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Por: Redacción Pares La línea de Convivencia y Seguridad ciudadana de la fundación Paz y Reconciliación lanzó el pasado 10 de diciembre su último inventario de grupos criminales en donde se muestra, con preocupación, como en las grandes capitales del país se han trasladado, desde el 2020 hasta la fecha, grupos armados organizados, como el Clan del Golfo y en el caso que nos ataña el Tren de Aragua, la reconocida transnacional del crímen que nació en una cárcel venezolana.   El Tren de Aragua, quien se ha sumado a la lista de grupos que viven de la extorsión, el delito que más ha crecido en Colombia, recibió un duro golpe esta semana cuando las autoridades desmantelaron en la localidad de Puente Aranda en Bogotá, una red de escopolaminadores, además de armas y medicinas que los delincuentes usaban para drogar a sus víctimas. El operativo se dio exactamente en el barrio Santa Matilda y fue una acción conjunta entre el GAULA y la Fiscalía. Lo que llama la atención es el tamaño de la incautación: 6.100 cartuchos de municiones, en su gran mayoría para pistolas 9 mm. Fueron 800 cajas de benzodiacepinas que es lo que usan estos delincuentes para dormir a sus víctimas.   La vivienda ubicada en la localidad de Puente Aranda era considerado el centro de acopio del Tren de Aragua para esta actividad. El uso de esta sustancia para atracar ha aumentado considerablemente. A corte del 31 de agosto del 2024 se habían cometido 161 hurtos usando esta sustancia.   En el informe que presentamos a continuación se ve claramente como, además del Tren de Aragua, grupos como el Clan del Golfo hacen presencia en Bogotá en sectores como Tunjuelito, Chapinero y Barrios Unidos. Se teme que con el paso de los meses los grupos armados mencionados afiancen su presencia no sólo en Bogotá sino en otras grandes capitales del país: https://www.pares.com.co/post/las-ciudades-el-nuevo-escenario-de-la-guerra-en-colombia

Por: Nicolás Bohórquez Tras el fallo del Tribunal Administrativo de Santander frente a la demanda de nulidad electoral contra el alcalde Jaime Andrés Beltrán, queda la incertidumbre sobre el futuro político de Bucaramanga, aunque Jaime Andrés ya dijo en medios que va a apelar esta decisión, esto sólo podría servir para hacer más tiempo mientras el Consejo de Estado evalúe la decisión en segunda instancia y muy probablemente la ratifique. El fallo seguramente ya puso a los grupos políticos de la ciudad a barajar nombres en mira de unas muy probables elecciones atípicas, elecciones donde se van a jugar todo por la alcaldía de Bucaramanga. El tarjetón con 16 candidatos del año pasado era la muestra de una nueva puja por la ciudad tras el paso al costado que había dado el gran elector de los últimos dos periodos, Rodolfo Hernández. Una marcada modestia de Rodolfo frente a la alcaldía de Bucaramanga llevó a que 3 grandes grupos políticos se organizaran y pusieran sus candidatos conscientes del vacío que dejaba la ausencia de Rodolfo como figura. Otros de los candidatos se lanzaron quizá con el entusiasmo de replicar el modelo de outsiders que venía funcionando en la política local o simplemente estaban buscando exposición de su marca personal para iniciar una carrera política. Volviendo a estos 3 grandes grupos que se pueden reconocer, por un lado, estaba la clase política bumanguesa de abolengo, la misma que opera los principales clanes políticos del departamento, lo curioso es que el clan Aguilar, el clan Tavera y el clan Villamizar a pesar de sus conocidas rivalidades políticas, llegaron a una suerte de “Pax Bumanguesa” en las pasadas regionales para poder volver a estar cerca del despacho de la alcaldía. Por otra parte, está el grupo conformado por un sector de grandes contratistas y empresarios, que aunque no es nuevo, su poder político si es emergente y están buscando mantener su presencia natural en la política, buena parte de estos se fueron con Fabián Oviedo, aunque se acomodaron después hacia la campaña de Jaime Andrés cuando este ya empezó a verse como ganador. Y por último, el sector alternativo que sabía que podía tomar parte de los votos de una retirada LIGA y que ahora con el proceso del Partido Verde con más experiencia podía convertirse en una importante fuerza política electoral. Además, con ellos volvió el discurso anticorrupción tras la mala imagen del exalcalde Cárdenas al finalizar su periodo, lo que probablemente ayudó conseguir parte de los votos castigo que se iban a dar en la elección. Claramente el candidato de este grupo fue el actual concejal, Caros Parra. Frente al escenario de unas atípicas podríamos esperarnos un escenario donde en primer lugar, probablemente se repitan algunas de las candidaturas de 2023, en especial los candidatos que se lanzaron en búsqueda de más exposición, además de que es claro que estos 3 grandes grupos políticos locales nuevamente estarán organizándose para mantener el dominio en la puja por la alcaldía de Bucaramanga. Lo que si hay que observar mientras se resuelve el panorama es la postura de Jaime Andrés y su proyecto frente al futuro considerando la posibilidad de las atípicas, ¿Lanzarán un candidato que siga con el “Plan Candado” y la mano dura? ¿O los planes de Beltrán apuntan a 2026?, por ahora sólo se sabe que apelará la decisión. Volviendo a estos 3 grandes grupos, estos por igual saben que como proyectos políticos deben apuntar a lo nacional en 2026 pero también saben que no pueden perder la presencia local, por lo que es probable que no lancen a sus caras más reconocidas, pero esto sin dejar de impulsar y movilizar votantes con las figuras clave de su proyecto político. Frente a la mencionada clase política tradicional, es muy probable que llegue el fin de la “Pax Bumanguesa”, pues esta sería la oportunidad de los clanes para nuevamente poner una ficha directa en la alcaldía de Bucaramanga además de recuperar el poder que se les había venido mermando tras la alcaldía del hoy condenado “Lucho Bohórquez”, los intereses de un clan en expansión como el de los Tavera junto con la entrada en el tablero del revitalizado Clan Díaz Matheus podría llevar a los otros clanes a repensar cómo jugar sus cartas. A los contratistas y sus aliados empresariales podría llegarles una segunda oportunidad, la consolidación en política de los megacontratistas no es algo nuevo en la política colombiana y asegurarse un cargo público es mucho más eficiente que trabajar mediante operadores políticos, los intereses de una parte la clase económica bumanguesa también buscarían ampararse hacia este lado. Sus esfuerzos seguramente se concentren en un candidato para construir una importante base política, el ejemplo de Fredy Anaya podría ser el horizonte de este importante grupo. Por último, el grupo alternativo probablemente no ponga sus rostros más representativos en miras a 2026, sin embargo, es claro que no van a desaprovechar la oportunidad estando conscientes de haber quedado justo detrás de Jaime Andrés en las últimas elecciones, este grupo probablemente revise su postura frente al gobierno nacional y extienda su nicho de electores para asegurarse una mayor base de votantes alternativos. A unas atípicas se le suma las múltiples coyunturas de la ciudad, la incertidumbre del futuro de Metrolínea ha sido uno de los grandes tormentos recientes, la ausencia de un modelo de transporte y la agudización del problema de movilidad en la ciudad busca soluciones prontas para la ciudad. La seguridad no dejará de ser uno de los principales temas en mover la agenda pública, con el actual Plan Candado la continuidad de este seguramente esté en la agenda, aunque la necesidad de medidas efectivas frente al aumento en los homicidios y los repertorios de violencia asociados al crimen organizado en la ciudad también empiecen a ponerse en la agenda pues esto se la ha criticado fuertemente al Plan de Beltrán. No se pueden dejar atrás la movilidad, el ordenamiento territorial, la corrupción y la cultura ciudadana como parte de las coyunturas a considerar en el caso de que se den estas elecciones que reconfigurarían por completo el mapa político regional y podrían cambiar el rumbo de cómo se van dando las cosas de aquí a las elecciones en 2026.

Por: Redacción Pares En algunas partes de Bogotá la ciudad está completamente abierta, rota. Desde hace tres años arrancó la obra más ambiciosa en la historia de la capital, la creación del metro de Bogotá, un proyecto que se ha soñado durante más de un siglo. En el 2017 se estableció que el costo del Metro sería de $12.945.270.024.403. Según el alcalde Carlos Galán las obras del Metro están adelantadas ya en un 45%. Pero el pasado 27 de enero la obra sufrió un revés significativo. El gobierno nacional sacó un decreto, el 0069 en donde se estableció el aplazamiento de 12 billones de pesos para este año. Estos recursos serían usados para obras de infraestructura. De ellos 770 mil millones de pesos estaban destinados al metro. La medida tomó por sorpresa al actual alcalde de Bogotá quien afirmó que jamás fue notificado previamente que se iba a tomar esta medida. Galán está analizando si se pueden tomar medidas legales para que se cumplan los compromisos que asumió el gobierno con la capital. Con el recorte presupuestal estos 770 mil millones sólo llegarían hasta el próximo año. Esto generaría un caos vehicular inesperado. El alcalde afirmó que “el progreso de Bogotá no lo detiene nada” porque este recorte significaría retrasos para otras obras que esperaban entregarse este año y aliviar la histórica congestión de la capital.   Otra ciudad que se vería afectada con este recorte es Medellín. Su alcalde, Federico Gutierrez -quien no es precisamente el mejor amigo del presidente- planeaba entregar este año el proyecto del Metro de la 80. Con este recorte se aplaza durante un año más la entrega de esta infraestructura. El popular Fico, quien afirmó que todo esto se trataba de una “venganza política” ha ahondado aún más la distancia con Petro después de que estallara la crisis diplomática con Estados Unidos después de que Petro no aceptara el arribo de dos aviones enviados desde ese país con inmigrantes colombianos encadenados. Fico afirmó que encabezaría una comisión para hablar con Trump y explicarle que Petro no representaba a los colombianos. Un despropósito.   A pesar de este recorte Galán se comprometió que en mayo del 2026 5.7 kilómetros de viaducto cuando se pongan a rodar los primeros trenes. El Alcalde también dice que la fecha de junio del 2028 se subirán los primeros pasajeros al esperado tren de la capital. Galán sabe que todo su prestigio está enfocado en ese proyecto y a la necesidad de cumplir con sus plazos. Por ahora los bogotanos necesitan concretar un sueño tan esperado y que podría ayudar a despejar uno de los tráficos más complejos del mundo.

