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Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Tiempo y El Espectador En las últimas horas el alcalde de Bogotá confirmó la muerte de una niña Embera de tres meses de nacida en los campamentos ubicados en el Parque Nacional en donde esperan desde el año 2020 a que el gobierno nacional les de una respuesta a las necesidades y padecimientos que vienen sufriendo en su territorio. La respuesta del Distrito fue hacer un llamado urgente al gobierno nacional para que se agilicen las negociaciones con el grupo de indígenas y puedan pactar lo que parece ha entrado irremediablemente a una zona pantanosa. Como la memoria es corta es bueno recordar lo siguiente: esto no arrancó en este gobierno. La ocupación por parte de 500 indígenas Embera en este espacio vital para Bogotá no arrancó con la ascensión de Petro a la presidencia. De hecho fue durante el gobierno Duque, en el 2020, cuando llegaron estos indígenas movidos por justas causas. Los primeros en llegar fueron 263 integrantes de la comunidad Embera Katío, a mediados del 2020, en medio de los problemas que dejaba la epidemia del COVID 19, habían llegado a la ciudad desplazados por la situación de violencia que se vivía en su territorio. La pandemia los obligó a asentarse y además pensaron que sería una buena manera de presionar para que fueran atendidos sus reclamos. La ONIC reportaba en ese momento en territorio 10 mil personas confinadas y 2 mil desplazadas. En ese momento la población de indígenas en el parque nacional superaba las 3000. A finales del 2021 se dio el primer retorno de indígenas a sus territorios de más de 1.500 indígenas volvieron a su territorio en Chocó y Risaralda, unos meses después se hizo un censo y se contabilizó que en el parque Nacional habían 1350. El 13 de mayo del 2022 se anunció desde la alcaldía de Claudia López que la reubicación de los indígenas sería completa y aunque muchos se fueron aún persisten más de quinientos. Las malas condiciones han hecho que niños como el que murió el pasado domingo 9 de junio corran riesgos eminentes de salud. La defensoría en su momento emitió un reporte que señalaba el nivel de precariedad de las condiciones en las que estaba la comunidad asentada en la zona: “No hay suministro de agua potable, los baños tienen filtraciones, no cuentan con el mínimo de condiciones de salubridad, y el lugar está infestado de moscas y cucarachas, plaga generadora de diversas enfermedades que ponen en riesgo la salud humana”. La unidad de víctimas, en abril de este año, identificó a 724 indígenas asentados en el emblemático parque. Aunque mucho bogotano que se acerque al lugar le parezca un capricho de los embera el protestar de esta forma, se olvida cuáles son las razones por las que ellos han decidido pasar noches heladas, torrenciales aguaceros y exponer su salud a las inclemencias del clima bogotano. La unidad de víctimas indagó y publicó en su momento las seis exigencias que se le han hecho tanto al gobierno de Iván Duque como al de Gustavo Petro: Conflicto armado interno y desplazamiento por la guerra. Ausencia de servicios integrales del Estado en sus territorios. Falta de garantía de viviendas y desarrollo rural. Dificultad para el acceso a bienes y servicios básicos. Estigmatización social. Falta de voluntad política para revertir estas situaciones. Es compromiso de todos impedir que un niño más muera en estas condiciones. Las exigencias de los Embera deben ser atendidas de manera inmediata. Y en ese sentido tanto el gobierno Duque como el de Petro se han hecho los de los oídos sordos ante los reclamos

Por: Redacción Pares Foto tomada de: El Espectador Desde antes de que iniciara la pandemia se han venido denunciando que las condiciones para las mujeres privadas de la libertad que habitan el buen pastor son deplorables. Ya en el 2018 se hablaban de varios factores en donde se evidenciaba el olvido estatal. Había problemas con el sistema de salud, se violaba el derecho a la visita íntima y hasta aparecían ya los conatos de una crisis alimentaria que causó enfermedades. Como en la vida, parecía que el problema carcelario en el país sólo importaba cuando se trataba de los hombres. Pero las mujeres privadas de su libertad pasaban a un segundo plano. Este problema no sólo afecta a las reclusas sino al personal del INPEC que las cuida. En Colombia hay 7.777 mujeres privadas de la libertad en Colombia. Algunas han vivido verdaderos infiernos por no contar con una cobertura médica dentro del penal. En el Buen Pastor son difíciles controles prenatales o ecografías para las mujeres que están embarazadas, y en el 2018 se presentó una situación particular: dos años antes de la pandemia explotaron enfermedades como el sarampión, la varicela, y paperas. Desde esa época se venía denunciando que los alimentos estaban en mal estado. Sólo hasta el 2019 se tomaron medidas como cerrar la cocina. Una mujer llamada Clemencia, que estuvo presa entre los años 2007 y 2018, le contó esto a El Espectador que refleja el nivel de abandono: “Nos daban tres kits al año con 10 toallas higiénicas, un jabón de baño –a algunas de nuestras compañeras les daban jabón azul–, un rollo de papel higiénico y un sobre de desodorante, algunas veces vencido. A uno le tocaba comprar o esperar las encomiendas de la familia. En la cárcel a veces nos daban kits buenos por el Día de la Madre, pero la verdad es que la mayoría de nosotras nos manteníamos con lo que nos daban las familias. El problema es que muchas compañeras no tenían ni una sola persona que las visitara“. Años después la situación, en vez de mejorar, empeora. En el video que publicaremos al final de este artículo una reclusa se queja de la falta de personal en el penal. La guardia tiene que hacer doble turno con el mismo salario, piden la humanización para el cuerpo de custodia “No queremos que haya corrupción pero con salarios de pobres y esa carga laboral es imposible” También, en el video se quejan de que los abogados no están ingresando al penal ni las organizaciones que cuidan las condiciones y la defensa de los privados de la libertad. Además esta crisis afecta también al personal del INPEC. Ellos No cuentan con vehículos para los relevos de los diferentes  Servicios de hospitales, cuyos servicios están en retiradas zonas del establecimiento y sumado a eso el  caos vehicular, ocasionando turnos de hospitales de hasta 14 horas ininterrumpidas. Las denuncias afirman que “Prefieren tomar los vehículos oficiales del establecimiento para recoger a la Directora, comandante de vigilancia o a la subdirectora del establecimiento, que efectuar los relevos. Las funcionaras que prestan sus servicios en la parte interna del establecimiento no cuentan con un baño para hacer sus respectivas necesidades, deben dejar las llaves del pabellón con algún compañero o si no, le toca aguantarse las ganas de ir al baño hasta el relevo y eso si tiene relevo”. Según la denuncia existen privilegios y si los funcionarios se quejan toman represalias aumentando el número de horas en los turnos o incrementándole las funciones en un solo turno. El 28 de mayo del 2024 detenidas políticas y sociales por el estado de los alimentos y de las condiciones sanitarias del penal. Además reclamaron que en el patio 6 hay un tubo que filtra orina y heces fecales que van a dar a la cancha donde hacen deporte. El reclamo directo sobre estas condiciones cae sobre el ministro Néstor Osuna. Este es el video en donde se hace una de las denuncias Video tomado de cuenta propia de Facebook

