Por: Centro de Pensamiento para la Transición Energética La bruma matinal del río Caquetá todavía envolvía las laderas cuando, el pasado viernes, los estudiantes de la Institución Educativa Rural La Barrialosa se reunieron para la última sesión de la Escuela TransformaTEJ en Puerto Guzmán. Tres días después, hoy lunes, el turno le corresponde a la comunidad de Playa Rica, en Puerto Asís, donde la clausura repetirá la misma pregunta que ha guiado los seis módulos: ¿Cómo se sostiene un proyecto energético cuando las ONG se marchan y la financiación inicial se agota? La respuesta comenzó a escribirse hace ocho meses, cuando la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), la Fundación TEJ y Open Society Foundations lanzaron un programa de formación que combinó teoría sobre transición energética justa, talleres técnicos sobre energías renovables y —sobre todo— espacios participativos para diseñar gobernanza comunitaria. Cada módulo abordó un componente distinto: desde los conceptos de desarrollo sostenible y las nociones legales de la Ley 2099, hasta la formulación de microproyectos y la creación de fondos rotatorios para mantenimiento de las nuevas lanchas solares. Un cierre enfocado en la autogestión El módulo final, titulado “Sostenibilidad y estrategias de autogestión comunitaria”, marcó la culminación de la ruta formativa. Durante cuatro horas, cincuenta asistentes en cada municipio —estudiantes, madres, líderes, pescadores y representantes de juntas de acción comunal— se agruparon alrededor de dos preguntas: ¿qué tareas es imprescindible financiar cada año (mantenimiento de paneles, baterías, casco de la lancha solar) y cuánto cuestan?; y ¿qué mecanismo de ahorro podemos sostener sin depender de donantes externos? La Escuela TEJ concluye, pero la travesía apenas se inicia. Con los saberes adquiridos, el liderazgo renovado de jóvenes y mayores, y el firme compromiso de las comunidades ribereñas, el Putumayo se dispone a seguir navegando hacia un futuro de energía limpia, participación ciudadana y respeto profundo por la selva que lo cobija. Los aprendizajes de estos meses se convertirán en la base de nuevos proyectos y alianzas que mantendrán viva la apuesta por una Transición Energética Justa y por la defensa de la Amazonia.

Por: Laura Bonilla El ruido de las cosas al caer es uno de mis libros favoritos. Juan Gabriel Vásquez crea con maestría personajes que pueden ser uno, que se obsesionan con un acontecimiento, que la vida les cambia de formas impensables. Solo se necesita un evento, un segundo, para que la vida de uno — o la vida del país— se paralice. En Colombia, donde lo íntimo y lo público se cruzan a punta de balas, cada generación ha tenido ese segundo en que el tiempo se fractura. Cada persona recuerda el propio. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán lo fue para mi bisabuela, nacida en 1910. La muerte de Carlos Pizarro fue el de mi madre. El mío fue el asesinato de Jaime Garzón. Cuando ocurrió el atentado de Miguel Uribe estaba con mi hija de trece años y algunas de sus amiguitas. No puedo evitar pensar si este será ese segundo, ese momento de fractura para ellas. En Colombia se mata mucho. Hay que decir que cada vez menos. Hoy mayoritariamente se mata por riñas, por dinero, por encargo. Se mata en la noche, con armas de fuego que entran al país como si nada, sin controles ni trazabilidad. Se mata por odio, sí, pero también por negocio. Como el adolescente contratado por una red de sicariato que disparó a Miguel Uribe el 7 de junio. Dos balas en la cabeza, una en una pierna. Con una Glock 9 milímetros, comprada legalmente en Arizona e ingresada ilegalmente aquí. Pudo haber entrado en un contenedor con armas, de los muchos que hoy no se incautan. Pudo traerla un individuo con papeles falsos. El hecho es que logró llegar a una olla en Engativá, luego a una red de sicarios, luego a un adolescente en cuya cabeza llegó a caber la idea de quitar la vida por dinero. Yo soy de la misma generación que Miguel Uribe. Gente que ronda los cuarenta años. Yo vi a Galán morir a los ocho años. Él, a los tres. A mí me crió una madre exguerrillera del M19. A él, lo crió su abuela tras perder a su madre periodista, Diana Turbay, asesinada en medio de una escalada de terror auspiciada por el narcotráfico. En 1991 yo celebré el regreso a la paz de mi madre y de muchos otros. Ese mismo año, a Miguel Uribe le quitaron la suya. La violencia política de la década, con ese tufillo mafioso que siempre ha tenido la violencia política, nos quitó a Carlos Pizarro, a Álvaro Gómez Hurtado, a Bernardo Jaramillo Ossa, a Rodrigo Lara Bonilla, a Chucho Bejarano, a Guillermo Cano, a Eduardo Umaña, a Héctor Abad Gómez, a José Antequera, a Silvia Dussán, a Mario Calderón y a Elsa Alvarado, e innumerables sindicalistas. Con el asesinato de Jaime Garzón, unos y otros gritamos “país de mierda”. Nunca me he podido quitar la sensación de que indefectiblemente nos quitan lo mejor de nosotros. A nuestra generación, de ahí en adelante nos tocó testificar un país donde el Estado estuvo en crisis, se abrió la economía, se cambió la constitución. Nos hicimos adultos viendo seis millones de personas ser desplazadas y once millones de hectáreas despojadas. Diez millones de víctimas, según la Comisión de la Verdad. Vivimos la promesa democrática, la explosión y fragmentación de partidos, la frustración de quienes llegaron a hacer una vida después de las armas, la tristeza de los que en esa época perdían a los suyos. La degradación de la guerra que en los años noventa implicó el secuestro —del cual llegamos a tener 3.000 casos al año al final de la época—. El drama de la desaparición forzada de 127 mil personas con sus respectivas familias que aún los buscan. Yo fui al Caguán en un bus estudiantil y empecé a conectarme en el movimiento pro-paz. Miguel Uribe tendría 14 años y probablemente en su casa la posición frente a las negociaciones de paz era muy distinta. Su padre se hizo un lugar en el Centro Democrático. Yo me fui de mi casa materna para estudiar en la Universidad Nacional apenas un año antes de que Álvaro Uribe fuera presidente. Luego vino la seguridad democrática y mi generación aprendió que no todo lo que se llama victoria lo es. Se recuperaron carreteras, se asesinaron jóvenes en los infames falsos positivos, y el país vivió como nunca un gobierno polarizador. Aún recuerdo los epítetos del momento: “guerrilleros vestidos de civil” se le decía a la sociedad civil. La furia y el odio fueron parte de la popularidad del entonces presidente. Vimos a Salvatore Mancuso de traje en el Congreso, haciendo una entrada triunfal que terminó en extradición silenciosa. Luego a los jefes paramilitares extraditados. Luego al 35% del Congreso verse vergonzosamente involucrado en escándalos paramilitares. Hicimos la investigación de la parapolítica. Varios nos exiliamos. En el 2011 Miguel Uribe entró a las toldas liberales y, con tan solo 25 años, fue elegido concejal de Bogotá. Yo volví de España, país que me acogió en mi exilio. Vino un nuevo ciclo violento con los asesinatos a reclamantes de tierras. El conflicto, después de la seguridad democrática, se mutaba hacia unas bandas criminales, por una parte; a unas FARC más dispuestas a la negociación política, y un ELN errático que no tomaba la