Por: Redacción Pares Antes del 20 de julio de 2025, Lina Garrido era solo uno de los rostros del Congreso. Se sabía poco sobre ella. Representaba los intereses de los araucanos y, como Alirio Barrera, había decidido ir al Congreso con un sombrero, para que no quedaran dudas de su alma llanera. Ese día, durante la instalación del Congreso, fue elegida por la oposición para hacerle la réplica al discurso del presidente. El contraste no pudo ser más evidente. Petro tuvo una tarde inspirada —de esas que hace rato no tenía— y pudo establecer una línea de tiempo con los últimos veinte años de la política nacional. Dijo, sin que le temblara la voz, que estamos mejor que antes: en 2004, cuando Mancuso, Báez e Isaza entraron al Congreso, vitoreados por los senadores, el 35% de los padres de la patria habían sido comprados por las AUC. “Ahora, al menos discutimos las reformas” Afirmó Petro. Garrido hizo un discurso en donde copió un dicho de Hugo Chávez, de 2007, después de que, en la Asamblea de la ONU, sucedió al entonces presidente George Bush en su discurso: “Huele a azufre”. La representante Garrido prefirió el adjetivo a los datos y, aunque no se necesita ser un gran analista político para ver la diferencia de calidad entre un discurso y otro, hubo gente que empezó a ver como una buena candidata al Senado a Garrido. El petrismo puro y duro de redes se enfocó en los cuestionamientos que, supuestamente, tiene la señora de Arauca. Uno de los más virulentos, Levy Rincón, afirmó: “Da mucha risa ver a esta señora creyéndose la luchadora contra la corrupción sabiendo que el papá es tremenda rata ladrona del erario y los financiadores de su campaña son los verdaderos corruptos del país. ¡Sea seria, deje el show y dígale a su papá que devuelva lo que se robó!”. Según ha trascendido en las últimas horas, el papá de Garrido y su padrino político, un exgobernador de Arauca, habrían estado en problemas de supuesta corrupción. Garrido, ante la andanada de Rincón, le contestó: “¿Así de jodidos los dejé con el magnífico discurso del domingo? Jamás podrá superar que una mujer como yo los haya atendido a todos. Siga llorando Vulgarcito…”. Según Garrido, el impacto que dejó en el presidente su discurso fue de tal calibre que lo obligó a irse “corriendo” del Congreso. Periodistas como César Augusto Londoño y opinadores como Daniel Samper Ospina, completamente opositores a este gobierno, aplaudieron el discurso de Garrido. Incluso, el comediante apareció en una foto con la representante de Arauca, imagen que ha causado furor tras su atropellado discurso en el Congreso, que le costó una demanda por injuria y calumnia interpuesta por el ministro del interior, Armando Benedetti. Es que, en el discurso, la representante Garrido afirmó lo siguiente dirigiéndose a Petro: “Usted les ha dado más de diez bofetadas en la cara a las mujeres de Colombia con los nombramientos de agresores en altos cargos de su Gobierno. Lo incluyo a usted, Armando Benedetti”. Lo único cierto es que, gracias a ese discurso, pasó de ser, en unas cuantas horas, una ilustre desconocida a sonar con fuerza para las próximas elecciones al Senado.

Por: Odevida En Jambaló, Cauca, la guerra no es más que la cotidianidad. Hay jóvenes como William Ferney Pazú que quieren torcer la historia. Por eso, a sus 23 años, ya había hecho varias cosas para lograrlo. Creía que la música tenía la pócima necesaria para lograr el milagro de callar los fusiles. Se unió, antes de cumplir 20 años, al colectivo Álvaro Ulcué Chocué del territorio ancestral donde nació. En la vereda donde vivía, Vitoyó, creó una escuela para formar músicos, que bautizó como “Nueva semilla”. Le gustaba la flauta y el tambor. A sus días siempre le faltaron horas por la cantidad de trabajo que se subía a sus jóvenes hombros. En la Institución Educativa Marden Arnolfo Betancur donde estudió, fundó un grupo musical llamado Los Tiraflechas. Era un grupo donde estaba su padre, Rogelio Pazú. La carranga les encantaba y claro que soñaban con llenar estadios, pero lo de ellos era más un proyecto de formación como el que tenían con otro grupo, el Bac Ukwe Kiwe. Lo adoraban. Pero la guerra, como suele pasar en Jambaló, se atravesó. Jambaló es un territorio ancestral ubicado a 80 kilómetros de Popayán. Es un resguardo indígena en donde el 97,7% de sus habitantes pertenecen a las etnias nasa y misak. Desde 1702 es considerado resguardo indígena. Desde 1537, cuando llegaron los primeros conquistadores, se han enfrentado al hombre blanco, al invasor, con todas sus fuerzas, con toda su dignidad. Allí, en 1910, el líder indígena Manuel Quintín Lame se presentó ante la historia empezando otro de los largos ciclos de guerra. Han pasado las décadas, los siglos, y la guerra sigue enquistada allí. En ese lugar ancestral está activo el frente Dagoberto Ramos. La influencia de esta disidencia de las FARC alcanza a afectar municipios vecinos a Jambaló como Toribío, Caloto, Corinto y Miranda. Hubo unas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo que prendían las alarmas sobre la seguridad de William Ferney, pero nada pudo evitar su asesinato. A comienzos de julio, su cuerpo fue encontrado, con señales de violencia, en la vereda La Mina. Lo más doloroso es que lo mataron después de que trabajara junto a los niños a los que le enseñaba a tocar la flauta. Los hechos ocurrieron en la noche del 30 de junio, pero el cuerpo apareció solo días después. Con él han sido 21 los líderes asesinados en el Cauca y 85 en todo el país. Su legado es recordado de esta manera en Jambaló: “Él era un maestro de la memoria sonora. William no solo enseñaba música, sembraba identidad. Con cada nota, ayudaba a resistir el olvido, a sanar las heridas del territorio, a fortalecer el alma colectiva. Su arte era raíz, vuelo y palabra viva”. Con él se apagó una luz que iluminaba uno de los territorios más agobiados por la guerra en el Cauca, uno de los lugares donde los demonios de la guerra aún no han podido ser exorcizados.

Por: Redacción Pares El pasado 20 de julio, el presidente Gustavo Petro abrió la última legislatura en el Congreso como presidente. Buena parte de sus más ambiciosas reformas, la de salud, la agraria, deberán pasar por el Congreso y contar con los votos suficientes para ser aprobadas. En el Senado, con Lidio García, la situación si bien es incierta, podría ser más favorable que la que se le presentó con el saliente presidente del Senado, el conservador Efraín Cepeda con quien las diferencias fueron completamente irreconciliables. Se espera que las virtudes del ministro del Interior Armando Benedetti como operador político sirvan para meter en el redil petrista a García. La Cámara nunca ha sido un problema para Petro. Ahora fue elegido alguien que parece pertenecer a la esfera cercana al presidente. López tiene 40 años, es palmireño y llegó a ser representante tras obtener, en 2022, una votación de 52.864 sufragios. Forma parte del partido de la U. Viene de una familia de políticos del Valle del Cauca, su papá, José Ritter López fue senador y alcalde de Palmira. Este hombre fue nombrado por el propio presidente Petro como notario de su ciudad en 2022. A López no le da vergüenza reconocer que, en las elecciones presidenciales de 2022, votó por el presidente Petro: “ Yo voté por el presidente Petro y me hice elegir con los postulados  (…) Estoy convencido de que este país lo tenemos que cambiar, y no lo cambiamos con las fórmulas que venimos hace tres décadas implementando, sino con reformas profundas”. Eso sí, dejó claro que no será alguien a quien el presidente pueda tratar como un instrumento: “ No se equivoque el Gobierno si cree que aquí tiene un títere.  Aquí lo que tenemos es una persona con carácter, con capacidad, con disciplina, con mucha capacidad de diálogo y concertación”. Hay que recordar que, como bien lo dice el portal La Silla Vacía, López llegó a la Cámara de Representantes, en 2022, con votos conseguidos por la bancada del Pacto, los liberales y La U. Su militancia con Petro en las elecciones de 2022, le valieron varios regaños de la máxima representante de su colectividad, La U, en el Valle, Dillian Francisca Toro. En la Cámara, a diferencia de Lidio García en el Senado, se ha mostrado activo. Fue el ponente de 2024 de las máximas penas contra los grupos armados que siguen usando el reclutamiento forzado de menores de edad, para que sean partícipes del conflicto armado. En sus manos está aprobar o no las reformas con las que Petro se juega su legado en su último año de mandato como presidente.

