El joven sicario

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista.

“Lo hice por plata, por mi familia” es una de las cosas que ha dicho el menor de 14 años implicado en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, esto demuestra la cruda realidad que viven la niñez y la juventud empobrecida y es el reflejo de un sistema que ha fallado en su deber de proteger.

Mientras se avanza con las investigaciones del caso, en la opinión pública se ven manifestaciones de indignación y la especulación sobre quién está detrás de este atentado, cosa que considero irresponsable. Sin embargo, pocos se han detenido a pensar en lo que creo más importante y es cómo llega un joven a convertirse en sicario. Porque, como lo he manifestado en columnas anteriores, este joven, como los 463 menores reclutados en Colombia durante 2024, según la Defensoría del Pueblo, es una víctima. Víctima de la pobreza, del abandono institucional, de entornos familiares violentos, de un sistema educativo deficiente y de una sociedad que prefiere castigar en vez de proteger.

El caso de este joven tiene un trasfondo importante, según se ha conocido, ya había sido reportado en 2022 por ser víctima de violencia intrafamiliar, su colegio había emitido alertas por comportamientos agresivos y desde inicios de 2025 tenía una nueva custodia legal. Es decir, el Estado sabía quién era este joven, de hecho, había sido rastreado en programas sociales tanto del gobierno nacional como local, pero desafortunadamente no recibió el acompañamiento necesario.

La realidad es que estamos hablando de niños, niñas y jóvenes que han sido instrumentalizados por redes criminales que se lucran reclutando menores, aprovechando la vulnerabilidad y los vacíos institucionales. El reclutamiento infantil debe ser tratado como una prioridad urgente en todos los niveles de gobierno desde políticas de prevención sólidas y articuladas. Adicionalmente, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescentes, según la Defensoría, presenta graves incumplimientos. Pero más allá del sistema judicial, el problema comienza cuando los niños, niñas y jóvenes no tienen garantías básicas, cuando sus entornos son empobrecidos y violentos, cuando las políticas públicas llegan tarde o no llegan.

Un joven dispuesto a cometer un crimen es el resultado del abandono y la exclusión, escenarios que el crimen organizado ve como una oportunidad de mano de obra desechable. Por ello es esencial desmantelar las redes de reclutamiento, articulando sistemas de prevención desde la escuela, desde el barrio, desde el ICBF, desde los gobiernos. Necesitamos generar alternativas reales y dignas para que ningún joven sea reclutado.

Insisto en que es urgente cambiar la narrativa. No podemos permitir que el amarillismo revictimice. No podemos seguir viendo en cada niño o joven involucrado en un delito una amenaza, cuando lo que tenemos son jóvenes desprotegidos.

* Ojo que a esto se suma la profunda irresponsabilidad de los medios de comunicación en el tratamiento del caso. Coberturas que exponen datos personales o familiares sin el más mínimo filtro de protección y con visiones punitivistas que alimentan el morbo. En redes sociales, se comparten versiones sin confirmar, se estigmatiza y se refuerzan discursos violentos que ignoran por completo la condición del menor de edad. Los medios, y quienes reproducen estas narrativas, están fallando. Necesitamos que se informe con responsabilidad desde un enfoque de derechos humanos.