Por: Redacción Pares En el año 2006, Álvaro Uribe Vélez fue el primer presidente en la historia de Colombia en reelegirse. Contaba con el voto popular. En esas elecciones arrasó: ganó en primera ronda, obtuvo 7. 937.825 votos, lo que constituía el 62.35 % de toda la torta electoral. Lo siguió Carlos Gaviria, del Polo Democrático. Encarnaba los ideales que parecían perdidos y obtuvo un histórico 2.613. 157 votos, que constituía el 22.02 %. Es decir, el apoyo popular a Uribe era total. Pero tuvo que violar la Constitución para lograrlo. Su reelección, al menos abrirle esa posibilidad, constituyó un primer crimen del hoy condenado expresidente, un crimen por el que fueron a la cárcel sus siguientes funcionarios: sus exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt de la Vega, y el exsecretario de presidencia Alberto Velásquez, con penas que superaban los cinco años. El choque de trenes fue entre Uribe y la Corte Suprema. Fueron la Corte y magistrados como Iván Velásquez los que impidieron que el monstruo del autoritarismo no llegara a Colombia. Dos décadas después hemos visto los riesgos de un mandatario con sed de autoritarismo como sucede en El Salvador con Bukele. Se ha autoproclamado como un “dictador cool” pero el haber conseguido su reelección indefinida es un golpetazo muy peligroso para la democracia en Centroamérica. Es consecuente con el uribismo la cercanía que pueden sentir con Bukele. Una de las grandes inspiraciones del mandatario salvadoreño ha sido el presidente condenado por soborno y fraude procesal. Uno de los magistrados que se opuso con mayor vehemencia fue Jaime Araújo Rentería, quien dijo en su momento estas palabras que sonaban profundamente antipopulares teniendo en cuenta la adoración que generaba Uribe: “El actual gobierno se encuentra usurpando el poder político y jurídico. Y, por tanto, se encuentra justificada y legitimada la desobediencia civil, ya que los ciudadanos no estamos obligados a obedecer a un gobierno que fue elegido gracias a un delito, violando las reglas básicas del juego de la democracia y del Estado constitucional de Derecho”. Uribe, insaciable, quería apuntarle a una tercera reelección. Por eso se metió en una sinsalida muy complicada para él: la yidispolítica. La  yidispolítica  es el nombre que se le dio al  escándalo político  de corrupción desatado en  Colombia  en abril de 2008, a raíz de las declaraciones de la  exrepresentante a la Cámara   Yidis Medina , quien admitió haber aceptado ofrecimientos de  sobornos  de parte de funcionarios del Gobierno Nacional, a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitió que  Álvaro Uribe Vélez  aspirara a un segundo mandato presidencial y, como consecuencia, fuera  reelecto en el año 2006 . Aunque los seguidores de Uribe no quieran admitirlo, él se arrodilló en uno de los baños del Congreso suplicándole a una política que no tenía demasiada trayectoria, como Yidis Medina, para que cambiara su voto y aceptara el proyecto de reelección. Por eso, Araújo se fue lanza en ristre contra el proyecto en el que fue aprobada la reelección. Sobre el acto legislativo dijo lo siguiente: “Eso está viciado de nulidad absoluta, por cuanto es consecuencia de un delito, el delito de cohecho (…) Si el delito no genera la nulidad ¿Qué lo haría? Cuando el delito es el acto de corrupción más grave y tiene la máxima sanción del ordenamiento jurídico (…) La corrupción, el crimen o el delito, no pueden ser nunca y bajo ninguna justificación o circunstancia, fuente de derecho”. Araújo fue extremadamente crítico con la Corte que aprobó ese primer proyecto reeleccionista e incluso cuestionó duramente a los miembros de la Corte que permitieron esta afrenta a la Constitución del 91: “Esta Corte ha hecho posible lo imposible desde el punto de vista del Estado constitucional de Derecho: que el delito pueda más que la Constitución, que esté por encima de ella, esto es, se ha convalido un delito; se ha refrendado el crimen, la inconstitucionalidad y la corrupción” Uribe no pudo aspirar a la presidencia en 2010. Para eso había preparado a Andrés Felipe Arias, su discípulo, el ministro de Agricultura, a quien le decían “uribito”, y que políticamente murió después de ser condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Juan Manuel Santos retomó las banderas y sería, para el expresidente y sus seguidores,“un traidor”, porque le cerró la puerta a cualquier posibilidad de ser una simple extensión de Uribe. Quince años después de haber dejado la presidencia, Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno y fraude procesal. Para él llegó la horrible noche.  Ya no es el hombre que soñaba con ser el presidente eterno. Ahora es solo el primer presidente en ser encontrado culpable de un delito y en pagar condena por eso.

