Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. A un año de las elecciones presidenciales, Colombia vive un escenario donde la violencia toma protagonismo en medios de comunicación. Los múltiples atentados con explosivos, amenazas y ataques a líderes y lideresas políticas y sociales, y el crecimiento de un ambiente de zozobra, especialmente en regiones periféricas forman parte de una tendencia preocupante, y si bien aún no se identifica con certeza quién está detrás de cada una de las acciones violentas, lo delicado es cómo estas situaciones empiezan a ser utilizadas para consolidar discursos políticos autoritarios. Cuando se instala el miedo, se pone en riesgo la democracia, pues las gentes no eligen desde la convicción, sino desde el terror. Y ahí es cuando ganan terreno los discursos autoritarios. En Colombia, no es la primera vez que se utiliza el miedo como movilizador electoral y la promesa de instalar el orden sirve para lograr que se pida a gritos gobiernos que finalmente terminan violando los derechos humanos, especialmente en los territorios periféricos. Y esto no sólo hace referencia al atentado contra el senador Miguel Uribe. Tras los hechos, muchos jóvenes de derechas expresaron en redes sociales que nunca pensaron vivir para ver este tipo de violencia, como si fuera una novedad. Esa reacción, profundamente centralista, revela el desconocimiento de lo que es la realidad cotidiana de muchas regiones del país. Según la Misión de Observación Electoral – MOE, entre enero y abril de 2025 se registraron 128 hechos de violencia política, el 44,5 % contra liderazgos políticos. La mayoría ocurrieron en municipios con alta vulnerabilidad institucional, especialmente en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Hablamos de territorios donde la democracia no se vive con garantías plenas, y donde las decisiones electorales se toman, muchas veces, bajo presión. La violencia se convierte en una herramienta para incidir en política y la derecha más dura la aprovecha para revivir la narrativa de “mano firme y corazón grande”, prácticamente ofreciendo orden a cambio de libertades. Se repiten frases como “con Uribe no pasaba esto” o que “necesitamos un Bukele”, se alimenta la nostalgia autoritaria y se posicionan candidaturas que prometen seguridad inmediata sin importar el costo institucional. Esta narrativa se disputa la atención pública, mientras desplaza del centro del debate las causas estructurales del conflicto y minimizan las propuestas transformadoras. El deterioro del debate público también suma a esta crisis, profundizado por el uso irresponsable de redes sociales y la difusión incontrolable de noticias falsas, lo que agrava aún más el clima de inseguridad. Además, como ha advertido la MOE, el uso de tecnologías como la inteligencia artificial ha permitido difundir desinformación de forma más rápida y difícil de rastrear, debilitando la confianza en las instituciones democráticas. Frente a este panorama no podemos permitir que el miedo defina nuestra afinidad política, no podemos normalizar la violencia como parte del “ambiente de campaña”; y no podemos seguir ignorando que los territorios más afectados por esta violencia son justamente aquellos donde la democracia debería tener más protección. Además, el impacto de esta violencia en los derechos humanos es grave. Mientras hay una concentración en los temas de seguridad, se invisibilizan las agendas sociales de mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+ y defensoras de derechos humanos. En contextos violentos, defender derechos puede costar la vida. Y, peor aún, se criminaliza a quienes denuncian, se cuestiona a quienes proponen otras formas de hacer política, y se deja el camino libre para quienes justifican el autoritarismo proponiendo “orden”. Por eso, lo que está en juego no es solo el próximo presidente o presidenta, está en juego un escenario de campañas en donde se olvide que la seguridad no viene con más armas, sino con más justicia social. Entonces, ¿quién nos va a vender seguridad? Lo harán quienes históricamente han usado el miedo como estrategia de poder, que prometen orden mientras reproducen exclusión, y dicen que quieren protegernos mientras juzgan y reprimen la diferencia. Pero el único discurso de seguridad que vale la pena comprar es el que habla de verdadera justicia social, inversión en los territorios y garantía plena de derechos. Lo demás es fascismo disfrazado y NO PASARÁN.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad En un fallo emitido el jueves 26 de junio, la Sala Plena de la Corte Constitucional indicó que el Consejo Nacional Electoral no tiene facultades para investigar y sancionar administrativamente al presidente Gustavo Petro , tumbando un fallo que el Consejo de Estado hacía un año largo ya había facultado al organismo de control electoral para formular cargos contra el presidente, en el marco de la investigación sobre la presunta violación de topes de financiación en su campaña a la primera vuelta, en 2022. La decisión, que fue secundada por el CNE, le ordena al organismo enviar la investigación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, donde ya cursa un proceso contra el presidente por el mismo tema. Ante la decisión de la Corte, el CNE señaló que acataba el fallo, pero mantuvo la investigación contra el entonces gerente de campaña , Ricardo Roa, y su equipo, quienes siguen involucrados en el proceso. La decisión de la Corte ha reavivado el debate frente al sistema de pesos y contrapesos en el país, junto con la sospecha de que los recientes nombramientos de Vladimir Fernández y Héctor Carvajal como magistrados ternados por el presidente estén incidiendo en las decisiones del Alto Tribunal que, hasta el momento, había mantenido una relación tensa con el presidente. —Una cronología del caso Fuente: El País América Colombia El pasado 8 de octubre de 2024, con la Casa de Nariño teñida de azul como fondo , el presidente Gustavo Petro declaró a la opinión pública que la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de abrir una investigación hacia la Campaña “Petro Presidente 2022” fue el primer paso de un golpe de Estado que se estaba gestando en su contra. En la mañana de ese día, el entonces magistrado César Lorduy, quien era presidente de esa corporación, junto con Álvaro Hernán Prada, dieron una alocución indicando que se abría investigación contra la campaña, debido a una presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales. La acusación del presidente giró luego de que la formulación de cargos por parte del CNE lo incluyera dentro de la investigación por haber sido candidato , lo que activó todo un debate jurídico frente al fuero presidencial y la capacidad que tenía el CNE de investigar al presidente en funciones. La tesis del gobierno (y a la que se adscribieron algunos juristas) indicaba que el único organismo facultado para investigar al presidente era la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, tal cual está referido en los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución Política de Colombia, junto con el artículo 66 de la ley 1952 de 2019. No obstante, el Consejo de Estado, varias