Por: Redacción Pares Cinco meses después de su asesinato sigue el silencio por parte de la alcaldía y la justicia sobre el asesinato en agosto del 2024 de Camilo Hernández y Camila Espitia. Después de que en enero Federico Gutierrez censurara el mural de “Las cuchas tenían razón” en la capital personas como el líder uribista Josías Fiesco, promueven la repintada de estas obras con el argumento de que no es arte sino política. Hay que recordar este caso porque a la estigmatización se suma también la violencia.   Desde el 2021 Camila Espitia y Camilo Hernández habían manifestado amenazas y hostilidades contra ellos. En algunas partes de Bogotá, sobre todo en el Sur, está prohibido ser joven, pensar, exigir. Ser creativo. Ser. Ellos formaban parte de un colectivo llamado Distreestyle y de la Comunidad del Bicho. En Bosa los muchachos sabían quienes eran. Bogotá lo supo en el pasado festival Hip Hop al parque en donde hubo grupos que recordaron su valentía. Su rebeldía. Durante el evento se recordó el infame asesinato y el inaceptable silencio del alcalde Galán.   A Espitia y a Hernández los habían amenazado los propios policías del CAI del barrio el Porvenir. También los habían hostigados los jíbaros que libran una guerra por controlar el parque. Hicieron denuncias, advirtieron lo que iba a pasar pero nadie hizo nada. Ni este alcalde ni los otros, nadie.   Camilo era cantante de hip hop, le decían Mc Cub, Camila era artista. Al frente de la Universidad Distrital en Bosa, en el parque el Porvenir, se concentraban con otros jóvenes. Allí los mataron. Dos sicarios se bajaron de una moto y los asesinaron. Eran las 11:30 de la noche del jueves 15 de agosto. Los llevaron a un centro asistencial, intentaron salvarlos, pero era muy tarde. Nadie dijo nada. Nadie vio nada. No habían hecho otra cosa que expresar su inconformidad por medio del arte. Grafiteros consumados, frenteros.   En el parque tenían una huerta y una antena polinizadora. Germán Gómez, teniente coronel de la Policía metropolitana, dice que va a investigar, que ahora si harán justicia. El alcalde Carlos Fernando Galán no ha dicho nada. Fue otra noche más en Bogotá. Una noche donde los jóvenes mueren. ¿A quién le importa?   No es la primera vez que grafiteros, artistas, cantantes, han sido asesinados en Bogotá. El 19 de agosto del 2011 un joven llamado Diego Felipe Becerra, fue asesinado por un policía, a sangre fría, mientras pintaba un grafiti en el puente de la carrera 116 con avenida Boyacá. El patrullero que disparó se llama Wilmer Antonio Alarcón. Había crecido en un país en donde todo joven rebelde era tildado de vándalo. Sólo hasta abril del 2022 el patrullero Alarcón fue condenado a 20 años y cinco meses de prisión. En el 2023 el estado pidió perdón. Durante todo ese tiempo los compañeros del policía asesino intentaron desviar la investigación. Se consiguieron testigos falsos, calumniaron la memoria de Diego, la ensuciaron. Los testigos falsos afirmaban que el muchacho estaba armado, que quería asaltar un bus. Todo eran mentiras.   El perdón no sirvió para nada. Durante el estallido social 78 jóvenes colombianos que protestaban en las calles perdieron un ojo por culpa de las balas del ESMAD. Según Rutas del Conflicto, 80 muchachos fueron asesinados durante las protestas de lo que se conoció como el estallido social. Hace un mes, el 18 de julio del 2024, un joven grafitero fue abaleado en el barrio de las Huertas en Ciudad Bolívar por estar pintando un grafiti. Otra vez nadie vio nada, nadie dijo nada. Los jóvenes mueren asesinados en las calles de Bogotá.

Por: Línea de Democracia y Gobernabilidad - Línea de Paz y Seguridad El proceso electoral atípico para elegir a un nuevo gobernador en el departamento de Putumayo, se está dando tras la declaratoria de nulidad de la elección del anterior gobernador, Carlos Andrés Marroquín [1] ,  por parte del Consejo de Estado en sentencia de única instancia del  26 de septiembre de 2024, por causa de doble militancia en la modalidad de apoyo. Marroquín ganó en 2023 avalado por el Partido de la U y Fuerza de la Paz con 63.184 votos, el 43,0%. Según el fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Marroquín apoyó la candidatura de Karina Ramírez Romero a la Asamblea Departamental en el municipio de Puerto Leguizamo, avalada por el Partido MAIS. En este evento de campaña, Marroquín le permitió el uso de la palabra a Ramírez, haciendo propaganda para su campaña y atizó arengas a su favor. Tras la decisión del Consejo de Estado, la Registraduría convocó a nuevos comicios  para elegir al nuevo gobernador departamental el pasado 10 de diciembre de 2024 [2] . Inicialmente, la Registraduría en su cronograma electoral estableció que las elecciones se realizarían el 9 de febrero, pero, acusando que no se contaban con recursos por parte del gobierno nacional para su ejecución, señaló que podían suspenderse. Tras dialogar con el gobierno, la nueva fecha de los comicios quedó para el 23 de febrero. EL MAPA POLÍTICO DE LAS ELECCIONES ATÍPICAS A LA GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO Y SUS PERFILES En medio de este proceso, los candidatos a los que la Registraduría les avaló la inscripción fueron John Gabriel Molina , Jonny Fernando Portilla , Jhon Freddy Peña  y Miguel Ángel Rubio . Todos ellos, candidatos con trayectorias políticas amplias y algunas cuestionadas, dentro del espectro político del departamento del Putumayo. En el contexto de esta contienda electoral, las estructuras políticas departamentales han iniciado un proceso de organización y posicionamiento de los nombres que obtienen mayor respaldo. En este caso, dos figuras emergen como opciones principales y concentran los avales de las distintas corrientes políticas presentes en el departamento. La campaña electoral dejó a John Gabriel Molina y a Jonny Fernando Portilla como las opciones principales para competir por el voto putumayense el próximo 23 de febrero. Desde la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) se realizó un análisis de las campañas de ambos candidatos y sus perfiles, con el objetivo de identificar los apoyos y los recursos que permitan evaluar las características de las dos campañas. JHON GABRIEL MOLINA ACOSTA  Fuente: Asamblea Departamental de Putumayo. El ingeniero se presenta por tercera vez a la candidatura para ocupar la Gobernación de Putumayo, esta vez, bajo el aval del Partido Conservador, Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), junto con el reciente apoyo que recibió de las bases liberales del departamento en un evento de campaña. [3] Fue candidato a la gobernación del Putumayo para 2023, en la que participó con su coalición “Movimiento Molina”,  junto con el coaval del Partido Liberal y el Partido Conservador. Para esta elección, Molina obtuvo 53.879 votos en el preconteo, lo que lo dejó segundo en la contienda con un 37,26%. Como segundo, terminó por Estatuto de la Oposición ocupando una curul dentro de la Asamblea Departamental de Putumayo, donde integraba la comisión del Plan Departamental de Desarrollo. Renunció posteriormente para presentarse a estas elecciones atípicas. Molina también fue candidato a la gobernación en 2019. En este caso, contó con el aval el Partido Conservador y fue cuarto, con 22.090 votos es decir, un 16,48% de la elección.  El Consejo Nacional Electoral negó 8 días antes del proceso electoral de 2023 varias solicitudes de revocatoria contra la campaña de Molina , luego de que fuera cuestionado por presunta doble militancia, al haber aparecido acompañando a Andrea Díaz, candidata a la Alcaldía de Villagarzón por el partido Nuevo Liberalismo; a Edinson Ramírez, candidato a la Alcaldía de Orito por el partido MAIS; a Pompilio López Barrera, candidato a la Alcaldía de Puerto Leguízamo por Colombia Renaciente; Oscar Escobar, candidato a la Alcaldía de San Francisco, por el Movimiento Cheo, y Danilo Hernández, candidato a la Alcaldía de Sibundoy, por el Movimiento Nuevo Sibundoy. [4]  La solicitud de revocatoria, por reparto interno, terminó correspondiendo al magistrado César Lorduy, quien avocó conocimiento del caso el 8 de enero de 2025. Asimismo, hasta el 10 de junio de 2022, Molina fue presidente del Directorio Departamental Conservador de Putumayo. Frente a las dudas razonables sobre  la presencia de su hermana en un alto cargo dentro de un ministerio, Lucy Maritza Molina Acosta figura en la base de datos del Departamento a Función Pública como secretaria general del Ministerio de Educación Nacional , y reporta experiencia dentro de la misma entidad desde 2018. [5] Lucy Molina fue electa secretaria el 2 de septiembre de 2024 por el ministro Daniel Rojas. De igual modo, en enero de 2024, la entonces ministra Aurora Vergara nombró a la hermana de Molina como asesora grado 08 del Ministerio. Molina fue representante legal y gerente de la Empresa de Energía de Putumayo y también fue secretario de Educación de la Alcaldía de Mocoa durante la administración de Mario Narváez, quien — según datos de La Silla Vacía [6] — la Contraloría señaló en 2021 de ser responsable fiscal por manejo irregular de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) , donde se realizaron transacciones electrónicas para hacer pagos a terceros que no estaban vinculados contractualmente con la administración municipal, específicamente redirigidos hacia una empresa de servicios aduaneros en Ipiales y una Fundación en Tumaco. [7] Los recursos, que corresponderían para ser distribuidos en la atención en salud de la población del municipio, ascendieron a más de 2 mil millones de pesos. Narváez fue alcalde de Mocoa para el período 2008-2011, y fue en su momento inhabilitado por irregularidades en un contrato suscrito para trasladar desde Estados Unidos un vehículo compactador de basuras donado al municipio [8] Finalmente, se tienen indicios del presunto respaldo a la campaña de Molina por parte del e exalcalde de Mocoa, Elver Cerón, quien fue ultimado por sicarios el pasado 4 de enero de 2025 [9] JONNY FERNANDO PORTILLA  Fuente:  Página oficial de Facebook del candidato Jonny Portilla. Candidato por el Partido Liberal en coaval con Fuerza de la Paz, cercano a la estructura política del representante a la Cámara, Carlos Ardila y del embajador y reconocido político de la región, Guillermo Rivera. Portilla es abogado y ha sido concejal por el municipio de Orito (2 veces por elección y 1 vez por Estatuto de Oposición), diputado a la Asamblea Departamental del Putumayo y candidato a la Alcaldía del municipio de Orito en dos oportunidades . [10]   Se ha destacado en el departamento por su trabajo con comunidades campesinas y agrarias y sus candidaturas siempre han girado en torno a los temas relacionados con la sostenibilidad obtenida a partir del trabajo de la tierra. En esta candidatura a la Gobernación, ha impulsado el proyecto de trabajar por el campo para impulsar el desarrollo agrario en la zona sur del país.  