Por: Katerin Erazo, Periodista Foto tomada de: El Espectador El paro nacional de educadores, convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) el pasado 10 de junio, sigue en marcha. La manifestación, que comenzó el 12 de junio, ha visto a maestros de todo el país tomar las calles en protesta en contra del trámite legislativo que se ha venido dando en el Senado de la República a las  ponencias que están siendo propuestas a la Ley Estatutaria de Educación. El sindicato ha programado cuatro días de manifestaciones, culminando en una gran movilización en Bogotá este lunes 17 de junio. Durante los días 12, 13 y 14 de junio, docentes de diversas ciudades se unieron en lo que han denominado el "Paro nacional permanente del Magisterio". Pancartas y consignas se han visto en las principales ciudades, reflejando el descontento con las modificaciones legislativas que, según los educadores, atentan contra la calidad y equidad de la educación en el país. Hoy, la capital colombiana es el epicentro de estas protestas, con concentraciones programadas en puntos estratégicos del sur, norte, oriente y occidente de la ciudad. Para la jornada de hoy, FECODE convocó a maestros y simpatizantes a las 9 de la mañana en cuatro puntos específicos: el Colegio Manuela Beltrán en el norte, frente al SENA en el sur, el Colegio I.E.D Enrique Olaya Herrera en el oriente, y la Universidad Nacional en el occidente. Desde estos puntos, los manifestantes marcharon hacia la Plaza de Bolívar, donde esperan hacer sentir su voz ante el Congreso y el Ministerio de Educación.  La Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE) ha enfatizado que el magisterio nacional mantendrá su resistencia hasta que finalice la plenaria del Senado. “Colombia necesita un proyecto de ley estatutaria que reglamente a la educación con carácter pedagógico, reflexivo, crítico, inteligente, justo lo contrario a la oposición, que fue la que propuso las enmiendas. Aquí seguiremos en la lucha en el 'Paro nacional por la educación'", ha manifestado FECODE en sus comunicados oficiales. La protesta no está dirigida contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien ha contado con el apoyo de FECODE. Sin embargo, el sindicato rechaza firmemente los cambios legislativos que afectan el proyecto de ley para la reforma educativa. Entre las principales preocupaciones se encuentra el artículo 39, que establece la obligatoriedad de la evaluación docente basada en los resultados de los estudiantes en las pruebas de Estado, como la Saber 11. Esta medida es vista por los educadores como injusta y poco representativa de su labor. Además, otras enmiendas controvertidas incluyen la implementación de 'vouchers' educativos, que podrían limitar la libertad de cátedra y establecer un currículo único. Los educadores temen que estas medidas comprometan la diversidad y calidad del sistema educativo colombiano. La Ley Estatutaria de Educación, uno de los pilares del Gobierno de Petro, busca garantizar la educación como un derecho fundamental, regulándola desde la primera infancia hasta la educación superior. La reforma pretende mejorar la cobertura, calidad y pertinencia del sistema educativo. A pesar del respaldo inicial y la aprobación en el tercer debate el pasado 5 de junio, la oposición de FECODE ha complicado el panorama. En una entrevista reciente con Pares, Miguel Pardo de FECODE expresó su preocupación sobre los actuales proyectos de ley relacionados con la Ley Estatutaria de Educación. Según Pardo, “ya no se trata de una enmienda, sino de dos proyectos de ley: uno presentado por la oposición y otro por las bancadas del Pacto Histórico y otros grupos progresistas. Sin embargo, ambos proyectos mantienen la esencia de lo que fue la famosa enmienda”. Pardo señaló que uno de los puntos más preocupantes es la negación del derecho de los niños y niñas de tres, cuatro y cinco años a recibir educación preescolar obligatoria en colegios públicos. “Esto implica disolver los tres grados esenciales del preescolar en una educación inicial que abarca de cero a seis años, lo cual es un retroceso significativo”, afirmó. Además, criticó la posibilidad de que instituciones no educativas asuman la educación de estos niños, lo que, en su opinión, representa un desconocimiento de la función social de la escuela. Otro aspecto central de su crítica es la entrega de recursos públicos a instituciones privadas y fundaciones, lo cual, según Pardo, “debilita la escuela pública y substrae el patrimonio público”. Argumentó que esto permite la designación de docentes sin concurso, lo que contraviene el principio de mérito que debe regir en la contratación de maestros. En cuanto a la financiación, Pardo mencionó que uno de los proyectos propone que el Estado priorice la entrega de recursos a instituciones privadas, algo que calificó como un grave error basado en la experiencia del programa “Ser Pilo Paga”, el cual, según él, fracasó al beneficiar a un número reducido de estudiantes a costa de desfinanciar la educación pública. Finalmente, Pardo expresó su rechazo a la propuesta de crear una “educación terciaria” sin un debate previo y sin sustento académico, lo cual, según él, disolvería la educación superior y otras formas de educación en un modelo incoherente. También destacó que los maestros ya son evaluados rigurosamente, y que las nuevas propuestas de evaluación vinculadas a resultados ignoran los factores socioeconómicos que afectan el desempeño estudiantil. FECODE aboga por el hundimiento de los actuales proyectos y la elaboración de una nueva propuesta con la participación de la comunidad educativa y académica. “No se puede legislar a espaldas de quienes conocen del tema”, subrayó Pardo, enfatizando la larga trayectoria y experiencia de FECODE en la promoción de políticas educativas públicas en Colombia. Por su parte, la ministra de Educación, Aurora Vergara, enfrenta una semana crucial en la que el proyecto debe superar su último debate antes del 20 de junio. La tensión en torno a esta reforma es palpable, y la movilización en Bogotá es vista como un esfuerzo decisivo de los educadores para influir en la votación final. Según el análisis de Sebastián Solano, coordinador de la Línea de Jóvenes en Riesgo de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), el trámite legislativo de la Ley Estatutaria de Reforma a la Educación enfrenta tensiones entre el Congreso, el Ministerio de Educación y diversos sectores. Estas tensiones surgieron tras la ruptura de la conciliación entre los senadores de la comisión primera, resultando en un proyecto de ley que provocó fuertes críticas y movilizaciones la semana pasada. Ahora, el panorama es incierto debido a las dos ponencias que se discutirán esta semana en plenaria: una, liderada por la oposición, que propone un modelo de educación mixta y de educación para el trabajo; y la otra, encabezada por la coalición de gobierno, que busca resolver los problemas estructurales e históricos de la educación pública en Colombia. Sin embargo, los sectores movilizados reclaman que ninguna de las dos ponencias refleja el modelo educativo acordado en la formulación de esta reforma. Solano explica que hay tres escenarios posibles:   Que se apruebe la ponencia de la coalición de gobierno y se establezcan mesas de concertación para alcanzar acuerdos con los sectores movilizados. Que se apruebe la ponencia de la coalición, lo que podría intensificar las movilizaciones y convertirla en otra reforma fallida del gobierno Petro. Que ambas ponencias sean rechazadas esta semana y el debate se reinicie en la próxima legislatura. El coordinador de la Línea de Jóvenes menciona que, aunque este último escenario podría parecer favorable para muchos sectores, preocupa la lentitud de una reforma que pretende implementar numerosos cambios, especialmente considerando que el gobierno Petro ya está a punto de concluir sus dos primeros años. Los líderes de FECODE sostienen que las modificaciones propuestas afectan negativamente su labor y la lucha por una educación pública de calidad, un objetivo que consideran esencial para el desarrollo del país. La presión sobre el Senado es intensa, y la decisión que se tome esta semana tendrá un impacto significativo en el futuro educativo de Colombia. Mientras las marchas avanzan y se debate en el Congreso, el resultado de esta semana será crucial para determinar el rumbo de la educación en Colombia. Los maestros, firmes en su convicción, continúan su lucha, esperando que sus demandas sean escuchadas y atendidas.

