Por: Redacción Pares Entre 2009, cuando estaba en Cómbita, hasta 2018, cuando ya habitaba una casa fiscal donde cumple una condena de cuarenta años de cárcel, Juan Guillermo Monsalve ha sido trasladado, en siete oportunidades, de cárcel y de patios. ¿La razón? Desde que hizo público su deseo de ayudar a la justicia y, directamente, desde su primera conversación con el senador Iván Cepeda sobre la supuesta ayuda que los hermanos Uribe Vélez brindaron en el municipio de San Roque para crear el Bloque Metro de las AUC, se convirtió en un objetivo para algunos violentos en las cárceles donde estaba. Por eso, en 2012, recibió el ataque de dos hombres a cuchillo en uno de los patios de Cómbita; sobrevivió de milagro. Un año después, el método por el que quisieron eliminarlo fue envenenamiento. Por eso, desde 2013, él mismo debe preparar los alimentos que consume. Es una sensación bastante agobiante. Monsalve, este año, recibió una visita sorpresa después de tener un altercado con otro recluso. La inspección, según señaló el abogado Miguel Ángel del Río, fue brutal. En la noche del pasado 24 de julio, Monsalve sufrió otro percance de salud. Esa noche empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho, por lo que guardias del INPEC se apersonaron del caso y lo sacaron de urgencia del penal. Lo primero que se hizo, dentro de la casa fiscal que queda en La Picota, fue que el personal médico realizara un electrocardiograma que descartara un infarto. En este momento y, según los primeros reportes, esto no ha sucedido. Por eso, fue sacado de La Picota y llevado a una clínica para hacerle estudios más detallados. En diciembre de 2024, su abogado, Miguel Ángel del Rio, después de que al largo historial de problemas cardiacos de Monsalve se le añadiera uno más, el de otro infarto, afirmó: “no tenemos más información distinta a que Monsalve presentó un problema de salud” descartando cualquier ataque externo. Hay que recordar que el próximo 28 de julio se hará la lectura de sentencia en el juicio que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe. Si se le declara culpable del delito de fraude procesal y manipulación de testigos, los abogados de Uribe apelarían e intentarían que, en esa apelación, el Tribunal Supremo de Cundinamarca emitiera una fecha de revisión que superara el 8 de octubre, fecha en la que precluye este caso. En ese momento, el presidente podría evitar la cárcel, pero no el escarnio de no haber podido demostrar su inocencia en este caso, algo que sería un golpe moral y político enorme.

Por: Diego Alejandro Pedraza y Oscar A. Chala, investigadores de la Línea de Democracia y Gobernabilidad Comienza la última legislatura del periodo 2022-2026 y lo hace con múltiples desafíos para el gobierno del presidente Gustavo Petro, que deberá enfrentar dificultades en la operación institucional, limitaciones en la ejecución y un Congreso que ha suspendido su agenda legislativa para concentrarse en la campaña electoral que definirá el reordenamiento político para los próximos cuatro años. Los tres años anteriores han estado marcados por una ejecución limitada, tensiones entre ramas del poder público y periodos de inactividad legislativa. En su mayoría, el Congreso adoptó una postura de oposición al gobierno, actuando en bloques, con escasa deliberación y debate, en medio de investigaciones por presuntos actos de corrupción. —Los tres años previos Fuente: LaUD FM Estéreo - Universidad Distrital El gobierno apeló durante este tiempo a distintas estrategias políticas y mecanismos propios de un sistema presidencialista como el colombiano. Inició con la formulación del denominado “acuerdo nacional”, mediante el cual buscó construir una coalición que tuvo una duración limitada. Durante el primer año recurrió a fórmulas conocidas, como un gabinete integrado por actores provenientes de los apoyos de campaña y figuras con trayectoria en la política nacional. Alfonso Prada fue designado como ministro del Interior y Roy Barreras asumió un rol de articulador en el Congreso. La estrategia no logró consolidar mayorías, dado que ni la gestión de Barreras ni la de Prada permitieron sortear las dinámicas internas del legislativo. En el segundo año, Luis Fernando Velasco asumió la jefatura del Ministerio del Interior, con resultados similares a los obtenidos en el año anterior. La experiencia legislativa del ministro no se tradujo en avances en la agenda de reformas sociales ni en la facilitación de acuerdos en el Congreso. El exministro fue vinculado como uno de los implicados en el caso relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), junto con Ricardo Bonilla, entonces ministro de Hacienda, y Carlos Ramón González, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) en ese periodo. Según versiones conocidas, coordinaron acciones orientadas a influir en la presidencia de la segunda legislatura, con el objetivo de facilitar el trámite de algunas reformas pendientes de discusión. Iván Name y Andrés Calle fueron mencionados en el proceso, y de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, habrían recibido beneficios económicos para respaldar dichas reformas en la Cámara y apoyar la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. En el tercer año, con un Congreso en una posición de mayor autonomía frente al Ejecutivo, el gobierno enfrentó a la fuerza política liderada por Efraín Cepeda. Juan Fernando Cristo y Armando Benedetti actuaron como emisarios del gobierno, pero no consiguieron revertir la oposición en el Senado, ni modificar las posturas de los partidos políticos ni el distanciamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo, en un contexto previo al inicio del calendario electoral. La estrategia de la consulta popular y otras acciones promovidas por el Ejecutivo modificaron el escenario político y concluyeron con la aprobación de algunas reformas mediante acuerdos entre las partes. La posibilidad de una convocatoria a una asamblea constituyente, junto con la presión de sectores sociales, influyó en la decisión del Congreso de avanzar en el trámite legislativo de las iniciativas del gobierno. —¿Que viene para este último año? Fuente:  El Espectador Con un panorama similar al de los años anteriores, comienza la última legislatura. Lidio García asume la presidencia del Senado, con una postura opuesta al gobierno y vinculado al sector político identificado con el “gavirismo”, mientras que Julián López, cercano al gobierno, ocupa la presidencia de la Cámara de Representantes. Este contexto se caracteriza por tensiones entre el cumplimiento del plan de gobierno y el inicio del periodo electoral, en el que algunos de los candidatos del oficialismo no han logrado una conexión amplia con sectores del electorado asociados con el presidente Gustavo Petro. A continuación, se presentan los principales proyectos que se discuten durante este último año legislativo: Reforma a la Salud 2.0:  La reforma se encuentra entrando en su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. La elección de la presidencia de esta comisión será relevante para el trámite del proyecto, aunque la oposición y los sectores independientes cuentan con mayoría en dicha instancia. A partir de lo ocurrido con la reciente reactivación de la reforma laboral, se mantiene la expectativa sobre si la Comisión Séptima permitirá o no el avance de las reformas sociales propuestas por el gobierno. Por el momento, los indicios apuntan a una posible intención de archivo del proyecto, mientras que el gobierno ha buscado modificar la correlación de fuerzas mediante acercamientos a sectores cristianos e independientes, con el objetivo de debilitar la mayoría opositora. Ley de Financiamiento 2.0:  El gobierno tiene la intención de presentar una segunda reforma tributaria, la cual, según los escenarios actuales, no cuenta con apoyos suficientes en el Congreso para avanzar en su trámite. A esto se suma la percepción mayoritaria en el legislativo de que no existe un ambiente propicio para su discusión, particularmente debido al costo político que implicaría en el último año del periodo legislativo, en un contexto preelectoral. Hasta el momento, no se ha divulgado el contenido detallado del proyecto, aunque se ha indicado que podría tratarse de una iniciativa menos progresiva en términos fiscales. La elección de Jairo Castellanos, del partido ASI, como presidente de la Comisión Tercera del Senado, y de Enrique Cabrales como presidente de la Comisión Cuarta del Senado, plantean un escenario complejo para el avance de la reforma. Ambos dirigentes han expresado posturas críticas frente al gobierno y señalaron querer hundir el proyecto, lo que podría influir en el curso del debate. Ley de Sometimiento:  El gobierno tiene como objetivo dejar lista en este último año la Ley de Sometimiento para bandas criminales, con la cual busca articular la segunda fase de la política de Paz Total con organizaciones armadas ilegales y otras estructuras. Esta iniciativa, liderada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha generado reacciones diversas, incluyendo reservas en la Rama Judicial, las Altas Cortes y algunos sectores políticos, particularmente entre quienes han estado vinculados al expresidente Juan Manuel Santos. Recientemente, se ha registrado un desacuerdo público entre el ministro Montealegre y el comisionado de paz, Otty Patiño. El ministro lo señaló como opositor al proyecto, mientras que Patiño ha solicitado que la propuesta sea objeto de un análisis más detallado con el fin de alcanzar un mayor nivel de consenso. Hasta la fecha de este artículo, no se ha elegido al presidente de la Comisión Primera de la Cámara, donde se iniciará el trámite del proyecto. Ley de reducción de tarifas de energía:  Iniciativa del ministro de Minas, Edwin Palma. Este proyecto busca transformar el sistema tarifario, modificar los subsidios y reestructurar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Ha generado ruido entre la tecnocracia, porque le quita roles técnicos e independientes que pasan a estar bajo voluntad del Ejecutivo, como el nombramiento y requisitos de quienes conforman la CREG, o la determinación de la fórmula para calcular las tarifas de cobro de energía. Ley ordinaria de Jurisdicción Agraria:  Se trata de la reglamentación de la Ley Estatutaria y de la reforma constitucional que establecieron la Jurisdicción Agraria. Esta reglamentación es relevante, ya que podría contribuir al cumplimiento de uno de los compromisos incluidos en el Acuerdo de Paz. Actualmente, está pendiente su discusión en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Por el avance del trámite en las comisiones, se podría considerar que esta ley cuenta con cierto respaldo en el Congreso. Sin embargo, queda por ver si esta posición se mantiene en el contexto del periodo electoral y del distanciamiento que algunos congresistas han adoptado respecto al Gobierno nacional, en función de sus intereses políticos. Ley de competencias:  Es el proyecto que reglamenta la reforma aprobada al Sistema General de Participaciones (SGP). Tiene un alcance amplio en el Congreso, ya que redefinirá cuáles funciones del nivel central de la administración pública serán trasladadas a los marcos regionales y locales en el nivel territorial. En esta redefinición se prevé la participación de estructuras políticas territoriales. Actualmente, solo la reforma a la salud 2.0 y la jurisdicción agraria están en trámite, sin consenso. Por su parte, la ley de reducción de tarifas de energía y la ley de sometimiento se encuentran en proceso de socialización y han generado diversas reacciones mixtas en las instituciones. Finalmente, la ley de competencias y una nueva ley de financiamiento aún no han sido presentadas, aunque ya han sido anunciadas por el gobierno. El panorama legislativo se presenta complicado para una agenda con varios proyectos en discusión, en un contexto de campañas políticas donde los congresistas que aspiran a la reelección buscarán respaldo electoral y promoverán sus respectivas iniciativas legislativas.  —Con cada vez menos capital político, el Gobierno Petro aspira a un último intento por impulsar sus grandes reformas. Fuente: Valora Analitik Aunque el Congreso le aprobó al presidente Petro dos de sus tres grandes reformas sociales (Reforma Laboral; Reforma Pensional), el gobierno está haciendo una última apuesta para, de aquí a diciembre, dejar aprobado un último paquete de reformas, pensando más en el legado que empezará a dejar al cierre de su gobierno, que en la ejecución de los mismos hacia el futuro. Sin embargo, el panorama no está fácil. A pesar de las dificultades del último año y de la campaña electoral que ya comenzó, Petro estaría asegurándose la mayoría de las presidencias de las comisiones del Congreso, así como ya tuvo sus primeros acercamientos con Lidio García, recién electo presidente del Senado, lo que le permitiría, por ahora, asegurar que su agenda se mueva en los tiempos que tiene contemplados. No es para menos. Tener mesas directivas aliadas al menos le garantiza que los proyectos se muevan al tiempo que el gobierno necesite, y para ello estaría usando, de nuevo, negociaciones burocráticas para atraer tanto a independientes cercanos, como también a otros congresistas que habían votado en contra de los proyectos del gobierno, pero que ahora estarían dispuestos a transar. Tal es el caso de Lorena Ríos y Berenice Bedoya, famosas por haber sido quienes articularon en 2024 el hundimiento de la Reforma a la Salud y hacer parte del bloque opositor que hundió la laboral hace varios meses atrás, y quienes recibirían cuotas en cargos de segundo y tercer nivel, como lo indicó La Silla Vacía . Así mismo, la coyuntura favorecería al gobierno para mover algunos proyectos que los congresistas puedan usar para sus campañas políticas futuras. Tal es el caso de la definición del próximo presupuesto y la Ley de Financiamiento 2.0, que pasará por las comisiones tercera y cuarta de ambas cámaras. Esto es importante porque el hundimiento del presupuesto en octubre de 2024 y el decreto que emitió posteriormente el gobierno redujeron la capacidad de los congresistas de mover recursos hacia sus regiones. Ahora que este último presupuesto se votará en campaña electoral, es claro que la disposición cambiará, y que el Congreso esté más tirado a negociar con el gobierno. Lo que también queda en duda es la capacidad que tendrá el gobierno para movilizar a sus bases en las calles y generar escenarios de presión si el Congreso vuelve a cerrarse, como en la legislatura pasada. En este caso, no sólo porque el panorama electoral tiende a desmovilizar a las ciudadanías, sino también porque el uso reiterado de mecanismos de presión (como las consultas populares) puede terminar llevando al Congreso a ralentizar su actividad sin confrontarse directamente con el presidente, como lo señalábamos en este capítulo anterior . Además, porque las mismas bases sociales y políticas del gobierno ya están en modo campaña hacia la consulta interna de 2026, y la mayoría de los precandidatos ha proyectado concentrar su capital político en la disputa interna por quedarse con la candidatura del Pacto Histórico, antes de lanzarse a otro escenario de radicalización democrática. Por lo que, en este contexto, más que transformar el Estado desde la raíz, lo que está en disputa es quién capitaliza el relato de haberlo intentado. Petro busca cerrar su gobierno con al menos una victoria simbólica más que le permita decir que, a pesar de todo, cumplió su promesa de cambio. El Congreso, por su parte, también jugará su propia estrategia: ceder lo necesario para no quedar como obstáculo, pero sin entregarle al presidente una victoria que lo fortalezca hacia el cierre de su mandato. En síntesis, los próximos meses no serán solo decisivos para las reformas pendientes, sino también para definir el tono con el que Petro saldrá del poder: como un reformista frustrado por la institucionalidad, o como un líder que, pese a las dificultades, logró mover la frontera de lo posible en la política colombiana.