Si bien es cierto que su hoja de vida no tiene cuestionamientos probados, frente a la campaña de Portilla, Pares estableció que su caudal presuntamente viene apalancado por las estructuras políticas tradicionales que fueron contrarias a Cerón. En este caso, la facción Liberal que lidera en la actualidad el representante Carlos Ardila, el poder de la elite del departamento, liderado por el exministro Guillermo Rivera y la actual estructura del gobernador destituido, Carlos Andrés Marroquín.    JHON FREDDY PEÑA RAMÍREZ  Fuente:   elespia.co Contador Público del Instituto Tecnológico de Putumayo y especialista en Gerencia Tributaria. Se ha desempeñado como financiero de la Unidad de Restitución de Tierras del Putumayo y secretario de Hacienda departamental para el periodo 2020-2023. Peña se convirtió en el primer candidato en inscribirse para estas elecciones atípicas por el Partido de la U y por el Partido Alianza Social Independiente (ASI), bajo el nombre de la coalición “Putumayo Sigue Adelante”.     MIGUEL ÁNGEL RUBIO BRAVO  Fuente:  Página de Facebook de Andrés Cancimance. Es abogado y especialista en Derecho de familia. En 1992 fue elegido concejal de Puerto Leguizamo. Posteriormente, asumió como alcalde del mismo municipio para el periodo 1995-1997; cargo que repitió nuevamente entre los años 2012- 2015, obteniendo 2.379 votos. Durante su administración creó la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios EMPULEG . Adicionalmente, trabajó en la Secretaría de Gobierno Departamental de Putumayo en el año 2005. [11]   Su trayectoria política se ha construido en torno a agrupaciones políticas de izquierda , como el Polo Democrático y la Unión Patriótica. [12] De hecho, para las elecciones atípicas a la Gobernación de Putumayo 2025, Rubio inscribió su candidatura a través de la coalición del Pacto Histórico. Sumado a ello, ha recibido el respaldo del representante a la Cámara por Putumayo, Jorge Andrés Cancimance López, también avalado por el Pacto Histórico. Cabe mencionar que para las elecciones regionales de 2007 Rubio ya se había presentado como candidato a la Gobernación del departamento, alcanzando 9.768 votos, en contraste con los 43.862 votos con los cuales resulto elegido Felipe Alfonso Guzmán Mendoza. La muerte de Cerón terminó por agitar el panorama político en el departamento La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) pudo identificar que la estructura de Molina tiene sus gruesos en la anterior estructura del otrora “gamonal” Elver Cerón, asesinado el 4 de enero del presente año. Cerón fue alcalde de Mocoa en los periodos 2004-2007 y 2012 -2015. Fue un destacado líder del Partido Conservador en el departamento del Putumayo, con una alta influencia en los diferentes procesos electorales y en las estructuras políticas del departamento.   Sus mandatos se vieron marcados por los escándalos y las controversias en materia de contratación pública, supuesto constreñimiento electoral y demás cuestionamientos relacionados al término de su gobierno.  En el último año de su segundo periodo tuvo que enfrentar la tragedia de Mocoa ocurrida el 31 de marzo de 2017, cuando una avalancha terminó por llevarse la vida de más de 300 personas y la devastación de 12 barrios en todo el municipio (San Miguel, La Esmeralda, Laureles, Altos del Bosque, San Fernando, El Libertador, Progreso, La Independencia, Modelo, San Antonio, San Agustín y El Carmen).  Cerón fue imputado y capturado por cargos de homicidio porque según la Fiscalía, las estructuras y la localización de los barrios no contaron con la correcta planeación ni con los estudios que acreditaran que el lugar era idóneo para la construcción de los barrios, razón por la cual, se ha especulado que, en medio de la tragedia, los barrios se vieron aún más afectados. Cerón fue absuelto, sin embargo, se le señaló en la campaña siguiente por su presunta responsabilidad . [13]    El 4 de enero de 2025 fue asesinado en su domicilio por cuenta de sicarios quienes le propinaron 7 disparos  atentando contra su vida y la de su abogado, un cantante reconocido [14] del departamento, quien se encontraba en compañía de su esposa al momento del siniestro. [15] Aunque las autoridades aún no han informado sobre los posibles autores materiales o los móviles, varias fuentes registran que se podría tratar de un ajuste de cuentas por deudas no saldadas que Cerón habría adquirido durante su última campaña a la alcaldía. [16]  . Según los diferentes medios regionales, Cerón estaba apoyando la candidatura de Jhon Gabriel Molina, quien hasta ahora es el más opcionado para ganar las elecciones.    CUESTIONAMIENTOS SOBRE LAS CANDIDATURAS DE PEÑA Y MOLINA Jhon Freddy Peña el heredero de Buanerges Rosero Jhon Freddy Peña se desempeñó como secretario de Hacienda Departamental durante la administración del exgobernador Buanerges Rosero Peña, político cuestionado que fungió como alcalde de Puerto Caicedo para el periodo 2012-2015 y gobernador del departamento para el periodo 2020-2023. Desde entonces, Freddy Peña se ha convertido en una ficha clave al interior del círculo político del exgobernador, tanto que lo convirtió en el heredero principal para poder darle continuidad a su proyecto y preservar su influencia política en el departamento. Actualmente, el exgobernador no solo apoya, sino que dirige y coordina activamente la campaña de Freddy Peña. Sin embargo, es importante recordar que la carrera política del exgobernador ha sido altamente cuestionada. Según Cuestión Pública [17] , en febrero de 2021, la Fiscalía General ante la Corte Suprema de Justicia [18] , acusó a Buanerges Rosero Peña por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad de documento público en el marco de un presunto entramado de corrupción relacionado con la firma de un contrato en abril de 2020 para la compra de 10 ambulancias medicalizadas para atender la emergencia sanitaria del COVID –19, según el ente acusador el contrato habría tenido un presunto sobrecosto de más de $1.000 millones de pesos [19] . Es importante precisar que el gobernador en 2020 fue enviado a detención preventiva domiciliaria. No obstante, en agosto de 2021, el Tribunal Superior de Bogotá, ordenó su libertad por vencimiento de términos. Según información de La Silla Vacía, actualmente sigue su proceso, pero en libertad [20] . Por otro lado, el exgobernador Rosero Peña también se le cuestiona por la relación con su concuñado, Edgardo Figueroa, quien fungió como alcalde de Puerto Caicedo para el periodo 2020-2023 por el Partido ASI [21] . Según la Silla Vacía [22] , Figueroa en su pasado se desempeñó ocasionalmente como médico del Frente 32 de las Farc. En 2015, intentó postularse a la Alcaldía de Puerto Caicedo, no obstante, fue capturado en Santander presuntamente por transportar más de 200 kilos de clorhidrato de cocaína en una ambulancia [23] . Como resultado, en 2016, fue condenado a 11 años de prisión e inhabilitado para ejercer funciones públicas durante el mismo periodo de tiempo. A pesar de ellos, gracias a los beneficios del proceso de paz, pudo presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para no perder sus derechos políticos, lo que le permitió postularse nuevamente y ser electo como alcalde. Actualmente, Figueroa se ha convertido también en un apoyo fundamental en la campaña de Jhon Freddy Peña, especialmente en Puerto Caicedo, fortín político del exgobernador Buanerges. [24] Asimismo, en nuestro informe de candidatos cuestionados de 2019, PARES ya había alertado sobre los señalamientos en contra de Buanerges, en particular por su intento de contratar a su cuñado John Pardo, como asesor durante su administración como alcalde, Sin embargo, debido a que Pardo tenía su licencia suspendida, Rosero Peña, opto por vincular a su suegro, Horacio Pardo, quien, a pesar de haber fallecido semanas después de firmar el contrato, continuaba recibiendo sus honorarios [25] . Los presuntos apoyos irregulares que estarían acompañando a Jhon Molina en la carrera por la Gobernación de Putumayo La lista de cuestionamientos del candidato Jhon Molina es larga, a pesar de ser el candidato más opcionado para quedarse con la Gobernación de Putumayo.  Como lo hemos mencionado, Molina pertenece desde hace muchos años a la casa conservadora del Putumayo, cuyo líder político fue Jimmy Diaz hasta su captura por delitos relacionados con la explotación ilícita de minerales [26] , liderazgo que fue asumido posteriormente por el ex alcalde de Mocoa, Elver Cerón. Ambos han sido indispensables en el ascenso político del candidato a la Gobernación. Fuente:  Instagram de la página de Jhon Molina. Publicada el 9 de octubre de 2023 En esta campaña, Jhon Molina cuenta, como en el pasado, con apoyo de políticos cuestionados como Gloria María Ortiz [27] , suegra de alias “La Gárgola”, narcotraficante y líder de la banda criminal “La Constru”. Fuente:  Al día noticias. Adicionalmente, a Molina se le investiga por su gestión durante su paso por la gerencia de la empresa de alumbrado de Putumayo, de la cual el candidato sería accionista [28] . Según un informe de auditoría de actuación especial de la Contraloría de Putumayo [29] del 2024: La Empresa de Energía del Putumayo S.A. ESP, siendo Jhon Gabriel Molina Acosta su gerente, adquirió de lo compañía La Previsora SA las pólizas de seguro 1001003, 1001036, 1001046 con las que se pretendió amparar lo infraestructura eléctrica de propiedad de dicha empresa, por riesgos de la naturaleza, daños por agua y anegación. La prima de los seguros contratados no fue pagada oportunamente. Con la ocurrencia lo avenida fluviotorrencial del 31 de marzo y 1 de abril de 2017 en Mocoa, se produjo la destrucción de la Subestación Junín con infraestructura de propiedad de la Empresa de Energía del Putumayo SA ESP. Habiéndose presentado la reclamación correspondiente a la compañía Lo Previsora SA para el pago de las indemnizaciones por los daños sufridos y que estarían amparados por las pólizas de seguro 1001003. 1001036. 1001046. La seguradora objetó la solicitud manifestando el incumplimiento de pago de lo primo dentro del término previsto, por lo que decidió no realizar el pago de las indemnizaciones reclamadas. Dadas estás circunstancias, la Empresa de Energía del Putumayo habría tenido que asumir todos los gastos para la reconstrucción de su infraestructura que fue arrasada por la avalancha de Mocoa, lo que para la Contraloría se constituye en 2 hallazgos: uno con posibles consecuencias disciplinarias y uno con posibles consecuencias penales. Sin embargo, los cuestionamientos más graves hacia el candidato Molina son aquellos que lo tildarían de estar presuntamente recibiendo apoyos de un grupo armado organizado del departamento en su campaña a la Gobernación. Estos cuestionamientos se han extendido entre algunas comunidades de Putumayo, con las que la Fundación Paz & Reconciliación ha tenido la oportunidad de hablar, y que parecen estar relacionadas con una declaración del saliente ministro del Interior Juan Fernando Cristo el pasado 21 de enero, en las cuales aseguró que existen informes de la Defensoría del Pueblo y denuncias de ciudadanos y sectores políticos que alertan sobre la intención de grupos armados de interferir en los procesos electorales [30] . Grupos que, según el Exministro Cristo, estarían en diálogos con el Gobierno Nacional. Cabe recordar que, de los grupos con presencia en el departamento, dos tienen negociaciones abiertas con el Gobierno: los Comandos de Frontera y el Frente Raúl Reyes.  