Por: Natalia Reina Villamil y Oscar A. Chala, investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Los acuerdos políticos pactados en 2022 entre los distintos partidos implicaban que, para la última legislatura del Congreso, las presidencias para Senado y Cámara corresponderían al Partido Liberal y Cambio Radical respectivamente. Sin embargo, tras la reciente decisión de Cambio Radical de modificar su declaración política frente al gobierno nacional, algunos sectores argumentaron que Cambio Radical incumplió los acuerdos y, en consecuencia, la apuesta por la Presidencia de la Cámara condujo al surgimiento de una nueva postulación por parte del Partido de la U. En el caso de la disputa en Senado, el Partido Liberal tuvo una división interna en los días recientes. Si bien el candidato oficial de la agrupación era el bolivarense Lidio García, el senador Alejandro Chacón protagonizó un intento de disidencia al interior del liberalismo,  la cual pretendía hacer resistencia a las orientaciones dadas por el presidente del partido, César Gaviria. De este modo, Chacón había planteado interés por presentar su nombre como presidente del Senado; sin embargo, tal pretensión no se materializó, y terminó declinando su candidatura a tan solo unas horas de la elección. Ante tal escenario, el camino quedó libre para Lidio García, siendo el único candidato y obteniendo 97 de 100 votos posibles. Pese a que García es fiel alfil de César Gaviria y a lo largo de su actividad legislativa no ha respaldado iniciativas del gobierno, como la Consulta Popular; el ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó que “ con García, el Gobierno contaría con todas las garantías ”. Lidio García Turbay Es comunicador social de la Universidad Autónoma del Caribe. Su carrera política ha estado vinculada al Partido Liberal, e inició a la par de su carrera musical como vallenatero. En 1994, alcanzó su primer cargo de elección popular, siendo elegido concejal de El Carmen de Bolívar. Posteriormente, llegó en 1997 a la Asamblea Departamental de Bolívar, corporación en la que se desempeñó como diputado durante tres periodos.   Fuente: La Silla Vacía En 2006 dio un salto a la política nacional, presentando su nombre como candidato a la Cámara de Representantes, en fórmula con el exsenador Vicente Blel Saad, condenado por concierto para delinquir agravado , debido a sus vínculos con la parapolítica. Pese a ser su primera vez en la corporación, rápidamente logró insertarse en ella, ocupando incluso el cargo de segundo vicepresidente de la Cámara en 2008. En 2010, dobló su apuesta, buscando llegar al Senado de la República; sin embargo, la votación obtenida no logró llevarlo al Congreso, pero ese mismo año, el entonces procurador Alejandro Ordóñez ordenó la destitución de Piedad Córdoba , bajo el argumento de tener supuestos vínculos con las FARC. Tal decisión le posibilitó a García ocupar la curul de Córdoba, en tanto que era el siguiente en la lista. En 2014, 2018 y 2022 fue elegido nuevamente como senador, las tres elecciones han tenido un común denominador: un incremento importante en el número de votos con respecto a la elección inmediatamente anterior. A tal punto ha sido su capital político -especialmente en ciudades como Cartagena, Turbaco y Magangue - que incluso para el periodo 2018-2022 fue el senador liberal más votado; de hecho, en la segunda legislatura del periodo en cuestión, García ejerció como presidente del Senado. Para aquella ocasión su rol no tuvo mayor protagonismo, pues coincidió con el desarrollo de la pandemia por el COVID 19. Ahora bien, Lidio García proviene de una familia con múltiples participaciones en la política caribe. Su hermano, José Félix García, es diputado de Bolívar (2024-2027). Su tío materno es David Turbay, gobernador de Bolívar, senador y contralor general de la República. En 1999, un juez especial de Bogotá lo condenó por enriquecimiento ilícito , a raíz de su participación en el Proceso 8000. Además, su primo es Dumek Turbay, exgobernador de Bolívar (2014-2018) y actual alcalde de Cartagena (2024-2027). En 2022, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la prescripción  de un proceso que durante diez años estuvo en manos de la Corte en contra de García, relacionado con presuntos hechos de parapolítica. Según José Reyes Regino, alias Güeño , exintegrante del Frente Canal del Dique, había “visualizado en el primer semestre de 2003 la asistencia de García Turbay en un encuentro con los miembros de las autodefensas”. Cabe señalar que, en su momento, los magistrados Marco Antonio Rueda y César Augusto Reyes expresaron su inconformidad con la decisión  de la Corte, argumentando que sí existían elementos probatorios suficientes para continuar con el proceso. Adicionalmente, en 2022, el nombre de Lidio García apareció en un expediente de la Fiscalía en el que se investigaban las presuntas irregularidades en la elección de Nubia Fontalvo Hernández como contralora de Cartagena, en 2016. Según El Espectador,  el fiscal asignado mencionó que “ los señores Lidio García Turbay y Daira Galvis Méndez, senadores de la República, hicieron parte de los acuerdos y repartos clientelistas en la Contraloría Distrital ”. Al parecer, los dos políticos en cuestión habrían participado en la compra de votos al interior del Concejo, en favor de Fontalvo. García también ha sido objeto de cuestionamientos asociados a presuntas coimas en su departamento . Al parecer, en 2022, la Fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia investigar a Dumek Turbay y a Lidio García, a raíz de la posible financiación de la campaña de este último al Senado, en 2018, con dineros provenientes de la Gobernación de Bolívar, durante la administración departamental de su primo, Dumek Turbay y que habrían correspondido a la construcción del alcantarillado de El Carmen de Bolívar. Ahora bien, para la presidencia de la Cámara de Representantes, la disputa se dio entre Néstor Rico de Cambio Radical, y Julián López, del Partido de la U, siendo este ultimó el hombre que se quedó con el cargo, con 104 votos, versus los 76 obtenidos por Rico. La elección de López representa una victoria parcial para el gobierno. Si bien es cierto que el representante en cuestión pertenece al Partido de la U, ha sido cercano a Petro. Julián David López Es administrador de empresas de la Universidad Javeriana, y cuenta con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia. Es hijo del político vallecaucano José Ritter López, exsenador (2018-2022) y, recientemente, notario del circuito de Cali, nombrado así por el presidente Gustavo Petro, en mayo de 2025.   