Por: Guillermo Linero Montes En estos días, cuando reina “la prensa putrefacta” -como ha denominado el presidente Gustavo Petro a cierto medio corporativo- y cuando reinan los “periodistas asquerosos” -como ha denominado Juan Gossaín a sus colegas que usan como principio fundamental la mentira-, hacen mucha falta y da mucha melancolía y mucha grima que no estén presentes, todos los periodistas -ellos sí sanos de mente y fieles a la verdad- que dieron la vida por su profesión y por el país. Según la Sala de Redacción de Ausentes -de la FLIP- “Colombia es uno de los países de mayor riesgo para ejercer el periodismo: entre 1977 y el 2025 fueron asesinados 169 periodistas por realizar labores informativas. Pienso ahora en Orlando Sierra, subdirector del diario La Patria -asesinado en Manizales por sus investigaciones periodísticas contra la corrupción- y en Julio Daniel Chaparro, cronista de El Espectador, asesinado en Segovia Antioquia por indagar y dar cuenta de las masacres. Ambos fueron amigos míos, de modo que puedo dar fe de la nobleza, de la humanidad, del profesionalismo y de la valentía que les caracterizaba. Sin embargo, esta nota es para compartir y propagar que este 25 de julio, por fin se ha dado el “Acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado” por la muerte de Julio Daniel y la del fotógrafo Jorge Torres, también periodista de El Espectador, y a quien no tuve la fortuna de conocer, pues apenas supe de él aquella triste noche del 24 de abril de 1991, cuando les asesinaron en una suerte de fusilamiento a quemarropa. Quisiera hablar especialmente de Julio Daniel Chaparro (Sogamoso 1962, Segovia, Antioquia 1991), pues hice parte de su entorno de amigos entrañables, y lo soy todavía de sus padres, de su hijo y de sus hermanos y hermanas. Debo decir entonces, para exaltarlo merecidamente, que pese a su exitosa labor en el periodismo, Julio Daniel era un poeta de tiempo completo. No obstante, se dio a conocer singularmente en el periodismo, gracias a sus crónicas, que estando alineadas al llamado “nuevo periodismo” descrito por Tom Wolfe, tenían algo distinto a lo propuesto por Truman Capote, García Márquez y el mismo Tom Wolfe. En efecto, Julio Daniel Chaparro, aparte de dar a sus crónicas el tratamiento narrativo propuesto por los autores citados, les agregaba elementos propios de la poesía, haciendo que lo descrito en torno a una noticia, dado a olvidarse en el corto tiempo, perdurara como un recuerdo propio. A mi juicio, Julio Daniel alcanzó a escribir los libros necesarios (Cito acá apenas dos: “… Y Éramos como soles” y “Árbol ávido”) y lo hizo con tanta avidez que no cabe la menor duda acerca de que consiguió su madurez poética. Al principio, cuando conocí sus textos teniendo ambos entre 19 y 21 años, me parecieron muy herméticos y a veces obtusos. Yo no compartía en aquel tiempo su gusto y predilección por las ocurrencias surrealistas -como las de René Char- ni por las ensoñaciones de poetas del expresionismo alemán -como las de George Tralk-. Ahora, puestas las cosas en orden y bajo el prisma de la experiencia- puedo decir que Julio Daniel era en verdad un poeta adelantado, como lo eran también los poetas de su generación (“la generación emboscada” la rotuló otro cercano amigo suyo, el narrador Evelio Rosero). Me refiero a Robinson Quintero, a Jorge Mario Echeverri, a Eugenia Sánchez, a Guillermo Martínez, a Gustavo Garcés, a Armando Rodríguez y, entre otros, a mi hermano Fernando. Aquella era una generación feliz, pero muy advertida de la realidad nacional y bastante comprometida en la tarea de promover la sensatez humana. A esos espacios sociales -tenía otros- Julio Daniel le sacaba mucho partido emocional, bien debatiendo sobre poesía -casi siempre conmigo- o bien cantando, mientras le acompañaba con la guitarra Evelio Rosero o mi hermano Fernando. Lo cierto es que ese gusto por lo obtuso de los surrealistas -recuerdo cuánto leía a René Char- y por el simbolismo de los poetas del expresionismo alemán -principalmente el de George Tralk- lo conducía a una suerte de abstracción lingüística, con la cual construía paisajes propios de los “modos del dormido” -para decirlo a la manera de Henri Michaux, otro de sus poetas preferidos- siendo él adicto al paisaje propio de los “modos del que despierta”: a los árboles, al sol, a los pájaros y, por supuesto,  al ámbito de los nobles actos humanos. Julio Daniel Chaparro, se visualizaba en el futuro como un poeta feliz -eso recuerdo- trabajando en la producción de libros y en la gestión cultural, siempre junto a sus amigos de Villavicencio: Jaime Fernández Molano, José Vicente Casadiego y, entre otros, Constantino Castelblanco, también amigos míos, con quienes dinamizó en la década de los 80 -y por vez primera en la historia cultural de Villavicencio- el gusto por la poesía y el reconocimiento de cómo ella no es un asunto de escribir esquelas, sino un discurso de crítica social y de autocrítica existencial. Debo decir, finalmente, que Julio Daniel, tal cual a lo sugerido por Rimbaud, era también una suerte de vidente. Luego de su muerte se hizo popular su poema donde la predecía, cuyo título es “Si una noche cualquiera me encuentran muerto en una calle”. Pero hoy, pasados ya más de 30 años, me llama la atención este fragmento de su texto “Poema para que nos amen”, donde habla desde la vejez, desde la edad que hoy tendría:   “… la juventud es un recuerdouna dura nostalgia que se evita.delicadamente nos han ido trabajandola vejez y las arrugasla sombra violácea de los ojos:nos han ido trabajando la estatura este silencionuestro puesto en el jardín de abril que no es el cielo.ah, mi paíshueco de rosas negras putrefactaspantano de dioses adorables y de espinas ….”.

Por: Linda Posso, coordinadora de la oficina Pacífico; Nicolás León y Paola Marín, investigadores de la Línea de Paz y Seguridad; Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad El gobierno gastará lo que le queda de su capital político en esta última legislatura del Congreso en varias apuestas ambiciosas. Una de ellas, un nuevo proyecto de Ley de Sometimiento, con el que busca aterrizar la paz urbana y los procesos de paz con organizaciones y estructuras armadas a menos de 12 meses de terminar su mandato. El proyecto por ahora no genera mucho consenso entre los partidos políticos, pero sí canaliza la urgencia de permitirle un marco normativo viable a las mesas instaladas en el Valle de Aburrá, Buenaventura y Quibdó, así como concretar los diálogos exploratorios que el gobierno tiene con el Clan del Golfo y otros grupos, como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, con la que ya existe un proceso de diálogo en curso. La urgencia viene luego de casi dos años en el que el gobierno no consideró que fuera necesario un proyecto de ley  para dotar de un marco jurídico a estas mesas, basados en la tesis de que con el marco jurídico ordinario era suficiente. No obstante, los mismos reclamos de las mesas presionaron para que tanto el Alto Comisionado para la Paz como la entonces ministra de Justicia volvieran a mover el tema. Ahora, con Montealegre en la cartera, esperan ir a contracorriente y lograr que el proyecto se mueva, al menos, hasta diciembre de 2025. —El difícil camino que tendría que cruzar la Ley de Sometimiento en el Congreso Desde hacía varias semanas se venía cantando la presentación de la nueva Ley de Sometimiento. De hecho, una de las tareas con las que había entrado Eduardo Montealegre, como nuevo ministro de Justicia, fue construir todo el marco jurídico para oxigenar las diferentes mesas existentes con grupos armados organizados (Clan del Golfo) y bandas delincuenciales en Medellín, Quibdó y Buenaventura (junto con la naciente mesa de Barranquilla), que se encontraban en cierta medida estancadas ante la inexistencia de las herramientas jurídicas para el sometimiento , más allá de lo que permite la justicia ordinaria. En parte, el presidente Petro había acusado a la exministra de esa cartera, Ángela Buitrago, de no tener total compromiso con el proyecto y de sabotear los procesos de paz existentes , a pesar de que Buitrago había presentado dos proyectos de Ley de Sometimiento (uno en noviembre de 2024, otro en marzo de 2025, ambos hundidos) que no generaron suficientes consensos al interior del Congreso. Tampoco lo hizo el proyecto que presentó Ariel Ávila, en 2023 , que fue torpedeado finalmente por la oposición, quienes se negaron a conceder beneficios judiciales a grupos criminales. No obstante, este proyecto trae novedades  que no tenían el proyecto de Buitrago y el de Ávila. Entre ellos, la extensión del concepto de justicia transicional a grupos armados organizados (GAOs) como el Clan del Golfo, con el que esperan que se apliquen penas de cinco a ocho años para máximos responsables, junto con penas de dos a tres años para otros integrantes de estas estructuras. Del mismo modo, para las bandas delincuenciales y grupos en el marco de las negociaciones de la paz urbana, el proyecto de ley contempla rebajas de entre el 40 y el 60% de las condenas originales para sus integrantes. Sin embargo, la novedad más relevante tiene que ver con la inclusión de jóvenes y grupos en el marco de las protestas sociales de 2019 y 2021, a los que el proyecto de ley pretende reducirles sus penas hasta el 70% y, en caso de estar condenados, permitirles la libertad condicional tras dos o tres años de pena efectiva. El ruido que generó el articulado no se hizo esperar. Para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a quienes el MinJusticia les socializó el proyecto en la sesión del Consejo Superior de Política Criminal del pasado viernes 18 de julio, el proyecto tiene fuertes falencias en la definición de los recursos y las metodologías para que la Fiscalía y los juzgados penales asuman nuevas responsabilidades que les traería este proyecto de ley. De igual forma, Otty Patiño, alto comisionado de Paz, indicó  que uno de los riesgos que tiene el proyecto estaría en que las organizaciones sociales y las víctimas de estos grupos considerarían que es posible que exista impunidad. También en esa vía fue el vocero de los acercamientos con el Clan del Golfo, Álvaro Jiménez , quien señaló que tampoco fue consultado, e indicó que estos procesos deben tener amplio consenso interpartidista. Jiménez es cercano a Otty Patiño, quien también presentó el 2 de julio una propuesta de Ley de Sometimiento al Consejo Superior de Política Criminal, que no fue tenido en cuenta en la discusión del que presentó Montealegre. Por su parte, Humberto de la Calle señaló en su cuenta de X/Twitter que tampoco existía una coyuntura estratégica militar que presionara a la negociación a estos grupos, y que existe una debilidad estructural del Estado frente a estos grupos que puede ser aprovechada. También Ángela Buitrago, exministra de Justicia , indicó que el proyecto de ley no tiene en cuenta la proporcionalidad en las penas sugeridas por el proyecto, así como en las potenciales amnistías con jóvenes de la llamada “Primera Línea” a quienes, según en su concepto, se les ha probado delitos que no deberían ser negociables, como el de tortura. Al mismo tiempo, estableció que el proyecto no tiene en cuenta los conceptos de organizaciones de víctimas. Todas las críticas están de acuerdo en señalar que tampoco el Ministerio de Justicia permitió la discusión y deliberación del articulado del proyecto. La respuesta del ministro de Justicia  fue clara en señalar que el proyecto de ley es bastante exigente para poder acceder a estos beneficios, pues requiere que los grupos armados y las bandas delincuenciales revelen las estructuras de sus organizaciones, todos sus miembros y colaboradores, sus redes de apoyo, sus bienes totales y propuestas de reparación integral y compromisos de no repetición. El debate también gira sobre si el proyecto de ley procesaría a los criminales que se sometan por su pertenencia a un grupo armado específico o por las conductas delictivas realizadas. Además, aumenta el porcentaje de bienes que pueden retener estas estructuras en el proceso de entrega de estas, que pasa del 6 al 12%, lo que implica brindar mayores incentivos para que otros grupos también accedan a los procesos de sometimiento. No obstante, las críticas recaen sobre los límites éticos que tendría brindar garantías patrimoniales a grupos que han cometido delitos graves. El camino para la nueva Ley de Sometimiento no será de rosas . Tendrá su primer fogueo en la Comisión I de Cámara, donde quedó como presidente Alberto Benavides, del Pacto Histórico, y donde el gobierno ha tenido mayoría. De ser aprobado, pasaría a la plenaria de Cámara, donde, aunque el presidente Julián López, del Partido de la U, es cercano al gobierno, las mayorías en esta corporación no son tan fuertes como hace dos años. De hecho, la primera y segunda vicepresidencia quedaron en manos de partidos independientes (Nuevo Liberalismo y Verde Oxígeno), lo que implica que, si no firman el orden del día para debatir el proyecto, pueden ralentizarlo en el tiempo. Aun así, el gobierno sigue conservando mayorías (que rondan sobre los 104 votos de 188 curules) para poder pasarlo en cualquier escenario. El problema deviene en Senado. Aunque en Comisión I fue elegido presidente Julio Chagüí, senador de La U cercano al gobierno, no existe una mayoría clara que le dé trámite al proyecto, más cuando algunas voces — como la de Ariel Ávila, que hace parte de esta comisión — indicaron que habría un fuerte escrutinio y cambios sobre el articulado del proyecto. Aun si lograra pasar a plenaria de Senado, el ambiente para la aprobación estaría muy delimitado por el momento político en el que llegue, pues entre más cerca del inicio de la campaña electoral, más probable es que la cantidad de sesiones del Congreso se reduzcan, debido a que muchos parlamentarios entran en campaña y comienzan a ausentarse para ir a sus regiones. Esto es importante, en tanto la crisis de seguridad y los problemas territoriales frente al aumento de cifras de ataques y atentados, junto con la falta de resultados tangibles de las agendas de paz total todavía activas hacen que, para los parlamentarios, apoyar una nueva Ley de Sometimiento les salga costosa políticamente. En esa misma vía estuvo el presidente Petro en su discurso inaugural de esta legislatura, donde aceptó, en cierta medida, que la paz total había fracasado. Ya la oposición y algunos sectores independientes salieron a cantar que no votarían el proyecto. Según Revista Cambio , para Hernán Cadavid, representante del Centro Democrático, la Ley de Sometimiento garantizaría amnistías prohibidas en el marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que liberaría actores criminales. Para Paloma Valencia, una Ley de Sometimiento como la que propone Montealegre terminaría por configurar un escenario autoritario en el país. Por su parte, Efraín Cepeda, líder de los conservadores en Senado , declaró que el proyecto es “impunidad disfrazada de acuerdo”, que pone en riesgo la democracia y el Estado de derecho. Con un proyecto legislativo tan polémico y un ambiente político fragmentado, el margen de maniobra del gobierno para implementar esta ley dependerá no solo del Congreso, sino también de cómo se reciba en las regiones donde hoy existen procesos de diálogo activos. Las mesas de Medellín y Buenaventura, junto con los escenarios exploratorios con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) serán escenarios clave para evaluar el alcance real de esta apuesta jurídica. —La incidencia en los diálogos con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC – Clan del Golfo) La negociación con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), o mejor conocido como el Clan del Golfo, ha sido uno de los mayores retos de la política de paz total y hoy en el marco de la presentación del proyecto de ley de tratamiento penal diferenciado radicado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, genera una serie de dudas frente al sometimiento y el desmantelamiento de las llamadas estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI).  