Según pudo establecer por diferentes fuentes la Fundación Paz y Reconciliación, estas declaraciones del ExMinistro se habrían dado por el accionar de los Comandos de Frontera, quienes el 14 de diciembre de 2024 acordaron con el Gobierno Nacional la agenda de negociaciones y, como desarrollo del punto 1, de transformación territorial, establecieron la implementación de un piloto para el tránsito a economías lícitas, además de una reunión los días 30, 31 de enero y 1 de febrero con 300 miembros de comunidades. Fuente:  E xtracto de la agenda de negociación acordada entre el Gobierno Nacional y los Comandos de Frontera. Fuente:   Extracto de la agenda de negociación acordada entre el Gobierno Nacional y los Comandos de Frontera. Fuente:  Extracto de la invitación del Comité Técnico. Según tres líderes del Putumayo, dos presidentes de juntas acción comunal y un defensor de derechos humanos, Los Comandos de Frontera estarían intentando usar los programas de transformación territorial financiados por el Gobierno Nacional en el marco de la mesa de negociaciones, particularmente este piloto y el encuentro de los 300 campesinos, no solo para aumentar su gobernanza criminal sobre los pobladores del departamento sino también para presuntamente impulsar la campaña a la gobernación del candidato John Molina. Estas intenciones habrían hecho que los negociadores por parte del Gobierno Nacional en cabeza de Armando Novoa, solicitaran el aplazamiento del evento, además de la aprobación por parte de la delegación oficial de los asistentes, hecho que generó la reacción del “Comité de impulso para el alistamiento del encuentro popular por la vida, la paz y el territorio como propuesta de vinculación de la sociedad de a pie en los diálogos entre Gobierno Colombiano Y La Coordinadora Nacional* – Ejercito Bolivariano”, quienes tildaron al jefe negociador como enemigo de la paz en un comunicado público del 16 de enero de 2025. Fuente:  Comunicado público del Comité de impulso para el alistamiento del encuentro popular por la vida, la paz y el territorio. En general, la zozobra en el departamento por la posible injerencia de este grupo en las elecciones es generalizada en algunos municipios como el Valle del Guamuez. Un líder de este municipio narró cómo se vive en su zona la campaña: “No, pues graves, juepucha. Acá esos manes (Comandos de Frontera) están apoderadísimos de esa vuelta. Mira que acá ya se metieron. El de amarillo (John Molina) vino acá a Guadualito y mandaron a llamar a toda la gente (los Comandos de Frontera). Teníamos que ir, no era si queríamos. Tenían todas las veredas de abajo. Guadualito estaba pero llenito de gente, que los mandaron a llamar. A los presidentes les dijeron que el que no vaya, ellos se encargaban.”   El evento en Guadualito se habría llevado a cabo el 23 de enero, y, como se ve en las fotos, contó con una asistencia masiva de personas [31] . Fuente: Página de Facebook de periódico Termómetro - Putumayo. Otro líder de una junta de acción comunal con el que pudimos hablar desde la Fundación Paz y Reconciliación que fue llamado por el Grupo para este evento, nos manifestó que teme por su vida pues solo pudo convocar un total de 10 personas de las 50 personas que el grupo había exigido a cada presidente: “Yo no sé qué pueda pasar conmigo” nos expresó, “estoy esperando que me llamen”.  Otro de los indicadores del presunto apoyo de los Comandos de Frontera a la campaña del conservador Jhon Molina sería que, a diferencia de otros candidatos, este puede hacer campaña donde este grupo tiene control. Un miembro de una campaña contraria a la de Molina, nos aseguró que no han logrado movilizarse a algunas partes del departamento donde Molina si puede ir. Según la fuente, hace unos días él y otros compañeros intentaron ir a hacer proselitismo electoral a la zona rural de Puerto Asís, no obstante, en el recorrido fueron detenidos por dos combatientes de los Comandos de Frontera, quienes les expresaron que no podían continuar pues no contaban con el permiso del grupo armado. La Guardia Indígena habría tenido que ir a recogerlos hasta el lugar de la retención. En contraste, en las redes sociales de Molina se encuentran diferentes publicaciones que recogen actos de campaña de dicho candidato en este municipio [32] .    [1]  CONSEJO DE ESTADO.  “Consejo de Estado anula la elección de Carlos Andrés Marroquín Luna, como gobernador del Putumayo”. 26 de septiembre de 2024. Disponible en: https://www.consejodeestado.gov.co/news/2024/26-Sep-2024.php   [2]  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. “Por medio del cual se fija el calendario electoral para la nueva elección de gobernador en el departamento de Putumayo, que se realizará el 9 de febrero de 2025”. Disponible en: https://wapp.registraduria.gov.co/electoral/atipicas/putumayo/archivos/20241230_resolucion-14234-de-2024_gob-putumayo.pdf   [3]  Perfil de Facebook de Jhon Molina. Disponible en: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1192421795940790&set=pb.100055189437250.-2207520000&locale=ru_RU   [4] REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. Disponible en: https://registraduriaco.sharepoint.com/sites/ComunicacionesyPrensaCNE/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FComunicacionesyPrensaCNE%2FShared%20Documents%2FPublicaciones%2F2023%2FREVOCATORIAS%20DE%20INSCRIPCI%C3%93N%20DE%20CANDIDATOS%2FAUDIENCIA%2019%20OCT%2FRES%2013527%20DE%202023%2EPDF&parent=%2Fsites%2FComunicacionesyPrensaCNE%2FShared%20Documents%2FPublicaciones%2F2023%2FREVOCATORIAS%20DE%20INSCRIPCI%C3%93N%20DE%20CANDIDATOS%2FAUDIENCIA%2019%20OCT&p=true&ga=1   [5]  CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. ““Por medio del cual se AVOCA CONOCIMIENTO de la solicitud de revocatoria de inscripción de la candidatura del ciudadano JHON GABRIEL MOLINA ACOSTA”. 8 de enero de 2025. Disponible en: https://miputumayo.com.co/wp-content/uploads/2025/01/AUTO-8-ENE-2025-RAD-CNE-E-DG-2025-000141-CALM-AVI_250110_2041231.pdf   [6]  LA SILLA VACÍA. “Cuatro elecciones en las que se juega el poder regional en la Amazonia”. 23 de octubre de 2023. Disponible en: https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/cuatro-elecciones-en-las-que-se-juega-el-poder-regional-en-la-amazonia/   [7]  MI PUTUMAYO “Contraloría declaró responsable fiscal a ex alcalde de Mocoa, Mario Luis Narváez, por manejo irregular de recursos del SGP a través de transferencias electrónicas“ (2021). Disponible en https://miputumayo.com.co/2021/08/10/contraloria-declaro-responsable-fiscal-a-ex-alcalde-de-mocoa-mario-luis-narvaez-por-manejo-irregular-de-recursos-del-sgp-a-traves-de-transferencias-electronicas/ [8]  CARACOL RADIO. “Destituido alcalde de Mocoa, Putumayo”. 20 de octubre de 2011. Disponible en: https://caracol.com.co/radio/2011/10/20/judicial/1319110380_565400.html   [9]  REVISTA ALTERNATIVA “Ultimado a disparos líder político y exalcalde de Mocoa Elver Cerón” (2025). Disponible en https://www.revistalternativa.com/noticias-politica/ultimado-a-disparos-lider-politico-y-exalcalde-de-mocoa-elver-ceron-101050 [10]  PROCLAMA DEL PACIFICO “Elecciones atípicas este 9 de febrero para elegir gobernador”. (S.F) Disponible en https://www.proclamadelpacifico.com/elecciones-atipicas-este-9-de-febrero-para-elegir-gobernador/ [11]  BEJARANO, SANTIAGO. (2024). Disponible en: https://x.com/Nygma7677/status/1873760976891482120/photo/1 [12]  EL TIEMPO ”Violencia política, grupos armados y posibles inhabilidades rodean elección atípica de gobernador del Putumayo”. (2025) Disponible en https://www.eltiempo.com/politica/partidos-politicos/violencia-politica-grupos-armados-y-posibles-inhabilidades-rodean-eleccion-atipica-de-gobernador-del-putumayo-3417378 [13]  INFOBAE. "Se conocen nuevos detalles del macabro asesinato del exalcalde de Mocoa Elver Cerón” (2025). Disponible en https://www.infobae.com/colombia/2025/01/05/se-conocen-nuevos-detalles-del-macabro-asesinato-del-exalcalde-de-mocoa-elver-ceron/   [14]  El Espectador. “Asesinato de exalcalde de Mocoa habría sido por deuda económica de su campaña” Disponible en: https://www.elespectador.com/judicial/asesinato-de-exalcalde-de-mocoa-elver-cerin-habria-sido-por-deuda-economica-de-su-campana-policia-noticias-hoy/   [15]  REVISTA ALTERNATIVA. ”Ultimado a disparos líder político y exalcalde de Mocoa Elver Cerón“  (2025). Disponible en https://www.revistalternativa.com/noticias-politica/ultimado-a-disparos-lider-politico-y-exalcalde-de-mocoa-elver-ceron-101050 [16]  El Colombiano “Una millonaria deuda de campaña: la hipótesis principal tras el homicidio al exalcalde de Mocoa por sicarios” Disponible en: https://www.elcolombiano.com/colombia/una-millonaria-deuda-de-campana-la-hipotesis-principal-tras-el-homicidio-al-exalcalde-de-mocoa-por-sicarios-EP26294220   [17]  CUESTION PUBLICA ”Buanerges, “El Cuestionado”: La casa política en la Gobernación del Putumayo“. (2022). Disponible en  https://cuestionpublica.com/buanerges-el-cuestionado-la-casa-politica-en-la-gobernacion-del-putumayo/   [18]  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (2021). Disponible en: https://x.com/CorteSupremaJ/status/1359980876482961413   [19]  FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  ”Judicializado gobernador de Putumayo por presuntas irregularidades en contrato de ambulancias suscrito al amparo de la emergencia por el covid-19" Disponible en: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/judicializado-gobernador-de-putumayo-por-presuntas-irregularidades-en-contrato-de-ambulancias-suscrito-al-amparo-de-la-emergencia-por-el-covid-19/     [20]  LA SILLA VACIA.  " Estos son los cuatro candidatos a la Gobernación del Putumayo.” Disponible en: https://www.lasillavacia.com/silla-amazonia/estos-son-los-cuatro-candidatos-a-la-gobernacion-de-putumayo/ [21]  PARTIDO ASI (2020). Disponible en https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3750737491666713&id=153842724689559   [22]  LA SILLA VACIA ”Así es como un ex Farc podría ser alcalde en Putumayo” (2019) Disponible en https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/region-sur/asi-es-como-un-ex-farc-podria-ser-alcalde-en-putumayo/   [23]  EL TIEMPO  ”Capturan a candidato a alcaldía en Putumayo en ambulancia con cocaína” (2024) Disponible en https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16095177   [24]  ROSERO, BUANERGUES (2025) Disponible en https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1121713986078782&set=a.565043191745867&type=3&mibextid=wwXIfr&rdid=7Mw20P7mZlpXJWKT&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F16QHCukYak%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr#     [25]  FUNDACIÓN PAZ Y RECONCILIACIÓN - PARES. ”Informe completo II ”Candidatos cuestionados 2019” (2019) Disponible en https://www.pares.com.co/post/informe-completo-ii-candidatos-cuestionados-2019 [26]  LA FM. ” Corte ordenó captura de congresista por delitos contra el medio ambiente”. 23 de septiembre de 2019. Disponible en: https://www.lafm.com.co/judicial/corte-ordeno-captura-de-congresista-por-delitos-contra-el-medio-ambiente   [27]  AL DÍA NOTICIAS. “Equipo político, empresarios, familia y amigos de Gloría Maria Ortiz Zambrano, se unen desde Puerto Asís, a la campaña del candidato a la Gobernación Jhon Molina”. 23 de enero de 2025. Disponible en: https://www.facebook.com/watch/?v=1008952191282338&rdid=nCatOF0sAxzDVseC   [28]  PRIMER PLANO. ”Diputado Jhon Molina no quiere permitir el ingreso de los accionistas y veeduría, quienes reclaman por presuntas irregularidades que se estarian presentando”. 21 de marzo de 2024. Disponible en: https://www.facebook.com/watch/?v=958083005522330&rdid=9UbaCxt3vibgku38   [29]  CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE PUTUMAYO. Informe final de actuación especial de fiscalización a la Empresa de Energía de Putumayo, en trámite de denuncia ciudadana. 6 de marzo de 2024. Disponible en: https://www.contraloriaputumayo.gov.co/informes-de-audito-ria/informe-final-de-actuacion-especial-de-fiscalizacion-670282?fbclid=IwY2xjawIOMCFleHRuA2FlbQIxMQABHWhe11hMej-pZarM6FSPnShmW-4fNM7ZDGJjYtfpP2_rH5gRxdY3Fi_YcQ_aem_9VNmFrMhpSlnNr3K0Yg4Hg&sfnsn=scwspwa   [30]  MINISTERIO DEL INTERIOR. ”Ministro del Interior advierte que el Gobierno no aceptará interferencia de grupos armados ilegales en las elecciones de Putumayo ”. (2025). Disponible en https://www.mininterior.gov.co/noticias/ministro-del-interior-advierte-que-el-gobierno-no-aceptara-interferencia-de-grupos-armados-ilegales-en-las-elecciones-de-putumayo/   [31]  PERIÓDICO TERMÓMETRO - PUTUMAYO. ”Con multitudinaria asistencia, el Valle del Guamuez recibe al ing. Jhon Molina”. Disponible en: https://www.facebook.com/watch/?v=1258218071954211&rdid=Yyh39sCKAnSXIxUF    [32]   Perfil de Facebook del candidato Jhon Molina. Disponible en: https://www.facebook.com/JhonMolinaPutumayo

Por: Nicolás León Rodríguez Investigador Nacional Línea de Paz, Seguridad y Derechos Humanos, Alejandra Caballero Hernández - Pasante Línea de Paz, Seguridad y Derechos Humanos La reciente noticia sobre el vencimiento de la tregua entre las bandas Shottas y Espartanos en Buenaventura ha generado preocupación por un posible retorno a la situación de violencia en el puerto. Estos grupos mantuvieron una guerra urbana en el distrito, exacerbando las dinámicas de violencia e incrementando las cifras de homicidios, amenazas, desplazamientos y extorsiones. A través de un comunicado público, la banda Shottas ha manifestado su compromiso con la mesa de diálogo socio-jurídica impulsada por el gobierno nacional en el marco de la Paz Total. Ellos han renovado la tregua de manera unilateral, expresando su preocupación por la negativa de Los Espartanos de continuar con el cese al fuego. Con el fin de analizar el desarrollo de este espacio, a continuación se hace un barrido por los principales momentos que han demarcado el camino de la Paz Urbana en Buenaventura. En este recorrido es observable que los pactos de no agresión han contribuido al desescalamiento de la violencia y han permitido generar un ambiente propicio para fortalecer acciones que propenden por la construcción de paz en el territorio. Sin embargo, el espacio no ha logrado mantener un ritmo constante que permita consolidar la pacificación del puerto, razón por la cual se evidencia el progresivo desgaste del espacio que al día de hoy, se materializa en uno de los puntos de inflexión más importantes desde que se instaló la mesa. Buenaventura Plan Piloto de Paz Urbana En septiembre de 2022, el entonces Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y la vicepresidenta Francia Márquez anunciaron como "prueba piloto" de la Paz Urbana las negociaciones entre estos grupos. Fruto de estos acercamientos Shottas y Espartanos acordaron el primer pacto de no agresión que permitió una reducción considerable de los homicidios entre septiembre de 2022 y abril de 2023. Buenaventura pasó de una tasa de 62 (t.p.c.m.h.) en 2022, a 35 en 2023, lo que significó además que Buenaventura saliera de la lista de las 50 ciudades más peligrosas de América Latina. En este primer período se lograron fortalecer los compromisos entre las organizaciones y se labró el camino para poner andar el espacio de diálogo. En este sentido, también se destacan acciones como: · La instalación del Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMU), con la participación del Ministerio del Interior, la Alcaldía Distrital, las Fuerzas Armadas, la Unidad Nacional de Protección, la Personería, la Defensoría del Pueblo, organizaciones sociales e internacionales, y la Fiscalía, entre otros. · La realización del partido de fútbol organizado por el Gobierno Nacional y las organizaciones delincuenciales. En este evento no hubo hostilidades y concluyó con una caravana en moto por todas las comunas de Buenaventura, evidenciando un cambio en la dinámica de fronteras invisibles. · La primera mesa de diálogo entre el Gobierno y las bandas, donde se firmó un acta con garantías para la participación en la negociación en octubre de 2022. · La estrategia "Buenaventura, Potencia de la Vida en Paz Total", cuyo objetivo era impulsar el desarme y la reintegración de unos 2.000 integrantes a la legalidad. Durante estos días, se realizaron conversatorios, diálogos de saberes, competencias deportivas y un concierto por la paz. No únicamente la disminución de la violencia fue importantes en este momento, también la combinación de agendas culturales, deportivas, sociales y políticas se sintieron como un alivio para las comunidades, y dieron un ambiente esperanzador para la construcción de paz en el puerto. La desaparición de ‘Super’: la primera crisis Tras la desaparición de alias ‘Super’, vocero de Los Shottas, en abril de 2023 la tregua se rompió. Durante estos meses, los homicidios aumentaron en comparación con los ocho meses anteriores, reactivó los enfrentamientos en las comunas 12, 6, 7, 8 y 10, marcando el primer traspié del proceso diálogo. Por si fuera poco, la fragmentación interna de la banda “La Empresa”, reconfiguró las alianzas criminales: “Los Chiquillos”, grupo delincuencial que se dio a conocer en marzo de 2023 se aliaron con Los Espartanos para enfrentar a los Shottas. Mientras que la facción de alias El Mono, antiguo cabecilla de La Empresa, se alió con Los Shottas para apoderarse de zonas controladas por presuntos carteles mexicanos. Instalación de la mesa de diálogo En respuesta al recrudecimiento de la violencia, el 18 de julio de 2023 se logró la instalación del espacio de diálogo sociojurídico entre el Gobierno Nacional y Shottas y Espartanos. La instalación contó con la participación del Gobierno Nacional, voceros de ambas bandas, organizaciones de la sociedad civil, la Gobernación del Valle, las alcaldías de Buenaventura y Cali, la ONU, MAPP-OEA y delegados de la Presidencia. Este espacio tenía como objetivo desmantelar las estructuras armadas, promover el desarme y desvincular a menores de edad de estos grupos. Además, sirvió como estrategia para contener la confrontación armada y reducir la tasa de homicidios. Como resultado, se establecieron dos treguas: la primera, el 4 de agosto, con duración de un mes; la segunda, el 4 de septiembre, extendiéndose hasta el 4 de noviembre. En este sentido, para finales de 2023, el Alto Comisionado para la Paz anunció nuevos avances en el proceso. Se acordó extender la tregua entre Los Shottas y Los Espartanos hasta el 4 de febrero de 2024 y establecer un mecanismo de monitoreo permanente a partir del 10 de noviembre, permitiendo denunciar abusos de autoridad. Sin embargo, como alertó la Defensoría del Pueblo, a pesar de estos esfuerzos las acciones violentas persistieron. En total en 2023, la tasa de homicidios creció un 36% respecto a 2022. Otty Patiño: punto de quiebre de la Paz Urbana. La llegada de Otty Patiño a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a finales de 2023 representó revés para el avance de los espacios de diálogo urbano instalados en el país. Este efecto se entiende en gran medida por la falta de una figura activa que permitiera darle dinamicidad al desarrollo y avance de los diálogos. De acuerdo con la carta enviada por parte de la delegación del Gobierno Nacional en Buenaventura a Otty Patiño, el escaso acercamiento del Alto Comisionado generó que la delegación incumpla sus compromisos y afecte negativamente la sostenibilidad del proceso. Más de cinco meses después de posicionarse como Alto Comisionado, llegó la tan esperada visita de Otty a Buenaventura. Fruto de esta visita, se logró una nueva extensión de la tregua y la definición de mecanismos de monitoreo. Sin embargo, el panorama había cambiado. Las rencillas entre los grupos se habían acrecentado, motivando el levantamiento de la mesa de Los Espartanos en marzo de 2024 (grupo que a pesar de reintegrarse a la mesa dejaría haría explícitas sus diferencias con el espacio); la relación entre la delegación del Gobierno y la OACP estaba prácticamente rota; y la población civil, organizaciones sociales y comunitarias y los liderazgos sociales en el territorio se sentían apartados del desarrollo del proceso. Como lo señaló Pares: “Desde comienzos de este año se sentía la tensión. Se intentaron hacer actividades como torneos de fútbol, además de algunos festivales para afianzar los acercamientos. Todo ha sido inútil.” Con algunos altos y muchos bajos, 2024 se caracterizó por la búsqueda de reactivar y darle un segundo aire a los espacios de diálogo de la Paz Urbana tanto en Buenaventura, como en Quibdó y Valle de Aburrá. En este sentido, en el mes de julio, posterior a la visita de Otty, el Gobierno Nacional anunció el cambio de los voceros de la delegación en Buenaventura. Fruto de ese cambio Fabio Cardoso Montealegre empezó a fungir como jefe negociador. Aunque con dificultades, en noviembre se logró la última extensión de la tregua que tendría efecto hasta febrero de este año. Al cierre de 2024 Buenaventura presentó una disminución del 55% en los casos comparado con el 2023. Asimismo, el objetivo era avanzar en la implementación de programas y proyectos