¿Quién nos va a vender seguridad?

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista.

A un año de las elecciones presidenciales, Colombia vive un escenario donde la violencia toma protagonismo en medios de comunicación. Los múltiples atentados con explosivos, amenazas y ataques a líderes y lideresas políticas y sociales, y el crecimiento de un ambiente de zozobra, especialmente en regiones periféricas forman parte de una tendencia preocupante, y si bien aún no se identifica con certeza quién está detrás de cada una de las acciones violentas, lo delicado es cómo estas situaciones empiezan a ser utilizadas para consolidar discursos políticos autoritarios.

Cuando se instala el miedo, se pone en riesgo la democracia, pues las gentes no eligen desde la convicción, sino desde el terror. Y ahí es cuando ganan terreno los discursos autoritarios. En Colombia, no es la primera vez que se utiliza el miedo como movilizador electoral y la promesa de instalar el orden sirve para lograr que se pida a gritos gobiernos que finalmente terminan violando los derechos humanos, especialmente en los territorios periféricos.

Y esto no sólo hace referencia al atentado contra el senador Miguel Uribe. Tras los hechos, muchos jóvenes de derechas expresaron en redes sociales que nunca pensaron vivir para ver este tipo de violencia, como si fuera una novedad. Esa reacción, profundamente centralista, revela el desconocimiento de lo que es la realidad cotidiana de muchas regiones del país. Según la Misión de Observación Electoral – MOE, entre enero y abril de 2025 se registraron 128 hechos de violencia política, el 44,5 % contra liderazgos políticos. La mayoría ocurrieron en municipios con alta vulnerabilidad institucional, especialmente en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Hablamos de territorios donde la democracia no se vive con garantías plenas, y donde las decisiones electorales se toman, muchas veces, bajo presión.

La violencia se convierte en una herramienta para incidir en política y la derecha más dura la aprovecha para revivir la narrativa de “mano firme y corazón grande”, prácticamente ofreciendo orden a cambio de libertades. Se repiten frases como “con Uribe no pasaba esto” o que “necesitamos un Bukele”, se alimenta la nostalgia autoritaria y se posicionan candidaturas que prometen seguridad inmediata sin importar el costo institucional. Esta narrativa se disputa la atención pública, mientras desplaza del centro del debate las causas estructurales del conflicto y minimizan las propuestas transformadoras.

El deterioro del debate público también suma a esta crisis, profundizado por el uso irresponsable de redes sociales y la difusión incontrolable de noticias falsas, lo que agrava aún más el clima de inseguridad. Además, como ha advertido la MOE, el uso de tecnologías como la inteligencia artificial ha permitido difundir desinformación de forma más rápida y difícil de rastrear, debilitando la confianza en las instituciones democráticas. Frente a este panorama no podemos permitir que el miedo defina nuestra afinidad política, no podemos normalizar la violencia como parte del “ambiente de campaña”; y no podemos seguir ignorando que los territorios más afectados por esta violencia son justamente aquellos donde la democracia debería tener más protección.

Además, el impacto de esta violencia en los derechos humanos es grave. Mientras hay una concentración en los temas de seguridad, se invisibilizan las agendas sociales de mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+ y defensoras de derechos humanos. En contextos violentos, defender derechos puede costar la vida. Y, peor aún, se criminaliza a quienes denuncian, se cuestiona a quienes proponen otras formas de hacer política, y se deja el camino libre para quienes justifican el autoritarismo proponiendo “orden”. Por eso, lo que está en juego no es solo el próximo presidente o presidenta, está en juego un escenario de campañas en donde se olvide que la seguridad no viene con más armas, sino con más justicia social.

Entonces, ¿quién nos va a vender seguridad? Lo harán quienes históricamente han usado el miedo como estrategia de poder, que prometen orden mientras reproducen exclusión, y dicen que quieren protegernos mientras juzgan y reprimen la diferencia. Pero el único discurso de seguridad que vale la pena comprar es el que habla de verdadera justicia social, inversión en los territorios y garantía plena de derechos. Lo demás es fascismo disfrazado y NO PASARÁN.