El Clan del Golfo no solo mantiene una amplia presencia en regiones estratégicas como el Bajo Cauca, Urabá, el sur de Córdoba, Chocó y zonas de la costa Caribe, sino que ha sofisticado sus mecanismos de control social, económico y armado. Aunque se ha presentado como una organización política, en la práctica ha demostrado una estrategia ambivalente que combina narrativas políticas con acciones armadas y criminales, incluyendo homicidios selectivos, confinamientos, amenazas y un amplio portafolio de economías ilícitas como lo son la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión. Esta doble lógica le ha permitido consolidar una forma de gobernanza criminal en los territorios, ejerciendo control sobre la movilidad, la vida comunitaria y las economías locales . El proceso de diálogo con el Gobierno nacional ha evidenciado tensiones entre la voluntad de paz del gobierno y la naturaleza de este grupo armado. Si bien se abrió una mesa de conversaciones bajo el marco de la paz total, el avance fue limitado por factores estructurales y estratégicos. La discusión sobre lo político, lo criminal y lo insurgente (que ha puesto a estos grupos a sofisticar sus narrativas alrededor de los discurso político); sumado a las críticas al marco jurídico de sometimiento, al que se le señala por carecer de herramientas eficaces para garantizar verdad, reparación y no repetición; y la persistencia del Clan del Golfo en mantener su dominio territorial mediante el uso de la violencia, con hechos recientes como el paro armado en Córdoba, la imposición de normas de comportamiento social, y las confrontaciones con otros grupos armados, hacen parte de estas tensiones que no permiten avanzar en una salida negociada.  Con todo lo anterior, este nuevo proyecto de ley ha generado bastante controversia, precisamente por su débil sustentación técnica y su trámite apresurado. Como lo señalábamos en el apartado anterior, la magistrada Ávila Roldán expresó su preocupación por la falta de una deliberación amplia y fundamentada sobre este tema, señalando vacíos en la claridad metodológica, financiera e institucional para su implementación . Esta crítica revela una tensión estructural: se otorgan beneficios penales considerables –como reducción de penas de hasta un 60 % y libertad condicional a los ocho años– a cambio del compromiso de desmantelar estructuras, sin que esté garantizada la capacidad real del Estado para verificar de manera rigurosa el cumplimiento de los compromisos asumidos por estas organizaciones. La propuesta, si bien es ambiciosa en su formulación, carece de claridad en los mecanismos de seguimiento, en un contexto en el que la Fiscalía y los jueces penales ya enfrentan limitaciones operativas sustantivas .   Es claro que, aunque este proceso busca la desarticulación completa de estructuras criminales mediante acuerdos de desmantelamiento y sometimiento a la justicia, las dudas nuevamente recaen en la capacidad Estatal, que recordemos no es responsabilidad únicamente de este Gobierno. Procesos como el de Santafé de Ralito con las AUC, son muestra de la incapacidad Estatal frente al cumplimiento, pero especialmente frente al seguimiento a estos procesos de negociación. —¿Y si no hay ley? El riesgo de dejar morir la paz urbana en Buenaventura. En medio del ruido nacional, si se aprueba la Ley de Sometimiento, abriría una ruta legal para que estos grupos se desmantelen, reparen a las víctimas, entreguen bienes y cesen la violencia. Si se niega —la dinámica política en el Congreso indica que así podría ser— el país podría cerrar la única puerta jurídica disponible para transformar el conflicto urbano por vías pacíficas. Esto no es un dato menor. En Buenaventura, hablar de paz no es una metáfora. Es una urgencia cotidiana. En los últimos tres años, con tropiezos y avances, se ha intentado tejer una salida dialogada con las estructuras delincuenciales de la ciudad, pero el problema ha sido siempre el mismo: no existe un marco legal que reconozca a estas organizaciones como lo que son (estructuras criminales con poder armado real y capacidad de control territorial) y que al mismo tiempo les ofrezca una salida jurídica clara y exigente para su desmonte. La propuesta de ley que hoy reposa en el Congreso pretende solucionar ese vacío, pero aquí aparece otro problema de fondo: en Colombia no existe un consenso real sobre qué es la llamada paz urbana, ni cómo lograrla. Lo anterior no solo depende de un debate técnico, sino que también tiene una profunda lectura política y conceptual que atraviesa la discusión. La paz urbana como idea no puede entenderse con los mismos marcos de la paz rural o de los acuerdos políticos con las guerrillas. Exige una comprensión situada, sensible al territorio y a sus dinámicas sociales, criminales y comunitarias. Por eso, la ley no puede ser uniforme ni centralista. Uno de los problemas que tiene el proyecto de ley es que necesita de un enfoque territorial robusto que permita su implementación diferenciada. En el caso de Buenaventura, hay tres elementos mínimos que deben garantizarse: 1.  El desmonte real de la estructura armada, lo que implica no solo la entrega de armas, sino también de capitales ilícitos, bienes y redes de poder. No se puede permitir que se mantengan hegemonías armadas disfrazadas de acuerdos. Eso sería letal a largo plazo. Este proceso debe considerar que las estructuras —Shottas y Espartanos— tienen formas de funcionamiento diferenciadas, una estructura se basa en jefatura vertical, mandos locales con componentes logísticos, financieros y militares; la otra se caracteriza por una estructura hermética, con mandos superiores operando fuera del territorio o desde centros penitenciarios. 2. Un proceso de integración y resocialización integral, que incluya a las familias, al sistema educativo y al territorio. La transición debe estar acompañada de oportunidades reales y sostenidas, con enfoque restaurativo y comunitario. 3. En el contexto de Buenaventura, no se puede olvidar que estas estructuras tienen lazos de familiaridad, de comunidad, las víctimas con los victimarios. Es necesario entender esta particularidad territorial para la garantía de verdad y reparación integral. Ahora bien, ¿qué pasa si el Congreso no aprueba esta nueva Ley de Sometimiento frente a los procesos que se desarrollan en Buenaventura? Hay al menos dos escenarios posibles: 1. Los acercamientos se congelan e incluso, el proceso podría romperse. El Estado pierde legitimidad. La paz urbana queda suspendida, y con ella, las esperanzas de comunidades que han exigido salidas negociadas. Sin un marco legal que respalde los esfuerzos de diálogo, las iniciativas en curso quedan sin piso, debilitando tanto a quienes han apostado por la salida pacífica como a las instituciones encargadas de impulsarla. 2. Además, podrían surgir acuerdos informales sin marco jurídico. Esto abre la puerta a la impunidad y al uso instrumental del discurso de paz por parte de los mismos grupos armados. Sin reglas claras, los procesos pueden volverse espacios de manipulación, en los que se finge un desmonte mientras se conserva el poder real sobre el territorio, sin verdad, sin reparación y sin justicia. Las estructuras entienden el mensaje: no hay salida institucional.  Lo anterior puede llevar a un aumento gradual de la violencia, el recrudecimiento de fenómenos como el reclutamiento y nuevas dinámicas de control territorial. Las comunidades quedan atrapadas nuevamente entre el miedo y la ausencia del Estado. El fracaso legislativo se convierte en un catalizador de nuevas disputas y en un freno a las posibilidades de transformación. En cualquier escenario, el costo de la no aprobación será alto. No solo se pierde una herramienta jurídica. Se pierde tiempo, confianza y vidas. Porque cuando un territorio como Buenaventura apuesta por el diálogo, exige garantías y propone caminos, lo mínimo que puede hacer el país es no cerrarle la puerta en la cara. —La Ley de Sometimiento y los incentivos para el desmonte de las estructuras en el Valle de Aburrá Para el caso del Espacio de Conversación Sociojurídico (ECSJ) del Valle de Aburrá, así como en los demás tableros de paz urbana, la definición de un marco jurídico es una tarea urgente. Por un lado, por la duda permanente sobre los incentivos de estas bandas con el Gobierno; por otro, porque podría generar un impulso para fortalecer los compromisos pactados, y consolidar el tránsito de la fase de pacificación en la que se encuentran los diálogos, hacia una fase de construcción de paz. En tal sentido, hay que resaltar que el proyecto de ley tenga como foco fundamental la reparación colectiva de las víctimas y el compromiso de no repetición. Por ejemplo, a través del suministro estratégico de información para desmantelar redes criminales y la creación de mecanismos de verdad y memoria que permitan esclarecer las dinámicas ocultas detrás de estas estructuras.  Esto cobra aún más valor si se tiene en cuenta que, en el caso del Valle de Aburrá, estas estructuras son clasificadas como estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto  (EAOCAI); es decir, no hacen parte del conflicto armado interno y, por tanto, están reguladas por un marco normativo distinto. Lo que implica que las rutas de sometimiento y los beneficios planteados, responden a la lógica del desmonte efectivo de las redes criminales. Resulta entonces importante que a pesar de situar estas estructuras en este contexto se conserve la reparación integral de las víctimas como un pilar fundamental del desmonte, aún más considerando que se habla de un contexto urbano. Con respecto a la pertinencia del proyecto presentado en el contexto de criminalidad en el Valle de Aburrá, vale la pena resaltar tres aspectos: Primero, puede llegar a ser altamente atractivo para los voceros y líderes de las estructuras. Como lo establece el Art. 38 del proyecto de ley , podrán solicitar libertad condicional las personas que hayan cumplido con ocho (8) años o las dos quintas (2/5) partes de la pena privativa de la libertad. La mayoría de los voceros del ECSJ cumplen o están cercanos a cumplir con las exigencias de este articulado. En caso de aprobación del proyecto y de surtir con el proceso de reparación, entrega de bienes y a los aportes a la verdad e información para el desmantelamiento de las estructuras podrían obtener su libertad. De manera similar, podrían conservar hasta el 12% de los bienes entregados. Tabla No.1:  Capturas y condenas voceros estructuras Valle de Aburrá Nombre Alias Captura Condena Carlos Mesa Vallejo Tom 2017 16 años Jorge de Jesús Vallejo Alarcón Vallejo o Doctor 2018 14 años Juan Camilo Rendón Castro Saya o Peluco 2014 14 años Alberto Antonio Henao Acevedo Alber 2020 6 años Freyner Alonso Ramírez García Carlos Pesebre 2013 36 años Mauricio de Jesús Morales Munera El Abogado 2021 12 años Gustavo Adolfo Pérez Peña El Montañero 2019 8 años. En libertad condicional desde 2024.  