sociales; en diciembre, el Ministerio de Justicia lanzó oficialmente en Buenaventura la estrategia Zonas de Paz y Esperanza, una iniciativa que busca transformar los territorios a través de acciones en justicia, convivencia y seguridad. No obstante, desde la comunidad han denunciado el aumento de patrullajes y vigilancia de encapuchados en los barrios, hecho que va en línea con el fortalecimiento de las acciones defensivas de las bandas, así como la reactivación de la violencia en algunos sectores de Buenaventura. De igual forma, han sido constantes las alertas por presencia de grupos armados en los corregimientos cercanos a la ciudad. En particular del Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el ELN, el Ejército Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) y también de otras bandas delincuenciales como ‘La Empresa’, ‘Los Chiquillos’ y ‘Jalisco Nueva Generación’. La población también ha señalado que los registros oficiales presentados por la Policía no corresponden a la realidad que viven las personas y denuncian delitos como la extorsión se han reactivado desde hace meses. De igual forma desde organizaciones sociales reclaman la promoción de un diálogo más abierto de cara a la población, y exigen acciones como la promoción de una cultura de paz, incentivos a la veeduría ciudadana, la reconstrucción del tejido social mediante arte, cultura y deporte, entre otros. A lo que se le suma las demoras y dificultades en la implementación de programas pilares como Jóvenes en Paz en la ciudad. ¿Hacia dónde va la paz en Buenaventura? Desde comienzos de 2025 se ha evidenciado un aumento en la violencia incluso con personas armadas patrullando las calles, sumado a una tendencia de aumento en las cifras, con un total de 17 homicidios registrados en el mes de enero por la Policía, siendo casi el doble de los que se registraron en el mismo mes en 2023 y 2024. El miércoles 05 de febrero del presente año Los Spartanos deciden no continuar el proceso de negociación con Los Shottas, si bien la última banda mencionada se comprometió a un cese unilateral, enfatizaron en que se defenderán si Los Espartanos los atacan. De acuerdo con Linda Posso, Coorinadora de la Oficina de Buenaventura de la Fundación Pares, la decisión de Los Espartanos no continuar el diálogo con Los Shottas podría tener implicaciones directas en la población civil, es probable que se presenten alzas en los homicidios, las extorsiones y se reactiven las fronteras invisibles que se habían pausado durante la tregua entre ambos grupos. Aunque es importante reconocer la voluntad del gobierno nacional y de la banda Los Shottas por continuar la mesa de diálogo, claramente la población civil teme a que reaparezca la crudeza de violencia que se presentaba antes del establecimiento y renovación de las treguas entre ambas bandas. Son múltiples y complejas las razones que han llevado al progresivo desgaste al proceso de diálogo en Buenaventura. Errores de planeación al no tener una hoja de ruta clara que permitiera operativizar las acciones encaminadas a este propósito, la ausencia de marco jurídico ha sido constantemente señalada en este punto. Errores de gestión, enmarcados principalmente en la figura del Alto Comisionado de Paz. Y también traspiés propios de la naturaleza de la negociación entre dos organizaciones delincuenciales rivales ha evidenciado síntomas cada vez más claros del desgaste del espacio. Aunque es comprobable que el espacio de diálogo ha permitido la reducción de las violencias en la ciudad y es deseable su continuidad, es clave reajustar la metodología y estructura propia del proceso. Aun más, considerando que de no contar con un proceso sólido, tras las elecciones del 2026, el Piloto de Paz Urbana en Colombia quedé reducido a esa ilusión que no se pudo lograr. A un simple plan piloto que no funcionó.

Por: Paola Marín Línea de Paz y Seguridad ciudadana La noche del  pasado miércoles 12 de febrero, tras la finalización del tercer ciclo de diálogos entre el Gobierno Nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, la Fiscalía General de la Nación inició el proceso de captura contra Giovanni Andrés Rojas, alias “La Araña”. Hasta el momento, el jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, señaló que Rojas sería trasladado al búnker de la Fiscalía mientras se esclarece su situación. La detención de “La Araña”, pone en entredicho la credibilidad y las garantías de seguridad para las personas que participen de los acuerdos y las estrategias de Paz Territorial, especialmente en departamentos como Nariño y Putumayo. Sobre este punto, el comisionado de Paz, Otty Patiño, en conversación con agentes del CTI, afirmó que este hecho “puede constituir un nuevo elemento de trampa contra el proceso de paz”. En la misma línea, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para que intervenga en la crisis que podría desatar la captura de alias “La Araña”. ¿Un nuevo entrampamiento? Tal como lo mencionó Otty Patiño, esta situación podría desencadenar un nuevo entrampamiento en los procesos de paz. Cabe recordar que la Segunda Marquetalia (SM), antes de su ruptura en 2024, se consolidó como un grupo armado conformado por exlíderes de las FARC-EP, como “Iván Márquez”, “Jesús Santrich”, “Romaña” y “El Paisa”. Este grupo regresó a las armas el 29 de agosto de 2019, argumentando el incumplimiento del Acuerdo de Paz y la existencia de un “entrampamiento” contra el proceso. Sobre este punto, Antonia Urrejola presentó un informe que analizaba los obstáculos en la implementación del Acuerdo de Paz. Dicho informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en abril de 2024, confirmó el uso de un “agente provocador” en el caso de Jesús Santrich. En el documento, se señala que la Fiscalía, bajo la dirección de Néstor Humberto Martínez, cometió diversas irregularidades, autorizando “dos técnicas especiales de investigación: un agente encubierto y una entrega vigilada de cocaína”, lo que derivó en el rearme de varios excomandantes guerrilleros. (Fundación Paz & Reconciliación, 2024). En abril de 2024, como parte de las garantías para el inicio del proceso de negociación, la Fiscalía General de la Nación emitió la Resolución 0-0139, en la que se suspendieron temporalmente las órdenes de captura de los voceros designados para la mesa de negociación, incluida la de Giovanni Andrés Rojas. En su artículo primero, la resolución suspendía las órdenes de captura de nueve voceros, mientras que en su artículo segundo se informaba a las autoridades judiciales correspondientes, incluyendo a INTERPOL, dicha suspensión. Resolución 0-0139 del 12 de abril del 2024, de la Fiscalía General de la Nación - FGN A pesar de esto, en la mañana del 13 de febrero, la Fiscalía comunicó a través de su cuenta en X que Giovanni Andrés Rojas era requerido por nuevos cargos relacionados con tráfico de estupefacientes. Según la información publicada, el requerimiento fue emitido por la Corte del Distrito Sur de California.   https://twitter.com/FiscaliaCol/status/1889991754213900376 Por ahora, el jefe de la delegación del Gobierno Nacional, Armando Novoa, estuvo presente el jueves 13 de febrero en el búnker de la Fiscalía para intentar destrabar la situación. En entrevista con BluRadio, Novoa advirtió que esta decisión podría significar la caída de la mesa de negociación al señalar que “Esta medida, aplicada de esta manera, genera el riesgo de que la mesa de negociación se caiga, lo que pondría en suspenso los acuerdos alcanzados y afectaría gravemente a las comunidades en los territorios”. ¿Qué consecuencias podría tener la captura de Andrés “Araña”? La captura de Giovanni Andrés Rojas, alias “La Araña”, ha desencadenado una serie de reacciones que ponen en riesgo la estabilidad de las mesas de negociación en curso. En primer lugar, la delegación de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que se encontraba en Bogotá en el tercer ciclo de diálogos, ha decidido abandonar la capital por razones de seguridad y trasladarse a Nariño y Putumayo. Por otro lado, Comuneros del Sur, agrupación que también tiene un proceso de negociación activo con el gobierno nacional señaló que, esta decisión responde a la falta de garantías jurídicas para el desarrollo del proceso de paz, lo que genera incertidumbre en las organizaciones armadas en negociación y amenaza con profundizar la crisis en el territorio. Asimismo, situaciones similares se viven en otras mesas de diálogos. A este hecho se suma la reciente captura de Willinton Henao Gutiérrez, alias “Mocho Olmedo”, quien fue nombrado negociador del Frente 33 de las disidencias de las FARC Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) hace apenas nueve días. Estos hechos han llevado a que múltiples sectores de los grupos armados consideren que hay una estrategia sistemática para debilitar los procesos de paz mediante acciones que van en contra de los acuerdos previos, como la suspensión de órdenes de captura a voceros en la mesa. La falta de cumplimiento de los compromisos asumidos con los grupos que se encuentran negociando podría llevar a la fragmentación de los espacios de diálogo y al reinicio de hostilidades en varias regiones.  El escenario en Putumayo se vuelve particularmente preocupante en este contexto. Esta región, ha sido clave para la expansión de las economías ilegales y el control territorial de los grupos armados, especialmente de los llamados Comandos de la Frontera. Con la captura de los negociadores y la percepción de que el Gobierno no garantiza la seguridad de quienes participan en las mesas de diálogo, existe un alto riesgo de escalamiento de la violencia. Sobre todo, cuando ya diversas entidades como la Defensoría del Pueblo han alertado escenarios de riesgo, como el presentado a través de la Alerta Temprana N°001-2025, por conflictos entre el Frente Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera, en los municipios del Bajo Putumayo, el eje Putumayo en el departamento de Amazonas y la cuenca del río Caquetá en los municipios de Puerto Guzmán (Putumayo), Piamonte (Cauca), Solita, Curillo, San José del Fragua (Caquetá). Finalmente, la desconfianza entre los actores armados puede llevar al aumento de enfrentamientos entre disidencias y otros grupos, poniendo en peligro a las comunidades que dependen de los acuerdos para reducir los impactos del conflicto. Por su parte, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano ha manifestado que continuará en los diálogos, pero condiciona su permanencia a la resolución de la situación de alias “La Araña” y exige al presidente Gustavo Petro un pronunciamiento sobre lo que consideran una retención irregular. La falta de claridad y respuesta gubernamental frente a estos acontecimientos puede provocar una crisis de confianza irreversible y poner en jaque los intentos de consolidación de la paz en diversas regiones del país.