semanas antes (6 de agosto de 2024), había emitido un concepto  indicando que el CNE tenía toda la capacidad de investigar al presidente en funciones por irregularidades en su campaña. En caso dado de hallar irregularidades, el CNE debía remitir el caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, aun cuando tiene posibilidad de emitir sanciones administrativas contra el presidente —como multas—, excepto la destitución de su cargo. Así mismo, el CNE se plegó a cierta interpretación del artículo 19 de la Ley 996 de 2005, que reglamenta las campañas presidenciales, y que en ese caso hace responsable tanto al candidato como al equipo de campaña de la correcta presentación de los informes contables y del cumplimiento del régimen de financiación electoral. Tras la decisión del CNE, el gobierno, junto con varios congresistas del Pacto Histórico y organizaciones de la sociedad civil empezaron a organizar estrategias jurídicas para impugnar tanto el concepto que había emitido el Consejo de Estado, como la misma investigación que el CNE seguía llevando a cabo. Inicialmente, el Consejo de Estado falló en contra de varias tutelas por declararlas improcedentes y reafirmar el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Alto Tribunal, tal y como lo emitió un fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo el pasado 16 de diciembre de 2024,  que indicó que la investigación por superación de topes de financiación no estaba cubierta dentro del fuero presidencial. Sin embargo, el 24 de abril pasado, la Sala Plena de la Corte Constitucional ordenó suspender la investigación que estaba llevando a cabo el CNE, luego de que se votara la ponencia del magistrado Vladimir Fernández que solicitaba la suspensión mientras se estudiaba a fondo una de las tutelas que el presidente había presentado contra el concepto del Consejo de Estado y que habían llegado a ese tribunal. Hay que recordar que Vladimir Fernández fue secretario jurídico de la Presidencia entre agosto de 2022 y octubre de 2023, cuando el presidente Petro le ternó para ser magistrado de la Corte Constitucional y terminó siendo elegido por el Senado. Existen presuntas irregularidades en la elección de Fernández , pues según declaraciones de Sandra Ortiz, investigada en el marco del caso de corrupción de la UNGRD, y algunos chats de WhatsApp relacionadas con este hecho, se movieron recursos de la entidad para asegurar que la votación estuviera en el orden del día. Fernández ganó ese día con una mayoría de 88 votos, frente a los 3 que obtuvieron los demás candidatos. La votación para suspender la investigación del CNE en ese momento quedó 5 a 4, a favor de la medida estuvieron los magistrados Juan Carlos Cortés, Cristina Pardo, Miguel Polo Rosero, Vladimir Fernández y Diana Fajardo. Hicieron salvamento de su voto Natalia Ángel Cabo, Paola Andrea Meneses, Jorge Enrique Ibáñez Najar y José Fernando Reyes. Tras la suspensión, finalmente la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió de fondo  y, de nuevo, en una votación reñida, la ponencia del magistrado Fernández terminó imponiéndose, indicando que el fuero presidencial protege en este tipo de investigaciones al presidente de la República y reafirmó que sólo la Comisión de Acusaciones de la Cámara tiene la facultad de juzgar y sancionar al presidente, por lo que tumbó el concepto del Consejo de Estado frente a la capacidad del CNE de investigar y sancionar al presidente, así como tampoco puede formularle cargos. En este caso , los magistrados que votaron a favor de la ponencia fueron Vladimir Fernández, Juan Carlos Cortés, Carolina Ramírez (magistrada auxiliar), Natalia Ángel y Miguel Polo. Por su parte, hicieron salvamento Jorge Enrique Ibáñez Najar, José Fernando Reyes Cuartas, Paola Andrea Meneses Mosquera y Lina Marcela Escobar Martínez. La mayoría de los votos se mantuvo. Solo cambió el voto de la magistrada Natalia Ángel, que en principio fue negativo y luego fue positivo. Por su parte, el voto de la recién elegida magistrada Lina Escobar, quien entró por Diana Fajardo, se decantó en contra de la ponencia. Carolina Ramírez, designada para reemplazar a Cristina Pardo, quien terminó su período el pasado 15 de mayo, mantuvo su voto positivo. Héctor Carvajal, elegido magistrado por el Senado el 21 de mayo, estaba impedido para participar en este proceso . — La tesis del lawfare terminó desvirtuándose con el tiempo, pero es claro que también el equilibrio de fuerzas en el Estado podría estar cambiando. Fuente: Caracol Radio Con las recientes elecciones de Héctor Carvajal y Vladimir Fernández como magistrados de la Corte Constitucional, el gobierno garantizó la presencia de dos figuras cercanas dentro de la Sala Plena del alto Tribunal, e inclinó ligeramente a su favor a una de las cortes cuyas decisiones habían alimentado la idea de que existía un proceso de lawfare en su contra. Siendo así, la Sala Plena quedó compuesta por 2 magistrados de tendencia progresista (Carvajal y Fernández); 3 magistrados de tendencia liberal (Cortés, Reyes, Ángel); y 4 de tendencia conservadora (Meneses, Ibáñez, Escobar y Polo). Aun así, el voto de Miguel Polo Rosero fue fundamental para equilibrar las cargas y evitar que las dos ponencias de Fernández se hundieran. Hay que recordar que Polo Rosero fue elegido con el apoyo del Pacto Histórico, junto con los senadores del Partido de la U y del Partido Liberal cercanos al gobierno , en un proceso que debió repetirse debido a que había aparecido un “voto fantasma” en el momento de la elección. Uno de los argumentos más fuertes de la tesis del lawfare  contra el gobierno Petro estaba en las decisiones que la Corte Constitucional había tomado durante 2024 en contra de sus intereses, entre ellos haber tumbado la ley que daba vida al Ministerio de la Igualdad, así como algunos artículos del PND por vicios de trámite o extralimitación de funciones, junto con la contratación directa con JAC, tumbado porque el gobierno en este caso rompía con el principio de autonomía y descentralización territorial. En ese sentido, durante buena parte del 2024, las decisiones de la Corte Constitucional consolidaron la idea de un bloque institucional en tensión con el Ejecutivo. Sin embargo, tanto la decisión de la Corte Constitucional de devolver a la Cámara de Representantes el trámite de la Reforma Pensional, como haber salvado parte del articulado de la Reforma Tributaria de 2022 en marzo de este año, puede estar indicando un cambio de dirección del Alto Tribunal en su relación con el gobierno, a pesar de que su presidente, Jorge Ibáñez, sigue manteniendo una relación tensa con el presidente Petro. Esto es importante, porque tras la decisión de la Corte frente a la investigación del CNE, los cuestionamientos frente a las presuntas avanzadas del presidente por romper el sistema de pesos y contrapesos institucional se han amplificado. Si bien es claro que se ha configurado últimamente una mayoría dentro de la Sala Plena que ha terminado por favorecer algunas decisiones del presidente, esta mayoría es impredecible y, en últimas, frágil, como lo demuestran votos bisagra como el del magistrado Polo o la magistrada Ángel. Además, porque con la elección