Por: Redacción Pares Resulta paradójico que en Colombia existan candidatos que estén haciendo campaña promoviendo y prometiendo convertir al país en El Salvador de Bukele. Recientemente se acaba de aprobar una reforma constitucional para afianzar su poder sin limites en ese país centroamericano. La Asamblea Legislativa de ese país tiene 60 escaños. 57 diputados decidieron una reelección sin límites, sin reservas. Las encuestas aún respaldan sus decisiones como convertir a El Salvador con sus sistemas de cárceles en un país opresivo que ha bajado dramáticamente la delincuencia con métodos absolutamente controversiales. Los opositores de Bukele están poco a poco siendo condenados a la diáspora o al anulamiento social por eso este pronunciamiento de la universidad José Simeón Cañas es de aplaudir. Hace sesenta años fue fundada y desde entonces ha sido un baluarte de las libertades. En este comunicado deja claro cual es su postura de “extrema preocupación” ante lo que vive El Salvador: La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas expresa su profunda preocupación ante las reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Legislativa, con las cuales se permite la reelección presidencial indefinida, se amplía el período presidencial de cinco a seis años, se elimina la segunda vuelta en las elecciones presidenciales y se adelantan las elecciones presidenciales al año 2027. Estas reformas a la Constitución, promovidas sin consulta ni debate, ratificadas en un lapso de horas y previo al inicio de un periodo vacacional, debilitan los principios que garantizan que el poder se ejerza con límites, responsabilidad y en función del bien común. Una reforma constitucional como esta, que afecta las reglas del juego democrático, debió ser ampliamente discutida, con participación plural.   La posibilidad de reelección indefinida rompe con una de las protecciones más importantes del orden constitucional: evitar la concentración prolongada del poder en una sola persona o grupo. La historia muestra con claridad los riesgos de transitar este camino. Contrario a como se ha afirmado, la prohibición de la reelección inmediata o indefinida no representaba un obstáculo para la ciudadanía, sino una protección frente a aquellos que quisiesen hacerse de más poder.   Una reelección con un número indefinido de periodos no supone, en ningún sentido, algo positivo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa” y a los tratados internacionales de los cuales El Salvador es parte. Además, el argumento de que es necesario homologar la elección presidencial al resto de cargos de elección popular es falaz.    Que las elecciones presidenciales no coincidieran con las legislativas y las municipales buscaba balancear el poder, evitar que el ganador se quedara con todo. Aumentar el periodo presidencial para “sincronizar los tiempos electorales” no tiene como propósito real “evitar estar en una permanente campaña electoral”. Tampoco tiene que ver con orden o ahorro para el Estado, ni con seguridad jurídica, ni con atraer inversión, ni con trasladar la potestad al pueblo.     Por otra parte, eliminar la segunda vuelta electoral presidencial debilita la legitimidad del cargo presidencial al permitir que una candidatura llegue al poder con una representación minoritaria (Nicaragua muestra las consecuencias de este tipo de dinámica). Una segunda vuelta no significa irrespeto a la voluntad popular; al contrario, la asegura. Si la preocupación en verdad era evitar el derroche de las finanzas públicas, pudo apostarse por recuperar la transparencia y la rendición de cuentas, y reactivar los mecanismos de control.     Adelantar las elecciones para 2027 de ninguna forma puede entenderse como una “consulta anticipada para que el pueblo ratifique los cambios a esta Constitución”. Adelantarlas es un irrespeto a la voluntad popular, a la ciudadanía que acudió a las urnas para votar por alguien que estuviese cinco años más en el poder. Ni más ni menos.   Los cambios realizados no son antojadizos, sino que responden al escenario que se viene advirtiendo en diversas instancias, desde la toma armada de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020; un rumbo que se consolidó el 1 de mayo de 2021 con la destitución y nombramiento exprés de magistrados de la Sala de lo Constitucional. Hoy, el oficialismo ha llegado al punto de no retorno tanto por el deseo como por la necesidad de aferrarse al poder.     El paso se ha dado cuando aún la popularidad es alta y la resistencia a la deriva autoritaria, casi nula, en un contexto de temor y desprotección. Un contexto en el que, desde un punto de vista jurídico, es posible afirmar que ya no existe Estado de derecho: no hay respeto al debido proceso, la ciudadanía salvadoreña no tiene derecho a un juez independiente, ni al libre desarrollo de la personalidad, ni a libertad de reunión, asociación, expresión o información.   La Constitución no debe ser propiedad de los gobernantes de turno, sino un pacto social cuyo objetivo es crear condiciones institucionales para proteger y concretar los derechos de la población. El pueblo salvadoreño merece instituciones confiables, procesos transparentes y oportunidades reales para decidir. Con las nuevas reformas constitucionales, El Salvador regresa a su pasado. A un pasado de concentración absoluta del poder en clanes familiares y de profunda corrupción de la institucionalidad pública.   La UCA, desde su inspiración cristiana y su misión de interpretar la realidad con sentido de justicia, verdad y paz, insta a la academia, las iglesias, las organizaciones sociales, los gremios, los medios de comunicación y la comunidad internacional a seguir con atención el proceso que vive El Salvador y acompañar, con responsabilidad y solidaridad, el impulso de los principios democráticos y los derechos fundamentales de todas las personas.

Por: Iván Gallo Coordinador de comunicaciones Ha sido un dolor muy profundo perder la HJCK. Para los Santo Domingo, la emisora ya parecía un exceso, casi una extravagancia: tener una emisora dedicada a la música más bella, a la cultura. Son tiempos ásperos. Uno de los hombres que forjó esta aventura fue Álvaro Castaño Castillo a quien hoy recuerdo. Era usual encontrarse con Álvaro Castaño Castillo y que él le dijera a alguien: “¿Sabes que tengo un audio de tu abuelo en la emisora?”. La gente no podía creerlo. Castaño, generoso, invitaba a las personas y les ponía la grabación.  A lo largo de una carrera de 70 años, el último cachaco atesoró 50.000 entrevistas. Tenía la costumbre de llevar una grabadora al hombro. La tuvo siempre, desde que esos aparatos eran carteras pesadas y raras en una ciudad como Bogotá. En los años 40, Bogotá era una sola avenida larga: la Séptima, que se rehusaba a expandirse. No había clase media, la gente vestía o como dandis ingleses o como campesinos. Todavía era provincia. La intelectualidad se refugiaba en cafés como El Cisne, capitaneados por poetas como León de Greiff. Álvaro Castaño Castillo era una presencia omnisciente. Este estudiante de Derecho de la Universidad Nacional, nacido en 1920, pertenecía a la generación de intelectuales más fecundas del país y que terminó con el premio nobel de García Márquez en 1982.   Bohemio, gestor cultural, amante de los libros, íntimo de todos los escritores y los pintores, nunca le tuvo miedo a meterse de lleno a empresas que difícilmente podrían cuajar. El 15 de septiembre de 1950 creó su quijotada mayor: la emisora HJCK, la de la inmensa minoría que, 70 años después, siguió estando al aire. Sin embargo, los que tenemos 40 años lo recordamos por otro de sus logros más importantes.   Cuando Álvaro Castaño Castillo leía el periódico, buscaba noticias sobre animales. Su nieta, María López Castaño, todavía recuerda los libros llenos de recortes sobre el nacimiento de un panda en un zoológico de Pekín o la extinción desmesurada de los cóndores en Colombia y los Andes en toda la década de los 70. Pudo haber sido el primer ecologista del país. Cuando él habló con los productores de RTI, soltó una palabra que nadie entendía: “ecología”. Nadie sabía con qué se comía eso en 1974. Sí estaba la atmósfera puesta: en 1972 se realizó la Cumbre de la Tierra, en Estocolmo, y el gobierno de Misael Pastrana Borrero decidió meterle la ficha. Sin embargo, había confianza y el proyecto arrancó.   La presentadora era el amor de toda su vida, la tolimense Gloria Valencia Castaño, la muchacha que conoció en 1947, mientras ella trabajaba en el archivo de la policía, la de los ojos grandes, la voz potente. Culta y fresca, directa. Lunes en la noche. La cara de Konrad Lorenz entre dos cisnes. Nos gustaban los animales en esa época gracias a ellos, a esa pareja entrañable.   No existía Discovery Channel, que fue fundado en 1985. El primer programa sobre animales de la televisión mundial ocurrió en el Reino Unido con el programa  Zoo Quest.  Esta fue una serie de documentales difundidos por la BBC y dirigidos por el científico David Attenborough. Pero Naturalia  fue el primer gran programa latinoamericano sobre el cuidado de la naturaleza. En los cinco años que van entre 1974 y 1979, Gloria Valencia de Castaño tenía la costumbre de decir esta frase: “Lástima que la televisión no sea a color para apreciar la majestuosidad de las imágenes que traemos”. Pero en el 79 irrumpió la televisión a color a Colombia, y el programa se potenció y trascendió aún más, cuando divulgó en el país el pensamiento de científicos como David Attenborough, Konrad Lorenz y Jaques Costeau. Este último, vino a Colombia a conocer a la pareja de esposos, se quedó en su casa en La Calera, y juntos viajaron a conocer el delfín rosado del Amazonas.   Sí, puede ser que Naturalia haya quedado en el subconsciente de la generación que vivió el programa entre 1974 y 1993. Gloria Valencia y su esposo Álvaro Castaño transformaron el país, convirtiéndose en los primeros divulgadores masivos de la preservación de la naturaleza. Sin ellos, la devastación ecológica que ha vivido este país sería peor.