decisión. Los secuestros no eran una constante y, a partir de ahí, el homicidio también mostraba reducciones. La criminalidad organizada se sofisticaba y se hacía más invisible, más silenciosa y eficiente. Me hice madre en el año 2012. Mi generación se hizo adulta, con muchas resistencias. Llegaron las negociaciones de paz, se desmovilizaron las FARC, entró el posconflicto, llegaron las disidencias, llegó la pandemia, el estallido social sacudió el país. Gustavo Petro, el más semiocrático de los líderes de izquierda del país, con una retórica apasionada por los símbolos y sin miedo a la polarización, fue quien concentró la ansiedad social por el cambio y ganó la presidencia. Pero todo esto ya hace parte del país con el que crecen las infancias de hoy. Su generación está ya marcada por todo esto. Y en medio de todo esto, esa es la realidad. El 7 de junio fue justamente Miguel Uribe la víctima de la mutación de la violencia política que da la vuelta. Su atentado trae horribles recuerdos a la memoria, aunque no es ni de cerca lo que vivimos en los noventa. La explicación de que fue el odio de Petro el que disparó la bala, o su discurso altisonante y odioso en muchos casos, no es verdad. El odio es la emoción más antigua que llevamos por dentro. Estalló con la rabia en el estallido social, pero no fue quien contrató una red de sicariato. Si algo tiene el odio en la historia de nuestras generaciones es que nos ha hecho ciegos. Por ejemplo, hoy se habla de la imposibilidad de hablar. Porque hay estrategias, porque hay elecciones, porque llamar a la calma es considerado ingenuidad. Porque lo que sí produce el odio es la profundización de identidades cada vez más chiquiticas, más mezquinas, más dolorosas. Me perdonarán mis lectores mi honestidad brutal, pero quisiera dejar una alerta ingenua para estas elecciones. Nos están llevando como borregos por un camino muy conveniente para la violencia mafiosa o criminal, que sigue su rumbo mientras nosotros solo vemos nuestros pequeños “ismos” y ponemos toda nuestra fe en individuos. Lo hicimos con Álvaro Uribe, lo hacemos con Gustavo Petro. Quiero de corazón que Miguel Uribe pueda volver a su casa, a su familia, a la política. Aquí hemos vivido los mismos hechos con distintos equipajes y trayectorias. El odio no disparó, pero crea todo tipo de justificaciones infames. Pero tengo que decir que lo que más quiero es que viva. Que ese segundo de violencia ya pasó a la historia, ya pasó a ser parte de la narrativa de las generaciones más jóvenes que lo vivieron. También de la nuestra. Lo que no quiero es que ese segundo lo arruine todo. Quiero, simplemente, que viva. Que vivamos.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Mientras Sergio Fajardo caminaba y era entrevistado por toda la carrera séptima de Bogotá, a la altura del Centro, varias banderas ligadas al movimiento hispanista (cercano a las derechas tradicionalistas españolas) aparecieron de fondo en el vídeo que posteriormente algunos medios de comunicación difundieron en sus redes sociales. Cruces de Borgoña, banderas del Reino de Jerusalén y una de las banderas de batalla del irredentismo ruso, con un rostro de Cristo pantocrátor al estilo iconográfico medieval de esa región del mundo, terminaron adornando el ambiente sincrético que la llamada “Marcha del Silencio” tuvo durante toda su jornada. Una bandera hispanista (la cruz de Borgoña) mientras Sergio Fajardo marchaba por el Centro de Bogotá. Fuente:  Caracol Radio (desde Facebook). Y aunque era una marcha que, en principio, se planteó como un acto para enviarle fuerzas al Senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, ni terminó en silencio, ni tampoco se ciñó a esta única consigna. Por el contrario, la manifestación estuvo cargada de diferentes declaraciones políticas de varios de los precandidatos independientes y opositores  y de algunos de los principales protagonistas en el enfrentamiento que en las últimas semanas ha tenido el presidente Gustavo Petro con el establecimiento político, como Efraín Cepeda, presidente del Senado, que marchó en su natal Barranquilla. Tras una movilización que terminó llenando las principales plazas públicas del país, 3 grandes tesis emergen para entender cómo y por qué esta “marcha del silencio” se convirtió en uno de los puntos fundacionales de un nuevo mito, con el que las derechas aspiran a disputar el control del poder político al Progresismo, y cómo la institucionalidad parece plantarse como el próximo escenario en el que se dará este enfrentamiento entre estos dos grandes bloques, con miras hacia 2026. —La calle (el terreno de la movilización) Fuente: W Radio Según los conteos que hicieron los Puestos de Mando Unificado tanto en Bogotá como en Medellín , más de 120 mil personas salieron a marchar en las horas de la mañana y tarde del pasado domingo 15 de junio, tras más de una semana del atentado contra Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial por el Centro Democrático. 70 mil llenaron la Plaza de Bolívar y 50 mil lo hicieron en Medellín, con afluentes manifestaciones también en ciudades como Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Sin un liderazgo claro, tanto las principales figuras de la derecha opositora (tanto uribista como no uribista), como María Fernanda Cabal, Mauricio Cárdenas, David Luna; algunos políticos independientes, como Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo y Juan Manuel Galán, acompañaron la manifestación, que estuvo llena de banderas de Colombia y camisetas blancas, el símbolo con el que estos sectores opositores se han identificado desde el Paro Nacional de 2021. El representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, marchó en Medellín. Fuente:  X/Twitter Estas manifestaciones sucedieron inmediatamente después de las marchas convocadas por las principales centrales obreras y el llamado Comité Nacional para el Cambio (CNPC) el pasado miércoles 11 de junio, en la que el presidente Petro firmó el decreto de la convocatoria a la Consulta Popular , y de una marcha previa que ya sectores de oposición habían realizado el domingo 8 de junio , un día después del atentado contra Uribe Turbay. Tanto las cifras de movilización de esta jornada, como la modesta asistencia de manifestantes a los plantones convocados en las principales ciudades de Colombia el miércoles pasado, queda claro que, en la disputa por los escenarios de movilización en las calles, el gobierno de Gustavo Petro parece estar perdiendo el pulso, al menos en esta coyuntura específica. Fuente: X/Twitter Igual era complicado sostenerlo en el tiempo. Con el ataque a Miguel Uribe, la posibilidad de desgaste de la movilización popular constante que quería el gobierno — de la que hablábamos en este artículo — se agudizó y ahora mismo la balanza se inclinó, de nuevo, hacia las movilizaciones convocadas y capitalizadas por la oposición y los sectores independientes. No es para menos. El ataque contra Miguel Uribe — como también lo reseñábamos en este análisis — terminó pateando el tablero y la coyuntura en la que hasta ahora el gobierno tenía la iniciativa frente al panorama de movilización, y planteó un nuevo escenario en el que el gobierno no ha tenido la respuesta más estratégica frente a la misma. Luego de que algunas organizaciones de la sociedad civil