Por: Redacción Pares Hasta hace 83 años aún estaba cobijado por la ley el supuesto derecho del macho por vengar su honor, mancillado por la infidelidad de una hembra. Sí, en el artículo 591 del código penal de 1890 existían 11 atenuantes bajo las que un hombre podría justificar el asesinato de su esposa, de su hija, de una mujer que estuviera bajo su protección. La excusa podría ser, por ejemplo, encontrar a esa mujer siendo infiel. Entonces se recurría a lo que se llamaba “actuar bajo ira o intenso dolor”. En el último informe de violencia de género presentado por la línea de Convivencia y Seguridad Ciudadana, titulado Vivir sin miedo II, recuerda este aterrador artículo con el que centenares de hombres pudieron abrazar la impunidad después de matar a una mujer.   Lo que es más perturbador es que esta excusa se siguió esgrimiendo hasta bien entrado el siglo XXI. La abogada de la Universidad Nacional, Viviana Benavides Herrera, identificó en una tesis de grado escrita en el año 2018 que aún se seguían presentando este tipo de atenuantes en algunos juicios por feminicidios. En agosto del 2011 Juan Antonio Salgado asesinó en Bogotá con once puñaladas y una pedrada en la cabeza a su esposa. Su abogado, en el juicio, esgrimió el argumento de que la esposa le había sido infiel y eso había desatado “la ira” del homicida.   Es indudable que el Código Pena ha intentado evolucionar en los últimos 150 años. Entre 1890 y 1936, según un informe de la Universidad Nacional, se empezó a hablar de “Uxoricidio por adulterio”, que contemplaba una especie de pena de muerte para las mujeres que fueran encontradas siendo infieles. Era una especie de muerte porque si el esposo encontraba a la mujer teniendo relaciones sexuales con otra persona él perfectamente podría asesinarla sin tener que esperar pagar condena alguna. Si la mujer hiciera lo contrario, sobre ella si caería el peso de la ley.   Hasta el año 2000 el argumento de “ira e intenso dolor” podía mantenerse en ciertos casos. Esto fue ampliamente criticado y repudiado porque era una rendija en la que podría colarse más de un asesino de mujeres. Se tenía que comprobar, a través de un siquiatra, que el homocida si sentía este tipo de perturbación. Por eso fue tan importante la ley 1761, mejor conocida como la ley Rosa Elvira Cely, para tipificar el feminicidio como un crímen. En nuestro informe Vivir sin miedo se define qué es feminicidio:  “El feminicidio se refiere al asesinato de una mujer por el hecho de serlo, lo que lo convierte en la manifestación más extrema de un continuo de violencia y, a su vez, en la expresión más severa de una sociedad patriarcal”.   El asesinato, tortura y violación de Rosa Elvira Cely fue el detonante para imponer una ley pionera en Latinoamérica y que contempla penas entre los 260 y 500 meses. A pesar de esto, y según el informe Vivir sin miedo, las mujeres siguen siendo asesinadas y abusadas. Entre enero y julio del 2024 han sido asesinadas 428 casos de feminicidio en el país. Durante todo el 2023 fueron 1.134 los casos registrados.   Teniendo en cuenta la barbarie con la que se respaldaban a los asesinos de mujeres hace 100 años se puede decir que ha habido avances desde la ley para proteger a las mujeres de un sistema brutalmente patriarcal. Pero los números, consignados en el informe Vivir sin miedo que se publicará este 19 de agosto, siguen siendo aterradoras.

Por: Santiago Medina, Angélica Atehortúa - Asistentes de investigación El pasado 10 de septiembre la localidad de Kennedy, específicamente el sector de María Paz, fue sacudido por la explosión de una granada que dejó un saldo de 9 personas heridas, entre ellas a 2 miembros de la Policía Nacional, y una persona que falleció días después. Horas más tarde ese mismo día, a pocas cuadras de donde se dio el suceso, se registró otra explosión en la que falleció una persona, quien según las autoridades, era la que transportaba el explosivo , aunque no se ha determinado con exactitud cuáles eran sus intenciones. Sobre el atentado, el alcalde Carlos Galán afirmó que podría tratarse de una retaliación por parte de las organizaciones delincuenciales que operan en este sector, ante los recientes operativos y capturas que han realizado la Policía y la Fiscalía en su contra. Esta situación prendió nuevamente las alarmas en Bogotá por la situación de seguridad, teniendo en cuenta la cantidad de casos de homicidio y ataques sicariales que se han registrado en lo corrido del año, sumado a la permanencia de otros delitos como la extorsión y los hurtos. Por esto, vale la pena revisar qué está sucediendo en materia de seguridad en la ciudad, y preguntarse si las estrategias del alcalde Carlos Galán en el marco de su plan ‘Bogotá Camina Segura’ realmente están teniendo un impacto positivo. La inseguridad en cifras Según datos proporcionados por el SIEDCO de la Policía Nacional, hasta el mes de agosto de 2024 se han registrado 746 casos de homicidio en la ciudad de Bogotá, que, comparados con las cifras registradas en el mismo periodo del año 2023, evidencian un aumento de un 4,7%. Ahora bien, si se comparan específicamente los meses de julio y agosto entre ambos años, se observa un aumento en los casos de un 28% para el 2024, lo que refleja un panorama muy preocupante donde el homicidio en la ciudad está adquiriendo una tendencia al incremento, situación que podría agravarse en el segundo semestre del año. Elaboración: Fundación Pares. Fuente: SIEDCO Galán ha reconocido que en los últimos dos meses se han registrado aumentos en los homicidios, y lo asocia principalmente a enfrentamientos entre bandas delincuenciales, entre los cuales mencionó a ‘El Tren de Aragua’, ‘Satanás’ y ‘Los caucanos’. Adicionalmente, en informes de la Fundación Pares , también se ha podido identificar a otras estructuras que hacen presencia en la localidad de Kennedy, como ‘Los Hestias’, Los Boyacos’, ‘Los Camilos II’ o ‘Los Lobos’. Estas estructuras serían las responsables de extorsionar a comerciantes y trabajadores de Kennedy y en general de la ciudad de Bogotá. Según datos del SIEDCO, entre enero y julio del 2024 se registraron 660 casos más de extorsión que en el mismo periodo del año pasado, lo cual se traduce en un preocupante aumento del 76,4%. Elaboración: Fundación Pares. Fuente: SIEDCO Si bien el Alcalde ha señalado la localidad de Kennedy y otros sectores de la ciudad como zonas priorizadas para fortalecer la operatividad de la fuerza pública buscando reducir la extorsión, y al mismo tiempo resalta las recientes capturas relacionadas con casos de homicidio, lo que se evidencia es que tanto el homicidio como las extorsiones en Bogotá van en aumento y al mismo tiempo se nota la insuficiencia de estrategias concretas que permitan controlar esta situación, a pesar de ser la seguridad uno de los puntos centrales del plan de gobierno de la actual administración. Un aumento en la violencia Los atentados con explosivos se han convertido en una amenaza cada vez más recurrente en Bogotá. En el mes de abril se registró la detonación de un explosivo de bajo poder en el sur de la ciudad, específicamente en el CAI del barrio Claret,   y a pesar de que no hubo víctimas ni mayores daños, expresó una evidente intención de amedrentar a la Policía. En el mismo mes, las Unidades Anti-Explosivos desactivaban seis explosivos que habrían sido dejados