Por León Valencia Se avivan los miedos, se agita la polarización, la paranoia crece. Oigo la voz del gobierno y de la oposición y la de los opinadores y de algunos empresarios.  El país necesita comprender, ir al fondo de lo que ha ocurrido, y los analistas políticos y los intelectuales debemos contribuir a entender el momento, no podemos comernos el cuento crudo de que el país se va a acabar por una decisión judicial.     El fallo de la jueza Heredia tiene un grueso telón de fondo. La primera capa de ese telón es el inicio de la transición política con la finalización del conflicto armado y la llegada de la alternación entre izquierdas y derechas. La segunda capa es el origen de la disputa jurídica.   Si comprendemos a cabalidad el fondo del fallo miraremos con realismo la situación del país, disiparemos el terrible miedo a entrar en un ciclo de violencia política como el que vivimos hasta los acuerdos de paz con los paramilitares y con las FARC y asumiremos también, con alguna tranquilidad, la polarización política.     Sin la desaparición de las Autodefensas Unidas de Colombia y de las FARC mediante la negociación y el proceso de paz; y sin el ascenso de la izquierda a la presidencia del país por la vía democrática; no había sido posible este juicio histórico. El conflicto armado de carácter político ha llegado a su fin, sólo queda como remanente el ELN, pero incluso esta fuerza ha declinado su objetivo de tomarse el poder y ahora está en la idea de una resistencia periférica a la acción estatal.   Existe, eso sí, un entramado de violencias y de mafias en una oscura disputa por rentas ilegales, por el control del territorio y por la subordinación de la población inerme. Y aún hay ominosos coletazos de la confrontación política armada del pasado, como el atentado al senador Miguel Uribe Turbay.    El expresidente Álvaro Uribe contribuyó mediante su política de mano dura a la terminación del conflicto armado, eso es una verdad de a puño, pero precisamente porque el alzamiento terminó, la gente se siente más libre para votar a conciencia y también para cuestionar a sus líderes políticos; los jueces se sienten más libres para juzgar delitos que se cometieron con ocasión del conflicto o delitos comunes que se cometen con el afán de tapar los delitos que se cometieron en medio del conflicto. Así son las cosas. Así es la transición.   No hay manera de comparar el enorme poder político y militar que tuvieron Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela y los paramilitares, por un lado; y por el otro, las FARC, el M19, el EPL y el ELN de los años ochenta y noventa del siglo pasado; con el alcance que hoy tienen las fuerzas del crimen organizado, las disidencias de las extintas FARC y el ELN. Después de un gran incendio aún arden unos leños.   Ahora bien, la polarización política es una cara, quizás no muy amable, de la transición. La pugnacidad que antes se resolvía creando guerrillas para buscar por la fuerza el poder o instigando la Fuerza Pública contra la izquierda o creando paramilitares para exterminarla, se ha transformado en una feroz disputa política verbal y en acciones sociales y convocatorias electorales entre las fuerzas políticas de la derecha, el centro y la izquierda, cosa que me parece mil veces mejor.   Una paradoja irrita especialmente a la derecha.  Había derrotado, mediante la violencia legitima, pero también mediante acciones ilegítimas, a las guerrillas y a la izquierda, pero está perdiendo la batalla política y jurídica en el postconflicto. La izquierda, por su parte, está aún en la disyuntiva de si le cobra a la derecha sus acciones ilegitimas e ilegales en medio del conflicto y hace de esto su bandera, o se dedica a buscar, con todo su corazón, la reconciliación del país.   Tengo la esperanza de que más temprano que tarde la irritación de las partes cederá y la reconciliación empezará a florecer.   Examinemos un poco el inicio del juicio. Ahora que llegamos a la condena del expresidente Uribe en primera instancia es bueno recordar que fue Uribe quien dio inicio a la disputa jurídica intentando llevar a la cárcel a Iván Cepeda que lo había acusado en un debate parlamentario de ser el fundador del Bloque Metro de las Autodefensas presentando testimonio de un testigo y unos indicios de esas acciones. La posible participación del exmandatario en la conformación de una organización ilegal que intervenía de manera temeraria y activa en la política regional y nacional es de suyo un hecho político. Así empezó el litigio jurídico.   El expresidente Uribe en el afán de acallar las acusaciones sobre su posible vinculación al Bloque Metro inicio una batalla jurídica en la que según el fallo de la jueza Heredia recurrió a procedimientos y acciones ilegales tipificadas como fraude procesal y soborno en actuación penal. No se percató de que el país podía cambiar de un momento a otro, pensó que bastaría su enorme influjo político para cubrir sus acciones y las de sus abogados. La vida le ha jugado una mala pasada.   Vamos a otro punto. Es imposible ignorar el origen político de la disputa y tampoco será posible obviar el desenlace político del juicio. No se puede ocultar el sol con un dedo.   Es inevitable que cada uno haga una utilización política de la disputa jurídica. La derecha va a ir a fondo en el relato de que se trató de una persecución política al expresidente, su líder; argumentará que es una gran trampa de la izquierda; por su lado la izquierda insistirá en que el juicio por fraude procesal y soborno en actuación penal era una obligación de la justicia; e irá más lejos, dirá que está es la punta del iceberg, que debajo de este juicio hay más, que se trata de ir al fondo de las responsabilidades de Uribe y la derecha en la violencia paramilitar y en las acciones indebidas e ilegales de la Fuerza Pública contra la izquierda y las organizaciones sociales.   Así transcurrirá la campaña electoral de 2026. No hay remedio para esto. Solo hay que pedir que se ocupen también de hablar de los otros problemas del país, de los graves problemas sociales, de la inequidad, de la urgencia de reformas en favor de los desvalidos; y de la corrupción y de la inseguridad ciudadana. Advertirles a los actores políticos que quién gané la posta en las soluciones sociales y en la atención a las nuevas violencias ganará la contienda presidencial. Recurrir al pasado como relato principal de la campaña no le dará el triunfo a nadie, ya lo vimos en la campaña del 2022.