de Lina Escobar y la próxima elección de un nuevo magistrado en septiembre para reemplazar a José Fernando Reyes, la corte puede volver a tener una nueva mayoría conservadora que termine por fragmentar y polarizar las decisiones al interior de la Corte, y lleven a que la construcción de mayorías se vuelva más complicada frente a casos que toquen al gobierno nacional. —A modo de cierre: ¿hay erosión en el sistema de pesos y contrapesos? La decisión de la Corte Constitucional frente al alcance que tiene el CNE respecto de las potenciales investigaciones futuras hacia figuras presidenciales en el marco de potenciales irregularidades en la financiación de sus campañas termina por abrir un nuevo camino jurisprudencial que puede terminar redefiniendo el alcance de los equilibrios institucionales del sistema de control electoral. El fallo, si bien fue recibido como una victoria jurídica para el gobierno Petro, sigue perpetuando un problema frente al control efectivo de la financiación electoral a una instancia que ha sido cuestionada por su falta de efectividad en la investigación a figuras presidenciales en el pasado, como lo ha sido la Comisión de Acusaciones de la Cámara. El reto que queda es si la Comisión, en la que el gobierno tiene cierta mayoría de votos y de la que 2 de sus 3 investigadores son del partido de gobierno del presidente, será capaz de emitir una decisión frente al tema en el año que le resta de gestión al gobierno

Por: Andrés Camacho El 28 de abril de 2025, a las 12:33 se produjo un apagón en España, Portugal y parte de Francia y la desconexión del sistema eléctrico del sistema interconectado europeo. Millones de personas se vieron afectadas por el corte de electricidad, el transporte se paralizó, los trenes y metros dejaron de funcionar, los semáforos se apagaron, los servicios de telefonía e internet se interrumpieron así como un sin fin de actividades cotidianas. Este apagón ocurre apenas cuatro días después de realizada en Londres la Cumbre internacional sobre Seguridad Energética, cumbre convocada por la Agencia Internacional de Energía y el gobierno del Reino Unido para analizar los factores geopolíticos, tecnológicos y económicos que afectan la seguridad energética a nivel nacional e internacional, así como analizar las tendencias de la seguridad energética global, el apagón le recordó a europa la importancia de la energía y la alertó sobre las vulnerabilidades actuales en este sector. Como era de esperar, aparte de la reacción inmediata, múltiples fueron las voces señalando la necesidad de ubicar con precisión las causas del apagón, durante las primeras horas algunos especularon con un ataque cibernético, sin embargo, rápidamente el operador de la red eléctrica española descartó que un ciberataque, el director de operaciones de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, afirmó que "no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control" que sugiera un ataque, en todo caso el motivo exacto del apagón no estaba claro, lo cierto es que esa noche el presidente de España Pedro Sánchez señaló que 15 GW de energía, el 60% de la demanda en ese momento, "se perdieron súbitamente del sistema (...) en apenas cinco segundos". Al día siguiente del incidente el congreso de España aprobó dos solicitudes de creación de comisiones de investigación sobre el apagón. La primera, presentada por el Grupo Popular, con el objetivo de examinar las causas del incidente, valorar las medidas de prevención existentes, analizar sus consecuencias y proponer acciones para evitar situaciones similares. La segunda, impulsada por los grupos Socialista y Sumar, acota el objeto a investigar los hechos, responsabilidades y posibles lecciones derivadas de dicha crisis eléctrica. Sin embargo, las especulaciones no se hicieron esperar y nuevamente los discursos agazapados negacionistas del cambio climático aprovecharon la oportunidad para culpar a las Energías Renovables, rápidamente y a la ligera hizo carrera la idea de un exceso de energía renovable en la red como causa del apagón, por supuesto en Colombia los expertos fósiles lo repitieron como loros, “el problema es la energía firme”, “nos va a pasar lo mismo”, “nuestro sistema eléctrico ha perdido su robustez y se ha convertido en inestable y frágil por culpa del exceso de energías renovables”, dijeron, otros más atrevidos señalaron “todo es culpa del fanatismo verde, nuestro sistema eléctrico descansa sobre fuentes intermitentes y poco fiables como las renovables, lo que lo ha convertido en un sistema frágil”, incluso en Colombia alcanzaron a circular articulos manifestando la preocupación de repetir la experiencia de España. Allá y acá se repite la narrativa de los riesgos de las energías renovables. Pues bien, el pasado 17 de junio fueron publicados ambos informes gubernamentales, el resultado de la investigación descarta a las Energías Renovables como causa del apagón, y aclara que el incidente se originó por una sobretensión  que se propagó por la red eléctrica, lo cual provocó una reacción en cadena, donde la desconexión de una instalación generaba la desconexión de otras, confirma un origen multifactorial y descarta un ciberataque. En concreto los hallazgos apuntan a una insuficiente capacidad de control de voltaje en el sistema debido a una programación muy baja programación de centrales de generación síncronas desde la noche anterior 27 de abril, la ocurrencia picos de tensión consecutivas durante el día 28 y una aparente desconexión indebida de centrales de generación de energía en el momento de la respuesta, las renovables no fueron la causa, la desconexión de las plantas renovables fue una consecuencia del apagón. Ambos informes culminan con una serie de recomendaciones, que van desde la revisión y actualización de manuales de operación, cumplimiento de las obligaciones por parte de todos los agentes del sistema eléctrico, así como medidas técnicas que refuercen las capacidades para el control de las variables del sistema. En todo caso, este evento puso en evidencia esas narrativas en contra de las energías renovables y que aquí se manifiestan en el miedo que quieren generar alrededor de la transición energética y el fantasma de un apagón que en Colombia no ha ocurrido pero que usan para asustar, especialmente debido al proceso de Transición Energética en el cual nos encontramos, en el caso de España el país ha experimentado un aumento considerable en la generación de energía renovable, superando por primera vez la producción de fuentes fósiles y nucleares en un año en 2023. La transición energética en España tiene un avance significativo, con un enfoque creciente en energías renovables superando el objetivo de la Unión Europea para 2020 en cuanto a fuentes renovables alcanzando un 22,1%. En el caso de Colombia, nuestra transición energética está en marcha, buscando reducir la dependencia de combustibles fósiles y aumentar el uso de energías renovables, pasando de 0,2 GW a 2 GW durante este gobierno, es decir, multiplicando por 10 la capacidad instalada, con lo cual, la intención de asustar con el riesgo de las renovables en la red, tal como ocurre en España, no se ha hecho ni se hará esperar.