Por: Redacción Pares El pasado viernes 28 de marzo en Bogotá el cielo se abrió. Era una catarata. El aguacero cayó entre las cinco de la tarde y las ocho de la noche. Plena hora pico. En las aceras se veía a la gente apilada esperando el transporte público. Las aplicaciones para tomar un carro colapsaba. Lo peor es que en muchas partes de la capital las aceras tampoco eran un lugar seguro. Se habían taponado los desagues, de ellos brotaba la basura. Bogótá en su escena más apocalíptica, distópica: con racionamiento e inundada y colapsada. Los humedales que se está tragando el plan urbanísitico de Bogotá tienen que ver, pero también el problema de la basura.   La inundación en la autopista norte tiene que ver con la urbanización desmedida, con el irrespeto a las normas ambientales, con querer pasarse por la faja las reglas que deben mantener vivos los humedales, porque si los humedales desaparecen también nosotros debemos extinguirnos, pero los focos de inundación fueron en la avenida NQS, carrera 30 y en la estación Bicentenario.   El alcalde Galán, quien tiene un teflón a prueba de balas gracias a la indulgencia de los medios, dijo una de sus raras verdades, “Esta emergencia fue causada por la mala disposición de los residuos. A pesar de la frecuencia diaria de recolección en esta zona de la ciudad, acá vienen los residuos mal manejados.   Todo indica que el viejo refrán de dos palabras, “abril aguas mil” será una constante en Colombia y que semana santa será pasada por agua. El alcalde promete una operación de limpieza parecida a la que tuvo la autopista norte y que ha servido para mitigar un poco los colapsos. El problema de la basura viene atormentando no sólo a esta administración sino a todas las que han pasado por el Palacio de Liévano en todo el siglo XXI. La ciudad maneja 9.000 toneladas diarias de basura. Nos estamos autodestruyendo. En las alcantarillas rebosadas de la ciudad salían, además de desperdicio, ratas. A finales del año pasado se hizo pública la amenaza de roedores en la capital, esto aumentará con las lluvias. La alcaldía tiene entre sus planes lanzar un modelo de basuras para el 2026 pero este tendrá varios retos, ya que, por ejemplo, los rellenos sanitarios están saturados.   Según el historiador Frank Molano, autor del libro Historia de la basura en Bogotá, Escobitas, bacterias y botaderos , que fue entrevistado por La Silla Vacía sobre este tema en el 2024, la industria del vidrio, el plástico, y el metal, reciclan 2.000 toneladas de material recogido previamente por recicladores, la otra parte se va para el único relleno sanitario con el que cuenta la ciudad, el Doña Juana, que amenaza con convertirse en una bomba de tiempo en cualquier momento, pero hay unas 500 toneladas de basura que permanecen ahí, en cada esquina, como montículos de infamia, que se van derritiendo a lo largo del día y que terminan contaminando los rios o llenando los sumideros. A pesar de las campañas que pueda hacer el alcalde limpiando los sectores claves, la emergencia, en temporada invernal, va a requerir nuevas estrategias.   Bogotá es una emergencia constante, no importa si es temporada seca o si llega abril con sus aguas mil. Estamos condenados a la angustia.

Por: Redacción Pares Alvaro Uribe tuvo un intenso fin de semana. Estuvo en Medellín y visitó el tradicional barrio de Buenos Aires. Con sigilo entró a misa, cuando esta había empezado. Intentó no llamar la atención pero apenas los asistentes a la ceremonia, la mayoría personas mayores de sesenta años, se levantaron de sus asientos a aplaudir, interrumpiendo la liturgia. Después de asistir a la eucaristía Uribe buscó una tienda del barrio, pidió un café y un buñuelo y mientras se lo comía comenzó a hablar con los vecinos que en ese momento tomaban cerveza sobre Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo estrella en su juicio. El ex paramilitar habló los días 27 y 28 de febrero y volvió a señalar que Uribe estuvo implicado en la creación del Bloque Metro de las AUC que nació en su hacienda familiar, Las Guacharacas.   Ante un auditorio improvisado en esa tienda se defendió -aunque nadie parecía entender muy bien de qué estaba hablando- Uribe afirmó que él nunca ordenó la búsqueda de presos para que hablaran mal de Cepeda sino que solicitó verificaciones sobre noticias en donde se comprobaran que el senador de izquierda supuestamente estaría ofreciendo ofertas “para que me acusaran de paramilitar”.   En ese recorrido por las cárceles Cepeda encontró el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, hijo del capataz de la finca Las Guacharacas y que poco después se transformaría en uno de los paramilitares que conformaron el Bloque Metro. La defensa de Uribe lleva años intentando desmentir esas versiones. Incluso han puesto en duda que Monsalve hubiera sido parte de algún bloque paramilitar. Tanto en la tienda en Buenos Aires, como a través de su cuenta de la red social X, en donde se supo despachar, Uribe puso en duda hasta la versión del reloj que, a través de su ex esposa Deyanira Gómez, recibió en la celda Monsalve. Uribe además criticó los supuestos beneficios que ha recibido el exparamilitar desde que se convirtió en testigo en su contra Monsalve ha disfrutado de lujos y de comodidades en una casa fiscal de la cárcel. Ese beneficio se lo dio el magistrado Barceló”   El expresidente afirmó que Monsalve no lo conoce personalmente y hablo del trabajo del papá de Monsalve en la hacienda Guacharacas: “El senador Cepeda persiste en sus mentiras. Escribió en las redes que por qué yo no extradité a Julián Bolívar, insinuando que yo tendría algún favorecimiento por él. No lo conozco, no recibimos solicitud de extradición, que llegó años después de terminado nuestro Gobierno”.   Este lunes 3 de marzo se reanuda el juicio contra el expresidente Uribe. Esta semana comparecerán en él personajes claves como el abogado Hector Romero quien es el señalado de ser el responsable de entregarle el reloj en la cárcel a Monsalve. El juicio ya empieza a tener una competencia contra el reloj. Si antes del 7 de octubre del 2025 no hay un fallo en su juicio, el caso prescribirá.

Por: Redacción Pares La noticia fue minimizada en los grandes medios. De Oliverio Isaza Gómez, mejor conocido como “Terror”, se sabía más de su papá que de él mismo. Ramón Isaza, quien fuera aplaudido en el Congreso de la República en julio del 2004, junto a Salvatore Mancuso, y Ernesto Baéz, durante la primera presidencia de Uribe Vélez, fue el creador en 1978 de los “Escopeteros” el primer grupo paramilitar y antisubversivo  del Magdalena Medio. Isaza compartía territorio con otro delincuente, acaso más sanguinario que él: Pablo Escobar Gaviria. A diferencia de otros grupos paramilitares el que lideraba Isaza no se doblegó ante el capo de la mafia. Al contrario, le declaró la guerra y se la terminaría ganando en el Magdalena Medio. Ramón Isaza logró lo que pocos guerreros consiguen: llegar a viejos. Hoy padece de Alzheimer pero su rastro en la guerra es comparado con su némesis en las FARC, Manuel Marulanda Vélez. Su hijo, Oliverio Isaza, quien no se desmovilizó de las AUC en el 2006, negándose a aceptar entrar en Justicia y Paz, fue detenido en el 2014. Allí fue entrevistado por varios medios y contó lo duro que había sido para él ser hijo del hombre que ayudó a cimentar el paramilitarismo en Colombia. Ingresó a la guerra a los 14 años, una edad en la que es imposible tener la suficiente consciencia como para empuñar un arma y desde entonces estuvo en la vorágine del conflicto.   El caso es que el 22 de febrero se reportó la muerte de alias “Terror”. La inteligencia del ejército reportó que se movilizaba hacia San Luis Antioquia. Llegarle era difícil. Isaza no sólo contaba con un círculo de 300 hombres armados que lo protegían sino que había sabido ganarse a la población. Se vendía como una especie de Robin Hood. Durante la pandemia robó varias tractomulas repletas de provisiones para distribuirselas entre la población de zonas de Antioquia como Las Mercedes, Puerto Nare y Puerto Triunfo, era el amo y señor. En los últimos días se hacía identificar con el alias de “Comandante David” vestía camuflado y empezaba a padecer del síndrome de invencibilidad que suele hacer bajar la guardia a los hombre que están en la guerra. Le gustaba la fiesta, se descuidó y el ejército obtuvo la información necesaria como para interceptar la camioneta donde iba y balearlo.   Con Isaza el Clan del Golfo pierde la capacidad de expandirse. Era considerado el cuarto de la organización detrás de Jobanis Avila, alias “Chiquito malo” y Elkin Casarrubia, alias “El Cura”. Tenía un alto poder militar dentro de la estructura además de su amplia experiencia en el narcotráfico. Era el dueño de varias rutas que llegaban hasta el Pacífico. Además era uno de los responsables de cubrir al grupo con el barniz de la política: fue uno de los gestores de que el Clan del Golfo cambiara de nombre y se hiciera llamar “Ejército Gaitanista de Colombia” para desesperación de los herederos del líder liberal asesinado el 9 de abril de 1948.   En Puerto Triunfo, donde mandaba, su entierro fue ruidoso. El Clan del Golfo ordenó incluso cerrar los negocios mientras se llevaba a cabo la ceremonia. Se ordenó un luto forzoso. La noticia llegó incluso hasta el esquivo gobierno de Donald Trump quien mostró su aprobación por la operación que terminó con la muerte de “Terror”. Este es un golpe duro para esta estructura criminal aunque basta con ver la dinámica histórica de los grupos armados en el país para ver que apenas se corta una cabeza otra sale casi que de manera espontánea.

