento antisocial o delictivo, priorizando las medidas menos intrusivas y más restaurativas en la base de la pirámide, y reservando las medidas más punitivas para los casos más graves en la cúspide. Este enfoque se alinea con los principios de la justicia restaurativa y busca promover una respuesta equilibrada y proporcional al delito, teniendo en cuenta tanto las necesidades de las víctimas como las del infractor, así como el bienestar de la comunidad en general.   Esta sería la pirámide de una justicia responsable socialmente. Elaboración propia Lo complejo de la paz en Medellín.   Pocos países en el mundo tienen la experiencia que tiene Colombia en procesos de paz. Desde el M-19, el Ejército Popular de Liberación, EPL, la Corriente de Renovación Socialista, CRS, Milicias Popular, MP, de Medellín, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, el Quintín Lame, las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, entre otros. Todas estas experiencias de negociación cuentan como aprendizaje en relación a lo que se debe o no hacer en futuros procesos de paz. Claro está, que depende de cada gobierno tomar nota o no, para continuar a partir de dichas enseñanzas o empezar de cero, con los efectos negativo que ello conlleva. Pero en el caso de negociaciones de paz con grupos cien por cien urbanos, poco se sabe, con excepción de algunos intentos locales en la década de los noventa en ciudades como Medellín. (Ver Vivencia Urbanas de paz, Medellín década de los noventa , Sepúlveda, CIDOB. 2010. [3] ) Una cosa es negociar con insurgentes o paramilitares en el monte, y otra muy distinta con los “combos”de Medellín, que cuando Pablo Escobar se sometió dijo, “… ahí les quedan 10.000 muchachos y 500 combos…pa´las que sean…pa´la buena, o pa´la mala” (para la guerra o para la paz), y 32 años después nadie sabe cuántos son. Lo cierto es que ya no les gusta que los llamen “combos”, y siguen esperando su proceso de paz, que por décadas les ha sido esquivo. Lo propusieron en la década de los noventa sin éxito, y de ello solo quedaron los “Pactos de Convivencia ”, que luego fueron estigmatizados, y hoy en día nadie quiere saber de ellos, pero es lo único que los mantiene unidos y vivos, pues entre ellos aprendieron a pactar la vida. La primera propuesta de paz desde la cárcel se dio en la década de los noventa, con el proyecto “Cárceles para la Paz” [4] , en la Alcaldía de Sergio Naranjo Pérez,  desde donde se trabajó desde la cárcel de Bellavista, por la Convivencia Carcelaria y la Seguridad Ciudadana. Programa que resulto siendo criminalizado. Pero las cosas han cambiado, desde aquella época, la de Pablo y “Popeye”, el “mugre” y el “angelito”, Medellín está más organizada en todo sentido como pocas, aún en su criminalidad. Una ciudad con un sentido de pertenencia, tan desarrollado que a veces produce miedo y exclusión, donde los grupos ilegales han avanzado en un control social / territorial como nunca antes, sin matar a nadie, pues en los barrios la orden es no matar, pues han aprendido que matar, no es que sea pecado o algo ilegal, es que el matar “calienta la vuelta”. Jóvenes urbanos que lo tienen todo: familia, amigos, vecinos, novias, esposas, llevan sus hijos al colegio, hacen deporte, van al Atanasio a ver al “poderoso” o al “verde”, manejan todas las tecnologías, tienen carros, motos, celulares y computadores de última generación; están en redes, hablan por zoom y teams; visitan la zona rosa cuando quieren y de vez en cuando se pisan pa´la USA (EEUU). “Trabajan” en “multi negocios” rentables, que van desde tráfico de armas, el “gota a gota”, microtráfico (con toda la tecnología), la extorsión en todas sus modalidades y un etc. interminable. Los Parceros, hacen parte de la vida comunitaria de sus barrios, tienen ONG, van a reuniones con los gobiernos locales, regionales, nacionales e internacionales. Se les reconoce por el conocimiento que tienen de sus