Fuente: Elaboración propia, con datos de la Fundación Paz & Reconciliación. Vale la pena acotar que a pesar de que muchos de estos cabecillas están cumpliendo su condena al interior de centros de reclusión, continúan dirigiendo sus organizaciones desde el encierro, sin haber ofrecido verdad, reparación ni contribución alguna al desmonte del crimen organizado. Segundo, hilado a lo anterior, el panorama no es tan claro para algunos mandos medios y bajos, pues, aunque exista una articulación en términos operativos, uno de los grandes retos de este proceso es lograr acobijar a la gran parte de miembros de las estructuras (que, según cifras de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, superan los 12.000). En este sentido, lo ofrecido en el artículo 38 no necesariamente constituye un aliciente para aquellos mandos o miembros que delinquen desde los barrios y por tanto no tienen procesos judiciales. Esto cobra una complejidad mayor, entendiendo que La Oficina funciona a través de una organización confederada con mandos independientes que operan territorialmente de manera autónoma. En este sentido, a pesar de que los voceros representan la mayoría de combos o pandillas que se articulan a través de La Oficina, no tienen un control completo de las dinámicas delictivas que ocurren a nivel barrial o comunal, factor fundamental a la hora de lograr un sometimiento completo de la estructura. Finalmente, para el caso del Valle de Aburrá hay que tener presente que se trata de un contexto en el que confluyen factores estructurales que han permitido la consolidación de un ecosistema criminal. Lo que implica que una buena parte del ecosistema está representado por las estructuras delincuenciales. En este caso, el riesgo de no sometimiento de mandos medios y bajos se traduce en un aumento de la perpetuación de este ecosistema, que puede reproducirse con estos nuevos liderazgos. A modo de cierre La presión por aprobar esta nueva Ley de Sometimiento se agravó en las últimas horas con las declaraciones del presidente Petro frente a la ruptura de las negociaciones con el ELN . Aunque la mesa estaba suspendida y estancada desde finales de 2024, la declaración, que salió en la mañana del 24 de julio, deja en firme la tesis de que la paz total, como proyecto, agoniza frente a la ausencia del marco jurídico para proceder con las negociaciones en las mesas urbanas en el Valle de Aburrá, Buenaventura y Quibdó, así como deja en entredicho la credibilidad del gobierno, a pesar de que también en las últimas horas se ratificó que los diálogos con las disidencias de alias Calarcá se mantendrían en firme. El gobierno necesita —y le pondrá acelerador— al trámite de esta nueva ley, para mostrar resultados frente a la política de paz y seguridad de su gobierno. Con los procesos con el Frente 33 de las disidencias en Catatumbo y el frente Comuneros del Sur en Nariño avanzando, el gobierno Petro está pensando en este proyecto más como legado y sustento a futuro para conservar las mesas existentes y presentar resultados frente a la Paz Urbana, pero el clima político y el ambiente preelectoral no le favorecen. Necesitará algo más que un milagro para que pueda salvar uno de los pilares más importantes de su programa de gobierno. Tiene cinco meses antes de que se lleguen las vacaciones de la legislatura. En marzo de 2026, cuando el Congreso regrese y se sepan los resultados de las elecciones legislativas, el ambiente político cambiará de forma irreversible. El reloj sigue corriendo.

Por: Iván Gallo Coordinador de Comunicaciones Pocas personas tienen la determinación de Gerardo Vega. No importan las circunstancias: siempre está ahí, a las cinco de la mañana, despierto y actuando. Moviendo el mundo. A sus 60 años, tiene costumbres de campesino colombiano. Por eso, quizás, los entiende tanto y ha liderado sus luchas. Se ha enfrentado los  poderosos de Urabá que quisieron despojar a la gente de lo que tenía. Desde los años noventa, lidera la Fundación Forjando Futuros que se ha especializado en devolverle a la gente la tierra que alguna vez los paras y también la misma guerrilla les ha quitado. Su paso por la ANT terminó siendo una decepción personal. Su determinación no conjugaba con la burocracia implantada en este gobierno, en cualquier gobierno. A Gerardo, desde 2007, empezaron a llegarle denuncias de campesinos que afirmaban que habían sido afectados por paras que, afirmaban, eran pagados por ejecutivos de la multinacional Chiquita Brands. Quince años después, la justicia determinó que se habían hecho diez pagos que superaban los 1.7 millones de dólares, para convencer a paramilitares que actuaran a favor de la empresa. La multa impuesta era de 25 millones de dólares. Esto se supo desde el año 2024, pero en Colombia no llegaban las sentencias, como si la justicia se hubiera puesto deliberadamente una venda en los ojos. Mientras en Estados Unidos se emitían condenas, en Colombia no pasaba nada, como si acá estas multinacionales tuvieran patente de corso para hacer lo que quisieran. Por eso, el pasado 23 de julio, se produjo un hecho que debe ser catalogado como histórico: la jueza, Diana Lucía Monsalve, condenó a los empresarios: Reinaldo Elías Escobar, John Paul Olivo, Charles Denise Keiser, Álvaro Acevedo y otros cuatro directivos por financiar grupos paramilitares mientras hacían parte de la empresa Chiquita Brands. La pena es de 135 meses de prisión y una multa que supera los 14.000 millones de pesos. Más de cien años estuvieron en Colombia. Primero se llamaron United Fruit Company. Se establecieron en el Magdalena, rodeando un pueblo llamado Aracataca, donde nació un premio nobel: Gabriel García Márquez, quien, en su relato más afamado, narró la masacre de los sindicalistas que pedían salir de los salarios de hambre, jornadas justas, quitarse los grillos del esclavo. José Arcadio Segundo se salvó de milagro, escondido en un vagón lleno de muertos, haciéndose pasar por uno de ellos. La violencia siempre acompañó a Chiquita Brands, no solo cuando estuvieron en lo que después sería conocido universalmente como Macondo, sino cuando se extendieron al Urabá. En realidad, su perniciosa influencia se vio no solo en el país, sino en el continente entero. Así quedó estipulado con el fallo del pasado 10 de junio, cuando un tribunal norteamericano determinó la responsabilidad de la empresa en ocho asesinatos perpetrados por paramilitares. Ya, en 2007, Chiquita Brands pagó una multa de 25 millones de dólares por reconocer haber financiado grupos de autodefensa en Colombia. En ese momento argumentaron que les había tocado pagarle a las AUC una suma cercana a los dos millones de dólares, después de recibir amenazas por parte del líder máximo de esa organización: Carlos Castaño. Recientemente, Ever Veloza, mejor conocido como HH, comandante de los paras en Urabá, afirmó que eran los propios empresarios de Chiquita, quienes buscaban a los paras para contar con su ayuda.   Pero se empezó a hacer justicia con este fallo. Gerardo Vega, lejos de echar voladores al cielo, recordó que en el país la justicia es lenta, que, mientras en Estados Unidos se emitieron dos sentencias, acá todo se demoró demasiado: “Este es un mensaje muy claro, estas empresas no pueden venir a Colombia a hacer lo que les dé la gana. Hacían despojos, asesinatos y nadie los había tocado. Seguro van a apelar, estamos contra el reloj, ya que vamos hasta el 17 de septiembre. Esperemos que se ratifique la condena en el tribunal de Antioquia”. Solo con la ratificación de esta condena, la justicia estará asegurada.

Por: John Jairo Correa La transición energética en Colombia avanza con pasos firmes, y el municipio de Arroyohondo, Bolívar, se ha convertido en el más reciente ejemplo de esta transformación. Tras las experiencias exitosas en Tierralta (Córdoba) y San Antonio de Palmito (Sucre), el Gobierno nacional, en alianza con el departamento de Bolívar y el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), entregó una nueva granja solar que beneficiará a 500 hogares pertenecientes a los estratos 1 y 2. Una apuesta por la inclusión energética Esta iniciativa, enmarcada en el programa Colombia Solar – Energía para Población Vulnerable , busca no solo garantizar el acceso a energías limpias y asequibles, sino también reducir la dependencia de fuentes fósiles y mejorar la calidad de vida en comunidades tradicionalmente excluidas del desarrollo energético. La granja solar entregada en Arroyohondo cuenta con 1.792 paneles solares y una capacidad instalada de 1 MWp, permitiendo la generación de aproximadamente 140.000 kWh al mes. Esta producción energética equivale a un ahorro de hasta el 35 % en las tarifas de energía eléctrica para las familias beneficiadas, e incluye, además, el suministro de energía a instituciones públicas como centros de salud, colegios y edificios administrativos. Más allá de la infraestructura El éxito de estos proyectos no radica únicamente en la infraestructura instalada. Uno de los elementos más destacables del caso de Arroyohondo es el énfasis en la formación y participación comunitaria. Se ha capacitado a habitantes locales para operar y mantener la planta, garantizando así no solo su sostenibilidad técnica, sino también su apropiación social. Fuente: Gobernación de Bolívar Además, la colaboración entre el Gobierno nacional, el departamento de Bolívar y el municipio demuestra la importancia de la articulación institucional en el impulso de políticas públicas que logren transformar realidades locales. El gobernador del departamento, Yamil Arana, destacó que este proyecto representa “una victoria de la justicia social”, al permitir que comunidades vulnerables accedan a un servicio básico en condiciones dignas. ¿Estamos ante un nuevo modelo energético? Los casos de Tierralta, Palmito y ahora Arroyohondo permiten vislumbrar una estrategia coherente: la implementación de Territorios Energéticos como política pública estructurada y con enfoque territorial. No se trata de intervenciones aisladas, sino de un plan que contempla 14 granjas solares en siete departamentos del Caribe colombiano. No obstante, aún persisten desafíos importantes. Para consolidar este modelo, es necesario garantizar que la operación y el mantenimiento de estas infraestructuras no dependan exclusivamente de recursos centralizados. Asimismo, es fundamental continuar fortaleciendo la participación ciudadana, la transparencia en la ejecución de recursos, y la integración de los proyectos en planes de desarrollo locales. Arroyohondo no solo representa un avance en términos técnicos, sino una nueva etapa en la consolidación de una política de transición energética justa y descentralizada. El acceso a la energía no puede seguir siendo un privilegio, y este tipo de iniciativas permiten que la equidad empiece a materializarse con hechos concretos. Los Territorios Energéticos son más que granjas solares: son símbolos de transformación social, institucional y ambiental. Que este modelo se fortalezca y se multiplique en el país dependerá del compromiso de las entidades públicas, del liderazgo de las comunidades y de una visión de país donde la energía deje de ser solo un servicio y se convierta en un derecho garantizado con justicia y dignidad.   Referencias Caracol Radio. (2025, julio 12). En Arroyohondo fue entregada la primera granja solar de Bolívar: reducirá en 35 % la tarifa eléctrica . https://caracol.com.co/2025/07/12/en-arroyohondo-fue-entregada-la-primera-granja-solar-de-bolivar-reducira-en-35-la-tarifa-electrica/ Contraréplica. (2025, julio 14). Granja solar en Bolívar garantiza energía limpia a 500 familias vulnerables . https://colombia.contrareplica.mx/nota-Granja-solar-en-Bolivar-garantiza-energia-limpia-a-500-familias-vulnerables202514759 Presidencia de la República de Colombia. (2025, julio 14). Gobierno entregó granja solar para garantizar energía eléctrica a 500 familias vulnerables en Bolívar . https://www.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Gobierno-entrego-granja-solar-para-garantizar-energia-electrica-a-500-familias-vulnerables-en-Bolivar-250714.aspx

Por: Odevida Pocos hemos escuchado hablar de Toledo, Antioquia. Está ubicado a 2.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, y el clima no puede ser más agradable. El primer contacto con la violencia extrema lo vivieron los nativos que estaban acá antes de que llegaran los conquistadores. Se llamaban los nutabes y la máxima autoridad era el cacique Guarcama. Pero llegaron Andrés de Valdivia y sus hombres, la tierra fue quemada y, poco a poco, volvió a renacer. Pero el bucle de violencia parece eternizarse en este lugar. Bien entrado el siglo XX, entre el año 1996 y 2006, el Bloque Mineros de las AUC entró con toda su furia a Toledo. Según un informe del Centro de Memoria Histórica: En el período de 1994 a 2006, el Bloque Mineros desarrolló los más crueles repertorios de violencia que se hayan conocido en los territorios donde actuó, los cuales incluyeron masacres, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, violencia sexual, entre otros, que dejaron una larga estela de víctimas y daños. También logró la consolidación de las economías criminales asociadas al narcotráfico y la minería. Además, hizo parte del proceso de aniquilación, desplazamiento y contención de expresiones políticas de izquierda y alternativas que se dio en todo el país. Su accionar contrainsurgente cobró la vida de militantes de movimientos políticos como la UP, A Luchar o el Movimiento 27 de febrero, entre otros.   2.700 hombres, pertenecientes a este bloque, entregaron sus armas en el año 2006. Sin embargo, la violencia ha venido cambiando de nombre. Las heridas no se cerraron. Algunos líderes pidieron crear una Casa de la Memoria para recordar, siempre, todos los días, el horror que se ha vivido. Pero no se han conseguido los recursos para hacerlo. El Clan del Golfo ha ubicado a Toledo en su zona de influencia. Líderes como Eucario Callejas decidieron levantar la voz, aún más fuerte que el ruido que hacen los fusiles al disparar.   Él era, hasta antes del fatídico 22 de junio de 2025, el líder más reconocido de la Junta de Acción Comunal de la vereda Helechales. Ante amenazas como el despejo y el desplazamiento que ha vivido su gente, Callejas se convirtió él mismo en un refugio, en un viento de esperanza. “Su compromiso era con el territorio y con la organización campesina” comentan en una cuenta de IG una de las personas que lo conoció.   El pasado 22 de junio, mientras se encontraba en su casa, en Helechales, un comando del Clan del Golfo entró y se lo llevó, junto a uno de sus compañeros de lucha en la Junta de Acción Comunal, Hernando Acevedo.   La Defensoría del Pueblo, a través de la alerta temprana 019 del 2023, ya había advertido sobre el peligro que corría la comunidad y, sobre todo los líderes, por la presencia de actores armados como el Clan del Golfo. En esa zona está el frente Hernando Rozo Bertel del Clan del Golfo y los frentes 18 y 36 de las disidencias de las FARC.   Callejas y Acevedo eran dos de las voces más fuertes que tenía la gente para protegerse de lo que parece inevitable: la guerra no tendrá fin en Toledo, Antioquia. Ahora todos se sienten más solos, más tristes.