Por: Redacción Pares El juicio que se le sigue al expresidente Uribe por presunta manipulación de testigos está en su recta definitiva. Ayer, jueves 26 de junio, el expresidente se presentó como siempre, vía Zoom, y disculpó la ausencia de su abogado principal Jaime Granados; de su suplente, Jaime Lombana y de su tercer suplente, Franklyn Guevara. El que acompañó a Uribe fue el abogado litigante Barraza quien, como lo recordó Daniel Coronell en su reporte en La W Radio, esta mañana, es apenas el cuarto en la lista y se ocupa de temas casi marginales, como empapelar a los tuiteros que siguen molestando a Álvaro Uribe. La ausencia de los tres abogados principales en este juicio despertó comentarios encontrados. Al parecer habría una inconformidad interna por el curso que ha tomado el juicio. A pesar de lo que han querido instalar los medios cercanos al expresidente, es evidente que el juicio está lejos de ganarlo por goleada. La defensa ha recibido varios golpes. Uno de ellos fue no haber podido tumbar la presunta manipulación del video del reloj que le entregaron a Juan Guillermo Monsalve. Esta prueba no tiene ningún asidero porque los abogados Reinaldo Villalba y Miguel Ángel del Rio, quienes están defendiendo al senador Iván Cepeda, le entregaron este video a la corte, en su versión íntegra, en 2018. Ayer, jueves 26 de junio, era un día clave, ya que era la única oportunidad que tenían los representantes de víctimas de ser escuchados en su versión ante la juez Sandra Liliana Heredia. Las víctimas, tal y como lo recordó oportunamente Coronell en su reporte de hoy, solo podrán intervenir en los eventos de conclusión cuando ya prácticamente el juicio esté cerrado. Fue justamente en esta vital audiencia en donde se presentaron una serie de problemas técnicos, que hicieron que la juez Heredia llamara varias veces la atención de los ingenieros. Tanto las víctimas como la propia defensa de Uribe se vieron interrumpidos y afectados por estos cortes constantes. Estas interrupciones afectaron de tal manera el desarrollo de la audiencia que esta quedó interrumpida y se completará solo hasta hoy viernes El juicio de Uribe está en su fase decisiva y a pesar de las premuras de la juez y su disposición para llegar a un fallo —algo en lo que supuestamente también estaría interesada la defensa de Uribe— esta difícilmente se dará. Ya se hacen cuentas y es prácticamente un hecho que el caso del expresidente precluirá. En caso de que exista un veredicto, y a pesar de lo que ha dejado instalado en la opinión pública la defensa de Uribe, el juicio, para él, está lejos de estar ganándolo.

Por: Odevida La primera vez que se publicó en la plataforma de Pares sobre el arco minero del Orinoco fue en 2022. El investigador Raúl Cubas advertía desde Venezuela que la ONU ya tenía en la lupa el fallo que permitía la explotación de este santuario natural y las graves consecuencias que traería no solo para las personas que lo habitan, sino para el medio ambiente. A casi una década de esta advertencia las consecuencias hablan por sí mismas. En diciembre de 2021, el Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida) hizo público un informe titulado Ecocidio y violencia: panorama del extractivismo en Venezuela , en el que se denunciaba que entre 2013 y 2021, 32 líderes indígenas y ambientales fueron asesinados, 21 de ellos por sicarios mineros o miembros de organizaciones guerrilleras colombianas, y 11 por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con anterioridad, en febrero de 2020, 174 organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil venezolana afirmaron públicamente  que: “defensores y defensoras ambientales e indígenas han sido víctimas de hostigamiento y represalias por denunciar los abusos y afectaciones producto de la explotación de recursos naturales en el Arco Minero del Orinoco y otras zonas del país”. En el año 2024 desde Odevida también lanzamos un informe denunciando la catástrofe, pero todas las voces se apagan cuando un gobierno como el venezolano está abocado a escuchar una única razón, la de la fuerza. En este 2025 Odevida, siendo consecuente con la preservación del medio ambiente y la defensa de la vida, lanzará un nuevo informe en donde vuelve a denunciar ante el mundo que las condiciones que rodean al arco minero del Orinoco siguen deteriorándose. En uno de sus apartes, que tiene el apoyo inestimable de Provea, se afirma lo siguiente: El Arco Minero del Orinoco con su expansión extractivista avanzó más y ha seguido impactando a la Amazonia y causando graves daños a las comunidades indígenas y locales. Además, los derrames petroleros han mantenido el mismo ritmo y características de años anteriores. Son varios los casos graves que imprimen a la situación ambiental un carácter crítico, asimismo el derecho al agua potable y su saneamiento queda aún en deuda.   En el informe se hablará a mayor profundidad de este tema, pero, por ahora, queremos explicar lo que ocurre en el Arco Minero del Orinoco. El 24 de febrero del 2016, el gobierno de Nicolás Maduro nombró el Arco Minero como una zona de “desarrollo estratégico nacional” todo para explotar níquel, diamante y torio. No importó que este lugar fuera considerado un santuario de diversidad y que allí vivieran pueblos que han existido desde antes de la llegada de los españoles, arrasándolos, masacrándolos y haciéndolos mover de su territorio. Las críticas contra el gobierno de Maduro por esta decisión han arreciado. Nuestro aliado, Provea, junto a otras organizaciones sociales han hecho pública su preocupación ante la inseguridad legal y fiscal que ha generado la explotación del Arco del Orinoco y el incumplimiento en estudios de impacto ambiental y socioculturales. Desde todos los sectores se ha señalado que su explotación ha sido llevada a cabo no sólo por entidades del Estado o el ejército, sino que han aparecido grupos ilegales que han trastocado para siempre a este santuario natural.   De manera simultánea con la  décimo séptima Cumbre  del  Movimiento de Países No Alineados , Gustavo Márquez Marín calificó lo que  ocurre en el Arco Minero del Orinoco como una «avanzada recolonizadora», en la cual «el gran capital  transnacional » toma «control de vastos territorios en el continente (...) para reimpulsar el  extractivismo  y la reprimarización de las economías de la región», lo cual a su juicio es una contradicción al ahora Venezuela liderar esta organización. El Arco Minero del Orinoco al ser un santuario universal nos afecta a todos y muestra la gran hipocresía que ha tenido el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro quien, de puertas para afuera, dice criticar la explotación de recursos por parte de sistemas capitalistas pero que, en Venezuela, sigue arrasando lugares que jamás debieron haber sido tocados por el hombre, y cuya única obligación de su gobierno era protegerlos.