comunidades y se hacen llamar defensores de DDHH. Estos mismos Parceros, se relacionan con todo el mundo del crimen, con los mexicanos, los “venecos”, los caleños, los costeños: Todos ganan, pues el negocio da pa”todos, siempre que respetemos las reglas del juego. Todo milimétricamente organizado y pensado. Trabajando 24/7, madrugadores, con responsables barriales, zonales, clientes bien atendidos, toda una empresa, en la que no se puede perder un peso. ¡Todo bien! Estos jóvenes/parceros, ¿por qué se van a acoger a la justicia, si nadie los está persiguiendo, ni son requeridos judicialmente y además, viven muy bien en su casa y barrio? Solo un número reducido de ellos, tendrá interés en acogerse a la justicia, los jefes y los que están en la cárcel, para arreglar sus cuentas con la justicia y no ser extraditados; pero el resto, una vez estos se acojan a la justicia, seguirán llevando la “vuelta”, pues el negocio sigue mientras sea rentable, como me lo decía alguien en la cárcel de Bellavista en 1996. “vea viejo juangui, mientras esa vuelta de billete, los que quedan la siguen”. Años después a finales del 2017 la Procuraduría General de la Nación acompañados por el INPEC, socializo con los jefes de bandas de la ciudad que estaban recluido en la Picota y en Cómbita, el Programa de Justicia Restaurativa diseñado para la delincuencia común, de acuerdo a la resolución 383 de junio del 2017. Producto de ello, el 13 de marzo de 2018 desde la cárcel de Cómbita, Boyacá, donde estaban recluidos la mayoría de los jefes negociadores que hoy se encuentran en la cárcel de Itagüí, en Antioquia, le dirigieron al Presidente de la República Juan Manuel Santos, con copia a la PGN, a la Fiscalía General de la Nación y al INPEC. El documento está radicado en la Procuraduría General de la Nación bajo el número de radicado: E-2018-115423, el 13/03/2018, a las 12:04:33. En el Asunto del documento dice: “ Manifestación formal de voluntad de trabajar por la paz desde los centros de reclusión de Colombia .”. A esta iniciativa de paz ninguna institución respondió.     Una cosa es Chicago y otra muy distinta, “Medallo”   Medellín es otra “vuelta”, nada se le parece, pues la han construido a su imagen y semejanza los que la gobiernan, que no es ni el alcalde, ni la Policía. “Medallo” tiene una criminalidad urbana transformada y organizada, donde según la Defensoría del Pueblo [5] , todos se coordinan desde una especie de “Cuerpo Colegiado”, con jefaturas únicas, que opera como una confederación en donde cerca de 15 estructuras de segundo nivel, controlan el Área Metropolitana, tienen representación de manera autónoma, sin mandos definidos y con libertad de alianzas. En todas las comunas y corregimientos tienen presencia de al menos un actor armado y ejercen control territorial de la ilegalidad en casi el 85% del territorio. La “Oficina” ya no es una estructura o un actor homogéneo; funciona como un modelo de criminalidad en red, donde prima las relaciones pacíficas entre las estructuras ilegales.  Es a este “Cuerpo Colegiado” (C.C.), que el gobierno nacional quiere someter en una negociación de paz, para sumarlo a la paz total, pero los miembros de dicho C.C, prefieren hablar de acogimiento , pues eso de someterse no va con el orgullo paisa, y menos de unos parceros “paraos”, organizados … pa´las que sea: pa’ la paz o pa’ la guerra. Según la Alcaldía de Medellín, en datos suministrados por el Secretario de Seguridad del Distrito, en Colombia existen 16 grupos de delincuencia organizada (GDO), de las cuales el 62% el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que lo conforman 10 municipios. En esto 10 grupos de delincuencia organizados, trabajan directamente 3.000 personas,  y contacto los indirectos sería 5.000 en total. “Lo que pasa en Medellín no es delincuencia común, es puro crimen organizado”. Dichas organizaciones criminales, mandan en Medellín y tienen más gente que todas