Por: Redacción Pares Este 23 de julio se llevó a cabo la audiencia de acusación contra Andrés Peñate, quien llegó a ser director del DAS entre los años 2005 y 2007. En ese periodo de tiempo se realizaron las famosas chuzadas del DAS contra opositores a la presidencia de Álvaro Uribe. En esa audiencia fueron acreditados como víctimas el periodista Daniel Coronell quien, en esa época, estaba al frente de Noticias Uno  y sus investigaciones molestaban a un poder que se hacía unánime, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales. Otra de las personalidades acreditadas como víctimas fue el actual presidente del país, Gustavo Petro, quien por esos años era senador y le plantó cara, gracias a la investigación que realizó la fundación Nuevo Arco Iris, con León Valencia, Laura Bonilla y Claudia López a la cabeza, a lo que se conocería como la parapolítica. Además de Coronell y Petro, se acreditaron como víctimas de las chuzadas otros actores de la sociedad, como el Polo Democrático, partido político que en esos años era uno de los pocos capaces de hacerle oposición al gobierno Uribe, con Carlos Gaviria a la cabeza y seis magistrados de la Corte. Sería bueno recordar en qué se basó ese escándalo, uno de los más sonoros y aterradores por parte del poder político colombiano, en lo que va del siglo XXI. Entre los innumerables escándalos que protagonizó el gobierno de Uribe, el de las chuzadas es un capítulo importante. Periodistas como Julián Martínez descubrieron y comprobaron un entramado en donde se espiaron a los siguientes estamentos de la sociedad: Altas Cortes, periodistas independientes, políticos de oposición y defensores de derechos humanos. El cerebro de ese entramado era uno de los favoritos del expresidente: Jorge Noguera, cabeza máxima del DAS. Álvaro Uribe conoció a Jorge Noguera un año antes de nombrarlo director del DAS. Bastaba leer su hoja de vida para ver que no era el más acreditado para ejercer un cargo tan alto en materia de seguridad. Abogado, su nombre no tenía peso nacional. Había ejercido cargos de influencia, pero solo en su departamento: asesor de la Gobernación del Magdalena, secretario de la Corporación Autónoma Regional, secretario general de la Sociedad Portuaria de Santa Marta. Para muchos, como para Juanita León, directora del portal La Silla Vacía, había sido un misterio el nombramiento de Noguera Cotes. Una de las razones pudo haber sido el odio que compartían por las FARC, algo que a comienzos de este siglo daba réditos políticos. Otra explicación fue el trabajo que realizó entre los años 2001 y 2002, siendo el jefe de campaña de Uribe en Magdalena. Lo cierto es que, una semana después de haber sido posesionado presidente, Uribe nombró al joven funcionario —tenía 39 años en ese momento— como director del Departamento Administrativo de Inteligencia, DAS, que tenía 7.000 funcionarios a su cargo. Noguera le calzó como un guante al poderoso presidente. En el año 2004, entró a hacer un revolcón en ese organismo y lo ajustó de acuerdo con el llamado estatuto antiterrorista con el que Uribe pensaba descabezar a las FARC. Una de las determinaciones que asumió Noguera fue nombrar a José Miguel Narváez como subdirector del DAS, cargo en el que duró solo cinco meses. Durante una década —como lo comprobaría la justicia años después —, entre 1995 y 2005, Narváez llevó una doble vida. Era un académico distinguido, un padre de familia respetable, con una fuerte afinidad con el ejército y con algunos industriales. También era un impulsor de políticas de seguridad tan cuestionables como las Convivir de Antioquia. Además, está documentado que visitaba a comandantes paramilitares, como Carlos Castaño, en sus fincas en Córdoba, y le llevaba listas de posibles aliados de la guerrilla. Uno de esos nombres al que él aconsejó matar fue a Jaime Garzón. La orden de asesinar al comediante le terminó pesando en la conciencia a uno de los creadores de las AUC.   Pronto, la relación de Narváez con los paramilitares terminó siendo un escándalo público. Uribe lo descabezó y empezó una confrontación entre los dos mandos del DAS. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que, a raíz de investigaciones de la revista Semana y de Cambio, Noguera también salió de la institución. Uribe no quería quemar ese fusible. Sobre él afirmaba que se trataba de “un buen muchacho de una muy buena familia”. La historia, una vez más, no le daría la razón al expresidente. El acucioso periodista Julián Martínez explicó en su momento cómo Noguera instigó la muerte del profesor Alfredo Correa de Andréis en 2004. La caída del director del DAS empezó con la incautación del computador de Don Antonio, mano derecha de Jorge 40. Se llamaba Edgar Ignacio Fierro. Entre los años 2003 y 2004 comandó el frente José Pablo Díaz. Fierro conocía esa parte de la Costa porque había estado allí cuando fue teniente del ejército. Fierro conoció a Jorge 40 cuando él empezaba a ser conocido como un comandante paramilitar de los duros. Por él llegó a las AUC. Se especializaron en el Atlántico, en matar y extorsionar. Según Verdad Abierta, “las víctimas iban desde ladronzuelos o viciosos de barrio, hasta líderes comunitarios, académicos, sindicalistas, comerciantes y ganaderos”. El CTI lo capturó en un conjunto residencial cerca al aeropuerto de Santa Marta llamado Villa Canaria. Recién, cinco días atrás, se acababa de desmovilizar. Incluso, cuando lo agarraron, creyeron que con la versión libre que había dado se había salvado. Los crímenes que cometió habían sonado como la caída de una caja de hierro, el asesinato de Andréis, del expresidente del sindicato de Tele Caribe Adán Pacheco, del defensor de derechos humanos Pedro Orozco, hasta el líder de los desplazados en Atlántico Miguel Espinosa Rangel. Todos los crímenes de Don Antonio, todos los políticos que habían comprado las AUC en el Caribe, todo reposaba en su computador personal. Pronto, esa relación de Narváez con los paracos terminó siendo un escándalo público. Uribe lo descabezó y empezó una confrontación entre los dos mandos del DAS. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que, a raíz de investigaciones de la revista Semana y de Cambio, Noguera también salió de la institución. Uribe no quería quemar ese fusible. Sobre él, afirmaba que se trataba de “un buen muchacho de una muy buena familia”. La historia, una vez más, no le daría la razón al expresidente. Jamás tuvo tiempo para militar en guerrilla alguna. De Andréis estudió ingeniería agrónoma y sociología —Estudió una maestría en Francia y uno de sus amigos, el columnista Álvaro Camacho, lo describió de esta manera: “un hombre grandote (yo lo llamaba ‘el Cipote’), alegre, bailarín y excelente conversador. Pero, sobre todo, tenía la ingenuidad que caracteriza a las buenas personas: se asombraba y entusiasmaba con las conversaciones en clave de sociología, y en particular lo seducían los temas de la cultura”. Lo terminaron condenando sus estudios sobre el desplazamiento forzado en el Magdalena. El viernes 17 de septiembre del 2004, mientras caminaba por la carrera 53 con calle 60 en Barranquilla, dos sicarios lo mataron. “Ey loco, no dispare”. Alcanzó a decir. Pero la orden estaba dada.   Y la orden había provenido de Jorge Noguera, como determinaría la justicia en 2011. A este crimen se le sumaba, a uno de los consentidos de Uribe, los señalamientos del exjefe de sistemas del DAS, Rafael García, quien afirmó que, mientras Noguera era su jefe, le ordenó borrar antecedentes de personas que le debían a la justicia. Muchos de ellos cercanos a Rodrigo Tovar Pupo, mejor conocido como Jorge 40. Además, fue el hombre detrás de las famosas chuzadas del DAS, crimen por el que también pagó María del Pilar Hurtado Noguera saldría del DAS por la puerta grande. Fue nombrado por Uribe como cónsul en Milán, Italia. No duraría mucho tiempo en el cargo. El 8 de mayo de 2006 renunció a su cargo. El fiscal Mario Iguarán incluso había viajado a Italia, para escuchar su versión sobre los señalamientos que tenía encima por su colaboración con los paramilitares. Lo capturaron en 2009 y en 2011 la Corte Suprema de Justicia lo condenó a 25 años por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y falsedad por ocultamiento y revelación de secreto. Además, se determinó que había sido el hombre que dio la orden contra Correa de Andréis. Incluso, le había ordenado a un funcionario del DAS que siguiera, durante todo un año. al profesor, haciéndole tomar fotos y tener toda su rutina en una carpeta para saber cuándo accionar. En 2017, la Corte lo condenó a siete años de cárcel por el escándalo de las chuzadas, el nombre con el que se conoció la red de espionaje que se descubrió durante el segundo mandato de Uribe y que iba dirigida contra periodistas, políticos de oposición y otros personajes de la vida pública. Desde octubre de 2020, en plena pandemia, Jorge Noguera goza de libertad condicional. Entre 2010 y 2015, fueron condenadas 20 personas por haber interceptado a cerca de 68 personas. Entre los condenados está María del Pilar Hurtado, quien fue directora del DAS.  Fue sentenciada a 14 años por los delitos de abuso de autoridad y concierto para delinquir. Otros de los cercanos a Uribe que cayeron en esto fueron Bernardo Moreno, secretario general de la presidencia, Jorge Alberto Lagos, jefe de contrainteligencia del DAS, entre otros.

