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Por: Katerin Erazo, Periodista El Gobierno del presidente Gustavo Petro designó a Lena Estrada Añokazi como la nueva ministra de Ambiente, convirtiéndola en la primera mujer indígena en ocupar este cargo en la historia de Colombia. Su nombramiento, efectivo a partir de marzo de 2025, podría estar reflejando el compromiso del Ejecutivo con la participación de los pueblos indígenas en la agenda climática y ambiental del país. Estrada, perteneciente al pueblo Uitoto Mekana y originaria de La Chorrera, en el Amazonas, es politóloga de la Universidad Nacional, con estudios de maestría y doctorado en sostenibilidad en la Universidad Politécnica de Cataluña. Su trayectoria ha estado marcada por una activa participación en negociaciones internacionales sobre cambio climático y biodiversidad, así como en la defensa de los derechos territoriales de las comunidades indígenas. A lo largo de su carrera, ha trabajado con organizaciones como la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac). Además, ha asesorado políticas de ordenamiento territorial y sostenibilidad en cooperación con organismos como la Unesco. En el sector público, Estrada ha ocupado cargos en la oficina de Asuntos Indígenas de la Gobernación del Amazonas y en la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior. En 2022, se vinculó al Ministerio de Ambiente como consultora en temas de educación ambiental y participación ciudadana. Posteriormente, en 2024, se convirtió en la primera mujer indígena en dirigir la Academia Diplomática ‘Augusto Ramírez Ocampo’, fortaleciendo la representación étnica en la política exterior del país. El liderazgo de Estrada en la cartera de Ambiente llega en un momento crítico para la Amazonía, una región que enfrenta una creciente deforestación y cuya protección es fundamental para la estabilidad climática global. Entre sus principales retos está la implementación del decreto que otorga a las autoridades indígenas facultades en la gestión ambiental de sus territorios, una medida que ha generado debates sobre su aplicación y posibles implicaciones en actividades extractivas. Además, su gestión coincidirá con eventos clave en la diplomacia ambiental, como la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP30), que se celebrará en Belém do Pará, Brasil. Su experiencia en espacios multilaterales será crucial para fortalecer la presencia de Colombia en estos escenarios y para avanzar en políticas que integren el conocimiento tradicional indígena con estrategias de conservación. El nombramiento de Estrada también podría estar respondiendo a la línea del Gobierno Petro de incluir a líderes indígenas en altos cargos, como ya ha ocurrido con la embajadora ante la ONU, Leonor Zalabata, y el viceministro de Agricultura, Polivio Rosales. La designación de una ministra proveniente de la Amazonía subraya la prioridad del Ejecutivo en la lucha contra la crisis climática y el reconocimiento del papel de los pueblos indígenas en la preservación de la biodiversidad. Organizaciones ambientales y líderes indígenas han celebrado su llegada al Ministerio, destacando su formación académica, experiencia en política ambiental y capacidad para articular el conocimiento ancestral con los desafíos globales. Sin embargo, también deberá demostrar su capacidad de gestión en un sector donde la implementación de políticas enfrenta resistencias y desafíos estructurales. El 2025 será un año determinante para la agenda ambiental de Colombia y para la gestión de Lena Estrada, quien asume el reto de consolidar avances en protección del territorio, diplomacia climática y participación comunitaria en la toma de decisiones. Su liderazgo en el Ministerio de Ambiente marcará un precedente en la historia del país y en la reivindicación de los derechos indígenas en el ámbito de la política pública.

Por: Redacción Pares El paramilitar Francisco Villalba era el testigo clave en el caso que se le seguía a Alvaro Uribe Vélez por la masacre del Aro en Antioquia en donde fueron asesinados 15 campesinos. Un líder como Jesús María Valle le advirtió una y otra vez al entonces gobernador que estaba a punto de perpetrarse esa masacre por parte de los paramilitares pero Uribe, impulsador de las CONVIVIR, en vez de tomar cartas en el asunto decidió estigmatizar a Valle quien sería asesinado el 28 de febrero de 1998. Villalba estaba condenado a 33 años de prisión, en el año 2009 sale de la cárcel cumpliendo sólo un cuarto de su condena. 22 días después de estar en libertad lo asesinaron. Sobre lo que ha rodeado a testigos en los casos en los que ha sido investigado Alvaro Uribe se ha hablado en columnas de Daniel Coronell, y en los principales periódicos del país. En el juicio que se le está siguiendo al expresidente el abogado Miguel Angel del Rio denunció este lunes 3 de marzo que habían amenazas contra Juan Guillermo Monsalve, su mamá y su hermana.   En un centro comercial en Bello Antioquia, en el año 2018, fue asesinado Carlos Areiza, un hombre que había estado relacionado con la mafia y los paramilitares y que era el testigo clave que se le seguía a uno de los hombres más respetados por Uribe, Luis Alfredo Ramos, ex gobernador de Antioquia condenado por su cercanía con paramilitares. Areiza, tal y como lo confirma Verdad Abierta, sabía que lo iban a matar. Así se lo hizo saber a este medio en una entrevista dada en el 2016. En el momento en el que lo asesinaron acababa de salir libre después de pagar una condena en la cárcel de Itagui. Areiza había atestiguado contra Luis Alfredo Ramos pero misteriosamente cambió la versión luego de que el expresidente Uribe lo señalara de haberse dejado manipular por el senador Iván Cepeda. En esa entrevista con Verdad Abierta había dejado claro que hablaría sobre lo que más sabía, sobre lo que estaba documentado: los nexos entre paramilitares, políticos antioqueños y militares.   Pero no pudo hablar porque lo mataron. Tenía 37 años. La Corte Suprema de Justicia le ordenó que se le diera protección pero nadie movió un dedo. Uribe si movió su mano para trinar. Recién se conoció la noticia el expresidente publicó lo siguiente: “Carlos Areiza era un bandido, murió en su ley. Areiza es un buen muerto”. Estas declaraciones despertaron una tormenta política contra el expresidente quien se convirtió en el primero, con ese rango, en ser llevado a un juicio por manipulación de testigos. Monsalve y otros testigos del caso Uribe han denunciado constantemente acoso por parte de la defensa del ex mandatario y han hecho público que temen por sus vidas.