en la Avenida Circunvalar. En julio se reportó el hallazgo y la detonación controlada de un paquete explosivo en la localidad de Teusaquillo , que al parecer estaría dirigido hacia el firmante de paz y miembro del partido Comunes, Gabriel Ángel. Días más tarde, en el barrio el Amparo de Kennedy se registraron dos detonaciones  que produjeron daños en cinco viviendas, lo cual fue atribuido a las bandas criminales que controlan la zona. Además de esto, también se puede evidenciar la proliferación de casos de homicidios y atentados sicariales asociados a la dinámica delincuencial en la ciudad, por ejemplo, el ocurrido el pasado 30 de agosto en el que fue asesinado un hombre en la autopista norte a las afueras de la ciudad, al parecer en el marco de ajustes de cuentas, pues pertenecía a la organización ‘Los Paisas’ y pagaba una condena de 40 años por asesinato en la cárcel de Cómbita, aunque contaba con un permiso de 72 horas. Ante este tipo de situaciones, la respuesta recurrente del alcalde y de las demás autoridades ha sido incrementar los esfuerzos investigativos para dar con los responsables y esclarecer las causas, que en muchos casos se atribuye a estructuras criminales. Sin embargo, estas acciones no parecen mermar las intenciones de estos grupos de usar los explosivos y atentados como mecanismos para generar zozobra y control en la ciudad. Por el contrario, las capturas de cabecillas o los operativos de desmantelamiento parecen generar más violencia, como lo ha asegurado el mismo alcalde frente al atentado en el barrio María Paz en Kennedy. Caminar seguros en Bogotá: un gran reto En la ciudad de Bogotá se está gestando una grave situación relacionada a la presencia de estructuras criminales en la ciudad, que no sólo incide en el aumento de las estadísticas delictivas, sino que también configura escenarios de riesgo de violencia y conflictividad, tanto contra la fuerza pública como contra otras estructuras, en el marco de disputas por las rentas y el control de territorial. Esto, teniendo en cuenta que la Defensoría del Pueblo, en su Alerta Temprana 004 de 2024 , ya ha advertido sobre situaciones de enfrentamiento entre bandas como el Tren de Aragua y grupos armados como el ahora autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). El alcalde Galán ha reafirmado en varias ocasiones su compromiso con la recuperación de la seguridad en la ciudad, siendo este el objetivo principal de su administración, estableciendo en su plan de gobierno estrategias y programas  para fortalecer los canales de denuncia, mejorar la convivencia en la ciudad, enfrentar y desmantelar las organizaciones delincuenciales, reducir las cifras delictivas y construir espacios públicos más seguros para la ciudadanía. Sin embargo, si se analizan las acciones concretas que se han adelantado en lo que va de su gobierno, estas parecen quedarse como medidas paliativas y con un carácter más reactivo, que resultan ser insuficientes ante la grave problemática del crimen organizado y las altas cifras en los delitos. Por esto, los acontecimientos de los últimos meses han logrado revelar las grandes dificultades que está teniendo la alcaldía para consolidar una estrategia de seguridad eficaz. Mientras tanto, la ciudadanía en Bogotá continúa a merced de situaciones que generan miedo y zozobra, que podrían profundizar la percepción de inseguridad en la ciudad.

Por: Redacción Pares Foto tomada de: Grupo GERARD El 17 de mayo del 2024, después de días de haber sido amenazado por miembros de bandas delincuenciales detenidos en su cárcel, Elmer Fernández, director de la Modelo, fue asesinado por sicarios mientras se desplazaba por la calle 80. Unos días antes había circulado una amenaza escrita a puño y letra en donde la advertían que si continuaba con las requisas, los traslados, lo asesinarían. Fernández acababa de llegar a la dirección de la cárcel y venía con mano dura. Desde el 2023, según se ha visto en los informes que se han publicado desde la fundación Paz y Reconciliación, el delito que se ha disparado en el país es el de la extorsión y buena parte de este viene desde dentro de las cárceles.   El asesinato de Elmer Fernández era el punto más álgido de una serie de muertes que venía persiguiendo a miembros del INPEC. El 2 de enero del 2023 había sido asesinado un guardián en Medellín. Un mes después otro guardián fue asesinado en Tuluá, en mayo de ese año un camión que transportaba miembro del INPEC fue atacado con explosivos en la vía Bucaramanga-Cúcuta, en abril un dragoneante llamado Sebastián Camilo Ochoa fue secuestrado en Jamundí y hasta el momento se encuentra desaparecido. El 2 de mayo se denuncia el atentado que sufrió en La Picota el inspector Jaime Ramos, en Santander de Quilichao, Cauca, es asesinado en junio el guardia Diego Felipe Mejía, en ese mismo mes dos funcionarios de este organismo sufren atentado en Barranquiila. El año estuvo plagado de hostigamientos, amenaza, asesinatos que no cesaron en el 2024, en lugares como Tuluá, en donde bandas como La Inmaculada le pusieron una X a varios miembros del INPEC. El colmo de la violencia fue el asesinato de Elmer Fernández. El entonces ministro Nestor Osuna salía en medios, convocaba reuniones con funcionarios y prometía mejorar condiciones. Nunca cumplió. Después de su salida del ministerio de Justicia su reemplazo, Angela María Buitrago, ni siquiera se ha comunicado con ellos. Se sienten desprotegidos. Esta línea del tiempo la obtuvimos de la cuenta de X del dragoneante Jhon Pardo quien desde el sindicato de la Organización de Servidores Penitenciarios ha venido denunciando el acoso de las bandas y el abandono estatal.    Después del asesinato de Elmer Fernández se vivieron meses de calma hasta que estos se rompieron esta semana. Valentín Payares era miembro de la Polica Judicial y a la vez guardia de la cárcel del Bosque de Barranquilla. El pasado miércoles se desplazaba en su moto por el barrio Malvinas de esa ciudad. Cerca de llegar a su casa fue abordado por dos sicarios quienes le dispararon hasta matarlo. El INPEC en Barranquila lanzó este comunicado: “Como familia Inpec nos levantamos con una trágica noticia tras el asesinato del dragoneante Valentín Payares del Eron El Bosque de Barranquilla. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento”.   Los que guardaron silencio fueron los del ministerio de Justicia. Este no fue un hecho aislado. La calma se había roto unos días atrás cuando se registraron en la cárcel de la Tramacúa, una en donde están los criminales más peligrosos del país, disparos contra su infraestructura. Lo que se sabe hasta el momento es que los hechos tuvieron como protagonistas a dos hombres en moto que se bajaron e hicieron disparon contra la fachada del establecimiento carcelario. Eran las 4:40 de la madrugada.   Dentro de las diferentes cárceles del país los guardias y funcionarios del INPEC le quieren alertar a la ministra Buitrago que escuche sus reclamos, sus gritos de auxilio, no quieren a vivir la zozobra que sufrieron el año pasado y a comienzos de este 2024 y que terminó con el asesinato del director de La Modelo sobre el que, además, no hay investigaciones concluyentes sobre su homocidio. El cielo vuelve a ponerse gris para ellos. Se alistan para una nueva tormenta desatada por las bandas delincuenciales que mandan en las cárceles del país.