Fuente: El País En 2022, Julián David López llegó por primera vez al Congreso, alcanzando 52.864 votos, con los cuales logró elegirse representante a la Cámara por el Valle del Cauca, avalado por el Partido de la U. Cabe mencionar que su capital político se fortaleció -en gran parte- por el electorado heredado de su padre. Previo a su llegada al Congreso desempeñó diferentes cargos en el sector público, como asesor en el Ministerio del Interior durante el gobierno de Juan Manuel Santos, director regional en la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, y secretario general de Coldeportes, cuando se encontraba bajo la tutela de Clara Luz Roldan, actual presidenta del Partido de La U. Si bien es cierto que López pertenece al Partido de la U y es representante a la Cámara por el Valle del Cauca —el mismo departamento de la líder de dicho partido, Dilian Francisca Toro—, López ha tenido ciertas diferencias con Toro . Además, para las elecciones presidenciales de 2022, López respaldó la candidatura del hoy presidente, Gustavo Petro; y a lo largo de su actividad legislativa ha apoyado algunas iniciativas del gobierno, ejemplo de ello, la Reforma a la Salud  que, pese a la decisión de su partido de votarla negativamente, el representante vallecaucano insistió en la necesidad de aprobarla. Incluso, una semana antes de la instalación de la última legislatura del Congreso, el presidente Petro se reunió con López en la Casa de Nariño. Las nuevas presidencias de Senado y Cámara ratifican en el último año la división del Congreso Fuente: La FM Ninguno de los dos resultados, tanto en Senado como en Cámara de Representantes, fue inesperado para el gobierno de Gustavo Petro. A diferencia de la elección de Iván Name , que surgió como tercería en la confrontación entre Angélica Lozano e Inti Asprilla para la presidencia de Senado del Verde en 2023, ya se había cantado desde varios días atrás el apoyo que las bancadas le brindarían a cada uno de los candidatos elegidos. Esto, a pesar de que Cambio Radical quiso reivindicar su turno en la presidencia de la Cámara apelando a los acuerdos iniciales establecidos con los partidos y lanzó a última hora el nombre de Néstor Leonardo Rico . El triunfo de López demostró que el gobierno sigue teniendo control férreo de la Cámara, y que no surgiría un escenario como el que había pasado en Senado dos años atrás. Por lo que es posible afirmar, en cierto modo, que la confrontación entre el Gobierno y el Congreso no terminó de cambiar sustancialmente su composición, así como tampoco lo hicieron las denuncias contra congresistas en el marco del caso de corrupción de la UNGRD, ni tampoco el apresamiento de Iván Name y de Andrés Calle. El gobierno sigue conservando una mayoría de más de 100 votos en Cámara, mientras que en Senado aun cuenta con el apoyo de su bancada y de un amplio sector de Verdes y de algunos independientes de La U y liberales, que siguen siendo votos bisagra bastante volátiles. Esta composición no ha cambiado sustancialmente entre la tercera y la cuarta legislatura. Lo que sí es verdad es que es posible que el panorama de confrontación que dejó Efraín Cepeda en el Senado tienda a decantarse y Lidio García elija no confrontarse directamente con el gobierno Petro . No lo hará, no solo por su probada cercanía con funcionarios como Armando Benedetti , ni tampoco por la posibilidad de que sus decisiones en la mesa directiva varíen respecto a cuotas burocráticas — de las que funcionarios del gobierno, como Felipe Harman, lo han señalado —, sino también por la misma dinámica en la que el Congreso entra en etapa preelectoral y electoral, donde, de manera informal, el proceso parlamentario se ralentiza debido a las campañas políticas territoriales para elegir nuevos legisladores. En su discurso inaugural, García dio varios guiños de que no se negaría a tender puentes con el gobierno. Señaló, por ejemplo, la necesidad de escuchar las demandas sociales y que el Senado legisle las reformas necesarias para las mismas , así como habló de garantías de participación y desescalamiento para todos los partidos. En cierto sentido, pretende pacificar al Congreso, temiendo que el gobierno vuelva a tensar las vías institucionales para forzar escenarios de negociación . Incluso, García señaló que, en caso dado de que surgiera su trámite de forma legal, como establece la Constitución, no se cerraría como presidente a permitir el diálogo sobre una potencial Constituyente . También, según fuentes cercanas al Partido Liberal consultadas por la Fundación Paz y Reconciliación y que pidieron anonimato para hablar con libertad, es probable que el camino que tome Lidio García, en caso dado de que el gobierno decida ejercer presión vía consultas populares, sea ralentizar la agenda legislativa, aprovechándose de la coyuntura preelectoral. No es para menos. A diferencia del cierre de la tercera legislatura, el Congreso estaría mejor preparado para afrontar un nuevo escenario de presión, en tanto ya conocen la estrategia del gobierno. La prueba está encima. El gobierno radicó la nueva Ley de Sometimiento, así como las discusiones sobre el presupuesto inician en menos de un mes y la Reforma a la Salud está próxima a comenzar su debate en Comisión VII, por lo que apuesta por que en este último año se tramite una agenda ambiciosa que sirva como resultado al cierre de su gestión, en 2026. Aun así, es posible que el Senado decida evitar la confrontación directa y elija dispersarse para diluir el debate. Frente a la presidencia de Cámara, es claro que Julián López mantendrán la misma línea de la gestión de Jaime Raúl Salamanca, Andrés Calle y David Racero. Aunque, en las elecciones de la primera y segunda vicepresidencia, el gobierno no logró poner a sus candidatos ( quedaron Juan Sebastián Gómez, de Nuevo Liberalismo, y Daniel Carvalho, de Verde Oxígeno ), sabe que tiene el control de la mayor parte de las bancadas de esta corporación. Esto quedó demostrado con la votación de la Reforma Pensional en sesiones extras, donde la subsanación tuvo también 104 votos, los mismos que llevaron a la presidencia a Julián López. Pero también el triunfo de López demuestra que el gobierno conserva su capacidad y fuerza para mantener a los partidos fragmentados de sus direcciones . López, como lo enunciábamos anteriormente, tiene diferencias con Dilian Francisca Toro y la dirección del Partido de la U. Del mismo modo, César Gaviria señaló que su partido no votaría por López, mientras la bancada cantaba su voto hacia el mismo. Lo mismo había sucedido en el Partido Conservador. Esta fragmentación funciona para el gobierno porque le permite tener una cercanía más individual y mayor margen de negociación con parlamentarios particulares, en partidos donde la disciplina de bancada no suele imponerse. Por esto mismo es que tanto el Partido Conservador como Cambio Radical han buscado disciplinar a sus congresistas sancionándolos por apoyar al gobierno, estrategia que ha tendido a no funcionar del todo. A modo de cierre A lo largo de esta semana se elegirán las mesas directivas de las comisiones constitucionales que componen el Senado y la Cámara de Representantes. Desde la Línea de Democracia y Gobernabilidad les pondremos la lupa a quienes lleguen a estas presidencias y su importancia frente a los trámites de la última agenda legislativa del gobierno de Gustavo Petro.

