La complicidad del Estado colombiano con la Chiquita Brands

Por: Germán Valencia

Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia

El 22 de julio de 2025, el juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Antioquia emitió el fallo condenatorio, por concierto para delinquir agravado, contra siete exdirectivos de la empresa multinacional americana Chiquita Brands y su filial Banadex. Ellos fueron: Reinaldo Elías Escobar de la Hoz, John Paul Olivo, Charles Dennis Keiser, Álvaro Acevedo González, José Luis Valverde Ramírez, Victor Julio Buitrago Sandoval y Fuad Alberto Giacoman Hasbún.

A todos ellos, la jueza Diana Lucía Monsalve los condena a penas privativas de la libertad, de manera inmediata, por 11 años y tres meses y al pago de 13.879 millones de pesos, por financiar, entre finales del siglo XX y comienzos del XXI, a un grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que operaba en la región del Urabá y el Magdalena Medio. Con más de 100 pagos, los directivos de la empresa le entregaron a la Convivir de Urabá 1,7 millones de dólares —según cálculos del fallo judicial previo en Estados Unidos—, correspondiente a tres centavos de dólar por caja exportada; además les permitieron entrar armas a través de los puertos.

Todos estos recursos fueron utilizados por los grupos paramilitares para comprar armas y financiar todo lo relativo a la organización. Grupo armado ilegal que fue responsable, entre otros graves delitos, de decenas de masacres, cientos de asesinatos y miles de personas desplazados forzosamente. Es decir, los recursos entregados por la compañía bananera le sirvieron al crimen organizado para crear la tormenta perfecta y generar una ola gigante de violencia y muerte en la región del Urabá; convirtiendo a este territorio en el que porcentualmente tiene más víctimas en el país.

Con esta decisión judicial se está involucrando a la empresa bananera más grande del mundo con el conflicto armado colombiano. Pues el fallo señala que los ejecutivos de la empresa bananera —los tres gerentes que tuvo la empresa entre 1997 y 2004, el director de seguridad de la compañía y los dos contralores de la bananera y de la empresa— actuaron con el permiso de la compañía: estos, según la sentencia, “tenía la facultad para ordenar esos pagos, por delegación que le hicieran sus superiores”, en particular de Dennis Doyle, el presidente de la bananera.

Con el fallo se evidencia el vínculo tan fuerte que tienen los terceros implicados en el conflicto armado del país, en especial los empresarios en calidad de financiadores. De allí la necesidad de considerar en otros procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición a colaboradores y financiadores en la guerra.  Su contribución al crecimiento del conflicto es considerable y hasta el momento se les protege y vincula muy poco en los estrados judiciales.

Pero hasta aquí algo que era evidente y esperado; sobre todo, porque en el exterior ya se habían creado dos fallos donde se condenaba a la empresa Chiquita Brands—uno de ellos en el 2007 y el otro en 2024 por el Tribunal del Distrito Sur de Florida—.  Estábamos ante un largo proceso que llevaba casi 17 años y en el cual las condenas y sanciones no aparecían. Afortunadamente, una valerosa mujer pudo entregar un resultado condenatorio este mes de julio de 2025.

Lo novedoso del fallo judicial fue que dejó planteada la complicidad que existió entre el Estado colombiano y la empresa Chiquita Brands. Advirtió que desde lo local hasta lo nacional se encuentran personas y organismos estatales responsables de lo sucedido. Estos orquestaron o guardaron silencio frente a los hechos de terror. No fue una entrega de dinero a paramilitares donde el único responsable era los empresarios bananeros. El fallo dejó sobre la mesa la idea de que también diversos organismos del Estado participaron en el tema criminal y, por tanto, tienen responsabilidades que aún es necesario investigar.

Entre los responsables están la Gobernación de Antioquia —que para aquel momento estaba liderada por el exgobernador Álvaro Uribe— y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Estos actores estatales le entregaron al grupo criminal los avales para que se constituyera legalmente una Convivir. Les entregaron la personería jurídica y el aval para emitirles las licencias de funcionamiento.

Le sigue en responsabilidad, el Ejército Nacional de Colombia, en cabeza del general Rito Alejo del Río, quien era comandante de la Brigada 17 de este organismo. En la sentencia se señala que la Fuerza Pública sabía tanto de los hechos delictivos que cometía la Convivir como de la fuente y el uso de los ingresos. Al hacer presencia y usar los mecanismos de inteligencia era conocedor de la situación, frente a la cual hizo caso omiso y ayudó poco a proteger a la población.

Igualmente, fue clara la sentencia en que, a pesar de apoyar la investigación, la Fiscalía General de la Nación tiene responsabilidad por descuido. El fallo habla de la responsabilidad de la Fiscalía al mantener en el olvido el caso y abrir el proceso tan sólo hace 11 años. La jueza le reprochó al organismo investigador el no haber inspeccionado las oficinas y cuentas de la empresa, a pesar de que había llegado una denuncia por los pagos a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) desde 2005.

Incluso, deja implícito el documento condenatorio que por omisión también son responsables la Procuraduría, la Contraloría y los organismos locales y departamentales, quienes ante tanta barbarie no denunciaron los hechos o no abrieron ninguna investigación. Entre los entes judiciales está el Consejo Superior de la Judicatura, de quien la juez se queja por falta de apoyo y solo se espabiló “cuando ya el juicio estaba finalizado”.

De esta manera es claro que las responsabilidad de concierto para delinquir no está solo en los siete empresarios condenados y en los directivos de la empresa, también estará, si se sigue investigando, en la intersectorialidad del Estado. Varios de los organismos del Estado  tienen la responsabilidad directa e indirecta, ya sea por su decisión de permitir la creación de empresas criminales, por no hacer nada para proteger a la población, por la falta de denuncia o por la lentitud en investigar y apoyar a los jueces y resolver el caso. Evidenciando con esta situación un claro ejemplo de apoyo interestatal a la criminalidad.

* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.