Por: Santiago Medina, Lina Rosero, enlace Territorial Cauca. Paola Marín, Paz, Seguridad y DDHH. Entre el 21 de octubre y 1 de noviembre de 2024, se llevará a cabo en la ciudad de Cali, Colombia, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) que es el principal foro global para la discusión y negociación sobre el Convenio de las Naciones Unidas para la Diversidad Biológica. La ciudad de Cali se encuentra en medio de una región marcada por situaciones complejas de seguridad, protagonizadas tanto por grupos delincuenciales como por Grupos Armados Organizados que hacen presencia en el departamento del Valle del Cauca, que además colinda con el departamento del Cauca,  uno de los más conflictivos  debido al accionar de diversos Grupos Armados siendo uno de ellos la disidencia más grande las extintas FARC-EP, autodenominadas Estado Mayor Central (EMC) que se encuentran bajo el mando de alias Iván Mordisco. Tras los hechos ocurridos en la mañana del 8 de octubre de 2024, en los municipios de Corinto y Caloto (cercanos a la ciudad de Cali) en el norte del Cauca, donde las comunidades se vieron atrapadas en medio de enfrentamientos armados entre la Columna Movil Dagoberto Ramos del EMC y la Fuerza Pública, se han encendido las alarmas sobre las garantías de seguridad para el desarrollo de la COP16 (Romolerox, 2024). Este contexto ha traído consigo la pregunta de si existen condiciones de seguridad para la realización de este evento, y son varias las posturas que se han generado al respecto intentando dar un parte de "tranquilidad” a la opinión pública. Personajes como la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro y el alcalde de la Ciudad de Cali, Alejandro Éder han asegurado que las condiciones de seguridad están dadas para garantizar la realización del evento, y que para ello se solicitó un aumento de mínimo unos 2.000 efectivos de la Policía Nacional para la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca en general. Pero, unos de los pronunciamientos más relevantes han sido los de Iván Mordisco, quien, inicialmente a través de la cuenta de X perteneciente al EMC, había anunciado la suspensión de “operaciones ofensivas” contra la Fuerza Pública, entre el 11 de octubre y el 16 de noviembre para garantizar el normal desarrollo de la Cumbre. Sin embargo, tras el desarrollo de la Operación Perseo, desarrollada en el municipio de corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, la cual tiene como objetivo “recuperar, estabilizar y proteger la zona urbana de El Plateado, en Argelia, Cauca, afectada por la violencia y el narcotráfico”. El EMC, nuevamente a través de cuenta de X, el sábado 12 de octubre, hizo un llamado a los delegados y asistentes a la COP, a abstenerse de participar del evento. Fuente:  Tomado de Cuenta de X @FARC_EP1964 Por ello, a continuación, se presenta un balance de la situación de seguridad en los departamentos del Cauca y el Valle del Cauca, puntualizando en la ciudad de Cali, como ante sala a la COP 16. Situación en el Cauca El norte del Cauca enfrenta una crisis humanitaria y de seguridad, exacerbada por la intensificación de la violencia armada entre grupos ilegales, como el EMC. En el contexto de la COP16 que se celebrará en Cali, se vuelve crucial reconocer la compleja realidad que viven las comunidades de municipios como Corinto, Caloto y Toribío, donde los homicidios, secuestros y desplazamientos han aumentado considerablemente. La situación ha llevado a la Defensoría del Pueblo a emitir alertas sobre la grave vulneración de los derechos humanos, especialmente de poblaciones indígenas y campesinas, quienes sufren el impacto de las disputas territoriales y el uso de tácticas violentas que afectan su vida cotidiana y seguridad. Los combates y hostigamientos entre actores armados incrementaron significativamente tras el levantamiento del cese al fuego por parte del gobierno nacional el 20 de marzo en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño con la facción liderada por Iván Mordico. A pesar de que los combates también ocurrían durante el cese al fuego, el ambiente de zozobra se intensificó. Se observó un aumento en los casos de secuestros y desapariciones, lo que indicaba un deterioro en las condiciones de cuidado territorial y las prácticas bélicas de los grupos armados. Asimismo, el número de artefactos explosivos encontrados cerca de áreas comunitarias y educativas representaba una creciente preocupación. Las comunidades intentaron establecer estrategias de desminado humanitario, pero las condiciones del conflicto dificultaron su implementación efectiva. También se reportaron desplazamientos y confinamientos de familias debido a los combates, destacando graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como el daño a espacios comunitarios en territorios indígenas (Çxhab Wala Kiwe, 2024). Fuente:  Infovisible, registros de prensa, monitoreo de acciones. Situación en el Valle del Cauca En comparación con el Cauca, el Valle del Cauca presenta un escenario menos violento, pero no exento de riesgos. Estructuras como el Frente Jaime Martínez y el Frente Adán Izquierdo del EMC han realizado acciones armadas, principalmente en municipios como Sevilla, Pradera, Jamundí y Tuluá. Estas acciones, aunque limitadas en número, han implicado ataques a la Fuerza Pública y enfrentamientos que, si bien no han dejado víctimas fatales para el caso de la ciudad de Cali, generan una sensación de inseguridad en las áreas circundantes. Fuente:  Infovisible, registros de prensa, monitoreo de acciones. El anuncio del EMC sobre la suspensión temporal de sus acciones ofensivas puede interpretarse como un intento de reducir la presión internacional y nacional sobre el grupo armado, así como de evitar una escalada de confrontaciones que podrían atraer una respuesta militar más contundente. El contexto específico de Cali La ciudad de Cali, como uno de los principales centros urbanos del sur occidente del país, es también epicentro del desarrollo de dinámicas asociadas a la delincuencia organizada, principalmente ligada a las rentas ilícitas del tráfico de drogas, los hurtos y la extorsión, escenario en donde participan tanto grupos delincuenciales como expresiones urbanas de los Grupos Armados que operan en el Valle y el Cauca. En primer lugar, hay que mencionar que, en la ciudad de Cali, así como en sus municipios colindantes, opera una multiplicidad de Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) y Grupos de Delincuencia Común Organizados (GDCO), principalmente a nivel barrial y de comunas, entre las cuales destacan El Parche en las comunas 3, 4, 5, 9 y 11, La 40 y El Platanal, con influencia en la comuna 4, o Los de África en la comuna 15. Sin embargo, como ha sido mencionado por la Fundación Pares en anteriores ocasiones la dinámica de la delincuencia organizada en Cali está marcada por un alto nivel de atomización y fragmentación, que genera disputas a nivel microterritorial (Pares, 2023). Fuente:  Línea de convivencia y seguridad ciudadana. Por otra parte, cabe resaltar que acciones realizadas por el EMC en municipios como Jamundí, que se encuentra tan cerca de la ciudad, inciden directamente en la percepción de seguridad de los ciudadanos. Además, el Frente Jaime Martínez ya habría iniciado una influencia directa en Cali, expresada en el atentado ocurrido al Batallón Pichincha en el mes de abril de este año. Esto plantea un escenario de riesgo de incursión de este grupo armado directamente en zonas urbanas, en donde se puedan generar disputas por actividades como el tráfico de drogas o la extorsión con grupos delincuenciales de la ciudad. Sin embargo, otro escenario posible es que un grupo armado como el EMC coopte o subcontrate grupos delincuenciales más pequeños para ponerlos a su servicio y