recomendaran no decretar la Consulta , Petro decidió mantener el camino de agudizar las contradicciones para forzar escenarios de negociación con el Congreso , lo que ha generado esta respuesta en calle. En parte, la idea de generar una movilización sin ningún matiz político más allá de apoyar al precandidato —quien sigue en estado crítico— logró aglomerar a diferentes sectores políticos que de alguna u otra forma están conformando un bloque opositor muchísimo más amplio, entre quienes cuestionan algunos apartados de la gestión del gobierno y quienes abiertamente están en contra del mismo, pero tampoco se puede señalar que esta manifestación de fuerza en calle ha consolidado un frente unido antiprogresista. De hecho, al igual que en varias de las manifestaciones que la oposición ha convocado a lo largo de los últimos 3 años, la falta de un discurso unificador y de un liderazgo claro han llevado a que los diferentes grupos políticos que convergen en ella no hayan podido capitalizar esa fuerza de manera mucho más contundente. En parte, porque quienes han confluido allí tienen también fuertes diferencias entre su propio discurso político (especialmente entre grupos independientes y los sectores más radicales de derecha) y porque siguen manteniendo un discurso reactivo al del presidente. El presidente Petro , al igual que algunos de sus funcionarios , intentaron capitalizar la jornada con la declaración de que esta era la manifestación de que la democracia no estaba en riesgo y que todos los sectores políticos podían salir a manifestarse con garantías. Sin embargo, la jornada, que en teoría era ‘apolítica’, terminó siendo una manifestación abiertamente opositora al gobierno. Del mismo modo, también fue una marcha a la que, en su mayoría, asistieron pocas personas que componen las bases sociales y políticas del Progresismo, por lo que también tuvo un componente de clase, donde las clases medias y altas hicieron mayor presencia. —La construcción del nuevo mito de la derecha (la disputa simbólica) Fuente: La Silla Vacía No obstante, si hay un sector político que capitalizó bastante esta jornada de movilización fueron los sectores de derecha, tanto moderada como radical, porque con el atentado a Miguel Uribe Turbay han podido consolidar el elemento faltante para construir su narrativa y consolidar su mito, con el que esperan contravenir eventualmente al Progresismo en las próximas elecciones de 2026 y hacia el futuro. Estos bloques opositores necesitaban con urgencia la construcción de ese mito. Tal como lo señalamos en nuestro especial analizando la fragmentación de los partidos políticos , tanto la derecha uribista como la derecha moderada no-uribista tienen un problema para emerger con un nuevo discurso político en un momento en el que Álvaro Uribe está saliendo de la escena política y las premisas del programa político uribista se están quedando rezagadas frente a las nuevas reconfiguraciones y necesidades sociales y políticas que la transición posterior a la firma del Acuerdo de Paz de 2016 trajo consigo. ¿En qué se basa este nuevo mito? En un reencauche del discurso de orden, seguridad y estabilidad económica, pero ajustado a la idea de un nuevo riesgo, mucho más interno. Si en 2002 el riesgo era externo al Estado y se personificaba en los grupos guerrilleros que disputaban el monopolio de la fuerza y la posibilidad de que agudizaran el conflicto tras el fracaso de los diálogos de El Caguán, este nuevo riesgo hacia 2026 es interno, y se personifica en Gustavo Petro y su gobierno, de tal manera que ven en su agenda legislativa y en sus intentos por promover un modelo democrático mucho más deliberativo y plebiscitario un peligro que puede destruir la estabilidad política (democracia); económica (modelo de libre mercado) e institucional (intervención interna y externa en el aparato del Estado). En cierto modo, la construcción de este nuevo mito desde la derecha parte de contrarrestar las peticiones más radicales de la agenda de demanda sociales que emergió desde 2019 a través de la urgencia por volver a un modelo de estabilidad política, económica y social en el que se puedan gestionar estas demandas, sin perder su identidad en las agendas de orden, seguridad y confianza del sector privado. Del mismo modo, este mito no es solo una narrativa de victimización a partir de un hecho de violencia político-electoral, sino la construcción de una nueva plataforma con capacidad de cohesión, que les permite a estos sectores proyectar un nuevo liderazgo, reconstruir su identidad y disputar la legitimidad democrática en el terreno simbólico. Tal como en 2018, los proyectos de derecha temen una transformación institucional profunda que los aleje de los escenarios del poder político. —La disputa por los proyectos políticos se está dando en el marco de las instituciones y el Estado (el escenario estructural) Fuente: Alcaldía de Bogotá La emergencia de este nuevo mito para la derecha (y la manifestación de su construcción con la “marcha del silencio”) termina por cerrar el reflujo que había iniciado la semana anterior con el ataque a Uribe Turbay, y equipara la correlación de fuerzas con el Progresismo, que conserva su mito bajo la idea de la traición de los aparatos del Estado por implementar la agenda reformista del gobierno, la necesidad de consolidar nuevas estructuras en democracia que permitan mayor participación directa de la sociedad en la toma de decisiones, y la defensa de un programa político centrado en la solución a los problemas de desigualdad social en el país, frente a una serie de élites políticas y económicas que se niegan a ese cambio y generan los bloqueos que han impedido la negociación y el diálogo. Esto significa que hay dos grandes bloques políticos ahora mismo en disputa , que han puesto en discusión dos modelos de país y dos modelos de democracia, que se están tornando irreconciliables. Como consecuencia de lo anterior, la institucionalidad ya no tiene la capacidad de contener y canalizar las tensiones en el marco de aquella disputa , porque es el mismo escenario donde ambos bloques están chocando, por lo que esta crisis política no es meramente coyuntural, sino estructural: afecta los cimientos del sistema representativo y la capacidad de las instituciones para procesar el conflicto político. En parte, por esta razón es que las negociaciones en el marco de resolver esta crisis política van a tender a la fragilidad y, en general, no va a ser tan fácil llegar a un escenario de desescalamiento a nivel político, así como tampoco habrá muchas ventanas de negociación entre estos bloques, en tanto el choque entre estos dos grandes bloques tiende a favorecer escenarios de polarización, donde la presencia de figuras más carismáticas con narrativas mucho más radicales tiende a cerrar espacios e invisibilidad a los discursos más moderados. Es por ello que los llamados sectores de “centro” (tanto en la centroizquierda como en la centroderecha, así como los partidos tradicionales atrapalotodo) también están en un momento crítico existencial, en tanto la radicalización política en el país puede llevar a que pierdan base electoral, conforme estos dos bloques tiendan a hegemonizar la conversación pública, reduciendo el margen de maniobra de discursos considerados intermedios o matizados. Lo anterior ya se puede observar tanto con la fallida escisión del Partido Alianza Verde ( que ya trabajamos en este artículo ), como con las fracturas dentro del Partido Liberal y el Partido de la U, en la que los sectores que se han roto han tendido casi siempre hacia alguno de los dos polos, por lo que la independencia política de estos partidos se irá potencialmente decantando. —A modo de cierre Lo que suceda esta semana que inicia será fundamental para saber qué curso toma la crisis política en el país.   