Por: León Valencia La oposición se la puso fácil a Gustavo Petro en la instalación de la cuarta y última legislatura del cuatrienio. El presidente se adueñó del micrófono por cerca de dos horas y media y fue desgranando una a una las cifras que favorecían su mandato comparando los datos con los de su antecesor Iván Duque. La oposición presentó cuatro voceros o, mejor, tres voceras y un vocero que, en cincuenta minutos, cada uno por su lado, se dedicaron a resaltar los errores del gobierno sin pararse en las cifras enunciadas por el mandatario.    Petro fue diciendo que el país registraba una inflación de 4.82%; el Producto Interno Bruto un crecimiento del 2.7%; el desempleo se podía medir con un digito y estaba ahora un 8.8%; la agricultura era el sector que había jalonado el crecimiento del PIB registrando un crecimiento del 7.1%; y la industria también estaba al alza; el turismo de extranjeros había crecido en forma especial; por otro lado, el dólar se mostraba estable y tranquilo y las exportaciones tenían un buen comportamiento.   Insistía Petro que estas cifras eran realmente buenas y se detenía en señalar que Duque había dejado la inflación y el desempleo por encima del 10% y la agricultura hacía muchos años no registraba un saldo tan positivo y a eso se agregaba el repunte de la actividad industrial.   La oposición quien tuvo en Lina M. Garrido, representante a la cámara por Cambio Radical, la vocera más vehemente y la más aplaudida, dijo que después de tres años, Petro “No tenía un solo logro que mostrar” y a renglón seguido dedicó su tiempo a señalar la corrupción cierta de funcionarios del gobierno y los graves problemas de violencia a inseguridad que acosaban a las regiones.   La idea de que Petro tenía las manos vacías de realizaciones fue un punto común del que también hablaron Marelen Castillo, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Paloma Valencia del Centro Democrático y Daniel Carvalho del Partido Verde Oxigeno; Valencia señaló agresiones a las instituciones democráticas y terminó con esta frase “Usted, presidente, está hundiendo a su gobierno, pero no va a hundir a Colombia”.   La política es así. Al gobierno le corresponde exaltar las cosas que le favorecen e ignorar o minimizar los errores y las cosas que lo perjudican; y la oposición está en su legítimo derecho de exaltar los errores y los factores negativos y al tiempo ignorar los aciertos y las cosas que por acción o por suerte están saliendo bien.   Pero en esa confrontación siempre hay que guardar cierto rigor para hacer creíble el mensaje. La exageración no es buena consejera. El discurso tremendista de que Colombia se está hundiendo no tiene respaldo en las cifras del DANE que al fin y al cabo es la institución a la que recurren todos los gobiernos y los analistas cuando de examinar cifras se trata.   Hace dos o tres meses estuve en una animada tertulia, de sábado en la tarde, en las manos de un gran anfitrión que nos atendía con deliciosas viandas y licores; concurrían allí empresarios, lideres gremiales, periodistas de renombre, algunos intelectuales y altos mandos de la Fuerza Pública; la reunión transcurría en un ambiente de gran preocupación por el futuro de Colombia y algunos de los asistentes pintaban un país que había entrado en un azaroso y oscuro túnel; hasta que tomó la palabra Juan Daniel Oviedo, quien está abriéndose paso como candidato presidencial, después de haber sido director del DANE en los tiempos de Iván Duque; les dijo Oviedo que con ese discurso tremendista no se podía enfrentar a Petro y a la izquierda, que muchas de las cifras económicas y sociales favorecían al gobierno; que Petro tenía, eso sí, un grave Talón de Aquiles en el déficit fiscal, en el crecimiento de la deuda externa y en la incapacidad para concertar sus ambiciosas reformas sociales.   Petro aprovechó bien las debilidades argumentales de la oposición en el Congreso; también la tradición y la estatura de sus contrincantes; es cierto que tanto Valencia, como Garrido, Carvalho y Castillo, tienen dotes parlamentarias; pero distan mucho de Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras, Humberto de la Calle y Rodolfo Hernández, quienes fungen o fungían como jefes de sus agrupamientos políticos. Esta vez le tocó fácil a Petro.

Por: Germán Valencia Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia A mes y medio de haber llegado a la cartera de Justicia, Eduardo Montealegre logró elaborar y radicar en el Congreso de la República, el 20 de julio de 2025, el proyecto de ley No 002 de 2025. Por medio del cual “se establece un tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley, y reglas para la consolidación de la paz total, el orden público y la seguridad ciudadana”.   Este es un proyecto de ley que contiene, en 8 capítulos y 54 artículos, los elementos fundamentales para involucrar a todos los actores que hoy se encuentran atados a la implementación de la política pública de Paz Total. Desde la clásica guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hasta las organizaciones armadas con las que hoy se conversa en las cárceles del país y que hacen parte de la llamada Paz Urbana. Incluso, considera el proyecto de ley, a los jóvenes que están siendo investigados y sancionados por ejercer el derecho a la protesta social.   Desde el primer artículo del proyecto de ley, el texto es claro en señalar que su objetivo es “fijar la implementación de los procedimientos y tratamientos penales diferenciados para integrantes de grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML), grupos armados organizados (GAO), estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI), financiadores y colaboradores” (art. 1).   Es decir, cobija a toda clase de integrantes de grupos armados ilegales en Colombia, también a los terceros implicados, en condición de iniciadores o colaboradores. Con esto se completa el ramillete de actores con los que hoy se negocia o conversa en la Paz Total. E incluye a terceros que, por presión de la oposición, fueron sacados y no considerados en la Justicia Especial para la Paz (JEP) por el Acuerdo final firmado con las Farc-ep en 2016. Lo que debe verse como un avance en materia de justicia transicional, pues involucra a todos los responsables de la violencia en el país y que, hasta el momento, se agazapan silenciosos ante la ley.   De esta manera, nos encontramos frente a un proyecto de ley muy ambicioso y que supera ampliamente el proyecto de sometimiento a la justicia, que hace dos años se presentó y archivó en el Congreso de la República. Un proyecto que considera a las organizaciones armadas del crimen organizado, como lo hizo aquella, pero que recoge la experiencia de tres años de procesos de paz y diagnósticos sobre los actores de la violencia para involucrar a todos en la política de Paz Total.   Involucra al ELN y las disidencias de las Farc-ep, en especial, uno de los frentes del Estado Mayor Central (EMC), con los que ha negociado la paz durante este gobierno o negocia la paz en la actualidad. A ambos grupos el Gobierno y la ley los reconoce como grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML), que tienen una naturaleza política y se enfrentan al Estado, por tanto debe dárseles un tratamiento diferencial, relacionado con la justicia transicional (art. 2).   Considera el proyecto a los grupos armados organizados (GAO), que hacen parte del conflicto armado, y aunque no tienen la naturaleza política como las anteriores dos agrupaciones, mantienen  con el Estado un enfrentamiento o una guerra constante en el territorio nacional. Es el caso del Clan del Golfo o auto denominado Ejército Gaitanista de Colombia, al igual que las Autodefensas de la Sierra Nevada, que se enfrentan con la Fuerza Pública.   Adicional a estos dos primeros tipos de actores, el proyecto de ley reconoce a las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI). Estas son “organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas, organizadas en una estructura jerárquica y/o en red, dedicadas a la ejecución permanente o continua de conductas punibles” (literal c del art. 3).   En este tercer grupo se encuentran organizaciones armadas tan poderosas local y regionalmente como Los Pachelly, La Oficina, Los Mexicanos y Los Zetas, entre otros múltiples actores que hacen presencia en territorios como Medellín y Valle de Aburrá, en Quibdó y en Buenaventura.  Y aclara el texto que podrán acogerse a la ley tanto las personas que están en las cárceles, en procesos o condenadas jurídicamente, los que están en la cárcel de Itagüí, y los jefes o capos que hoy están delinquiendo en las calles.   Incluso, para completar el conjunto de actores que hacen parte del conflicto armado, el proyecto habla de otros grupos armados que también se involucran y con los que hoy se tienen grandes vacíos jurídicos, caso la Segunda Marquetalia. En el literal b, artículo 21, se habla de involucrar a aquellos que “fueron excluidos previamente de los procesos de justicia transicional de Justicia y Paz y de la Jurisdicción Especial para la Paz, antes de la entrada en vigencia de esta ley” desde el primero de enero 1990 hasta la fecha de Desmovilización.   Finalmente, el proyecto incluyó a “aquellas personas procesadas con ocasión del ejercicio de la protesta social” (art. 1), en el marco de disturbios públicos. Lo cual se presenta como una novedad en materia de la política pública de Paz Total. En el literal C del art. 2 se dice que con ellos se realizarán “Acuerdos de colaboración con la verdad y reparación” y que representará rebajas en penas hasta de un 30%.     En breve, es un proyecto de ley que no deja por fuera a ningún actor de la Paz Total. Identifica e involucra a todas y cada uno de los actores que hacen presencia en las 12 mesas abiertas durante la vigencia de la política pública. Incluso, aprovecha el espacio para mediar frente al tema de los jóvenes que participaron en la protesta social, que es defendida por el Gobierno.   Pero esta, que es su mayor virtud, podría convertirse en su mayor debilidad del proyecto de ley. El debate que se tendrá en el Congreso de la República hará que, quienes estén en contra de uno u otro proceso, critiquen y no apoyen la propuesta. Los que odian a las guerrillas tienen su espacio para decir abiertamente no. Los que no quieren que se negocie con traquetos y criminales tienen allí la disculpa para decir no. Finalmente, quienes vean en los jóvenes que participaron en las protestas a sus enemigos, encontrarán en la norma razones para no apoyar su aprobación.     * Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.