generar control a nivel urbano sin necesidad de hacer presencia directa, aprovechando el nivel de atomización ya mencionado que tiene la delincuencia organizada en la ciudad. Garantías para la COP16 Si bien lo descrito anteriormente plantea un escenario complejo de riesgos de violencia e inseguridad asociados a la presencia de grupos armados como el EMC en el Valle y el Cauca, y grupos delincuenciales que operan en la ciudad de Cali, se prevé un panorama controlado, en el que se espera no existan mayores complejidades en términos de garantías para la seguridad. El comunicado emitido por el EMC plantea una situación de alarma, frente a la ejecución de acciones ofensivas que se puedan realizar en el marco de la Cumbre. Sin embargo, la estrategia de seguridad que se ha planteado desde la alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle, que incluye hasta 10.000 uniformados y equipos especializados tanto de la Policía como del Ejército, con patrullajes constantes en puntos importantes y zonas turísticas, y con el uso de tecnología para la vigilancia y la inteligencia; parece que puede atender cualquier situación que se presente en términos de violencia. Además, a pesar del escenario de delincuencia organizada anteriormente descrito en la ciudad de Cali, las cifras recientes evidencian un panorama alentador a puertas del inicio de la COP16, con disminución en las cifras de homicidios en un 9%, y de otros delitos como el hurto, en comparación al año 2023 (El País, 2024). Por esto, las diferentes instancias gubernamentales insisten en dar un parte de tranquilidad para la realización de la Cumbre. Sin embargo, el hecho de que la COP16 se pueda desarrollar con normalidad, no puede desviar la vista de la compleja situación de seguridad y derechos humanos a la que están expuestos los departamentos del Valle y Cauca por la presencia de grupos armados y delincuenciales, una problemática que también requiere una atención pronta y que garantice la vida y la integridad de las comunidades. Referencias Çxhab Wala Kiwe. (2024). Informe de desarmonías territoriales. El Norte del Cauca. Enero-abril 2024 . Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos Çxhab Wala Kiwe. https://tejidocomunicacion.nasaacin.org/wp-content/uploads/2024/05/informe-defensa-de-la-vida-2024.pdf Defensoría del Pueblo. (21 de agosto, 2024). Defensoría alerta sobre riesgo de vulneración de derechos por disputa territorial entre estructuras armadas ilegales en el norte del Cauca. Sala de Prensa- Defensoría del Pueblo . https://defensoria.gov.co/-/defensoría-alerta-sobre-riesgo-de-vulneración-de-derechos-por-disputa-territorial-entre-estructuras-armadas-ilegales-en-el-norte-del-cauca El País (3 de octubre, 2024). Secretaría de Seguridad confirma que Cali se mantiene en la reducción de homicidios: han sido 25 días no consecutivos con cero casos. https://www.elpais.com.co/cali/secretaria-de-seguridad-confirma-que-cali-se-mantiene-en-la-reduccion-de-homicidios-han-sido-25-dias-no-consecutivos-con-cero-casos-0334.html   Fundación Pares (2023). Mapa del Delito. Inventario de organizaciones delincuenciales en aglomeraciones urbanas en 2023. https://www.pares.com.co/post/inventario-de-organizaciones-delincuenciales-en-aglomeraciones-urbanas-en-2023 Romolerox, M. (8 de octubre, 2024). Disidentes de las Farc asaltan dos sedes del Banco Agrario durante ataques en Corinto y Caloto, Cauca. El Tiempo . https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/atencion-disidentes-asaltan-dos-sedes-del-banco-agrario-durante-ataques-en-corinto-y-caloto-cauca-3388297

Por: Nicolás León Rodríguez, Investigador Nacional Convivencia y Seguridad Ciudadana Barranquilla ha venido consolidándose como uno de los principales focos urbanos de criminalidad en el país. Su posición geoestratégica resulta atractiva para distintos tipos de organizaciones delincuenciales: por un lado, porque permite acceder con facilidad a la desembocadura del Río Magdalena, por otro, por su fácil acceso a un puerto vital para el flujo de mercancía. Esta ubicación no solo facilita el aprovisionamiento logístico y armado, también permite la importación y exportación de mercancías, así como el establecimiento de alianzas con grupos criminales internacionales. En consonancia, las disputas por el control territorial y las economías ilícitas entre organizaciones criminales locales explican en gran medida el panorama de inseguridad actual de la ciudad. Actualmente tres bandas entran en disputa: “Los Costeños”, “Los Rastrojos Costeños” y “Los Pepes”. También hacen presencia  bandas de menor envergadura que buscan hacerse su lugar en el mapa criminal de la ciudad. Se le suma la presencia del Clan del Golfo o autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, que con los años han buscado consolidar su plan expansionista en la región Caribe teniendo como uno de los ejes centrales el control de las rentas ilícitas que tienen lugar en la ciudad. Asimismo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) o Pachencas han evidenciado un creciente interés por entrar en la disputa. Entre las organizaciones transnacionales se encuentran el “Cartel de los Balcanes” y el “Cartel de Sinaloa”, que tienen a su vez alianzas con el Clan del Golfo. Un tablero criminal en constante (re)configuración De esta manera, la crítica situación de crimen y violencia se entiende a partir de las constantes disputas entre los grupos delincuenciales que operan a nivel local. Tras el asesinato de Roberto Vega Daza en febrero del presente año, la organización delincuencial “Los Vega Daza” salió del mapa criminal de la ciudad. Rápidamente, “Los Pepes” organización liderada por Digno Palomino, se moverían para hacerse con los territorios antes controlados por Los Vega Daza. Ante el inminente fortalecimiento de Los Pepes, las otras dos grandes organizaciones de la ciudad, Los Costeños (liderada por alias ‘Castor’) y Los Rastrojos Costeños (liderada por alias ‘el Negro Ober’) buscaron hacer una alianza para disputarle estas zonas a Los Pepes. Digno Palomino, a su vez, respondería con haciendo una alianza con Los Pachenca , Grupo de Delincuencia Organizado que concentra sus actividades ilícitas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Mientras tanto, han aparecido panfletos alusivos al Clan del Golfo en Soledad y Malambo , municipios estratégicos para el control de la dinámica criminal del Área Metropolitana de Barranquilla. Lo anterior podría dar cuenta de la estrategia de expansión territorial de esta organización, favorecida por las disputas entre Costeños y Pepes. Asimismo , el Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Herbert Benavidez, reconoce que existe información relacionada con la creación de alianzas con los grupos que hacen presencia en la ciudad . Con los recursos armados y humanos del Clan del Golfo y Pachenca, dos de los grupos armados con mayor fortaleza en la región Caribe, la ciudad podría entrar en un aumento de la violencia de mayor envergadura que la actual. La violencia en cifras En este sentido, la ciudad cuenta con una preocupante presencia de organizaciones delincuenciales de diferentes niveles de influencia (desde el barrial hasta el internacional) y diferentes capacidades de acción, disputándose el control territorial y de las rentas ilícitas. Según la Policía Metropolitana, de los 203 hechos de sicariato presentados en la ciudad a lo largo del año, al menos 110 se les atribuyen a la disputa entre Costeños y Pepes . Situación que evidencia que la naturaleza de la violencia homicida obedece a las constates retaliaciones dirigidas hacia los miembros de Los Costeños y Los Pepes, como es el caso del último intento de sicariato en contra de Mairon José Bustamante Pérez, cuñado de Digno Palomino , que logró salir con vida del atentado. Esto