Por: Iván Gallo - Editor de Contenidos Ocho días antes de que lo asesinaran José Antequera estaba dando unas conferencias sobre derechos humanos en una universidad en Montería. Allí un agente del DAS que lo conocía desde sus días de juventud en Barranquilla le advirtió “Hermano, usted no puede salir de acá. Lo van a matar hoy mismo, descubrimos el plan” Así que tuvo que esperar toda la noche en el claustro y salir en las primeras luces del día fuertemente custodiado. En ese momento, finales de febrero de 1989, ya habían sido asesinados 710 miembros de la Unión Patriótica. Al llegar a Bogotá las noticias no eran buenas. Maria Eugenia, su esposa, le contó que habían asesinado en esa mañana del 27 de febrero a Teófilo Forero, quien fungía como secretario nacional del Partido Comunista. Esa noche fueron al velorio. En ese momento se enteró que sería el reemplazo de Forero como líder comunista. Un nudo se le hizo en la garganta a María Eugenia.   A José lo había conocido en 1974, cuando ella estudiaba derecho y él recién llegaba de Europa. Era un niño bien de Barranquilla, hijo de un reconocido abogado y ella había nacido en Popayán pero su familia la llevó a vivir a Barrio Abajo en Curramba. Era un niño bien pero no le gustaban las injusticias, por eso gritaba verdades en la OIT. Una tarde de ese año hubo manifestaciones frente a la universidad del Atlántico. José y Maria Eugenia fueron detenidos y los metieron en una tanqueta de la policía. Allí se enamoraron.   Tuvieron dos hijos y se fueron en 1979 a Bogotá, a vivir al barrio Timiza. José, mientras luchaba por un mundo mejor, no se ocupaba de las cosas prácticas como por ejemplo mantener con un sueldo a su familia. De eso se encargaba María Eugenia. En los ochenta se intensificaron las luchas sociales y en 1985 Belisario Betancourt le dijo sí a entrarle con toda a un acuerdo de paz con las FARC. Nace entonces en ese año la Unión Patriótica, un movimiento que servía para probar que la lucha armada podía quedar atrás a la hora de pensar en el cambio que necesitaba el país. También había una salida democrática. Sin embargo grupos paramilitares y narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha, a quien le corría por las venas la sangre de la ultraderecha, decidieron jurársela a los miembros de la UP. El plan era exterminarlos. En 1987 asesinaron a su máximo dirigente, Jaime Pardo Leal. Un año después se realizó en Colombia la primera elección popular de alcalde. En el rico pueblo de Segovia, en Antioquia, bendecido por la prosperidad  -y la avaricia- que trae el oro, eligió a una mujer miembro de la UP como alcaldesa. La respuesta de los grupos paramilitares fue realizar una masacre donde murieron 55 personas. Ahí les dejaban claro el mensaje. No había oportunidad “para esos guerrilleros de mierda”.   Con ese tipo de mensajes le llegaban los sufragios a José Antequera. Ya vivían en el barrio Pablo VI y creían que, si bien a esa altura de 1989, ya habían sido asesinados 710 miembros de la colectividad, la muerte no los tocaría. Por eso elevaba su voz, sin ningún miedo y más firme que nunca, contra los grupos paramilitares que azotaban lugares como el Magdalena Medio.   El 3 de marzo de 1989 José Antequera se disponía a tomar un avión hasta su ciudad, Barranquilla. En la sala de abordaje se encontró con el entonces precandidato liberal a la presidencia Ernesto Sampér. Cinco hombres dotados de metralletas dispararon sobre Antequera. Algunas balas alcanzaron a herir a quien fuera en 1994 presidente de Colombia. Antequera fue impactado 27 veces. Lo alcanzaron a llevar de urgencias a un hospital pero los médicos no pudieron hacer nada.   Las investigaciones sobre su asesinato no llegaron a ninguna parte. En el 2023 el Estado Colombiano fue declarado culpable del delito de genocidio contra los miembros de la UP. Se estima que en total fueron 5.000 las personas asesinadas por haber militado en ese partido. Su hijo, José Darío Antequera Guzmán, ha sabido mantener su nombre vivo. Porque José Antequera está más vivo que nunca.