Por: Redacción Pares En las últimas semanas, Jerónimo Uribe ha sido protagonista del acontecer nacional debido a su constante e irrestricto apoyo a su padre, el expresidente, quien fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria tras ser hallado culpable de los cargos de soborno y fraude procesal. Jerónimo ha entrado en controversia con el senador Iván Cepeda y también con la misma jueza que dio el fallo, Sandra Heredia. Tomás y Jerónimo, a pesar del dolor que significa para ellos ver a su padre desacreditado y condenado —pasará sus 12 años de condena en una finca muy cómoda— tienen un consuelo: su inmensa fortuna. Los delfines siempre han sido un problema. Cualquiera que viva en un país con la desigualdad que campea en Colombia detestará al hijo de un presidente. Andrés Pastrana es un delfín poderosísimo. Siempre fue un privilegiado. Consentido por el Partido Conservador, fue el último presidente que dio esta colectividad. Algunos otros, como los hijos de Ernesto Samper, desaparecieron de la esfera pública. Simón Gaviria tiene poder dentro del Partido Liberal, pero aún estará lejos de aspirar a ser presidente; su hermana, María Paz, se ha dedicado de lleno al arte, pasión que heredó de sus papás. Pero, en ese tinglado, ninguno es tan poderoso como el tándem que constituyen Tomás y Jerónimo Uribe. Durante el juicio que se le llevó a su padre por manipulación de testigos y fraude procesal, el expresidente se ha vendido como un campesino hecho a pulso. Incluso, durante una declaración que dio a finales de abril, afirmó que su oficio consistía en comprar “unas vaquitas flacas, engordarlas y después venderlas”. En realidad, Álvaro Uribe Vélez es, en cierta manera, un delfín. Es hijo de un hombre poderoso dueño de haciendas que se cuentan en miles de hectáreas como Las Guacharacas. Él mismo es dueño de El Ubérrimo, en Córdoba, una finca que tiene 1.500 hectáreas y que incluso tiene un pueblo en el medio de la misma. Lo que llama la atención es el poder silencioso que tienen Tomás y Jerónimo Uribe. En su espacio, en La W Radio, Daniel Coronell afirmó el pasado 4 de junio que los hijos del expresidente estaban lanzando un concurso para premiar a quien revelara supuestos “torcidos” del reconocido periodista investigador. El ganador obtendría 100 millones de pesos. Esto es, en lenguaje del Viejo Oeste, ponerle precio a una cabeza. Los Uribe tienen la sangre en el ojo contra Coronell. No solo sus investigaciones contra el expresidente fueron vitales para que el caso que se le sigue por manipulación de testigos —en el que, en un principio, el acusado era Iván Cepeda— se torciera en su contra, sino que también ha apuntado contra Tomás y Jerónimo. Él no ha sido el único periodista que se ha encargado de seguirles los pasos a Uribe, sus hijos y su fortuna. La revista Vorágine también. En el año 2022 esta revista encontró 72 matrículas inmobiliarias que están a nombre de Uribe, su esposa Lina Moreno y sus hijos Tomás y Jerónimo. Si se suma cuánto miden los 72 bienes son 21 millones de metros cuadrados. Esto daría, recuerda la publicación, una extensión más grande que la del municipio de Itaguí. Los 72 bienes están repartidos así: 54 en Córdoba, 11 en Antioquia, seis en Cundinamarca y uno en Bogotá. Una de las grandes jugadas mobiliarias que hicieron Tomás y Jerónimo, como recordó en su momento el portal Las 2 orillas, fue la compra de unos lotes en Mosquera, Cundinamarca, por 34 millones de pesos. Entonces ocurrió algo que se puede calificar de “Milagroso”. Es que dos años después de la compra de estos terrenos fueron declarados como Zona Franca, lo que disparó su valorización más de 100 veces. El terreno costaba ahora 3.000 millones de pesos. Pero no solo son terratenientes, sino que son los artesanos más afortunados del país. Mientras tantos artistas intentan salir adelante con sus emprendimientos, ellos, cuando crearon la empresa Sapia en 2002, el año en el que fue presidente su papá, jamás imaginaron que la venderían una década después en 6.000 millones de pesos.   Un año después, crearon una empresa de reciclaje a la que le pusieron el nombre de Ecoeficiencia. El capital con el que iniciaron fue de 10 millones de pesos, pero, según información de El Espectador , esta ya cuesta 43.000 millones de pesos. La fortuna de los hijos de Uribe ya se puede calificar de incalculable. Desde 2015 hasta la fecha, han abierto centros comerciales en varias ciudades del país. Así que, por supuesto, para ellos, cien millones de pesos, el monto que les darían a los supuestos periodistas ganadores del concurso de embarrar a Coronell, es tan solo el pelo de una cabeza frondosa. ¿Cuándo nos darán el secreto de su magia?