las guerrillas juntas. “Son empresarios del crimen”. Dice el secretario de Seguridad de Medellín. [6] “Nosotros tenemos presente que no vamos con una ley de sometimiento, nosotros necesitamos es una ley de acogimiento a un Estado social de derecho”. “…sea participado en la construcción de acueductos, vías, comedores comunitarios, se ha llevado transporte hasta donde antes no llegaba”. Sebastián Murillo, miembro de la mesa de negociación, recluido en la cárcel de Itagüí. [7] De otro lado, la “vieja guardia”, ya cincuentones,  con hijos universitarios y emprendedores, ya trabajan legalmente, “a lo bien” en cualquier barrio de la ciudad, da lo mismo Manrique que el Poblado, el 12 de octubre que Laureles. Son reconocidos por todos, pues generan empleo y dan ejemplo de resiliencia, pues siguen esperando la paz cuando amanece, y esquivan la guerra al anochecer, por eso siguen siendo “la voz”, que cuando se escucha… se obedece. El apoyo reintegrador   Es la vergüenza de los ojos de los que te quieren, los que te puede hacer cambiar                                      (John Braithwaite)   La Teoría de la Vergüenza Reintegradora de JOHN BRAITHWAITE propone, rechazar el acto delictivo, el daño causado, reprocharle al que lo cometido el haberlo realizado, pero sin rechazarlo, sin estigmatizarlo, sino al contrario, acogerlo en familia. Se trata de rechazar el delito, pero no a la persona que lo cometió. Este rol integrador lo cumplen las familias , que tienen ese poder del afecto que hacen que el hijo que cometió un delito se avergüence del hecho y prometa no volver a repetirlo, y así, combinando vergüenza con arrepentimiento, se logra el olvido y el perdón y por lo tanto la paz, a la que debe tender la organización social. (Langón Cuñarro, M. 2000). En el caso de Medellín debería funcionarias l Teoría de la Vergüenza Reintegradora, en el entendido que los muchachos de los barrios tienen dos amores: la cucha (la mamá) y el barrio. Los diez alcaldes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, deben asumir el liderazgo de la Teoría de la Vergüenza Reintegradora, desde la teoría del ser, acoger, reintegrar, no estigmatizar a los que han manifestado la voluntad de paz desde las cárceles y barrios, pues son “hijos” de la ciudad, y los alcaldes representan a esos “padres” que deben reprocharles los actos delictivos que hicieron, pero sin negarles un abrazo de reconciliación y perdón,  y asumir compromisos a futuro de parte y parte, que permita la convivencia ciudadana. Dejando que, desde la teoría del deber ser, la fiscalía, los jueces, investiguen y juzguen, y el gobierno nacional, desde la política de paz, haga lo suyo. No olvidar la lección que nos dejó la vida de Carlos Ledher, que cuando salió por primera vez de una cárcel de los EEUU, siendo aún un adolescente, llegó a su casa en Armenia, toco la puerta, el padre le abrió y le negó la entrada, diciendo que en esa casa no vivirían delincuentes. Con este acto el padre lo rechazó, lo estigmatizo y lo desintegró del hogar. Ledher, sin saber a dónde ir, recordó que tenía conocidos en Medellín, a donde se dirigió y al llegar lo recibió Pablo Escobar, quien lo integró al Cártel de Medellín, el resto de la historia ya la sabemos. Alcaldes del Área Metropolitana, abrámosle la puerta a los que quieren entrar y vienen arrepentidos, démosles otra oportunidad. De otro lado, los Alcaldes del Área Metropolitana y el Gobernador deben dar un apoyo institucional mayúsculo a estas dicha iniciativa de paz, que pasa por la inclusión en sus Planes de Desarrollo 2024/2027, allende de colores partidistas y preceptos ideológicos. Aprovechar esta oportunidad que el actual gobierno nacional brinda, y es el hecho de tener en la misma cárcel y en sentados en la misma mesa a los representantes (los “camisas blancas”) de las 10 estructuras criminales más grande del país. Esa oportunidad no se volverá a tener. ¡¡Aprovéchenla!!, no pasen la