Por: Redacción Pares El 29 de diciembre del año 2024 Colombia tuvo una de sus habituales noticias devastadoras. En Aguachica, César, se reportaba una noticia incomprensible. Mientras celebraban el último día del año la familia del pastor Yamith Lora, compuesta por su esposa, Yurlay Rincón, sus hijos Angela Natalia y Santiago, fueron acribillados mientras esperaban un almuerzo en ese restaurante. En el momento en el que se hizo viral la noticia comenzaron las conjeturas. Se llegó a afimar que Angela Natalia, su hija, quien era periodista, había recibido previamente amenazas en su contra por supuestamente llevar a cabo una investigación contra miembros del Clan del Golfo. Con el transcurrir de las semanas los rumores se profundizaron y se llegó a afirmar que el Pastor tenía vínculos con Alexander González Pérez alias “El Calvo”, un supuesto narcotraficante del Caribe quien fue asesinado el 27 de diciembre del 2024. Pero todo se aclararía casi tres meses después de lo ocurrido.   Se trató de una lamentable equivocación. Los asesinos iban detrás de la viuda de Gónzalez Pérez quien se llamaba Zaida Andrea Sánchez Polanco, mejor conocida por su alias de “La Diabla”. Ese 29 de diciembre se llevaba a cabo el velorio de “El Calvo”. Cinco presuntos sicarios que corresponden a los nombres de Jairo Andrés Miranda Ramírez, José Miguel Leal Rodríguez y Jorge Luis Valderrama Cuba, tenían la misión de seguir a la “Diabla” y asesinarla. No tenían una fotografía, sólo dos características, que vestía pantalón negro y camiseta blanca y que era atractiva. “La Diabla” estaría rodeada de escoltas así que la orden era asesinar al circulo que la acompañara. Angela Natalia Lora estaba en el lugar y con la indumentaria inadecuada. Los sicarios, apenas la vieron en el restaurante, al que fueron después de realizar los oficios religiosos que eran su negocio, los atacaron y los mataron.   Lo que han revelado las investigaciones es que “La Diabla” estaba entrando al lugar en el preciso momento en el que los hombres comenzaron a disparar contra el pastor y su familia. A “La Diabla” la acompañaban dos de sus escoltas quienes se entrelazaron en una balacera contra los sicarios que, al constatar su presencia se dieron cuenta que habían matado a una familia por equivocación.   A Zaida Andrea Sánchez el brazo de la muerte la alcanzó el 22 de enero del 2025 a las 7:30 de la noche frente a un hotel del barrio el Naranjal en Medellín donde se ocultaba junto con su hijo. Justo cuando se bajaba de una camioneta fue abordada por sicarios. Ella había sido señalada como una figura clave en las investigaciones del múltiple homicidio. El pasado 4 de marzo un juez penal de control de garantías en Aguachica impuso medida de aseguramiento contra los supuestos sicarios anteriormente señalados. Aún está en etapa de investigación las razones por las que se ordenó la muerte de “La Diabla” y quien es alias “El Calvo” Lo cierto es que el misterio ha terminado y el asesinato del pastor y su familia se debió a una equivocación.

Por: Línea de Paz, Seguridad y Derechos Humanos Pensar que Javier Milei quiso borrar en Argentina la palabra feminicidio... En el 2023 se registraron 85 mil asesinatos de mujeres y niñas. La mayoría de estos crímenes lo cometió alguien cercano. Un esposo, un tío, un papá. Con un panorama tan amenazador durante el confinamiento de la pandemia las llamadas de emergencia dadas por mujeres reportando agresiones se dispararon. En este contexto, el negacionismo de las VBG no es solo una postura ideológica, sino una estrategia política para desmantelar derechos conquistados, y así, perpetuar un modelo de sociedad en el que la violencia de género sigue siendo una herramienta de control y opresión.   El siguiente informe analiza la situación de VBG y homicidios contra lideresas sociales en Colombia, destacando cómo discursos negacionistas amenazan los derechos de las mujeres. Asimismo, examina la intersección entre VBG y conflicto armado, revelando el papel del patriarcado y la desprotección estatal en la perpetuación de estas violencias. Para esto, se enfoca en la situación específica en departamentos como Nariño, Antioquia, Cauca y Norte de Santander, resaltando los desafíos y riesgos que enfrentan las lideresas en cada región.   A pesar de todas las alertas las cifras están al alza. Según el SIEDCO de la Policía Nacional, en el año 2024 se reportó un total de 30.881 casos de delitos sexuales en Colombia, lo que implica un aumento del 10% respecto a los 28.053 casos registrados en 2023, resaltando que, para estos dos años, en más del 80% de los casos las víctimas fueron mujeres. Sin embargo, en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) se registraron 42.167 casos de violencia sexual en el año 2023, es decir, casi un 50% de casos más que los que registró la Policía ese mismo año.   Estas cifras hay que revisarlas con pinzas teniendo en cuenta estos tres factores que se presentan en Colombia: 1. El miedo a denunciar. 2. Es imposible medir las agresiones sexuales en medio de un conflicto armado. 3 El número nunca puede dimensionar el verdadero sufrimiento que han padecido estas mujeres.   