ha conllevado a la concentración y exacerbación de la violencia en Barranquilla y su área metropolitana. De acuerdo con el SIEDCO de la Policía Nacional, en lo corrido del año el homicidio ha aumentado 5,4%, la extorsión 14,8% y las amenazas 110% con respecto a 2023. Está tendencia hacia el aumento viene consolidándose desde el 2020, año en el que las organizaciones se fortalecieron internamente e incrementaron sus disputas territoriales (ver gráficas). Mientras tanto la gestión de la seguridad… En respuesta a la creciente violencia, el Gobierno Nacional, Policía y FFMM en articulación las Alcaldías de Barranquilla y Cartagena, han puesto en acción la ‘Operación Caribe’, que incluye un aumento del pie de fuerza policial con la incorporación de 1.946 nuevos policías, de los cuales 472 pertenecen a unidades especializadas. A partir de esta estrategia se han logrado algunos golpes a los grupos delincuenciales como la captura de cinco miembros de Los Pepes, encargados de la administración financiera  de la estructura. También se han realizado operaciones contra el Clan del Golfo y sus subestructuras . Asimismo, a principio de año la Gobernación del Atlántico y Alcaldía de Barranquilla llegaron a un convenio  para que le fueran transferidos 78 mil millones de pesos destinados al fortalecimiento de la gestión de seguridad. La primera parte de este recaudo ha sido destinada al fortalecimiento de la flota operacional de la ciudad. En paralelo, tras la intervención de Air-e, empresa encargada de la operación de los servicios de energía en el Caribe, se anunció la eliminación de los cobros de terceros, es decir, de las tarifas de seguridad y alumbrado público en los recibos. Esto ha generado reacciones por parte de la Gobernación del Atlántico, los cuales afirman que el recaudo quedará “huérfano” y la dotación de equipos de Bomberos, Policía, Ejército y otros organismos de seguridad sufrirá afectaciones . Por su parte, Carlos Diago, agente interventor, afirmó que estos recortes obedecen a las medidas para reducir las tarifas de energía en la región y que  Alcaldía y Gobernación cuentan con 30 días de anticipación, tiempo prudente para la búsqueda de otro recaudador de estas tasa y contribuciones . Asimismo, la medida se sustenta en la Sentencia C-101 de 2022  que declara la inexequibilidad que habilitaba a las entidades territoriales para imponer tasas o sobretasa destinadas a financiar los fondos-cuenta territoriales de seguridad ciudadana; la misma sentencia hace un llamado para que en las próximas dos legislaturas el Congreso de la República expida una Ley que regule adecuadamente el manejo de este tipo de tasas.   Paz Urbana ¿una ventana de oportunidad? Mientras el debate por la tasa de seguridad ha trascendido entornos jurídico-políticos, las organizaciones delincuenciales han mostrado mayor interés en sumarse a la Paz Urbana. Desde diciembre de 2023, cuando Los Costeños, Los Rastrojos Costeños, Los Pepes firmaron un cese de hostilidades temporal, Barranquilla entraría en el radar del Gobierno Nacional como uno de los puntos donde podría llevarse a cabo la instalación de mesas de diálogo sociojurídico. Recientemente, con la entrega de un lote de armas de fuego por parte de Los Costeños de alias Castor  la organización evidencia con mayor fortaleza su intención de buscar el camino del sometimiento a la justicia. Sin embargo, considerando que la ciudad atraviesa su momento más álgido de violencia en los últimos años y que las disputas entre organizaciones no da tregua, las muestras de voluntad de paz deben tener resultados evidenciables en la disminución de la violencia de la ciudad. De igual forma, la presencia de otros grupos de delincuencia organizada, Grupos Armado Organizados y de carteles transnacionales del narcotráfico le añaden más complejidad a la instalación de escenarios de sometimiento, toda vez que la salida o debilitamiento de un grupo se traduce en una oportunidad de capitalizar control territorial y rentas ilícitas para los otros. Sumado a ello, la ausencia de un marco jurídico y la friccionada relación de Otty Patiño con la Paz Urbana generan más dudas sobre la viabilidad de un proceso en Barranquilla.     La situación de seguridad en Barranquilla refleja una tendencia preocupante hacia la urbanización de la violencia y la consolidación de grupos de delincuencia organizada. La creciente presencia de estas organizaciones y la exacerbación de la violencia han convertido a Barranquilla en uno de los ejes centrales del crimen organizado en el país. Por su parte, la priorización de estrategias de choque y del robustecimiento de la capacidad operativa de las FFAA han sido soluciones que no han dado frutos en el pasado, lo que sugiere que la violencia se expanda y profundice. En especial, considerando el alto interés del Clan del Golfo por hacerse con el control de la ciudad; en la medida en que los grupos locales se debiliten, mayor es la ventana de oportunidad para consolidar su poderío en todo el Caribe.

Por: Redacción Pares A las 3 de la tarde Bogotá el pasado 6 de noviembre parecía una ciudad nordica. Todo era oscuro y triste. Para una ciudad que atraviesa los rigores de una sequía y de un racionamiento de agua, la llegada de las lluvias debería ser un bálsamo. Pero en cuatro horas de aguacero cayeron en la capital cien centímetros de agua. Las inundaciones fueron inmediatos. Sólo hasta las 3 de la mañana se empezó a normalizar el paso. A esa hora de la madrugada del 7 de noviembre aún habían carros atrapados en la autopista. Lo más grave es que, en los trancones, los principales afectados eran los buses de las rutas escolares cargados de niños que duraron horas encerrados allí, en ese trancón cortazariano. Los bomberos de Bogotá lograron evacuar cuatro de los cinco buses que se encontraban atrapados. Era inevitable que no existiera preocupación. En el inconsciente colectivo estaban vivas las imágenes de las inundaciones provocadas por la dana en Valencia que ha dejado más de 100 muertos.   Ante la gravedad del asunto llegó Carlos Fernando Galán. El alcalde fue blanco de varios ataques, de críticas a través de redes sociales. Bogotá tenía que estar preparada para una contingencia como esta que estaba más que anunciada. Se sabía que las lluvias llegarían. Algunos niños estuvieron en el trancón hasta la 1 de la mañana. Por eso, una de las decisiones del alcalde, como por ejemplo el de anunciar en la madrugada que los niños tendría clases hoy es un despropósito. Decenas de niños tuvieron un día agotador, que sólo terminó bien entrada la noche. Al alcalde también le reprochaban la indecisión que ha tenido esta administración para crear un viaducto que sirva para elevar la autopista norte. Es que cada fin de semana, cada viernes, o cada regreso de lunes festivo, los trancones siempre son kilométricos. Al alcalde también le reprochaban el trato que ha tenido con los humedales, en redes alguien escribió lo siguiente: “Galán, siga creyendo que los humedales se pueden llenar de cemento y no pasa nada”.   A Petro también le llovieron palos y aún le recuerdan su gestión como alcalde, que sucedió hace una década. Le reprochan que por cuidar los humedales no hizo una obra que supuestamente se necesitaba para ampliar la autopista norte.   El caso es que los buses escolares fueron los que más sufrieron. En la salida por la autopista norte de la capital es donde hay más colegios. Por eso las rutas escolares fueron los principales afectados. En plena madrugada aún habían niños atrapados. En Bogotá malo porque no llueve, malo porque llueve, ¿hasta cuando seguirá esta situación? ¿Cuando la capital tendrá el privilegio de tener rutas de primer mundo, las que se merece? ¿Sufriremos también en las temporadas de lluvia y frío que se vienen después de la sequía?