Por: Redacción Pares A Lidio García no le queda de otra que ser político. Su papá se llamaba igual que él, era médico y tenía, en su consultorio, en la parte más destacada del mismo, una foto del jefe conservador Laureano Gómez. Su mamá pertenecía, en cambio, a una de las familias más liberales del país: la de los Turbay. Se llama Cecilia Turbay y varios de sus familiares, según lo recuerda La Silla Vacía, han tenido líos con la justicia, dos de ellos, David y José Félix Turbay Turbay, fueron condenados por haber participado en el proceso 8.000, en los años de Samper. Lidio García vuelve a ocupar el cargo para el que había sido elegido en 2019, el de ser presidente del Senado. Tiene 55 años y nació en El Carmen de Bolívar. No es conocido por su locuacidad a la hora de tomar el micrófono en el Congreso ni por sus propuestas. Como tanto político de región, se mueve con firmeza en lo que ha consagrado a tantos de su especie, una maquinaria política efectiva, a veces aplastante. García es primo de figuras que despiertan polémica como el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay. Empezó su carrera en la política a los 23 años, cuando fue concejal de su pueblo, El Carmen de Bolívar. Después pasaría a la Asamblea y seguiría un camino firme y sin tropiezos, amparado por ambos apellidos que lleva y contactos en las más altas esferas políticas. La primera vez que intentó ser senador fue en 2010 y, a pesar de los 35.000 votos que consiguió, no le alcanzó para serlo. Sin embargo, en esa legislatura estaría, ya que reemplazó a Piedad Córdoba. En 2014, ya con la maquinaria suficiente, llegaría a los 58.000 votos y conseguiría su curul. Cuatro años después, repetiría, alcanzando los 100.000 votos. En 2022 se convertiría en el séptimo senador más votado, alcanzando los 175.000 votos. Sin duda, es uno de los políticos más influyentes del país. Hay datos que reflejan que Lidio García no necesita de la plaza pública ni de sacar demasiadas reformas para conseguir sus objetivos. En 2024 fue el congresista con más ausencias en el Senado, 44 inasistencias y un 63 % de faltas solo en el segundo semestre. Las excusas que presentó tenían que ver con calamidades domésticas y enfermedades oportunas. Ahora necesita estar sano, porque se viene un año duro en donde sus decisiones pesarán sobre el futuro del país. El Senado tiene en sus manos la posibilidad de aprobar o no las reformas que enarbola este gobierno, empeñado en cambiar verdades históricas que hasta el momento han parecido irrefutables, como la brecha que persiste entre ricos y pobres. Petro viene de sostener una larga y dura disputa con el antecesor de García, Efraín Cepeda, ¿Se repetirá la historia? Según Armando Benedetti, actual ministro del Interior y operador político estrella de este gobierno, cree que sí, ya que está convencido de que se puede entender mejor que con Cepeda. Según afirma la periodista Daniella Mazo González, su trayectoria no ha estado exenta de polémicas, ya que se le ha acusado de varios hechos de corrupción entre los que se cuenta haber sido “ mencionado en investigaciones sobre corrupción, como en el caso del contrato del alcantarillado de El Carmen de Bolívar, una obra financiada con recursos gestionados por él,  cuya ejecución fue cuestionada durante años. También fue señalado en la elección de la contralora de Cartagena, Nubia Fontalvo, y, recientemente, fue vinculado por el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, a un presunto caso de acaparamiento de baldíos, que él calificó como persecución política”. Él es la persona en quien los colombianos confían para que pueda legislar con responsabilidad y permita aprobar algunas de las reformas que impulsa este gobierno, convencido de que con ellas puede cambiar el rumbo del país.

Por: Redacción Pares Uno de los personajes más importantes del año ha sido el senador Iván Cepeda. Su lucha por la verdad en el juicio que se le sigue a Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos ha sido histórica. Mientras llega la fecha de la sentencia, 28 de julio, sobre él siguen lloviendo calumnias y hasta persecuciones por parte de algunos de sus contradictores. A comienzos de este año, el Catatumbo vivió una de sus fases de la guerra más aterradoras. El ELN decidió sacar de este territorio al frente 33 de las FARC. El resultado de esta ofensiva ha dejado 70.000 víctimas, entre desplazados, asesinados y confinados. Iván Cepeda formó parte de algunos miembros de la sociedad civil y de congresistas que se desplazaron hasta la zona a finales de enero de 2025, para apoyar a los que lo estaban perdiendo todo.  Además, cada vez que se le interpela, saca a relucir su dolor como colombiano por lo que sucede en esa agitada región. En febrero de este año, un ciudadano llamado Óscar Armando Díaz Campos interpuso una demanda para que se le diera muerte política al senador del Pacto, acusándolo de ser el “autor intelectual” de la crisis humanitaria que se vive en el Catatumbo. También se le señalaba de participar, supuestamente, en el delito de “concierto para delinquir”. El consejo de Estado revisó los argumentos expuestos y consideró que no había ninguna base para interponer “muerte política” a Cepeda. En algunas partes de la demanda presentada por el señor Díaz Campos se afirmaba lo siguiente: " Por tanto,  Iván Cepeda Castro  es indigno de ser senador de la república, por traición a la patria  por ser cómplice de los atentados al sur y nororiente del país, y por haber creado el frente miliciano de las FARC Manuel Cepeda Vargas, en Bogotá". El Consejo de Estado afirmó que no se entregaron las pruebas necesarias para tener en cuenta las afirmaciones de este ciudadano. El padre del senador, Manuel Cepeda Vargas, era congresista de la UP cuando un comando paramilitar, ayudado por algunos oficiales del ejército, lo asesinó en 1994, saliendo de su casa. Cepeda tuvo que exiliarse y, al regresar al país, creó, con otros familiares que han sido víctimas de crímenes de Estado, el MOVICE, uno de los movimientos de víctimas más sólidos e influyentes del país. Para los seguidores de Álvaro Uribe, la figura de Cepeda despierta los peores instintos, ya que lo ven como el hombre que intentó poner en la cárcel a Uribe, ignorando que el juicio que se le sigue al expresidente fue porque este fue víctima del efecto boomerang, debido a que intentó que a Cepeda lo investigaran por manipulación de testigos ante la Corte Suprema de Justicia y fue, justamente, esta la que encontró material necesario para que se le abriera una investigación a Uribe, quien ha terminado por ser el primer expresidente en la era moderna del país en ser juzgado por la justicia.