A partir de los datos del SIEDCO específicamente sobre mujeres víctimas de delitos sexuales, se evidencia que el 26% son mujeres adultas, seguido de las jóvenes (entre los 14 a 17 años) con el 31% y las niñas menores (de 0 a 14 años) con el 29%, con un 13% de casos en que no se registra grupo etario. Esto evidencia las menores de edad representan el 60% de las víctimas de los delitos sexuales. Esto está en concordancia con el dato de que el acto sexual con menor de 14 años es el delito sexual más recurrente durante el 2024.   La intersección entre las VBG y el conflicto armado en Colombia evidencia cómo la guerra no solo amplifica las agresiones contra las mujeres, sino que también transforma sus cuerpos y sus vidas en escenarios de disputa y control territorial por parte de actores armados. Las dinámicas del conflicto han institucionalizado la violencia sexual como una táctica de guerra, utilizada por los actores armados para imponer su dominio territorial, desmoralizar a comunidades enteras y castigar a aquellas mujeres que desafían su autoridad.   Las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, enfrentan un doble riesgo como consecuencia de la combinación de la violencia estructural de género, y la violencia dirigida específicamente hacia ellas por su rol de liderazgo, ya que, se ven expuestas tanto a violencias sociopolíticas vinculadas a su labor, como a VBG las cuales atraviesan de manera trasversal su posición como mujeres y como lideresas.     El Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA), identificó que entre los años 2018 y 2024, se perpetraron un total de 158 asesinatos en contra de mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos en Colombia. A partir de estas cifras, se evidenció una tendencia fluctuante, con periodos de aumento y disminución que reflejan la complejidad de este tipo de violencia. En 2018 se registraron 10 asesinatos, cifra que se duplicó en 2019 con 24 casos, y alcanzó su punto más álgido en 2020 con 33 homicidios. Esta tendencia cambiaría después de pandemia.   Es preciso señalar que, aunque las cifras registradas evidencian un patrón de violencia constante, es importante reconocer los obstáculos estructurales del registro, ya que no hay certeza de una visibilización total y completa sobre los homicidios a liderazgos sociales, y a su vez a liderazgos femeninos, debido a las limitaciones propias del fenómeno, y al débil reconocimiento del liderazgo femenino como consecuencia de la violencia estructural de género.   Este informe le pone la lupa a la situación de violencias basadas en género en los departamentos de Nariño, Antioquia, Cauca y Norte de Santander, departamentos con presencia durante décadas de grupos armados que se han opuesto a cualquier tipo de liderazgos, sobre todo si son las mujeres las encargadas de ejercerlos.   El informe además señala quienes son los encargados de proteger a las lideresas y que dificultades se han tenido para que se cumpla esto con éxito. Al final del texto se dan recomendaciones para ayudar a que las mujeres no sigan siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres, algo que negacionistas como Milei y la nueva tropa de machos quieren borrar para siempre.

Por: Katerin Erazo, Periodista En un esfuerzo por impulsar el desarrollo en los territorios más afectados por el conflicto armado, el Gobierno nacional aprobó la asignación de 600 mil millones de pesos para financiar 160 proyectos en nueve municipios incluidos en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). El anuncio fue realizado por el director de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), Raúl Delgado, durante una jornada de mesas comunitarias en Puerto Asís, Putumayo. Estos proyectos, que buscan fortalecer la infraestructura y el bienestar en las comunidades, contarán con recursos provenientes de diversas fuentes, incluyendo el Presupuesto General de la Nación, el Sistema General de Regalías, Regalías para la Paz y el mecanismo de Obras por Impuestos. Dentro de las iniciativas aprobadas, 24 tienen un enfoque étnico, beneficiando a comunidades indígenas y ratificando el compromiso del Gobierno con la inclusión y el respeto por la diversidad cultural. En paralelo, la ART anunció la destinación de 20 mil millones de pesos para la subregión Alto Patía Norte, en el departamento del Cauca. Este financiamiento beneficiará a poblaciones afro e indígenas de 24 municipios, entre ellos Argelia, Balboa, Buenos Aires, Caldono, Corinto y Toribío. Los recursos, gestionados a través del OCAD Paz, respaldarán 13 proyectos diseñados con la participación de autoridades étnicas en el marco del Mecanismo Especial de Consulta (MEC). Según Delgado, esta iniciativa responde a la necesidad de cerrar brechas históricas y garantizar una atención diferenciada para las comunidades. Estas inversiones en Putumayo y Cauca se suman a los recursos ya aprobados en 2024 por el OCAD Paz, que destinó un billón de pesos para proyectos en 13 de las 16 subregiones PDET. Con estas acciones, se espera que el Gobierno cumpla con sus metas y su apuesta por la transformación territorial y la construcción de paz en las zonas más golpeadas por la violencia y la exclusión.