La discusión sobre la revivida reforma laboral  (a la que le faltan solo 12 artículos para ser aprobada en Senado y llegar a conciliación entre ambas cámaras) determinará si la narrativa de consenso en la que se ha plantado el llamado “centro” y los partidos independientes funciona y les permite construir también una narrativa con la cual sobrevivir al choque entre el Progresismo y la oposición de derechas. Del mismo modo, la votación que realice el Senado sobre la segunda Consulta Popular presentada por el gobierno y el resultado de la reforma laboral también incidirán sobre la decisión de retirar o mantener el decreto de convocatoria a la primera Consulta Popular por parte del presidente Petro. En esa misma vía va la decisión que tomará el registrador nacional, Hernán Penagos, de reconocer el decreto de la Consulta  o, bajo el argumento de excepción de inconstitucionalidad, abstenerse de tomar una decisión y dejar en manos de las Altas Cortes el destino de la Consulta Popular. Al mismo tiempo, este lunes 16 de junio, el gobierno volverá a medirse en las calles, luego de la “Marcha del Silencio” con una nueva jornada de movilización por las reformas sociales y la Consulta Popular . Sin embargo, el hecho más importante se dará en la Curia Arzobispal, en la que el presidente Petro, junto con el presidente del Senado y las principales cabezas de las Altas Cortes y los entes de control están llamados a una reunión con el cardenal primado de Colombia, José Luis Rueda, para tratar de abrir los canales de negociación y de diálogo  y frenar el choque interno y la fragmentación que vive ahora mismo el Estado. ¿Funcionará? Luego de la 1:00 pm habrá de salir humo blanco, aunque el ambiente denota desconfianza y falta de reconocimiento entre los mismos actores en disputa.

Por Juan Guillermo Sepúlveda Arroyave [1] La presente es una carta abierta a la familia de Miguel Uribe Turbay, a su hermana, esposa e hijos.   Escribo estas líneas de manera respetuosa por el dolor que está viviendo la familia de Miguel, pero lo hago por el conocimiento que tengo en el tema de la justicia restaurativa, pero, ante todo, por lo que personalmente he vivido: mi padre fue asesinado, el asesino fue juzgado por la justicia ordinaria, yo hice de parte civil (como abogado que soy), esta lo encontró culpable después de analizar todo el acervo probatorio, por lo que fue condenado a casi 20 años de cárcel. Ya los pagó, ya está en libertad. De esto hace 32 años… y yo aun me despierto sobresaltado preguntándome ¿por qué lo mato?, pues la verdad de los hechos que reposan en los expedientes del juzgado es una verdad a medias, inexacta y manejada por la defensa, para lograr para su cliente una pena lo menos gravosa posible.   Tiempo después, de regreso a Colombia, en la Procuraduría General de la Nación, desde el Programa de Justicia Restaurativa, que tuve la oportunidad de coordinar gracias al apoyo del procurador Fernando Carrillo y el viceprocurador Juan Carlos Cortés, entendí en palabras de las víctimas, después de los Encuentros Restaurativo realizados, el porqué de mi desazón de todos estos años. Estos son algunos testimonios de las partes, después de un Encuentro Restaurativo:   “Yo les diría que lo intentaran, contra lo que sea, por-que siempre hay personas que te dicen que no vengas, pero es tu vida, es tu proceso...es su dolor. Después de este Encuentro siento…gratificante (sic) y liberador, pero sobre todo… agradecimiento con los que permitieron este Encuentro Restaurativo" (Víctima)   "Me costó llegar a creer que se iba a lograr //Restaurar… porque no había tenido la oportunidad. Quería que la otra persona (la víctima) se sintiera tranquila, tampoco inconforme o que a la hora de yo salir creyera que le fuera a causar otro daño" (Ofensor menor de edad)   "Nunca pensamos que hubiera estos medios para reconciliarse con las víctimas, haber (sic) un perdón o haber (sic) unas paces // Me voy con la gratificación de que mi hijo quedó tranquilo, tiene más ganas de seguir adelante, se siente en paz y me deja en paz a mí” (Madre del ofensor) [1]   Familia de Miguel, apuéstenle a la Justicia Restaurativa, que es la justicia natural con la que se juzgará al joven que atentó contra la vida de Miguel, pero antes deben de conocer de qué trata esta justicia que Naciones Unidas la tiene en uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Fututo 2030, concretamente en el 16.   A diferencia de la Justicia ordinaria retributiva del castigo, donde la impunidad es del 93 %, a manera de ejemplo, sería algo similar a si la administración de justicia en vez de hacer justicia hiciera puentes, se les caerían 97 de los 100 puentes construidos, en cambio en la JUSTICIA RESTAURATIVA TODOS GANAN: VÍCTIMA, OFENSOR Y COMUNIDAD.                La  víctima  puede expresar sus sentimientos frente al daño causado, pedir explicaciones de lo sucedido, conocer la verdad de los hechos, perdonar y ser reparada. Lo que le permite superar los miedos y los deseos de venganza, pasar la página y hacer el cierre de lo sucedido y avanzar hacia el futuro con confianza.   E l autor/a del delito  puede contar la verdad, arrepentirse, reparar y prometer no volver a delinquir; superar las venganzas y el estigma social; y reintegrarse a su familia y a la comunidad.   Las familias y la comunidad pueden acompañar los acuerdos restaurativos, verán mejorada la convivencia en sus familias y en el barrio, apoyarán los procesos de desvictimización y de reintegración social de las partes, y velarán por la no repetición.   Familia de Miguel Uribe: la justicia colombiana apoyada en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), los llamará para proponerles entrar en un programa de Justicia Restaurativa, momento en el que deben estar acompañados por profesionales facilitadores de procesos restaurativos , con ciertas características como: ser imparcialidad y neutralidad; con formación en técnicas de mediación, justicia restaurativa, comunicación no violenta y manejo emocional; ser facilitadores del diálogo; generadores de confianza, respetuosos del enfoque restaurativo y con actitud y aptitud. De lo contrario, pueden producirse efectos negativos en el proceso, acciones con daño, traducidas en revictimización.    Finalmente, no olviden que la Justicia Restaurativa es la justicia de las víctimas, son ustedes los protagonistas, los que deciden, pues el dolor es solo vuestro.   [1] Sepúlveda Arroyave, es el creador y director de la Fundación Colombia Restaurativa www.colombiarestaurativa.com  y del colectivo interdisciplinario que opera en el sistema penal Justicia Penal Reintegradora juanguillermo.sepulveda@gmail.com  Coordinó en la Procuraduría General de la Nación (PGN) el programa de Justicia Restaurativa. [2]  www.colombirestaurtiva.com  la pestaña “Campañas”.