Por: Redacción Pares Nueva York es la ciudad que resume la grandeza cultural de los Estados Unidos. Sus poetas siempre han estado ahí. Sus escritores, sus cineastas. Nueva York es la humanidad y por eso debe desmarcarse de lo que sucede con la política norteamericana actualmente, mancillada por la doctrina Trump, caracterizada por su espíritu racista, bélico, xenófobo y machista. Por eso, no resulta sorprendente que el asambleísta Zohran Mamdani será el candidato demócrata que luchará por la Alcaldía de Nueva York. Hasta este jueves, y con el 95% de las papeletas escrutadas, Mamdami le gana por siete puntos al exgobernador Andrew Como. Apenas son las primarias, en donde cada partido buscará escoger su candidato. Mamdami deberá enfrentarse en las elecciones a la alcaldía contra su rival del Partido Republicano. Mamdami representa todo lo que ha demostrado Trump detestar. Como haber nacido en Kampala, Uganda. Llegó a Nueva York con su familia a los siete años. Ellis Island significó para él un símbolo de emancipación debido a las limitaciones y persecuciones que vivió en su país. Además de esto, es un pro-palestino convencido, algo que para el presidente de los Estados Unidos significa un anatema. Se considera un millenial progresista, tiene 33 años y estudió en el Bronx High School of Science, está casado con una artista de 27 años llamada Rama Duwaji. Viene de una familia de artistas e intelectuales. Él es hijo de Mira Nair. Cualquier cinéfilo medianamente ilustrado sabe quién es ella. Estuvo nominada al Oscar en 1989 por su película Salaam Bombay  y también ganó la Cámara de oro en Cannes. Es una de las figuras más representativas de lo que se conoce como Bollywood. Su papá es profesor en la Universidad de Columbia y se llama Mahmood Mamdani, es egresado de la universidad de Oxford. Lo que se piensa en los corrillos políticos es que ha nacido un nuevo fenómeno que tiene el tiempo y es lo suficientemente joven, como para pensar en que podría ser el primer presidente norteamericano de origen musulmán. Esto tiene jalándose la barba a los trumpistas de Nueva York, a quienes les parece increíble que 25 años después de los atentados que terminaron con la destrucción de las torres gemelas y la muerte de más de cuatro mil personas. Pero Nueva York siempre estará a la vanguardia y volverá a mostrar una lección de humanidad. Estados Unidos debe estar de nuevo a favor de la diferencia.

Por: Daniela Bernier Pacheco El ministro de Minas y Energía hizo un anuncio en el marco de la iniciativa “La Energía de Nuestra Gente” que generó todo tipo de opiniones en el sector de las renovables en el país en miras de fortalecer la Transición Energética en el país, como lo es, que las comunidades indígenas sean parte de las juntas directivas y accionistas de los grandes proyectos eólicos y solares que se están y se desarrollarán en el caribe colombiano. De acuerdo con el ministro, las comunidades peticionan ser escuchadas y hacer parte de los procesos de los proyectos energéticos a partir de fuentes renovables, así como que parte de la riqueza se quede en sus territorios. Valora Analitik entrevistó a Juan Benavides, investigador de Fedesarrollo, acerca del modelo que se plantea y el mismo señaló que no era viable ni oportuno porque podría abrir una caja de Pandora en cuanto a las exigencias por parte de las comunidades. A continuación, se presenta una tabla de análisis de los riesgos y los beneficios que puede generar esta propuesta:  La propuesta del ministro Edwin Palma de incluir a las comunidades indígenas como accionistas y miembros de juntas directivas dentro de los proyectos de energía no es una idea descabellada, sin embargo, sí es ambiciosa al representar un paso significativo hacia la Transición Energética Justa. Para que la misma funcione, es necesario:   ●       Fortalecimiento de capacidades técnicas y regulatorias. ●      Diseñar mecanismos de gobernanza clara y eficiente que vayan acorde a las realidades comunitarias. ●        Los acuerdos deben garantizar la viabilidad financiera para inversionistas. Entonces, una propuesta transformadora que le apuesta a la Transición Energética Justa con un enfoque de gobernanza, desde el núcleo de las decisiones, las juntas directivas. No obstante, solo será eficaz si se cuenta con un acompañamiento robusto y un marco de acción estratégico que equilibre la participación, la equidad y la sostenibilidad.

Por: Redacción Pares El pasado sábado Gustavo Petro llenó la Alpujarra, la plaza más representativa del poder en Antioquia. Ante este hecho, sus habituales opositores en esa región del país, el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez, hicieron duras críticas por la presencia de miembros de bandas criminales —con los que el gobierno está negociando la paz urbana— en ese acto público. Por este tipo de críticas, la senadora Isabel Cristina Zuleta, quien forma parte de la mesa negociadora con las bandas del Valle de Aburrá, llamó “hipócritas” a la clase política antioqueña. En anteriores gobiernos se han presentado escándalos de funcionarios de diferentes administraciones a los que se les ha probado su cercanía con este tipo de grupos armados. Uno de esos casos fue el de Gustavo Villegas, secretario de gobierno de Federico Gutiérrez durante su primera alcaldía, y quien fue detenido en 2016 y condenado a 32 meses de cárcel por su cercanía con la oficina de Envigado. Fico no tiene mucha autoridad moral para criticar el acto público de la Alpujarra. Al escándalo de Villegas se le suma uno muy reciente, y es que el vocero de la oficina de Envigado en la mesa de negociación que se tiene para encontrar la paz urbana en el Valle de Aburrá, José Leonardo Muñoz, conocido como alias Douglas, ha manifestado públicamente que durante la primera administración de Federico Gutiérrez hubo acercamientos y acuerdos entre esa alcaldía y el grupo armado. Uno de los compromisos fue precisamente el de nombrar a Villegas como secretario de gobierno. Por esto, el congresista por el Pacto Histórico Alejandro Ocampo denunció penalmente al alcalde de Medellín por supuestos nexos con grupos ilegales. Esto fue lo que declaró Ocampo y que fue la base de la demanda al alcalde de Medellín: “Se los dije. Hoy lo dije. Los voceros de la estructura armada de Medellín ingresaban a la Alcaldía de Medellín, tenían pactos con los alcaldes y hasta hablaban con Fico Gutiérrez. Escuchen ustedes lo que ellos dicen que por qué se alarma Fico. Si hablaron de paz con él. Y de ahí salió el tema del señor Villegas. Voy a pedir que la Fiscalía investigue al alcalde Fico. Escuche lo que dice este señor”. La declaración de alias Douglas, quien hoy se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagui, es la siguiente: “ A Federico le ayudamos en el 2016. Es más, uno de los compromisos que tuvimos, que tuvo el señor con nosotros fue que pusiera a Gustavo Villegas de secretario de Gobierno, porque era la persona con el que más acercamiento teníamos nosotros . Y mire que así fue el término. Inclusive terminó involucrado en un concierto para delinquir con muchachos de las estructuras de nosotros”. Aún no hay respuesta del alcalde de Medellín sobre esta demanda. La distancia entre Federico Gutiérrez, el presidente Petro y el Pacto Histórico es cada vez más abismal.