Por: Redacción Pares En octubre del año pasado el gobierno Petro logró lo que ningún otro gobierno había conseguido en cuarenta años, retomar el Plateado. Uno de los objetivos claves para la Fuerza Pública era la recuperación de la vereda La Hacienda, en donde la columna Carlos Patiño de la disidencia de las FARC se hacía fuerte. La comunidad, acosada por esta estructura armada, realizó una asonada el pasado jueves 6 de marzo en donde no sólo busca expulsar a las tropas del ejército sino que secuestró a 28 policías y un militar. Es bueno recordar la importancia que ha tenido este lugar para las FARC.   En el cañón en donde está ubicado El Plateado, corregimiento de Argelia, se concentra el 75% de los cultivos de coca en el Cauca. Son, según el informe de cultivos ilícitos de la ONU, unas 10 mil hectáreas cultivadas. Pero la gente en terreno sabe que pueden ser 30 mil. Uno de los primeros trinos de Gustavo Petro como presidente fue la promesa de que haría este lugar en el gran laboratorio de sustitución de cultivos.   El Plateado está ubicado en lo que los argelinos llaman “la parte baja”. Está al norte, por donde desciende el río San Juan del Micay que forma un cañón en medio de la cordillera Occidental en su camino al Pacífico. Un cañón que se ha convertido en una de las regiones cocaleras más grandes del país, que concentra el 75 por ciento de los cultivos de coca en el Cauca. Acá quedan por lo menos 15 laboratorios de cocaína. Estratégicamente esta región montañosa es inmejorable: desde este lugar, navegando por los intrincados ríos Micay o Joaquín, se puede llegar directamente al Océano Pacífico y, en lanchas rápidas, dejar en mar abierto la coca que se consume en los Estados Unidos.   Las Farc llegó acá en 1982. Pero la historia del Plateado arrancó en los años cincuenta. Su poblamiento se lo deben a un señor afro y evangélico llamado Miguel Zapata. Su posición geográfica, que lo convertía en un enclave, era una especie de cruce de caminos de mula en pleno corazón del Cañón del Micay. Hasta los años 70 era un pueblo común y corriente dedicado a los cultivos de arroz de secano, cacao y caña, pero empezaron a llegar los blancos de departamentos que lo colindaban como Nariño, Cauca, Valle y el Eje Cafetero. Poco a poco la población empezó a crecer hasta tener cerca de 12 mil habitantes. Según el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Juan Manuel Torres, en los años ochenta El Plateado era un caserío de unas 100 casas, hoy en día tiene 2.000. Buena parte de su infraestructura, que contiene una escuela para 1.200 estudiantes, se hizo al margen del Estado, por iniciativa de la misma comunidad. Hay un dato relevante, según el sociólogo José María Rojas, su planificación urbana, de calles anchas, parece hecha por los rusos.   Con la llegada de los blancos aparecieron las primeras plantas de coca. Desde entonces diversas especies de la planta se han dado en este lugar. La riqueza de su tierra ha sido su maldición, como en tantas otras partes de nuestra geografía. En 1982 aparecen las FARC. Se da, según Juan Manuel Torres, después de la Octava Conferencia de esta guerrilla. Su poder creció todavía más a mediados de la década del noventa, cuando se conformó el frente 60. Hasta el 2007, con la ofensiva desplegada por la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, se vino a instalar un primer puesto de policía. Sin embargo la policía estuvo hasta el año 2015. La llegada de la policía al Plateado vino de la mano con el arribo de grupos armados como Los Rastrojos, que entraron en el municipio de Argelia y se apoderaron de la parte alta, después de una fuerte confrontación con el 60 Frente de las FARC-EP. Salieron derrotados y murieron cientos de paramilitares. Otro grupo armado, el ELN, empezaría a tener influencia en la zona desde el 2011, a través del frente José María Becerra. Los sucesivos ataques de la guerrilla terminaron sacándola, acaso para siempre. El exitoso proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos hizo que en este corregimiento se vivieran unos meses tranquilas entre el año 2016 y 2017. Sería una calma chicha.   A pesar de que se ha desplegado la Operación Trueno de las Fuerzas Armadas para diezmar su influencia,  ahora el que manda es el frente Carlos Patiño de las EMC. El 1 de noviembre del 2023 se conoció que el cabecilla de este frente, Oscar Eduardo Sandoval, alias “El Mocho”, dio la orden a la comunidad de escupirle a los uniformados que vieran. Los acercamientos del gobierno de Gustavo Petro, en el contexto de los diálogos de paz, permitió que hubiera algo de presencia estatal a raíz de las elecciones de octubre del 2023. Periodistas de medios como La Silla Vacía o El Espectador constataron que en esta parte del país mandan las disidencias. Es común ver afiches en la calle de Manuel Marulanda Vélez, el mítico comandante de las FARC.   Según un reportaje publicado por el diario El Espectador este domingo 17 de marzo, el control de las EMC es tan absoluto que le exigen a los pobladores cédulas comunitarias expedidas por la misma organización armada. Ellos son los que controlan el impuesto de la gasolina, “de cultivos y hasta el de carreteras, que pagan casi todos para mejorar esa trocha; además, regula los más de quince laboratorios de procesamiento de pasta base y las cuatro estaciones de gasolina que se alcanzan a contar en los casi 150 kilómetros de camino que recorrimos. Es el custodio, amo y señor” se asegura en el reportaje de El Espectador publicado en el 2024.   Todo esto cambió en octubre del 2024. La Hacienda había vuelto a ser del ejército. Pero la columna Carlos Patiño estaría detrás de la presión que llevó a atacar el pasado 6 de marzo a provocar una asonada para hacer retirar las tropas de la vereda La Hacienda.   Ya se estableció un PMU donde se espera establecer un puente entre organizaciones internacionales y buscar un acercamiento con las comunidades y lograr la liberación de los uniformados. En los disturbios una tanqueta fue incinerada y nueve civiles resultaron heridos. El Plateado es uno de los leños en donde el incendio la guerra no para de arder.