Por: Guillermo Linero Montes Hay personas dadas a excluir al pueblo, porque lo creen indigno de participar en los asuntos cívicos y políticos, y hasta creen que no debe educársele intelectualmente, sino solo instruirle en los oficios que lo habrán de esclavizar. No en vano, en el derecho internacional público existe la conciencia de cómo en las decisiones gubernamentales debe garantizarse la participación ciudadana. Se trata de un concepto afincado por las Naciones Unidas para que los estados democráticos promuevan “ la participación equitativa en los procesos políticos y en la toma de decisiones, buscando que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos y contribuir activamente a la vida pública ”. No obstante, excluir al pueblo de las decisiones del gobierno es un acto claramente malévolo, si quien lo hace es un beneficiado de la oligarquía; es decir, alguien con dinero, con formación intelectual, moral, ética y cívica. Pero, si este rechazo proviene de otros pobres, sin duda se trata de un criterio fundado en el desconocimiento de la estructura y funcionamiento del estado y en el desconocimiento de sus ejes fundamentales. Quienes piensan en contravía de los derechos de los pueblos, carecen también de las nociones básicas de Historia, donde se cuenta cómo ha sido la evolución social desde los primeros grupos humanos, hasta las sociedades de hoy, constituidas en estados nacionales. Lo cierto es que los pueblos primigenios que, según las investigaciones y escritos de Engels, estaban organizados en una especie de comunión paradisiaca, dieron inicio a criterios de férrea organización social, en respuesta a la ambición de otros grupos foráneos que empezaron a invadirlos y a desplazarlos. Al decir de los estudiosos, por causa de tales agresiones se les hizo sobre evidente su realidad espacial, y visualizaron el entorno de la aldea en términos de propiedad. En consecuencia, encontraron razones para defender su derecho a ocupar el espacio de su raigambre y a cohibírselo a extraños. Las tribus primigenias, en general se creían hijos de la misma tierra, y reconocían como suyo un lugar no mayor al necesario para surtir sus necesidades vitales: ni más grande que la llanura donde sembraban, ni mayor a la montaña donde cazaban, ni tampoco lo extendían más allá del río o de la orilla del mar donde pescaban. La territorialidad era solo el espacio que usaban para su asentamiento y subsistencia y, de no existir asaltantes e invasores, nunca hubieran concebido un anillo de seguridad, conformado por hombres dispuestos a perder su vida en defensa de su pueblo y de su territorio. Cuando en el año 753, antes de Cristo, fue fundada la ciudad de Roma (que es el modelo de la civitas occidental, de la cual proviene también el modelo nuestro), lo primero que hicieron sus pobladores fue escoger entre los suyos a quien encargarle la coordinación de las tareas comunes (hacer obras públicas, distribuir la riqueza, etcétera). De tal modo, el escogido debía velar por el cumplimiento de la “voluntad popular” y el pueblo lo respaldaría con el apoyo a su misión. Luego conformarían un sistema de defensa, con los hombres más fuertes, para defender los límites de su territorio, y así asegurar la paz de sus pobladores, mientras pescaban, cazaban o se instruían, siempre enfocados en el bien común y en un futuro más desahogado. Pero, bueno, esos cuatro factores (la territorialidad, la población, una fuerza armada y un gobernante) contribuyeron a la constitución de un orden social tan efectivo y eficaz que, aun hoy, no hay otro modelo mejor pensado. En efecto, a esa organización de una población concentrada en un territorio, defendida por una fuerza armada, y orientada por un gobernante, es a lo que esencialmente se le denomina Estado. Y la fuerza de ese Estado, constituida por el celo de una tradición de familias, por el sentido de propiedad territorial, por una fuerza armada que los protege, y con la potestad de un gobierno o gobernante, es la llamada soberanía. En nuestro caso, y al día de hoy, tenemos un territorio conformado por cinco regiones con culturas distintas, un ejército de jóvenes campesinos y un régimen presidencialista donde gobierna única e irrestrictamente un presidente, Gustavo Petro; y no tenemos un régimen parlamentario como creen los periodistas de los medios de comunicación corporativos, los conspiradores y los políticos de oposición, al otorgarle más poder y guardarle más respeto al presidente del senado, el señor Efraín Cepeda, que fue elegido por una minoría de ciudadanos, y no al presidente de la república, que fue elegido por la mayoría del pueblo, cuyo poder popular no tiene rival. Que eso no lo entiendan algunos ciudadanos -para quienes el pueblo debe estar al margen de los asuntos civiles y políticos- es la demostración de nuestras carencias cognitivas y de nuestra necesidad de propiciar ambientes sanos ­-sobre lo cual el presidente hace tanta alusión con sus programas-  basados en la formación cultural y artística, en el estudio y aplicación de la ciencia y la tecnología; pero, sobre todo, en la conciencia de cuidar el espacio más allá de la aldea y del entorno ambiental, incluyendo a todos los seres vivos, sin distinciones ni privilegios y, por supuesto, al planeta en su integridad. De tal suerte, es una desagradable anomalía, que haya quienes se nieguen a promover la participación real de los ciudadanos más explotados -que no los menos favorecidos- por medio de los mecanismos de participación que son la manera expedita para el cumplimiento de la única voluntad que prima en una organización social democrática: la voluntad popular.