Por: Redacción Pares Una de las razones por las que más de 11 millones de colombianos votaron por Gustavo Petro fue por las reformas que prometían el cambio. Con los niveles de desigualdad que tiene el país, el gran legado del presidente sería el de cerrar las brechas entre ricos y pobres. En 2002, Álvaro Uribe hizo una contrarreforma laboral que quitó las horas extras, los recargos dominicales, que estaba destinada a buscar 600.000 puestos de trabajo y acabar la informalidad en el país. El problema es que los 600.000 puestos jamás aparecieron y que la informalidad ronda el 55%. Por eso es que, hasta los más feroces antipetristas, reconocen que la reforma laboral tenía que ir como fuera. En un lugar emblemático para la historia del país, la Quinta de Bolívar, Petro sancionó la reforma laboral “ante Bolívar y ante el pueblo trabajador”. Uno de los beneficios que les traerá a los trabajadores colombianos la sanción de esta reforma son los dominicales y festivos, que aumentarán de forma gradual, del actual que está en 75% y que pasará al 100%. Esta reducción se hizo durante el primer año del primer periodo presidencial de Álvaro Uribe. Este año se pasará a reconocerse un 80%, en 2026 pasará a un 90% y luego en 2027 será reintegrado este recargo de manera completa. Sin ser demasiado altisonantes, las declaraciones de Petro se refirieron a que los empresarios que no quisieron abrazar esta sanción no son inteligentes, así como no fueron inteligentes las decisiones de los congresistas que quisieron sabotearla. Durante buena parte de este semestre que termina, las movilizaciones sociales apuntaron a reafirmar y apoyar la postura del presidente a la hora de promover una reforma que buscará mayor equidad. En esas movilizaciones, uno de los segmentos de la población que se vio con mayor intensidad fueron los estudiantes del Sena. Esta institución, que tantos técnicos le ha dado al país y que ha permitido que jóvenes de los sectores más deprimidos de la sociedad hayan podido acceder a trabajos bien renumerados, es una de las más beneficiadas. Todo aquel que tenga un diploma del Sena podrá acceder a una de las máximas aspiraciones de un país con los problemas de trabajo que tiene el nuestro: un contrato laboral. Con esto se beneficiarían 400.000 personas. Otro beneficio con esta reforma será la vinculación de las madres comunitarias al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No hay duda de que, para intentar la equidad, el presidente tuvo que hacer estas reformas y tampoco habría duda de que los sectores más retardatarios de la política colombiana han intentado impedirlo. Pero no han podido.

Por: Redacción Pares Mientras el país se divide en dos grandes temas, la salud de Miguel Uribe Turbay y las reformas planteadas por Petro, transcurre el juicio al expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos. El juicio se encuentra en un punto decisivo ya que la fecha de preclusión del caso, el 8 de octubre, se acerca de manera vertiginosa. Ambas partes, tanto Iván Cepeda como Jaime Granados, líder de la defensa del expresidente, quieren que haya un fallo antes de esta fecha. Al menos, eso dicen públicamente. Sin embargo, los abogados de Uribe, claramente, han usado una táctica que evidencia la dilación. Las tutelas contra la juez del caso, Sandra Liliana Heredia, por supuesta parcialidad contra Uribe, han sido una constante. Los abogados del líder del Centro Democrático, y algunos medios que se han caracterizado por su simpatía hacia ese espectro político, han dejado instalado en el imaginario colectivo la sensación de que Uribe es quien está ganando este pulso. Las evidencias demuestran que no pueden cantar victoria. En las últimas horas, una situación podría cambiar la perspectiva del juicio. La defensa de Uribe se ha basado en desmentir las acusaciones de los que son considerados los dos testigos estrella del caso, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, exparamilitares que han acusado al expresidente de haber ayudado a formar el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo armado que habría sido sembrado en la hacienda Las Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez. Para esto, la defensa mostró cartas enviadas por tres exparamilitares, Giovanny Cadavid, Máximo Cuesta y Elmo José Mármol, a la Corte Suprema de Justicia, que iban destinadas a respaldar la versión expuesta por Uribe. Pero, según la Fiscalía, estas cartas supuestamente “serían falsas”. Uno de los argumentos que dio el ente acusador, fue que a las cartas les hacía falta espontaneidad y que habrían sido redactadas por un tercero que, incluso, ya saben quién sería, y es que se trataría del controvertido abogado Diego Cadena. La acusación la hizo puntualmente la fiscal Marlene Ojeda. Los tres exparamilitares están pagando sus condenas en la cárcel de Cómbita. Según la Fiscalía, además de la falta de espontaneidad de las misivas, aparecen graves inconsistencias. Citando a la fiscal Ojeda, ella dice sobre las cartas: “La Fiscalía concluye que las cartas firmadas por los internos de Cómbita  deben ser excluidas por carecer de espontaneidad  y haber sido objeto de esa intervención dolosa de Cadena Ramírez”. La fiscal no terminó su alegato ahí y lo concluyó de la siguiente forma: “Por ello, al tratarse de cartas espurias y suscritas de esa manera, queda demostrado en este evento que  efectivamente fueron presentadas ante la Corte Suprema de Justicia con el único propósito de allegar prueba falsa  y cometer un delito de fraude procesal”. Este giro en el caso podría ser determinante en el juicio que se le sigue al expresidente, y su defensa deberá demostrar lo contrario. Pero estas acusaciones son sumamente graves.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Bastante ruido generó el pasado viernes 20 de junio las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien, luego de la conciliación de la reforma laboral entre Senado y Cámara y su aprobación definitiva por el Congreso, honró su palabra y derogó la Consulta Popular que había convocado tras el hundimiento de esta misma reforma dos meses atrás. El ruido devino en el momento en el que señaló en su cuenta de X que, tras derogar la Consulta, convocaría a la ciudadanía a un proceso nacional constituyente , reproduciendo el mismo ejercicio con el que se movilizó la séptima papeleta en 1991 y llamando a que en las elecciones legislativas de marzo de 2026, la gente depositara una papeleta indicando si está de acuerdo con convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Las reacciones no se hicieron esperar, pues tanto el presidente del Senado, Efraín Cepeda, como la mayoría de los actores políticos y mediáticos del país criticaron la propuesta del presidente y la enunciaron como otra expresión más de la “deriva autoritaria” que el presidente ya había emprendido con la convocatoria a la Consulta Popular y la ruptura entre el Ejecutivo y el Legislativo en el marco del bloqueo institucional que ambos poderes han venido teniendo desde, al menos, mediados de 2023. No obstante, la medida, que debe pasar obligatoriamente por el Congreso, parece más un acto político que busca consolidar el mito con el que el gobierno Petro quiere lanzarse a las elecciones de 2026, ante la imposibilidad jurídica de ser convocada por otras vías por fuera de lo establecido en el artículo 376 de la Constitución. Ante ese escenario, el gobierno ya ha comenzado a moverse por los principales centros electorales del país, buscando reactivar sus bases políticas, que tras las marchas del 1ro. de mayo, han perdido las calles. —El camino (inviable) para llegar a una Constituyente Fuente: El Universal Tal y como lo hemos señalado en este artículo , la aprobación de la revivida reforma laboral en el Senado de la República y de su conciliación en el pleno del Congreso contuvo en cierta medida la crisis política que había emergido desde hacía 2 meses atrás, con la declaratoria de una Consulta Popular tras el hundimiento de la segunda reforma laboral, junto con los fuertes choques entre el gobierno, el Legislativo y la rama judicial. Todo esto ambientado en un escenario enrarecido por el atentado contra Miguel Uribe Turbay y la exacerbación de la polarización política en todos los niveles. Este escenario permitió que el gobierno empezara a consolidar un discurso que ya desde 2024 iba tomando forma, pero que conforme la crisis con el Congreso y en su propio gabinete se