Por: Redacción Pares Las alarmas las prendió el propio presidente en la noche del 3 de junio cuando habló de que la inteligencia del ejército había descubierto un plan para asesinarlo. Los responsables estaban en Dubái y tenían nombre: la Junta del Narcotráfico. Para el investigador del área de seguridad de la fundación Pares, Nicolas León: “Esto deviene de una organización que se llamaba la Junta Directiva y que fue creada en los años noventa. Estaban conformados por narcos de medio nivel que buscaban llenar los vacíos que habían dejado los grandes narcos colombianos, algunos asesinados, como Pablo Escobar; otros puestos presos, como los hermanos Rodríguez Orejuela”. La Nueva Junta del Narcotráfico estaría conformada por viejos narcos colombianos que pagaron sentencia en Estados Unidos y regresaron al país con ganas de seguir delinquiendo. Entre ellos están Juan Francisco Caicedo y su hermano, a quien le dicen Don Lucho; Julio Lozano, alias Patricia; Claudio Silva Otálora, alias el Patrón, Oscar Pachón Rozo y Daniel “el Loco” Barrera, entre otros. En un artículo publicado en la revista Cambio se explica el papel que cumplen estos narcos, que casi todos tienen algo en común: fueron capturados en el extranjero: “ Las capturas de estos narcotraficantes fueron posibles gracias a operaciones conjuntas entre la Policía, la DEA y la Fiscalía, en su mayoría realizadas fuera del país. Todos fueron extraditados a Estados Unidos, donde negociaron rebajas de pena a cambio de colaborar. Muchos cumplieron entre cinco y siete años, y luego regresaron a Colombia”. Una de las actividades a las que se dedicaron a su regreso fue el comercio de esmeraldas. Por eso habrían llegado a tener contacto con Julio Lozano Pirateque. En abril de 2025, fue asesinado Hernando Sánchez, heredero de Víctor Carranza, amo y señor de las esmeraldas, por un francotirador. Detrás de este crimen, según una investigación de la revista Raya , estaría una guerra detrás del trono, y el más interesado en sentarse en él sería Lozano Pirateque. Así lo sostuvo también el presidente Petro en la alocución del 5 de junio. Pirateque es el nombre que habría afirmado otra muerte, la de Pedro Pechuga, ocurrida en junio de 2024. Le dicen el Esmeraldero y ha sido señalado de financiar la cocaína que se encontró en la finca en Guasca de Fernando Sanclemente, exembajador durante el gobierno Duque, quien además ha sido señalado por Estados Unidos de ser el “Jefe de jefes”. Pero su interés inmediato sería el de recuperar la gran mina de esmeraldas que actualmente funciona en Colombia y es la mina Santa Rosa y cuya disputa ha dejado una estela de muerte. Lozano Pirateque aparece en las grabaciones de alias Otoniel, máximo jefe del Clan del Golfo, quien fue extraditado en 2021 a los Estados Unidos, a pesar de los pedidos que se han hecho para que contara las verdades que necesita saber el país. Otoniel lo señala de ser un esmeraldero colaborador del Clan del Golfo, grupo que ha decidido ser uno de los actores de la llamada “guerra verde”. Lozano Pirateque vive en Dubái, por eso la Dirección Nacional de Inteligencia está preparando una delegación para viajar a ese país de Oriente Medio y sostener reuniones con autoridades locales, e incluso poder hablar con viejos cabecillas que se han ido a vivir a ese país después de pagar sus penas. Sin embargo, aún no hay pruebas suficientes para afirmar, como hizo el presidente, que sí existe una Junta del Narcotráfico que opere desde Dubái. Para el investigador Nicolás León, es difícil creer que grandes representantes de carteles mafiosos se logren articular para dar golpes como si fueran una gran agrupación transnacional del crimen. “Lo más destacable de lo que se ha dicho hasta ahora es el papel que juega acá Julio Lozano Pirateque”. Lo cierto es que el Esmeraldero ha negado públicamente los señalamientos que le ha hecho el presidente. En el primer consejo de ministros televisado, el presidente dijo lo siguiente sobre Lozano: "Es innombrable. Julio Lozano Pirateque, ciudadano de Dubái, colombiano, que está matando a los esmeralderos, porque se quiere quedar con las esmeraldas. Por alguna razón cree que el presidente es su enemigo, porque allí hay un poco de gente que ha matado a nuestra gente". En una entrevista que le hizo El Tiempo,  Lozano Pirateque se defendió de los señalamientos y afirmó lo siguiente: “Me tuve que ir del país porque empezaron a hacerme montajes. Decidí salir cuando un abogado intentó involucrarme con el caso del embajador Sanclemente. Y yo estaba en Italia cuando me enteré de que habían matado a mi exsocio Luis Caicedo. ¿Cómo lo iba a entregar, como dicen, si ni siquiera estaba en el país?”. Investigaciones como las que ha publicado la revista Raya han señalado sobre él: “Julio Alberto Lozano Pirateque es un viejo conocido del mundo de la mafia, señalado como un destacado narcotraficante del llamado "Cartel de Bogotá", un grupo de narcos invisibles que permaneció en la sombra durante décadas. Lozano Pirateque fue socio del asesinado Luis Caicedo, alias Don Lucho, y del extraditado Daniel "el Loco" Barrera, quien fungía como la cara militar de la organización. Tanto Lozano como Luis Caicedo negociaron con los Estados Unidos y pagaron condenas irrisorias de seis y siete años de cárcel respectivamente, después de entregar más de cien millones de dólares y múltiples propiedades, de acuerdo con el medio de investigación Insight Crime”.   La última palabra sobre esto la tendrá el DNI, que viajará a Emiratos Árabes y comprobará la veracidad de estas acusaciones.

Por: Daniela Bernier Pacheco Atenea sería la nueva empresa que prestaría el servicio de energía eléctrica en el departamento del Cesar; el gerente de Afinia, en entrevista con El Colombiano, expresó que la creación de la empresa Energía Atenea S.A.S. E.S.P. nació en medio de una crisis financiera profunda, generada por varios factores, como lo son las elevadas pérdidas de energía y el impago de los subsidios por parte del Gobierno nacional. Durante esta crisis, la empresa buscó alternativas para ser viable, encontrando que el mercado de energía en el Cesar responde a unas particularidades y, a partir de allí, se pensó que la mejor opción era una escisión, en miras de que el nuevo operador respondiese a estas condiciones de mercado creando un modelo operativo y niveles de eficiencia diferentes. Pero ¿qué es la escisión? Es una operación que permite que una empresa de servicios públicos pueda dividir su patrimonio en dos o más entidades jurídicas diferentes; sin embargo, para ello se debe tener autorización de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Esta solicitud de escisión fue realizada ante la entidad mencionada en líneas precedentes en el mes de junio de este año, por lo que la Comisión de Regulación de Energía y Gas deberá resolverla definiendo si Atenea puede iniciar operaciones en el departamento del Cesar. Respecto a ello, Ricardo Arango Restrepo, gerente de Afinia, mencionó: “(…) Si uno logra separar el Cesar de Afinia, se tienen mayores probabilidades de cambiar estructuralmente el modelo operativo y el mercado de Cesar, al tiempo que tiene más probabilidades Afinia de salir adelante”. En suma, una nueva esperanza empieza a tomar forma con nombre de diosa: Atenea. Esta no nace como un mero reemplazo de Afinia, sino como el fruto de una crisis financiera profunda, alimentada por pérdidas técnicas, imposibles de sostener, y un Estado que no ha pagado lo que debe en subsidios. Fue en medio de este colapso silencioso donde Afinia entendió que seguir con el mismo modelo era intentar llenar una vasija rota. Así surgió la idea de escindir, de cortar por lo sano. Escindir, en palabras simples, es como separar lo que enferma para que ambas partes puedan sobrevivir. Y así, bajo esta cirugía, emerge Atenea, pensada no como una copia de su antecesora, sino como una operadora con ADN distinto, con autonomía, con herramientas diseñadas para una tierra difícil, es decir, una empresa adaptada a las dinámicas y realidades del Cesar. Sin embargo, el futuro no depende solo de trámites ante la CREG ni de nombres nuevos. Lo que está en juego va más allá de redes y transformadores: se trata de reconstruir la confianza y de prestar un servicio de calidad, es decir, lograr que el servicio de energía sea continuo y de calidad. Atenea podría ser, si se hace bien, no solo la empresa que electrifique al Cesar, sino la chispa que encienda un nuevo pacto social alrededor de la energía. Ahora todo depende de una decisión: la de un regulador, sí, pero también la de un pueblo dispuesto a cambiar la historia que ha escrito a oscuras, en medio del dolor y la zozobra, de la pregunta que no deja dormir: ¿En cuánto me vendrá el recibo?