Por: Paola Marín El pasado 23 de junio de 2025, en el departamento de Caquetá, se reactivó oficialmente la mesa de negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), liderado por Calarcá Córdoba. La reunión marca el reinicio de un proceso que había permanecido suspendido durante varios meses, desde el último ciclo formal en octubre de 2024. Según el comunicado conjunto, tanto el Gobierno como los comandantes del EMBF manifestaron su voluntad política para dar continuidad al diálogo, destacando la necesidad de realizar un encuentro amplio con las comunidades para definir las prioridades del nuevo ciclo. Esta reactivación también implicó un relevo en el equipo negociador: Gloria Quiceno asumió como nueva jefa de la delegación del Gobierno, en reemplazo de Camilo González Posso, lo que representa un nuevo impulso al proceso. Aunque la reanudación de la mesa fue tomada como un gesto de voluntad entre las partes, aún quedan dudas sobre las etapas que han hecho parte de estas mesas territoriales, especialmente en lo que respecta a las Zonas de Ubicación Temporal.  Frente a este punto, el Alto Consejero Para la Paz, de Norte de Santander afirmo en entrevista para el enlace regional de Pares, que la mesa de negociación se encuentra avanzando en el desminado de la zona en la cual se ubicaría la ZUT.  De igual forma, menciono que desde la consejería se entablo comunicación con la mesa de Gestoría de Paz del ELN, para avanzar en el seguimiento de temas humanitarios. Sin embargo, tras el atentado que realizó el ELN contra la Fuerza Pública en el municipio del Carmen.  Surgen cuestionamientos sobre temas de seguridad y de como se saldara el riesgo de generar estas zonas, cuando aún se libran disputas entre el Frente 33 y el ELN en la región . Sumado a la preocupación por parte de la sociedad civil que habita en zonas aledañas a la ZUT. De igual forma, es clave señalar, la reciente coincidencia geográfica entre la ZUT en Tibú y la denominada “zona binacional” la cual abarcaría zonas como Táchira y Zulia. Estas zonas plantean una intersección crítica entre apuestas institucionales por la paz y escenarios de alta conflictividad armada.  En tanto ambas iniciativas—una de carácter transicional en el marco del proceso con el Frente 33 del EMBF, y otra de cooperación internacional para el desarrollo fronterizo—confluyen sobre un territorio disputado, y que actualmente se encuentra en emergencia humanitaria resultado de la confrontación entre el ELN y el EMBF. También sobre este punto el Alto Consejero de Paz, menciona que la concertación de la Zona Binacional fue una decisión entre el Gobierno Nacional y la Cancillería junto con el Gobierno de Venezuela, sin tener en cuenta al territorio. Esto es crucial, porque, a pesar de que esta iniciativa podría ser una articulación de políticas públicas para el desarrollo económico y social transfronterizo, nuevamente marca una tensión entre la creación de instancias territoriales, alejadas de los territorios y superpuestas desde el centro del país. Por ahora, retomando la reactivación de la mesa, es importante resaltar el llamado a la articulación con organizaciones sociales y sociedad civil. Como se destaca en el comunicado de la reunión entre el Gob Nacional y EMBF. Las organizaciones sociales y campesinas han seguido trabajando en la transformación de sus territorios, en iniciativas de formalización de la tierra y en la socialización de propuestas como las Zonas de Reserva Campesina. Este enfoque pone en el centro del proceso de paz a los sujetos territoriales que, continúan construyendo paz desde abajo, pese a la persistencia del conflicto armado y las tensiones con las instituciones de gobierno. En este sentido, la mesa retoma su curso no solo como una agenda entre actores armados y el Estado, sino como un espacio articulado con los proyectos y aspiraciones de las comunidades. Paralelo a esta reactivación, se realizó la instalación del primer Comité Directivo del proyecto Sembremos Confianza .  Esta iniciativa, nacida del IV ciclo de diálogos con el EMBF, se implementará en siete municipios del norte y Bajo Cauca antioqueño (Ituango, El Bagre, Briceño, Anorí, Valdivia, Segovia y Yarumal) y constituye una apuesta integral por el desarrollo rural sostenible y la restauración ambiental. Financiado por el Fondo Multidonantes para la Paz (MPTF) y liderado por Corantioquia en articulación con la Consejería Comisionada de Paz, la ADR, organismos de Naciones Unidas y autoridades locales, el proyecto combina la protección ambiental del Corredor del Jaguar con la reconversión productiva, la inclusión de mujeres rurales y el fortalecimiento del tejido comunitario en zonas profundamente afectadas por el conflicto armado, la minería ilegal y los cultivos ilícitos. Finalmente, el reto fundamental de este momento político no radica únicamente en avanzar en mesas de diálogo o en suscribir compromisos programáticos, sino en asegurar que las transformaciones territoriales para la paz no sean transaccionadas entre el Estado y los actores armados, sino construidas desde y con las comunidades. La experiencia acumulada en múltiples procesos demuestra que cuando la implementación queda en manos de quienes han ejercido control armado sobre los territorios, se reproduce la lógica del poder violento y se margina la voz de quienes han resistido desde la organización social, la producción campesina y la defensa de la vida. Por ello, es indispensable que los acuerdos trasciendan el plano de la negociación política y se encarnen en la vida cotidiana de los territorios, mediante planes construidos de manera participativa, con enfoque territorial, étnico y de género, y con garantías de no repetición. La paz no puede seguir siendo una concesión sino debe ser una construcción colectiva.

Por: Redacción Pares El viernes 1 de agosto, el país vivió una jornada histórica: sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez cayó una condena de 12 años de cárcel por los delitos de soborno y fraude procesal. La decisión ha traído coletazos. Mientras una parte del país celebra, otra está irritada y no la acepta. Una de las precandidatas que con más fuerza y vehemencia ha reaccionado es Vicky Dávila. A las advertencias que ha hecho sobre las supuestas aspiraciones dictatoriales de Petro, se suma la revelación de unos chats entre Day Vásquez y su expareja, Nicolás Petro, en los que se advertiría de una presunta conducta incorrecta durante la campaña a la presidencia. Los chats, que, según la versión de Vicky Dávila, fueron entregados a la Fiscalía hace más de un año, hablan de unas supuestas rumbas “pesadas” del hoy presidente. La respuesta de Petro fue atribuirle a Vicky Dávila, quien abiertamente está haciendo campaña usando la táctica de hablar mal de todo lo que hace Petro, una sed de revancha por la decisión que tomó la juez Heredia y que, seguramente será ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá, la de condenar a Uribe a pagar más de 3.000 millones de pesos y una condena de 12 años de cárcel. Esto fue lo que dijo el presidente en su cuenta de X: “Al parecer, la realidad de ver convertida la hacienda en cárcel ha llevado a tanta gente a la embriaguez mental, a algunos, adoloridos que van borrachos de acera a acera de la vía”. La hacienda a la que hace mención Petro es el Ubérrimo, donde Uribe pagará buena parte de su condena. Petro también hace referencia a lo que es un hecho fáctico: en ninguno de los videos se ve a un travesti en una fiesta, de hecho, hasta el momento no se ha encontrado o mostrado como prueba ningún video: “Ni travestis ni ‘todo lo demás’ aparecen; solo usaron las palabras para manipular al pueblo y tapar las verdades que por otro lado se destapan”. Petro fue tajante en las acusaciones. Las revelaciones de Vicky no develan ningún delito y tan solo hacen alusión a su vida personal: “Si quieren organizamos una marcha de travestis reales que salgan a gritar por la justicia para sus innumerables compañeras asesinadas por la estupidez y la ignorancia. Una enorme marcha de travestis que con orgullo y libertad griten contra el genocidio cometido contra el pueblo colombiano”. El tema en el país sigue siendo la repercusión que tiene la condena de 12 años contra el expresidente, un hecho inédito en la historia de Colombia.