agudizaba, se canalizó en 3 grandes puntos en las últimas semanas. a). La idea de que la institucionalidad ha sido insuficiente para resolver las demandas sociales que llevaron a los estallidos sociales de 2019 y 2021 , por lo que el problema no es operativo (en el sentido de que se ejecuten soluciones desde el Estado) sino que hay configuraciones institucionales, administrativas y cooptaciones desde el mismo Estado que impiden el desarrollo de cualquier propuesta, programa o proyecto que resuelva la desigualdad social. b). Ante ese escenario de cooptación e insuficiencia, se ha vuelto necesario mantener la movilización permanente de la sociedad y un constante ejercicio de veeduría, control y vigilancia desde los movimientos sociales , junto con una ampliación de su participación directa en las decisiones que se toman desde el Estado. c). Lo anterior, materializado en un nuevo pacto social que redefina las relaciones entre Estado, mercado y sociedad para redistribuir el poder y priorizar la justicia social, los derechos colectivos y la soberanía popular , por encima de los intereses privados y de las lógicas oligárquicas de las élites políticas y económicas del país, además de que cumpla en definitiva la Constitución de 1991, según lo ha dicho el propio presidente Petro. Inicialmente, este mito político comenzó a materializarse tras las manifestaciones del 1ro. de mayo  y el llamado del presidente a conformar comités para promover la Consulta Popular, en la que el gobierno sostuvo que invocar este mecanismo de participación serviría para canalizar el “poder constituyente” y permitir que la gente se expresara sobre los puntos hundidos de la Reforma Laboral. No obstante, con la derogación del decreto de Consulta, el hundimiento de las otras dos consultas que promovió el gobierno y la salvación de la laboral, el mito se desplazó hacia una herramienta que en lo material es prácticamente imposible de llevar a cabo, pero que busca, al igual que la Consulta Popular, mantener la movilización masiva de las bases sociales y políticas del gobierno, que ya se encuentran en campaña. Según lo expresaba Rodrigo Uprimny en su columna de Dejusticia del pasado domingo 22 de junio , la convocatoria a un proceso constituyente que no pase por el Congreso y solo requiera de firmas o votos en formato de papeletas, se salta lo establecido en la misma Constitución de 1991 frente a cuál es el proceso para que una Asamblea Nacional Constituyente reforme o derogue la constitución actual. Según el artículo 376 de la Constitución , la convocatoria a un proceso constituyente puede ser presentada por iniciativa ciudadana mediante la recolección de firmas, pero, de una u otra manera, debe pasar por el Congreso de la República, el cual, por mayoría absoluta en ambas cámaras, debe definir los términos, condiciones, composición y duración de la Asamblea Constituyente, y aprobar su convocatoria mediante una ley. Posteriormente, esta debe ser enviada a la Corte Constitucional, que evaluará su legalidad y, si la avala, podrá autorizar la convocatoria a un referendo, el cual debe ser aprobado por al menos una cuarta parte del censo electoral. Si el referendo es aprobado, se procede a la convocatoria de la Asamblea y a la elección de los delegados que la conformarán, quienes, una vez construido el texto constitucional, deberán decidir si este se somete a votación como una nueva Constitución o como una reforma constitucional, a través de un nuevo referendo. Según los tiempos establecidos por Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, se espera que para marzo de 2026 pueda depositarse una “octava papeleta” en las urnas , con el fin de convocar a una Constituyente. La iniciativa busca seguir el ejemplo de 1990, cuando un movimiento mixto de estudiantes y algunas organizaciones sociales promovió la inclusión de una “séptima papeleta” en las elecciones legislativas de marzo de ese año, lo que llevó a que la Corte Suprema de Justicia convocara un referendo para derogar la Constitución de 1886. Sin embargo, tanto para Uprimny como para otros expertos en derecho , en este escenario es imposible reproducir el mismo camino de la “séptima papeleta”, incluso invocando potencialmente el artículo 9 y 19 de la Ley 1757 que regula los mecanismos de participación ciudadana, en tanto estos aplican solamente para consultas y referendos. Estos artículos admiten que ambos mecanismos sean convocados con el 20% de las firmas del censo electoral local o nacional. Aun así, Montealegre y Benedetti (ministro del Interior) siguen firmes en la idea de que la Constituyente puede ser convocada, y para ello han dirigido su estrategia del marco de lo nacional al marco territorial. —La estrategia ahora está en la territorialización del discurso Fuente: El Tiempo Con la concentración del pasado sábado 21 de junio en la Plaza de la Alpujarra en Medellín, Antioquia, Gustavo Petro estaría completando una gira en 3 de las principales ciudades del país, que comenzó con el discurso que dio el 1ro. de mayo en la Plaza de Bolívar de Bogotá, y que ha aterrizado en Barranquilla (20 de mayo) y Cali (11 de junio). En todas ellas, ha chocado de alguna u otra manera con las élites políticas locales y ha generado grandes concentraciones en lugares donde pretende disputarse el voto, ya fuese porque son bastiones electorales desde 2022 (como Barranquilla y Cali) o porque son zonas donde quiere entrar con fuerza, donde tiene un alto grado de desfavorabilidad y rechazo (Medellín). En Barranquilla, por ejemplo, Petro obtuvo 256.041 votos (51,90%) en primera vuelta de 2022, mientras que en Cali obtuvo 527.492 votos (53,36%) y en Medellín obtuvo 275.497 votos (24,47%). En Barranquilla, Petro se fue contra los congresistas costeños que hundieron la reforma laboral  el pasado 18 de marzo y enfiló sus baterías contra el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien es oriundo de esa ciudad. En Medellín, por otro lado, el presidente se despachó contra Federico Gutiérrez, alcalde de la ciudad y contra Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, luego de que enunciara de que no desistiría de su política de paz urbana, a pesar de la oposición del alcalde y el gobernador . También, en común, existe un mensaje ligado a la consolidación de procesos de paz urbanos con grupos de delincuencia común juvenil (Barranquilla) y exhibió los resultados de los procesos de paz con las bandas de Medellín, subiendo a la tarima a varios excabecillas y jefes de estos grupos, quienes salieron temporalmente de la cárcel de Itagüí en su rol como voceros de paz. Entre ellos estuvieron alias Vallejo, alias Tom, alias Lindolfo, alias Douglas y alias Carlos Pesebre, todos jefes máximos de las bandas criminales más importantes de Antioquia y del Área Metropolitana de la ciudad. Su presencia exasperó los ánimos de Gutiérrez y de Rendón, quienes calificaron la presencia de Petro y los cabecillas como una amenaza . Gutiérrez, quien había sido amenazado por Carlos Pesebre en años anteriores, afirmó que el presidente “nos pone la lápida”, argumentando que mientras él combate a los criminales, el presidente los premia. Rendón, por su parte, consideró el evento una afrenta y una humillación a las víctimas, acusando a Petro de traicionar al Ejército y la Policía, y reiteró que “en Antioquia no nos dejamos doblegar”. También, en estas tres concentraciones, Gustavo Petro habló de la posibilidad de convocar a un proceso constituyente. En Barranquilla lo hizo como escenario posible ante la posibilidad de que las Consultas Populares se hundieran en el Congreso o en las Altas Cortes, en Cali lo hizo sosteniendo que las grandes transformaciones deben ser decididas por el pueblo y no por las élites, subrayando que la Consulta Popular era necesaria, mientras que en Medellín indicó que “el pueblo es el poder” y enfatizó que la Constituyente no debe ser vista como un salto al vacío, sino como una vía para que la ciudadanía tome las decisiones trascendentales del país, incluso señalando que “todavía es más poderosa cuando no se convoca, sino cuando se autoconvoca”. En los tres eventos, Petro estaría legitimando la idea de la Constituyente como un proceso democrático y participativo, insistiendo en que el pueblo debe ser el protagonista de los cambios institucionales y sociales que requiere Colombia, y consolidando el mito con el que aspira a que sus bases políticas y sociales conserven el poder en 2026.