vergüenza de dejarla pasar, por egos e ideología políticas. Las próximas generaciones no lo van a perdonar. El país y Antioquia lo necesitan y merecen. De otro lado, el gobernó nacional debe estar preparado para atender todo lo anterior. Designar equipos humanos de diálogo interdisciplinarios flexibles, bien informados y formados; con actitud, aptitud y vocación; conocedores del conflicto urbano y de los actores con los que van a dialogar. Además, tener en cuenta que, los interlocutores de esos diálogos son representativos de una sociedad civil que llevan décadas esperando este momento, y que han pasado por las manos de muchos Alcaldes, Gobernadores y Presidentes promeseros, vendedores de humo…y nada de paz, lo que los ha llevado a fortalecerse en la criminalidad en todas sus manifestaciones. Finalmente, que los negociadores del gobierno no olviden, que deben desglosar el conflicto urbano de Medellín y su Área Metropolitana, sabiendo superar muy bien, Personas, Procesos y el Problema (Juan Pablo Lederach, 1985), y lo más importante que una cosa es Dinamarca y otra muy distinta Cundinamarca; una cosa es París (Francia) y otra muy distinta el barrio París (Bello); una cosa son los Peaky Blinders de Birmingham (Inglaterra) y otra muy distinta los Triana de Medellín (Colombia); y que una cosa es Chicago de Al capone y otra “Medallo” de Pablo Escobar; y,  que el libro guía de los “camisa blanca” es el Arte de la Guerra, de Sun Tzu. ¡ojo!   El articulo está escrito en clave de no repetición, para que no fracase una vez más, un proceso de paz como sucedió en la década de los noventa en Medellín, cuando nos tocó escribir desde el exilio:  Esta experiencia que rápidamente se lee, que fue duro escribirla y hacerla mucho más, pues costó muchas vidas de jóvenes que en sus noches de euforia, cuando soñábamos con la paz de Medellín, me decían, casi con un sentimiento de advertencia: «viejo Juangui, no nos ilusiones con la paz, no nos hagas soñar con la paz», está dedicada a todos ellos: a los que se quedaron insistiendo en la ilusión de la paz y ya no están; a los que se tenían que quedar y tuvieron que sumarse a otra idea de la paz; e incluso, a los que ya no sueñan… con la paz. [8] ¡¡La buena pa’ todos!!   [1] Sepúlveda Arroyave, Juan Guillermo, fue Procurador de Antioquia en 1990. Dirigió la Oficina de Paz y Convivencia entre 1995 y 1998. Es el creador de la Metodología Espiral de Paz. Autor del libro, "Vivencias Urbanas de paz, Medellín, década de los 90a”. Radicado en Barcelona por más de una década. De nuevo en Colombia, trabaja para promover e implementar la Cultura y la Justicia Restaurativa para la gente del común. [2]  Manual sobre programas de justicia restaurativa SERIE DE MANUALES SOBRE JUSTICIA PENAL. NACIONES UNIDAS Nueva York, 2006. Pág. 37 [3]  Sepúlveda Arroyave, Juan Guillermo, “Vivencias Urbanas de Paz, Medellín década de los noventa” https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/vivencias_urbanas_de_paz [4]   Sepúlveda Arroyave, Juan Guillermo, “Vivencias Urbanas de Paz, Medellín década de los noventa” https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/monografias/monografias/vivencias_urbanas_de_paz Pág. 125. [5]  Defensoría del Pueblo. ALERTA TEMPRANA N° 032-2020 Fecha: 17 de julio de 2020 [6]  Jefes de la Oficina de Envigado hablan de las negociaciones de paz con el gobierno - Los Informantes. https://www.youtube.com/watch?v=eHHa08xFEl0 [7]  Ibidem [8]  Sepúlveda A Juan Guillermo.” VIVENCIAS URBANAS DE PAZ, MEDELLÍN DECÁDA DE LOS NOVENTA”, CIDOB, Barcelona, 2010. Pág. 156.