Por: Diego Alejandro Pedraza Corredor, Investigador de la Línea de Gobernabilidad y Democracia Juan Carlos Florián será el nuevo ministro de la Igualdad, después de que su hoja de vida fuera publicada por la Presidencia en horas de la mañana del primero de agosto.   Con su llegada comienza un nuevo remezón ministerial, anunciado hace un par de semanas por el presidente Gustavo Petro en un nuevo consejo de ministros que sigue demostrando lo inestable que es su gobierno, la fragmentación de su proyecto político y el camino volátil en el que viven varias de sus carteras.   En este caso, Florián será el tercer ministro que tenga la cartera de Igualdad y reemplazará a Carlos Rosero, quien se va sin cumplir expectativas y con un regaño público hecho por el presidente.   ¿Quién es Juan Carlos Florián?   Juan Carlos Florián es politólogo de la Universidad Javeriana y estudiante de maestría en comunicación política. Tiene experiencia en organizaciones de cooperación internacional, en entidades no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y en el sector público.   Trabajó en el gobierno de la “Bogotá Humana” como subdirector para asuntos LGBTI de la Secretaría de Integración Social de Bogotá. Desde ese cargo intentó plantear políticas públicas orientadas a generar cambios estructurales en la ciudad, con el fin único de que los derechos de las comunidades LGBTIQ+ fueran respetados y se ubicaran en el centro de las discusiones de una agenda progresista.   Después de su paso por el gobierno distrital, se fue a París, donde trabajó en cooperación internacional en el programa “Colombia nos une”, de la Embajada de Colombia en Francia. En la actualidad es el viceministro de diversidades.   Controversias   Las controversias alrededor de su nombre llegan precisamente por su cargo como viceministro de diversidades. Según el presidente, Gustavo Petro, su nombramiento en esta cartera estuvo retrasado y torpedeado por la vicepresidenta y entonces ministra de la Igualdad, Francia Márquez, quien no avaló el nombramiento de Florián.   Según el presidente Petro, esto se debió a que, durante la estancia de Florián en París, le había tocado trabajar como modelo webcam, lo que generó un rechazo en la opinión pública y en varios funcionarios del gobierno, entre esos, la vicepresidenta y ministra, Francia Márquez.   La controversia y el nombramiento llegan en el momento en que el ministerio naufraga para el siguiente periodo, con las implicaciones que tendría esto en la campaña presidencial y con los focos puestos por el despilfarro de plata y la baja ejecución en uno de los proyectos bisagra de este gobierno.

Por: Ghina Castrillón Torres. Politóloga feminista. Como era de esperarse, el uribismo ya está capitalizando políticamente la derrota jurídica de esta semana. A Uribe lo condenó la justicia, pero no necesariamente lo va a condenar la opinión pública pues el expresidente ha sido una figura clave de la derecha colombiana y en el escenario actual ganaba políticamente con cara y sello, pues si lograba ser absuelto, posaría de víctima de un montaje de la izquierda, pero si lo condenaban, como efectivamente pasó, posaba de víctima de una “justicia politizada”. Pero el resultado termina siendo el mismo que refuerza una narrativa de mártir patriota, arrinconado por un sistema que lo persigue por todo “lo bueno que ha hecho”. Si bien la condena contra Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal representa un hecho sin precedentes en la historia política colombiana, siendo el primer expresidente hallado culpable por la justicia, este fallo parece dar insumos para orientar la campaña de la derecha en el próximo escenario electoral. Los discursos que surgieron tras el fallo son la prueba de cómo esperan influenciar las emociones de la población para desconocer la justicia. No hacen referencia a la evidencia judicial ni al análisis técnico del caso, sino a emociones viscerales, donde se construye una narrativa emocional que busca el rechazo a “los enemigos de la patria”, donde varios liderazgos de la política y el entretenimiento han señalado en medios de comunicación y redes sociales que se está “persiguiendo al colombiano más ejemplar” y que se está “juzgando a los buenos mientras se premia a los malos”  Claramente esta estrategia no es nueva, en las campañas políticas utilizan sistemáticamente las emociones para movilizar a las gentes desde la indignación, como pasó con la campaña por el No en el Plebiscito por la Paz o la Consulta Anticorrupción, entre otras. En el caso del uribismo, la condena judicial transforma la figura del líder en el “perseguido” y eso les puede resultar electoralmente funcional. El “Uribe víctima” es una figura poderosa que se alimenta de la desconfianza a la justicia y a la institucionalidad. Muchas gentes no necesitan pruebas y se conforman con ciertas narrativas. Es en este punto que el marketing político se convierte en una herramienta de agitación y el fallo condenatorio da lugar a esas campañas de indignación. Lo más preocupante es la capacidad de estos relatos para distorsionar el sentido de justicia, donde se intenta desacreditar a la jueza señalándola de parcializada. Irresponsablemente se dice que el proceso estuvo manipulado y que hay intereses oscuros detrás, y se refuerza la idea de un sistema judicial instrumentalizado por la izquierda, que, a su vez, se promueve cualquier acto de desconocimiento de la justicia. El fallo de la jueza Sandra Heredia es un mensaje muy potente porque demuestra que nadie, ni siquiera un expresidente, está por encima de la ley. Pero, mientras celebramos el fallo como un triunfo histórico de la justicia, no podemos perder de vista que el riesgo está en creer que la verdad judicial se traduce automáticamente en aceptación social. Desde la izquierda deberíamos recordar que la disputa es jurídica, pero también es simbólica y política. Es necesario combatir la narrativa del mártir político porque ésta cala en muchos sectores de la ciudadanía, y sin una estrategia pedagógica clara, corremos el riesgo de que la condena se convierta en mayor impulso electoral para los sectores de la derecha.   De cara al 2026, si no disputamos fuertemente el relato que victimiza y convierte a Álvaro Uribe   en un mártir, aun siendo condenado por criminal, podría ganar en las urnas en cuerpo ajeno. *No puede pasarse por alto la relevancia de que haya sido una MUJER JUEZA quien leyera este fallo histórico. Ver mujeres liderando procesos de esta magnitud fortalece nuestra representación en los escenarios de poder.