Por: John Jairo Correa La Guajira y Cesar son protagonistas del proyecto Colectora, una línea de transmisión de 475 kilómetros de longitud que recorrerá 10 municipios en La Guajira y 4 en Cesar. Esta infraestructura permitirá transportar más de 1.000 megavatios de energía eólica y solar desde el norte del país hacia el Sistema Interconectado Nacional, con lo cual se prevé un impacto directo en la cobertura eléctrica, calidad del servicio y desarrollo regional. Su puesta en operación está prevista para agosto de 2026 y se desarrollan tres subestaciones estratégicas en La Loma, Cuestecitas y Uribía, que funcionarán como nodos para evacuar energía limpia hacia el interior del país. Desde el punto de vista técnico, el sistema eleva la energía a 500 kV para su transporte eficiente, duplicando la capacidad actual de transmisión en la región. La obra, a cargo del Grupo Energía Bogotá y su filial Enlaza, ya cuenta con un 81 % de avance técnico y reducirá pérdidas, mejorará la estabilidad del voltaje y fortalecerá la seguridad energética del país. Esta ‘autopista eléctrica’ hará viable la incorporación de energías renovables no convencionales a gran escala.   Actualmente, menos del 60 % de los hogares de La Guajira tienen acceso a electricidad, lo que equivale a 81.960 viviendas sin conexión. Colectora busca cerrar esta brecha no solo mediante transmisión, sino con proyectos asociados: el Grupo Energía Bogotá, a través de obras por impuestos, está invirtiendo $14.000 millones para instalar 500 sistemas solares individuales, beneficiando a 17.862 personas en zonas rurales wayuu. Estas instalaciones atenderán 130 escuelas y 360 centros comunitarios en Maicao y Riohacha. Con una red robusta y moderna, también se espera una mejora en la calidad del servicio. Nuevas subestaciones como la de Uribía y líneas de 500 kV permitirán estabilizar el voltaje y reducir los apagones. Las familias ahorrarán en gastos energéticos y se abrirán oportunidades para estudiar, refrigerar alimentos y medicamentos, y operar pequeños negocios rurales. El proyecto contempla programas sociales por más de $40.000 millones acordados en consulta previa con 235 comunidades étnicas, mayoritariamente wayuu. Estos incluyen perforación de pozos con bombeo solar, aulas solares interactivas, becas y apoyo a proyectos culturales. También se destinaron $14.000 millones adicionales en paneles solares con obras por impuestos, lo que representa una inversión sin precedentes en desarrollo comunitario para la región. Estas acciones ya generan impactos visibles: nuevas aulas en funcionamiento, acceso a agua potable, dotación tecnológica y ahorro energético en comunidades antes marginadas. Aunque los retos de sostenibilidad de estos programas son altos, marcan una apuesta concreta por convertir la infraestructura eléctrica en bienestar cotidiano. La línea Colectora ha enfrentado el proceso de consulta previa más grande del país: 235 comunidades indígenas, principalmente wayuu, participaron en negociaciones complejas para autorizar el paso del proyecto. Surgieron conflictos internos por derechos sobre la tierra, representación legítima y distribución desigual de beneficios. En algunos casos, líderes denuncian que acuerdos fueron firmados con personas sin autoridad tradicional, generando divisiones en los clanes. Algunos convenios fueron cuestionados por aparentes desequilibrios entre comunidades vecinas, lo que ha provocado demandas de renegociación. La desconfianza histórica y la falta de claridad estatal sobre la propiedad ancestral del territorio han exacerbado tensiones familiares y comunitarias, incluso con reportes de violencia entre miembros. A pesar de su enfoque renovable, la construcción de Colectora implica impactos territoriales: la instalación de 516 torres a lo largo de 475 km requiere despeje de vegetación y acceso a zonas sensibles del ecosistema desértico guajiro. La ANLA otorgó la licencia ambiental tras ajustes que incluyen desviaciones del trazado y estrategias de mitigación, como evitar cementerios sagrados, elevar torres y permitir el paso de fauna. La presión ambiental se incrementará con los más de 50 parques eólicos previstos para la región. Organizaciones sociales piden una planificación participativa que garantice la conservación de hábitats y derechos territoriales. Aunque la infraestructura podría ser base para nuevas vías y conectividad digital, también representa riesgos si no se acompaña de mecanismos claros de compensación y control ambiental sostenido. Colectora simboliza tanto una oportunidad histórica como un reto ético para Colombia. Por un lado, promueve el acceso a la electricidad, mejora el servicio, y contribuye a reducir la pobreza energética mediante inversiones sociales concretas. Por otro, expone tensiones profundas sobre gobernanza del territorio, justicia étnica y sostenibilidad ambiental que no pueden ignorarse. El éxito de este proyecto no se medirá solo en megavatios transportados o en su puntual entrada en operación, sino en si logra mejorar las condiciones de vida de comunidades rurales y étnicas de La Guajira y Cesar. Una transición energética justa debe integrar tecnología, equidad y territorio. Colectora marca un camino, pero aún queda mucho por hacer para que esa energía sea verdaderamente compartida.