Por: Redacción Pares Está claro que la defensa de Alvaro Uribe Vélez no quiere que este sea juzgado por Sandra Liliana Heredia. Son dos las tutelas que han caído contra ella en un intento por dilatar el juicio que se le lleva al expresidente. La última de ellas se presentó el pasado 28 de febrero. Jaime Granados presentó una tutela contra la jueza Sandra Heredia, la segunda a la que debía responder en lo que va del año. Lo que expresa la defensa en este documento es “proteger los derechos fundamentales del exmandatario, que considera violados durante las audiencias. Granados además expresó lo siguiente: “La continuación de esta audiencia, como manifesté ayer, se hace bajo la más enérgica y respetuosa protesta de la defensa, tanto técnica como material”.   Los legajos de documentos presentados por la defensa del expresidente se acumulan hasta formarse un cataparcio. Cada uno de ellos pretende ser una prueba para detener el proceso. Lo cierto es que a la jueza no le tiembla la voz a la hora de hablarle fuerte a Uribe quien lleva más de veinte años consecutivos hablandole a la gente en tono imperativo. En uno de los apartes de la audiencia se escucha al expresidente intentar buscar mostrarse como un hombre sencillo, casi que de campo, usando este tipo de argumentos: “Mi papá era un campesino de alpargata, cafetero humilde de las tierras altas de Antioquia”. A lo que la jueza, usando la potestad que tiene, le corta las palabras y le dice lo siguiente: “Limítese a contestar lo que se le pregunta en el marco de la imputación, no vino a hacer aquí un discurso político, ni nos interesa su biografía”.   La trayectoria de Heredia está fuera de discusión. Comenzó hace veinte años en el Tolima. Su nombre ha sido reconocido en informes de gestión como parte del Comité Seccional de Género de Bogotá. Sus fallos demostraron ecuanimidad y el compromiso con la causa de encontrar justicia para los culpables de delitos de género. Es decir, su actuación hasta ahora en la justicia colombiana ha sido intachable.   Alvaro Uribe Vélez no está siendo juzgado por algún caso que tenga que ver por conformación de grupos paramilitares, el expresidente está respondiendo a la justicia por el delito de manipulación de testigos para hablar en contra del senador Iván Cepeda. Algunos de estos testigos, como Juan Guillermo Monsalve, quien trabajó desde que era muy niño en la Hacienda Guacharacas, propiedad de los Uribe Vélez, afirman que en dicha hacienda se creó el Bloque Metro de las AUC. Hay que recordar una y otra vez que este caso prescribe el próximo 7 de octubre y que está claro que a punta de tutelas la defensa del expresidente está intentando dilatar lo más que pueda los tiempos y así lograr el beneficio de la prescripción.

Por: Redacción Pares  El pasado miércoles 5 de marzo el presidente Gustavo Petro le entregó el galardón que reconoce como el empresario del año a Jaime Gilinski. Cualquier tipo de especulación que se haga sobre la relación entre el presidente y el banquero dueño de Servivanca quedó aclarada luego del gesto cordial con que ambos se saludaron frente a una multitud que asistió al evento.    Lo que no se ha podido zanjar es la incomodidad que le produce a Iván Duque el actual presidente. En un gesto de extrema descortesía Duque y su viejo amigo desde la época de la universidad, Francisco Barbosa, el controvertido ex fiscal, abandonaron el recinto una vez Petro tomó el micrófono. Lecturas como la que hizo León Valencia sobre el hecho trascendieron el espectro de la izquierda: “Que Duque y Barbosa se retiraran al momento de hablar Petro muestra que la derecha aún no acepta la alternación política, esencia de la democracia, grave porque fue eso lo que nos metió en un conflicto armado que ha dejado 450 mil muertos”.     Mientras tanto el presidente no le dio mayor relevancia a la descortesía y a través de su red social favorita, X, publicó el video donde se ve a Duque y su amigo Barbosa saliendo del recinto con una frase un tanto jocosa: “ve, ni me di cuenta”.    El desplante fue criticado incluso por Diego Santos, hijo de Rafael Santos Calderón, uno de los directivos de Coosalud y uno de los twitteros que más duro le ha dado al presidente Petro desde que fue alcalde de Bogotá. En un trino Santos afirmó lo siguiente: Con todo respeto.  Por más diferencias que haya con alguien, salirse del auditorio cuando este alguien habla, sobre todo si es el Presidente, solo refleja inmadurez, pequeñez e indignidad.  Hay algo que se llama tener altura, decencia y ser capaz de dar ejemplo de tolerancia de cara a la sociedad. En fin”.    Ante esta amonestación pública Duque hizo algo parecido a la autocrítica al escribir lo siguiente: “Tienes toda la razón”. Desde que fue elegido presidente Iván Duque ha asumido una actitud de distancia y a veces descortés con Petro. Sus críticas a través de redes sociales a los programas banderas del gobierno son reiteradas. Este es un desplante más en una larga cadena de faltas a la educación y al cargo que ostenta Petro.