Por: Iván Gallo Coordinador de comunicaciones Sobre las dos de la tarde del 3 de agosto pasado, frente a la casa que alguna vez fue del coronel Nicolás Ricardo Márquez, se desató un aguacero de proporciones bíblicas. Las sombrillas de los vendedores que se habían apostado en la calle formando un bazar, empezaron a volar. Con suma tranquilidad se fueron cubriendo con plástico los libros, vinos de corozo, prendedores para el pelo, separadores de páginas y niños con cola de cerdo de porcelana que habían sacado para venderle a los visitantes que llegaron a Aracataca para ser parte del primer festival Macondo. Frente a la casa donde García Márquez vio sus primeros fantasmas, nos hicimos debajo de un maíz-totao, un árbol de hojas gruesas cuyas semillas habían sido traídas desde La Guajira, a comienzos del siglo XX, y que son capaces de aguantar la canícula puntual del mediodía y los espontáneos temporales. En Bogotá, ciudad de donde vine, un aguacero es una tragedia, todas las ilusiones se apagan. En Aracataca es solo otro momento para divertirse. Los niños salen descalzos a correr por entre los charcos e incluso vi cómo tres nietos tomaron a su abuela octogenaria de la silla de ruedas y la pusieron a pasear por la calle principal, despertando en la señora algo parecido a una sonrisa. La mayoría de las personas con las que nos refugiamos de la lluvia, el abogado Fernando Álvarez, el poeta Federico Díaz Granados, el guardián de la biblioteca Remedios La Bella, Ancízar Vergara, coincidían en que ver llover en Macondo no solo era un acto de justicia poética, sino que era un buen presagio. Durante dos días, las ferias gastronómicas, cuyos protagonistas fueron los cocineros locales, coparon el Camellón del 20 de julio, un paseo de doscientos metros que comunica al centro del municipio con la estación donde alguna vez se paraba el tren. Los emprendimientos de artesanos locales se apostaron justo frente a la casa museo en donde expusieron su arte. Se realizaron conversaciones en la Casa del Telegrafista sobre García Márquez y el periodismo, sobre la mujer en el universo de Gabo y también se habló de su cine. Los niños participaron en un concurso de cuento. La concha acústica recibió a artistas como Adriana Lucía, Sistema Solar, Jacobo Vélez y la Mamba Negra, Edson Velandia, y la agrupación Duna, compuesta por arhuacos que quieren recuperar un ritmo que los acompaña desde antes de la conquista: el Chicote. Se presentaron, además, el legendario cumbiero Carmelo Torres, y artistas locales como John Santoya. Las puertas de la concha acústica se abrieron desde las seis de la tarde y se cerraron hasta las cuatro de la mañana. Fue una fiesta que se vivió en paz, con la alegría de dos mil quinientos cataqueros que pudieron ver cómo sus ídolos de materializaban, se convertían en personas de carne y hueso. En los dos días que duró el festival se hicieron actividades académicas como un conversatorio en el que se invitaron a personajes como los periodistas como Darío Fernando Patiño, Alejandro Santos y Jaime Abello, fundador del instituto Gabo. Nos acompañó la escritora cartagenera Teresita Goyeneche quien habló de su libro La personalidad de los pelícanos  y León Valencia lanzó su última novela La vida infausta del negro Apolinar. Con el apoyo de la Gobernación del Magdalena, la gestora cultural Catalina Valencia está empezando a caminar hacia la celebración de los 100 años de Gabo en 2027 y que tendrá como epicentro a Aracataca. Este festival fue solo el primer paso. La gente en Aracataca, desde artistas como John Santoya a personajes representativos como Emilio Ortega, quien encarna, frente a la casa donde nació Gabo, al coronel Aureliano Buendía, con su uniforme cerrado, inmune al calor y a los mosquitos, empieza a hacer propia esta iniciativa. Desde ya, empieza el conteo regresivo para que arranque el segundo festival Macondo. Durante las primeras horas del festival, el sol estuvo esplendoroso, a veces furioso, un cielo límpido de atardeceres de rojo intenso cerraban el día en Aracataca-Macondo. Todo esto no fue más que la antesala de un diluvio parecido al que vio desde su puerta Isabel y que el niño Gabo escuchaba repiquetear desde el techo de zinc de su casa, como si Dios estuviera usando su máquina de escribir. Quedó en Aracataca un sentimiento que estaba ahí, dormido, y que ha despertado para quedarse y que no se sentía desde las visitas de Melquiades y sus huestes de gitanos: Macondo volvió a ser el centro del mundo.

Por: Redacción Pares El 28 de julio fueron tres las mujeres que, por su determinación, terminaron protagonizando una de las páginas más destacadas en la historia judicial del país. Una de ellas es la jueza Sandra Liliana Heredia, la valiente tolimense que decidió hacer justicia en un caso que involucraba al hombre más poderoso del país, la fiscal Marlenne Orjuela a la que, bien dice la periodista Cecilia Orozco, intentaron expulsar del caso y Deyanira Gómez. Ha sido reconocida como la persona a la que con mayor facilidad el fuerte aparataje de abogados que blinda a Uribe podría haberle hecho daño. Es una médica que, tal y como lo dice en su columna Cecilia Orozco: “Trabajaba a donde la mandaran”, incluso, a la cárcel en donde conoció a quien terminó siendo su esposo: Juan Guillermo Monsalve. Es una madre soltera que tiene bajo su responsabilidad dos hijos, tuvo los suficientes arrestos para ser el refugio en el que se cobijó Monsalve cuando, con Diego Cadena a la cabeza, un grupo de abogados de Uribe, y de presos que estaban al servicio del expresidente, como Pardo Hasche, intentaron hacerle cambiar la versión a su esposo en la cárcel. Por eso, avisó a tiempo a la Corte Suprema que a su esposo lo iban a tentar para cambiar su versión, compró y metió en la cárcel un reloj espía, acción que fue completamente respaldada por la justicia, según leyó la juez este 28 de julio y pudo entregar el video en donde se ve al abogado Cadena intentándole hacer cambiar la versión a Monsalve. Sandra Liliana Heredia reconoció el tesón con el que soportó las infamias, algo que recuerda Orozco en su última columna. Frente a su casa, había falsos mendigos que lo que tenían que hacer era vigilarla durante todo el día. El acoso le hizo perder su trabajo y también exiliarse. Ahora vive en un país donde no conoce su idioma, en donde no tiene a nadie que la apoye, que le dé una mano. Y mientras tanto, los medios que decidieron apoyar sin restricciones a Uribe, deciden deslegitimar su testimonio, incluso, poner en entredicho la compra de una finca que ella le regala a la mamá de su esposo, para que viva allí. La lucha de Deyanira por la verdad, que vio sus frutos el pasado 28 de julio, queda plasmada en este relato: Este personaje está rodeado del misterio. De las pocas cosas que se sabe sobre ella es que trabajó como médica en pequeños municipios de Cundinamarca. Después habría trabajado en la cárcel La Picota, donde conoció a Juan Guillermo Monsalve, quien ya pagaba una condena de cuarenta años de cárcel por secuestro extorsivo, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. El abogado Del Rio afirma que Monsalve y Gómez se conocieron mientras esta última entró a trabajar como médica a La Picota y allí “ se enamoraron”.   