Por: Redacción Pares Hace unas semanas el país vivió un fuerte shock. El coronel retirado Elmer Fernández era asesinado al norte de Bogotá. Llevaba un puñado de meses al frente de la cárcel La Modelo. Las imágenes de su carro atravesado en la vía después de ser abaleado estremecieron. Se notaba a leguas su desprotección. Tan sólo siete días atrás, desde esta página, se había alertado sobre las amenazas que caían sobre Fernández. Las ordenes que había dado sobre traslado de presos, requisas a celdas, inspecciones, desataron la furia contra él. Un hombre llamado Pedro Pluma firmaba los panfletos amenazantes. Se especuló sobre el grupo al cual pertenecía el hombre. Se llegó a sospechar que, incluso, pertenecía a La Inmaculada, el grupo delincuencial que controla Tuluá y cuyos varios miembros están dispersos en diversas cárceles del país, pero esto no llegó a confirmarse completamente. Funcionarios del INPEC se quejaron sobre la falta de compromiso de la seguridad del entonces director de La Modelo y de ellos mismos por parte del ministro Néstor Osuna. Después del asesinato de Fernández tomar la dirección de La Modelo era agarrar una papa caliente. Solo la mayor Nancy del Socorro Pérez se atrevió a hacerlo. Este miércoles 5 de junio aparecieron unos panfletos en donde  a la mayor la amenazan. Le dan 72 horas para trasladar de celda a dos condenados. Si no hace tendría el mismo destino que su antecesor. Aún se especula sobre el autor de estas amenazas, el nombre que se está barajando es el de John Keneber Cardes alias el Cebollero. En un trino la representante a la cámara Jennifer Pedraza afirmó que la directora se encuentra completamente desprotegida “En reunión con Guardias del @INPEC_Colombia. Nos cuentan que la directora de La Modelo, Nancy Pérez, que acaba de ser amenazada de muerte no tiene esquema de protección decente ni carro blindado”. Horas después de que se hiciera la denuncia, fue detenido por parte de la policía al hombre que en las inmediaciones de La Modelo estaba dejando los panfletos. En ellos se exigía el traslado al temido patio 4A de esa cárcel a alias “Victoria” y alias “Tolima”. En ese patio es donde ocurren los mayores casos de extorsión, delito por el que están azotando a comerciantes y ciudadanos. “Si en 72 horas estas personas están, no creo que usted y sus guardianes quieran que les pase lo que le pasó al director (Élmer Fernández) por no sacar a estas dos personas”. El hombre al que se capturó por distribuir estos panfletos era un habitante de calle que afirmó haber recibido 10 mil pesos. El contacto de los presos más peligrosos con personas que les hacen “las vueltas” desde afuera es cada vez más evidente. En un artículo titulado De los peloteros al multicrimen, se cuenta como bandas locales se dedican a enviarle a través de pelotas hechas con conchas de naranja drogas, celulares y armas. Como estos actos ocurren fuera de los muros de las cárceles las autoridades del INPEC no pueden hacer nada. Por ahora se hace un llamado para presionar que desde el ministerio y la UNP se tomen medidas urgentes para que no se vuelva a repetir el horror que se vivió en mayo cuando a pesar de que se denunció las amenazas, Elmer Fernández fue ultimado a tiros mientras se dirigía a su casa. La crisis carcelaria, lejos de apagarse, parece que se convirtió en un incendio indetenible.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Semanario Voz Para Leopoldo Múnera es inconcebible una universidad moderna si no tiene autonomía de pensamiento, una garantía de independencia en la producción del conocimiento y en su actitud crítica ante lo político y lo social, la universidad no debe estar supeditada a algún tipo de poder. Y la universidad colombiana ha estado atacada desde afuera y desde adentro, intentando limitar su autonomía, su independencia de pensamiento. Y así se acaba la universidad. Sin pluralidad no existe una universidad. Esto lo dijo Leopoldo Múnera en toda su campaña hacia la rectoría de la Universidad Nacional, un campus que aprendió a amar desde que su papá, que era profesor, lo llevaba a sus clases. Desde los 24 años es profesor de esta universidad. El estudiantado acompañó siempre a este abogado con PHD en Ciencia Política, magister en desarrollo y magister en filosofía de derecho. Por