Por: Redacción Pares  Fue Daniel Samper Pizano quien elaboró una de las crónicas más impresionantes en la historia de nuestro periodismo. Diez años después de la tragedia volvió a Chiquinquirá. Fue a ver qué había pasado con la panadería Nutibara, con el dueño de la misma, con la gente afectada. Porque Colombia no recuerda que una de sus tragedias más terroríficas ocurrió el 25 de noviembre de 1967.     Como recuerda Samper Pizano Chiquinquirá, hace casi sesenta años, amanecía antes que cualquier otro municipio en Colombia. La gente no podía ser más madrugadora. A las cinco de la mañana ya los niños tenían puesto el uniforme y estaban listos para ingresar a la escuela. La iglesia donde hace 500 años se apareció la virgen se colmaba en turnos que iban hasta las nueve de la mañana. Como buenos colombianos en Chiquinquirá se desayuna con pan. En 1967 la mejor panaderia era la Nutibara. El dueño era Aurelio Fajardo y hacía más de una década estaba en el mismo punto, a dos cuadras de la plaza principal. Habían recibido la harina la noche del 24 de noviembre y el panadero que amasaba, Joaquín Merchán, había notado un olor extraño en los bultos. Al tocar la masa se dio cuenta que estaba algo húmeda, cosa que era bastante frecuente. Así que se puso a hacer pan.    Lo que no sabían es que, por un descuido de la empresa que transportaba la harina, había caído sobre ella un frasco entero del veneno Folidol. La empresa que transportaba el veneno se llamaba “Empresas Boyacá”. En ese entonces el envase eran botellas de vidrio. Se transportaba con todo mezclado, sin importar que en el mismo baúl viniera harina para hacer pan. Una de esas botellas de un litro de Folidol se regó sobre la harina. El panadero Merchán no sabía que esa madrugada estaba amasando la muerte.    Sobre las ocho de la mañana varios niños empezaron a caer en las calles de Chiquinquirá. Se los llevaban agonizantes al hospital y en la unidad de urgencias morían. Empezaron a circular rumores, el más fuerte de ellos era que habían envenenado el agua. Sobre las ocho de la mañana, cuando ya se reportaban más de doscientos envenenados en el hospital, Aurelio Fajardo descubrió la verdad. Una niña que probó uno de sus panes lo arrojó a la basura “Sabe feo, está como envenenado” dijo. Fajardo lo olió y descubrió el olor a la muerte. De la desesperación salió a la calle y empezó a gritar como un poseso que no comieran pan, que estaba envenenado.     El hospital de San Salvador se convirtió en esa mañana en una gigantesca morgue. La noticia inmediatamente le dio la vuelta al mundo. La foto de un niño agonizante fue portada de la revista Life, una de las dos más importantes publicaciones de los Estados Unidos. Se contaron hasta 85 niños muertos y diez adultos también perecerieron envenenados. Fueron internados de gravedad unas doscientas personas. La historia sigue despertando el interés de nuevos periodistas como José Monsalve quien hizo, para los Informantes, una impactante nota con alguno de los niños sobrevivientes. Una historia que los años han intentado borrar en vano.

Por: Redacción Pares La misión para el ejército de Colombia era recuperar la Hacienda, una vereda clave para ejercer el control en el Plateado y el Cañón del Micay, un fértil lugar al occidente del país que desde hace treinta años se convirtió en un fortín del frente 60 de las antiguas FARC, copado por el ELN entre el 2016 y el 2018, y luego recuperado por las disidencias FARC.  Desde entonces el Cañón del Micay es una de las rutas más efectivas para sacar coca al Pacífico. Los pobladores están avocados, irremediablemente, al cultivo de la coca. Los planes de sustitución no funcionan. Es que la Carlos Patiño sigue siendo una fuerza influyente y decisiva.   En octubre del 2024 el ejército entró al Plateado en el marco de la Operación Perseo. Fue un hecho histórico. Era asegurarle a la gente que el estado asumiría por fin el territorio. Los ministros incluso entraron con camuflados y cascos y trabajaron desde ahí.  Desde entonces el ejército le ha disputado a los grupos armados palmo a palmo el Cañón del Micay. El pasado 6 de marzo recuperaron un lugar clave, la vereda La Hacienda, pero el ejército tuvo que ver como una asonada, conformada por cinco mil personas, empezaron a atacar a la tropa. Las imágenes se hicieron virales, las tanquetas ardiendo, los pobladores tenían palos e incluso se escuchaban algunos disparos. La fuerza pública resistía de manera pasiva a pesar del peligro y la tensión. La asonada provocó el secuestro de 28 agentes de policía y un mayor del ejército. Un día después llegaron a la zona el ministro del interior, Armando Benedetti, y Pedro Sánchez, ministro de defensa. Con la promesa que no se realizará un programa de erradicación forzada sino que se comprarán unos terrenos y se invitará a la gente a ir pasando de la coca a otros cultivos, con las debidas garantías.   