Por Juan Guillermo Sepúlveda Arroyave [1] La Fiscalía General de la Nación, FGN, por medio de la Resolución 0211 del 17 de julio del presente año, aprobó la creación de la UNIDAD DE JUSTICIA RESTAURATIVA [1] que tiene como objetivos según el Artículo 3:   1. Fortalecer la seguridad ciudadana  mediante la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa en los procesos penales. 2. Promover la convivencia social y la cohesión comunitaria  a través de respuestas al delito centradas en el ser humano, la armonía social y la reparación a las víctimas, victimarios y comunidades. 3. Contribuir a la transformación social en territorios afectados por la comisión de delitos , dándoles un rol protagónico a las víctimas, victimarios y comunidades, en la resolución del conflicto subyacente, dando prioridad al restablecimiento del derecho de las primeras. 4. Promover la aceptación de responsabilidad del agresor , así como el reconocimiento de su comportamiento y sus consecuencias, para generar resultados restaurativos en la solución de los problemas y conflictos que subyacen al delito. 5. Reducir la comisión de conductas punibles . (Resaltos fuera de texto)   Esta positiva iniciativa, se da en medio de los “tumbos” que el gobierno del Presidente Petro esta dando en los temas de justicia y paz total, donde no logra ser coherentes ni consecuentes con una justicia como la restaurativa, que es reconocida en el mundo, como una cultura y filosofía de transformación de conflictos penales que promueve la paz social.   LA UNIDAD DE JUSTICIA RESTAURATIVA (UJR), se da dentro del Direccionamiento Estratégico 2024-2028  “Experiencia e innovación al servicio de la justicia” que establece como tercer pilar fortalecer las rutas especiales de atención a las víctimas, además apunta que la entidad deberá adoptar medidas de reparación, restablecimiento de los derechos de las víctimas y garantías de no repetición.   Palabras más palabras menos, la Fiscalía General de la Nación, hace de la UJR un servicio de justicia de cara a las víctimas del conflicto penal ordinario, que es una población mucho mayor que las víctimas del conflicto armado, y contradictoriamente menos reconocida por los gobiernos pro paz.   Los Componentes  de la estrategia de Justicia Restaurativa, desde la nueva UNIDAD DE JUSTICIA RESTAURATIVA, tienen que ver con la formación referido a desarrollo de estrategias, programas, manuales y el fortalecimiento de perfiles y capacidades para la justicia restaurativa; como rutas específicas de intervención relacionadas con el nivel nacional; las de Direcciones Seccionales y Especializadas; una ruta restaurativas para investigados, acusados y penados;  ruta de articulación y, finalmente, la ruta para implementar el fondo de compensación para las víctimas. La Justicia Restaurativa en Responsabilidad Penal para Adolescentes y la Justicia Terapéutica, hacen parte central de las rutas de la UJR de la FGN. (Art.4o).   Las funciones   de los fiscales , que harán parte de la UNIDAD DE JUSTICIA RESTAURATIVA, implicarán retos considerables como: desde la Dirección de Altos Estudios, se creará una “Comunidad de aprendizaje y conocimiento" y un plan de formación para el desarrollo de las capacidades y competencias que garantice la apropiación y la aplicación correcta de la Justicia Restaurativa. (Art.5).   Además, se deben de crear el Portafolio Restaurativo Seccional y los "Planes de Implementación del Portafolio de Rutas Restaurativas" de las Direcciones Seccionales y Especializadas y "Guías de Buenas Prácticas de Seccionales y Especializadas en Rutas Restaurativas'’ y determinar mecanismos de seguimiento de los avances y resultados de las rutas restaurativas, entre otros. (Art.5).   Como se puede ver, la Fiscalía General de la Nación tiene por delante una dispendiosa tarea, pues debe reglamentar de alguna manera la Resolución 0211 que crea la UNIDAD DE JUSTICIA RESTAURATIVA, y de contera, pero no menos importante, definir si los fiscales asumen el rol de mediadores penales siendo parte en el proceso.   Es sabido que la Justicia Restaurativa tiene tres instrumentos principales que le dan el toque democrático a dicha justicia, reflejada en el hecho que les entrega a las partes el poder de transformar de manera pacífica el conflicto que las enfrentó y evitar la posibilidad que ello vuelva a suceder, siempre acompañada por un facilitador imparcial, estos instrumentos son la Mediación Penal entre víctima y ofensor, las Conferencias de Grupos Familiares (CGF) y los Círculos de Paz (C/P). La pregunta es: ¿Promoverá la Fiscalía en la nueva Unidad de Justicia Restaurativa, estas dos últimas herramientas?   Quedan algunas preguntas  que hacer a la Fiscalía en relación a las Resolución 00383 firmada por la vicefiscal de la época Martha Janeth Mancera, por medio de la cual la entidad creó el Manual de Justicia Restaurativa en 2022 :   ¿En la nueva UNIDAD DE JUSTICIA RESTAURATIVA, sigue vigente el Manual de Justicia Restaurativa? ¿Qué pasará con el Grupo de Apoyo al Funcionamiento de los Mecanismos de Justicia Restaurativa, adscrito a la Subdirección de Política Criminal y Articulación de la Fiscalía General de la Nación, encargado de poner en funcionamiento los mecanismos de justicia restaurativa? (Capítulo II / Resolución 00383 de 2022). ¿Qué pasará con los Convenios suscritos con las entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro interesadas en crear programas de mediación penal? (Capitulo III / Resolución 00383 de 2022). ¿Sigue vigente el Procedimiento de la Mediación Penal, para lograr justicia restaurativa? (Capitulo IV / Resolución 00383 de 2022). ¿Qué pasará con las mediaciones penales en curso? ¿Qué pasará con los mediadores penales, como los abogados, psicólogos, los estudiantes de los consultorios jurídicos de las facultades de derecho, los personeros municipales, los mediadores de las Cámaras de Comercio? (Art. 8 / Resolución 00383 de 2022). ¿Siguen estos mediadores ejerciendo transitoriamente la función de administrar justicia? (Art. 15 / Resolución 00383 de 2022). ¿La nueva Unidad de Justicia Restaurativa a través de los fiscales que la componen, asumen el rol de mediadores penales a partir del 17 de julio de 2025?     ADENDA   La Fiscal General Luz Adriana Camargo, ahora que aboca con tanto compromiso el tema de la Justicia Restaurativa, debe presentar como un artículo problemático, esto es, digno de ser discutido, debatido, el Artículo 518 de la Ley 906 de 2004, que en vez de definir qué entiende el legislador por Justicia Restaurativa, salta a definir, de una vez, esta justicia como programa de la siguiente manera: “ Se entenderá por programa de justicia restaurativa todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador ” (el resalto fuera del texto original)  . Lo anterior, no es correcto, pues si la mediación penal, que es la herramienta central de la justicia restaurativa, no tiene un facilitador, léase también mediador, que acompañe las partes, las preparen para los encuentros restaurativos y evite, entre otras, la revictimización, lo que hay es una simple y llana negociación entre las partes del conflicto penal, lo que desnaturaliza la justicia restaurativa.       [1] Reconocido por la OEA como generador de confianza en América Latina. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS REGISTRO DE EXPERTOS EN MEDIDAS DE FOMENTO DE LA CONFIANZA Y DE LA SEGURIDAD al 11 de noviembre de 2010. https://www.oas.org/juridico/spanish/ag-res96/Res-1409.htm Creador de la primera oficina para defender los DDHH las 24 horas del día, en la Procuraduría Regional de Antioquia, Colombia en 1991. Creador del Programa de Justicia Restaurativa de la Procuraduría General de la Nación, PGN. Colombia (2017-2019). Creador de la Metodología para la Transformación de Conflictos, Espiral de Paz. https://colombiarestaurativa.com/metodolog%C3%ADa Fundador y director de la Fundación Colombia Restaurativa www.colombiarestaurativa.com y de Justicia Penal Reintegradora juanguillermo.sepulveda@gmail.com      Celular 320 835 02 46 Medellín. Colombia [2] Lo anterior fortalece la primera experiencia en la materia tenida por dicha entidad -cuando desde la Procuraduría General de la Nación, PGN, de Fernando Carrillo, se promovió desde el Programa de Justicia Restaurativa, coordinado por el entonces viceprocurador Juan Carlos Cortés, hoy Magistrado de la Corte Constitucional- que la Fiscalía General de la Nación, FGN, creara el Manual de Mediación Penal que le mandaba la ley según el artículo 527 de la Ley 906 de 2004. Este Manual se dio mediante las Resoluciones 00383 de 2022 y la 047 de 2023.

Por: Katia Rosero La bruma de la madrugada aún reposa en las enormes montañas de Policarpa cuando doña Esperanza agarra camino loma arriba, con la falda llena de tierra seca y el machete colgado en la cintura. El gallo no canta todavía pero las labores del campo no dan espera. Tiene 62 años y en sus arrugas, surcos labrados por alegrías y tristezas, se adivina la memoria del tiempo que ha vivido aferrada a la tierra, a sus plantas de yuca y plátano, a los árboles que sembraron mucho antes sus abuelos. “Uno no puede dejar que la guerra le quite la alegría de sembrar”, dice con nostalgia, mientras su mirada refleja el amanecer del cielo de La Cordillera. Doña Esperanza sabe bien que la guerra tiene muchos rostros: el sonido de los fusiles es uno con la quema de la selva, con el exilio y la desaparición, con la minería que araña la tierra hasta dejarla infértil y convierte los ríos en desagües de muerte, con las cocinas que transforman una hoja sagrada en polvo de desdichas y dolores. Lo sabe porque vio, a finales de los años noventa, llegar hombres armados con diferentes brazaletes, con ellos, decenas de campesinos que a fuego y motosierra le abrían campo en la selva al cultivo de coca, escuchó la dinamita abriendo la montaña y el bullicio de las fiestas en los tomaderos recién inaugurados, conversó con mujeres foráneas que llegaban de lejos a ejercer la prostitución y que, después, aparecían tiradas sin vida en algún camino, pudo percibir la desconfianza sembrarse entre compadres. Mientras los armados se disputaban el control de este o aquel paso, lote o caserío, el territorio se iba convirtiendo en un campo minado, su pueblo en tierra de extraños y cada familia empezó a contar una tragedia. Tenía su nieto en brazos cuando presenció el asesinato de su hijo, que fue acusado de robar cien gramos de cocaína. Con el corazón atravesado por el dolor, fue a exigir justicia al comandante Tito, famoso por sanguinario y recio. Le ofreció treinta millones de pesos, reconociendo el error de la acusación. Indignada, rechazó el dinero y, aunque la amenazaron de muerte, prometió a la vida ser ella misma justicia. El episodio la transformó: decidió mantenerse alejada de la guerra y sus tentáculos. Se negó silenciosamente a cualquier labor relacionada con las economías ilícitas, dejó de trabajar en la cocina de cocaína, en donde le pagaban muy bien, y se dedicó a sembrar. Muchos de sus conocidos se burlaron de la austeridad en que vivía con su nuevo oficio, pero ella, desde la sombra, empezó a convencer a sus amigas y familiares de que las decisiones personales pueden cambiarlo todo. Junto a Mercedes —la partera del pueblo—, Ana Rosa —una maestra desplazada de Cumbitara—, Carmen —la hija de un líder comunitario asesinado— y Julia —una joven que perdió a su familia en una masacre, desyerbaron las viejas chagras y empezaron a resembrar;  entre cacao y frutales, gallinas y cuyes, y al abrigo de la amistad, se aferraron a la certeza de que la paz es una trocha a abrir en medio de la guerra.   