Por: Juan Manuel Velandia y Oscar A. Chala, investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad El pasado 20 de julio se instaló oficialmente la cuarta y última legislatura del actual Congreso de la República. Este periodo estará atravesado por una lógica político-electoral mucho más evidente, en tanto se proyecta como el escenario previo a los comicios presidenciales y legislativos de 2026. La relación entre el Congreso y el Ejecutivo suele transformarse con el paso de cada legislatura, en un vaivén condicionado por factores diversos, entre ellos los intereses particulares de los partidos, el cálculo individual de los congresistas y la agenda nacional del momento. Generalmente, la primera legislatura se caracteriza por un ambiente más favorable al Ejecutivo. El capital político inicial del presidente, junto con las promesas de acuerdos amplios —como el llamado a un gran Acuerdo Nacional—, suele traducirse en una mayoría legislativa dispuesta a respaldar las primeras iniciativas del nuevo gobierno. Sin embargo, ese respaldo tiende a moderarse durante la segunda legislatura. La luna de miel institucional comienza a diluirse, los acuerdos iniciales muestran signos de desgaste y el Congreso empieza a transitar hacia una lógica más autónoma, impulsando su propia agenda, muchas veces en función de las elecciones regionales del segundo año de mandato. Durante la tercera legislatura, el desgaste político se vuelve más evidente y las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo se agudizan. En este periodo, los parlamentarios suelen tomar distancia del gobierno y buscan afirmarse como actores autónomos. La fragmentación legislativa se acentúa, las pugnas por la agenda se intensifican y la competencia por la visibilidad política se vuelve un elemento central. En ese contexto, las maniobras del gobierno —ya sea mediante coaliciones temporales, intercambios estratégicos o ajustes en su narrativa— resultan determinantes para lograr la aprobación de su agenda, antes de enfrentar el escenario aún más complejo que representa la cuarta legislatura. Esta última legislatura, que coincide con el cierre del periodo y con la antesala de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2026, se convierte en el momento más difícil para el Ejecutivo. Los congresistas, en su mayoría, orientan sus esfuerzos a mostrar resultados, impulsar proyectos con sello propio y capitalizar su gestión ante la opinión pública, con miras a una eventual reelección o a disputar otros cargos de elección popular. Como consecuencia, el margen de maniobra del presidente se reduce aún más. La gobernabilidad entra en una fase de mayor fragilidad, pues la lógica legislativa deja de estar guiada por prioridades programáticas y pasa a responder, casi exclusivamente, a los cálculos electorales de cada actor político. —Los desafíos para el gobierno Petro, de cara a la última legislatura del Congreso Fuente: Canal Institucional Ante este panorama, el presidente Gustavo Petro deberá afrontar una serie de desafíos considerables durante esta cuarta legislatura, que marca el cierre de su cuatrienio y que se desarrolla en medio de un clima político altamente tensionado. 1. En primer lugar, se enfrenta a un Congreso profundamente polarizado , con tensiones acumuladas desde la tercera legislatura, que derivaron en múltiples enfrentamientos públicos y obstrucciones sistemáticas a la concertación política. El fracaso de varias reformas estructurales en esa etapa dejó un ambiente enrarecido que difícilmente facilitará el consenso en este último tramo. 2. En segundo lugar, la proximidad de las elecciones presidenciales y legislativas de 2026 condicionará por completo la dinámica del Congreso . Uno de los grandes retos del Ejecutivo será lograr que sus proyectos permanezcan en la agenda legislativa, pese a que la atención de los parlamentarios estará centrada, cada vez más, en sus propios intereses electorales. No será extraño que muchos debates se den en salas semivacías, con congresistas ausentes, volcados en sus regiones fortaleciendo su capital político y asegurando su proyección para el próximo ciclo. 3. Por último, varias de las iniciativas que aún impulsa el gobierno —como la reforma a la salud 2.0, la jurisdicción agraria, la ley de competencias o la ambiciosa reforma a la justicia liderada por el recién posesionado ministro Eduardo Montealegre— tienen un alto nivel de sensibilidad ante la opinión pública . Estas propuestas no solo enfrentan resistencias técnicas y políticas, sino que además serán sometidas al escrutinio de una ciudadanía que comienza a entrar en modo electoral. Por lo tanto, durante los próximos meses, el gobierno deberá reevaluar su estrategia legislativa y decidir con precisión a qué iniciativas les dará el “último tanque de oxígeno”, priorizando aquellas que aún conserven algún margen de viabilidad política. A pesar de las tensiones que han marcado la relación con el Congreso, las recientes votaciones legislativas han dejado en evidencia que, en ciertos escenarios específicos, el Ejecutivo aún es capaz de construir mayorías. No obstante, en esta última etapa, los congresistas actuarán bajo una lógica de cálculo político marcada por sus aspiraciones electorales. En ese contexto, ponderarán cuidadosamente los costos y beneficios de respaldar o rechazar los proyectos del gobierno, sobre todo aquellos con mayor visibilidad e impacto mediático. En medio de un ambiente en el que la maquinaria electoral ya comienza a desplegarse, será clave la capacidad de articulación y negociación de los ministros del gobierno, particularmente la del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien estará llamado a liderar los acercamientos con las bancadas parlamentarias. Igualmente, tomarán especial relevancia las decisiones que adopte el presidente Gustavo Petro en la reconfiguración de su gabinete. Como él mismo lo ha anticipado, se avecinan ajustes importantes para esta cuarta legislatura. En este nuevo remezón, se espera que el presidente privilegie perfiles cuya característica principal sea la lealtad política con su proyecto, en un intento por blindar su gestión en el tramo final del mandato. —La disputa antagónica entre el proyecto progresista y el discurso de la oposición en la instalación de la última legislatura Fuente: Canal Institucional La instalación de la última legislatura del Congreso comenzó 20 minutos más tarde de la cita estipulada en el orden del día del Senado de la República. Aunque Efraín Cepeda, hasta ayer presidente de esa corporación, había amenazado con dar inicio a la sesión con o sin la presencia del presidente Petro (que estaba en horas de la mañana acompañando el desfile militar del 20 de Julio en Santa Marta), finalmente decidió no ahondar la confrontación. Los congresistas ya habían comenzado a llegar al Salón Elíptico del Congreso desde media hora antes, y solo hasta las 4:00 pm se designaron a las parlamentarias que irían a recoger al presidente a la Casa de Nariño. Notable fue la llegada de Francia Márquez al Capitolio, pues lo hizo sin la comitiva de Presidencia, acompañada de su familia y apartada del resto del Ejecutivo, que se ubicó al frente del estrado desde donde Gustavo Petro daría su discurso. Igual de notable fue el juego de carteles que hubo en algunas bancadas. Por el lado del Pacto Histórico, varias de ellas anunciaban la necesidad de reelegir el proyecto progresista y de señalar que el gobierno ha cumplido con parte de su agenda política. Por el lado opositor, algunos llevaron impresos mensajes para el senador Miguel Uribe, otros llevaron carteles aduciendo el consumo de sustancias por parte del presidente y su falta de mano dura para confrontar la inseguridad nacional. Ya desde las 4:25 pm que el presidente hizo ingreso en el Salón Elíptico el ánimo se notaba bastante caldeado. No era para menos. Luego de más de 3 meses de fuertes intercambios entre el Ejecutivo y el Legislativo tras el hundimiento y resurgimiento de la reforma laboral, la consulta popular y la alarma de una Constituyente por parte del gobierno Petro, el presidente volvía a dar la cara ante un Congreso que, por la coyuntura misma y el devenir informal de cada legislatura, iba a plantarse en una posición mucho más agreste que antes. Así lo asumió. De las 2 horas y 30 minutos que el presidente intervino ante ambas cámaras, en la mayoría hizo referencia más a réplicas frente a los cuestionamientos que ha recibido de ambas corporaciones en el último año, apelando a una especie de “rendición de cuentas” en la que buscó defenderse con cifras de cumplimiento. Totalmente diferente al discurso inaugural de hace un año largo, donde el presidente volvió a exponer su pensamiento político en ese momento y propuso al Congreso un nuevo Acuerdo Nacional , tras haber también hecho un acto de contrición por el caso de corrupción de la UNGRD. Hoy el presidente había llegado confrontativo. Escenario que no le disgusta en lo absoluto. El pie lo