eso lo eligió ampliamente en marzo del 2024 a Leopoldo Múnera pero en una decisión ampliamente discutida, el Consejo Superior Universitario CSU, designó a la brava a José Ismael Peña para que fuera rector en el periodo 2024-2027. Después de ser notificado de la caída de su nombramiento Peña, quien se autoposesionó en una notaría de Bogotá el pasado 2 de mayo, anunció que no se quedará quieto y que interpondrá recursos judiciales para reversar esta decisión. Lo que aplicó el CSU en marzo durante la elección de Peña fue un método llamado “Borda” por el que se eliminaba el voto directo y, de paso, se pisoteaba la autonomía de los estudiantes a la hora de elegir a su rector. Desde ese momento la Universidad entró en confrontación y sólo hasta el pasado jueves 6 de junio se pudo hacer respetar la decisión estudiantil en la elección del nuevo rector. Fue en una sesión extraordinaria en donde cinco de los ocho integrantes del CSU corrigieron lo que muchos consideraron un exabrupto. El Consejo Superior se comprometió a borrar “las irregularidades que se presentaron en la actuación administrativa de designación de rector de la Universidad Nacional de Colombia”. Siendo decano de la facultad de derecho y vicerrector de la sede de Bogotá, Múnera se mostró de manera irreductible de parte de los estudiantes. Ha sido un defensor también de la paridad de géneros dentro de la Universidad y en campaña le preocupaba que en la Nacional la proporción de estudiantes era de un 60-40. “No permitir que la mujer acceda plenamente a la universidad implica que no vamos a tener la experiencia de la mujer en su visión de sociedad y eso empobrece la visión que tenemos de sociedad. La sociedad colombiana tiene derecho acceder al conocimiento que tienen las mujeres”. En el 2019 y 2021 los jóvenes salieron a la calle durante el estallido social. Muchachos cansados de la política tradicional que les negaba un futuro. Una movilización que se hizo desde la precariedad, sectores que viven del rebusque, y, para Múnera, en una entrevista que le hizo la revista Raya, lo interesante de esto es que hubo un contacto directo con el movimiento estudiantil, “Los sectores estudiantiles se fundieron en las movilizaciones urbanas y rurales, esta movilización sirvió para que dos juventudes se encontraran”. Fue una movilización que integró a las familias. Las madres apoyaron a sus hijos en esta movilización y que reclamó pensar en otro tipo de sociedad y otro tipo de acceso, como la educación y la salud. Múnera, en su campaña, habló largamente de esto. El movimiento estudiantil cree que con Leopoldo Múnera como rector este sector que tiene negado el acceso educación podría tener una oportunidad de hacer parte de la educación superior. El pensamiento de Múnera y el de Petro tienen puntos en común en cuanto al acceso a la educación, en ampliar la cobertura en la educación superior no es una bandera del gobierno Petro “Sino que la ha tomado del movimiento estudiantil” Dice Múnera en la citada entrevista. Él también es un convencido de que hay que llevar la educación superior a los territorios más alejados. Petro se refiere a Múnera como un “gran intelectual” y basta ver sus ocho libros, sus maestrías  en Filosofía del Derecho en la Università degli Studi di Roma y en Desarrollo en la Université Catholique de Louvain, habla a la perfección el italiano, el francés, el inglés y el alemán. Además de ese respaldo a la autonomía universitaria Múnera llegará a la Nacional con un plan ambicioso para ponerla en la vanguardia del conocimiento: recuperar la educación pedagógica, consolidar el instituto nacional de investigación, innovación y política educativa, incrementar el presupuesto de las universidades estatales, recuperar el hospital universitario San Juan de Dios, entre otras reformas que necesita con urgencia la universidad. Con esta decisión los universitarios tendrán en la rectoría a alguien que está de su lado.