Por: Redacción Pares En la gran mayoría del país se llevó en paz la marcha por el silencio. Intentar descalificar esta manifestación atribuyéndole un origen político es inoficioso. La gente en su mayoría fue vestida de blanco y eso sí, se vieron personalidades políticas de la derecha en especial a Vicky Dávila y a la propia María Fernanda Cabal. Sin embargo, contrastando con lo que se promulgaba, hubo un hecho de violencia contra periodistas de RTVC que buscaban cubrir el evento. En Bucaramanga concretamente se presentó un hecho de odio. Uno de los periodistas de este sistema de medios intentó cubrir la marcha en esta ciudad cuando una turba intentó agredirlo “Váyase de acá” le gritaban mientras lo empujaban “usted es petrista”. El camarógrafo además tuvo que resistir otro tipo de andanadas de odio al ser señalado de pertenecer a la guerrilla. Incluso en algún momento se ve como pasaron de las agresiones verbales a los empujones. El presidente Gustavo Petro, quien felicitó públicamente a los manifestantes por hacer honra de las manifestaciones de paz y de mejoramiento para la salud de Miguel Uribe Turbay, hizo una publicación en X condenando el ataque a un miembro de RTVC “Esto está mal. Los periodistas no son guerrilleros y no se les debe atacar. Aquí sienten lo mismo que quienes impulsan el asesinato. La venganza infundada por el prejuicio y el odio, esa es la madre de la violencia en Colombia”. Incluso la propia Flip rechazó las agresiones a periodistas en Bucaramanga y exigió que se den garantías, independientemente del medio, en un ambiente cada vez más polarizado en el ejercicio de informar. Como era de esperarse el atentado a Miguel Uribe Turbay exacerbó aún más los ánimos ya caldeados de la confrontación política. Con respecto a las manifestaciones del pasado 15 de junio vale la pena resaltar que hasta el propio Petro se consideró, a través de una publicación en sus redes sociales, parte de esta marcha. No se reportaron daños ni agresiones a pesar de la hostilidad demostrada contra el joven periodista de RTVC. El nombre del comunicador es el de Nicolás Camilo Torres y su camarógrafo Fredy Pernía. Además de haber recibido insultos como el de “guerrillero” ambos comunicadores tuvieron que recibir otro tipo de insultos como el de “Prepagos” “malnacidos” y “asesinos”. La labor del periodismo y de cualquier tipo de publicación, venga de donde venga, es el de bajar el odio y desescalar el lenguaje.

Por: Redacción Pares La noticia la leí en BBC y fue impactante. Los periodistas británicos ya llegaron a ese país. Entrevistaron a los afectados y vieron el horror. El objetivo de Irán, al menos en teoría, era atacar la infraestructura nuclear de este país. Pero como siempre, por falta de cálculo, o por pura violencia, los cohetes se desvían y nada más en la noche del viernes ya se contaban 220 personas asesinadas por esta ola de bombardeos. Las proporciones parecen tan bestiales como las que estamos viendo desde octubre del 2023. La respuesta iraní no se hizo esperar. El contrataque alcanzó a pasar el famoso escudo de hierro de Israel y el viernes mataron a doce personas en Tel Aviv. Pero en Teherán y en las principales ciudades de Irán hay miedo. En Irán las personas mayores de cincuenta años sólo tienen un recuerdo de un tipo de violencia de estas proporciones y fue la guerra sostenida en los años ochenta con Irak, en donde incluso se usaron armas químicas. Por eso afirman sentirse “atascados” en este país. Según contó la BBC la gran diferencia con esos años es que al menos, por esa época, se escuchaban las sirenas avisando por los ataques. Ahora no hay ninguna alarma. Es como si, simplemente, al gobierno iraní le ha dejado de importar la vida de las personas. Desde 1978 la revolución islámica cambió por completo la faz de ese país. Herederos de los persas, han vivido una historia fluctuante. En esa fecha una revolución, liderada por el Ayatolá Jomeini, tumbó al Sha, un rey dejado por los ingleses para cuidarle sus intereses económicos a ese imperio. Aunque el Sha quería dejar en su país un falso progresismo y apertura hacia occidente y las mujeres podían estudiar, escuchar música y no apegarse tanto a los libros sagrados, en Irán ya no se toleraban las torturas, despilfarro y desapariciones que dejaba esta monarquía. Pero la llegada de los Ayatolas no le sirvió a los que buscaban vivir libres. El país cambió, el velo cayó sobre las cabezas de las mujeres, el islam se puso como la única forma de pensamiento válido y se entró en una confrontación perpetua con Estados Unidos. La guerra con Irak que duró ocho años devastó al país. Ahora esta guerra con Israel sería el acabose. En las afueras de Teherán se aglutinan carros que quieren salir de la capital hacia ciudades más pequeñas, en donde las bombas no caigan. Una de esas personas que salía de la ciudad dijo lo siguiente: "Lamentamos que a los líderes de nuestro país no les importe ninguno de nosotros ni nuestras vidas, y todos estamos tratando de superar estos días con miedo, agotamiento y mucho estrés; esto es extremadamente duro y doloroso". Por ahora se teme una escalada del conflicto. Igual ya hay miedo. A los iraníes no sólo debe preocuparles la feroz reacción de Israel sino que también deben preocuparse por el probado desprecio de los propios dirigentes iraníes por la vida de su gente.

Por: Juan Manuel Velandia y Diego Alejandro Pedraza, Investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad La corrupción en el departamento de Vichada pasó factura. El proceso electoral para elegir nuevo gobernador se está presentando tras la condena de 7 años y 9 meses a Hecson Alexis Benito Castro del Partido de la U, elegido Gobernador en las elecciones territoriales de 2023. El 7 de febrero de 2025 La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de Benito Castro por el delito de peculado por apropiación mientras se desempeñaba como alcalde para el periodo 2012-2015 del municipio de Santa Rosalía, esto debido a que suscribió un contrato por un valor de $13.719.876,  para el mejoramiento y adecuación de un puente en la vía que comunica al resguardo indígena de la etnia Sáliba, que no fue construido, mejorado ni adecuado por el contratista. Tras la condena, el Ministerio del Interior convocó a nuevos comicios atípicos para elegir al nuevo gobernador departamental el 15 de junio de 2025. EL MAPA POLÍTICO DE LAS ELECCIONES ATÍPICAS A LA GOBERNACIÓN DE VICHADA Y SUS PERFILES En medio de este proceso, los candidatos a los que la Registraduría les avaló la inscripción fueron Fulberto Guevara y Juan Carlos Cordero Rojas, ambos candidatos con amplias trayectorias en el sector empresarial y político del departamento, pero a su vez con fuertes cuestionamientos por presuntos actos de corrupción.   Fulberto Guevara Fuente: Imagen tomada del portal WEB “El Morichal”.  