puso Efraín Cepeda, quien inició su discurso apelando a la defensa de la democracia representativa liberal que su presidencia había simbolizado en ese último año. Sin decir nombres propios, Cepeda habló de riesgos autoritarios, de intentos por socavar el equilibrio de poderes y del papel del Congreso como moderador y contraposición a cualquier intento por concentrar y acumular poder. El presidente, por su parte, comenzó su intervención haciendo una contraposición entre la idea de democracia que había expuesto Cepeda y la suya propia, en la que considera que la “verdadera” democracia surgió con la Constitución de 1991, cuando se garantizaron derechos políticos. No obstante, para Petro, no se puede considerar que haya habido democracia antes de la Constitución ni años después, haciendo referencia a la parapolítica, a las chuzadas, a la violencia política, al narcotráfico y al Frente Nacional. En este caso, el gobierno ya no quiso volver a compartir su narrativa de país, sino que quiso plantarse de manera mucho más fuerte y radical en el contrapunteo argumentativo que le planteó al Congreso. Había ido a generar puyas, a soltar comentarios sarcásticos y a mostrar fuerza con los datos, como manifestación de la nueva estrategia que utilizará con el parlamento, en caso dado de que no avance en este último año su paquete de reformas, que es ambicioso para un cierre de Congreso. Esa estrategia ya no girará ni sobre la radicalización democrática con las movilizaciones en calle, ni tampoco bajo procesos de negociación cobijados tras una idea de Acuerdo Nacional, sino que se profundizará en la distensión máxima de las herramientas institucionales de participación ciudadana a la mano (como las consultas populares) para forzar al Congreso a que negocie y discuta los proyectos de ley . Es por ello por lo que necesitaba mostrar fuerza, para evitar mostrarse débil ante los sectores independientes y opositores, que han radicalizado su discurso y han descubierto cómo confrontar parte de la estrategia narrativa del presidente. Eso lo demostró Paloma Valencia (Centro Democrático) y Lina María Garrido (Cambio Radical) en su respuesta como bloque de oposición. Aunque ambos discursos fueron bastante gaseosos y generales frente a las problemáticas sociales y políticas que vive el país ahora mismo, sí hubo una innovación en la narrativa desde hace un año, cuando Miguel Uribe y David Luna habían hablado en nombre de la oposición, como lo cubrimos en este artículo. Esa innovación estuvo en controvertir al presidente no solo desde las esferas narrativas desde donde la oposición ha construido su mensaje (inseguridad, conflicto armado, defensa del libre mercado, populismo), sino desde algunas de las críticas que los sectores sociales progresistas han planteado al presidente. Garrido, en cierto modo, le acusó de incoherente, señalando que el gobierno pisoteó al movimiento feminista, ha instrumentalizado la lucha racial, y les ha incumplido a sus propias bases políticas . Esto es nuevo, porque hasta cierto punto los partidos de oposición habían señalado cierto antagonismo con las bases que votaron al gobierno. En este caso, estarían apelando a las mismas en un doble juego, por un lado, electoral, y por el otro, que ha entendido que el discurso de unidad del gobierno ha tendido a la fragilidad y que, si lo golpean lo suficiente, pueden ayudar a fragmentarlo. No obstante, la oposición sigue atrapada tanto en una narrativa del sentido común que le impide consolidar estas críticas en un programa coherente de gobierno hacia 2026 —además de que también se encuentran atomizados en un sinfín de candidaturas que confluirán en competencia hacia marzo—, como en una narrativa del riesgo, en la que la idea del caos, el desorden y el peligro imperan, pero que no se corrobora con la realidad. Ahí fue donde el gobierno Petro logró, de todos modos, imponerse discursivamente esta vez, porque con los datos que presentó — cuestionados por su fiabilidad y nivel de certeza — pudo vender la idea de que su gobierno no ha generado la crisis económica y las fallas del Estado que la oposición había venido vendiendo desde agosto de 2022, y que las cifras de crecimiento económico, reducción de la igualdad, generación de empleo y mejora en sectores productivos en el agro y en el turismo hasta cierto punto indicaban que la gestión del gobierno no ha sido catastrófica. —A modo de cierre Fuente: Canal Institucional Lo que sí queda claro ayer entre el contrapunteo del gobierno, los independientes y la oposición es que la tesis sobre la transición política y la disputa existencial por el modelo de país y de democracia se comprueba en este acontecimiento . No sólo porque en el discurso se debatió sobre la democracia, sino porque tanto la oposición como el gobierno han llegado a puntos antagónicos cercanos a lo irreconciliable, que no sólo van a limitar la negociación política a futuro, sino que también están demarcando que los bloques políticos que van a dominar la vida política nacional más allá de 2026 siguen construyéndose en esta disputa. Queda a modo anecdótico y como manifestación de ese antagonismo el cierre de la intervención de la oposición. Garrido terminó su discurso sobre las 8:03 pm diciendo “(...) y usted, Gustavo Petro, por el resto de su vida va a lamentar haber traicionado la confianza que Colombia le permitió: llegar a esta presidencia de la República”. Tras ello, el presidente, sus ministros y su bancada levantaron el puño en alto, mientras la oposición y los independientes coreaban “Petro mentiroso”, “Fuera Petro” y otras arengas. Luego, con un gesto claro de molestia, el presidente se levantó de su silla y abandonó el recinto antes de terminar de escuchar a Daniel Carvalho, el último expositor. La cámara de la transmisión oficial de la Presidencia, luego, dejó de mostrar el Salón Elíptico, en el que los gritos entre progresistas y opositores desbordaban al presidente del Senado, mientras en un cierre de cámara, mostraba al presidente y a su comitiva, de espaldas, caminando hacia la Casa de Nariño. Esta es quizás la imagen de lo que puede ser esta última legislatura. Fuente: Canal Institucional

Por: Redacción Pares El 20 de julio el presidente se tuvo que partir en dos. En la mañana viajó a Santa Marta en donde estuvo al frente del tradicional desfile militar que esta vez se hizo en el lugar donde murió Simón Bolívar para remarcar que este es un ejército bolivariano, hecho para garantizar la voz del pueblo. Después regresó a Bogotá en donde instaló las nuevas cesiones del Congreso. Allí se escogió al nuevo presidente del senado, el liberal Lidio García, y el nuevo presidente de la cámara, Nestor Leonor Rico, de Cambio Radical. Hasta los enemigos más encarnizados del presidente aplaudieron un discurso de dos horas en donde demostró su capacidad oratoria al alternar con eficacia el telepronter con la improvisación. El resultado fue un repaso histórico de lo que ha sucedido en Colombia en este último siglo. En junio del 2004, mientras el presidente era Alvaro Uribe, tres comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, Ernesto Báez, Salvatore Mancuso y Ramón Isaza, fueron aplaudidos como héroes en el salón elíptico por un congreso que había sido elegido en un 35% por este grupo armado. Todo hay que reconocerlo fue el propio Petro, en su rol como senador, quien demostró en sus debates lo que después se conocería como La parapolítica, el peor escándalo que ha sufrido la democracia en Colombia. En su discurso de instalación Petro recordó los años en los que, mientras de noche se legislaba los congresistas en el día “iban a las bases de los paramilitares y se hacían listas de personas que serían asesinadas”. Gracias al estudio que hizo en su momento la fundación Arcoiris se demostró que los paras pactaron con cerca de la mitad del congreso en el año 2002, de ellos el 35% de los congresistas fueron a parar a la cárcel después de recibir sus respectivas condenas. En su discurso el presidente hizo memoria y comparó los años en los que el congreso tenía las manos untadas de sangre y la de ahora, en donde lo que se debate son las reformas que ayudarían a cerrar la brecha entre ricos y pobres. Petro fue autocrítico con su gestión y reconoció los problemas que ha venido teniendo La Paz Total, bandera de su gobierno. “A pesar de las enormes dificultades históricas,  seguimos apostando por la paz.  Es un tema de seguridad que merece nuestra atención, porque obviamente, este Gobierno no ha logrado aún la paz total”. En este 20 de julio, a pesar de algunas críticas muy duras, el ministro de justicia, Eduardo Montealegre, presentó un proyecto que plantea un principio para que se justifique jurídicamente La Paz Total. Eso si, reconoció que este gobierno “No ha alcanzado la paz total”. Desde este 7 de agosto al presidente sólo le quedaría un año para acabar su mandato. Su discurso de instalación de congreso era vital para marcar la línea que manejará en esta, la recta final.