Por: Katerin Erazo, Periodista  Tres semanas  después del regreso de las sesiones ordinarias en el Congreso, las reformas sociales  impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro continúan sin avances. La discusión de la reforma a la salud sigue estancada en la Cámara de Representantes, bloqueando así la agenda legislativa del oficialismo.  El principal obstáculo radica en la falta de consenso dentro de la mesa directiva de la Cámara para incluir nuevamente el debate en el orden del día. A pesar de la insistencia del Ejecutivo, la segunda vicepresidenta de la Cámara, Lina Garrido (Cambio Radical), y el vicepresidente Jorge Tovar (Curules de Paz) han manifestado reparos sobre el trámite de la reforma, alegando vicios procedimentales y compromisos incumplidos por parte del Ministerio de Salud en el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).  La estrategia del Gobierno apunta a lograr la firma de Tovar para destrabar el debate, ya que el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), ha respaldado la inclusión de la reforma en la agenda. Sin embargo, la falta de acuerdo ha generado preocupación dentro del Pacto Histórico, pues no solo enfrentan dificultades en la Cámara, sino que también deberán sortear un Senado liderado por Efraín Cepeda, del Partido Conservador, que se ha mostrado inflexible ante las iniciativas del Gobierno.  Mientras el debate sobre la reforma a la salud sigue sin fecha definida, otras iniciativas clave del Ejecutivo también se encuentran en pausa. La reforma laboral, que debe superar su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado, enfrenta una correlación de fuerzas adversa. Aunque el proyecto cuenta con el respaldo de congresistas del Pacto Histórico como Wilson Arias y Martha Peralta, se espera que congresistas independientes y de la oposición presenten una ponencia alternativa con objeciones y modificaciones.  Por otro lado, la reforma sobre jurisdicción agraria parece avanzar con mayor fluidez en la Comisión Primera de la Cámara, donde el Gobierno ha fortalecido su presencia con la incorporación de senadores como León Fredy Muñoz (Alianza Verde) y Temístocles Ortega (Cambio Radical). No obstante, desde el oficialismo insisten en acelerar el debate para evitar que el proyecto se estanque, como ha ocurrido con otras iniciativas.  El ambiente en la Cámara de Representantes refleja un clima de incertidumbre. La acción de tutela presentada por la segunda vicepresidenta, Lina Garrido, para exigir al Ministerio de Salud el pago de los presupuestos pendientes ha sumado un nuevo obstáculo para la reforma a la salud. Además, congresistas de la oposición, como Jairo Humberto Cristo (Cambio Radical) y Andrés Forero (Centro Democrático), han cuestionado el proceso, acusando al Gobierno de utilizar la reforma como moneda de cambio en la repartición de cargos dentro de la administración pública.  El oficialismo, por su parte, defiende la necesidad de dar continuidad al trámite legislativo y evitar que la reforma se hunda sin debate. Representantes como Wílder Escobar han insistido en que la mesa directiva debe permitir la discusión, argumentando que es el Congreso el espacio natural para confrontar las ideas y definir el futuro del sistema de salud del país.  Hoy lunes, la mesa directiva de la Cámara se reunirá nuevamente en un intento por destrabar la agenda legislativa. La posibilidad de incluir la reforma a la salud en el orden del día dependerá de la decisión de Jorge Tovar, quien se perfila como la pieza clave para destrabar el debate. Mientras tanto, el Gobierno sigue buscando consensos, consciente de que cualquier avance en la Cámara podría toparse con nuevos obstáculos en el Senado, donde el margen de maniobra es aún más estrecho.  Con una agenda legislativa paralizada y un panorama político cada vez más tenso, el Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un escenario desafiante para materializar sus reformas más emblemáticas. La incertidumbre sobre el futuro de estos proyectos sigue creciendo, mientras el tiempo legislativo avanza sin soluciones a la vista.

Por: Katerin Erazo, Periodista La crisis de seguridad que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia continúa agravándose. En menos de 24 horas, dos excombatientes fueron asesinados en distintas regiones del país, mientras que hace unos días un grupo de 70 personas, entre firmantes y sus familias, se vio forzado a abandonar el Núcleo de Reincorporación (NAR) en Mesetas, Meta, debido a la creciente amenaza de los grupos armados. Estos hechos elevan a 13 el número de excombatientes asesinados en lo que va del año, según Indepaz, y destacan los riesgos persistentes para quienes, al dejar las armas, pusieron su esperanza en construir un futuro en la legalidad. En este contexto, Rodrigo Londoño, firmante del Acuerdo, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro para frenar la violencia contra los excombatientes, recordando que desde la firma del Acuerdo de Paz ya han sido asesinadas 458 personas. El primer crimen de este fin de semana ocurrió en San Juan de Arama, Meta, donde Faber Alexander Torres Martínez fue atacado con arma de fuego en un establecimiento público de la vereda El Vergel. La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre el alto riesgo de esta zona debido a la presencia de estructuras armadas como el Bloque Jorge Suárez Briceño y otras bandas locales que han venido amenazando el proceso de reincorporación. Horas antes, en Arauquita, Arauca, fue asesinado Danilo Benavides, otro firmante del Acuerdo de Paz. Benavides, quien hacía parte del ETCR Martín Villa y continuaba su proceso de reincorporación en el municipio, fue atacado en la vereda Galaxia por hombres armados. La Alerta Temprana 011/23 de la Defensoría ya había señalado un aumento preocupante de homicidios y secuestros de excombatientes en la región, donde operan el ELN y las disidencias del Frente 10 y Frente 28 del Comando Conjunto de Oriente. Además de los homicidios, también se ha registrado varios desplazamientos forzados, uno de los más recientes fue un grupo de firmantes del acuerdo de paz y sus familias que se vio obligado a desplazarse del Núcleo de Reincorporación en Mesetas, Meta. La intensificación de los enfrentamientos entre las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’ hizo insostenible su permanencia en la zona. El Consejo Nacional de Reincorporación se pronunció sobre la situación, señalando que, a pesar de los esfuerzos por construir una nueva vida en la vereda Nueva Esperanza, los riesgos para los firmantes se han intensificado al punto de obligarlos a abandonar sus hogares. “Tras 8 años de construir vida y reconciliación en la vereda Nueva Esperanza del municipio de Mesetas, firmantes de paz, niños, niñas y personas mayores deben salir para preservar sus vidas. ¡No hay condiciones de seguridad para mantenerse allí! En camiones, gestionados por la misma comunidad, se embarcan enseres, infraestructura y cosecha de los proyectos productivos y anhelo de una tierra de la que no tengan que salir”, comunicó el Consejo. El desplazamiento forzado no solo afecta a quienes han dejado la zona, sino que también expone los desafíos que enfrentan los firmantes del Acuerdo en su proceso de reincorporación. En varias regiones del país, la violencia sigue siendo una amenaza latente, especialmente en territorios donde se disputan el control los grupos armados ilegales. Ante esta crítica situación, 24 de los firmantes desplazados han insistido en su solicitud al Gobierno Nacional de tomar medidas urgentes para garantizar su seguridad y el respeto a sus derechos fundamentales. Denuncian que la comunidad enfrenta un grave riesgo de desplazamiento forzado, una realidad que, según ellos, ha sido ignorada por las autoridades desde que fue reportada el 17 de febrero. “Como firmantes del Acuerdo Final de Paz y habitantes del NAR Libertad Simón Trinidad en situación de inminente desplazamiento forzado, queremos manifestar nuestra gran preocupación y angustia ante la opinión pública, dada la falta de compromiso y presencia del Gobierno Nacional y de las entidades encargadas de la implementación del Acuerdo Final y de garantizar los derechos de la población en reincorporación”, expresaron en un comunicado emitido el pasado 22 de febrero. A pesar de haber sostenido reuniones con representantes gubernamentales y autoridades locales, los firmantes aseguran que no se han implementado soluciones efectivas para abordar la crisis. En particular, denuncian la ausencia del Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV), mecanismo clave para coordinar la respuesta gubernamental frente a situaciones de violencia y desplazamiento. “Hemos puesto en conocimiento nuestra situación desde el 17 de febrero, pero no hemos recibido una respuesta efectiva ni la conformación del PMUV, que es esencial para la protección y seguridad de nuestra población”, enfatizaron. Cabe resaltar que el Meta no es la única zona donde los firmantes del acuerdo han sido víctimas de desplazamientos y amenazas. En Catatumbo, 194 excombatientes se vieron obligados a abandonar sus hogares, mientras que 174 más permanecen confinados. Nueve de ellos están desaparecidos y seis han sido asesinados. En junio de 2023, las disidencias lideradas por alias ‘Calarcá’ forzaron a los habitantes del Espacio Territorial de Capacitación y Normalización de Miravalle (Caquetá) a huir. En un panfleto, los firmantes fueron estigmatizados y señalados de colaborar con la Segunda Marquetalia, lo que los puso en inminente peligro. La amenaza era clara: debían abandonar el territorio, que sería convertido en un escenario de confrontación armada. Los firmantes desplazados de Mesetas han reiterado su llamado de auxilio: “Comprendemos que muchos territorios del país están envueltos en dificultades humanitarias y de orden público, pero no se olviden que 25 hombres y mujeres que dieron su firma por la paz de Colombia, junto con sus familias, acaban de sufrir un desplazamiento forzado y también merecemos su atención”. Con un panorama cada vez más crítico, las organizaciones que acompañan el proceso de reincorporación insisten en que es urgente una respuesta integral del Estado. La seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz no puede seguir siendo una deuda pendiente.