Por: Redacción Pares Treinta y cinco años después de su asesinato dentro de un avión comercial, el estado colombiano reconoció su participación en la muerte del líder máximo del M-19 Carlos Pizarro. Para llegar a esta conclusión la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, ANDJE, realizó una exhaustiva investigación que permitió esclarecer el papel que jugaba el DAS para ubicar y asesinar a miembro de la oposición al gobierno. El DAS fue desmantelado en el gobierno de Uribe debido al capítulo de las chuzadas a la oposición.   María José Pizarro, hija del comandante, ha sido uno de los personajes que más ha presionado para que se llegue a la verdad. Ve con preocupación como la lentitud de la Fiscalía en estos 34 años ha tomado la investigación del asesinato de su padre. Ella recuerda que la última vez que vio a su papá fue en un restaurante en el norte de la capital, en donde lo encontró con el mismo humor descarnado y negro de siempre. Los asistentes a la cena le reprochaban a Pizarro el hecho de no llevar chaleco antibalas a pesar de tener sobre él el duro yunque de las amenazas. La respuesta dejó helados a todo el mundo: “ a mi, si me matan, me van a disparar en la cabeza”. Esa noche dejó claro que era consciente del riesgo que corría pero reafirmaba su intención de que el M-19 continuara con el proyecto de la paz.   El M-19, desde su creación en 1975, había demostrado una imaginación y una capacidad de comunicación que ningún grupo guerrillero ha tenido en el país. Esto se debía a los golpes que hicieron, todos con una considerable carga simbólica, como la recuperación de la espada de Bolívar, el robo de armas del Cantón Norte, o la toma de la embajada de la república dominicana, en las tres el ejército, la fuerza pública quedaron en ridículo. Por eso los uniformados tenían sangre en el ojo y querían venganza. Así lo hicieron. Uno a uno fueron desapareciendo los personajes claves, los comandantes más queridos. Jaime Bateman cayó misteriosamente en una avioneta, Iván Marino Ospina fue sorprendido en una emboscada en el sur de Bogotá en donde resistió como un héroe. Y luego vendría la toma del Palacio de Justicia en donde el ejército claramente le tendió una celada a esa guerrilla usando como cebo a los 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia.   María José Pizarro afirma que la verdad apenas se está sabiendo, que la investigación apenas está empezando y que se necesita celeridad en los órdenes de control ya que muchos de los testigos están muriendo. Esto sucedió en abril de 1990 mientras el comandante Pizarro, quien se había acogido al proceso de paz y envolvió su arma en la bandera de Colombia, empezó a creer en el proceso democrático y se lanzó como candidato a la presidencia de la república. La Casa Castaño fue la autora del asesinato pero si metió a un asesino dentro del avión lo hizo con la complicidad de agentes del Estado que lo ejecutaron disparándole en la cabeza, como tenía la certeza Pizarro.   El colectivo de abogados José Alvear y la Comisión Colombiana de Juristas después que el estado reconociera la responsabilidad en el asesinato de Pizarro están pendientes de llegar a un acuerdo de reparación y cerrar por fin uno de los capítulos más escabrosos de colaboración entre miembros del paramilitarismo y el Estado para asesinar a un opositor.

Por: Redacción Pares El general William Rincón es el tercer oficial en importancia dentro de la institución. Por eso,  a medida que se iba sabiendo detalle sobre el crimen de su hiho el país sintió el peso de la consternación. Al ser hijo del general Rincón siempre iba escoltado. Así estaba el pasado domingo 24 de noviembre en el barrio Ricaurte, localidad Uribe Uribe. En una primera instancia se ha descartado un hecho de sicariato. La primera hipótesis que se maneja es la de una pelea que se salió de control. En ese ataque contra el joven el escolta que lo acompañaba desenfundó el arma e hizo disparos al aire para intentar disuadir la turba que lo atacaba. En el intercambio de disparos tres personas resultaron heridas y el hijo del inspector de la policía asesinado.   Una vez sucedieron los hechos el comandante de la policía metropolitana, general José Daniel Gualdrón, anunció el asesinato del joven de esta manera: “Se informa a las autoridades el desarrollo de un hecho violento, donde resultó muerto un ciudadano de 21 años de edad en la localidad Rafael Uribe Uribe. En los mismos hechos,  tres personas más resultaron heridas  y se encuentran recibiendo atención médica en un centro hospitalario”.   La Fiscalía maneja varios hilos de investigación, la más probable es que el muchacho -del que ni siquiera se ha dejado saber el nombre- entró en una riña con un menor de edad que lo acompañaba. La otra teoría es que los jóvenes, que estaban en un sector de Bogotá en el que los robos son elevados, habrían sido abordados por un grupo de personas que pretendía robarlos. Los heridos que dejó este ataque fueron llevados al hospital del Tunal y, mientras tanto, se están revisando las cámaras de seguridad para adelantar la investigación.   En Bogotá la delincuencia está disparada y el alcalde no ha tenido respuestas eficaces para contener esta oleada. Desde enero hasta septiembre hubo un incremento del 8.3% en homicidios, y 19.1% en lesiones personales.   En las próximas horas la investigación arrojará los primeros resultados concluyentes sobre lo que sucedió el pasado 24 de noviembre. Por ahora no existe declaración oficial del general William Rincón. Cabe recordar que no existe un plan pistola contra miembros de la policía. Este año los que si han tenido que pagar con su sangre la sed de los grupos armados, sobre todo de grupos como la Inmaculada y el Clan del Golfo contra miembros del INPEC. Son 24 los que han sido asesinados este año entre los que se cuenta el director de la cárcel La Picota, Elmer Fernández. A pesar de las reuniones que se han hecho con los ministros Osuna y luego con Angela María Buitrago los funcionarios de esta institución no se sienten completamente respaldados.

Por: Redacción Pares El domingo en la tarde en Colombia versiones se encontraban sobre las razones por las que fue asesinado Juan Felipe Rincón. Hijo del inspector de la policía. Algunos hablaban de delincuencia común y quedaba claro que no se trataba de un ataque de sicariato. La verdad podría ser más escabrosa. Según investigaciones -sustentada con conversaciones de la comunidad e incluso con la madre de dos niñas- de la W Radio el joven de 21 años habría mantenido conversaciones con una niña de ocho años. Al hijo del oficial de la policía le habrían tendido una trampa. Después de que la familia de la niña se diera cuenta de conversaciones absolutamente reprochables, la madre de la niña, Katherine Soteldo, le contó a su hijo, Andrés Camilo Soteldo, sobre estas conversaciones que sostenían a través de IG. Entonces le tendieron la celada. Ahí las versiones se vuelven más confusos. Algunos hablan que se formó una turba de indignación y que terminó linchando a Juan Felipe Rincón. Otro es que el escolta del joven, según testigos,  habría ocasionado la muerte a Juan Felipe que tendría que defender.   Katherine Soteldo le contó lo siguiente a la W Radio: Mi hija siempre usa mi celular, yo no sabía que ella tenía una cuenta de Instagram, me di cuenta porque la vi nerviosa,  le quité el celular y leí todas las barbaridades que le decía Juan Felipe  (…) Mi hija dice que se habla con él hace apenas unos días, en los mensajes juegan ‘verdad o reto’,  él le dice a mi hija que lo consienta, le pide fotos desnuda , él le envió muchas fotos de sus partes íntimas.   Todo esto pasa en mi teléfono”   La decisión de no llamar a la policía fue, según la señora Katherine Soteldo, es porque tenían sangre en la cabeza, no pensaron, además querían recuperar el celular del joven y ver qué tantas conversaciones de ese tipo tendría con jóvenes. Juan Felipe era bastante popular en Tik Tok. Una de sus publicaciones que más ha llamado la atención es uno en donde se refiera a “la diferencia de edad” que es uno de los aspectos que le gustarían en las relaciones.   El plan de la familia Soteldo fue atraerlo hasta el lugar donde ocurrieron los hechos. Días atrás la mamá y el hermano de la niña se hicieron pasar por ella. En uno de sus mensajes el joven le dice a la niña que él vive en un apartamento muy lujoso en la 170 con carrera 9. La trampa fue hacerlo mover hasta el barrio Restrepo. Allí ya se había organizado una turba para deternerlo y aprehenderlo pero no contaban, según la versión que le contaron a la W Radio, con que el joven llegara completamente drogado y con un escolta armado. En esa versión afirman que, aunque llamaron a la policía varias veces, estos demoraron mucho tiempo para llegar y cuando lo hicieron ya estaba muerto. La Fiscalía ordenó la detención del hermano de la menor Andrés Soteldo. El escolta del joven asesinado se ha defendido diciendo que jamás le hizo daño. La investigación apenas comienza. ¿Quién tendrá la verdad?