Se lanza a la Gobernación con la alianza “Fulberto” conformada por los partidos Alianza Verde, el Partido Liberal, la Colombia Humana, el MAIS y el Partido ASI. Por segunda vez, Guevara se presenta a los comicios por la gobernación, quedando en tercer lugar en el año 2023.   Su figura es bastante cuestionada, principalmente por su injerencia en la contratación estatal de la cual ha sido uno de los denominados “dueños” en los últimos 20 años. Según el medio local “El Morichal” , la contratación pública del municipio de Cumaribo (el más grande del departamento) y partes de la contratación de la Gobernación del Departamento, han caído en manos de Guevara desde el 2011, cuando logró constituirse como un “megacontratista”.   Aunque se vende en la campaña como “el hijo del Vichada, criado en Cumaribo” y apela a los sentires de la gente de a pie, los datos muestran que entre 2011 y 2021 ha registrado por cuenta propia o por medio de terceros que pertenecen a su estructura contratos que superan los 10 mil millones en el municipio de Cumaribo y los 28 mil millones con la gobernación. Casi todos, relacionados con temas de infraestructuras educativas o al suministro de implementos de aseo.   Guevara llega como un candidato cuestionado, pero con un fuerte caudal burocrático y apoyado por el exgobernador y hoy diputado, Luis Carlos Álvarez, quien se encuentra investigado por parte de la Contraloría por irregularidades fiscales que superan los 12 mil millones de pesos durante su periodo en la gobernación, tiempo en el cual, Fulberto Guevara se constituyó como uno de los principales contratistas. Juan Carlos Cordero Fuente: Imagen tomada de la cuenta personal de Facebook de Juan Carlos Cordero Es el candidato y ficha clave del exgobernador destituido, Benito Castro. Cordero se presenta por la coalición “Vichada en Buenas Manos”, conformada por los Partidos de La U, Colombia Renaciente, AICO y Conservador.   Es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia y especialista en Evaluación y Gerencia de Proyecto de la Universidad Industrial Santander UIS. Se ha desempeñado como concejal y secretario de Gobierno en Orocué, Casanare y alcalde de Cumaribo para el periodo 2020-2023.   Juan Carlos Cordero cuenta con múltiples cuestionamientos, según La revista Raya , en 2018, cuando era alcalde encargado de Cumaribo presuntamente habría recibido 520 gramos de oro el cual había sido incautado por la Armada Nacional el 12 de diciembre de 2017. Sin embargo, la secretaria de Gobierno de Cumaribo, Cielo Prada Ruiz, denunció ante la Sijin el presunto hurto del oro ya que existía un desconocimiento del paradero del material.   Por otro lado, también enfrenta cuestionamientos por presuntos actos de corrupción, según registros de la Contraloría General de la República, existen dos investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación hecha para la construcción de un sistema de agua potable que abasteciera el centro poblado de Puerto Príncipe y la adecuación del sistema de alcantarillado del municipio de Cumaribo, durante su mandato (2020-2023).   Aunque la contienda electoral atípica se perfila como reñida, Cordero parte con una ventaja significativa al contar con el respaldo de toda la estructura política del exgobernador Benito Castro. No obstante, lo único que parece seguro es que independientemente del resultado, la corrupción que ha permeado históricamente al departamento continúa siendo la gran ganadora.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. “Lo hice por plata, por mi familia” es una de las cosas que ha dicho el menor de 14 años implicado en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, esto demuestra la cruda realidad que viven la niñez y la juventud empobrecida y es el reflejo de un sistema que ha fallado en su deber de proteger. Mientras se avanza con las investigaciones del caso, en la opinión pública se ven manifestaciones de indignación y la especulación sobre quién está detrás de este atentado, cosa que considero irresponsable. Sin embargo, pocos se han detenido a pensar en lo que creo más importante y es cómo llega un joven a convertirse en sicario. Porque, como lo he manifestado en columnas anteriores, este joven, como los 463 menores reclutados en Colombia durante 2024, según la Defensoría del Pueblo, es una víctima . Víctima de la pobreza, del abandono institucional, de entornos familiares violentos, de un sistema educativo deficiente y de una sociedad que prefiere castigar en vez de proteger. El caso de este joven tiene un trasfondo importante, según se ha conocido, ya había sido reportado en 2022 por ser víctima de violencia intrafamiliar, su colegio había emitido alertas por comportamientos agresivos y desde inicios de 2025 tenía una nueva custodia legal. Es decir, el Estado sabía quién era este joven, de hecho, había sido rastreado en programas sociales tanto del gobierno nacional como local, pero desafortunadamente no recibió el acompañamiento necesario. La realidad es que estamos hablando de niños, niñas y jóvenes que han sido instrumentalizados por redes criminales que se lucran reclutando menores, aprovechando la vulnerabilidad y los vacíos institucionales. El reclutamiento infantil debe ser tratado como una prioridad urgente en todos los niveles de gobierno desde políticas de prevención sólidas y articuladas. Adicionalmente, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescentes, según la Defensoría, presenta graves incumplimientos. Pero más allá del sistema judicial, el problema comienza cuando los niños, niñas y jóvenes no tienen garantías básicas, cuando sus entornos son empobrecidos y violentos, cuando las políticas públicas llegan tarde o no llegan. Un joven dispuesto a cometer un crimen es el resultado del abandono y la exclusión, escenarios que el crimen organizado ve como una oportunidad de mano de obra desechable. Por ello es esencial desmantelar las redes de reclutamiento, articulando sistemas de prevención desde la escuela, desde el barrio, desde el ICBF, desde los gobiernos. Necesitamos generar alternativas reales y dignas para que ningún joven sea reclutado. Insisto en que es urgente cambiar la narrativa. No podemos permitir que el amarillismo revictimice. No podemos seguir viendo en cada niño o joven involucrado en un delito una amenaza, cuando lo que tenemos son jóvenes desprotegidos. * Ojo que a esto se suma la profunda irresponsabilidad de los medios de comunicación en el tratamiento del caso. Coberturas que exponen datos personales o familiares sin el más mínimo filtro de protección y con visiones punitivistas que alimentan el morbo. En redes sociales, se comparten versiones sin confirmar, se estigmatiza y se refuerzan discursos violentos que ignoran por completo la condición del menor de edad. Los medios, y quienes reproducen estas narrativas, están fallando. Necesitamos que se informe con responsabilidad desde un enfoque de derechos humanos.