No era la primera vez que la Carlos Patiño usaba a la gente para expulsar del territorio a la Fuerza Pública. Así sucedió en noviembre del 2023. La Patiño puso pie en este lugar del Cauca en el 2017, cuando el ELN empezaba a ocupar el territorio que había abandonado las FARC por sus obligaciones con el acuerdo de paz. Los disidentes, encabezados por Oscar Eduardo Sandoval, alias El Mocho. No fue una irrupción militar, se empezó a hacer política entre la población. Ese año realizó varias reuniones recordándole a la gente que los firmantes de paz, el secretariado de las FARC, eran unos traidores de la causa que asumió durante toda su vida Manuel Marulanda Vélez. Sandoval medía 1.70 y le faltaba un brazo. De la dialéctica pasó a la acción. A finales del 2017 empezaron los combates para ganarle al ELN los territorios de El Plateado y el Mango, tierras que ya se habían convertido en un fortín de la coca.   El Mocho tenía experiencia, era explosivista, francotirador y además le venía bien el trabajo con la población. Por eso empieza a reclutar a gente de la zona para ir engrosando una estructura que ya, al comienzo del 2018 era conocida como la Carlos Patiño, que era el alias de Floresmiro Acosta, ex cabecillo de la antigua Columna Móvil Jacobo Arenas de las FARC. Desde entonces, como un tumor maligno, la Carlos Patiño no ha parado de crecer. Se desataron. Aparecieron en poblaciones como El Tambo, El Patía, repeliendo a los hombres del ELN. El Mocho había ganado la guerra. Esa expansión no se dio en este gobierno, esto ocurrió entre 2018 y 2022, cuando el presidente era Iván Duque. Luego la Carlos Patiño es una de las estructuras que conforman el ya difuso Estado Mayor Central.   A este 10 de marzo la tensión en el Cañón del Micay no baja. Se sabe que ocho miembros de la estructura Carlos Patiño están listos para provocar una nueva asonada en el Cañón del Micay en las próximas horas. El miedo vuelve a ser lo cotidiano en esta zona del Cauca.

Por: Redacción Pares En agosto de 1989, en la plaza de Soacha, fue asesinado por orden de Pablo Escobar y el paramilitar Henry Pérez Luis Carlos Galán Sarmiento. Su posición sobre mantener el tratado de extradición contra los carteles de la droga fue determinante para que se ejectura este crimen. Galán era el precandidato a la presidencia por el partido Liberal con más opciones de ganar las elecciones. El político santandereano se convirtió durante años en la cara más representativa del horror de la guerra que Escobar le levantó al Estado Colombiano.   Por eso muchas personas se preguntaban ¿Por qué la marcha del 8 de marzo tuvo como uno de sus objetivos atacar la estatua de Galán? Esto no se dio de manera aleatoria. En el año 2023, gracias al escritor paisa Sergio Ocampo, se conoció la historia de María Isabel Corredor Barrera, una empleada doméstica que trabajaba en la casa de los Galán Sarmiento y con quien Luis Carlos tuvo un hijo a los 22 años. Ese hijo se llama Luis Alfonso Galán Corredor. Durante años duró Luis Alfonso en una lucha constante intentando ser reconocido como uno de los hijos del líder inmolado. En el libro de Ocampo titulado Las distancias, el escritor hace esta reflexión: “La paradoja absoluta de esta historia es que un hombre no le tuviera miedo a expulsar a Pablo Escobar de su grupo (político) y a mantener un pulso con el narcotráfico como el que le costó la vida, pero sí temiera lo que iban a decir de él las élites bogotanas por haber tenido un desliz con la muchacha del servicio”.   Las distancias justamente habla de eso, de una historia de clasismo, de exclusión, en una época en la que era considerado normal que un joven se iniciara sexualmente con la empleada doméstica. Eso fue una de las razones por las que el pasado sábado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, las feministas decidieron mostrarle al país que las estatuas en este país -en las que por lo general se honra la memoria de un macho- tienen pies de barro. A pesar de que Galán respondió económicamente por su hijo Luis Alfonso no tuvo la voluntad para aceptarlo plenamente en su familia. Carlos y Juan Manuel, los dos hijos que tuvo con Gloria Pachón, han afirmado repetidamente que ellos sabían de la existencia de otro hermano pero igual las distancias siempre se mantuvieron.   El relato de Ocampo, que se realizó después de una investigación que duró años, se muestra como, por el consejo de una bruja a la que visitó en Cali -ciudad a la que la envía la familia de Galán para que la gente de bien de Bogotá no se entere de “la tragedia”-, María Isabel esconde al niño en el campo porque corre el riesgo que se lo puedan quitar. Cada cierto tiempo recibe la visita de Luis Carlos que se va convirtiendo en una figura prominente de la política colombiana. A los 27 años ya era ministro de educación.   El contraste -la distancia- no podía estar más marcada entre ambos. Galán era un abogado de la Javeriana formado para ser presidente, Martha era una campesina boyacense que no sabía leer ni escribir.   Luis Alfonso creció como un campesino, al margen de la política, cercando, ordeñando vacas. La historia la conoció Sergio Ocampo cuando en el 2012 Mincultura le pidió que escribiera un perfil sobre uno de los secretos mejor guardados de la historia del país.   Un secreto que ya es ampliamente conocido y que el movimiento feminista quiso poner al descubierto el pasado 8 de marzo. Más allá de la indignación del alcalde de Bogotá por lo que consideró un acto de vandalismo contra la memoria de su padre, está una verdad irrefutable: los abusos a los que eran -y siguen siendo- sometidas las empleadas domésticas por parte de los niños bien de la casa de mamá y papá.