Gómez se ha visto envuelta en varias polémicas desde que fue llamada como testigo en el juicio que se le sigue al expresidente por el delito de manipulación de testigos. Un supuesto informe del ejército afirma que esta mujer había pertenecido a un frente de las FARC, que operaba en Cundinamarca y el Meta. Esta versión ha sido negada por el abogado Del Río.   Diego Cadena, abogado del expresidente, estuvo en el centro de la polémica durante la audiencia que dio Deyanira Gómez. Se habló sobre el origen del teléfono donde grabó la conversación que sostuvo con Cadena. Contó que este reloj se compró en Tienda Espía, un local ubicado en Bogotá y que costó trescientos mil pesos. Ella se lo hizo llegar a su esposo a través del abogado Héctor Romero, quien le cobró un millón de pesos por ingresarlo a La Picota.   En la audiencia, Deyanira Gómez dio detalles de cómo han sido estos años como testigo en el caso Uribe. Ha recibido amenazas de muerte a través de WhatsApp, está obligada todos los días a usar un chaleco antibalas y tuvo que salir del país por su seguridad junto a su familia. Gómez tiene dos hijos de tres y siete años, y tuvieron que acostumbrarse a ver su casa llena de escoltas que les explicaban que era lo que tenían que hacer en caso de un ataque. El nivel de estrés era alto. A esto se sumó su exilio forzado, debido a las continuas amenazas.   En la audiencia del pasado febrero de 2025, Gómez contó que el abogado Cadena le pidió a Monsalve redactar una carta de retractación sobre lo que había dicho contra Uribe. Diego Cadena fue detenido en 2022 en el aeropuerto El Dorado, por presunto fraude procesal. Fue dejado en libertad en noviembre de 2024 por vencimiento de términos. Ahora está siendo investigado por el caso de manipulación de testigos que involucra al expresidente Uribe. Cadena fue uno de los protagonistas que tuvo la lectura del fallo del pasado 28 de julio y su condena será escuchada el próximo 15 de agosto. Por la parte de Uribe lo han dejado completamente solo.   El testimonio de Deyanira, que fue consecuente e inquebrantable, ayudó a resolver la primera parte de una sentencia que seguramente tendrá segunda instancia y que aspira, según la defensa del expresidente, a extenderse algún tiempo más hasta que sea 15 de octubre, fecha de su prescripción.

Por: Redacción Pares Veinte años después de su muerte, en1967, se hizo un sondeo en Chicago sobre la imagen que tenía Alphonse Gabriel Capone. Se creía que iban a pesar los 2.000 asesinatos que se le adjudicaban. Crímenes como la masacre de San Valentín habían quedado impregnados en la memoria colectiva, en obras de teatro, novelas y películas como Some like it hot de Billy Wilder o en obras maestras como Enemigo público. Pero sorprendieron los resultados de esta encuesta. El resultado no pudo ser más concluyente: de 100 personas a las que se les preguntó, solo una guardaba un mal recuerdo de la época en la que Capone era el rey de la ciudad. Para el sociólogo Kenneth Alsop la explicación es la siguiente: No puedo considerar criminales a los gansters de la época de la prohibición. La gente de Chicago quería aguardiente, juegos de azar y mujeres y la organización de Capone no fue más que un establecimiento público suministrador que servía a la clientela. Sin la aquiescencia del público, aquel no hubiese podido funcionar ni una hora. Precisamente “la gente bien” procuró que los gansters tuviesen éxito…yo personalmente siento respeto por Capone. En la gran crisis se preocupó mucho por los parados. Instaló cocinas populares donde se podía comer gratis, una presentación social del sindicato… Y, además, otro punto a favor de los gánsters: hicieron más propaganda del Cadillac, como parte integrante del American way life que todo el trust de la General Motors. Acá hay que dar un poco de contexto. Entre 1920 y 1934 se cometió un gran error en los Estados Unidos y fue prohibir, para promover las buenas costumbres, el alcohol, los juegos de azar y la producción. ¿Cómo quedaría un inmigrante alemán al llegar a la tierra de las nuevas oportunidades y ver que no podrían mitigar las amarguras de la vida bebiendo una botella de cerveza antes del anochecer? ¿Cómo podría sobrevivir un italiano sin poder acompañar la cena con un vino? Los alambiques caseros se instauraron en cada sótano. Pero las asociaciones de gánsteres se unieron para poder traer de más allá de las fronteras gringas cajas de cerveza, whisky y ginebra. El líder de todo esto era un italiano, John Torrio. Entre sus matones había uno muy avezado, se llamaba Alphonso Caponi, nacido en Castellamare y quien llegó a los Estados Unidos cuando tenía un año de edad. Era decidido y no le temblaba el pulso a la hora de disparar sus metralletas. Se convirtió en el principal puntal para que Torrio redujera a sus rivales. Capone, quien ya se llamaba en este punto de la historia Al, disparó sobre O’Bannon, el irlandés que manejaba la ilegalidad en Chicago. Lo mató en su floristería. Por cierto, cinismo de mafioso, el más rimbombante de los arreglos florales, lo envió el propio Capone. Se ha hablado de que Scarface de Brian de Palma, en donde Al Pacino hace uno de sus papeles icónicos, es una adaptación de la vida de Capone y que él mismo fue quien asesinó al hombre que le dio la oportunidad de figurar en el hampa. Esto no es cierto. A Torrio los esbirros de O’Bannon le hicieron un atentado, le dispararon cuatro veces y el capo sobrevivió. Decidió retirarse a “tomar sol en Italia” donde moriría plácidamente diez años después. Capone se quedaría con todo por voluntad de su patrón. Y no solo mantuvo el imperio que heredó, sino que lo multiplicó. En 1930 su fortuna llegaba a los 30 millones de dólares. Era el hombre que manejaba los hilos del poder en Chicago, una ciudad en donde todos los jueces eran corruptos, en donde todos los policías tenían un precio de venta. En Filadelfia cometió un error. En una visita que hizo a esta ciudad, en 1932, la policía de esa ciudad lo detuvo por tener una pistola sin el permiso especial que necesitaba. Lo condenaron a un año de cárcel. A partir de allí todo fue un camino de bajada y, aunque la ficción nos habla de Los Intocables capitaneados por Elliot Ness, como si fuera un escuadrón del crimen que desató sus perros contra el rey de Chicago, la verdad es que la jugada que acabó con Capone, precisamente por no pagar sus impuestos, vino de unos burócratas de Washington. Capone estuvo en prisión unos años. Allí fue liberado por las complicaciones mentales derivadas de una sífilis avanzada, pero, ojo, que no murió arruinado. Aunque ya había perdido toda su influencia política, Capone vivió sus últimos años plácidamente en Florida, en una mansión y con una fortuna considerable. Es increíble cómo, a lo largo de la historia, la figura del matón, del capo, del mafioso, tiene un arraigo popular inmenso. Esa devoción hacia el ilegal, hacia el que delinque, lamentablemente, forma parte de la condición humana.