Por: Redacción Pares Después de que se firmara la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016, hubo grandes zonas al sur del país que no fueron copadas por la fuerza pública. Estas zonas fueron copadas por los hombres que venían de México. Otra vez, una fuerza invasora exterior, aparecía dominando la tierra que alguna vez les perteneció a los indígenas. En algunas partes del Valle y del Cauca se hablaba en mexicano. Entre 2024 y 2025, las autoridades capturaron a 35 ciudadanos mexicanos vinculados presuntamente al Cartel Jalisco Nueva Generación. Este grupo se estableció en Colombia no solo para reforzar sus redes de narcotráfico, de oro, sino también para incursionar en otras actividades criminales como la trata de personas. Este grupo criminal estaba, además, atento a reclutar jóvenes para la guerra. La incursión del Cartel de Jalisco explica la cantidad de mujeres colombianas que han sido secuestradas y algunas desaparecidas en México. El reclutamiento forzado no se limita a menores sino también a exmilitares colombianos que pasan a engrosar las filas de sus ejércitos. En Colombia les prometen que irán a México a trabajar en agencias de seguridad privada, con salarios de hasta ocho millones de pesos, pero, cuando llegan a ese país, descubren que todo es una fachada, que lo que harán será trabajar como sicarios. Las denuncias sobre militares desaparecidos en México son cada vez más constantes. Lo que hace aún más problemática esta situación, es que estos grupos están alimentando financieramente a grupos como los de Iván Mordisco. Se sienten con tanta libertad y poder que pueden hacer lo que realizaron el pasado 10 de junio, cuando, durante cinco horas, desataron el pánico en departamentos como el Valle y el Cauca. Estas actividades, evidentemente terroristas, dejaron un saldo de ocho muertos y sesenta y dos heridos. El cartel de Sinaloa es otros de los grupos que alimentan con plata y armas a las disidencias. Ellos tendrían negocio dentro del cañón del Micay, uno de los lugares en donde la coca se expande y crece con mayor facilidad en el mundo. Según la Oficina de Naciones Unidas contra las drogas y el delito en Colombia, hay sembradas 253.000 hectáreas de coca, tan solo en el Cauca se concentran 31.844 hectáreas, lo que constituye el 12,5 % de la cantidad de plantíos de coca en el país. Según lo ha afirmado por el propio presidente Petro, es innegable que, en un lugar como El Plateado, en donde desde hace décadas no existe otra ley que la de los violentos, el dominio del cartel de Sinaloa. En abril de este año, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha dicho sobre esto: “El cartel de Sinaloa compra la coca que les venden los grupos armados en el Cauca”. Según nuestro coordinador de la línea Paz y Posconflicto de la fundación Pares, Francisco Daza: “Los carteles inyectan a los grupos armados grandes capitales y armas y, a su vez, se articulan a través de trabajo conjunto en función de la regulación de la cadena de producción de la cocaína”. A este coctel se agrega la presencia y disputa de otros grupos como fracciones de los Shottas y Espartanos, los dos grandes grupos que dominan el crimen en Buenaventura, las autodefensas gaitanistas y hasta el ELN. Los ataques de esta semana en el occidente dejan aún más devastado moralmente a un país que teme regresar a los peores años de la guerra, que en algún momento se creían superados.

Por: Redacción Pares Ocho años duraron los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. El primero de ellos, incluso, quería quedarse otros cuatro años más. Para hacerlo, entró en una disputa terrible contra la Corte Suprema. Esta batalla generó escándalos que aún sacuden al país, como la yidispolítica, o las chuzadas del DAS, triquiñuelas con las que funcionarios de ese gobierno pretendían que Uribe se convirtiera en el presidente eterno. Santos, quien hizo parte de ese gobierno y fue el ministro de Defensa de Uribe durante los años en los que sucedió el escándalo de falsos positivos, también duró ocho años. Durante su gobierno ordenó cerrar “el articulito” con el que se modificó la Constitución y se regresó a periodos presidenciales de cuatro años, eliminando de tajo el fantasma de la reelección. Santos y Uribe, quienes alguna vez fueron aliados políticos, hoy han encontrado un enemigo en común: la resistencia que tienen contra Gustavo Petro. El pasado 11 de junio, el presidente estuvo en Cali liderando una masiva concentración en apoyo a la consulta popular. La sultana del Valle ha constituido para el petrismo uno de sus bastiones más inobjetables. En plaza pública, el presidente se refirió a las ventajas que traería la reforma laboral a los sectores más golpeados por la crisis económica y la falta de oportunidades: “Estoy proponiendo una jornada de ocho horas, que el día se acabe cuando se oculta el sol (a las seis de la tarde). Estoy proponiendo que no haya discriminación entre la juventud trabajadora. Los más viejos tienen contrato laboral, pero está prohibido para los jóvenes. Quiero para ellos también, por lo menos, el salario mínimo... ¿Por qué no hay una pensión para los campesinos, mientras los parlamentarios sí la tienen? Dicen que elevamos el tono, cuando lo que pedimos es que todos los colombianos tengan derecho a la pensión". Petro recordó algo que los expresidentes parecen haber olvidado: haberse reelegido en su momento violando la Constitución política. En este momento, los dos expresidentes están muy temerosos de lo que pueda hacer Petro con nuestras leyes, olvidando que ellos se favorecieron de ciertos cambios en la carta magna para fortalecer —e incluso ampliar — sus periodos presidenciales.  “Los que se reeligieron cambiaron la Constitución con un articulito y con malas mañas: el doctor Uribe, y después se benefició Santos, quienes gobernaron en este siglo ocho años (...). Santos, lo que quiso para él mismo, lo prohibió en el Congreso para los que siguieran. Yo no tengo esa ambición, yo soy un demócrata”. Petro reafirmó que no es de su interés extender su periodo de gobierno y que todos los que afirman esa preocupación están mal informados: “Solo le pido al pueblo de Colombia que no reelijan a una persona, sino al proyecto del cambio en este país. El pueblo será libre, yo garantizaré que cualquier candidato de Colombia viva”. En Cali, las manifestaciones de apoyo a Petro fueron unánimes.

Por: Redacción Pares Desde el pasado sábado, el país está pendiente y unido en cadena de oración por el restablecimiento de la salud del senador y precandidato por el Centro Democrático a la presidencia, Miguel Uribe Turbay. Un joven de 14 años disparó contra él mientras se encontraba dando un discurso en una tarima improvisada en el barrio Modelia. El presidente Gustavo Petro ha ordenado a la fuerza pública desplegar toda su fuerza e inteligencia para encontrar a los responsables de este crimen. En redes sociales, el discurso del odio y la desinformación han sido los imperantes dentro de los dos bandos del espectro ideológico. Acusaciones van, señalamientos vienen, lo cierto es que aún no hay nada claro y real sobre quién pudo hacer este atentado. Con su clásica irresponsabilidad Nicolás Maduro —desde el otro lado de la frontera— puede decir con impunidad quiénes son, según él, los responsables del ataque al candidato de la derecha: la propia derecha. Además, afirmó, sin que le temblara la voz, que todo esto se debe a un plan de los Estados Unidos con la derecha colombiana para derrocar a Gustavo Petro: “un plan que está siendo dirigido por Marco Rubio en Estados Unidos y tiene como fin llenar de bandas criminales, de violencia criminal, de terrorismo todo Colombia, para ir a derrocar al gobierno progresista del presidente Gustavo Petro e imponer un escenario para que vuelva un gobierno de extrema derecha, neofascista”. El chavismo llegó al poder por vía democrática desde diciembre de 1998 y, desde entonces, ha usado la fuerza armada y también la ley, para imponerse como la única fuerza en Venezuela con poder. En las elecciones del año pasado, el escándalo cundió por la no presentación de las actas de votación por eso los rumores de fraude electoral fueron una constante. Petro no hizo referencia a las declaraciones de Nicolás Maduro, pero sí ha dejado claro que detrás del atentado contra Uribe Turbay existe una intención clara de hacerle daño a él y a su entorno y que la derecha colombiana quiere sacarlo como sea de la Casa de Nariño. El pronóstico de Uribe Turbay se mantiene reservado y el país entero, sin importar la ideología o el partido al que pueda pertenecer, se ha unido para pedir por la salud del joven político de 39 años.