Un vistazo a la historia reciente de La Cordillera, Nariño En el norte de Nariño, entre impresionantes y escarpadas montañas, pequeños pueblos alumbran las noches abismales de La Cordillera: Cumbitara, Policarpa, El Rosario, Taminango y Leiva, su historia, como la de muchos rincones en Colombia, ha estado marcada por la guerra. Desde los años 80 y hasta finales de los años 90, La Cordillera nariñense era territorio del Frente 29 de las FARC, el Estado era inexistente y la guerrilla ejercía la gobernanza y la justicia: “Hasta los problemas de pareja los resolvían ellos”, cuentan. La dinámica cambió alrededor del 2000, el auge del paramilitarismo y su avanzada contrainsurgente arribó a la zona, al mismo tiempo que empezaron a instalarse los primeros cultivos de coca en la región. El Bloque Libertadores del Sur (BLS), en abierta guerra contra las FARC-EP, empezó a disputar el control del territorio y sus habitantes por medio del terror. Para la misma época se firmó el Pacto de la Cordillera: un acuerdo militar entre el ejército y varios grupos armados que aseguraba la colaboración  estratégica con el fin de sacar a las FARC-EP del lugar [1] . La confrontación armada convirtió a La Cordillera en una zona atravesada por la violencia; las masacres, desapariciones, asesinatos selectivos y en general, violaciones a DDHH, fueron pan de cada día entre 1999 y 2005, período en el que se registraron más de 12.000 hechos victimizantes en la zona (Comisión de la Verdad, s. f.); aunque los líderes afirman que las cifras no son certeras y no expresan la tragedia humana que se vivió. En ese mismo período, La Cordillera se consolidó como bastión del cultivo de coca en Nariño (especialmente Cumbitara), pasando de 56 hectáreas a 1.200 en seis años (Comisión de la Verdad, s. f.). Aunque, según las cifras oficiales, para 2005, se desmovilizaron alrededor de 670 combatientes del BLS (Comisión de la Verdad, s. f.), los pobladores locales afirman que el paramilitarismo siguió vigente en la región como brazo en la sombra de la fuerza pública. De hecho, en mayo de 2006, alrededor de 5.000 campesinos, provenientes de Cumbitara, Policarpa, Iscuandé y Magüí Payán se movilizaron para exigir una política integral de sustitución de cultivos ilícitos. Arribaron por río desde las veredas más recónditas del Pacífico, y por trochas desde los rincones de La Cordillera, recorriendo las mismas rutas por las que sale la droga del territorio. En el camino, tuvieron que plantarle cara a la guerrilla, a los paramilitares y al ejército, y en hechos inciertos, hombres armados abrieron fuego contra la marcha campesina y asesinaron al menos a 65 manifestantes, muchos más desaparecieron. Algunos de los que estuvieron ahí afirman que fueron los paramilitares, ayudados por el ejército, quienes les atacaron. Otros aseguran que fue la policía la que empezó a disparar y que las desapariciones fueron a manos de los paramilitares. La versión oficial, anotada en las bitácoras militares y difundida por la prensa, registró que los campesinos quedaron en medio de un enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares, y contaron tan solo diez civiles muertos. Entre 2005 y 2009, La Cordillera estuvo en control de Los Rastrojos, para 2010 las cifras de hechos victimizantes ascendió a 30.392 (Comisión de la Verdad, s. f.). En ese año, las FARC-EP avanzaron en el plan de retomar La Cordillera y una nueva ola de violencia se desató: mientras el Estado respondía con más acciones militares y fumigaciones, los paramilitares torturaban y masacraban buscando acabar “la base social” de los grupos insurgentes, desconociendo que en una dinámica de gobernanza establecida, la población civil no tiene opción frente al mandato de los armados. En 2016, con determinación y esperanza, las comunidades de La Cordillera, participaron en las jornadas pedagógicas de los Acuerdos de Paz, respaldaron con fuerza el plebiscito —el "Sí" obtuvo más del 90% de apoyo— y, pese a las profundas contradicciones humanas que supone la reconciliación con los victimarios, apoyaron la creación de una Zona Veredal Transitoria de Normalización. Fue así como en 2017, cerca de 200 excombatientes de las FARC se concentraron en las veredas La Paloma y Betania del corregimiento El Madrigal de Policarpa, para iniciar su proceso de reincorporación, pero el gobierno no cumplió con los cronogramas establecidos ni con la construcción de la infraestructura prometida. Ante esta situación los excombatientes improvisaron refugios mientras esperaban respuestas que nunca llegaron. Con la transición a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), se decidió trasladar el asentamiento a una finca en El Estrecho, Patía (Cauca), más accesible y cercano a la vía Panamericana. Un año después, los exguerrilleros seguían en condiciones precarias: sin agua potable, sin economías alternativas y viviendo aún en cambuches de plástico. Ante el evidente incumplimiento y el riesgo que suponía el avance de nuevos grupos armados muchos excombatientes de las FARC-EP decidieron enfilarse en las disidencias e incluso en grupos armados antes enemigos. A pesar de que las dinámicas derivadas del proceso de paz fueron, en gran medida, un fracaso, la pedagogía de la paz caló hondo entre las organizaciones sociales y los líderes comunitarios. Claudia Cabrera, exalcaldesa de Policarpa y persona clave en la historia reciente de los municipios de Cordillera afirma que el punto clave en la construcción de los procesos organizativos en el territorio fue, en sus palabras, el empoderamiento en temas de paz . El hecho de que la comunidad se haya reconocido como constructora de paz, agente de transformación y haya incorporado a su horizonte colectivo la disposición a avanzar en la reconciliación, ha sido, según Cabrera, el motor de la resiliencia y de la resistencia campesina frente a los impactos sociales que la guerra deja. Con esa convicción como emblema, en medio de un nuevo escenario de violencia exacerbada, las organizaciones campesinas activaron procesos comunitarios, surgieron nuevos liderazgos y la comunidad empezó a reconocerse a sí misma y a ser reconocida como comunidad constructora de paz. Aún con una comunidad fuertemente enraizada, que defiende la posibilidad de vivir al margen del conflicto armado, el territorio sigue siendo lugar de fuertes disputas pues su control es imprescindible en la geografía de las economías ilegales: la Cordillera nariñense es paso obligado desde las grandes zonas cocaleras y mineras en medio de los parajes recónditos de La Cordillera y el piedemonte costero, hacia el río Patía que conecta con todas las rutas fluviales de la costa pacífica nariñense y las vías terciarias que conducen finalmente a la Panamericana, ruta hacia el Ecuador y el centro del país. Actualmente, el margen occidental y suroccidental de la subregión La Cordillera está ocupado mayoritariamente por el Frente Franco Benavides, el margen sur por el ELN y las Autodefensas Unidas de Nariño, el margen norte por las Autodefensas Gaitanistas y la zona oriental por el ELN, son estos grupos los que ejercen el control del territorio, imparten justicia y gestionan lo público y es en ese ejercicio de control y en el proceso expansivo en el que se siguen registrando continuas violaciones de DDHH, desplazamientos, amenazas y desapariciones.   Sembrar en tierra herida: la resistencia campesina en La Cordillera de Nariño “Esta vaina se jodió, hay que hacer algo”, le dijo don Alfonso a sus vecinos cuando los muertos empezaron a contarse a diario, por allá en 2002. Armados de palas y machetes, cerca de veinte campesinos decidieron arrancar las plantas de coca y sembrar en su lugar arbolitos de limón Tahití, que habían escuchado tenía mucho potencial comercial. Con profunda convicción, se mantuvieron de la sencilla abundancia de sus chagras mientras los limoneros crecían y el ejercicio se replicaba en otras veredas, corregimientos y municipios. Con el tiempo, y gracias a procesos organizativos muy fuertes —nacidos desde una cultura campesina minguera y madrugadora, sostenida de vecindad y compadrazgos— y con la ayuda de instituciones como el INCODER y el SENA; programas gubernamentales como Consolidación Territorial, Pacto Agrario, Agro Ingreso Seguro; organizaciones no gubernamentales como la CCI, ONU y UNFPA, que han llevado al territorio recursos y asistencia técnica, se consolidaron decenas de asociaciones campesinas que trabajaron arduamente para cumplir los requisitos legales, las certificaciones y las cantidades necesarias para exportar. La experiencia con limón Tahití, pionera en La Cordillera, es un testimonio de que es posible la transformación territorial. Gracias a la claridad de las organizaciones campesinas, los recursos que llegan al territorio son semillas en tierra fértil. El avance ha sido significativo: para el año 2022, en La Cordillera se registraron alrededor de 4.000 hectáreas sembradas de limón con una producción de más de 50.000 toneladas (Gobernación de Nariño, 2022), y aproximadamente 1.800 hectáreas de cacao, con una producción de más de 700 toneladas (AGROSAVIA, s.f.), mientras los cultivos de coca alcanzaron, para el mismo año, alrededor de 4.500 hectáreas. La base de la guerra son las economías ilegales que durante décadas han deteriorado el tejido social y económico rural, reemplazando progresivamente los saberes y prácticas campesinas. La instauración de economías ilícitas genera profundas transformaciones en las dinámicas territoriales: las vías y linderos, la división del trabajo, la concepción de gobierno, de justicia y de lo público operan en relación con dichas economías. Es por eso que el azadón es una insignia de paz: la recuperación de la economía campesina es necesaria para reconstruir el territorio y la comunidad, porque los modos de producción económica son también modos de producción de la vida. Mientras los intereses armados disputan rutas, tierras y cuerpos, la comunidad se aferra al cacao y al café, al limón y al plátano, a las huertas caseras, que son fuentes de ingresos económicos y estrategias de reconstrucción social. Pueden reconocer que en la tierra se juega la apuesta por el destino colectivo.  El acto profundamente político en que se convierte sembrar en un contexto de guerra, mantiene vivas redes solidarias en donde el trabajo en red es clave, devuelve a la comunidad su capacidad de acción conjunta, aguardiana la autonomía, construye soberanía alimentaria y enaltece los saberes propios. Conscientes de que estar al margen de las economías ilegales es el límite que queda, las comunidades de La Cordillera siguen trabajando día a día para fortalecer sus cultivos, transformarlos y encontrar vías para el comercio de sus productos. Superando muchas dificultades han logrado llevar limones y cacao de excelente calidad al mercado nacional, a Europa y Norteamérica. Sin embargo, la guerra sigue acechando, por lo que es necesario que el Estado y los organismos de cooperación internacional mantengan presencia en el territorio desde una actitud colaborativa y atenta con el proceso organizativo campesino, entendiendo que la paz debe ser pensada reconociendo la experiencia de quienes la han construido día a día por años, que el camino es avanzar en la protección y fortalecimiento de la autonomía y soberanía de las comunidades, más que en la intervención de los territorios por vía militar o asistencialista. La Cordillera nariñense es un ejemplo vivo de que la paz no es firmar acuerdos con los armados, la paz también tiene mil rostros: es comunidad, alimento, disfrute, sueños, libertad, pedagogía, acción colectiva, confianza, afectos, autonomía, bienestar… La tierra, tan golpeada por la dinamita y el olvido, sigue pariendo la vida. Mientras haya quien la siembre con dignidad, la guerra no podrá tener la última palabra.     Referencias Cabrera, Claudia. Exalcaldesa de Policarpa. Comunicación Personal. 11 de julio de 2025. Comisión de la Verdad. (s. f.). Nariño. Capítulo 2 . Informe Final Comisión de la Verdad. Recuperado el 13 de julio de 2025, de https://www.comisiondelaverdad.co/narino-capitulo-2 Conflicto, paz y postconflicto‑Pares. (30 de mayo de 2018). Desafíos de la reincorporación de las Farc. El caso de Patía y Tumaco*. Recuperado el 18 de julio de 2025, de https://www.pares.com.co/post/desaf%C3%ADos-de-la-reincorporaci%C3%B3n-de-las-farc-el-caso-de-pat%C3%ADa-y-tumaco Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – AGROSAVIA. (s. f.). Estado del cultivo de cacao en la Cordillera nariñense con énfasis en la concentración de cadmio [Informe técnico]. Recuperado de https://editorial.agrosavia.co/index.php/publicaciones/catalog/view/326/338/1892-1 El Tiempo. (s. f.). [Batalla a muerte por coca en Nariño] . El Tiempo archivo . Recuperado el 13 de julio de 2025, de https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2046194 Gobernación de Nariño. (2022, 28 de junio). El Limón Tahití: Una alternativa real para transformar la economía y construir la paz en Nariño . Recuperado de https://2020-2023.narino.gov.co/noticias/1218-2/ Gómez Cabrera, Liliam. Coordinadora del equipo técnico del proyecto de mejoramiento del cultivo de lima ácida Tahití en los siete municipios de Cordillera (CCI). Comunicación Personal. 19 de julio de 2025. Matituy, Sandra. Líder de la Mesa de Mujeres de Policarpa. Comunicación personal. 5 de julio de 2025. Molano, M. (2020, 3 de mayo). Las guerras en el Cañón del Micay, Cauca. Entrevista con Guillermo Mosquera, líder campesino de Argelia . Agencia Prensa Rural. Recuperado de https://prensarural.org/spip/spip.php?article25363#nb1 Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia. (s. f.). Identidad 18 – Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia [Revista en línea]. Recuperado el 18 de julio de 2025, de https://www.yumpu.com/es/document/read/50441308/identidad-18-movimiento-bolivariano-por-la-nueva-colombia/17 VerdadAbierta.com . (2018, 12 de julio). En el ETCR más atrasado del país no dejan de apostarle al proceso de paz . Recuperado el 18 de julio de 2025, de https://verdadabierta.com/17697-2/ [1]  Según la Comisión de la Verdad “El pacto de La Cordillera” fue un acuerdo informal ocurrido entre 2000 y 2007, en el que fuerzas militares, grupos paramilitares como Los Rastrojos y Las Águilas Negras, e incluso el ELN, se aliaron para expulsar a las FARC-EP del norte de Nariño y el sur del Cauca. Según la revista Identidad del Movimiento Bolivariano, el pacto  de La Cordillera fue la colaboración entre militares, paramilitares y grupos guerrilleros infiltrados, sobre la logística del narcotráfico en el territorio, lo que se tradujo en una ola de violencia y terror, masacres, torturas y desapariciones de campesinos y campesinas acusadas de ser colaboradoras de la guerrilla, que históricamente hizo presencia en la región.

Por: Oscar A. Chala, investigador de la Línea de Democracia y Gobernabilidad El pasado sábado 19 de julio, en el Salón Rojo del Hotel Tequendama se realizó la Convención del Pacto Histórico para definir las reglas de juego para las consultas internas de ese partido, que se realizarán el próximo 26 de octubre de 2025. En ellas se elegirá tanto al candidato presidencial que participará en la Consulta del Frente Amplio en marzo de 2026, como a las listas al Senado y la Cámara. El evento, que reunió a 6 precandidatos que se lanzarán por el nuevo partido (Gustavo Bolívar; María José Pizarro; Susana Muhamad; Gloria Flórez; Daniel Quintero; Carolina Corcho), junto con otros 3 que potencialmente lo harán en marzo (Camilo Romero; Roy Barreras; Alí Bantú Ashanti), reveló finalmente la estrategia que el Pacto Histórico seguirá en estos próximos 2 meses y medio. Aun así, el camino no parece sencillo. La inscripción de estas precandidaturas ante la registraduría para esta consulta es en dos meses, por lo que está servido en el orden del día potenciales alianzas entre los bloques que componen al partido que terminen reduciendo la competencia. Del mismo modo, entre las definiciones a las que llegó el Pacto Histórico se acordó que los perdedores de la contienda debían integrarse eventualmente en la campaña del candidato ganador y asumir compromisos con esa campaña, so pena de sanciones disciplinarias por parte del partido. Aun así, sin claridades sobre cómo se define ese compromiso, las tensiones entre los precandidatos tiene encendida la precampaña, y amenaza, si no es contenida, con consumir la frágil unidad que ha construido el bloque en estos últimos dos años. —La agria disputa entre los precandidatos en el Pacto Histórico Fuente: CW+ El ambiente y los llamados a la unidad del bloque progresista, que había primado en un principio en la convención del Pacto Histórico, se decantó en poco tiempo. A las horas de haber finalizado, Gustavo Bolívar publicó una lista de precandidatos por esa colectividad en la que omitió el nombre de María José Pizarro. La precandidata salió al paso, indicándole a Bolívar que esperaba que esa omisión no fuera un signo de cómo se va a manejar la campaña hacia octubre de este año, donde todos se medirán en una consulta interna para definir al candidato del partido de gobierno. Bolívar corrigió luego la lista, pero Pizarro aprovechó para lanzar un dardo en 6AM de Caracol Radio , en la que insinuó que aquella omisión podría responder a un intento por sacarla de la contienda, a lo que respondió a Bolívar “No sé cuáles hayan sido las razones para omitir mi nombre, por supuesto no deja de ser extraño, deja un mal sabor de boca. Siembra la idea de que se quiere excluir a alguien por la puerta de atrás, pero quien definitivamente tiene que responder por esa omisión es el senador Bolívar”. Después, Bolívar apareció en una rueda de prensa propia, en el momento en el que lanzó su precandidatura , en el Colegio Americano de Bogotá. Con la bandera de su campaña de fondo, hizo un llamado a los comités de ética del Pacto Histórico para evaluar si candidatos con presuntas acusaciones de corrupción podían participar, haciendo honor a uno de los acuerdos establecidos entre las colectividades que conforman al nuevo partido de evaluar a los precandidatos en sus trayectorias políticas y morales para determinar su idoneidad. El golpe estaba claramente dirigido hacia Daniel Quintero, quien está siendo investigado por presuntos casos de corrupción durante su gestión como alcalde de Medellín, entre 2020 y 2023. Hasta el momento en el que esta nota fue escrita, no ha habido una respuesta por parte de Quintero a la petición de Bolívar, pero es bien sabido que entre ambos precandidatos hay una fuerte inquina y competencia. Bolívar ha señalado a Quintero de ser un “oportunista” que ha generado gran parte de la división en el seno del progresismo , mientras que Quintero acusa a Bolívar de toxicidad al interior de su gestión como director del Departamento de Prosperidad Social (DPS)  y de no ser leal al gobierno, al imponer su agenda política personal por encima de su compromiso político al interior del gobierno. La llegada de Quintero a la campaña del Pacto Histórico tampoco ha calado bien entre algunas de las bases , quienes consideran que Quintero está construyendo un programa populista sin sustento y percibido como radical, con sus propuestas de cerrar el Congreso, de eliminar las notarías, los peajes y las Cámaras de Comercio. También las bases (en especial el grupo de los influenciadores cercanos al gobierno) han tenido fuertes disputas a causa de la rivalidad Quintero - Bolívar. Hace varios días, Bolívar acusó a varios de estos grupos digitales de generar una campaña oscura en su contra para afectar su candidatura y de ser financiados para tal fin. Estos grupos salieron luego a negar las acusaciones , respaldados, entre otras cosas, por Daniel Quintero. Pero más allá de los cruces entre precandidatos, la verdadera incógnita es: ¿qué quiere el presidente Petro de todo este proceso? —Lo que quiere el presidente Petro Fuente: Revista Nueva Sociedad (Nuso) De una cosa es posible tener seguridad, y es que el presidente Gustavo Petro no está conforme con ninguna de las candidaturas que puntean ahora mismo en las encuestas que pueden salir del Pacto Histórico. Según una fuente dentro de una de las precampañas de ese partido, quien habló con la Línea de Democracia y Gobernabilidad y pidió ser citada de manera anónima para hablar con libertad, el presidente podría contemplar un distanciamiento con el Pacto Histórico si candidatos como Bolívar, Corcho o Pizarro llegasen a ganar en octubre. Del mismo modo, esta fuente indicó que la orden desde presidencia es que haya un candidato que logre manejar y administrar el proceso del Pacto Histórico hasta la Consulta Interpartidista, en marzo de 2026, en la que espera que la construcción de un Frente Amplio con los sectores de centroizquierda del Partido Alianza Verde y con los bloques del Santismo cercanos al gobierno termine por reconfigurar de manera más favorable las correlaciones de fuerza al interior del bloque progresista. En cierto modo, esta tesis sería coherente con lo que hemos observado en semanas anteriores, en la que el presidente rompió públicamente con Bolívar , luego de que este siguiera asistiendo a los viajes territoriales del gobierno tras haber renunciado a su cargo en el DPS para no quedar inhabilitado como candidato, hecho que sucedió en Tibú (Norte de Santander) el pasado viernes 9 de mayo. En esa ocasión, Petro interrumpió el evento con comunidades campesinas del Catatumbo, y señaló “Rompo el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar, y otros compañeros. Primero porque los que ya renunciaron, renunciaron, no se puede confundir eso, Angie (Rodríguez, directora del DAPRE). Persona que renuncia porque tiene una aspiración ya se va, entra su reemplazo que tiene que venir a hablar. Es un problema de respeto con el gobierno y con la gente”. Bolívar ahondó en esa ruptura posteriormente en una ronda de medios que realizó la semana siguiente. Allí, según El Espectador , Bolívar indicó que la ruptura se venía dando desde que Bolívar manifestó su interés por presentarse a la presidencia desde inicios de 2025. También señaló que le manifestó varias veces al presidente su viabilidad como candidato tras los diferentes resultados de las encuestas, que lo ponen como la principal opción de la izquierda. Según Bolívar, la derrota de su campaña a la Alcaldía de Bogotá en 2023 sería determinante para que el presidente no lo tenga en cuenta. Esta ruptura también se manifiesta en las bases. Según una fuente que estuvo dentro de la pasada Convención del Pacto Histórico y quien pidió hablar anónimamente para evitar tensiones dentro de su propio movimiento, la mayoría de las bases sociales y políticas del partido estarían inclinadas a apoyar a cualquier precandidato, exceptuando a Daniel Quintero y a Roy Barreras, quien intervino en la Convención. El problema está en que el gobierno estaría totalmente inclinado a apoyar estas candidaturas por encima de la de funcionarios que salieron del gobierno (Bolívar, Muhamad) o candidaturas que no se ven viables en las encuestas (Pizarro). De hecho, el ingreso de Gloria Flórez como precandidata por parte de la Colombia Humana también fue impulsado por el propio presidente, quien busca armar un bloque unitario capaz de superar en las encuestas a Bolívar y a Corcho, quienes son los que tienen más apoyo desde las bases, según lo enunció esta fuente. La competencia interna se perfila reñida. Bolívar y Corcho han trabajado en sus precandidaturas desde el año pasado, y el paso de Bolívar por el DPS le ha permitido tejer una amplia red de trabajo con movimientos sociales y organizaciones que ahora mismo le están caminando. Además, se ha señalado su potencial alianza en caso de que alguno de los dos quede ganador en octubre. Muhamad, quien representa a los sectores intelectuales y a la tecnocracia progresista, y Gloria Flórez, quien es presidenta de la Colombia Humana y una de las cabezas del Pacto Histórico en el Congreso, ya han tenido diálogos y acercamientos para consolidar una alianza, y se proyectan como un contrapeso silencioso, según la misma fuente de una de las precampañas dentro del Pacto. —La unidad sigue existiendo, pero es frágil Fuente:  El País, España Aunque para algunos analistas y sectores de las bases políticas del Pacto Histórico las disputas internas hay que observarlas como motores internos de democracia que le dan vida a un proyecto que se construye desde la diferencia, el camino que están tomando las rivalidades entre los precandidatos sí amenaza en cierta medida la unidad del partido, que no ha terminado de nacer, debido a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha fallado sobre la posibilidad de fusión de sus partidos originarios, así como tampoco ha aprobado la escisión del movimiento Progresistas del partido MAIS, de donde sale María José Pizarro. Eso, a pesar de que, en la Convención del pasado sábado , la mayoría de las precandidaturas hicieron un llamado urgente a la unidad del bloque progresista como condición sine qua non para un potencial triunfo electoral de cara a 2026 y para mantener el programa de transformaciones que inició con este gobierno. Uno de los pilares que sostiene la unidad ahora mismo es el discurso de logros que ha tenido el gobierno en los últimos 3 años, que se ha convertido en el andamiaje narrativo en el que todos los precandidatos se han sumado para lanzar sus campañas. En cierto sentido, todos estarían construyendo también el relato con el que el gobierno va a vender su legado apenas termine su mandato el próximo 7 de agosto de 2026. El otro es la apelación a la democracia directa como mecanismo para la elección del candidato presidencial y del orden de las listas a Senado y Cámara a nivel territorial, que se hará ese mismo día de octubre, en la que esperan obtener, según las declaraciones de Susana Muhamad en la Convención, más de un millón de votos. De hecho, a la consulta interna el Pacto Histórico la ha llamado “consulta popular”, en el ánimo de convertir este mecanismo de participación ciudadana como una de sus banderas en esta recta final del Congreso. Aun así, esta unidad es frágil, y la competencia por la candidatura presidencial también viene acompañada con la disputa por las listas al Congreso, en la que los precandidatos ya han organizado las suyas propias. Tal es el caso de Dagoberto Quiroga , exsuperintendente de Servicios Públicos, quien ya cantó su apoyo a Gustavo Bolívar. Se espera que, con el paso de las semanas, las diferentes listas y sus candidatos/as también canten su voto y permitan entrever la correlación de fuerzas dentro del Pacto Histórico con mayor detalle.

Por: Iván Gallo Coordinador de comunicaciones El próximo 28 de julio se leerá la sentencia que caerá sobre Álvaro Uribe Vélez. Sea cual sea el veredicto, esto se va a alargar porque tanto la defensa del expresidente como la Fiscalía van a apelar. Este drama judicial tiene fecha de vencimiento. Si no hay un resultado claro, precluirá el próximo 8 de octubre. Hay que recordar que Uribe está siendo acusado del delito de manipulación de testigos, pero la almendra de esta acusación tiene que ver es con los señalamientos hechos por Juan Guillermo Monsalve, reconocido como el “Testigo estrella” de este caso. Monsalve en 2009 habló por primera vez con Iván Cepeda y le presentó su inquietud: había un plan para asesinarlo porque él sabía demasiado sobre los hermanos Uribe Vélez. Según su versión, él llegó a la Hacienda Guacharacas en 1986 junto con su familia. En 1995, un comandante del ELN, conocido como Darío Gigante, llegó al corazón de esta finca, reunió a los trabajadores y les advirtió que, si no se iban, los matarían a todos. Había entrado en una confrontación con Santiago Uribe Vélez por el asunto de unas tierras y lo iban a zanjar a punta de bala. Guacharacas, ubicado en San Roque, en Antioquia, había tenido a comienzos de los años ochenta una historia de muerte y sangre cuando fue asesinado el papá de los Uribe Vélez, Alberto Uribe Sierra. Así que, durante un año, Monsalve y su familia se fueron de la hacienda. Regresaron en 1995. Según está en su versión, a los Uribe Vélez se les unieron otros hermanos, los Gallón Henao —que en ese momento ya habían asesinado al futbolista colombiano Andrés Escobar— y los Villegas. Álvaro Uribe ya era gobernador de Antioquia y le había sacado lustre a un decreto expedido en los años en los que César Gaviria era presidente, el de crear cooperativas privada de vigilancia. Ellos tuvieron la iniciativa de traer treinta hombres que integraban las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá. Con ellos hicieron la cooperativa El Cóndor. Eso sí, el exparamilitar ha afirmado que al que vio en acción en Guacharacas fue a Santiago Uribe Vélez y que a su hermano Álvaro Uribe, jamás lo vio en esa hacienda. Monsalve formó parte de esa estructura armada y recibía órdenes de un comandante llamado Beto. Su misión consistía en recorrer toda esa zona de San Roque, llegar incluso hasta Providencia y Yarumal, y observar y señalar a posibles miembros de la columna López Arroyabe del ELN, que estaba empezando a convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los ganaderos y terratenientes duros de la región. Una vez robaron cientos de cabezas de ganados de varias fincas y vendieron las carnes de las reses a matarifes locales. La arremetida del grupo armado, que supuestamente pastaba en Guacharacas, fue tan brutal que alcanzó incluso para ordenar el asesinato de los carniceros locales que habían comprado esa carne. La respuesta del ELN fue quemar buena parte de la hacienda Guacharacas. Entonces, en 1998, estos ganaderos deciden crear el Bloque Metro de las AUC para repeler a los guerrilleros. Esta, al menos, es la versión que le contó Monsalve a Cepeda. Una vez se hace pública esa colaboración, Monsalve fue víctima de dos atentados: uno en Cómbita, donde es apuñalado por dos individuos que le dejaron claro cuál era el motivo del ataque: “por sapo”, le dijeron, y otro por envenenamiento en La Picota, en 2013. Desde ese año, él mismo es quien cocina y prepara sus alimentos. La defensa de Uribe, encabezada por Jaime Granados, ha emprendido desde ese momento una cruzada para enlodar el nombre de Monsalve y también el de Cepeda, afirmando incluso que este último le había ofrecido plata a alias Guacharaco, como era conocido en sus años de guerra, para hacer esas afirmaciones sobre Uribe. Incluso el expresidente denunció ante la Corte Suprema a Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos, pero al final todo le resultó en contra. El juicio contra Uribe, este que va a concluir, es sobre manipulación de testigos, pero está prohibido olvidar las otras acusaciones, acaso más graves, que pesan sobre el expresidente.